Moncloa desaira al Supremo y cree que ningún magistrado se atreverá a "firmar una condena" contra García Ortiz
El Gobierno abandona la cautela y da por inocente al fiscal general antes de que se dicte el informe final sobre él
Sánchez convierte su rendición de cuentas en un mitin y asegura que se mantendrá hasta 2027 pese al bloqueo de Junts
Los frentes que ya no dependen de Sánchez: Moncloa pierde el control de los principales focos de poder
Vozpópuli
Luis Casal
-
Política
1
Publicado: 13/11/2025 ·04:45
Actualizado: 13/11/2025 · 04:45
Pedro Sánchez y su entorno político no ocultan ya su convicción de que el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está herido de muerte. "No digo que no vaya a salir [condenado], pero una sentencia sería difícil de justificar. Y más todavía, firmarla", resume un alto cargo del Gobierno en conversación con este periódico. La frase encierra algo más que una opinión: es la constatación de que Moncloa da por inviable una sentencia en contra y se permite incluso anticipar el desenlace de un proceso que el Tribunal Supremo aún no ha terminado de juzgar.
Desde hace días, el Ejecutivo ha abandonado la prudencia formal. Sánchez, en su entrevista del domingo en El País, defendió "más aún tras lo visto en el juicio" la inocencia de García Ortiz. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lo ratificó 48 horas después desde la mesa del Consejo de Ministros: "No hay intromisión alguna, hay respeto a la Justicia", dijo, para añadir a renglón seguido que el presidente del Gobierno también puede opinar sin por ello presionar.
En el PSOE esa "opinión" se recita como dogma: el fiscal general "era inocente y se le acusó por defender la verdad", zanjó el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, en el Congreso.
La posición de Moncloa combina los dos planos. En el institucional, niega toda presión; en el político, la ejerce con naturalidad. El Ejecutivo insiste en que no hay pruebas concluyentes y en que las testificales han reforzado la idea de que García Ortiz no filtró el correo que comprometía a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero su despliegue público —del presidente a los portavoces— ha irritado a la carrera fiscal.
La Asociación de Fiscales acusó el lunes a Sánchez de "presionar y deslegitimar a los tribunales" por atribuirse una función que corresponde al Supremo: decidir si hubo revelación de secretos.
El juicio que quema
El proceso, sin precedentes, afronta esta semana su tramo final. Este jueves se dicta el informe final el que, a falta de lo que digan los magistrados, han quedado fijadas dos certezas: que la "conexión Moncloa" fue descartada por la Sala y que, pese a la insistencia de las acusaciones, no hay prueba directa de que fuera él quien filtró el correo del abogado de González Amador.
El caso se remonta a marzo de 2024, cuando varios medios publicaron fragmentos del correo en el que el letrado del novio de Ayuso admitía "dos delitos contra la Hacienda Pública" y ofrecía un pacto de conformidad. Esa literalidad —"ciertamente, se han cometido dos delitos"— se convirtió en la pieza clave de la acusación. Pero en el juicio se ha deslizado que distintos periodistas conocían ya la existencia del correo antes de que García Ortiz tuviera acceso a él. Amparados en el secreto profesional, los interfectos eludieron detallar cuándo y de quién lo recibieron, algunos incluso llegando a ponerse del lado del fiscal.
La defensa, representada por la abogada del Estado Consuelo Castro, ha puesto el acento en ese punto y en los métodos de la Guardia Civil. Asegura que la UCO centró sus sospechas en el fiscal general "por jerarquía", no por indicios sólidos, y que la investigación fue desproporcionada: se analizaron sus dispositivos de forma íntegra, pese a que la orden judicial acotaba el registro a unos pocos días de marzo. La instrucción, en palabras de la Abogacía, "se construyó sobre inferencias, no sobre hechos probados".
La política sobre el proceso
Mientras el Supremo avanza con ritmo procesal, Moncloa marca el paso político. El mensaje del Gobierno es nítido: que no hay delito, que el caso se ha sostenido en conjeturas y que "lo que se está viendo" en el tribunal confirma esa tesis. "Sería difícil justificar una condena", insisten fuentes del Ejecutivo, y aún más difícil "firmarla", en el sentido de dar la cara. No lo dicen en voz alta, pero el subtexto es claro: consideran que ningún magistrado se arriesgará a dictar una sentencia condenatoria en un caso con tanta carga política y tan escasa prueba directa.
Esa lectura, que en cualquier otro contexto sonaría a injerencia, se pronuncia con naturalidad en los pasillos del poder. Como un análisis. En el PSOE interpretan que el juicio se ha ido desinflando y que la propia Sala es consciente de la fragilidad del relato acusatorio. De ahí la confianza exhibida por Sánchez y la serenidad con la que el Gobierno responde a las críticas del PP y de las asociaciones de fiscales. "Opinar no es presionar", repiten en Moncloa.
Sin embargo, el equilibrio entre respaldo político y respeto institucional es precario. Cada palabra de Sánchez o Alegría sobre el caso se mide en la judicatura como un aviso. La Fiscalía, que depende jerárquicamente del Gobierno, observa el proceso con tensión. Y el Supremo, que no olvida los desencuentros recientes con el Ejecutivo por la ley de amnistía o la renovación del CGPJ, percibe el ruido como una forma de presión indirecta.
Lo que está en juego no es sólo el futuro de García Ortiz, sino la relación entre el Gobierno y la cúpula judicial. Moncloa da por hecho que el fiscal saldrá indemne y que el tiempo le dará la razón. Pero también asume que, incluso si es absuelto, la fractura institucional quedará expuesta: un presidente que opina, unos fiscales que protestan y un Supremo que escucha.
Por ahora, el mensaje oficial se mantiene: respeto a la Justicia, pero confianza en su inocencia. El extraoficial, el que se oye fuera de foco, es que ni hablar de condena.
