El ‘mosso’ acusado de narco y absuelto 12 años después: “Ocultaron las llamadas que me exculpaban”
El subinspector José Ranea critica la investigación de Asuntos Internos que puso su vida patas arriba y se convirtió en una “obsesión”
GIANLUCA BATTISTA
Jesús García Bueno
JESÚS GARCÍA BUENO
Barcelona - 16 OCT 2022 - 05:40
ACTUALIZADO: 16 OCT 2022 - 10:48 CEST
El mosso d’esquadra José Ranea Gallego ha vivido los últimos 12 años obsesionado por un caso: el suyo. Detenido y encarcelado en 2010 por estar a sueldo de una banda de traficantes de droga, gastó los días y las noches analizando miles de conversaciones telefónicas del caso. Esas horas de paciente escucha le han servido para lograr una absolución sin paliativos en una sentencia que deja en muy mal lugar a Asuntos Internos, cuyos agentes evitaron remitir al juez conversaciones clave que le exculpaban. Policía “de calle”, tan corpulento como sensible, Ranea (55 años) ha visto deteriorada su salud, erosionada su vida familiar y truncada una carrera policial que era, hasta entonces, brillante. Le quedan la rabia y la indignación de saberse víctima de una injusticia que se ha alargado demasiado tiempo.
“Soy mosso y siempre lo seré, es lo que me gusta. Pero ahora creo en la justicia con muchos matices. La justicia es lenta y ha de humanizarse”, explica en una conversación con EL PAÍS. Ranea recuerda emocionado la mañana del 15 de octubre de 2010 (el sábado se cumplieron 12 años), cuando fue detenido junto a su despacho de la comisaría de Vilanova, donde ejercía de número dos. Dice que se quedó “estupefacto” cuando le leyeron los cargos: organización criminal y tráfico de drogas. “Pensé que era un error. Llamé a mi mujer, le dije que iba a aclarar un asunto y que por la tarde volvería a casa”. No regresó.
El juez ordenó su detención incomunicada y, más tarde, su ingreso en prisión, que se alargó dos meses. La detención se prorrogó de forma “indebida”, reconoce la sentencia sobre el caso Macedonia, una gran causa de presunta corrupción policial en Cataluña que se deshizo como un azucarillo durante más de una década.
Por orden del juez, Asuntos Internos intervino cuatro teléfonos de Ranea: el de casa, el móvil del trabajo, el móvil personal y su extensión de comisaría. Con una ínfima selección de esas llamadas, los investigadores construyeron un relato según el cual Ranea cobraba 1.000 euros al mes de una banda de narcos que también le suministraba medicamentos gratis e incluso le regaló una Play Station.
Hay sentencias que se limitan a decir que tal o cual hecho no ha podido ser probado y que, en consecuencia, el acusado debe ser absuelto. La de Ranea —que afrontaba una petición de 11 años de cárcel— va mucho más allá y deja claro que no cobró un euro, y que si mantuvo trato con confidentes fue para lograr información de interés policial; a cambio, “simulaba” que les echaba una mano, pero no lo hacía. Las acusaciones de Asuntos Internos se basaron en “meras conjeturas que se deducen de interpretaciones sesgadas de conversaciones telefónicas de terceros”, advierten los magistrados en la sentencia.
“Este ha sido el caso de mi vida”, dice Ranea, que no ha pasado un solo día sin pensar en él. Descuidó a su familia escuchando las 30.000 conversaciones que figuraban en la causa, pero que Asuntos Internos hurtó al juez al considerarlas irrelevantes. “Pasaba 14 o 16 horas al día. Llegué a perder 40 kilos. Tenía que saberlo todo. Se convirtió en una obsesión”, dice. “Recordaba que había informado de todo a mis superiores y pensaba: ‘¿Dónde están esas llamadas?’. Si no llego a encontrarlas, no sé cómo habría ido el juicio. La policía judicial tiene que informar de todo. Asuntos Internos ocultó las llamadas que me exculpaban porque, si no, se les caía el caso”, denuncia Ranea, que pide que alguien “asuma responsabilidades”.
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El caso de la Play Station es un buen resumen. Asuntos Internos basó la acusación en una llamada entre dos traficantes que hablan de regalarle la consola a un tipo apodado El Cordobés, que según “dedujeron” era Ranea. La sentencia concluye que no está nada claro que sea así. La cuestión es que había otras muchas llamadas, todas consideradas “irrelevantes”, que explicaban la realidad de lo sucedido: el subinspector estaba tratando de reparar, “a través de conocidos, una consola usada” por 30 o 50 euros.
Policías y confidentes
La historia de Ranea cuenta también lo difíciles que son las relaciones entre policías y confidentes. Los agentes han de crear un clima de confianza para saber cosas, pero han de tener claros los límites. “Un confidente puede ser un poli frustrado, un delincuente que quiere eliminar a la competencia, alguien que quiere vengarse de un desengaño amoroso…”, explica el subinspector, que, aunque ha recuperado su puesto en Vilanova, se ha alejado de las fuentes de información porque tiene miedo.
“El gusanillo de las confidencias siempre está ahí, pero si me llega alguna información se la paso a otros compañeros”. La sentencia destaca esas “amistades peligrosas” de Ranea —unas “aguas turbias” en las que se debe nadar— y recuerda que en 2010, cuando ocurrieron los hechos, no existía aún un fichero que obligara a identificar a los colaboradores policiales. Defendido en el proceso por el penalista José María Fuster-Fabra, el subinspector “aparentaba que atendía” las peticiones de los delincuentes para “mantener el flujo de información”.
Ranea coge su teléfono móvil. “Mira qué greñas”, dice y señala una fotografía en la que se lo ve con el pelo largo —ahora escasea— y un collar dorado sobre el pecho. “Me iba a La Mina o Sant Cosme [barrios de la periferia de Barcelona donde abunda el tráfico de drogas] y nadie se metía conmigo”, agrega. Se infiltró en las bandas latinas que empezaban a campar en L’Hospitalet y viajó a Ecuador, por orden del Departamento de Interior, para entrevistarse con el líder de los Latin Kings, preso en Guayaquil. Ranea ha estado en casi todas las salsas y es un policía vocacional, aunque su aterrizaje en la seguridad fue más bien casual: “A los 17 años, un señor me vio en una pelea a la salida de una discoteca, en Sitges, y me ofreció trabajar de portero”.
Burlas, insultos y acoso
Su imputación en el caso Macedonia lo hizo caer en desgracia. Entregó la placa y la pistola y pasó a percibir el salario mínimo interprofesional. Se convirtió en un paria en Vilanova, donde era más o menos conocido: tras su salida de prisión, el popular carnaval de la localidad le dedicó dos carrozas con el lema “basta de corrupción policial”. Gestionó como pudo el drama con su mujer y sus tres hijos: los dos mayores sufrieron insultos y acoso en el instituto, mientras que al pequeño le vendió el paso por la cárcel como una “misión especial” de la que regresaría más pronto que tarde. Su mujer enfermó de cáncer y murió en 2018, con el estrés añadido de no saber si su marido sería absuelto.
Decepcionado con la jefatura del cuerpo de la época, ha encontrado apoyo en el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), que estudió a fondo el sumario y creyó en su inocencia. “Aquí te enteras de quiénes eran tus amigos de verdad, quiénes estaban solo por interés… Y a quiénes no esperabas y llegaron”, dice mirando a David Miquel, portavoz del sindicato, y menciona también a su secretario general, David José. Guarda un recuerdo especial para cuatro compañeros (tres mossos y una mossa) que, contra el consejo de todos, acudieron a esperarlo a la puerta de Quatre Camins cuando salió de prisión provisional.
