Cuatro ancianos sisaban miles de euros en un bingo de la parroquia
* Jugaban unos céntimos de más que debían dedicarse a ayudar a la asociación
* Los organizadores se quedaron el dinero
Ni de los ancianitos que juegan al bingo en locales parroquiales puede uno fiarse. La Policía fue a inspeccionar una denuncia de un bingo supuestamente irregular y con lo que a poco de investigar se encontró fue con un grupo de abuelos sospechosos de inflar su pensión quedándose un pellizquito de cada cartón.
La Policía imputó a los organizadores del bingo una apropiación indebida de unos 3.000 a 4.000 euros al mes (de forma colectiva) descontados de los cartones de bingo de sus compañeros, aunque dado el caracter especial del delito los imputados no llegaron a ser detenidos.
Los hechos salieron a la luz a mediados del pasado mes de octubre la Brigada de Juego de la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía recibía de la Conselleria de Interior uno de esos encargos que hacen poca gracia, por lo impopulares, pero que hay que cumplir. Un bingo de la tercera edad de la zona noreste de Palma infringía, al parecer, la normativa que rige la competencia en este ámbito del juego.
Los funcionarios de esta Brigada, acostumbrados a lidiar con las timbas ilegales en las que se juegan millones y con las redes de las mafias chinas, cogieron sus placas y sus formularios y se fueron hacia el bingo de la tercera edad, ligado además a la parroquia de la barriada.
Una vez allí entraron en el local, donde una serie de ancianos jugaban al bingo, se acercaron a la mesa donde el bombo repartía suerte y se presentaron, lo más discretamente que pudieron: "Verán, somos de la Policía, ¿podría parar un momento, que hemos de identificar a los presentes?".
Después de la redada algunos de los parroquianos tendieron a exagerar mucho lo que pasó. "Parecía un golpe de estado, vinieron gritando ¡alto Policía!, nos asustamos mucho...", declaró alguno de los jugadores a la prensa sensacionalista. No fue exactamente así.
Pero lo grave no fue que en esa parroquia jugaran al bingo más o menos de extranjis, más o menos sin tomarse mucho en serio que aquello era algo más que un juego (cuando hay dinero de por medio, ya se sabe, aunque sea poco, nada es un juego). Lo grave fue lo que averiguó luego la Policía.
Al parecer, varios de los miembros del colectivo que se encargaban del control del bingo no cumplían con la promesa de dedicar unos céntimos por cartón (de los pocos céntimos que se jugaban cada vez) a la asociación de la tercera edad que organizaba ése y otros esparcimientos.
La Policía reunió datos que llevaban a sospechar que al menos 4 de los organizadores de ese bingo, en lugar de dedicar ese pequeño impuesto a sanear las arcas de la asociación de la tercera edad, se lo quedaban, obteniendo así un pingüe beneficio con el que completar sus pensiones.
Y tan pingüe. Según fuentes oficiosas cercanas a la investigación, los ancianos presuntamente implicados en el caso se llevaban al mes 3.000 o 4.000 euros de comisiones ilegalmente descontadas de los cartones de bingo de sus compañeros. La Policía los citó a declarar como imputados.
Desde el primer momento, el caso que dio origen a la investigación se ha llevado con suma discreción por diversas razones. La primera, que tanto los sospechosos como los participantes en el bingo son personas de la tercera edad, cuya respetabilidad merece una especial consideración. De hecho, no llegó a haber detenciones.
En segundo lugar porque, tal vez aprovechando el guante blanco que utilizó en ese caso la Policía, lo cierto es que tras la redada, los representantes del colectivo binguero de la tercera edad de esa barriada criticaron a los funcionarios por su "exagerado" rigor.
De los que dijeron que su irrupción pareció un "golpe de estado" —cuando en un vídeo puede comprobarse que la entrada de los agentes fue discreta y sin ruido— a quienes ridiculizaron la operación comentando que en la caja de ese día había tan solo —según ellos— cinco euros.
Habría cinco euros o alguno más, pero lo cierto es que la apropiación indebida que la Policía imputó a varios de los organizadores del juego era de unos 3.000 a 4.000 euros mensuales. En cualquier caso, la Policía cumplía el mandato de secundar las órdenes de la Conselleria de Interior.
Este departamento del Govern balear tiene la competencia de controlar el juego en Baleares desde una perspectiva de cumplimiento de la normativa. Sin embargo, para actuar en casos de presuntas irregularidades debe pedir ayuda a la Brigada de Juego del Cuerpo Nacional de Policía
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