Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 815729 veces)

Desconectado Heracles_Pontor

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6080 en: 11 de Noviembre de 2024, 17:05:52 pm »
Hoy, en unas declaraciones, Mazón ya ha dicho que él no forma parte del CECOPI, que la Ley es clara en cuanto a las competencias. . . de manera que, en una clara estrategia de defensa, él ya está señalando a la Consejera, al final será Pradas quien se lo coma y ella está en señalar al Gobierno. . . pero vamos, aquí, como en el accidente del Alvia, como en el metro de Valencia, por en el Jak-42. . . alguien se lo va a comer. . . y no va a ser Mazón, que tiene muy claro que, sin declarar el estado 3 de la emergencia, él está totalmente al margen de responsabilidad porque para eso tiene las competencias delegadas . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6081 en: 11 de Noviembre de 2024, 17:33:16 pm »
Así es ...pero, políticamente es un cadáver ya que jamás volverá a ir en una lista electoral.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6082 en: 14 de Noviembre de 2024, 01:07:31 am »
A Mazón le protegerán los jueces peperos.

Y a Sánchez las altas esferas judiciales y la Fiscalía bajo sus órdenes.

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Desconectado Heracles_Pontor

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6084 en: 14 de Noviembre de 2024, 14:38:10 pm »
Si esto pasa en un Juzgado. . . qué no tendremos que aguantar en la calle¡ ¡ ¡

"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6085 en: 14 de Noviembre de 2024, 16:05:10 pm »

Archivan las diligencias contra el jefe de la Policía Local de Cuenca


La Fiscalía Provincial de Cuenca ha archivado las diligencias de investigación preprocesales contra el jefe de la Policía Local de Cuenca y el oficial de más antigüedad al entender que los hechos denunciados por el Ayuntamiento de Cuenca no son constitutivos de delito. El sindicato CSIF ha reclamado al Consistorio conquense que se repare "su honor".
Onda Cero Cuenca

Cuenca
|
13.11.2024 15:41


Las banderas ya ondean a media asta tras decretar el Ayuntamiento de Cuenca tres días de luto oficial | Ayuntamiento Cuenca
El decreto, fechado el 7 de noviembre y al que ha tenido acceso OC, indica el archivo de las diligencias de investigación al no apreciar delito.


El jefe de Policía Local de Cuenca, Juan Carlos Muñoz, y el oficial de más antigüedad del cuerpo, Jesús María Casamayor, fueron suspendidos de sus funciones desde principios de este año, cuando el Consistorio conquense les abrió expedientes disciplinarios por un asunto que, entonces, no trascendió.

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En este momento, los agentes acudieron a los tribunales para defenderse y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca revocó las medidas cautelares de suspensión temporal.

En este sentido, el Ayuntamiento de Cuenca, preguntado por este asunto, ha señalado en un comunicado que no puede, ni debe entrar en el contenido de este asunto.

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"Solamente esperar que continúe el desarrollo del procedimiento administrativo y se dé resolución a los expedientes disciplinarios", ha agregado.

Fue en mayo de 2024 cuando el Consistorio trasladó a la Fiscalía la "posible concurrencia de hechos que podrían constituir infracción penal".

Daño a la imagen pública, según Csif
El sindicato CSIF ha reclamado al Consistorio que pida disculpas en relación a este asunto.

Asimismo, ha desvelado que el archivo de la Fiscalía se produce tras una investigación sobre el uso de la aplicación informática en la gestión de los cuadrantes, cómputo de horas, licencias y servicios.

"La Fiscalía señala además que los hechos denunciados no sólo no son constitutivos de delito, sino que no ha quedado acreditada ninguna irregularidad en la conducta de los agentes", ha agregado el sindicato en un comunicado.

CSIF considera que se ha dañado enormemente la imagen pública de ambos agentes, "con un daño terrible a su prestigio y profesionalidad", así como a la del Cuerpo de Policía Local.

En este sentido, ha insistido al Ayuntamiento, de manera urgente, que repare el honor de estos miembros de la Policía Local con, al menos, una disculpa pública, sin perjuicio de las acciones que pudieran ejercitar los funcionarios directamente afectados, ha precisado la nota.

Por su parte, los agentes, en un comunicado, ha agradecido de nuevo el "apoyo" recibido desde que se inició esta "ignominia" contra ellos.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6086 en: 15 de Noviembre de 2024, 13:33:19 pm »

Sergi Cebrián, el ‘mosso’ acusado de filtrar datos a delincuentes, inocente tres años después: “Ya no quiero volver a ser policía”


El agente, que fue apartado de los Mossos y perdió el régimen de visitas con su hijo tras ser detenido, ha sido exculpado y readmitido en el cuerpo
Sergi Cebrián, agente de los Mossos d'Esquadra exculpado de revelación de secretos y soborno.
Sergi Cebrián, agente de los Mossos d'Esquadra exculpado de revelación de secretos y soborno.
massimiliano minocri
Jesús García Bueno
Jesús García Bueno
Barcelona - 15 nov 2024 - 05:30CET
Cuando su abogado le comunicó por teléfono que el caso que le ha amargado la vida durante los últimos tres años había quedado archivado, sepultado, enterrado para siempre, Sergi Cebrián rompió a llorar. Asuntos Internos acusó a este agente de la unidad de información de los Mossos d’Esquadra de filtrar datos sensibles a delincuentes del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) a cambio de 150 euros por consult...


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6087 en: 16 de Noviembre de 2024, 08:21:00 am »


Cuatro de los 13 acusados de apalizar a dos policías locales de León pactan un acuerdo para evitar la cárcel


Serán condenados a 21 meses de prisión; el resto asegura mayoritariamente en el juicio celebrado esta mañana no haber participado en los hechos, que datan de agosto de 2020

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Un momento del juicio, celebrado esta mañana.
Un momento del juicio, celebrado esta mañana.MÁZ

Miguel Ángel Zamora
Miguel Ángel Zamora
León
15.11.2024 | 12:29

Actualizado: 15.11.2024 | 12:32

En:

Tribunales
Policía
Cárceles

Cuatro de los 13 acusados de apalizar a dos policías locales el 28 de agosto de 2020, cuando les requirieron para que utilizaran la mascarilla en la zona de Antibióticos, han aceptado un acuerdo de conformidad para minimizar las penas de prisión por delitos de atentado a la autoridad y lesiones.


El resto han contestado que no estaban presentes en el lugar de los hechos, tal y como han ratificado los cuatro que sí han reconocido la autoría de lo ocurrido. El Ministerio Fiscal ha estado representado el juicio por la Fiscal Jefe de León, Isabel Morán.

Los interrogatorios se han repetido todos bajo el mismo guión. Los acusados que no se reconocen autores de los hechos han afirmado que estaban en sus casas o en casas de familiares que han manifestado en algún momento del procedimiento la veracidad de su versión.


Los agentes habían recibido aquella noche varias llamadas alertando de que un grupo de personas estaba haciendo mucho ruido y se encontraba reunido sin respetar las medidas sanitarias. Cuando llegaron al lugar de la reunión, al identificar a las personas que no estaban respetando las medidas marcadas por el Covid-19, estos se enfrentaron y comenzaron a golpearles.

La Fiscal ha rebajado a 21 meses de prisión la pena propuesta finalmente para los procesados. Inicialmente pedía penas de hasta tres años de prisión para los sospechosos (seis según la acusación particular).

Ambos agentes estuvieron toda la noche ingresados en el Hospital de León después de la agresión, ocurrida la madrugada del 28 de agosto de 2020 y en la que participaron 13 personas. Permanecieron de baja dos meses y se recuperaron de sus heridas, las más severas, las contusiones en la mandíbula y en la cara en general, donde ambos tuvieron que recibir puntos de sutura.

”Nos llamaron porque había un coche con la música alta. Fue el motivo real de ir allí. Cuando llegamos vimos que había gente sin mascarilla y les pedimos explicaciones. Nos dijeron que quienes éramos nosotros para decirles nada y empezó  la discusión“, señaló uno de los policías agredidos. “Reconozco a cuatro, pero con las mascarillas, al resto es difícil. Los vi luego en el vídeo”. Los agentes estuvieron 60 días de baja.

El segundo agredido declaró por videoconferencia. “Tenían una fiesta y no estaban usando la mascarilla. Empezaron a increparnos. Sin dudas, sólo reconozco a dos de los que me pegaron. El resto tengo dudas “, dijo. “Creo que los demás no participaron en los golpes.  A mí me dieron patadas en la cabeza “, reseñó.

”Yo no sólo no pegué a los policías, sino que les ofrecí hielos para los golpes. Por eso estaba en el bar “, relató uno de los acusados al que se ve en el vídeo  grabado por las cámaras del establecimiento cercano a la zona donde ocurrieron los hechos.

Otros sospechosos se han acogido a su derecho a no declarar, siempre con la tesis común de que no participaron en los hechos. “Metieron  a todos los que estaban en el bar. Yo estaba en una mesa que no tuvo  nada que ver”, declaró uno de ellos.

”Yo me marché cuando vi que empezaban a caer botellas “, manifestó otro. “Estaba a dos metros de los policías y no hice nada”.

”Se formó un altercadito allí y yo y mi primo nos marchamos”, declaró otro de los

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6088 en: 18 de Noviembre de 2024, 08:19:47 am »


Imputados seis guardias civiles del caso 8M por usar métodos ilegales en una investigación de narcotráfico


Una jueza de Madrid cita como investigados en otro caso a los guardias civiles del equipo que confeccionó los atestados manipulados que responsabilizaban al Gobierno de la expansión de la Covid-19 por autorizar la marcha feminista de 2020
— Todas las mentiras, bulos y manipulaciones de los informes de la Guardia Civil sobre el 8M
BalizasGC
Pedro Águeda

17 de noviembre de 2024 21:50 h
Actualizado el 18/11/2024 06:54 h
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Una jueza de Madrid ha citado como investigados a seis agentes del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil en Madrid, el mismo grupo que instruyó los atestados con falsedades, bulos y sesgo ideológico que responsabilizaron al Gobierno central de contribuir a la propagación de la epidemia del Covid-19 a través de la autorización de la marcha feminista del 8 de marzo de 2020.

La actual investigación, que se había limitado hasta ahora al número dos del Equipo, se extiende ahora a otros cinco agentes, acusados todos ellos de colocar balizas sin autorización judicial en el marco de una investigación por narcotráfico. Los seis guardias civiles prestarán declaración el próximo 25 noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, han avanzado a elDiario.es fuentes del caso.

Los agentes están acusados de un presunto delito contra la intimidad por haber colocado sin autorización dos dispositivos de seguimiento en el coche y la motocicleta de uno de sus objetivos, un presunto narcotraficante al que luego investigaron en la Audiencia Nacional.

En 2020, cuatro de los seis agentes ahora imputados estamparon su firma y su número de carnet profesional en los dos atestados que sirvieron para imputar al delegado del Gobierno en Madrid, José María Franco, y también para apuntar a varios ministros del Gobierno y al epidemiólogo Fernando Simón, que actuó como portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que todo el Equipo de Delitos Económicos participó en aquella investigación, bautizada como Operación Sanitario.

El contenido de aquellos informes policiales supuso un terremoto político sobre la gestión de la peor tragedia ocurrida en España desde la Guerra Civil. Su escasa fiabilidad provocó a la postre que la causa fuera archivada por la jueza.

En los atestados se reproducían mantras de la extrema derecha con afirmaciones como la siguiente: “El Gobierno sabía el peligro real del coronavirus (...) en un vídeo de la cabecera de la manifestación del 8 de marzo se observa a la ministra Celaá y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir `No se besa, no se besa´ a las personas que encabezan la manifestación”.

Los guantes morados son un símbolo del feminismo en esa y otras manifestaciones y no servían de protección porque la mayoría de las asistentes los llevaban en una sola mano. El ‘no se besa’ no probaba que el Gobierno manejara información bajo secreto del riesgo del virus. En aquellas fechas ya se habían difundido indicaciones oficiales para evitar en lo posible el contacto físico. La lista de bulos y tergiversaciones de los atestados es extensa [se puede leer aquí].

El Gobierno cesó al coronel jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a sus superiores del avance de las investigaciones, pero le tuvo que restituir por orden judicial. La única investigación interna que se ordenó fue por la filtración de los atestados y un tribunal militar anuló la sanción a los guardias.

La mayoría de los participantes en los atestados con los bulos y las tergiversaciones siguieron en sus puestos, incluido su jefe, que con posterioridad ascendió a capitán y ha llegado a actuar como jefe accidental de toda la especialidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Comunidad de Madrid. A diferencia de sus subordinados, el capitán no ha sido imputado en la causa de las balizas.

Solo el brigada imputado en septiembre de 2023 fue trasladado a tareas burocráticas de la Comandancia y hoy está destinado en la Academia de Guardias Civiles de Baeza (Jaén) donde instruye a futuros agentes. Su expediente está detenido a la espera de una resolución judicial firme.

“Soy el más ilegal de los ilegales”
En una grabación publicada en septiembre de 2023, ese brigada, número dos del equipo de guardias civiles, confiesa las irregularidades que él y sus compañeros cometen en varios casos que tienen asignados, según informó elDiario.es. “Esa baliza es ilegal. Soy el más ilegal de los ilegales”, llega a decir. La grabación supuso a la postre la primera de las imputaciones por las balizas ilegales, cuyo uso reconocía el brigada en el audio. Su contenido lo aportó a la causa por narcotráfico uno de los abogados de la defensa.


La presunta organización de tráfico de cocaína era objetivo de los guardias civiles en el marco de una operación llamada Águila-Frozen, que se sigue en la Audiencia Nacional. Uno de los investigados, distinto del que descubrió las balizas ilegales, era Borja Villacís, asesinado el pasado junio. El brigada declaró que la mujer que le grabó, con la que mantenía una relación incipiente, era una infiltrada de los narcos. También dijo que él lo sabía y que todo lo que decía era porque estaba fingiendo.

El brigada y su superior, hoy capitán, negaron en un informe que sus subordinados utilizaran balizas ilegales con el argumento de que esa práctica está prohibida. La investigación posterior rebate esa tesis de defensa. Un equipo de policías nacionales destacado en la Audiencia Nacional ha seguido el rastro de las dos balizas. Un minucioso trabajo de reconstrucción ha permitido vincular a los guardias civiles con los lugares donde se compraron y activaron las tarjetas de las balizas, cuya colocación habían negado el brigada y el jefe del Equipo en un escrito remitido al juzgado el pasado otoño.

El estudio de una de las balizas no ha dado resultado, por estar asociada a una empresa francesa que se ha negado a colaborar. Pero el otro dispositivo tenía un funcionamiento distinto, con dos tarjetas SIM: la que lleva el propio dispositivo y otra que se inserta en un teléfono y que va recibiendo el posicionamiento de la primera.

Una investigación secreta a los guardias
El juez Pedraz tomó declaración como testigo a la mujer que grabó el audio e imputó al brigada en el marco de una pieza separada. A continuación, el juez ordenó la Policía Nacional que indagara y el resultado es un informe entregado al magistrado, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que se acredita que las balizas ilegales fueron adquiridas, colocadas y utilizadas por al menos seis miembros del Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil en Madrid.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se ha inhibido en favor de un juzgado local y ahora la titular del Juzgado 51 de Madrid, Marta Guitérrez del Olmo, ha citado como imputados a los seis agentes.

Al agente L. A. V. R, los agentes le han encontrado “20 posicionamientos que pudieran estar en común con la baliza”. Al cabo primero R.C.D. A, un total de 25 coincidencias. Otras 29 al guardia J.A. G. P. En el caso del brigada Sergio B se le han detectado “siete zonas en común”. El guardia A.G. C estuvo 26 veces en la misma zona de las SIM investigadas y el agente E.C.S en ocho ocasiones.

Los guardias civiles usaron la identidad de una persona que había perdido su DNI para adquirir las tarjetas SIM que colocaron en la baliza y en el teléfono móvil vinculado a la misma. A través del posicionamiento de los móviles de los guardias, los policías nacionales han logrado situarlos “en la zona, día y hora, del día y lugar de compra y activación de la SIM”, según recoge el informe que ha dado pie a su imputación.

Los agentes investigados también aparecen en el lugar y la hora donde se sitúa el terminal que “comanda” la baliza y en hospedajes próximos a donde se desplaza el dispositivo, coincidente también con presuntos desplazamientos de los guardias civiles para vigilar al objetivo que luego vincularon con la organización de narcotraficantes.

En el caso del 8M, solo el brigada tomó declaración a seis testigos, tres sindicalistas y tres funcionarios de la Delegación del Gobierno, y firmó esos testimonios con el número de su Tarjeta de Identificación Profesional en calidad de instructor de las diligencias. Las sindicalistas le explicaron que no habían sido advertidas por la Delegación del Gobierno de riesgo alguno y los funcionarios explicaron que no tuvieron conocimiento real del mismo hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebrara la marcha multitudinaria. Tampoco afectó a la tesis de los dos atestados de la Guardia Civil que pretendían incriminar al Gobierno.




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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6089 en: 20 de Noviembre de 2024, 21:41:42 pm »

TSJ elimina la pena de cárcel pero inhabilita por 4 años al policía nacional que golpeó a un ciudadano en comisaría


El tribunal le absuelve del delito de detención ilegal por el que había sido condenado y lo sustituye por delito contra la libertad individual

El agente de la Policía Nacional y su abogado durante el juicio celebrado en febrero en la Audiencia de Valladolid.

AGENCIAS
20.11.2024 | 17:35

Actualizado: 20.11.2024 | 17:35

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha retirado la pena de tres años de cárcel impuesta al agente de la Policía Nacional A.S.A. por un delito de detención ilegal de un ciudadano con problemas mentales en la Comisaría de Parquesol, del que ha sido ahora absuelto, pero en cambio le ha condenado por un delito contra la libertad individual, merecedor de una inhabilitación por espacio de cuatro años para el ejercicio de la profesión.


La sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estima así parcialmente el recurso del funcionario policial y deja sin efecto la condena por delito de detención ilegal dictada el pasado mes de febrero por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial--le impuso tres años de cárcel y ocho de inhabilitación--, y en su lugar estima que los hechos enjuiciados se enmarcan en un delito contra la libertad individual, con la atenuante de reparación del daño, lo que supone la inhabilitación del recurrente para la profesión de agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por espacio de cuatro años, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanoleonés recogida por Europa Press.

El acusado ya fue absuelto en su momento del delito contra la integridad moral--se requiere que el comportamiento del encausado sea degradante o humillante e incida en el concepto de dignidad de la persona afectada--al entender que el puñetazo y las patadas propinadas a la víctima se incardinan más en un delito de maltrato de obra por el que no reclamaron las acusaciones pública y particular.

En concepto de daños morales, el tribunal impuso al policía el pago de una indemnización de 9.000 euros en favor de la víctima, idéntica cuantía que el condenado ya había consignado con carácter previo al juicio y que llevó a la sala a aplicarle la atenuante de reparación del daño.

El fiscal del caso, que inicialmente pedía siete años y medio de cárcel, y la acusación particular, que solicitaba cinco años, modificaron sus conclusiones el último día del juicio para rebajar la petición global de condena a tres años y medio de prisión--seis meses por delito contra la integridad moral y tres años por detención ilegal--, con la atenuante de reparación del daño, y un total de diez años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de policía.

La defensa, por contra, había solicitado una pena mínima y multa de 90 euros por un delito leve de maltrato e interesó la absolución por el delito de detención ilegal al concurrir, a su juicio, un error invencible. Subsidiariamente, por delito de detención ilegal imprudente había pedido una suspensión de un mes y medio de empleo y sueldo.

"Estaba desbordado pero, desde luego, me arrepiento totalmente de lo que hice", declaró en el juicio el agente de la policía nacional Jorge A.S.A, respecto de lo ocurrido la tarde del 25 de mayo de 2022 cuando la víctima acudió a la Comisaría de Parquesol y se topó en el mostrador con el acusado, al que comenzó a realizar preguntas incoherentes sobre el GEO 3 y más tarde por el GEO 2 y el GEO 1, sin que el acusado pudiera resolver sus dudas por cuanto en aquellas dependencias no había ningún grupo o unidad con esta denominación.

El funcionario aseguró que desconocía que Atila S. se encontrara perturbado, "pues a comisaría viene siempre gente muy rara", y explicó que durante esa conversación sin sentido tuvo que atender otras incidencias que le obligaron a abandonar el mostrador, tanto la entrada del taxista que había llevado hasta allí al denunciante y que quería cobrar como a otra persona que pretendía aparcar su coche en una zona restringida.

En su descargo, el policía alegó que se encontraba esa tarde con Covid y en estado febril y, además, era la única persona que prestaba servicio de seguridad en puertas, de ahí que en un descuido para atender a estas personas Atila S. se escabulló y desapareció dentro del edificio policial.

La situación le superó, ya que había perdido de vista a Atila y el peligro era evidente porque la Comisaría de Parquesol cuenta con el depósito de explosivos de los TEDAX y otra serie de "material sensible" de otras unidades. "Pensé que me la podía liar", dijo gráficamente el policía.

Ante ello, el agente puso en alerta a otra media decena de compañeros, parte de ellos de la Brigada de Subsuelo recién llegados a comisaría y otros del Grupo de Investigación que ocupaban la primera planta, hasta que finalmente uno de ellos dio con Atila en la segunda planta donde preguntaba ahora por el máximo responsable de la comisaría.

Conducido hasta las escaleras para iniciar el descenso, del denunciante se hizo cargo entonces el acusado, quien en el juicio sostuvo que fue entonces cuando Atila se resistió y llegó a golpearle en la mejilla y la oreja, hasta que segundos más tarde le llevó al hall y allí, como así confesó sin tapujos, le redujo con un puñetazo y una patada cuando ya estaba caído de rodillas en el suelo.

Aunque el agente insistió en que había motivos para la detención al haber sido objeto de un delito de atentado por parte Atila S--sitúa la agresión en las escaleras, donde no hay cámaras de seguridad--, sí reconoció que se extralimitó al golpearle en el recibidor de la comisaría, evidencia que recogen las cámaras y cuya grabación, en parte, fue reproducida en sala.

La víctima, por su parte, indicó que aquella tarde se personó en comisaría pensando que se trataba del hospital y que su deseo era el de ser ingresado al sufrir un brote psicótico. "Yo estaba muy mal. Vi una bandera del Estado Español y me dije a mi mismo, qué bien voy a preguntar por mi psiquiatra", declaró Atila S, quien denunció que minutos después se encontraba en el suelo tras haber sido pegado por el policía del mostrador.

"!Madre mía, pero dónde me he metido, estoy otra vez en el orfanato!", es lo que Atila, entre sollozos, asegura que pensó tras una agresión en dependencias policiales que le hizo revivir tristes recuerdos de su paso por un hospicio en su país de origen en el que no paraban de pegarle y le metían en un barril con agua a modo de castigo.

El hombre también aseguró que en ningún momento golpeó al policía que ocupaba el banquillo. De hecho, los policías nacionales que se encontraban esa tarde en comisaría y que ayudaron al acusado a localizar a Atila no recordaron haber presenciado acometimiento alguno del denunciante sobre su compañero. Sí precisaron que Atila se encontraba "muy alterado" y comenzó a desnudarse en el recibidor, y tan sólo dos de ellos llegaron a reconocer que el acusado golpeó al ciudadano "de forma sorpresiva, como para calmarle".

También, entre otros, compareció el coordinador o superior del acusado para defender que la orden de detener a Atila por atentado y trasladarle hasta la Comisaría de Las Delicias para realizar el trámite oportuno la dio él tras escuchar la versión de los hechos facilitada por el encausado, y ello sin haber visionado la cámara de seguridad de lo que de verdad había ocurrido en el hall.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6090 en: 21 de Noviembre de 2024, 08:45:06 am »

El TSJEx confirma la condena al oficial de la Policía Local que irrumpió en un piso de Badajoz


La Audiencia Provincial impuso al agente de la Policía Local una pena de seis años y medio de prisión y cuatro años de inhabilitación por un operativo que acabó con dos personas detenidas

Ángela Murillo


Miércoles, 20 de noviembre 2024, 13:35 | Actualizado 18:05h.


7
comentarios


El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha confirmado la condena al oficial de la Policía Local de Badajoz que irrumpió en un piso de Valdepasillas junto a otros tres agentes subordinados, y se llevaron detenidos al inquilino del piso y a su pareja.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6091 en: 22 de Noviembre de 2024, 09:31:12 am »

El jurado declara inocente al anciano que mató de un tiro a uno de los ladrones que asaltó su casa en Mallorca


Tras más de un día de deliberación, los miembros del jurado han avalado los alegatos expuestos por el anciano durante el juicio recientemente celebrado en la Audiencia Provincial de Balears: que actuó en legítima defensa cuando el atracador se abalanzó sobre él para agredirle
— ¿Homicidio o legítima defensa?: la controvertida condena al anciano que mató a un ladrón en Mallorca





Pau Rigo, en el centro, el anciano de Porreres (Mallorca) acusado de matar con un arma de fuego a un ladrón que asaltó su casa en 2018
Pau Rigo, en el centro, el anciano de Porreres (Mallorca) acusado de matar con un arma de fuego a un ladrón que asaltó su casa en 2018 Isaac Buj / Europa Press
Esther Ballesteros

Mallorca —
21 de noviembre de 2024 19:44 h
Actualizado el 21/11/2024 22:16 h
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LEER ESTE TEXTO EN CATALÁN

El jurado popular ha declarado inocente a Pau Rigo, el jubilado de 82 años acusado de matar con su escopeta a uno de los ladrones que asaltó su domicilio en Porreres (Mallorca) en febrero de 2018. Tras más de un día de deliberación, los miembros del jurado han avalado por unanimidad los alegatos expuestos por el anciano durante el juicio recientemente celebrado en la Audiencia Provincial de Balears: que actuó en legítima defensa cuando el atracador se abalanzó sobre él para agredirle.


El miedo que sentía Pau Rigo pudo afectar a sus capacidades a la hora de disparar al ladrón que entró en su casa

De acuerdo con el veredicto de no culpabilidad, el hombre tenía el arma a la altura de la cintura sin apuntar y, aterrorizado por otro robo que había sufrido meses antes, cogió la escopeta con la finalidad de que los atracadores -hermanos ambos- se fueran del domicilio. Los miembros del jurado consideran que Rigo que tenía “miedo global” y temía por su vida al ver a uno de los atracadores con una pata de cabra en la mano.

Por el contrario, sí han declarado culpables del robo con violencia a los tres acusados que, junto al fallecido, planearon y cometieron el atraco. Además, consideran culpable de un delito de lesiones a Fredy E., el asaltante que accedió a la vivienda junto a su hermano y quien aseguró durante el juicio que actuó en defensa propia al abalanzarse sobre Rigo cuando éste ya había disparado, un extremo que el jurado ha descartado.


En esta línea, ha declarado probado que los atracadores se pusieron de acuerdo, planearon el robo y lo cometieron. De acuerdo al veredicto, dos de los atracadores, Marcos R. y José Antonio S., vigilaron la vivienda durante los días previos al asalto y fueron quienes condujeron en coche a los dos hermanos para que accedieran al interior de la casa y cometieran el atraco. De nuevo por unanimidad, consideran que ambos emplearon la violencia física durante el atraco y que no se recuperó la totalidad del dinero robado, cifrado en 15.000 euros. Finalmente, el Jurado se ha pronunciado en contra del indulto de los tres ladrones y de la suspensión de sus condenas.


Tras la lectura del veredicto, la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, Rocío Martín, ha adelantado in voce al acusado que en los próximos días se dictará para él sentencia absolutoria. Por otra parte, la Fiscalía ha reclamado para dos de los atracadores la pena de tres años de prisión y para el asaltante que accedió a la vivienda una pena total de seis años de cárcel. El resto de los abogados han solicitado para sus representados la pena mínima.

Segunda vez en el banquillo
Tanto el anciano como los atracadores se han sentado por segunda vez en el banquillo de los acusados, en la Audiencia Provincial de Balears, tras ya haber sido juzgados por los mismos hechos en septiembre de 2023. En aquella ocasión, otro jurado declaró culpable a Rigo mediante una resolución que desató la controversia y reabrió el debate acerca de la legítima defensa y si en este caso se produjo o no una reacción proporcionada por parte del jubilado.

Tras ello, la Justicia anuló el veredicto de culpabilidad por diversos errores en su planteamiento y la Audiencia Provincial exoneró finalmente al anciano al considerar que no había prueba “suficiente” de que el acusado tuviese “ánimo de causar la muerte” del asaltante. El pasado mes de mayo, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) declaraba nula la absolución a petición de la Fiscalía y ordenaba la repetición del juicio.

Durante su declaración en la vista oral, Rigo defendió que disparó con su escopeta al ver que, en un momento dado, el ladrón se dirigió hacia él y pensó que iba a matarle. El hombre relató que, durante el episodio, los asaltantes “cada vez se pusieron más nerviosos y violentos”: “Me empujaban y me preguntaban dónde tenía el dinero hasta que en un momento no pude más. Pensé: 'Esta gente me va a matar'”. “Lo hice para defenderme. ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Dejarme matar?”, espetó dirigiéndose al tribunal.

A preguntas de la fiscal, Rigo recordó que, en un instante en que salió al exterior de la vivienda, en la que vivía junto a su exmujer, fue abordado por dos encapuchados [en alusión a los dos hermanos], quienes le agarraron y “retorcieron” su brazo, le taparon la boca y le agarraron por el cuello. “Me dijeron que me calmara. Por lo que decían, pensaban que tenía 200.000 euros en casa. Me introdujeron dentro de la casa mientras me decían que estuviera tranquilo, que venían a llevarse el dinero. Lo primero que me pidieron fue la caja fuerte. Salí de nuevo porque la llave la tenía en el coche”.

“Nunca pensé en disparar. Fue en defensa propia”
De nuevo dentro del chalet, bajó al sótano con uno de los dos [supuestamente Fredy] mientras el otro asaltante se quedó con su mujer en su habitacion. Al comprobar que en la caja fuerte únicamente había 15.000 euros, “volvimos a subir y cada vez se ponian más nerviosos y violentos. Yo les decía que se fueran, pero me zarandeaban y me preguntaban dónde estaba el dinero hasta que un momento no pude más y decidí hacer algo: defenderme”. El anciano recordó que tenía “mucho miedo” dado que hacía unos meses había sufrido otro robo en el que le “habían puesto la pistola en la cabeza y un cuchillo en el cuello. Me dejaron atado y secuestrado. Pensé que me iban a hacer lo mismo con las bridas”.

En un momento dado en que los atracadores “subían y bajaban”, Rigo relató que cogió la escopeta, que le había dado tiempo a cargar. “Le dije a mi mujer que se quedara en la habitación y que no se moviera. Aparecieron los dos hermanos y me golpearon. Me rompieron la columna vertebral”, explicó. En el instante en que se abalanzaron nuevamente sobre él -“estábamos muy cerca”-, el jubilado, que entonces tenía 78 años, apretó el gatillo. “Nunca pensé en disparar. Fue en defensa propia. Yo no ataqué, me atacaron, que no es lo mismo. Fui atacado teniendo la escopeta en las manos, y ¿qué iba a hacer? Disparé a bulto. No sabía dónde había disparado”, aseguró.

El hermano del fallecido: “Fue todo muy rápido”
Por su parte, Fredy E., hermano del fallecido, aseguró que en ningún momento mostraron violencia alguna antes del disparo: “Yo estaba muy nervioso y ansioso, solo me quería ir. Creo que cargamos dos mochilas [con 15.000 euros procedentes de una caja fuerte]. A continuacion, comenzamos a subir las escaleras, mi hermano delante de mí. De repente nos encontramos a Pau con la escopeta apuntando, diciéndole a mi hermano: 'Te mato', y le disparó. Mi hermano reaccionó lamentándose 'me mató, me mató' y cayó a un lateral. Fue todo muy rápido, no dio tiempo a hacer nada”, apuntó Fredy. Visiblememente emocionado, trasladó al tribunal: “Es una tortura para mí, es recordarlo día tras día”, momento en el que la magistrada ordenó un receso.

Al reiniciarse la vista oral, el acusado insistió en que fue “algo muy sorpresivo”. “Fui a coger a mi hermano y vi que Pau estaba cargando de nuevo la escopeta, me giré e iniciamos un forcejeo. Me abalancé sobre él para quitarle la escopeta, pero hasta ese momento no había recibido ningún golpe. Le golpeé para que soltara la escopeta. Al caer al suelo pude arrebatársela, cogí a mi hermano y lancé la escopeta al campo”.

Fredy E. finalizó su intervención mostrándose “segurisimo” de que si en algún momento previo al disparo hubiera golpeado al anciano, “no estaría aquí sentado”. “Pueden decir que soy la persona más mala del mundo, pero sé exactamente lo que pasó. Antes del disparo en ningún momento le agredí. Fue una mala decisión [perpetrar el robo] y quería irme porque sé que estaba haciendo una cosa mala. No vengo a echarle en cara nada ni a decirle que sea un asesino. Le tengo empatía, podría ser mi abuelo”, concluyó.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6092 en: 22 de Noviembre de 2024, 12:05:31 pm »


Fiscalía pide cuatro años de cárcel para un policía de Badalona por falsear kilometrajes y estafar unos 45 euros


El Ministerio Público concluye que el agente tergiversó desplazamientos "con ánimo de obtener un beneficio económico a costa de lo ajeno"
CONTEXTO | Fiscalía descarta la existencia de una delictiva 'Caja B' de falsas horas extra en la Guardia Urbana de Badalona
JAMÓN | Sancionado un policía de Badalona por robar sobres de jamón valorados en 25€ en un Mercadona
Un vehículo de la Guardia Urbana de Badalona, en una fotografía de archivo.
Un vehículo de la Guardia Urbana de Badalona, en una fotografía de archivo. / Ayuntamiento de Badalona


Manuel Arenas
Manuel Arenas

Badalona 22 NOV 2024 6:00
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La Guardia Urbana de Badalona vuelve a estar en la mirilla de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Tras descartar hace un año la existencia de una delictiva 'Caja B' de falsas horas extra en su seno interno, el Ministerio Público concluye ahora que un agente, quien responde a las iniciales E.R., incurrió en sendos delitos de falsedad documental y de estafa. Por el concurso de ambos tipos penales pide el fiscal para el policía ni más ni menos que cuatro años y seis meses de cárcel, además de unos 7.200 euros de multa e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, según se desprende del escrito de acusación de Fiscalía al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Fiscalía observa los delitos en el hecho de que, como narra el propio escrito de acusación, el policía falseara el kilometraje para asistir en calidad de testigo a cuatro juicios, dos en julio del 2020 y otros tres entre abril y mayo del 2021, además de las correspondientes cuantías de tiques de 'parking'. En total, el Ministerio Fiscal calcula que el agente estafó al Ayuntamiento de Badalona el irrisorio importe de 45,35 euros, los cuales pide el fiscal que sean retornados al consistorio con intereses. El caso se halla ahora en manos del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badalona, que debe decidir si, tal y como pide Fiscalía, se abre juicio oral.

Fiscalía descarta la existencia de una delictiva 'Caja B' de falsas horas extra en la Guardia Urbana de Badalona
Fiscalía descarta la existencia de una delictiva 'Caja B' de falsas horas extra en la Guardia Urbana de Badalona

Más allá de la simbólica cantidad, Fiscalía reprueba que el funcionario actuase "con ánimo de obtener un beneficio económico a costa de lo ajeno", afirmando su "pleno conocimiento" al alterar "mendazmente" los impresos de solicitud de indemnización por razón del kilometraje para lograr "un cobro al que no tenía derecho".

La supuesta treta es descrita por Fiscalía de la siguiente manera: para dos de los juicios, el acusado hizo constar como origen del desplazamiento su domicilio en Terrassa, algo a lo que no tenía derecho, sostiene el fiscal, ya que las vistas se celebraron en el propio término municipal de Badalona. Otros tres juicios se celebraron en Barcelona y ahí el agente sí tenía derecho a indemnización, pero en vez de situar como origen del desplazamiento la propia Prefectura de la Guardia Urbana de Badalona, el agente volvió a contemplar como tal su propio domicilio.

"A consecuencia de dichas solicitudes mendaces cumplimentadas y presentadas por el acusado, el Ayuntamiento de Badalona [en aquel momento bajo la segunda alcaldía de Albiol] realizó un reintegro indebido de gasto por kilometraje por valor de 42,45 euros". A esa cuantía hay que sumar otros 2,9 euros de un tique de 'parking' que E.R. cobró sin ni siquiera estar citado como testigo para juicios, considera Fiscalía.

"Puede ser un error o confusión"
La acusación de Fiscalía se complementa con otros documentos que obran en el expediente. En uno de ellos, de diciembre del 2021, el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Badalona conluía que los datos esgrimidos por el agente "pueden ser objeto de un error o confusión". Pero E.R., a su vez, "podría haber consultado su cuadrante laboral para comprobar las citaciones judiciales o el turno de trabajo".

Sancionado un policía de Badalona por robar sobres de jamón valorados en 25€ en un Mercadona

El informe agregaba que, en caso de haberse realizado de forma voluntaria, "la tergiversación y transcripción de la información" facilitada por el policía "pueden ser indicios para considerar que se hizo con la finalidad de obtener unas retribuciones económicas de gastos que no le correspondían", hecho que Fiscalía da ahora por sentado.

Ésta no es la primera investigación penal que afecta a un agente de Badalona. Tal y como publicó este diario en julio del pasado 2023, otro policía de Badalona fue multado por robar sobres de jamón valorados en 25 euros en un Mercadona.

En aquel momento, el centro de control del supermercado contactó con los Mossos d'Esquadra al observar un vigilante de seguridad que un hombre "cogía dos sobres de jamón y se los escondía dentro de los pantalones y, a continuación, pasaba la línea de cajas sin pagar". Al percatarse el vigilante, paró al agente y este seguidamente devolvió los dos paquetes de jamón e intentó escapar. Al tratar de impedírselo el vigilante, el agente le dio "un golpe con la mano en la zona de la cabeza para zafarse", relataba el expediente del caso. El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Badalona condenó al agente con una multa de un mes y medio a razón de 9€ por día en concepto

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6093 en: 22 de Noviembre de 2024, 14:46:02 pm »
Hay que ser cutre, ruin y miserable.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6094 en: 23 de Noviembre de 2024, 00:23:12 am »
De mojarse, hacerlo por 20 millones no por 45€...

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6095 en: 23 de Noviembre de 2024, 00:49:22 am »
Exactamente, si lo vas a hacer. . . hazlo a lo grande. . .

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6096 en: 25 de Noviembre de 2024, 21:57:40 pm »
Manda huevos...


Suspendido el juicio por tráfico de armas con dos ex altos mandos de la Guardia Civil de Málaga acusados


La Sala ha considerado que algunas cuestiones
previas planteadas por las defensas que afectan a la nulidad de la prueba "son de enjundia" y requieren de un estudio "sosegado
"
La trama de guardias civiles investigados por tráfico de armas en Málaga se sienta en el banquillo: le piden 14 años de cárcel

La trama acusada de ráfico de armas, en el banquillo este lunes.
La trama acusada de ráfico de armas, en el banquillo este lunes. / M. J. D. A.
maría jose diaz alcala
María José Díaz Alcalá
25 de noviembre 2024 - 13:49

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido este lunes el juicio contra los siete integrantes de la supuesta trama dedicada a introducir en el mercado negro armas destinadas a la inutilización o el achatarramiento, entre ellos, dos ex altos mandos de la Guardia Civil tras plantear las defensas cuestiones previas que podrían afectar a la nulidad de la prueba. La Sala ha considerado que los puntos expuestos "son de enjundia" y requieren un estudio "sosegado y calmado".

Los abogados de los procesados, que se enfrentan a una petición fiscal de 17 años de cárcel, han expuesto que, tras revisar el procedimiento, han observado la ausencia de los autos habilitantes de las intervenciones telefónicas y de las entradas y registros de los diferentes domicilios. "No podemos saber cuál ha sido el control oficial".


Asimismo, los letrados han considerado que el delito de falsificación de documento oficial del que se les acusa a todos los investigados ha prescrito, pues desde el último certificado hasta la apertura de la investigación han transcurrido 13 años. A esto último, el Ministerio Público se ha opuesto al considerar que no prescribe al entrar en tráfico judicial y continuar teniendo validez en los sucesos relacionados con la presunta trama que se han ido denunciando.

De esta Manera, la Fiscalía en sus conclusiones provisionales -a las que ha tenido acceso este periódico- que, desde el año 1998, los acusados formaban parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas. Los cabecillas supuestamente se valieron de su situación profesional y los puestos que ocupaban en el Instituto Armado para introducir en el mercado negro un número indeterminado de armas de fuego "en perfecta disposición de uso".

El excapitán y jefe de la IAE (unidad donde se depositan todas las armas incautadas por los Cuerpos de Seguridad de la provincia, incluidos la Policía Local y la Policía Nacional, además de las halladas por los ciudadanos) en la Comandancia de Málaga hasta 2008 supuestamente desviaba armas de los lotes destinados a achatarramiento para grabarlas por segunda vez como si estuvieran inhabilitadas cuando, por el contrario, se encontraban en perfecto estado de uso.


La Fiscalía sostiene que el acusado tenía "plena capacidad" para certificar la inutilización como el achatarramiento de cuantas armas quisiera, así como de gestionar la documentación y el sistema que ampara la legalidad de un arma de fuego. Así, considera que el exmando "hacía un supuesto uso ilegal del mismo" devolviéndola a un estado óptimo de funcionamiento e inscribiéndola como inútil o achatarrada.

Pero, para llevar a cabo su plan, no actuaría solo, sino que se valía, al menos, de otras seis personas, entre ellos, el jefe del Servicio de Armamentos y Equipamiento policial de la Guardia Civil de Málaga desde el 6 de noviembre de 1987 hasta el 27 de junio de 2013. El Ministerio Público señala que era la persona encargada de "inutilizar las armas" incautadas que posteriormente el exjefe de la IAE certificaba como tal pese a que continuasen intactas o que su rehabilitación para hacer fuego real de nuevo fuese "realmente sencilla".

A continuación, las armas se llevaban a una empresa de reciclados y residuos, que administraba el dueño de una armería y estaba dedicada al comercio al por mayor de chatarra y reciclaje. Este era el lugar donde supuestamente se procedía al achatarramiento de dichas armas, cuyo control "era inexistente y no se registraba posteriormente documento justificativo de la real destrucción". En lugar de destruirse, la Fiscalía defiende que se ponían a disposición de terceros, quienes se encargaban de distribuirlas por distintos puntos de la geografía nacional e internacional.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil entre 1997 y 2005 -algunas de ellas, junto con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- a raíz de solicitudes judiciales o tras la aparición de nuevos hechos, permitieron no solo conocer el rol que cada uno de los integrantes de la trama desempeñaba sino "la multitud de armas introducidas en el mercado negro".


A principios del 2014, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid detectó varias ofertas de compraventa de armas de fuego inutilizadas a través de portales de Internet, de las que se sospechaba que habían sido rehabilitadas. Las indagaciones permitieron identificar al autor de dichos anuncios y la persona encargada de que pudiesen volver a disparar. El 26 de marzo de ese año, en el marco de la conocida como operación Bulldog, fue detenido un policía local de Málaga y se le intervinieron 64 armas de diferentes calibres. Todas ellas habían sido depositadas en la IAE de Málaga. De 56 armas cortas, siete fueron incautadas, pues, a pesar de estar certificadas como inutilizadas por el entonces jefe de Intervención de Armas y Explosivos, se encontraban en perfecto estado de funcionamiento.

Un ciudadano se suicida en Torremolinos con un arma que constaba como destruida
El 31 de agosto de 2017 un ciudadano estonio se suicidó en Torremolinos. El arma que empleó para quitarse la vida constaba en su acta como destruida desde 2002, pero en el Sistema de Gestión de Armas y Explosivos (SGAE) figuraba como “inutilizada” desde 2005 por un certificado emitido por el exjefe de la IAE, y estaba a nombre de la pareja de este. Además, coincide con la que, un año antes, la hija del excapitán denunció -en representación de la pareja de su padre- en el Puesto de la Guardia Civil de Casabermeja como sustraída de su vivienda en Casabermeja.

Y es que el 1 de febrero de 2016, la IAE de la Comandancia de Málaga notificó a la mujer del presunto cabecilla de la trama que presentase en el plazo de diez días a inspección física las 25 armas no aptas para el disparo (24 cortas y una escopeta) que figuraban a su nombre.


La mujer hizo caso omiso al requerimiento de la IAE, según el atestado instruido por el SAI -que avanzó este periódico- y, un mes después, con el excapitán ya en el ojo del huracán, su hija alertó de un supuesto robo de 12 armas inutilizadas que guardaban en su residencia eventual. Se cree que esa fue la forma que ideó el exjefe de la IAE para eludir el problema que tenía con las estas armas, que ya habría comercializado.

Dadas las sospechas de existir más armas ilegales en las propiedades de cada uno de los acusados, se procedió a efectuar entradas y registros en los domicilios de cada uno de ellos el 13 de julio de 2018, interviniéndose cerca de una veintena de armas cortas y largas -entre ellas, una de las denunciadas por robo-, cartuchos, munición de guerra y numerosa documentación con certificados de inutilización de armas.

Es por ello que la Fiscalía considera que los acusados son responsables en concepto de autores de los delitos de tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, por el que solicita una pena de tres años de prisión; de depósito de municiones de guerra, por el que pide nueve años de cárcel; de pertenencia a organización criminal, cinco años de prisión (inicialmente solicitaba dos), y de falsificación de documento oficial por autoridad pública, 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros. Además, acusa a la hija del supuesto cabecilla de un delito de simulación, por el que solicita otros doce meses de multa a razón de 20 euros diarios.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6097 en: 28 de Noviembre de 2024, 11:51:28 am »

Habla la policía local acusada de blanqueo: “Esto es una pesadilla”


La agente M.M.L. niega tener algo que ver con el mundo delincuencial, haber fingido un divorcio de su pareja -el señalado como cabecilla y prófugo de la Justicia-, y asegura que sufre una “caza de brujas” y que no ha tenido estos años relación con el fugado
Por Carmen Echarri
 26/11/2024 - 20:50

Imágenes: Diego Naranjo

La agente de la Policía Local de Ceuta, M.M.L., que está acusada en el juicio seguido contra una trama de blanqueo de capitales, ha declarado ante el tribunal de la Sección VI de la Audiencia en la sesión celebrada en la tarde de este martes.


“Esto es una pesadilla que me ha tocado vivir y aquí estoy cinco años después”, ha indicado ante el tribunal, negando su participación en actos delictivos tras la investigación del Instituto Armado que motivó su detención y entrada en prisión preventiva.

Ha rememorado ante el tribunal cómo se enteró de la operación llevada a cabo por la Guardia Civil, cuyos agentes irrumpieron en 2019 en el chalé residencial que ocupaba en la barriada Postigo.

Ella estaba en Málaga acompañando a su madre ya que estaba siendo intervenida en el hospital. “Llamaba a mis hijos y nadie me cogía el teléfono. Me llamó mi ‘muchacha’, la única a la que los guardias civiles no le habían quitado el teléfono, y me dijo que aquello era una auténtica locura, que mis hijos estaban llorando”.




“Colgué esa llamada y yo misma telefoneé a la Comandancia de la Guardia Civil, les dije que estaba en Málaga. Me pasaron a la unidad que llevaba el tema y me atendieron. Me dijeron que tenía que declarar porque había un procedimiento de blanqueo. Me personé voluntariamente, pensaba que me iban a hacer 3 preguntas y me iba a casa. Fuimos a la Guardia Civil con mi abogado y allí me dijeron que me quedaba detenida”, ha recordado, ironizando con el riesgo de fuga que se hizo prevalecer para tenerla en prisión preventiva.

La agente del cuerpo municipal ha negado formar parte de una organización criminal. “No tengo nada que ver con operaciones en Málaga, ni con narcolanchas, ni petaqueo… Que me digan que formo parte de una organización criminal cuando yo me he dedicado a trabajar, criar hijos y estudiar...”, ha lamentado, denunciando que en todo este tiempo ha sufrido una “caza de brujas” lo que le va a obligar a tener que dejar la ciudad “cuando termine todo esto”.

M.M.L. empezó de auxiliar de Policía nada más terminar el instituto con 18 años, después aprobaría la oposición al Cuerpo con el número 1. Además de ser policía local estudió la carrera de Derecho. Indica que nunca ha tenido relación con actividades delictivas.




Un divorcio real
La policía se confiesa implicada en esta trama por la fuga de su exmarido, al menos así se lo habría manifestado un mando de la propia Guardia Civil. “Si Francis hubiese estado aquí, a mí no habrían molestado”, manifiesta que le trasladó, apreciación que ha aprovechado para advertir a los presentes que el OCON-Sur, grupo autor de la investigación, ya no existe agotando su vida con polémica. “Eso también hay que decirlo”.

En su declaración, ha presentado a su expareja como un auténtico artista de los negocios, espabilado y sagaz (“de una botella de 20 céntimos era capaz de sacar 3 euros”), manteniendo que se divorció en 2011, firmando un acuerdo regulador y repartiéndose los bienes acorde a sus intereses. Por ejemplo, respecto a las viviendas, se las quedó ella para que pasaran después a sus hijos y no a cualquier posible nueva pareja que tuviera su ya exmarido.

Sobre el divorcio, que la Guardia Civil mantiene que es ficticio, la agente ha mantenido que todo está documentado. Jamás, de hecho, ha recibido un requerimiento judicial que apuntara a la nulidad de esa separación.

“Llevaba con él desde los 13 años, me divorcié a los 31. A él le considero un amigo, puedo estar más o menos mosqueada porque no haya ejercido la función de marido como debía, pero nada más. No me gustaba su estilo de vida”, ha insistido, negando tajantemente que se esté ante una mentira para ocultar dinero de procedencia ilícita. “¿Qué blanqueo?”, se ha preguntado. “Esto es una pesadilla que me ha tocado vivir y aquí estoy cinco años después”, ha denunciado.

Ha insistido en que es su exmarido, una persona a la que ella no puede odiar porque son muchos años compartidos y es “buena gente” a pesar de lo mantenido por la Guardia Civil en su investigación. Los viajes que han hecho en común estando ya separados los ha reconocido dentro de la normalidad de una pareja que tenía hijos en común. “Lo seguiría haciendo”, ha dicho.



¿Un marido narcotraficante?: “Nunca he sospechado”
La acusada ha indicado, ya a preguntas del fiscal y sobre su exmarido, que nunca ha tenido sospechas de que se dedicara al narcotráfico.

“Nunca he sospechado, le explico. Él sabía la clase de mujer que tenía en su casa, no era de pedirle dinero y él sabía que persona era. Si él, ha hecho o no ha hecho, a mí no me lo iba a contar por la forma mía de ser. No fue el caso, ni se dio. Es que mi marido no pasaba horas casi conmigo. Trabajaba en la Honda y cuando terminaba a casa no llegaba, pero él a mí jamás me ha reconocido ni yo he intuido que este señor se dedicara a eso”, ha insistido.

M.M.L. ha declarado mantenerse ajena a cualquier práctica delincuencial.

La cierta carga de tensión se ha producido cuando el representante del Ministerio Fiscal le ha preguntado por el paradero de quien, mantiene la Acusación, sigue siendo su marido.



¿Se reunió con su marido?, ¿dónde está?
¿Dónde está su marido?, le ha preguntado el fiscal a la acusada. “No lo sé”, ha respondido. “Yo he ido a trabajar para sacar a mis hijos adelante. Venía con mi hijo de 13 años que viene sufrido lo más grande por la incompetencia de la Guardia Civil”, ha reprochado.

“¿No es más cierto que quebrantó esa medida cautelar para estar con su marido?”, le ha insistido el fiscal, en alusión al quebrantamiento en el que incurrió que le ha llevado a una condena dictada recientemente por el Juzgado de lo Penal después de ser detenida tras entrar en Ceuta desde Marruecos. “No es cierto, no”, ha insistido.

“Sigue siendo una caza de brujas, lo diré ahora y lo diré siempre”, ha reseñado, aludiendo a las veces que ha salido en el periódico como justificación de esto.

También ha mentado la situación extrema que ha vivido estando en prisión preventiva, ya que, ha dicho al fiscal, le han intentado “cortar la cara” y ha sufrido “intento de violación”. “Ese daño que he pasado, yo lo perdono, pero el daño que han sufrido mis hijos no”.

“En prisión me mantuve por mi familia, me hicieron esto. Salgo de prisión y no encuentro en mi casa nada de lo que dejé. Por Dios a quién he matado yo, ¿por qué soy policía local, por qué vende?”, se ha preguntado en torno a la situación vivida durante cuatro años.



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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6098 en: 28 de Noviembre de 2024, 11:53:02 am »

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #6099 en: 28 de Noviembre de 2024, 15:46:55 pm »
La justicia resolverá, porque una cosa es lo que ella declare, que está en su legítimo derecho de defensa y otra las pruebas que haya en su contra, hay que recordar que la inocencia se le presume y lo que hay que demostrar es su culpabilidad porque la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora. . ..

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