Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 758912 veces)

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5760 en: 07 de Agosto de 2023, 08:04:47 am »

El Supremo confirma la absolución de un guardia civil acusado de investigar a su concuñado


Habría accedido a bases de datos policiales para investigar presuntas infidelidades y contárselo a su esposa.
El concuñado deberá hacerse cargo del pago de las costas del proceso judicial.
Fachada del Tribunal Supremo en Madrid en una imagen de archivo.

Las bases que revisó contenían datos derivados de "actuaciones policiales o sancionadoras", como reseñas de detenidos, denuncias u órdenes judiciales.

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de un guardia civil acusado por su concuñado de haber accedido a bases de datos policiales para investigar presuntas infidelidades suyas y contárselo a su esposa.

El concuñado, casado con la hermana de la mujer del guardia civil, le acusaba de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero el agente fue absuelto por la Audiencia Provincial de Almería y después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, resoluciones que ahora confirma el Supremo.

Pese a que ha quedado probado que el agente accedió a las bases sin autorización hasta seis veces entre diciembre de 2014 y febrero de 2016 "buscando información sobre su concuñado", "no constan los datos concretos" que pudo conocer.

Además, según la sentencia, cabe la posibilidad que no hubiera "siquiera" información relativa al pariente en la información consultada, ya que las bases que revisó el agente contenían datos derivados de "actuaciones policiales o sancionadoras", como reseñas de detenidos, denuncias u órdenes judiciales.

La defensa acusaba al guardia civil de haber accedido, concretamente al Sistema Integral de Gestión Operativa (SIGO) y a las bases de datos de hospedajes, pero no se pudo probar durante el juicio que lo hubiera hecho en ningún caso.

Asimismo, no quedó acreditado que el guardia civil hubiera revelado a la esposa del concuñado "los lugares en los que se había hospedado en compañía de una mujer, viajes, pernoctas fuera del domicilio familiar o asistencia a centros de ocio".

El concuñado consideraba también que al acceder a sus datos personales se había vulnerado su intimidad, pero la sala insiste en que no se ha podido determinar qué datos obtuvo el acusado.

Desestimando todos los motivos del recurso, la sentencia condena al concuñado a cubrir el pago de las costas del proceso judicial.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5761 en: 07 de Agosto de 2023, 08:16:59 am »
A veces, mal aconsejados quizás, nos decantamos por la vía penal, cuando la administrativa hubiese dado mejores resultados al no poder justificar el acceso a la base de datos para comprobar los de su concuñado....y ahora le toca pagar las costas.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5762 en: 15 de Agosto de 2023, 08:07:28 am »


En libertad un narcotraficante de cocaína que tenía una pistola robada a un guardia civil


Un juzgado de Ciudad Real ha decretado la libertad provisional para un hombre que fue detenido en su casa con más de un kilo de cocaína y una pistola robada a un agente
Ocho detenidos en una macroperación contra los narcos en GaliciaOcho detenidos en una macroperación contra el narcotráfico en Galicia
Borja Méndez
Borja Méndez

Publicado: 15/08/2023 04:45

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El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real ha dejado en libertad provisional a un narcotraficante que tenía en su casa, escondido en una bombona de butano, más de un kilo de cocaína y una pistola que fue robada a un agente encubierto de la Guardia Civil. Este hombre ha tenido que pagar una fianza de 30.000 euros y se le ha retenido su pasaporte para que no abandone el territorio nacional hasta que sea juzgado por un delito de tráfico de drogas grave daño a la salud, según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Este hombre fue arrestado a mediados de mayo de este año en una operación en la que fueron detenidos cerca de una veintena de personas por narcotráfico. La organización criminal que tenía lazos de sangre y nacionalidad estaban radicados en su mayoría en la Ciudad Real.


La pistola de un guardia civil
Según las investigaciones de la Brigada de Estupefacientes usaban vehículos 'caleteados' para esconder droga y dinero desde Madrid y alrededores hasta Ciudad Real. El principal medio de vida de los arrestados era el tráfico de drogas ya que no contaban con oficios conocidos.

En la vivienda de Palomeque (Toledo) donde residía junto a su mujer el narcotraficante que ahora ha quedado en libertad, las autoridades localizaron más de 1,3 kilos de cocaína ocultos en una bombona de butano perfectamente diseñada con una caleta con accionamiento de tipo mecánico. También fueron hallados 11.170 euros en efectivo en el sillín de una motocicleta.


Detienen en Alicante a uno de los narcotraficantes más buscados en Europa
El narcotraficante detenido por la Guardia Civil.EUROPA PRESS
La sorpresa del registro se produjo cuando fue localizada una pistola sustraída a un agente encubierto en Madrid. Este arma constaba como robada en el año 2018 en un vehículo camuflado de un funcionario de la Guardia Civil. El narcotraficante también tenía en su casa prensas hidráulicas para personalizar la mercancía y dos envasadoras al vacío para sellar la droga.

Las explicaciones del narcotraficante
El Grupo 4 de Estupefacientes elaboró un informe en el que se detallaba que los encausados habían realizado un envío masivo de dinero en las últimas anualidades a la República Dominicana y a otros países en orden a encubrir su procedencia ilícita. Uno de ellos llegó a realizar 59 envíos por un importe superior a los 40.000 euros. También otro de los investigados trasladó más de una treintena de veces una cantidad cercana a los 20.000 euros. Ahora se investiga la procedencia de este dinero y el destino del mismo.



La defensa de este narcotraficante, ejercida por Beatriz Uriarte, trasladó un escrito al juzgado contra la situación de prisión provisional en las que descartaba el riesgo de fuga de este hombre. Una huida "sumamente improbable" ya que tiene una hija de 7 años y su mujer quedó en libertad.

Ese fue otro de los motivos esgrimidos ya que al quedar su pareja en la calle tras su detención denunciaban también un "trato análogo" sobre este hombre. El domicilio de este matrimonio fue el único registrado que se encontraba fuera de Ciudad Real.


30.000 euros de fianza
Con este escrito, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de Ciudad Real emitió el pasado 2 de agosto un auto en el que decretó la libertad provisional de este narcotraficante con varios requisitos. Debe un día a la semana comparecer ante el Órgano Judicial, se le ha retenido el pasaporte y tiene la prohibición de salir del territorio español.

Este narcotraficante también tuvo que pagar 30.000 euros de la fianza para poder abandonar el recinto penitenciario. Ya se encuentra en casa junto a su mujer y su hija a la espera de juicio para resolver su implicación en los graves delitos de los que se le acusa.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5763 en: 20 de Agosto de 2023, 08:47:01 am »

Condenado a pagar una multa de 1.110 euros por dar un puñetazo al hombre que tocó el pecho a su hija


LUIS F. DURÁN
Madrid
Actualizado Domingo, 20 agosto 2023 - 00:07
Alegó haber actuado en un «estado de obcecación o arrebato», movido por un «reflejo natural» para intentar separar al violento agresor de su hija


El Tribunal Supremo ha condenado a un padre a indemnizar a un hombre al que golpeó y causó heridas leves en el año 2016 en la localidad madrileña de Estremera después de que hiciera comentarios lascivos sobre su hija menor de 17 años de edad y le tocara el pecho en plena calle y delante de numerosas personas.

En una sentencia, la Sala de lo Penal del alto tribunal ha desestimado por una cuestión de forma el recurso del padre de la menor, que alegó haber actuado en un «estado de obcecación o arrebato», movido por un «reflejo natural» para intentar separar al violento agresor de su hija, que acababa de ser objeto de un caso de abuso sexual.

La Sala ha corroborado asimismo la condena del juzgado de Alcalá de Henares para el agresor de la menor por un delito de abusos sexuales: una multa de seis euros diarios durante un total de 20 meses y una orden de alejamiento de un año de la víctima, según la agencia Efe.

Los hechos se remontan a la tarde del lunes 24 de octubre del año 2016, cuando un hombre se acercó a una mujer y a su hija menor, de entonces 17 años, que se encontraban sentadas en un banco del centro del municipio de Estremera y les dijo «tías buenas, yo os follaba».

Después le tocó con la mano abierta el pecho izquierdo a la menor sin su consentimiento y «con ánimo libidinoso», pese a haber sido recriminado por la madre.

Fue entonces cuando el padre de la menor, que estaba en las inmediaciones de esa zona del pueblo madrileño, se dirigió al hombre para reprocharle su actitud, alertado por los gritos de las mujeres.

Según el relato de lo sucedido, el sujeto le respondió que hacía lo que le salía «de los cojones» y se inició entonces un forcejeo entre los dos hombres, que nunca antes había tenido un enfrentamiento.

El padre, que esquivó un golpe del acosador, propinó un «fuerte puñetazo» en el rostro al agresor de su hija, que cayó al suelo con un traumatismo craneoencefálico leve y otro costal, una fractura del suelo de la órbita ocular derecha y una herida en la ceja para la que necesitó sutura con puntos sueltos y varios puntos de aproximación.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares (Madrid) condenó en 2021 en primera instancia al padre de la menor, acusado de un delito de lesiones, a pagar una multa de seis euros diarios durante siete meses, es decir, unos 1.100 euros aproximadamente.

Tras el recurso de apelación del presunto abusador, la Audiencia Provincial de Madrid lo castigó además con una indemnización por los días que este tardó en curar de sus lesiones y estuvo de baja el hombre, así como por las secuelas que le hubiera podido provocar el puñetazo.

El caso ha llegado ahora hasta el Tribunal Supremo, que ha rechazado el recurso de casación del padre al no respetar una cuestión de forma: alegó que actuó por un «reflejo natural» como «reacción pasional» a la agresión sexual recién cometida sobre su hija y que provocó su «pérdida de control» y su reacción violenta.

Atenuante que, aún reconocido por la jurisprudencia, siempre que la reacción sea acorde al hecho que la motiva, el alto tribunal ha desestimado esta vez porque no se contemplaba en el relato de hechos probados.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5764 en: 23 de Agosto de 2023, 08:14:18 am »
carretera en Sevilla a 41ºC

Un descuido judicial deja penalmente impune la muerte de un trabajador que asfaltaba una

El juicio por el fallecimiento de Rafael Luque por golpe de calor en julio de 2017 estaba previsto para febrero de 2025 pero el juzgado ha archivado el caso, a petición del fiscal, porque los investigados no declararon “dentro del plazo legal establecido”
Hemeroteca — Muere en Sevilla un hombre de 54 años que asfaltaba una carretera en alerta naranja por calor





Foco
PRECARIEDAD
Varios obreros trabajan en una obra en una imagen de archivo
Varios obreros trabajan en una obra en una imagen de archivo Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo
Javier Ramajo

22 de agosto de 2023 21:46h

Actualizado el 23/08/2023 05:30h
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SEGUIR AL AUTOR/A
El juicio iba a celebrarse en 2025, casi ocho años después de los hechos. Decimos que iba a celebrarse porque aquel caso, el de la muerte de Rafael Luque, de 54 años, mientras asfaltaba en Sevilla una carretera en plena ola de calor, como la de estos días, ha quedado finalmente archivado. El Juzgado de lo Penal número 1 ha emitido un auto el 28 de julio, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, acordando el sobreseimiento apenas diez días después de que la Fiscalía, que en principio había pedido tres años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados, pidiera ahora el archivo del procedimiento. ¿Por qué? Por no haberse practicado la declaración de los investigados “dentro del plazo legal establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, según concluye el juez, que procede a la suspensión del juicio previsto para febrero de 2025 y declara extinguida la responsabilidad penal de los cuatro acusados.


Asfaltar una carretera durante 13 horas a 41ºC: la Fiscalía pide tres años de cárcel por una muerte en el tajo

MÁS
Estamos hablando del accidente laboral ocurrido el 12 de julio de 2017 en la carretera A-406, entre Morón de la Frontera y El Saucejo, cuando el trabajador murió por un golpe de calor a las 21.00 horas, en plena alerta naranja en Sevilla por altas temperaturas en una obra que no era urgente, que no tenía coordinador de seguridad laboral y que se suponía que se ejecutaba bajo el convenio provincial del sector de la construcción, que ese mes tiene estipulado finalizar la jornada a las 14.30 horas.

El caso es que, una vez se fijó la fecha del juicio, una representación legal de los acusados advirtió al juzgado de que concurría una causa que impedía su celebración, en concreto una posible infracción del mencionado artículo 324. Relató esta defensa a través de un escrito que tras el accidente laboral se practicaron algunas diligencias, como la realización de la autopsia, pero transcurrieron más de seis meses “sin que el fiscal instara a la declaración de complejidad de la causa”, algo que finalmente hizo el juzgado en julio de 2018, justo un año después de los hechos.


Fue entonces cuando el juzgado acordó “extemporáneamente” la complejidad de la causa, argumentó la defensa, y fue a partir de entonces cuando se llamó a declarar a los cuatro investigados, que comparecieron ante el juzgado instructor en septiembre de 2018. Según esta defensa, la ley establece la inexcusabilidad de la prestación de esas declaraciones con anterioridad al auto de trasformación a procedimiento abreviado, por lo que sin esas declaraciones no debió dictarse aquel auto ni consecuentemente pueden ser los investigados sometidos a enjuiciamiento, siempre según el relato de una de las defensas. Es decir, el juzgado instructor no prorrogó en plazo la instrucción, como ahora ha determinado el juzgado de lo penal, dejando sin efecto aquellas declaraciones de los entonces investigados.

Este periódico ha intentado durante estos meses conocer sin éxito el posicionamiento de la Fiscalía tras esa alegación de las defensas, si bien se desprende textualmente del auto de archivo que “el Ministerio Fiscal solicitó por escrito el 18 de julio de 2023 el sobreseimiento de las actuaciones”, cabe suponer que con base a la misma argumentación de la defensa en cuanto a lo establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la extemporaneidad de la declaración de la causa como compleja.

Aristu (CCOO): “Hacen faltan sentencias ejemplarizantes”
CCOO, que venía ejerciendo la acusación popular en este caso como en el resto de muertes en el tajo en la provincia, muestra a SevillaelDiario.es su disconformidad con lo sucedido. Carlos Aristu, secretario general de CCOO de Sevilla, considera en primer lugar que “fue una muerte producida por un golpe de calor, en unas condiciones que están de actualidad y que van a ser cada vez más determinantes, fruto del cambio climático, en determinadas profesiones, y que van a requerir una especial atención por parte de las empresas, de sindicatos, de las administraciones y de la aplicación estricta de los protocolos de prevención para proteger la salud de las personas en estrés térmico”.

El caso de Luque fue “un incumplimiento manifiesto de la jornada intensiva en la construcción”, comenta el líder sindical, y “una prueba de la falta de atención que tiene la Justicia en relación a la protección de las personas trabajadoras”. Su organización viene pidiendo once juzgados más de lo Social “para evitar los retrasos en juzgar los despidos o las reclamaciones de cantidades, que hace que las personas trabajadoras muchas veces se vean obligadas a aceptar lo que le ofrece la empresa”.

Respecto al caso de este trabajador en concreto, Aristu recuerda que “año y medio después de su muerte se produjo un acuerdo económico por parte de la empresa”. “Sucede cuando ya es manifiesta la necesidad económica de la familia, porque en muchos casos, como era este, el trabajador ahora fallecido era la única fuente de ingresos. Eso suele conllevar que la familia se retire como acusación particular, como en este caso, lo cual puede ser interpretado como una resta de peso en las acusaciones”, explica.

“Lo grave aquí es que la Fiscalía, pasado un tiempo y a pesar de haber sostenido la acusación, tiene el criterio de no seguir en el procedimiento puesto que ya ha habido satisfacción económica a la familia con la indemnización compensatoria. Una circunstancia que se puede resumir en que los muertos tienen un precio. Aquí, la propia Fiscalía ha incumplido los plazos en los cuales tiene que realizar determinadas acciones que le correspondían y los abogados de la empresa, con buen criterio judicial, han aplicado el artículo que motiva que se proceda al sobreseimiento”, relata el sindicalista.

Como resumen, Aristu apunta que “el atasco en la Justicia o la falta de interés por parte de la Fiscalía de Sevilla provoca que se sobresea, seis años después, un juicio fundamental no solo en lo particular de la familia sino en lo general, porque hacen faltan sentencias ejemplarizantes para que haya empresas que tengan la sensación de que jugar con la vida de sus trabajadores puede conllevar una responsabilidad penal”. “Esto está pasando en más procedimientos en la provincia de Sevilla. Es muy grave porque no hay una tutela judicial efectiva para las causa en las cuales las personas trabajadoras pierden la vida por responsabilidad de las empresas”, concluye Aristu.

Preparando la Vuelta a España
Luque, de 54 años, tenía la categoría profesional de conductor de camión aun cuando también parece que desempeñaba en ocasiones el puesto de conductor de maquinaria (conductor de barredora de asfalto). Poco antes de morir, según el escrito de acusación del fiscal, “estaba con una pala dándole al borde de la tolva con la maquina”. Finalizada esa labor “se sentó en el suelo, tuvo convulsiones y perdió el conocimiento”, encontrando la muerte del mismo “por un fallo multiorgánico debido a un golpe de calor”. El fiscal apuntó en su acusación, entre otras muchas cuestiones, que “la extensión del asfalto y en verano la temperatura de este podía alcanzar 140 a 150 grados centígrados”. Él, al parecer como peón de asfalto, estaba ese día encargado de igualar con un cepillo las dos capas de aglomerado asfáltico que se habían extendido en los dos sentidos de la calzada“. Las obras en la que participaba Rafael presuntamente se realizaban para que la carretera estuviera en el estado correcto para que por ella discurriera una etapa de la 72ª edición de la Vuelta Ciclista a España, en concreto el día 1 de septiembre de 2017. ”En los partes diarios de trabajo de la obra los días 11 y 12 de julio consta que el fallecido trabajó doce horas diarias“, resaltó el fiscal.

“Todos los trabajadores estuvieron en una situación de riesgo potencial por las condiciones de trabajo para su integridad física y salud”, destacó el fiscal. Según su relato del caso, donde ejerce la acusación popular el sindicato CCOO, los partes de trabajo del día en que murió el trabajador no recogen las horas de inicio y finalización pero “consta acreditado que se comenzó a trabajar en torno a las 8.00 horas hasta las 15.00 y desde las 17.00 horas hasta el momento del accidente, si bien finalizaron después de las 20.00 horas”. Para la Fiscalía, “no consta acreditado” que hubiera un acuerdo previo entre la empresa y los trabajadores para la continuación del trabajo durante la jornada fuera del horario del convenio citado anteriormente. “La cuadrilla paró de trabajar y acudieron a almorzar a una venta cercana, almuerzo que duró poco más de una hora, aun cuando no consta que la pausa del almuerzo tuviera un tiempo determinado por la empresa”, dijo el entonces escrito, al que ha tuvo acceso elDiario.es Andalucía.

Construcciones Maygar S.L. suscribió un contrato con la Junta de Andalucía en julio de 2014 para la prestación del servicio de mantenimiento de firmes en la red de carreteras de Andalucía en Sevilla, que fue prorrogado posteriormente hasta julio de 2018. Antes, en 2015, la Junta formalizó en 2015 un contrato de servicios con otra empresa, Ingeniería Atecsur S.L., para la coordinación de seguridad y salud en las obras de la red de carreteras autonómicas. Es decir, la dirección técnica de las obras como en la que trabajaba Rafael y la coordinación de seguridad y salud de las mismas dependían de dos departamentos administrativos, diferente de la Consejería de Vivienda y Fomento. El 25 de octubre de 2016 fue la última visita que se hizo a la obra por un coordinador de seguridad y salud.

Fuentes de la empresa Construcciones Maygar ya indicaron escuetamente a este periódico que la familia de Rafael Luque había “retirado la acusación” durante la instrucción de la causa, si bien no quisieron hacer declaraciones respecto a las circunstancias que rodearon a la muerte de uno de sus trabajadores. “Somos una empresa muy pequeña, a los trabajadores los consideramos como parte de la familia y todo esto nos afectó bastante”, comentaron desde Construcciones Maygar, con quien este periódico ha vuelto a ponerse en contacto para su valoración acerca del archivo sin que haya podido establecerse contacto.

Por su parte, fuentes de Ingeniería Atecsur S.L. indicaron a este medio que ya expusieron durante el proceso de Instrucción todo lo que se les solicitó para esclarecer los hechos hasta su conocimiento, dejándose claro que “en ningún momento la obra quedó desasistida de coordinador”. De hecho, “ni el juzgado ni el fiscal dirigieron finalmente acusación alguna ni contra el coordinador, ni contra Atecsur, al no apreciar reproche en su proceder”, recordaron desde la empresa.

Sin coordinador de seguridad y salud
El fiscal relataba en su escrito de acusación que, un mes antes del accidente, el coordinador de seguridad y salud durante la fase de ejecución de las obras comunicó a su empresa, Atecsur, que al finalizar la jornada laboral del 26 de junio causaría baja voluntaria en su puesto de trabajo. “No fue hasta el día 18 de julio de 2017 [seis días después del accidente laboral] cuando se comunicó a la Dirección General de la Junta de Andalucía el cambio de coordinador de seguridad y salud”, señaló la Fiscalía, que, con base a ello, apuntó que “en el día del accidente no había coordinador que se encargara de la seguridad y salud de la obra”, “ni consta que previamente por parte de Atecsur se hubiera comunicado a la autoridad administrativa la baja del anterior”.

Las fuentes de Atecsur añadieron a ese respecto que se trataba de actuaciones intermitentes de mantenimiento en la red de carreteras de la Junta, por lo que “se hacía necesario el comunicar con antelación al coordinador de seguridad y salud sobre la fecha de inicio de cada actuación y su localización exacta para que aquel pudiera hacer sus visitas de comprobación. En aquel caso, según recordaron las fuentes, ”no se hizo tal comunicación“, por lo que para la empresa ”no hubo conocimiento de la actuación hasta ser avisados del desagradable hecho“ de la muerte de Rafael Luque.

Recordó el fiscal en su escrito de acusación que, según el contrato para la ejecución de obras, se establecía una distinción entre obras urgentes y programadas. Las primeras serían aquellas actuaciones que debían realizarse inmediatamente a la detección de su necesidad: reparación de baches o deformaciones producidas en la calzada sea cual sea su causa y que su existencia entrañe un peligro para la seguridad vial, criterio de peligrosidad vial según la Administración. Las obras en las que murió el trabajador consistían en la corrección de deformaciones de rasantes mediante extendido de zahorra artificial y ejecución de mezcla bituminosa en caliente para rodadura. “De lo actuado no se desprende que la obra tuviera carácter urgente o de emergencia”, dijo el fiscal. En esa carretera, y para otros tramos, se había solicitado permiso a la Jefatura Provincial de Trafico para realizar trabajos de mantenimiento por un modelo normalizado y a continuación se recibía la autorización por parte de esta.

El trabajador fallecido inició su relación laboral con la empresa Construcciones Maygar por contrato para obra o servicio determinado en octubre de 2016 'conductor-asfalto/maquinista operario asfalto/conductor asalariado de camiones' para una obra de conservación en Benaoján (Málaga) pero el día en que se produjo su muerte no prestaba servicios como conductor de vehículo alguno. No lo realizaba prácticamente desde que fue contratado, habiendo realizado funciones propias de un oficial de segunda. Fue declarado apto por la empresa por tiempo de un año hasta el próximo examen medico, que se preveía para octubre. “No consta previa en el trabajador fallecido ninguna patología previa que lo hiciera más sensible al trabajo con altas temperaturas”, dijo el fiscal en su escrito de acusación.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5765 en: 30 de Agosto de 2023, 13:49:27 pm »

El pasado 23 de agosto se cumplieron tres años del viaje de un coche de la Policía local a Portugal.



El TSJEx no revelará la identidad del investigado en la Policía local de Plasencia

Está citado a declarar a finales de septiembre por el viaje a Portugal, pero mantendrá su anonimato al estar el asunto en fase de instrucción

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Miércoles, 30 de agosto 2023, 07:28



El anuncio de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha citado a declarar como investigada a la persona que presuntamente viajó a Portugal con un vehículo camuflado de la Policía Local, y que se saltó cuatro peajes, ha despertado una enorme expectación en Plasencia. Sobre todo, en el grupo municipal socialista, que en su día dijo que «si el Ayuntamiento no se persona en el caso, el PSOE asumirá la responsabilidad de personarse en este proceso. Este procedimiento no puede caer en saco roto. Por la responsabilidad a la que nos debemos, asumiremos esa tarea».


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5766 en: 01 de Septiembre de 2023, 11:10:26 am »


Dos años de cárcel y 5 de inhabilitación a una policía nacional por quedarse dinero incautado y reponerlo con billetes falsos


Utilizó una impresora de tinta para elaborar cuatro billetes de 500 euros y dos billetes de 200, pero a simple vista se veían que eran falsos.


Portada / Tribunales
Blanca Valdés
|
29/7/2023 00:45
|
Actualizado: 30/7/2023 08:01
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de cárcel y cinco de inhabilitación a una policía nacional de la Comisaría de San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, por un delito de malversación. Se quedó dinero incautado en una operación y lo repuso con billetes falsos.

La reciente sentencia 545/2023 de 5 de julio adelantada por el periódico tinerfeño Eldía.es y consultada por Confilegal ha sido dictada por los magistrados de la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral García, Carmen Lamela Díaz, Leopoldo Puente Segura (ponente) y Javier Hernández García.


El juicio fue con jurado y la condenada puso en duda su decisión. Además, también manifestó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque esa falsificación de billetes era un juego para su hija y que no se le podía aplicar el delito de malversación porque no custodiaba el dinero. Pero todo fue desestimado.

BILLETES FALSOS DE 200 Y 500 EUROS
El caso se enjuició en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Se consideró probado que la policía nacional, tras conocer que se había intervenido un total de 66.725 euros en una operación de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana decidió entrar esa misma noche en una página web murciana donde se enseñaban billetes reales de 200 y 500.


Su objetivo era observar sus caracteres técnicos, medidas de seguridad y número de serie para reproducirlos y sustituirlos por algunos de los que habían incautado.

Utilizó una impresora de tinta para elaborar cuatro billetes de 500 euros y dos billetes de 200, pero a simple vista se veían que eran falsos.


Días después entró a la zona en la que se encontraba guardado el dinero y cogió tres billetes de 500 euros y dos de 200. Para que no la pillaran, los repuso con los falsos, por lo que se benefició de 1.900 euros.

Por ello, fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de malversación a dos años de prisión, cinco de inhabilitación, 3.600 euros de multa y a indemnizar al Ministerio del Interior con 1.900 euros.


Todos los escenarios en los que un funcionario de la Policía Nacional puede ser expulsado del cuerpo
La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, sin suerte, por lo que acudió al Tribunal Supremo.

ALEGATOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
En cuanto al primer alegato, la agente condenada reprochó la ausencia de motivación del veredicto otorgado por el jurado, por lo que consideró que ello habría vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Los magistrados apuntaron que el jurado llegó al convencimiento de los hechos por su propia declaración, la testifical de diversos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, el registro de sus coche, en el que encontraron la tablet con la que había accedido a la página web murciana para estudiar los billetes y en la que aparecieron búsquedas masivas sobre “cómo borrar huellas digitales en papel”.

Asimismo, se encontraron mensajes en su teléfono móvil que envió a su pareja que decían: “estoy borrando todos los chats por si acaso”. Todo esto llevó al Tribunal del Jurado considerar por unanimidad que era culpable.


Condenada a 3 años y medio de cárcel una policía nacional por acceder a información confidencial de un opositor a bombero
Por otro lado, también relató que se había vulnerado su presunción de inocencia. Relató que conoció que se habían introducido billetes falsos en el sobre y “ante la duda de haberlos podido tocar, por mera inquietud, procedió a interesarse en diferentes páginas web acerca de las probabilidades de que sus huellas hubieran podido quedar impresas en aquellos”.

RESETEÓ LA TABLET PORQUE «SE LE BLOQUEABA CONSTANTEMENTE»
Añadió que reseteó la tablet porque “se le bloqueaba constantemente” y que se había conectado a páginas donde describían las condiciones de seguridad de billetes de 500 y 200 era porque quería construir un juego para su hija como una “especie de mercadillo”.

Pero los magistrados de la Sala de lo Penal fueron claros, había pruebas suficientes para condenarla.

Por último, también alegó infracción de ley en el delito de malversación. Manifestó que no tuvo competencia alguna específica como funcionario público sobre el dinero intervenido “y menos aún un deber especial de conservación o de custodia en condiciones determinadas”.

Argumento que tampoco convenció a los magistrados. Calificaron de “evidente” su condición de funcionaria ya que la custodia del dinero incautado le correspondía como miembro del grupo III de estupefacientes de la comisaría local de San Cristóbal de la Laguna al poder acceder libremente a las dependencias y a la caja fuerte.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5767 en: 06 de Septiembre de 2023, 08:02:36 am »
“Soy policía, os voy a matar”: cinco años de cárcel por la extorsión de un agente drogado en busca de un vídeo inexistente

Un policía nacional de la comisaría madrileña de Chamberí, condenado a casi cinco años de cárcel tras reconocer que amenazó de muerte, secuestró y pegó a una pareja a la que acusaba de haberle grabado mientras se drogaba en un hostal de la ciudad

Alberto Pozas

5 de septiembre de 2023 22:50h

Actualizado el 06/09/2023 05:30h

“Soy policía, os voy a matar”. La amenaza fue pronunciada por un agente de Policía Nacional en la habitación de un hostal del sur de Madrid. Cuchillo en mano y bajo los efectos de las drogas, amenazaba a una pareja a la que también cacheó, agredió y espió convencido de que le habían grabado en secreto mientras consumía drogas y alcohol. El vídeo no existía y el policía, ahora apartado de su puesto, ha reconocido los hechos y acaba de ser condenado a cuatro años y once meses de cárcel mientras intenta evitar su entrada en prisión.

Los hechos, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en el distrito madrileño de Villaverde en mayo de 2020. El policía nacional, una pareja y una mujer pasaron toda la noche bebiendo, tomando drogas y en el caso de los tres últimos también manteniendo relaciones sexuales.

Los problemas llegaron cuando al final de la velada el acusado volvió a convocarlos en su habitación, sacó un cuchillo, les dijo que era agente de Policía Nacional y les exigió borrar un supuesto vídeo que, según creía, habían grabado en secreto mientras consumía drogas y ellos mantenían relaciones sexuales.

El propio policía reconoció ante los jueces lo que sucedió: amenazó de muerte a sus víctimas y llegó a cachearles mientras buscaba la cámara oculta, desnudándoles y practicándoles tocamientos en sus zonas íntimas todavía bajo los efectos de las drogas mientras ellos prometían que no le habían grabado.

Las amenazas, golpes y agresiones no terminaron en ese hostal del sur de la capital. En el aparcamiento, al día siguiente, enseñó su placa de policía a una de las víctimas y le pegó un puñetazo. Días después, de vuelta a su puesto de trabajo en la comisaría de Chamberí, consiguió que su jefe buscase en las bases de datos policiales si sus dos víctimas tenían antecedentes penales.

También les amenazó por WhatsApp para exigirles la entrega de un vídeo que, según la documentación de la causa, nunca se grabó: “Te voy a buscar por todo Madrid hasta que te encuentre, me da igual lo que me hayas grabado, vais a pagarlo tú y la puta de tu novia, te voy a reventar la cabeza cuando te vea”, decía en varios de estos mensajes. Su objetivo, explican fuentes del caso, era evitar comprometer su carrera de policía nacional con un vídeo en el que, creía, aparecía drogándose.

En todo momento el acusado hizo valer su posición de funcionario de Policía Nacional para retener, amenazar y espiar a sus víctimas en busca del vídeo. Dentro del hostal, por ejemplo, ellos accedieron a ser cacheados desnudos “ante el temor que les infundían el acusado y su condición de policía”, dice la sentencia. También consiguió que su superior consultara sus antecedentes en las bases de datos policiales haciéndole creer que estaba llevando a cabo una investigación real.

El policía pide evitar la cárcel

El caso ha sido sentenciado en firme por la Audiencia Provincial de Madrid después de que el propio policía haya reconocido los hechos, pagado 10.000 euros en indemnizaciones y aceptado una condena que suma cuatro años y once meses de cárcel por delitos de detención ilegal, agresión sexual, maltrato, amenazas y contra la intimidad.

Una condena muy inferior a los 15 años que pidió la Fiscalía en un primer momento que compromete su futuro en la Policía Nacional pero que su defensa confía en que no implique su entrada obligatoria en prisión. La suma de sus condenas supera ampliamente el límite de dos años que suele marcar el ingreso sí o sí en la cárcel para cumplir condena, pero a nivel individual ninguno de los delitos ha sido sancionado por encima de ese límite.

El caso ha entrado ahora en fase de ejecución, donde los jueces tendrán que decidir si entra o no en la cárcel. Mientras tanto, explican estas mismas fuentes, el agente ha sido apartado de forma provisional de su puesto en la comisaría madrileña de Chamberí mientras, en paralelo al proceso penal, se desarrolla un proceso sancionador interno que podría terminar con su carrera como policía.

Este agente no estaba de servicio cuando amenazó, agredió, secuestró y espió a sus víctimas pero el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional establece que ser condenado por un delito doloso “que cause grave daño a la Administración o a las personas” es una falta muy grave, lo que puede acarrear incluso su expulsión del cuerpo.

La sentencia también refleja que en ese momento el agente estaba “afectado gravemente por la previa ingesta” de alcohol y estupefacientes, lo que “influía notablemente a sus facultades intelectivas y volitivas debido a su drogadicción”. Esto se traduce en una rebaja de su condena aplicando una eximente incompleta de drogadicción.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5768 en: 08 de Septiembre de 2023, 06:50:53 am »
A juicio un agente acusado de confirmar a su cuñado investigado por drogas que le seguía la Policía


SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, los hechos se remontan a la mañana del 28 de abril de 2020, cuando "un vehículo camuflado de la Policía Nacional, en el transcurso de una investigación por delitos de tráfico de estupefacientes, entró en el garaje comunitario" de un edificio residencial de Bormujos, "aprovechando que en aquel instante accedía el turismo que conducía el investigado", R.P.B., pues los agentes "sospechaban que en algún piso, local o trastero" del recinto, pudieran estar ocultos los estupefacientes.

Pero el investigado, "al sospechar" del citado vehículo camuflado, se acercó al mismo y preguntó a sus ocupantes, los agentes en cuestión, quienes "se excusaron con el pretexto de que querían ver una vivienda por si les interesaba su compra, para no ser descubiertos, abandonando seguidamente el garaje".

Tras ello, según el escrito de acusación de la Fiscalía, R.P.B. contactó con el acusado en este procedimiento judicial, José Gabriel P.P., un agente de la Guardia Civil "hermano de su pareja, para que consultara" si la matrícula del coche que había visto en el episodio anteriormente descrito "pertenecía a algún cuerpo policial".

Fue así, según el Ministerio Público, como el agente acusado "contactó casi de inmediato con su compañero, con destino en la oficina de Plana Mayor, a fin de que este accediera a la base de datos y consultara la titularidad" del vehículo cuya matrícula había le proporcionado R.P.B.

El compañero del agente acusado, según la Fiscalía, "ignorante de la verdadera intención" del primero, "transmitió" a este la "información" correspondiente al vehículo camuflado de la Policía Nacional que había seguido a su cuñado, tras lo cual José Gabriel P.P. "lo comunicó" a su vez a este familiar suyo, extremo que supuso el "consiguiente quebranto a la investigación tanto judicial como policial".

Dado el caso, la Fiscalía achaca a José Gabriel P.P. un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, reclamando para él cuatro años de prisión, así como diez años más de inhabilitación absoluta.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5769 en: 09 de Septiembre de 2023, 08:47:03 am »

A juicio tres policías por abatir de 19 tiros a un joven que les atacó con un cuchillo en Puente de Vallecas


La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa

ABC
Madrid
08/09/2023
Actualizado a las 15:08h.


Tres policías nacionales se sentarán en el banquillo acusados de abatir de 19 tiros a un joven de 21 años que les atacó con un cuchillo. El juez de Instrucción número 1 de Madrid acordó llevar a juicio a los agentes por su actuación en una casa de Puente de Vallecas, en noviembre de 2021, cuando acudieron al auxilio de una familia que estaba recibiendo amenazas con un arma blanca por parte de su hijo.

El juicio correrá a cargo de un jurado popular al ser competente en el delito del que se acusa a los agentes de la Policía Nacional. La Fiscalía solicita para ellos dos años y medio de prisión por homicidio con la eximente incompleta de legítima defensa, mientras que la madre del joven, que ejerce la acusación particular, pide diez años por homicidio, sin la eximente que contempla el fiscal.

La defensa de los policías, por su parte, argumenta que el uso del arma reglamentaria para repeler el ataque se ciñó a «las normas y reglas establecidas». En este sentido, el sindicato de Policía Jupol, que ejerce la defensa de los policías, denunció la «desprotección» que sufren por parte del Gobierno y de la Dirección General de la Policía, que, según manifestaron, dejan a los agentes «en una situación de desamparo».

En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor de las diligencias dispone remitir a la Audiencia Provincial de Madrid la totalidad de la prueba documental propuesta para el enjuiciamiento, así como de las fotografías originales obrantes en las actuaciones.

Los hechos que se van a exponer en el juicio se produjeron el 26 de noviembre de 2021. Ese día, la madre de Kevin (el joven abatido) llamó a la Policía porque su hijo sacó un cuchillo de cocina y amenazó con él a la familia. Ella y sus otros dos hijos y su nieta salieron del domicilio, en la calle San Claudio, en el barrio de Palomeras Sureste, y poco después llegaron los policías nacionales.

Según el relato de los hechos, el joven se abalanzó sobre los agentes tratando de agredirles con el arma blanca que portaba. En ese momento, los tres agentes efectuaron «un total de 19 disparos» ante el peligro que corrían, «que cesaron cuando Kevin puso una rodilla en el suelo».

El relato describe que, después, «llegó uno de los agentes y le golpeó con la defensa en una pierna y el brazo, hasta que el cuchillo salió despedido, rompiéndose en el encuentro la hoja y el mango, echándose encima de él y poniéndole los grilletes». Tras esos hechos, «le taponaron las heridas con toallas, le hicieron un torniquete y avisaron al Samur, que tardó poco tiempo en aparecer».

«Auténtica verguënza»

Tras conocer la apertura de juicio oral, el sindicato de Policía Jupol tachó de «auténtica vergüenza» la continua «desprotección» a la que se ven abocados los agentes y, en concreto, los tres acusados. El colectivo considera «intolerable» que cada vez que un policía tiene que hacer uso de su arma de fuego reglamentaria «se vea obligado a un escarnio público y judicial».

Desde Jupol ven «una abominación» que los tres policías se tengan que sentar en el banquillo, y avisan que su paciencia «tiene un límite»: « No podemos consentir que nos criminalicen por hacer nuestro trabajo».

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5770 en: 10 de Septiembre de 2023, 00:34:40 am »
Sí van a juicio será porque habrá que hacerlo, de hecho la investigación la han hecho policías y no entiendo esas declaraciones de Jupol.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5771 en: 10 de Septiembre de 2023, 08:01:17 am »
Sí van a juicio será porque habrá que hacerlo, de hecho la investigación la han hecho policías y no entiendo esas declaraciones de Jupol.

Jupol, Jucil, PSXXI, abogan por furgún funerario y carpetazo...todo muy al estilo Bukele.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5772 en: 11 de Septiembre de 2023, 09:15:17 am »
Imputado por investigaciones ilegales un guardia civil que vinculó al 8M y al Gobierno con la expansión del COVID

El juez Santiago Pedraz tomará declaración como investigado al brigada por confesar en una grabación varios delitos en operaciones contra la corrupción y el narcotráfico: “Soy el más ilegal de los ilegales”



Pedro Águeda

10 de septiembre de 2023 22:53h

Actualizado el 11/09/2023 08:19h

Un suboficial de la Guardia Civil en la Comandancia de Madrid, encargado de perseguir a organizaciones criminales, está imputado en la Audiencia Nacional tras aparecer en una grabación confesando las ilegalidades que cometería él y la unidad a la que pertenece en el transcurso de sus investigaciones, tales como colocar dispositivos de seguimiento sin autorización judicial o realizar interrogatorios sin la presencia de un abogado. “Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir el brigada, uno de los mandos que participó en la elaboración de los atestados con los que su unidad intentó atribuir al Gobierno y a la autorización de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020 la propagación de la epidemia del Covid.

El juez Santiago Pedraz tomó declaración el pasado julio a la mujer que grabó al mando del instituto armado cuando ambos mantenían una incipiente relación. Aseguró que lo hizo porque en el pasado había tenido problemas con hombres casados, para protegerse. Después, relató al magistrado, se dio cuenta de que uno de los investigados por el guardia civil y sus métodos es amigo suyo, por lo que le entregó las grabaciones para que pudiera defenderse.

Por su parte, el inmediato superior del guardia civil investigado ha remitido un informe al juzgado en el que acusa a la mujer de colaborar con una de las organizaciones de narcotráfico que investiga su unidad. Uno de los presuntos miembros de esa organización ha incorporado las grabaciones a la causa a través de su letrado. Tras escuchar a la mujer, Pedraz decidió tomar declaración al brigada en calidad de investigado el próximo martes.

El jefe de la Guardia Civil al que el brigada menciona en estas grabaciones como máximo responsable de los excesos de su unidad es el capitán Abel Marín, al frente del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Madrid. Marín, con la colaboración del brigada y otros subordinados, confeccionó los atestados sobre el 8M, unos informes plagados de suposiciones, acusaciones infundadas e informes mutilados para concluir que el Gobierno autorizó la manifestación del 8M pese a que conocía desde dos meses antes el alcance que iba a tener la pandemia. “Mi jefe es buen chaval, pero solo quiere que suene”, dice el brigada del capitán Marín y de su presunta obsesión con alcanzar relevancia mediática.

La crisis que provocaron los atestados sobre el 8M
Aquellos informes de la Guardia Civil, en el marco de la Operación Sanitario, provocaron la imputación del entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, si bien apuntaban a uno de los grandes objetivos de la oposición política y mediática durante la pandemia, el epidemiólogo Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad durante la peor época del Covid-19, así como a varios miembros del Ejecutivo, caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La jueza de la Operación Sanitario terminó archivando el caso solo después de una gran tormenta política y mediática provocada por el contenido de los citados atestados. El contenido de los informes fue publicado durante el primer estado de alarma y cuando España registraba uno de los mayores niveles de mortalidad de Europa por la epidemia mundial de Covid. El nivel de crispación era enorme.

Cuando elDiario.es accedió al contenido íntegro de los atestados quedó al descubierto que estaban repletos de bulos, tergiversaciones y sesgo ideológico [leer aquí  https://www.eldiario.es/politica/errores-mentiras-guardia-civil-manifestacion_1_6045362.html ]. Para entonces, el Partido Popular y Vox ya habían hecho auto de fe con las noticias publicadas sobre los atestados con anterioridad y las habían incorporado a la estrategia de desgaste al Gobierno en plena pandemia.

En las grabaciones que revelan los métodos ilegales de la unidad que redacto esos atestados, unos audios cuyo contenido adelantó Economist & Jurist, el brigada aparece hablando con la mujer de forma distendida en varios enclaves, como un restaurante, un coche o el acceso a un hotel. Presume de las operaciones que le son asignadas a él y a su unidad ante el interés de la mujer, quien interviene en la conversación para hacerle preguntas e incidir en cuestiones que le plantea el suboficial, incluidas las actuaciones ilegales.

Guardia Civil: “El otro día tienen que montar una historia de estafas de alquileres vacacionales, que sale mi jefe [en los medios], ahora te lo enseño ahí… Lo que ha hecho es una auténtica vergüenza (…) Es una puta mierda. Yo detuve a gente que… Me dijo: detiene a estos tres”.

Testigo: “¿Lo que me contaste de la negrita?”

Guardia Civil: “Pobre negra, la muchacha no ha hecho nada, pero es que el otro día en estos, igual. Había gente que decía, pero es que, si a mí me han robado el DNI, es que yo no sé ni de lo que me hablas. Llega el punto en que los crees y dices: hostias es que es verdad, pues a mi jefe [capitán Abel Marín] le da igual, mi jefe es buen chaval, muy buen chaval, pero solo quiere que suene”.


El brigada imputado ahora era sargento primero cuando su unidad desarrolló la Operación Sanitario sobre la autorización del Gobierno a la marcha del 8M de 2020. La testigo de sus presuntas corruptelas aseguró al juez Pedraz en su declaración de julio pasado que, entre los asuntos de los que le hablaba el sargento en las tres citas que mantuvieron –después de estar en contacto por teléfono durante un año– estaba lo que ella llama “8 de mayo”, en lo que parece un error al querer referirse al 8 de marzo.

El juez Pedraz le pregunta por qué el guardia le contaba cosas de su trabajo y ella contesta: “Desde el primer momento me habla muchísimo de su trabajo, por whatsapp, en la primera quedada, en la segunda, muchísimos más… cosas de Piqué, del 8 de mayo, muchísimas cosas”.

Piqué, Rubiales y el rastro del brigada
En la causa por el 8M, el ahora brigada y entonces sargento tomó declaración a seis testigos, tres sindicalistas y tres funcionarios de la Delegación del Gobierno, y firmó esos testimonios con el número de su Tarjeta de Identificación Profesional (G72913A), en calidad de instructor de esas diligencias. Las sindicalistas le explicaron que no habían sido advertidas por la Delegación del Gobierno de riesgo alguno y los funcionarios explicaron que no tuvieron conocimiento real del mismo hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrara la marcha multitudinaria.

Fuentes de la propia Guardia Civil aseguran que, más allá de ese rastro tangible de su participación, el brigada y otros mandos participaron activamente en la confección de los voluminosos atestados repletos de manipulaciones, aunque fuera otro compañero y su jefe en la EDOA, el entonces teniente Abel Marín, quienes rubricaran los dos informes más polémicos, tendentes a intentar demostrar que el Gobierno conocía el alcance del Covid-19 desde el mes de enero de 2020 y que aún así autorizó la manifestación feminista.

La alusión de la testigo a Piqué responde a que la Unidad del brigada también está asignada como policía judicial en la causa que se sigue en un juzgado de Majadahonda por las irregularidades en el contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí entre la Real Federación Española de Fútbol y la empresa del exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, abierto tras los ‘Supercopa Files’ publicados por El Confidencial.

“Pero a mí –continuó declarando la testigo ante Pedraz en su declaración del pasado julio–, sinceramente, me importaba que le fuera bien a él porque me estaba enamorando, pero no sé si era una especie de desahogo porque nada más estar con él me empezó hablar del malo, de este… sobre todo del grupo este, con una obsesión, cuando va a por ellos, lo que están haciendo, me contaba muchísimo. No sé, porque yo en ningún momento le preguntaba nada”.

En las conversaciones grabadas, sin embargo, hay pasajes en los que la testigo le pregunta por su trabajo, mientras él es profuso en detalles. El brigada explica a la mujer cómo funciona una baliza, un dispositivo de seguimiento que se coloca en los vehículos de los investigados, y el sistema por el que los agentes reciben la alerta de que se está moviendo.

Testigo: “¿Y luego, por ejemplo, si ves dónde va, ¿tienes que decir por qué lo has encontrado, con la baliza y todo?”

Guardia Civil: “No, porque es falso todo. Esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales. De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos. Nos había quitado dos balizas. Y con lo que es, en el coche, les digo: montadle en el coche y le lleváis al juzgado vosotros, encapuchados o como queráis. Y rascadle un poquito a ver por qué (…) Vamos a jugarle un poquito psicológicamente a ver qué nos cuenta”.


El brigada confiesa a su interlocutora que graban ilegalmente esa declaración en un coche y sin un abogado presente. “Se le oye bajito, pero se le oye. Y va el tío diciendo que, bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos… Cosas que son verdad, que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no, a esta gente no la pillas. Yo no puedo ir detrás”, cuenta el guardia civil.

Operación Águila-Frozen
Estas últimas prácticas ilegales se habrían producido en el marco de la causa en la que ahora está imputado el guardia civil y de la que antes era investigador. Se trata de la Operación Aguila-Frozen de narcotráfico y blanqueo de capitales en la que la testigo asegura que tiene un amigo imputado al que le ha facilitado las grabaciones cuando se ha enterado de que era afectado por las presuntas ilegalidades del investigador.

La Operación Águila-Frozen se abrió a partir de una información facilitada por la DEA estadounidense a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que trabaja conjuntamente con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Madrid, a la que pertenece el brigada. El grueso de la misma se desarrolló entre junio de 2019 y mayo de 2021 aunque continúa abierta. Se detuvo entonces a 33 personas y se incautaron 239 kilos de cocaína y varias armas de fuego. También se bloquearon un total de 39 inmuebles y 73 coches de alta gama dedicados presuntamente al blanqueo de los beneficios de la droga. 

Según han informado a este periódico fuentes de la Guardia Civil, el brigada fue apartado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial tras la publicación de las primeras informaciones con los audios el pasado julio y se le abrió una información reservada, instrumento disciplinario que determina si hay o no indicios para abrir un expediente. Ahora está destinado en la Playa Mayor de la Comandancia, una suerte de secretaría sin funciones operativas. El agente llevaba destinado en la UOPJ desde julio de 2013, hace diez años.

Su jefe en la Unidad: “Fingía porque actuaba de agente doble”
Se da la circunstancia de que la información reservada, el inicio de la investigación interna para esclarecer el contenido de las grabaciones, se ha encargado al capitán Abel Marín, el mismo que es señalado por el brigada en los audios como máximo responsable de las ilegalidades de su unidad y cerebro policial de los atestados contra el Gobierno del 8M. Ese mismo capitán remitió el 26 de julio un informe a Pedraz en el que ya exculpa a su subordinado.

El capitán Marín traslada la versión de su subordinado en el informe sobre el contenido de las grabaciones: el brigada sabía que la mujer era una colaboradora de la organización de narcotraficantes investigada y actuó como “un agente doble”, es decir, que es “completamente falso todo lo aludido por el mismo y como parte de una estrategia policial”. No alude el capitán a que esa actuación de supuesto “agente doble” incluyó concluir la cita en un hotel. La grabación muestra cómo ambos piden una habitación para pagar con tarjeta sin que se les incluya el desayuno.


Respecto a la presunta utilización de balizas ilegales, el capitán reconoce que uno de los investigados en la Operación Águila-Frozen denunció el hallazgo de dos dispositivos en su coche en abril de 2021, pero alega que la querella resultó archivada “por falta de autor conocido”. Una segunda querella por el hallazgo de un nuevo dispositivo de seguimiento ha sido presentada por la defensa sin que aún haya decisión judicial.

El argumento exculpatorio del capitán Marín es que las colocación de balizas sin autorización judicial está prohibida y que, por tanto, su unidad no lo hace. Es la misma tesis que viene a utilizar sobre el supuesto el interrogatorio por encapuchados al detenido en un coche: “No obran informaciones de los detenidos obtenidas fuera de esas manifestaciones”. Añade que él estaba de vacaciones pero que ha hablado con sus subordinados y que le han confirmado que no procedieron como denuncian las defensas y confirma el brigada en la grabación.

El capitán añade que ha comprobado que el dispositivo de vigilancia no fue facilitado por el departamento que provee a su unidad de ese tipo de baliza, como él ha podido certificar, y que su uso, siempre que fuera un dispositivo oficial de la Guardia Civil, está auditado por una unidad independiente. Para rematar, alude a una fotografía que publicó Economist & Jurist y concluye que esas no son balizas utilizadas por su unidad y que una, además, está mal colocada. El capitán Marín destaca que la baliza fue encontrada en abril, después de la explotación de la operación, y lo expone pese a que la investigación seguía su curso entonces.

La testigo dijo al juez que empezó a tener relación por teléfono con el entonces sargento porque una persona de su entorno le había dado su teléfono. El brigada asegura que le llamó un día a su teléfono corporativo y se excusó en que se había confundido de número, pero que desde entonces ella “no cesó en su empeño” de verse con el brigada en persona.

El pasado del capitán Marín


El capitán jefe de la EDOA, Abel Marín Seoane, en una comparecencia ante los medios Europa Press

El capitán Marín concluye su informe al juez que se trata de una “línea de defensa adoptada desde el principio por los investigados, consistente en desacreditar la investigación [sobre narcotráfico y blanqueo] y a las personas que la han llevado a cabo”. Las defensas han solicitado al juez que, una vez conocido el contenido de la grabación, aparte a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la investigación.

El pasado del capitán Marín, el jefe directo del brigada objeto de las grabaciones, es conocido de puertas adentro en la Guardia Civil, pero no trascendió ni siquiera con la polémica por los atestados del 8M. Se trata de un oficial que ingresó al instituto armado a través de la “pasarela” procedente de las Fuerzas Armadas, que se reservan un número de plazas por promoción para quienes deseen convertirse en miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ampliamente condecorado por los éxitos de sus operaciones, Marín estuvo implicado en la primera mitad de los 2000 en un turbio asunto junto a uno de sus hermanos y varios narcotraficantes, entre ellos Álvaro López Tardón, cabecilla de ‘Los Miami’. El dueño de un local de Móstoles denunció al guardia civil y a su hermano por intentar extorsionarle clavándole unas tijeras en el homoplato, robarle y destrozar parte de su local con el objetivo de que les entregara 6.000 euros. Los hermanos, a su vez, denunciaron a los 'narcos' por dispararles cuando, según esta versión, volvieron para cobrar la cantidad requerida, lo que desmentían los Marín.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid archivó los hechos el 5 de julio de 2010 porque los supuestos delitos contra Abel Marín y su hermano habían prescrito y porque la denuncia que habían presentado ambos contra los 'narcos' por el tiroteo no fue refrendada dentro del plazo. Sobre el tiroteo, la Fiscalía había concluido que “las declaraciones de Abel y Francisco Javier Marín Seoane no reúnen los requisitos exigidos por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para otorgarles credibilidad (…) Están llenas de contradicciones, no se ven corroboradas por datos periféricos que pudieran haber llevado a la declaración incriminatoria”. En el lugar solo apareció una vaina coincidente con la munición del arma reglamentaria de Abel Marín.

El Gobierno se centró en Pérez de los Cobos

La actuación de la Unidad de Marín en el peor escenario de la pandemia fue el origen de una polémica que acabó en un terremoto en la Guardia Civil, con el coronel jefe de la Comandancia, Diego Pérez de los Cobos, cesado, y el director operativo de todo el Cuerpo, general Laurentino Ceña, presentando su dimisión en protesta por el cese.

El Ministerio del Interior acusó al coronel Pérez de los Cobos el alcance de una investigación que conllevó la imputación del delegado del Gobierno en Madrid. Pérez de los Cobos alegó que la jueza Carmen Rodríguez-Medel había prohibido expresamente a Marín y sus subordinados participar de sus avances a nadie que no fuera ella. Pérez de los Cobos recurrió su cese, revertido finalmente por el Tribunal Supremo. El coronel se reincorporó a su puesto después de que se apartara de su Unidad de Policía Judicial al brigada de las grabaciones y se abriera la información reservada.

La única investigación abierta por los atestados repletos de bulos y tergiversaciones estuvo dirigida a conocer quién había filtrado a Okdiario el contenido de los mismos según llegaban a la mesa del juzgado. El único sancionado fue el comandante al que se encargó la investigación de la filtración por haber saboteado sus propias pesquisas. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo aceptó el recurso del mando contra la sanción y la Dirección General del instituto armado decidió no recurrir.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5773 en: 12 de Septiembre de 2023, 07:52:30 am »
La imputación de un capitán de la Guardia Civil 'dinamita' una investigación sobre narcotráfico


La imputación de un capitán de la Guardia Civil ha 'dinamitado' una investigación sobre blanqueo de capitales del narcotráfico que desarrolla la Audiencia Nacional. Esta es la principal conclusión que se desprende de un auto de 24 de julio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que los magistrados obligan al juez Santiago Pedraz a mantener en el sumario una parte esencial de un informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil que según las defensas de los imputados evidencia la existencia de "posibles anomalías" en las pesquisas policiales.

"El expurgo acordado judicialmente no abarcará a aquellas carpetas en las que figuren que un funcionario de la Guardia Civil simultáneamente estaba realizando actos de investigación sobre el recurrente que, en principio, no pueden efectuarse en el mismo período cronológico, como son los alegados actos de vigilancia y las alegadas tomas de datos mediante la consulta de bases policiales", especifica la resolución de la Sala, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica. Además, los jueces destacan que los abogados denuncian que los seguimientos supuestamente realizados a sus clientes en 2020 no incluyen fotografías o vídeos de los sospechosos, sino sólo imágenes "extraídas de Google Maps".

Con esta decisión los magistrados pretenden "clarificar" las circunstancias de la investigación desplegada por el ahora capitán de la Guardia Civil -los hechos se remontan a un periodo de tiempo en el que era teniente-, cuyo nombre responde a las iniciales E.C.A, y que se pueda "contrastar la información facilitada por la Guardia Civil con las eventuales declaraciones que pudieran acordarse".

También un sargento

Precisamente este martes el juez Pedraz interrogará como investigado al sargento de la Guardia Civil Sergio Bravo, perteneciente al Grupo de Delitos Económicos, que fue grabado reconociendo de forma "explícita y directa" que se usaron balizas de seguimiento sin autorización legal y que se presentaron informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, tal y como adelantó el diario digital 'Economist & Jurist'.

Uno de los imputados por narcotráfico denunció también que determinadas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron. Y lo trató de acreditar señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". También aportó metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.

También en el caso del capitán de la Guardia Civil investigado el abogado de un supuesto narco aseguraba que la información aportada también mostraba a los agentes en dos lugares distintos al mismo tiempo: haciendo seguimientos en el exterior y buscando en bases policiales en la comisaría. "La defensa de este último ha detectado, en el examen de la documentación recibida de la Unidad actuante de la Guardia Civil, determinados defectos y contradicciones que pudieran convertirse en irregularidades procesales afectantes a su patrocinado, como ocurre con la toma de datos de dicha persona por concretos funcionarios investigadores que simultáneamente figuraban realizando otras diligencias de investigación", prosiguen los magistrados en el auto de 24 de julio.

Vigilancias de 2020

Tanto Pedraz como la Fiscalía habían acordado excluir de la causa todos los datos que no estuvieran referidos únicamente al capitán. Sin embargo, los abogados de los imputados detectaron contradicciones de "extrema relevancia" para sus clientes. Encontraron "unos datos donde se pueden comprobar las visitas a las bases de datos policiales por parte de los agentes investigadores, cuyos hallazgos realizados vienen a corroborar las dudas sobre cómo se produjeron y en qué contexto las vigilancias a partir de mayo de 2020", dice el auto.

Y por ello, las defensas de los supuestos blanqueadores del dinero de la droga concluyen que la Guardia Civil había entregado a Pedraz, "por error" y "sin pretenderlo", un informe que desvelaba supuestas "contradicciones que podrían dar lugar incluso a la nulidad" de las pesquisas. Esta actuación, prosiguen los letrados, pone en cuestión "la presunción de veracidad de que goza la intervención de los funcionarios de la Cuerpos y Fuerzas de Seguridaddel Estado".

La Sala recuerda, además, que la Guardia Civil aportó un informe "de auditoría", que contenía datos, no sólo del capitán investigado (E.C.A), sino también información de las comprobaciones sobre la presunta actividad criminal de otros imputados. Y este dosier policial fue examinado por los implicados en la causa, que llegaron a la conclusión "de la existencia de supuestos defectos e irregularidades", por lo que reclamaron que este informe se mantuviera íntegro en el sumario. Por eso, el auto de 24 de julio la Sala mantiene en el caso una parte esencial del informe, pues creen que su inclusión propiciará "la clarificación de los posibles defectos detectados".

Vigilancias inventadas

En el caso del sargento que deberá declarar este martes, el abogado del supuesto narco asegura que el origen de los audios captados al agente se encuentra en las grabaciones de una mujer con la que el citado agente mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los imputados en la Audiencia Nacional. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Whatsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.

Este letrado considera que estas grabaciones son una prueba de la "mendacidad" de los informes de la Guardia Civil, al mismo que alerta sobre "graves incoherencias" en las pesquisas. Como por ejemplo tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó -con suma torpeza- a posteriori", explica.

En una grabación de una conversación que mantiene la mujer con el sargento el 21 de abril de 2023, aportada a la causa, éste explica que a uno de los investigados le "metieron un micro" en el coche tras ser detenido para ir "rascando" por lo que pudiera contar. "Y el tío diciendo que bueno, que mi jefe va a por ellos, que no sabe por qué. A por su hermana, que no sabe por qué. Que tiene algo, que nosotros somos súper ilegales, que le metemos balizas ilegales, que nos inventamos seguimientos... Cosas que son verdad. Que se la hemos liado. ¡Vamos que si se la hemos liado! ¡Les hemos hecho de todo! Pero es que si no a esta gente cómo les pillas", recoge la transcripción.

Al igual que en el caso del capitán de la Guardia Civil, la acusación contra el sargento revela que las actas de vigilancia que se produjeron entre mayo y septiembre de 2020 fueron ilustradas por los agentes con imágenes obtenidas de Google Maps. Los imputados defienden que durante los primeros cuatro meses no se les investigó y por tanto las actas son falsas.

'Caso Cuarteles'

El 'caso Cuarteles', destapado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, también sale a relucir en las conversaciones. En concreto, el sargento señala que estuvo destinado en la jefatura de gestión económica donde, asegura, se producían actos de corrupción de forma generalizada.

"Vale pillábamos pasta, se ha hecho así toda la vida, (...) es un sitio que no se trabaja en la calle, operativamente cero, y se dedica a pagar las obras en cuarteles, gente por dietas, a pagar de todo lo que haya", recuerda con su pareja a la que confiesa que decidió irse de esa jefatura porque no le gustó "el percal".

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5774 en: 12 de Septiembre de 2023, 12:00:10 pm »
La Guardia Civil, el ejercito, la Policía Nacional, La Policía Municipal, en los departamentos de compra tanto de uniformidad, vehículos y materiales diversos se pilla pasta, pasta gansa, se cobran comisiones de los proveedores porque sino la empresa no gana el concurso y lleva así toda la vida. Sí el mando de turno que lleva las compras durante 20 años con un sueldo de 1.800 € al mes tiene 4 áticos en el Pasillo Verde de Madrid, igual tiene una fuente de ingresos extra e igual habría que investigar el patrimonio de los responsables de esos puestos o que esa Gestión se llevase desde despachos ajenos o que hubiera transparencia en el proceso porque ese dinero sale del bolsillo de los contribuyentes.

Desconectado Celestino

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5775 en: 12 de Septiembre de 2023, 12:01:14 pm »
Ser Policía y vivir en un chalé con Piscina y cochazo te lleva a la corrupción de cabeza.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5776 en: 12 de Septiembre de 2023, 18:13:52 pm »
En mi pueblo se dice: "que Dios nos ponga donde haya, que de coger ya nos encargaremos nosotros". . . pues eso mismo. . .

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5777 en: 13 de Septiembre de 2023, 08:07:56 am »
El guardia civil imputado defiende ante Pedraz que finge en la grabación métodos ilegales porque actuaba de agente doble


Acusa a la mujer que le grabó, con la que mantuvo una relación ocasional, de ser colaboradora de unos 'narcos' y asegura que nunca informó a su jefe directo de las tarea de infiltración que supuestamente realizaba

Pedro Águeda
12 de septiembre de 2023 17:56h
Actualizado el 12/09/2023 17:59h

El brigada de la Guardia Civil S. B, imputado en una causa de narcotráfico y blanqueo por investigar a los sospechosos con presuntos métodos ilegales, ha justificado este martes en la Audiencia Nacional sus afirmaciones en una grabación incorporada al sumario en que fingía dentro de un papel de agente doble.

Ante el juez Pedraz, el brigada ha acusado a la mujer que le grabó de colaborar con la organización investigada y ha defendido que habló de colocación de balizas sin autorización judicial o interrogatorios a detenidos sin abogado porque estaba fingiendo para infiltrarse en el grupo de presuntos narcotraficantes, han informado a elDiario.es fuentes jurídicas.

El mando estaba destinado en el Grupo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid cuando el pasado abril mantuvo una cita con una mujer con la que había quedado dos veces antes. Durante el transcurso de la cita, S. B describe los métodos con los que trabaja su grupo y responsabiliza a su jefe, el teniente Abel Marín, de forzar detenciones sin motivación solo “para que suene”, en referencia a la relevancia mediática que adquieren sus operaciones.

Marín es el responsable de los atestados con los que la Guardia Civil intentó imputar con bulos y tergiversaciones varios delitos al delegado del Gobierno durante el primer estado de alarma por la epidemia del Covid y responsabilizar al Ejecutivo central de la expansión de la enfermedad por autorizar la marcha feminista del 8M. El brigada imputado también participó en aquella investigación, cuyos resultados fueron archivados por el juzgado con posterioridad.

La versión del brigada ya había sido trasladada al juez por el teniente Marín en un informe. Este martes, según las fuentes consultadas, el imputado ha mantenido que actuaba como agente doble porque sabía que la mujer era una enviada de la organización que investigaba. La grabación de esa cita acaba con ambos pidiendo una habitación de un hotel en la recepción y pagando con tarjeta.

La mujer dijo ante el juez que grabó al brigada porque había tenido antes problemas con hombres casados, para defenderse, y que fue después cuando supo que uno de sus amigos era objetivo del grupo del brigada y que le entregó la grabación entonces para que pudiera defenderse de esos métodos. “Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir el agente en un momento de la conversación.

El brigada ha contestado las preguntas del juez, del fiscal Antidroga y de su abogado, y se ha negado a responder a las defensas de los imputados en la Operación Águila-Frozen, sobre narcotráfico y blanqueo de capitales. Para intentar apuntalar su versión ha dicho que creyó que unas fotos íntimas que envió a su móvil la mujer eran un virus troyano y que se lo llevó a un informático para cerciorarse, sin detallar de quién es el profesional que lo atendió o dónde podía ser localizado.

Caso Cuarteles
El guardia civil habló en su cita con la mujer de varias de sus investigaciones y de su pasado en el Cuerpo. Entre otros asuntos aseguró que había estado destinado en Gestión Económica de la Dirección General, que maneja el patrimonio de la Guardia Civil, y que conocía la presunta corrupción en su seno que ha emergido con el caso Cuarteles, connvencia entre generales y un empresario también investigado en el caso Mediador. “Pillábamos pasta. Eso ha sido siempre así”, se le oye decir.  Ni el juez ni el fiscal han preguntado al investigado por este extremo, ajeno al procedimiento en el que se ha producido la declaración.

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El juez Pedraz le ha preguntado qué obtuvo de esa supuesta labor de infiltración, a lo que el brigada ha contestado con el hecho de que unos investigados por un delito de estafa comparecieran ante la Guardia Civil, un fleco menor que afecta a algunos investigados en la Audiencia Nacional pero en una que se sigue en un juzgado de Majadahonda.

El brigada S. B también ha dicho que mantuvo oculta su labor de infiltración a su propio jefe, el teniente Marín y que solo cuando en julio Economist & Jurist publicó la primera información sobre los supuestos métodos ilegales fue cuando se lo trasladó.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5778 en: 14 de Septiembre de 2023, 08:18:24 am »
Arranca el juicio contra los 14 acusados de agredir a guardias civiles durante la detención del criminal más buscado de Granada


El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada tiene fijado para este miércoles el inicio de la vista oral

https://www.granadahoy.com/granada/Arranca-juicio-acusados-agredir-guardias-civiles-detencion-criminal-Granada-video_0_1829217962.html

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5779 en: 15 de Septiembre de 2023, 07:58:14 am »
El guardia civil imputado, sobre “la mayor corrupción del PSOE” en Madrid: “No conocía ni el delito que le hemos metido”


El brigada imputado por presuntos métodos ilegales habla en una grabación de la detención de un empresario en el marco de una operación que el PP publicitó como una suerte de Gürtel del PSOE, que sigue estancada dos años después y que los socialistas siempre consideraron desproporcionada

San Martín Valdeiglesias / Operación Pantano
Pedro Águeda

14 de septiembre de 2023 22:04h
Actualizado el 15/09/2023 05:30h

El brigada de la Guardia Civil investigado en la Audiencia Nacional por presuntos métodos ilegales se jacta en una grabación de haber detenido a un empresario sin conocer bien el delito que le atribuye. El arresto se produjo en el marco de la Operación Pantano, un espectacular despliegue del equipo al que pertenecía el brigada, que sirvió al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para afirmar en 2021 que las detenciones, entre ellas la de la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, suponían “la punta del iceberg de la mayor trama de corrupción del PSOE en su historia”.

El arresto del empresario se produjo en una fase posterior de la operación, en la primavera pasada, antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Según relata en la grabación el brigada, él mismo citó al empresario en dependencias de la Guardia Civil, le recomendó que le acompañara un abogado y, una vez se presentó, procedió a detenerle. Como él mismo reconoce en el audio, el brigada llegó a decirle que si hubiera aparecido “con un par de botellas de vino” de su bodega todo se podría haber arreglado.

El detenido aquel día es Fernando Cornejo, un empresario y abogado con más de cuatro décadas de ejercicio y copresidente de la fundación que gestiona el castillo de San Martín de Valdeiglesias. “No conocía ni el delito que le hemos metido”, dice el brigada en la grabación, realizada poco después del arresto de Cornejo. Luego le dice a la mujer, autora de la grabación, que el delito consiste en haberse lucrado con eventos privados en el castillo de titularidad semipública.

El entorno de Cornejo explica a elDiario.es que, cuatro meses después, el juzgado de Navalcarnero que investiga la Operación Pantano todavía no le ha citado a declarar. Ni siquiera están seguros de que esté investigado y que la fundación que preside figura como personada en la causa como perjudicada. Añaden que el castillo siempre ha pertenecido a la familia de Cornejo y que éste le regaló la mitad al Ayuntamiento. Asimismo niegan taxativamente que Cornejo obtenga un solo euro de los eventos que se realizan en el castillo y confirman el comentario de las botellas de vino: “Estaban como de vacile”.

El PSOE madrileño siempre sospechó de la operación en San Martín de Valdeiglesias por su desproporción. El Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid detuvo a 17 personas por los delitos de prevaricación y malversación, incluida la entonces alcaldesa, la socialista María de la Luz Lastras. Los arrestos se produjeron dos años después de que la entonces jefa de la oposición, la popular Mercedes Zarzalejos, hubiera denunciado los hechos ante la Fiscalía. Con posterioridad, el equipo del brigada imputado amplió las acusaciones de sus atestados a cohecho y blanqueo.

El amplio despliegue del 15 de diciembre de 2021 –los vecinos recuerdan una unidad móvil de Telemadrid antes de que comenzara– incluyó la entrada en dependencias municipales en busca de información cuando era la entonces alcaldesa quien había puesto la denuncia y tenía acceso a toda la documentación. “Bastaba con habérsela requerido”, dicen fuentes socialistas respecto del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil.

Uno de los detenidos aquel día explica a este medio que él nunca ha tenido constancia de un auto judicial de detención, que fue conducido a las dependencias de Guardia Civil en Tres Cantos, donde pasó la noche, y que no fue puesto a disposición judicial después. Más de la mitad de los arrestados aquel día ya no figuran como investigados, según fuentes del caso.

Los atestados de la Guardia Civil hablan de contratos fraccionados a dedo a pequeños proveedores. En el PSOE lo justifican en que los empresarios de la zona son siempre los mismos y que es normal que haya alguna relación de parentesco con el equipo de gobierno.

Otro caso de presunta corrupción en la Comunidad de Madrid marca un método policial distinto. La exalcaldesa de Arroyomolinos, actual 'número tres' del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está imputada por una actuación similar a la de San Martín pero en su caso con la gravedad de que se habría enriquecido con la adjudicación a un empresario de la Operación Púnica. Nunca fue detenida. Se negó a prestar declaración en sede de la Guardia Civil y en su momento fue llamada por el juzgado como imputada.

El sello del brigada

Las diligencias de la Operación Pantano llevan la firma, como instructor, del brigada sorprendido por la grabación. Cuando era sargento, S. B también participó en la elaboración de los atestados que pretendían atribuir al Gobierno de Pedro Sánchez de la expansión de la COVID-19, por haber autorizado la marcha feminista del 8 de marzo de 2020. Aquellos atestados estaban repletos de sesgo ideológico, bulos y tergiversaciones de datos, tal y como publicó elDiario.es.

Al frente de ambas investigaciones, la del 8M y la operación Pantano, está el teniente Abel Marín Seoane, que sigue a día de hoy al frente del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Ninguna de estas actuaciones ha motivado una investigación interna. Solo el brigada, al que se ha abierto una información reservada, ha sido apartado del Equipo y enviado a un puesto burocrático. En la grabación, el brigada dice de Marín Seoane: “Mi jefe es buen chaval, pero siempre solo quiere que suene”. Se refería a la repercusión mediática que pretende el jefe de Delitos Económicos.