Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 822278 veces)

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6000 en: 18 de Septiembre de 2024, 06:37:09 am »
El comandante de la Guardia Civil niega responsabilidad en el amaño de contratos


La interventora ratifica su informe y declara ante la jueza de Instrucción 6 que reaccionó al detectar supuestas irregularidades


Pilar Cobos
CÓRDOBA 17 SEPT 2024 20:00

La causa abierta para esclarecer el presunto amaño de contratos de obras en la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba continúa dando pasos en la fase de instrucción con la declaración, este martes, del comandante investigado. Este individuo es el superior del sargento también investigado por la presunta comisión de los delitos de cohecho, malversación y prevaricación en el manejo de dos millones de euros entre los años 2020 y 2023.

Fuentes cercanas al procedimiento afirman que el comandante ha rechazado, en su declaración ante la jueza titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, cualquier responsabilidad en los contratos que se realizaban para acometer obras en los cuarteles del Instituto armado.

Esta persona ha respondido a las preguntas de la jueza, del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de su propio abogado, pero no así a las formuladas por la acusación ejercida por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Las fuentes consultadas señalan que este comandante ha explicado que no tenía capacidad de decisión sobre los contratos, que eran gestionados por el sargento investigado y firmados por el coronel, mientras que él se limitaba a valorar la ejecución del servicio o la obra contratados. 

Además, en la jornada de este martes también ha prestado declaración una interventora, que se ha ratificado en el informe elaborado y ha expuesto que ella reaccionó, fiscalizando, al observar supuestas irregularidades. De hecho, las fuentes consultadas apuntan que las presuntas irregularidades que ahora se investigan fueron denunciadas por un sargento de la Guardia Civil.

Guardias civiles y empresarios
Hay que recordar que, en total, este procedimiento tiene nueve personas investigadas. Así, junto al papel de los dos guardias civiles referidos, Instrucción número 6 trata de esclarecer la participación que podrían tener en estos hechos siete empresarios.   

En concreto, según detallan fuentes próximas a la causa, se está investigando si existieron sobrecostes y fraccionamientos de contratos, o si se llegaron a abonar servicios no realizados. De los dos millones de euros referidos, más de medio millón corresponde a contratos menores (de cuantías inferiores a 40.000 euros) y el resto, a anticipos de caja, un concepto que alude a los bienes y suministros excepcionales.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, una vía de lucro podría haber sido, supuestamente, los patrocinios realizados por empresas a la asociación ornitológica presidida por el sargento. Tres grupos de empresas habrían logrado en torno al 60% de los contratos que se firmaron esos años.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6001 en: 18 de Septiembre de 2024, 17:45:33 pm »
Gente de bien....

https://www.diario.red/articulo/actualidad/operacion-baul-trama-prostitucion-menores-murcia-famoso-empresario-subteniente-guardia-civil-que-van-librar-carcel/20240916122221035419.html?s=08


Por su parte, uno de los implicados más mayores, de 82 años, –ahora de 92–, llamado Antonio Morales Nicolás, que ostentaba el cargo de subteniente de la Guardia Civil antes de jubilarse y al que le apodaban “El Capitán”, no sólo solicitaba específicamente menores sino que, en uno de los casos con una menor que le comunicó a su captadora Manuela “la francesa” que era virgen, este hombre intentó penetrarla a la fuerza mientras ella se negaba, por lo que también se le imputó un delito de agresiones sexuales. Sin embargo, este guardia civil tampoco pisó la prisión ni como medida cautelar. Ahora, diez años más tarde, también se librará de pisarla si se hace efectiva la suspensión de la pena privativa de libertad.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6002 en: 18 de Septiembre de 2024, 21:36:15 pm »
Para este ni el honor era su principal divisa ni aprendió en la Academia lo de benemérito Instituto. . . el hábito no hace al monje, pero es que además se ha aprovechado del hábito para cometer los más detestables de los delitos. . .

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6003 en: 19 de Septiembre de 2024, 14:15:16 pm »


Llega el juicio por la brutal agresión a cuatro guardias civiles en Valmojado hace un año


Rompieron dos dientes y una mandíbula a un agente, además de fracturar a otra dos falanges de una mano, arrancar una uña a un tercero y propinar algún mordisco
La Fiscalía pedirá este miércoles en la vista oral entre dos y seis años de prisión para los seis acusados
La calma chicha de los policías de Talavera de la Reina tras meses de «infierno» con tres delincuentes «muy malos»

Vídeo de la agresión ABC
Manuel Moreno

Toledo


15/09/2024
Actualizado 16/09/2024 a las 12:11h.

Un vídeo grabado en el pueblo toledano de Valmojado la mañana del 9 de septiembre del pasado año, sábado, se hizo viral por la brutal agresión en la calle a cuatro guardias civiles, tres hombres y una mujer, por parte de un violento grupo de individuos. Estos sujetos llegaron a
romper dos dientes y una mandíbula a un agente, además de fracturar a otro dos falanges de una mano, arrancar una uña a un tercero y propinar algún mordisco
, según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación.


Un año después, los presuntos autores de los hechos -cinco españoles y un ecuatoriano- serán juzgados este miércoles en la Audiencia Provincial de Toledo. Allí, el Ministerio Público pedirá entre dos y seis años de prisión para los procesados, cuatro de ellos en prisión por esta causa.

Sobre las nueve y diez de esa mañana sabatina, una trabajadora de un hostal con bar y restaurante en la plaza de la Cañada avisó a la Guardia Civil: varias personas armaban escándalo y molestaban a otros clientes. Poco después, se personaron dos uniformados, que trataron de identificar a dos individuos que habrían estado importunando.

En esos momentos, según el relato de la Fiscalía, uno de los encartados les dijo que estaban siendo grabados y les amenazó con que se les iba a caer el pelo, además de llamarles cabrones y racistas. Los guardias solicitaron entonces que se identificara, pero se negó y respondió que lo hicieran ellos. Seguidamente, un grupo de personas rodeó a los agentes, a los que echaron del establecimiento escaleras abajo.


Los uniformados pidieron refuerzos y acudieron dos compañeros, que también fueron acorralados y obligados a retroceder hasta la rotonda de la plaza mientras alguna persona, como se ve en el vídeo, trataba de mediar. Entonces, uno de los inculpados «lanzó un puñetazo» a un agente, quien logró esquivarlo, pero otro uniformado recibió un puñetazo en la parte izquierda de su cara.

Dos guardias procedieron a detenerlo mientras sus compañeros los protegían. Sin embargo, otro sujeto quitó el equipo de transmisiones y la defensa extensible a uno de ellos, que logró recuperarlo inmediatamente, aunque sufrió varios golpes y hasta un mordisco en la mano izquierda por parte de otros tres acusados.

En esta espiral de violencia contra los agentes de la autoridad, uno de estos agresores también agarró, golpeó y retorció los dedos a la guardia civil, quien sufrió la fractura de la cuarta y quinta falange de metacarpo de su mano izquierda. Para su recuperación, necesitó de escayola y férula, así como 45 días de curación. Le ha quedado una limitación en la movilidad de la mano.

A un compañero le arrancaron una uña de la mano derecha, además de hematomas en su mano izquierda. Otro sufrió contusiones en la región dorsal y un cuarto recibió la peor parte: le rompieron dos dientes y la mandíbula izquierda.

Cuatro de los procesados están en prisión, por lo que acudirán a la Audiencia de Toledo esposados y en un furgón de la Guardia Civil.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6004 en: 19 de Septiembre de 2024, 14:16:30 pm »
Acuerdo.

https://www.google.com/amp/s/www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/acuerdo-rebaja-penas-seis-procesados-agresion-guardias-20240918141836-nt_amp.html


Acuerdo y rebaja de las penas para los seis procesados por la agresión a 4 guardias civiles en Valmojado
Los acusados, para los que se pedía entre seis y dos años de cárcel, aceptan entre cuatro años y tres meses de prisión, además del pago de indemnizaciones. La Fiscalía no se opone a la suspensión de las penas

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6005 en: 23 de Septiembre de 2024, 11:53:57 am »

El policía de Sanlúcar acusado de revelar posibles corruptelas apela a la libertad de expresión


El agente, representante sindical, publicó dos artículos donde manifestaba que una embarcación y una moto destinadas a la lucha contra el narcotráfico estaban siendo utilizadas por algunos de sus compañeros para su uso y disfrute personal

Los policías que se vieron señalados y la Fiscalía lo llevan a juicio
La Fiscalía pide cinco años de prisión para un policía nacional acusado de revelación de secretos

Comisaría de Policía Nacional de Sanlúcar
Julia Alarcón - Redactor
23 de septiembre 2024 - 07:00

Cádiz/La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá el próximo 24 de septiembre un juicio a un policía nacional de Sanlúcar, ya jubilado, acusado de un delito de revelación de secretos. La Fiscalía pide una condena de cinco años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de seis años. 

El Ministerio Fiscal sostiene que el agente, delegado del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en la Comisaría de Sanlúcar, publicó en 2015 dos artículos en medios digitales de idéntico contenido, titulados Corrupción o decencia policial, donde manifestaba que algunos de sus compañeros utilizaban una barca y una motocicleta intervenidas en un operativo policial para su use y disfrute personal, cuando el destino de ambos vehículos era la lucha contra el narcotráfico. Según la acusación pública, la revelación de esta información en sendos artículos -que incluían las características identificativas tanto de la embarcación como de la moto- impidió que pudieran seguir siendo utilizadas en diligencias de investigación por cuanto ya podían ser reconocidas.

Libertad sindical
Pues bien, el policía encausado rechaza el relato de los hechos del fiscal y de la acusación particular -ejercida por los miembros del cuerpo que se vieron señalados- al considerar su versión "parcial, incompleta, subjetiva y ajena a lo acontencido". Tal y como recoge el escrito de defensa, al que ha tenido acceso este medio, el agente explica que la nota de prensa que publicó "ponía en conocimiento de la opinión pública que una embarcación era utilizada con fines de recreo y disfrute de algunos policías nacionales", lo que se correspondía "con unas fotografías que le dejaron en su taquilla de la Comisaría de forma anónima para que, como representante sindical, denunciara esta irregularidad". En esas fotografías, expone el escrito de defensa, se aprecia la barca objeto de polémica y, en ella, a varias personas, algunos funcionarios de la Policía y otro no, e incluso menores, utilizándola "para actividades que distan de ser un operativo policial".

El agente acusado afirma que antes de informar a la opinión pública sobre estos hechos, los puso en conocimiento del jefe de la Comisaría y "ante su inactividad", elevó la queja a la Dirección General de la Policía, que emitió un informe el 29 de septiembre de 2015 donde certificaba que "al menos en dos ocasiones la embarcación se utilizó para fines particulares", asegura el procesado.

Sobre su denuncia por el uso personal que un funcionario de la Comisaría local hizo de la motocicleta, el policía encausado asevera que "nada expresa su nota de prensa más allá de un cúmulo de interrogantes" y añade que los únicos datos identificativos que ofrece son la marca Yamaha, "de la que hay cientos de motos", y la matrícula oficial, que no coincide con la placa que llevaba, pues se cambió para su uso.

"La libertad sindical proclamada en el artículo 28.1 de la Constitución comprende el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos, entre otros, la utilización de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información", prosigue el esrito de defensa.

Por último, las acusaciones sostienen que el agente procesado difundió un atestado policial a través de un correo electrónico el 23 de enero de 2015 que llegó a distintos destinatarios, algunos compañeros de profesión y otros no, un extremo éste que el encausado niega. Asevera pues que nunca tuvo acceso a ese atestado, sino que le fue remitido a él desde la dirección electrónica del grupo UDEV, y que su respuesta iba dirigida al funcionario que se lo rebotó, al que le hizo el siguiente comentario jocoso: "Dos cojones, compañero. El juez no tendrá ninguna duda, jaja, la verdad es la verdad, qué grande eres".

Desde el Sindicato Unificado de la Policía muestran su apoyo al agente. "Este compañero cumplió con el deber ético y legal al que está obligado como policía y a su vez como representante sindical". Además, han acusado a la Dirección General de la Policía Nacional de ignorar las denuncias del procesado para ocultar un supuesto hecho escandaloso.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6006 en: 26 de Septiembre de 2024, 19:56:41 pm »

Al banquillo un guardia civil por estafar 99.000 euros a la viuda de un compañero


El encausado sabía que la víctima había sido indemnizada por la muerte en acto de servicio de su esposo y comenzó una relación con ella
El Norte

Jueves, 26 de septiembre 2024, 13:06

Fiscalía de Valladolid solicita cuatro años de prisión para un guardia civil que comenzó una relación sentimental con la viuda de un compañero fallecido en acto de servicio a la que estafó presuntamente 99.000 euros sabedor de que había recibido la correspondiente indemnización por dicho óbito.

El encausado, P.A.R.P, se sentará el próximo día 3 de octubre en el banquillo de la Audiencia Provincial donde la acusación pública acude con la referida pena privativa de libertad por un delito de estafa en cuantía superior a 50.000 euros y con abuso de relaciones personales con la víctima, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por igual tiempo, multa por tiempo de 9 meses con cuota diaria de diez euros, y responsabilidad personal subsidiaria.

Además, deberá indemnizar a la víctima con la cantidad de 99.000 euros cantidad que devengará el interés establecido en la ley de enjuiciamiento civil hasta su completo pago, según informan a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos investigados se remontan a marzo de 2021 cuando el guardia civil, que conocía que la mujer había sido indemnizada por el fallecimiento de su esposo en acto de servicio, comenzó a enviar mensajes de WhatsApp a la víctima recordando su relación de la niñez y profundizando en cuestiones amorosas.

El acusado comenzó a aprovecharse de esa relación de amistad y de la relación amorosa entendida por la viuda del guardia civil para solicitar a la denunciante diversas cantidades de dinero con pretextos, si bien siempre decía que no le iba a pedir más y prometiendo que se lo iba a devolver, señalan las mismas fuentes.

Y aunque sí devolvió una cantidad inicial, el denunciado comenzó a pedir más dinero utilizando excusas como su deseo de morir o suicidarse por deudas con prestamistas heredada por una relación amorosa anterior y la necesidad de rescatar un vehículo que se llevó su expareja.

El acusado consiguió con sus peticiones y con constantes llamadas de teléfono y mensajes de WhatsApp, que la víctima le diera hasta 99.000 euros en diferentes cantidades que realizó a través de transferencias bancarias.

Para la acusación pública, la intención del acusado era lucrarse y aprovecharse de la relación sentimental que mantenía con la víctima, y la ilusión de esta por mantener una vida en común.

Así consiguió que la mujer le fuera dando dinero, ganándose su confianza al devolverle «premeditadamente» 8.000 euros que previamente le había prestado «a fin de incrementar la credibilidad de ella» de que le devolvería el dinero que le iba prestando.

Para la Fiscalía, el acusado nunca pensó en devolver esas cantidades y precisa que el dinero que le iba ingresando la víctima en las cuentas las extraía inmediatamente después en un cajero para su beneficio.

Ayuda psicológica


En el relato de los hechos, la acusación pública señala que el encausado pedía dinero, en un principio, para hacer transferencias a su hija; luego alegó que tenía que realizar un pago a una inmobiliaria; posteriormente que tenía que traer un vehículo desde Rumanía y necesitaba dinero para pagar la grúa o que debía repararlo.

También le habló a la víctima de que había sido embargada la cantidad que le habían remitido, o que quería cancelar unos préstamos de Carrefour que tenían un interés muy alto. «Excusas todas ellas que se han demostrado inciertas y que solamente tenían como objetivo recibir una gran cantidad de dinero».

A raíz de todos estos hechos, la víctima se encuentra en tratamiento psicológico.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6007 en: 27 de Septiembre de 2024, 07:45:33 am »
Mónica Oltra irá a juicio: el juez rechaza los recursos y la imputa por presunto encubrimiento de abusos


El magistrado desoye cinco recursos presentados por las defensas y explica, como la Fiscalía, que sobreseer era "un imposible procesal".

26 septiembre, 2024 22:05
Dani Valero  Juan Nieto

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado un auto en el que rechaza cinco recursos presentados por las defensas y confirma el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat y líder de Compromís, Mónica Oltra, y otros ex altos cargos de ese departamento.

Se les acusa del presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de Oltra, que era educador social en el centro de la víctima.

Así lo ha acordado el juez en un auto emitido este jueves recogido por Europa Press. El magistrado, en su escrito, hace suyo el razonamiento del ministerio fiscal.

Este último, en su informe, concluía que, al haber sido todos los ahora procesados "investigados por su participación, mayor o menor, de una u otra manera, en los dos episodios en los que la Audiencia sostiene la existencia de indicios de criminalidad justificadores del ulterior curso de la causa, lo pretendido por los recurrentes -una repetición del sobreseimiento ya acordado y revocado- aparece como un imposible procesal".

La decisión es la que se esperaba. Como viene informando este periódico, la reapertura del caso contra Oltra y otras 15 personas por la desatención administrativa que sufrió la víctima de abusos sexuales de su exmarido solo tenía un final posible: el juicio oral. Así lo advirtió el propio auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que avanzó que "debe ser el acto del juicio oral donde se dilucide".

Tras dicha resolución, el único escenario que libraría a la exvicepresidenta valenciana de sentarse en el banquillo era la retirada de todas las acusaciones, y la representación de la víctima de los abusos sexuales, así como las acusaciones particulares, mantuvieron sus acusaciones.

Ante el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia, el juez Vicente Ríos, según explicaron a EL ESPAÑOL las fuentes judiciales consultadas, tenía poca maniobra y "por imperativo legal", tal y como él mismo reseñó en su auto, debía de continuar el procedimiento y dictar auto de procesamiento.

La Audiencia estimó parcialmente los recursos de las tres acusaciones porque entendió que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal y que, en consecuencia, concurren indicios suficientes para encausar a los investigados.

La decisión de reabrir el caso se produjo contra el criterio de la Fiscalía, que apoyó la decisión del juez Ríos de archivar la causa abierta contra la líder de Compromís por el supuesto ocultamiento del caso de abusos sexuales a la menor por parte de Luis Eduardo Ramírez Icardi, que cumple 5 años de prisión por estos hechos.

El pasado mes de mayo, la Fiscalía rectificó su criterio inicial y rechazó los recursos presentados por las acusaciones contra el cierre del caso acordado por el juzgado. El posicionamiento de la Fiscalía y del juez apuntaba a un posible archivo definitivo, por el que Oltra dimitió de todos sus cargos en junio de 2022, y Compromís planteó su retorno a la primera línea.

Las acusaciones
Los abusos sexuales a la menor se cometieron cuando la líder de Compromís era la máxima responsable de Igualdad, la conselleria responsable de los menores tutelados. La niña acusó a Oltra de ocultar su caso después de que el líder de la formación de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, se ofreciera a defenderla.

La Fiscalía pidió en 2022 la impuestación de Oltra por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de socorro. Pero en el último informe aportado al juzgado a principios de mayo, el Ministerio Público no observó indicios de criminalidad en ninguno de los investigados.

El juez Ríos, quien en 2022 también solicitó la imputación de Oltra al considerar inevitable su interrogatorio en sede judicial por estos hechos, acordó el pasado 2 de abril el sobreseimiento provisional del caso.

Pero la Audiencia empujó después al juez a iniciar el proceso que finalmente llevará a juicio a Oltra pese a su oposición. Se trata de una situación más o menos habitual en los juzgados y que también se ha dado en otros procedimientos con un enorme impacto mediático.

Fue, por ejemplo, el caso de la tragedia del metro de Valencia, en la que 43 personas murieron y otras 47 resultaron heridas. La juez Nieves Molina archivó el caso y, contra su criterio, la Audiencia de Valencia ordenó su reapertura y llevarlo a juicio.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6008 en: 27 de Septiembre de 2024, 11:42:39 am »
Otro Juez que quiere ganar puntos con el PP?

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6009 en: 27 de Septiembre de 2024, 12:04:17 pm »

El juicio contra un guardia civil de Almadén, el 4 de octubre


M. E: - viernes, 27 de septiembre de 2024
Tras quedar aplazada la vista el pasado mes de marzo, el agente responderá ante la justicia acusado de hacer favores a cambio de regalos, por lo que se enfrenta a 15 años de cárcel

El juicio contra el agente de la guardia civil de Almadén acusado de delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental por hacer favores a cambio de regalos, ya tiene nueva fecha de celebración, después de que en el pasado mes de mayo quedara aplazado por un problema técnico a la hora de conformar los componentes del jurado popular. El inicio de la vista está señalada, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, para el próximo 4 de octubre y tiene previsto extenderse durante una semana, hasta el viernes 11.

El principal acusado es un agente de la Guardia Civil destinado en Almadén desde 1987, de iniciales J. L. G. L. G. Se enfrenta a una petición de 15 años y medio de prisión, según solicita la Fiscalía. Está implicado en la denominada operación 'Cinabrio', junto a cinco personas más, una de ellas un cuñado, para los cuales se piden penas de entre dos y cuatro años de cárcel.


Los hechos que se van a juzgar se remontan al año 2021, destapados en una llamativa operación de la Guardia Civil que revolucionó la vida de esta localidad. Hubo 11 detenidos, entre ellos seis agentes destinados en puestos de Seguridad Ciudadana de Almadén y su comarca, así como uno en el Destacamento de Tráfico de Puertollano. Finalmente, solo uno de los agentes se sentará en el banquillo de los acusados.
Según relata el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el guardia civil, suspendido de empleo desde 2021, se dedicaba a facilitar favores a conocidos y a algún familiar a cambio de regalos. Así, presuntamente, desde el Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana (SIGO), pasó información para la venta de un vehículo a su cuñado, también imputado, y a cambio de la invitación a una montería; facilitó información a un dueño de un bar sobre los antecedentes de una persona que quería contratar a cambio de un jamón; y redactó un escrito de alegaciones a favor del hijo de otro acusado contra un expediente sancionador para conseguir el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, a cambio, esta vez, «de un buen guarrillo», según recoge el escrito de acusación. Además, se le acusa de intermediar para quitar la denuncia a un empleado de otro de los imputados por conducción temeraria de un quad a cambio de que le instalasen, gratis, una pantalla en su coche, como la que le habían colocado a él, al agente que le había denunciado; y habría a redactado una declaración jurada firmada para otro acusado a cuenta de una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento sabiendo de su «contenido falsario», según la acusación.


En total, la Fiscalía solicita penas para todos los implicados que suman 39 años y medio de cárcel por la comisión de ocho delitos de cohecho, dos más de inducción al delito de revelación de secretos, otros dos de descubrimiento y revelación de secretos y dos de falsedad documental.
La clave de la operación 'Cinabrio' fueron los pinchazos telefónicos: casi una veintena de intervenciones que realizó la propia Guardia Civil en la investigación interna y que aparecen ahora en el escrito provisional de acusación, con significativas frases como «ya dejé solucionado eso», «no digas nada de que yo estoy haciendo nada», o un «hoy por ti, mañana por mí». 

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6010 en: 28 de Septiembre de 2024, 04:29:03 am »
Piden cárcel para un policía por falsificar datos y así multar al supuesto amante de su expareja


El acusado pretendió acusar a la víctima de un delito que no había cometido

27/09/2024
Actualizado a las 12:10h.

La Fiscalía de Madrid solicita 42 meses de prisión para un agente de movilidad de Madrid que pasó los datos del vehículo de una persona que creía mantenía una relación sentimental con su expareja para que le multaran.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de falsedad en documento oficial. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.


Según se desprende del escrito de acusación, el 27 de noviembre de 2022, sobre las 19:30 horas, R. S. G., agente de movilidad de Madrid, se encontraba ejerciendo sus funciones de regulación del tráfico en la Plaza de la Independencia en compañía de J. G, F., también agente de movilidad.

En un momento dado, J. G. F. observó cómo un conductor que circulaba haciendo uso de un teléfono móvil se saltó un semáforo en fase roja, por lo que solicitó al acusado que le facilitara los datos del vehículo, dado que por la rapidez a la que se habían producido los hechos no había sido capaz de anotarla en su dispositivo PDA para tramitar la oportuna denuncia.

Entonces, R. S. G. facilitó a su compañero los datos de marca, modelo y matrícula del coche de otra persona «de quien creía que mantenía una relación sentimental con la que había sido su pareja», motivo por el cual J. G. F. A. formuló sendas denuncias por las infracciones de tráfico observadas «haciendo constar los anteriores datos».

Las anteriores denuncias han dado lugar a los correspondientes expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Madrid, habiendo recurrido la persona afectada las sanciones que le fueron impuestas.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6011 en: 28 de Septiembre de 2024, 12:46:44 pm »
Pues mal asunto mezclar el trabajo con un ataque de cuernos. . .

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6012 en: 30 de Septiembre de 2024, 15:38:35 pm »


El Supremo aboca a prisión a un coronel de la Guardia Civil al confirmar su condena de siete años por narcotráfico


La Audiencia de Granada condenó a García Santaella después de haberle absuelto en un primer momento con un argumento que resultó “sonrojante” para el Tribunal Supremo, que ahora confirma el segundo fallo condenatorio





Pedro Águeda

30 de septiembre de 2024 12:21h
Actualizado el 30/09/2024 14:51h
6

SEGUIR AL AUTOR/A
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella contra la condena a siete años por los delitos de tráfico de drogas y cohecho que le impuso la Audiencia Provincial de Granada. García Santaella estaba destinado en la Dirección General del instituto armado cuando elDiario.es desveló en abril de 2015 que el coronel estaba siendo investigado en secreto por un juzgado de Granada, lo que provocó su inmediata destitución.

El Supremo anula y ve "sonrojante" la absolución a un coronel de la Guardia Civil por narcotráfico a gran escala

La Audiencia Provincial de Granada condenó en enero de 2022 al coronel de la Guardia Civil Francisco García Santaella a siete años y dos meses de cárcel por los delitos de tráfico de drogas y cohecho. Los mismos jueces habían absuelto al alto mando de la Guardia Civil, pero el Tribunal Supremo les obligó a redactar del nuevo fallo al considerar que el dictado en primera instancia producía “cierto sonrojo”. Una vez volvió el caso a Granada y su Audiencia Provincial le condenó, el guardia civil volvió a recurrir ante el Supremo, que ahora confirma la condena a más de siete años de cárcel.

La condena asciende a 7 años de prisión. Son cinco años por un delito contra la salud pública de sustancia que no causa grave daño a la salud, y multa de seis millones de euros, y otros dos años y tres meses por un delito de cohecho, así como una multa adicional de 120.000 euros. La Audiencia Provincial de Granada debe dictar ahora el ingreso en prisión de García Santaella, a lo que podrán presentar sus alegaciones las partes personadas. Con una pena de cárcel superior a los cinco años solo que el condenado padeciera una grave enfermedad le puede librar de la prisión.

La condena se produce por colaborar en la introducción de droga en el mercado ilícito con otras personas que la desembarcaban en las playas de la costa granadina como entregas controladas. Además, como contraprestación por su colaboración en la realización de los mencionados alijos, descritos en los apartados tercero y quinto de la relación de hechos probados de la sentencia, él recibió de uno de los partícipes en los operativos una cantidad de dinero que consta en los hechos probados por esta colaboración.

García Santaella estaba acusado de haber permitido la introducción de un alijo de hachís en la costa de Granada cuando era responsable del grupo antidroga de la Comandancia, con el rango de comandante, a cambio de recibir 360.000 euros, durante los años 2005 y 2006. Tras más de treinta años en el objetivo del Servicio de Asuntos Internos, los agentes encontraron pruebas de la implicación del alto mando en el narcotráfico. Al ser imputado, el coronel estaba destinado en la Dirección General de la Guardia Civil y tenía despacho a escasos metros del entonces director, Arsenio Fernández de Mesa.

El Tribunal Supremo considera probado que hubo un acuerdo y pacto del condenado con dos personas para llevar a cabo fases de entrada de droga por la costa, en concreto de hachís en cantidades importantes, declarando probadas igualmente dos entradas de droga sin detenidos, todo ello para el favorecimiento del tráfico de drogas. Como consecuencia de tal pacto se estimó acreditado que se produjeron dos desembarcos de droga. La droga fue considerada en cantidad de extrema gravedad

Tuvieron que ser agentes Antidroga de la comandancia quienes, en unas escuchas en el marco de una investigación por narcotráfico, apreciaron unos comentarios de los 'narcos' sobre un tal “Padre”, con el que habrían trabajado en el pasado. Cuando llegó el momento de detener a los narcos averiguaron que “Padre” había sido el jefe Antidroga de la Comandancia.  El coronel Santaella está en estos momentos retirado. Fue apartado de su destino cuando fue imputado.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6013 en: 02 de Octubre de 2024, 11:15:57 am »

Piden 15 años y medio para un guardia civil de Almadén acusado de hacer favores a cambio de regalos



- EUROPA PRESS - ARCHIVO
Europa Press Castilla-La Mancha
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CIUDAD REAL, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular juzgará a partir del próximo viernes, 4 de octubre, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a J.L.G.L., un agente de la Guardia Civil de Almadén, para el que la Fiscalía pide una pena de 15 años y seis meses de prisión por los delitos de cohecho, revelación de secretos y falsedad documental.


El guardia se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial junto a su cuñado y otros cuatro particulares más, que se enfrentan a penas de entre seis y dos años de prisión, por estar relacionados con "favores" que les hacía el agente de la Benemérita a cambio de "pequeños regalos".

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Los seis acusados que desde este viernes se sentarán en el banquillo fueron detenidos en noviembre de 2021, en el marco de la operación 'Cinabrio', junto a otras once personas, seis de ellas guardias civiles del puesto de Almadén, aunque solo uno de ellos, J.L.G.L., irá un juicio que debería de haberse celebrado el pasado mes de mayo, pero fue suspendido tras no haberse alcanzado el mínimo de candidatos para elegir al Tribunal del Jurado.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el guardia civil acusado recibía regalos a cambio de favores relacionados con su puesto de trabajo.

Entre estos favores, se encuentra el acceso al Sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil para comprobar los datos de una matrícula de un vehículo. A cambio, el guardia fue invitado a una montería de jabalíes.

También se le acusa de hacer un pliego de descargo en una denuncia por conducción temeraria al conductor de un quad, además de haber accedido al Sistema SIGO para decirle al propietario de un establecimiento hostelero que el camarero que tenía pensado contratar carecía de antecedentes penales. Favores por los que recibió un jamón y fue invitado a comer un "guarrillo", según las conversaciones telefónicas que el acusado tuvo y que habían sido interceptadas por agentes de asuntos internos de la Guardia Civil.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para el guardia civil acusado una pena de seis años de prisión por un delito continuado de cohecho; cinco años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, y cuatro años y seis meses más por un delito de falsedad documental.

La Fiscalía solicita también para el cuñado del guardia seis años y medio de prisión por un delito de cohecho y por otro de inducción al delito de descubrimiento y revelación de secretos. Al resto de acusados se les imputan delitos de cohecho y de falsedad documental.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6014 en: 03 de Octubre de 2024, 06:58:42 am »
Suspendido el juicio de Óscar Puente contra dos jóvenes que le insultaron tras el perdón otorgado por el político


Historia de Europa Press • 14 h • 1 minutos de lectura

VALLADOLID, 2 (EUROPA PRESS)
La vista oral del juicio por injurias estaba previsto para las 09.10 horas de este jueves, si bien el mismo no se llevará a término debido a que el político ha otorgado el perdón a los acusados, "prerrogativa que tiene el ofendido y que conlleva la extinción de la acción penal contra los denunciados", tal y como han explicado a Europa Press fuentes de la representación legal del denunciante.

Los hechos se produjeron el día 17 de julio del pasado año, un domingo, cuando sobre las 16.45 horas el entonces alcalde de Valladolid y su pareja pasaron cerca de la terraza de una cervecería sita en la calle Paraíso y, presuntamente, recibieron todo tipo de improperios de los dos denunciados, D.R.G. y J.A.M.F, que se encontraban allí sentados.

Ambos jóvenes, sin embargo, negaron la autoría de los insultos y apuntaron que los mismos procedieron de otras personas que se encontraban en ese momento en la terraza de la cervecería.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6015 en: 03 de Octubre de 2024, 16:00:54 pm »



Rebajan la petición al guardia civil acusado de estafar a la viuda de un compañero


El fiscal reduce a tres meses la privación de libertad y el pago de una multa de 300 euros


El Norte

Valladolid


Jueves, 3 de octubre 2024, 12:22

Menos de media hora ha durado este jueves en la Audiencia de Valladolid el juicio celebrado contra el guardia civil P. A. R. P., acusado de engatusar a la viuda de un compañero muerto en acto de servicio para que con distintas excusas le prestara un total de 96.000 euros, cantidad que ha devuelto hace unos días, casi cuatro años después, y que ha llevado a la denunciante a retirarse de la causa.

El abono materializado con carácter previo al juicio, además de traducirse en la presentación de ese escrito de renuncia a acciones penales y civiles por parte de la acusación particular, es el que ha llevado también al fiscal del caso a rebajar en dos grados la petición de pena para el guardia civil, que antes era de cuatro años de cárcel por delito de estafa y ahora ha quedado reducida a tres meses de privación de libertad y al pago de una multa de 300 euros por el mismo delito pero al que aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño.



El breve juicio ni siquiera ha contacto con la declaración del encausado, quien se ha acogido a su derecho de guardar silencio tan solo roto para declararse inocente, con lo que el tribunal ha contado únicamente con el testimonio de la supuesta víctima, R. G., quien ha explicado que en el contexto de la relación de amistad que tenía con el acusado le prestó distintas cantidades desde marzo de 2021, hasta un total de 96.000 euros, si bien terminó por denunciarle al considerarlas «abusivas» y comprobar que le daba largas y no le devolvió ni un euro.


«Decía que necesitaba el dinero porque tenía problemas económicos», ha indicado R. G., quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que en su día estaba convencida de que estaba siendo engañada y ahora tiene «muchas lagunas» y no está tan segura de ello, de ahí su decisión de apartarse de la causa tras, y no menos importante, alcanzar un acuerdo privado con el agente para que le devolviera euro por euro.

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«Sumido en la ruina total»
En su informe, el fiscal del caso, tras la modificación a la baja de las peticiones de pena y multa, considera probado que la intención del acusado era lucrarse y aprovecharse de la relación que mantenía con la víctima, sin que en momento alguno pensara devolver esas cantidades, mientras que la defensa ha solicitado un fallo absolutorio al entender que su cliente, acuciado por una «situación económica crítica, sumido en la ruina total», pidió auxilio económico a su amiga.

«El acusado nunca ha negado que recibiera esas cantidades que no ha podido devolver debido a su situación económica», parte de ella debido a una expareja que se llevó su coche a Rumanía, un vehículo que nunca ha regresado a España. «Han tenido que ser su madre y otros familiares los que se han desprendido de bienes para poder hacer ahora frente a la deuda», ha resaltado la letrada para reiterar su solicitud de absolución en una causa que, como así también ha recordado, ha sido archivada hasta en dos ocasiones.

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Los hechos investigados se remontan a marzo de 2021 cuando el guardia civil, que conocía que la mujer había sido indemnizada por el fallecimiento de su esposo en acto de servicio, comenzó a enviar mensajes de WhatsApp a la víctima recordando su relación de la niñez y profundizando en cuestiones amorosas.

Llamadas y mensajes continuos
El acusado comenzó a aprovecharse, presuntamente, de esa relación de amistad con la viuda del guardia civil para solicitarle diversas cantidades de dinero con pretextos, si bien siempre decía que no le iba a pedir más y prometiendo que se lo iba a devolver. Y aunque sí devolvió una cantidad inicial, el denunciado comenzó a pedir más dinero utilizando excusas como su deseo de morir o suicidarse por deudas con prestamistas heredada por una relación amorosa anterior y la necesidad de rescatar un vehículo que se llevó su expareja.

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El acusado consiguió con sus peticiones y con constantes llamadas de teléfono y mensajes de WhatsApp, que la víctima le diera hasta 99.000 euros en diferentes cantidades que realizó a través de transferencias bancarias. Así consiguió que la mujer le fuera dando dinero, ganándose su confianza al devolverle «premeditadamente» 8.000 euros que previamente le había prestado «a fin de incrementar la credibilidad de ella» de que le devolvería el dinero que le iba prestando.

El encausado pedía dinero, en un principio, para hacer transferencias a su hija; luego alegó que tenía que realizar un pago a una inmobiliaria; posteriormente que tenía que traer un vehículo desde Rumanía y necesitaba dinero para pagar la grúa o que debía repararlo. También habló a la víctima de que había sido embargada la cantidad que le habían remitido, o que quería cancelar unos préstamos de Carrefour que tenían un interés muy alto. A raíz de todos estos hechos, la víctima se encuentra en tratamiento psicológico.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6016 en: 04 de Octubre de 2024, 19:01:33 pm »

La Fiscalía pide 3.600 euros de multa para un guardia civil por matar a una persona con esquizofrenia que trataba de agredirle con dos navajas


Reclama al acusado y al Estado, como responsable civil subsidiario, una indemnización de 182.700 euros para los familiares del fallecido


Rosalina Moreno
Redactora jefa

Publicado 04/10/2024 12:33
 
La Fiscalía Provincial de Madrid pide una multa de 3.600 euros para un guardia civil al que acusa de provocar la muerte de una persona que padecía esquizofrenia paranoide que trataba de agredirle con dos navajas, contra el que disparó en dos ocasiones hacia sus extremidades inferiores.

La Fiscalía le imputa un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave, por el que será juzgado el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.



En concepto de responsabilidad, reclama al acusado y al Estado, como responsable civil subsidiario, una indemnización total de 182.725 euros para los familiares del fallecido.

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Los hechos, según la Fiscalía
Según relata el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación, sobre las 00.36 horas del 27 de septiembre de 2020, el acusado fue comisionado por parte de la central COS de la Guardia Civil, para dirigirse a la Plaza del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Manzanares El Real.



Una vez recibido el aviso, él y otro compañero, provistos de chaleco antibalas y guantes anticorte, se desplazaron en el vehículo policial al lugar referido.

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Imagen de archivo de una operación policial (Imagen: RTVE)

A su llegada, se encontraron con D. M. C. S., “quien padecía de esquizofrenia paranoide y no realizaba un control adecuado de su patología y tratamiento para la misma, por lo que presentaba un estado de agitación y nerviosismo portando en cada mano una navaja de 6 cm de hoja y 6,5 cm de hoja cada una que sujetaba en alto”.

Según señala la Fiscalía, tras preguntarle los agentes qué sucedía, éste se dirigió a ellos con expresiones tales como “hijos de puta, fuera de aquí, os voy a matar”, motivo por el cual los agentes se metieron en el coche policial, y solicitaron apoyo policial y la activación del SUMMA.

Escasos minutos después, se personaron diversas patrullas de la Guardia Civil correspondientes a los puestos de Cerceda, Colmenar Viejo y Tres Cantos, iniciándose un operativo policial compuesto por doce agentes de la Guardia Civil. El guardia civil que estaba al mando inició un diálogo con ese hombre para que depusiera su actitud, mientras que el resto de agentes formaron un arco con el fin de cercarle y evitar que pudiera salir en el estado en que se encontraba.

Pese a ello, no cesó en su actitud y continuó en estado agresivo gritando sin cesar expresiones tales como: “voy a matar”, “voy a morir matando policías», al tiempo que avanzaba hacia los agentes esgrimiendo las navajas en alto, expone la Fiscalía.

Añade que transcurridos 30 minutos aproximadamente, y ante la reiterada negativa de éste, el agente al mando ordenó a las patrullas que colocaran sus coches a ambos lados de la plaza, momento en el que D. M. C. S. se abalanzó hacia él, sin llegar a alcanzarle, ya que logró esquivarle.


Imagen de recurso de una navaja. (Imagen: E&J)

Entonces, D. M. C. S. salió corriendo por una calle adyacente, siendo perseguido a pie por el acusado y otros cinco guardias civiles, mientras otros iniciaron la persecución en los vehículos oficiales.

Tras 20 o 30 metros de carrera, D. M. C. S. llegó a una plaza, y “repentinamente”, se giró con las manos esgrimiendo las navajas en alto hacia un agente que estaba a un metro de distancia de él, quien logró esquivarle y efectuó con su arma reglamentaria tres disparos disuasorios al aire.

Acto seguido, D. M. C. S., “sin cesar en su actitud», fijó su mirada en otro agente, el cual también efectuó con su arma reglamentaria un disparo al aire con carácter disuasorio.

“Los disparos disuasorios al aire efectuados, no sirvieron para que D. cesara en su actitud, el cual cada vez estaba más nervioso”, apunta la Fiscalía.

Posteriormente, cuando el acusado se hallaba a una distancia de 1,60 metros aproximadamente de D. M. C. S. , armado con las navajas que exhibía en alto, se dirigió hacia él enfilándolo. Ante esta situación, efectuó dos disparos seguidos que alcanzaron las extremidades inferiores de D. M. C. S., que cayó desplomado pocos metros después como consecuencia del impacto de las balas en las dos piernas.

Las heridas requirieron intervención quirúrgica urgente en el Hospital La Paz de Madrid, que, «sin embargo, no pudo evitar la muerte del mismo, acaecida el día 29 de septiembre de 2020 como consecuencia del shock hipovolémico derivado del sangrado masivo por rotura de la arteria poplítea tras la herida de bala en pierna izquierda”.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6017 en: 06 de Octubre de 2024, 09:51:02 am »
En mi opinión...absolución.


Juicio al guardia civil que causó la muerte a tiros de un joven con un brote psicótico


La Audiencia de Madrid juzga desde el martes al agente que disparo en dos ocasiones a las piernas de Diego mientras el joven blandía dos pequeñas navajas ante doce guardias civiles


Diego Martínez-Conde junto a su padre unos meses antes de fallecer
Pedro Águeda

4 de octubre de 2024 22:15h Actualizado el 05/10/2024 05:30h 22
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La Audiencia Provincial de Madrid juzgará desde el próximo martes a un guardia civil por provocar la muerte a tiros de un joven que amenazó a los agentes con dos pequeñas navajas mientras sufría un brote psicótico. La familia de la víctima, Diego Martínez-Conde, pide cuatro años de cárcel para el agente que realizó los dos disparos por homicidio imprudente mientras que la Fiscalía rebaja su petición a una pena de multa al considerar que el agente no cometió una negligencia grave.

Diego tenía 26 años y sufría un trastorno psiquiátrico que le llevaba, por temporadas, a deambular de un sitio para otro. El 27 de septiembre de 2020 estaba en Manzanares El Real, una localidad de la sierra madrileña, pese a que su familia no reside allí. Unos policías municipales le pidieron que se pusiera la mascarilla, obligatoria entonces, y él se alteró. Los agentes le dejaron para que se calmara pero alguien había llamado ya a emergencias y una pareja de la Guardia Civil acudió al lugar. Ante la actitud agresiva de Diego terminaron por ser una docena los agentes desplazados para reducirlo.

Los guardias aseguran que Diego atacó al agente que realizó los disparos mortales después de amenazarles con que les iba a matar mientras blandía dos pequeñas navajas. El guardia civil acusado, que tenía 28 años en el momento de los hechos, es defendido por la Abogacía del Estado, que solicita la absolución. En su escrito, el letrado asegura que el acusado, “temiendo por su vida y como único medio para repeler la agresión ilegítima, efectuó dos disparos a las piernas del señor Martínez-Conde, buscando en todo momento zonas no vitales y causar el menor daño posible”.

Un informe del Laboratorio de Criminalística situó los tiros a un metro y medio de distancia aproximadamente, una vez analizadas las ropas de Diego y los orificios de entrada que dejaron en ella las balas. Sin embargo, otro atestado de Balística amplía la distancia de los disparos a 2,6 metros, lo que pondría en mayor duda que la víctima se hubiera abalanzado sobre el guardia civil cuando este disparó.

La familia de Diego cree que un número tan elevado de agentes podían haberle reducido sin necesidad de disparar contra él. Utilizaron las armas de fuego, recoge el escrito de su representación, pese a que eran 12 agentes con defensas extensibles frente a un individuo con una navaja multiusos de seis centímetros de hoja y otra de medio centímetro más de longitud. “Nadie llamó a un dispositivo de salud mental pese a la evidencia de encontrarse ante un enfermo con un brote psicótico”, añade.

Una multa, según la Fiscalía
Diego comenzó a sentirse mal en la adolescencia a raíz de una enfermedad grave que superó, pero que le marcó psicológicamente. Los ingresos hospitalarios se sucedían y a los 19 años fue detenido por malos tratos. Seis años después, un juzgado de Madrid dictó una orden de alejamiento respecto de una chica con la que había mantenido una relación. Su enfermedad hacía imposible que encontrara trabajo pese al talento que demostraba en el diseño gráfico.

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La noche de los hechos estaba en la localidad madrileña de Manzanares el Real. Como hacía a menudo, Diego iba de un lugar a otro y dormía en pensiones, pese a no proceder de un ambiente desfavorecido. Su familia se volcaba en que tomase la medicación pero, por temporadas, el control de Diego, mayor de edad, se tornaba imposible. La familia del fallecido le describe como un chico muy sociable, “rodeado de amigos”, pese a la enfermedad mental que sufría.

La Fiscalía solicita una condena por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave y que el guardia civil y el Estado indemnice a la familia, los padres y hermanos de Diego, con 88.000 euros.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6018 en: 06 de Octubre de 2024, 14:27:50 pm »

Absuelven al policía acusado de agresión sexual al considerar que le "apretaba las nalgas" a su hijastra como a su suegra y amigos


El agente, que se enfrentaba a seis años de cárcel, dio una «explicación razonable a los supuestos comentarios lascivos» y los tocamientos no eran a escondidas

El policía local absuelto de agresión sexual al considerar que los actos a su hijastra no son delito. / IGNACIO CABANES


Ignacio Cabanes

València 06 OCT 2024 6:00 Actualizada 06 OCT 2024 14:25
Saludar a una adolescente, hija de su pareja sentimental, «apretándole las nalgas», aunque «tal comportamiento incomodara extremadamente a la menor», no es delito. Así lo ha entendido la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia tras dictar una sentencia absolutoria que exime de cualquier reproche penal al agente de la Policía Local de València juzgado a principios de septiembre por un presunto delito continuado de agresión sexual. El fallo se basa principalmente en tres cuestiones. Por un lado que dichos actos se producían siempre en presencia de terceros, segundo que la menor nunca le manifestó directamente al acusado su incomodidad o rechazo ante tales comportamientos. Y por último, que las palmadas en los glúteos eran una forma de actuar habitual en el procesado ahora absuelto, no solo con su hijastra, sino con sus amigos, pareja e incluso con su suegra.

El Ministerio Fiscal solicitaba seis años de prisión para el acusado por un delito continuado de agresión sexual, como informó en su día este periódico, tras la denuncia interpuesta por el padre de la menor, policía nacional. Aunque la relación entre ambos policías no era buena –el denunciante aclaró que el motivo de su divorcio no fue la relación de la madre con el acusado–, la sentencia no entra a valorar si podría haber un supuesto ánimo espurio y no duda de que los hechos relatados por la adolescente se produjeran, pero remarca que con «los hechos que se declaran probados no son susceptibles del reproche penal que pretenden las acusaciones».

No se considera que atentara contra la libertad sexual al no manifestarle la menor «su incomodidad»
El informe pericial daba total credibilidad a la menor
Con un informe pericial del Instituto de Medicina Legal de València que avalaba la credibilidad de la menor, la defensa del acusado, ejercida por el letrado Andrés Zapata, se centró en hacer ver que la adolescente pudo malinterpretar lo que simplemente eran actos afectivos hacia ella como hija de su pareja.

Así, la sentencia argumenta que «las acciones descritas pudieron ser interpretadas por la menor como ofensivas e irrespetuosas con su intimidad y deseos en el ámbito de la relación familiar que habían establecido su madre y su nueva pareja, pero difícilmente pueden ser categorizadas por lo ya expuesto como realizadas con el ánimo de atentar contra la libertad sexual de la misma».


«Cuando seas mayor te voy a cambiar por tu madre»
Respecto a los comentarios como «qué culito más duro», «cuando seas mayor te voy a cambiar por tu madre» o «te están creciendo las tetas», la Sala considera que el acusado «ha ofrecido una explicación razonable a esos supuestos comentarios lascivos».

De igual modo, «los actos realizados por éste se produjeron siempre en presencia de otras personas, habitualmente en el momento de saludar a la menor», y no a escondidas o en la intimidad como suelen perpetrarse este tipo de delitos sexuales. Además era «habitual que el acusado procediera de esa misma forma -tocamientos o palmadas en los glúteos- con su círculo familiar y de amistades –pareja, suegra, amigos y compañeros de deporte».

«Tal comportamiento incomodaba extremadamente a la menor, pero sin que ésta llegara a manifestar al acusado en ningún momento su rechazo a tales prácticas», remarca la sentencia, «aunque si lo comunicó a su padre, quien optó por denunciar».


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6019 en: 06 de Octubre de 2024, 14:32:53 pm »
Estas sentencias causan sonrojo.