uno perdió un ojo y otro un testículo
Indemnizan con 74.500 y 42.526 euros a dos manifestantes heridos en un carga policial en 2002
Los abogados piden "un reconocimiento político de su condición de víctimas" y critican la "falta de atención" de las autoridades
30.10.09 - 19:02 - EUROPA PRESS | | BILBAO
La Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca ha indemnizado con 74.500 euros y 45.526 euros de indemnización, respectivamente, a dos manifestantes que perdieron un ojo y un testítulo, como consecuencia de la carga efectuada por la Ertzaintza en septiembre de 2002 contra los participantes en una manifestación declarada ilegal por la Audiencia Nacional, según han informado hoy los abogados I?igo Santxo y Josean Lozano, encargados del proceso.
Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2002 en el transcurso de un manifestación silenciosa convocada por la izquierda abertzale bajo el lema "Gora Euskal Herria", que fue prohibida por la Audiencia Nacional. La Ertzaintza, tras pedir a los participantes que se disolvieran, hizo uso del material antidisturbos y cargo contra los manifestantes, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Jon Idigoras.
Los manifestantes respondieron a la carga con insultos contra la Ertzaintza y el PNV y se iniciaron fuertes enfrentamientos y momentos de tensión, que acabaron con una veintena de heridos, dos de ellos de consideración.
El letrado I?igo Santxo, que fue el encargado del procedimiento penal, recordó que como consecuencia de la carga policial hubo "multitud de heridos" y se iniciaron varios procedimientos penales, entre ellos los de J.M.K, que perdió un ojo, y JM.G.M., que perdió un testículo, como consecuencia del impacto de pelota de goma.
Santxo explicó que la denuncias, tras varias apelaciones y estimaciones de los recursos de apelación, fueron finalmente archivadas en 2006 por la Audiencia Provincial, "aunque ésta reconocía que había habido un delito de lesiones, pero era imposible identificar la persona que lo había realizado".
El abogado recordó que en el procedimiento penal declararon como imputados el Mikel Legarda, viceconsejero de Seguridad en ese momento, Jon Uriarte, director de Seguridad Ciudadana en aquellas fechas, y Jorge Aldekoa, jefe territorial de la Ertzaintza de Vizvaya en ese tiempo, "que fueron los que dirigieron el operativo policial que actuó contra la manifestación".
Una vez finalizado el procedimiento penal, los abogados iniciaron la vía contencioso-administrativa, ya que, según Lozano, "el propio auto de archivo de la Audiencia Provincial de Vizcaya ya marcaba, o dejaba la puerta abierta, a la exigencia de responsabilidades no por la vía penal, porque era imposible identificar al policía autor de los disparos, pero sí por la vía administrativa".
Lozano precisó que el auto de la Audiencia Provincial se?ala que "se observa cierto funcionamiento anormal en el proceder de una dirección (la del operativo de la Ertzainza), que no es capaz de controlar la acción y actividad de los policías y llama la atención que no se sepa cuánta munición y quién la gasta".
Según insistió, "el propio tribunal reconocía que existía lo que se dice una responsabilidad patrimonial de la Administración", por lo que acudieron a la vía contencioso-administrativa y se han dado dos sentencias en las que "se reconoce la responsabilidad de la administración en las lesiones y perjuicios a nuestros representados".
En estas sentencias, explicó Lozano, se condena a la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y a su compa?ía aseguradora a indemnizar a los perjudicados con 74.500 euros, en el caso de la persona que perdió el ojo, y con 42.526 euros al que perdió un testítulo.
Por otro lado, al margen del procedimiento contencioso-administrativo, Lozano denunció que "ni el entonces consejero de Interior, Javier Balza, ni su Departamento, ni su Gobierno, ni el lehendakari Ibarretxe atendieron, no ya desde el punto de vista jurídico sino humano, los requerimientos de los heridos y, todos ellos, hicieron oídos sordos, a pesar de que, en su momento, decían que pedían perdón de buena voluntad a los manifestantes".
Responsabilidades
En ese sentido, recordó que "la propia Administración tiene la competencia de exigir la responsabilidad del personal, tanto autoridades como de funcionarios, que hayan causado el da?o".
Por otro lado, I?igo Santxo reclamó, "además de un reconocimiento jurídico, un reconocimiento político de su condición de víctimas". "Si no son víctimas, ?Qué son?", se preguntó.
Por ello, consideró que "es la propia Administración quien debe requerir a Balza, Legarda, Uriarte y Aldekoa que, cuando menos, devuelvan ese dinero a la administración pública".
