El DAO de la Guardia Civil reconoce cuatro expedientes "muy graves" a agentes de la UCO en 2025
Lo hace para ejemplificar que las tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por el caso David Sánchez no fueron representativas.
Paco Cobos
03/8/2026 - 06:18
Lo hace para ejemplificar que las tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por el caso David Sánchez no fueron representativas.El director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, a su salida de la Audiencia Nacional, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). | Eduardo Parra / Europa Press
El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que reconoce que la Benemérita abrió cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en el año 2025.
Trama Sepi
La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda.
Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía.
La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes.
Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón.
Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente"
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El DAO se encuentra imputado en el caso de las cloacas del PSOE por haber presionado supuestamente a los investigadores de la policía judicial para que se pusieran "de perfil" en las causas que indagan sobre la presunta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. En concreto, la propia UCO investigó la apertura de tres informaciones reservadas por parte de Manuel Llamas y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que habrían servido para presionar a los agentes por haber incluido correos de David Sánchez con Begoña Gómez en uno de los informes referentes al enchufe del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Manuel Llamas, ejercida por la Abogacía del Estado, pone a disposición del juez una amplia información al respecto del funcionamiento habitual de la Guardia Civil. En esta, reconoce que se abrieron hasta cuatro expedientes disciplinarios a agentes de la UCO en el año 2025. Esta información se expone para ejemplificar que se trata de algo habitual en la Benemérita y que la apertura de las tres informaciones reservadas no es verdaderamente importante. El documento expuesto no informa al respecto de los motivos que llevaron a los cargos superiores a abrir esos expedientes disciplinarios a agentes de la UCO, unidad que está llevando el grueso de las investigaciones que afectan al PSOE.
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"El director adjunto operativo señaló que las informaciones reservadas en el Cuerpo de la Guardia Civil no son 'excepcionales', como algún otro testigo ha declarado expresamente. Señaló que él ha abierto 6, explicó que sólo tiene conocimiento de aquéllas que terminan con infracciones muy graves (que son las que refleja el documento que aportamos, en número de 58 en dos años) y que se podría hacer un cálculo aproximado sobre si las unimos a las que se corresponden con infracciones graves, leves o sin responsabilidad alguna, podrían ser en torno a unas mil. Del mismo modo, también declaró que, sólo en 2025, se abrieron 4 procedimientos disciplinarios contra agentes de la UCO, por infracciones muy graves, que no se vieron precedidos de informaciones reservadas, al estar los hechos claros", explica el escrito presentado ante el juez Santiago Pedraz.
Este hace referencia a un documento firmado por el general de división jefe del gabinete técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, que certifica la existencia de los cuatro expedientes: "Que como respuesta a la primera cuestión planteada en la solicitud de acceso a la información pública número AC2000000771716, de fecha 30 de mayo de 2026, del Portal de Transparencia del Ministerio del Interior, por la que este Centro Directivo remitió resolución de concesión, con fecha 26 de junio de 2026, y en relación a los datos facilitados con respecto al año 2025, el 'número total de expedientes disciplinarios abiertos contra agentes de la UCO' ascendió a un total de cuatro".
En el auto de imputación de Mercedes González, el juez destaca tres reuniones entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera socialista Leire Díez. Estas tuvieron lugar el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de ese mismo año y el 2 de abril de 2025. Leire Díez tenía como objetivo dinamitar las investigaciones de la UCO, para lo que buscaba desprestigiar al teniente coronel Antonio Balas, encargado de la unidad. En este marco, Leire Díez habría utilizado su amistad con Mercedes González para que esta usase su cargo en favor de los objetivos de la cloaca socialista.
