El banquillo de los atestados
La exalcaldesa Marisol Yagüe y varios policías locales de Marbella serán juzgados por la ocultación de tres expedientes de tráfico
21.03.11 - 01:49 - HUGO SIMÓN | MARBELLA.
36 meses de prisión y 24 de inhabilitación es la pena que la Fiscalía solicita para tres de los cuatro policías locales acusados, mientras que para Yagüe y el otro agente pide 9 meses y dos años de inhabilitación, respectivamente. La llamada, según relató el policía local, la recibió en su propio móvil poco después de concluir el atestado. Al otro lado del teléfono, la entonces alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe le preguntaba si podían hacer algo por un joven detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. El agente le respondió que sí, que podían ayudarle, pero solo para pedirle un taxi para que lo trasladara desde la Jefatura hasta su vivienda. El joven arrestado era Borja Fraile, sobrino del periodista deportivo José María García, y nunca llegó a personarse en los juzgados de Marbella para enfrentarse al juicio rápido derivado de su infracción. El atestado de tráfico no llegó hasta los órganos judiciales y supuestamente fue borrado del sistema informático de la Policía Local.
Lo mismo ocurrió con el expediente por el delito de conducción bajo los efectos del alcohol de Diego Arrabal, un paparazzi habitual de los programas de televisión de corte rosa, y con otro atestado por un presunto delito de falsificación y malversación al ser sorprendido un familiar de un empleado del depósito de vehículos municipal conduciendo una moto con la matrícula cambiada. La investigación por la ocultación de los tres atestados ha concluido y obligará a sentarse en el banquillo de los acusados a Yagüe junto con cuatro policías locales de Marbella.
Entre ellos, Rafael del Pozo, el exjefe del cuerpo de seguridad municipal durante la 'era GIL' y hasta que se destapó el 'caso Malaya'. También serán juzgados el inspector Francisco Javier Martín y el agente José María Sánchez, presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Marbella, quien curiosamente destapó la supuesta sustracción de los expedientes. La Fiscalía solicita para estos dos agentes tres años de prisión y 24 meses de inhabilitación en el desempeño de empleo o cargo público por los supuestos delitos continuados de omisión del deber de impedir delitos y de infidelidad en la custodia de documentos. La misma pena que para Del Pozo, al que el Ministerio Público acusa de similares delitos pero sin carácter continuado.
Inhabilitación
Por su parte, ni Yagüe ni el cuarto policía local imputado se enfrentarán a penas de cárcel. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso SUR, la Fiscalía pide nueve meses de inhabilitación para cargo o empleo público para la exregidora, a la que considera inductora de un presunto delito de omisión del deber de impedir delitos. Para el agente, la solicitud de inhabilitación se eleva a dos años.
Las diligencias se han sobreseído en el caso de otro policía local, a petición del propio Ministerio Público, que mantiene que no ha quedado acreditado que el agente participara en la ocultación de uno de los atestados. Tampoco se sentará en el banquillo, a pesar de haber estado imputado durante parte de la instrucción, el periodista José María García. El conocido locutor radiofónico también realizó una llamada, en este caso a la Jefatura de la Policía Local, interesándose por la situación de su sobrino, pero el juez considera que no existen indicios de criminalidad por parte de García de haber inducido a la desaparición del atestado
Los hechos, que deberán ser enjuiciados en la Audiencia Provincial de Málaga, se remontan hasta febrero de 2004, cuando se presentó la denuncia contra el fotógrafo Diego Arrabal por conducir bajos los efectos del alcohol. Los otros dos atestados se instruyeron en el año 2005. Las multas, sin embargo, no salieron a la luz hasta julio de 2007, cuando el agente José María Sánchez dio a conocer su existencia.
Según el policía local, los expedientes se encontraban en un sobre cerrado que entregó Francisco Javier Martín, con el propósito de recogerlo posteriormente, el 30 de marzo de 2006, el mismo día en que se registró la Jefatura en el marco de la 'Operación Malaya'. Los documentos, según Sánchez, habrían estado olvidados en un cajón alrededor de un año sin que Martín se los hubiera reclamado. Según su versión, solo reparó en el sobre al ordenar el cajón y fue entonces cuando descubrió en su interior los atestados y dio a conocer los hechos.
La denuncia dio lugar a unas diligencias que se han prolongado durante más de cuatro años. El pasado enero el titular del Juzgado de Instrucción número 4, Jaime María Serret, decretó la apertura del juicio oral, una vez presentado el escrito de acusación por parte de la Fiscalía, que considera que Marisol Yagüe impartió órdenes e hizo las gestiones oportunas para ocultar el atestado sobre Borja Fraile, mientras que Del Pozo hizo lo mismo en lo que respecta a los otros dos expedientes policiales. Según el juez, en el caso del exjefe de la Policía Local existen pruebas que le vinculan con la ocultación de los atestados.
Por su parte, la imputación del agente que sacó a la luz las multas viene derivada, según el instructor del caso, por una serie de «contradicciones» en sus declaraciones y las dudas que ofrece su versión sobre el hallazgo de los atestados.
Para el abogado Javier Muriel, que ejerce la defensa del policía, el hecho resulta, «cuanto menos, paradójico». «Es incongruente que se pretenda acusar de un delito de omisión de perseguir delitos precisamente a la persona que denunció la supuesta conducta irregular», destaca el letrado.
