La soledad de la UCO en el juicio a David Sánchez: cinco días de testimonios que contradicen a la Guardia Civil
El proceso llega a su recta final evidenciando la distancia entre las deducciones de los investigadores y los testimonios de todos los testigos, a excepción de una contrincante del hermano del presidente del Gobierno en el concurso de selección
Santiago Manchado
Mérida —
6 de junio de 2026 21:52 h
Actualizado el 07/06/2026 05:30 h
El abismo entre las tesis plasmadas en el papel y los testimonios escuchados en la Audiencia de Badajoz ha marcado el desarrollo del juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación en 2017. El procedimiento ha entrado en su recta final y ha evidenciado las distancias entre el relato de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que insiste en que la plaza de libre designación estaba amañada, y las declaraciones de los funcionarios, técnicos y peritos que han testificado en la vista oral, que han desmentido las deducciones, sin pruebas, del teniente coronel Antonio Balas.
Tan solo una testigo, Cristina de Frutos, que aspiró al puesto de coordinación de las actividades de los conservatorios pacenses, ha sostenido que en la entrevista personal del proceso de selección no “sintió” que hubiera igualdad de oportunidades, pero ni denunció ni presentó una queja por ello. El director de Cultura, Manuel Candalija, también en el banquillo, dijo en el juicio que presentó “un proyecto que era hoja y media, tenía un poco de desconocimiento sobre la administración local”. Sin embargo, otro candidato que compitió por la plaza, Nerses Avakimyam, no detectó nada extraño en los requisitos exigidos y tampoco observó irregularidades, según su testimonio.
El jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO ha señalado al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también se sienta en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, como la persona que decidió en 2016 crear la plaza de coordinador de los conservatorios e iniciar un proceso que estaba “predeterminado” para que fuera el hermano del presidente del Gobierno el que ocupara el puesto. Pero no ha ofrecido pruebas para esa acusación. Se trata de inferencias y deducciones tras analizar los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y los empleados del área de Cultura, que el exlíder regional del PSOE calificó como “novela de ciencia ficción”.
De hecho, en un atestado, la UCO aseguraba desconocer de quién fue la decisión de crear la plaza y, sin embargo, en el juicio señaló directamente a Miguel Ángel Gallardo. “¿Por qué?”, se interesó la fiscal. Por una “visión holística” de los oficios y atestados incluidos en la investigación.
Pero hay dos hechos a tener en cuenta: en el momento de crear la plaza (octubre de 2016), Pedro Sánchez ya había dimitido como secretario general del PSOE en el polémico comité federal del 1 de octubre y cuando se activó el proceso de selección aún no se habían celebrado las primarias que le enfrentaron a Susana Díaz y que acabó ganando. Aún faltaba un año para que el Congreso aprobara la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tenía, cuando se creó la plaza, nulo poder orgánico o político.
El mando de la UCO insistió en que la plaza de alta dirección y de libre designación se creó a pesar de que las necesidades expresadas por los responsables de los conservatorios eran “otras”, pero estos explicaron que su reticencia obedecía a que se trababa de una “figura ajena” a la estructura de los conservatorios, que podría tener criterios “pedagógicos muy distintos”. Sin embargo, todos valoraron la ayuda que supuso la creación de la plaza porque la carga de trabajo era “tremenda” y el desempeño de David Sánchez, por su “buen currículum, estaba muy bien formado y capacitado” y realizaba “todas” las funciones de las que era responsable. Con ello, neutralizaron la acusación de absentismo laboral.
Todos los testigos, con la excepción de la citada contrincante de Sánchez en el proceso de selección, han ofrecido una versión muy distinta al relato esbozado por la UCO. Entre ellos, el exdirector del Conservatorio Superior de Badajoz, Evaristo Valentí. Su declaración estrenó las testificales del juicio y supuso un jarro de agua fría para las acusaciones (ejercidas por Manos Limpias, PP, Vox, Abogados Cristianos, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum) y para la interpretación que el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, hizo de un correo electrónico, que ha sido una de las principales pruebas de cargo contra el músico.
El 19 de mayo de 2017, Valentí envió a la entonces directora del Conservatorio Profesional, Yolanda Sánchez, las bases del proceso de selección, que se hicieron públicas ese mismo día. En el asunto del correo puso “hermanísimo” y, a juicio de la UCO, Valentí “no es cualquier persona, sabe que la otra persona lo va a entender”. Es más, según declaró el mando de la Guardia Civil, el uso de ese término significa que el director del conservatorio “sabe que [Sánchez] se va a presentar y se lo van a dar, como pasó”.
Esa deducción no tiene nada que ver con lo testificado en la vista oral por el autor del mensaje, que indicó que escribió “hermanísimo” como una “anécdota”, porque era un término “llamativo” y había “rumores” de que David Sánchez iba a concurrir a la plaza, aunque no supo decir de dónde partieron (“en los pasillos, en la Secretaría, en alguna conversación, no sé quién lo dijo”) y también conocía los nombres “del 80% de los candidatos”. En ningún momento quiso decir, según su testimonio, que supiera que el puesto estaba dado de antemano.
Aval a los contratos administrativos
No ha sido el único revés a las tesis planteadas por la UCO. El teniente coronel Antonio Balas ha tenido que reconocer en el juicio su falta de formación en materia de contratación administrativa, a pesar de haber analizado y redactado un informe sobre esta cuestión.
El mando también indicó que le “llamó la atención” la urgencia para activar el proceso de adjudicación de la plaza, que se hizo “en el tiempo mínimo”. Sin embargo, Los funcionarios y peritos que declararon en las primeras jornadas del juicio han subrayado la legalidad de los procesos que se enjuician: la contratación de David Sánchez, el cambio de nomenclatura del puesto (de coordinador de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas), un procedimiento que han considerado “normal”, “habitual” y que no supuso un aumento salarial, y la contratación del funcionario Luis María Carrero, amigo del músico, en comisión de servicio como jefe de sección de actividades transfronterizas.
Los acusados, cargos y exresponsables de la Diputación de Badajoz, también han avalado la transparencia y la legalidad en los procesos de creación y adjudicación tanto de la plaza que finalmente fue otorgada al hermano del presidente del Gobierno como la de Luis Carrero.
La UCO también interpreta que la plaza tenía el nombre de David Sánchez de antemano en el interés del músico por el alquiler de un piso en Badajoz el mismo día que estaban programadas las entrevistas personales para cubrir el puesto. Sánchez explicó en la fase de instrucción que su intención era testar el mercado. En el juicio solo respondió a las preguntas de su abogado y no abordó este tema porque el delito de aceptación de nombramiento ilegal se dio por prescrito al inicio la vista.
El juicio se reanudará este lunes con la presentación de los informes finales, con lo que quedará visto para sentencia, aunque el tribunal contempla la posibilidad de tener que extenderlo hasta el martes a mediodía. La Audiencia Provincial retomará la sesión después del sorpresivo cambio en la petición de penas formulada por PP, Vox y el resto de acusaciones ultras, con excepción de Manos Limpias. Han doblado de tres a seis años la solicitud de cárcel para David Sánchez. Argumentan que, aunque el delito de aceptación de nombramiento ilegal esté prescrito, no lo están los hechos, por lo que ahora lo califican como prevaricación.
PP, Vox y cuatro acusaciones ultras duplican la petición de prisión para David Sánchez y reclaman seis años
Para el expresidente de la Diputación de Badajoz reclaman ahora cuatro años de cárcel, en lugar de tres, y hasta 40 años de inhabilitación.
