Autor Tema: La ley de extranjería y su aplicación  (Leído 169201 veces)

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1520 en: 18 de Febrero de 2020, 18:05:06 pm »
Prodein critica la "hipocresía" de Marlaska cuando España "financia" un muro de concertinas en Marruecos

https://www.ceutaactualidad.com/articulo/frontera/prodein-critica-hipocresia-marlaska-cuando-espana-financiando/20200218114040098872.html

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1521 en: 18 de Febrero de 2020, 18:07:42 pm »
Prodein critica la "hipocresía" de Marlaska cuando España "financia" un muro de concertinas en Marruecos

https://www.ceutaactualidad.com/articulo/frontera/prodein-critica-hipocresia-marlaska-cuando-espana-financiando/20200218114040098872.html


Que un inmigrante intente saltar la valla "es una infracción administrativa y no penal".





Y ahí se resume todo...

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1522 en: 18 de Febrero de 2020, 18:10:33 pm »
Prodein critica la "hipocresía" de Marlaska cuando España "financia" un muro de concertinas en Marruecos

https://www.ceutaactualidad.com/articulo/frontera/prodein-critica-hipocresia-marlaska-cuando-espana-financiando/20200218114040098872.html


Que un inmigrante intente saltar la valla "es una infracción administrativa y no penal".





Y ahí se resume todo...


¿Y?

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1523 en: 18 de Febrero de 2020, 18:23:11 pm »
Pues que hay que trabajar en origen...

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1524 en: 18 de Febrero de 2020, 18:39:32 pm »
Pues que hay que trabajar en origen...


Estoy de acuerdo, pero en muchos es muy complicado porque las ayudas se las quedan los que mandan y el pueblo ni las huele.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1525 en: 19 de Febrero de 2020, 01:49:34 am »
Prodein critica la "hipocresía" de Marlaska cuando España "financia" un muro de concertinas en Marruecos

https://www.ceutaactualidad.com/articulo/frontera/prodein-critica-hipocresia-marlaska-cuando-espana-financiando/20200218114040098872.html


Que un inmigrante intente saltar la valla "es una infracción administrativa y no penal".





Y ahí se resume todo...


También se resume en la hipocresía del Gobierno comunista, ¿eso no le llama la atención?


De cara a la gente se les llena la boca hablando de los inmigrantes, pero por detrás devoluciones en caliente, concertinas para Marruecos, operativos contra la delincuencia en Madrid y Barcelona que en realidad son redadas para detener extranjeros en situación irregular, etc....., para que venga la izquierda a dar lecciones contra los inmigrantes. Cuando gobierna la izquierda se detiene y expulsa a más inmigrantes, que cosas.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1526 en: 19 de Febrero de 2020, 06:49:22 am »
ANTE LA INTENCIÓN DE ENDURECER EL ASILO
PSOE y Podemos afrontan su primer choque por la dura política migratoria de Marlaska

El gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska apuesta por endurecer la regulación del asilo y el sector morado del Gobierno se planta exigiendo medidas menos restrictivas

Autor
Iván Gil
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Tiempo de lectura8 min
19/02/2020 05:00

Las devoluciones en caliente de migrantes fueron, son y serán uno de los principales puntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos. Al menos, si no se consensúa una nueva ley de asilo sobre la que se están produciendo los primeros choques de la legislatura entre Unidas Podemos y el PSOE, con el gabinete que dirige Fernando Grande-Marlaska apostando por endurecer su regulación y el sector morado del Gobierno exigiendo medidas menos restrictivas. Tanto los miembros de Unidas Podemos en el Ejecutivo como su grupo parlamentario han incrementado la presión sobre sus socios de Gobierno a raíz de la sentencia de Estrasburgo, que avala las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla, frente a la que Interior ha reaccionado con un borrador de la nueva normativa que limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de solicitud, según la nueva normativa avanzada por 'El País'.

Una posición opuesta a la que reclamó Unidas Podemos el pasado viernes durante una reunión en Moncloa donde se abordaron las consecuencias del fallo, sobre la que volvió a insistir directamente al ministro Fernando Grande-Marlaska, durante la apertura de la comisión de Interior este lunes, y por la que fuentes del grupo confederal volvían a recordar este martes que en el pacto de gobierno se recoge el compromiso de adaptar la legislación "a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales".

El TEDH rectifica y permite las expulsiones 'en caliente'

Para los morados, no pueden "suspenderse los derechos" de las personas que "vienen huyendo del hambre y la guerra". El objetivo todavía sigue siendo para Unidas Podemos que las consecuencias de la sentencia no deriven en una futura interpretación más restrictiva de la nueva ley de asilo. Algo que se está topando de frente con las intenciones de Interior, que además promueve cuestiones que rechazan frontalmente los morados, como establecer un plazo para las solicitudes de los recién llegados de 30 días y de 10 días para los encerrados en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Asimismo, se plantea eliminar la comisión interministerial en la que se deciden las demandas de asilo, un órgano en el que cuenta con representación el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero.

En unos términos similares respondía el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago al titular de Interior durante su apertura de la comisión del ramo: “Señor ministro, creo que ha llegado el momento de definir y desarrollar en ese marco de garantías para el derecho de asilo el concepto de persecución por pertenencia a determinado grupo social, que consta en el artículo 1 de la Convención de Ginebra y que está más que deficientemente desarrollado en nuestro país”.

Desde una parte del Ejecutivo, se inclinan por llevar este debate a Bruselas. Desde Unidas Podemos, también se apuesta por abrir un debate con el conjunto de Estados miembros "para abordar nuestra política de derechos humanos como países de la Unión Europea que ponga la vida de la gente en el centro", pero sin renunciar al mismo tiempo a impulsar con la mayor celeridad posible una nueva ley de asilo en términos que hasta ahora están muy alejados de la normativa que prepara Interior. Los morados defienden que la nueva ley de asilo ofrezca "garantías de acceso a una frontera segura", basándose en la Convención de Ginebra, y eliminar "cualquier mecanismo de discriminación en las solicitudes de asilo desde el primer momento".

El pacto de gobierno firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no menciona las devoluciones en caliente y se centra en clave europea, recogiéndose la vaga promesa de promover "una política europea de inmigración justa y solidaria a través de la articulación de vías legales y seguras, que respete los derechos humanos y garantice las libertades y principios de la UE para todas las personas". Siempre bajo la doctrina europea, se apuesta también en el acuerdo por "modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de Protección Internacional, adaptándolo a la normativa europea y a la nueva realidad del país para hacerlo más eficiente y solidario". Asimismo, el texto recoge que "España promoverá la implementación del Pacto Global para las Migraciones (Acuerdos de Marrakech) y del Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, y dedicará una especial atención al desarrollo sostenible de los países de origen y tránsito para facilitar una inmigración legal y segura".

Los cambios en la ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria de 2009 que Unidas Podemos defendía en su programa electoral proponían incluir "a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales" y revisar los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio "para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación". Asimismo, se apostaba por poner especial atención en "la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata". Estos son los aspectos concretos que en Unidas Podemos entienden como "los nuevos retos de la movilidad global y nuevas realidades sociales" y a los que el acuerdo de gobierno se compromete dar respuesta.

La formación morada se comprometía, por otro lado, a flexibilizar los procesos de reagrupación familiar, recuperar "la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países" y crear nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Sobre esto último, el propio Marlaska reconocía al diputado de UP en la comisión de Interior que el Tribunal de Estrasburgo reconoce a España "mecanismos para que los migrantes puedan solicitar asilo de forma efectiva en frontera y en consulados y embajadas". Los socialistas, por su parte, se abrían en su programa electoral a aplicar en un reglamento de desarrollo de la ley "todas las figuras jurídicas que están pendientes de implementación", y asociaban la política de inmigración a una reformulación en clave europea, así como a la modificación del sistema de acogida e integración de refugiados "para hacer efectivo el derecho internacional sobre asilo y la gestión de los flujos migratorios, respetando los derechos humanos".

Desde Unidas Podemos, han criticado abiertamente la sentencia, mientras que Marlaska ha sostenido que el fallo "manifiesta que la violencia [pretendidamente de migrantes contra las fuerzas de seguridad] es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales". Precisamente, en el marco de los derechos humanos se sustancia la discusión abierta en el seno del Ejecutivo de coalición y que debería servir como base para el desarrollo de una nueva ley de asilo, que debido al fallo de Estrasburgo Unidas Podemos no quiere demorar. "Nosotros, en el seno del Gobierno, vamos a trabajar por que España pueda ser un referente en Europa de cumplimiento de los derechos humanos", concluía tajante este martes el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique.

Los choques de Unidas Podemos con Grande-Marlaska no son nuevos, a cuenta de las distintas posiciones en política migratoria. Tras el pacto presupuestario, enfocado como un acuerdo de legislatura, el ministro rescató las devoluciones tibias de inmigrantes a Marruecos y quiso contemporizar con la ley mordaza, lo que generó un distanciamiento entre morados y socialistas. En Podemos, la confianza en Marlaska se hizo prácticamente nula, según reconocían entonces los responsables que negociaron el punto sobre la derogación de la ley moradaza recogida en el pacto, uno de los menos ambiciosos y que quedó más abierto.

Si bien se entendía entonces que había un sector en el PSOE más receptivo, se aseguraba que no coincidía precisamente con el ministro de Interior, que estaría tratando de retrasar los plazos ya entonces para la aplicación del acuerdo, minimizando la posibilidad de modificar el Código Penal y vinculando la supresión de las devoluciones en caliente a lo que dictamine el Tribunal de Estrasburgo. Un dictamen que se produjo precisamente el pasado jueves y ante el que ahora Marlaska ha utilizado todo tipo de subterfugios lingüísticos para evitar aclarar si el Gobierno mantendrá las devoluciones en caliente o incluso las consideradas 'devoluciones tibias', que suponen la deportación de inmigrantes tras pasar de forma exprés por comisaría y mediante un expediente de expulsión personalizado.

Los portavoces de Unidas Podemos fuera del Gobierno, en cambio, sí han querido dejar claro que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no es de su agrado. Así, el portavoz del partido, Rafa Mayoral, calificaba el fallo de "impresentable" y "preocupante", al tiempo que advertía sobre la necesidad de "no asumir el discurso de la extrema derecha" porque "al final la extrema derecha terminará triunfando". En la misma línea, el portavoz en el Congreso del grupo confederal, Pablo Echenique, aseguraba que "a una persona que defiende los derechos humanos no le puede parecer bien la sentencia". El debate ahora está en si realizar o no devoluciones en caliente y la postura de Unidas Podemos es clara. Y como Iglesias se sinceraba la pasada semana en la comisión de Derechos Humanos sobre su papel en minoría en el Ejecutivo: "Supone asumir contradicciones y tragar sapos, nunca con gusto. Algunos los tragaremos y otros no estaremos dispuestos. Pero nuestro objetivo es que haya un poco menos de injusticia".



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1527 en: 20 de Febrero de 2020, 07:15:34 am »



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Lo que se sabe sobre las nuevas vallas de Ceuta y Melilla: más altas, sin gas pimienta ni cuchillas pero con otras "barreras"

Fronteras
La promesa del Gobierno de retirar las concertinas de las fronteras lleva consigo una reforma del entramado fronterizo actual, de la que Interior aún esconde algunos de los nuevos obstáculos
Gabriela Sánchez
19/02/2020 - 21:12h

El secretismo emborrona los detalles de la remodelación de las vallas de Ceuta y Melilla. "Por razones de seguridad". La promesa del Gobierno de retirar las concertinas de la alambrada llevará consigo una profunda reforma del entramado fronterizo actual, de lo que se sabe algo pero no mucho: habrá elevación del vallado en ciertos puntos "sensibles", se eliminará la sirga tridimensional, se colocará una "corona" en sustitución de las cuchillas o concertinas pero se crearán "nuevas barreras físicas" que "impidan trepar" a los inmigrantes.

Aunque las obras han comenzado y los operarios de la empresa de Transformación Agraria S. A. (TRAGSA) se encuentran inmersos en la retirada de las concertinas desde hace casi tres meses, Interior se resiste a especificar los nuevos elementos "no lesivos" que incorporará a las alambradas en sustitución del criticado elemento cortante. "No podemos dar más detalles por razones de seguridad", reiteran desde su departamento.

Las obras, según Interior, siguen el último calendario establecido a finales de noviembre del año pasado, después de haber pospuesto su inicio en varias ocasiones desde 2018. La reforma, que se prevé finiquitar en octubre de este año, cuenta con un presupuesto de casi 18 millones de euros (8.366.333 euros destinados a Ceuta y 9.533.549 euros a Melilla).

Adiós a la sirga tridimensional

Durante el último año, Interior sí ha confirmado los puntos que desaparecerán de los actuales entramados fronterizos. Más allá de la prometida eliminación de las cuchillas, debido a las lesiones que provocan, el Gobierno ha empezado a desmontar la denominada "sirga tridimensional" de la valla de Melilla. Se trata de la "tercera valla" creada en 2006 durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la zona intermedia de la triple alambrada melillense.

En la actualidad, esta zona está compuesta por un sistema de trenzado de cables de acero sin estructura lógica, atados con postes de distintas alturas. El Ejecutivo aseguró entonces que la medida permitiría retrasar el salto de los migrantes una media de 15 minutos pues, decía, evitaría el uso de escaleras y la colocación de mantas para acceder a la última verja, la más próxima a España. En la práctica, su ineficacia derivó en la cancelación de la instalación de la misma sirga tridimensional en la valla de Ceuta.

13 años después, Grande-Marlaska ha empezado a retirarla de la alambrada melillense. "H abía demostrado no ser un elemento útil para la seguridad de los perímetros fronterizos", explican desde Interior a eldiario.es.
El sistema de gas pimienta se retirará

Nunca ha llegado a utilizarse, pero desde 2006 existe un sistema de aspersores de gas pimienta en el interior del entramado fronterizo. El objetivo de su colocación era "dificultar la visión" de quien intentase sortear la alambrada. A pesar de permanecer instalado desde entonces, no se activó debido al riesgo de causar graves lesiones entre los migrantes, al rociar gas lacrimógeno contra gente exhausta y con posibles enfermedades respiratorias.

Interior confirma a este medio haber decidido retirarlo porque "no funcionaba ni cumplía el cometido para el que fue instalado".

Tramos de hasta 10 metros en las "zonas sensibles"

En aquellas zonas del vallado por las que se han producido más entradas, se incrementará la altura hasta un 30%, alcanzando los 10 metros en algunos puntos de ambas fronteras. En la actualidad ambas verjas se sitúan en torno a los seis metros. En esos mismos puntos considerados "vulnerables" por las fuerzas de seguridad, se añadirán "nuevas barreras físicas que impidan trepar, reduciendo el riesgo de caídas y otro tipo de heridas".

En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy colocó en determinadas áreas del perímetro fronterizo un refuerzo de las ya existentes "mallas anti-trepa", formada por una alambrada cuyos metales entrelazados dejan unos agujeros más estrechos de lo habitual que dificultan la introducción de los dedos a la hora de intentar escalar por ella. Muchos migrantes, sin embargo, continuaron trepándola.

Interior rechaza dar información sobre los futuros obstáculos que pretenden evitar la escalada. De nuevo, "por razones de seguridad".
Retiran cuchillas en España, aparecen en Marruecos

La retirada de las concertinas fue la primera promesa de Grande-Marlaska al frente de Interior. En 2018, el ministro aseguró que las cuchillas serían sustituidas por otros tipos de elementos "no lesivos" que aún no ha concretado. Mientras en Melilla este alambre cortante fue retirado de la zona superior en 2006 -pero permanecieron en otros puntos-, la verja de Ceuta aún sigue coronada sus púas.

En este sentido, el Gobierno ha asegurado que colocará una "nueva corona del vallado" que "garantizará la seguridad de manera no cruenta". Otra de las incógnitas continúa siendo qué material conformará la zona más alta del perímetro fronterizo. En declaraciones recogidas por El Pueblo de Ceuta, la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma aseguró que el nuevo obstáculo consistiría en la incorporación de "un cilindro liso" que buscaría impedir que una persona salte la valla.

Esta posibilidad coincide con la propuesta de remodelación enviada por la Guardia Civil al Ministerio, adelantada el año pasado por El Español. Desde Interior, niegan a eldiario.es que una barra cilíndrica vaya a ocupar la zona superior de las vallas.

Desde principios de diciembre, los operarios trabajan cada día en las ciudades autónomas para liberar a las barreras españolas del alambre de cuchillas. Al mismo tiempo, Marruecos ha construido en los últimos meses una nueva verja coronada por concertinas en lado marroquí de la frontera con Ceuta.

En febrero, Fernando Grande-Marlaska insistió en que "era mentira" la información sobre la creación de un nuevo obstáculo en Marruecos pero ya es una realidad. El camino que recorre la valla está trazado a lo largo de toda la frontera de Ceuta, pero en territorio marroquí. Alrededor de la verja se han creado garitas de control y pequeños cuartelillos para los agentes de vigilancia de la Gendarmería Real.

Aunque la construcción del vallado comenzó cuando España anunció la retirada de las concertinas, las autoridades marroquíes mantienen que este proyecto de refuerzo en la frontera es anterior a la llegada del PSOE al gobierno y a los acuerdos económicos con la Unión Europea (UE) del pasado verano, por los que se prometió al país magrebí la dotación de 140 millones de euros para controlar la migración y evitar que lleguen personas a España.



   

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1529 en: 19 de Marzo de 2020, 20:29:40 pm »


La Policía libera a los internos del CIE de Barcelona ante las dificultades para deportarlos


 El Defensor del Pueblo pide al Gobierno liberar a los inmigrantes de los CIE ante su imposible deportación por el coronavirus


CIE de Barcelona EFE
Por Oriol Solé Altimira
19 mar 2020 17:50

La Policía Nacional ha procedido a lo largo de esta semana a la liberación de la mayoría de los cuarenta internos que permanecían en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, según ha podido saber eldiario.es. Fuentes policiales aseguran que la situación es "la que ha sucedido siempre", también antes del Estado de Alarma, por la que los internos quedan en libertad una vez alcanzados los 60 días en los que por ley pueden permanecer en el CIE si no se ejecuta la expulsión.


Según otras fuentes consultadas, en la práctica a día de hoy es muy difícil llevar a cabo las expulsiones debido a la restricción de vuelos desde España y el cierre de las fronteras decretado en virtud del estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus.


Este jueves permanecían en el CIE de Barcelona cinco internos, tres marroquíes que previsiblemente serán liberados a lo largo de la jornada y otras dos personas internadas en sustitución de una pena de prisión, que han pedido al juez de guardia de Barcelona su puesta en libertad.

Desde el pasado lunes, la Policía ha ido desinternando a los cuarenta migrantes que permanecían en el CIE de Barcelona. La mayoría tiene arraigo en Barcelona y ha vuelto a su domicilio con familiares o en casa de amigos, si bien una minoría de casos han acudido a los servicios sociales. Según fuentes de la organización Tanquem els CIE, las últimas deportaciones desde Barcelona se efectuaron el pasado fin de semana y afectaron a 13 migrantes que fueron enviados a Argelia.


Por otro lado, en Barcelona, un migrante interno en el CIE hasta este miércoles ha denunciado ante el juez de guardia que cinco agentes de la Policía le agredieron para ponerle las esposas el pasado domingo. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, el interno refiere que los agentes le propinaron un bofetón, un puñetazo en el ojo y que, según el parte médico, presenta contusiones por todo el cuerpo, en especial en la espalda y la pierna derecha.


El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno la liberación de todas los inmigrantes de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de España, pues el cierre de fronteras y las restricciones de viajes ligadas al brote del coronavirus impiden ejecutar su deportación. Interior insiste en que no hay "ninguna orden" a nivel estatal para liberar a las personas recluidas en los CIE.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1530 en: 30 de Marzo de 2020, 09:36:40 am »

Internos de Valencia denuncian su situación
Los CIE están ocupados al 30% después de las salidas por el estado de alarma

El DAO ha explicado que de las 765 plazas disponibles en centros de extranjeros, están ocupadas solo unas doscientas.
Madrid lanza un SOS a Moncloa: necesita 1.200 millones... y no devolverlos nunca
La Información
domingo, 29 marzo 2020, 16:59
Actualizado: 29/03/2020, 17:02

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de España están ocupados al 30% tras las numerosas salidas de internos debidas al estado de alarma, que ha conllevado la imposibilidad de deportarlos por el cierre de fronteras una vez que se cumple el plazo máximo de internamiento. Así lo ha explicado el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, al ser preguntado por un vídeo en el que varios internos del CIE de Valencia denuncian su situación.

El vídeo, difundido por la Plataforma CIESNO, fue grabado el viernes 27 de marzo de 2020 en el CIE de Zapadores (Valencia) por los internos, que denuncian que siguen compartiendo espacios pequeños durante la pandemia del coronavirus y piden su liberación. El DAO ha explicado que de las 765 plazas disponibles en centros de extranjeros, están ocupadas solo unas doscientas, lo que supone un 30%, ya que "desde que entró en vigor el estado de alarma y el cierre de fronteras no hay posibilidad de repatriación".

Ha recordado que ante esta circunstancia se puso en marcha un plan para poner en libertad a todos los internos, pero siempre "viendo caso por caso, uno a uno" y "cumpliendo la normativa". González ha detallado que en el CIE de Valencia hay 90 plazas que actualmente ocupan 33 internos, por lo que no están hacinados, y además no hay ningún caso de coronavirus.

Ha reconocido que la lavadora de ese centro se rompió, pero ya se está arreglando, y ha criticado que, en lugar de seguir las recomendaciones dadas por las autoridades y permanecer separados, los internos "han preferido hacer un vídeo y estar todos juntos en la misma habitación".


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1531 en: 03 de Abril de 2020, 06:15:10 am »

Menos del 10% en los centros
Interior vacía los CIE por miedo al coronavirus: en Madrid sólo quedan cinco internos

    EUROPA PRESS
    Madrid

Jueves, 2 abril 2020 - 18:04

El Ministerio ha ido soltando durante las últimas semanas a la mayoría de los extranjeros internos por el estado de alarma

Casi todos los extranjeros del Centro de Internamiento (CIE) de Aluche han quedado en libertad. Tras decretarse el estado de alarma para evitar la propagación del coronavirus, las instalaciones han quedado casi vacías y solo cinco internos permanecían allí a primera hora de la tarde este jueves, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El Ministerio del Interior, del que dependen estos centros, ha ido soltando durante las últimas semanas del estado de alarma a la mayoría de los extranjeros internos en todos los CIE de España, por lo que quedarían menos del 10% de media. En Aluche también ha sido así y este miércoles solo quedaban 14, por lo que posiblemente no queda ninguno este viernes o en los próximos días.

Hace dos semanas el Defensor del Pueblo pidió la liberación de estas personas porque se encuentran "en una situación particularmente vulnerable" en el escenario de la crisis sanitaria actual, que además "impide" que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.

Así respondió esta institución a la queja presentada días antes por la Asociación de Abogados Extranjeristas, que denunciaba que, al decretarse el estado de alarma por la crisis del COVID-19 y ante las restricciones impuestas por terceros países a personas procedentes de España, los CIE carecen de sentido porque "no se puede garantizar de ninguna manera" la deportación de los internos, que es el principal objetivo de estas instituciones.
Puesta en libertad en cumplimiento del estado de alarma

Según sostiene el Defensor del Pueblo, las "excepcionales circunstancias" por la crisis del Covid-19 "han de tomar en consideración de modo prioritario la salud y la seguridad, tanto de los internos como de los funcionarios de policía y todo el personal que presta servicio en los CIE".

"Por ese motivo resulta imprescindible asegurar que esa puesta en libertad se realice en condiciones que permitan dar cumplimiento a las medidas decretadas en el estado de alarma para todos los ciudadanos", apostilla.

Así pues, para asegurar que se dan esas condiciones para la puesta en libertad de los internos, el Defensor del Pueblo explicó hace dos semanas que se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras así como con la Secretaría de Estado de Migraciones.

Por su parte, en una rueda de prensa el director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, aseguró que toda persona interna en un CIE será puesta en libertad si durante la crisis del nuevo coronavirus Covid-19 y el obligatorio confinamiento que conlleva, supera el máximo de estancia legal en estos centros, fijado por ley en 60 días.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1532 en: 24 de Abril de 2020, 06:34:45 am »

Una juez reduce las plazas del CIE de Murcia para limitar los contagios en la reapertura

La magistrada aconseja un aforo máximo de 46 internos, en referencia a las recomendaciones sanitarias emitidas por Instituciones Penitenciarias y Sanidad durante el estado de alarma

Liliana Ochoa

Publicado 24.04.2020 - 05:15

La juez a cargo del control jurisdiccional del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera (Murcia) ha recomendado, para una eventual reapertura, reducir a 46 el número máximo de plazas para limitar la posibilidad de contagios por coronavirus. La magistrada ha considerado pertinente tomar previsiones para cuando se reanude la actividad en el centro, que actualmente se encuentra clausurado debido a la pandemia. Para ello, ha estimado las sugerencias sanitarias emitidas por Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Sanidad durante el estado de alarma.

En un auto, recogido por Vozpópuli, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha asegurado que "no existe un protocolo de actuación para los CIE en esta materia". En este sentido, ha acordado que "por similitud" ahora "son objeto de obligado cumplimiento" las "recomendaciones en centros penitenciarios en relación al Covid-19" a fecha 27 de marzo, así como la "guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al Covid-19, emitida por el Gobierno de España el 11 de abril".

En referencia a la guía de buenas prácticas, la magistrada ha hecho hincapié en que se debe "tratar de mantener en todos los lugares de trabajo y respecto de todas las personas una distancia de seguridad de 1-2 metros". En el marco de su explicación, ha precisado las "particularidades" del CIE de Murcia: dos zonas de habitaciones (una de 14 y otra de nueve) de 10 metros cuadrado cada una (con seis metros de mobilidad y cuatro metros ocupados por las literas); dos zonas de salones (uno de 80 metros cuadrados y otro de 60) y dos zonas de patio de esparcimiento de 240 y 200 metros cuadrados respectivamente.
23, el aforo "ideal"

Según ha recordado la juez, en 2018 se recomendó "no superar el límite de 90 internos" en el centro. Ahora, en una "previsible reapertura del CIE ante una eventual acogida de internos", ha asegurado que "el número ideal sería 23, coincidiendo con el número de habitaciones". Sin embargo, ha matizado que puede llegar a ampliarse en caso de necesidad "a un tercio de la capacidad determinada, estableciéndose en 30 internos". Y ha añadido: "En caso de extrema necesidad, se podrían alojar hasta dos internos por habitación, manteniendo así escrupulosamente las medidas de seguridad, llegando en estos casos hasta 46 internos".

La magistrada ha advertido que de superar el aforo máximo sugerido "las condiciones necesarias de seguridad sanitaria quedarían reducidas ostensiblemente". Desde que se decretara el estado de alarma, el Ministerio de Interior y varios jueces han acordado dejar en libertad a cientos de personas ante la imposibilidad de tramitar la devolución a sus países de origen por el cierre de fronteras.

Los centros de internamiento son establecimientos de carácter público no penitenciario donde se ingresa a ciudadanos extranjeros pendientes de la tramitación o ejecución de su expulsión o devolución. La normativa establece que el internamiento de los inmigrantes se mantendrá por un máximo de 60 días; hace ya 41 días que el Ejecutivo acordó el estado de alarma.

Eventual reapertura

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha hecho hincapié en que cuando llegue el eventual cese del estado de alarma, seguirán accediendo a territorio español ciudadanos extranjeros en condición irregular y que por ello "se han de considerar determinados aspectos que pudieran afectar a la reapertura del CIE de Murcia".

La magistrada ha redactado sus recomendaciones en un auto fechado a 21 de abril y notificado de su resolución al Ministerio Fiscal, al director del CIE de Sangonera, a la Brigada de Extranjería y Documentación y al Defensor del Pueblo. Desde la organización Convivir Sin Racismo han reclamado el cierre permanente de todos los centros.



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1533 en: 16 de Julio de 2020, 06:53:12 am »

Parte de la conversación entre una gestoría y una cliente - ABC

Los WhatssApp que destapan la red de tráfico de citas para extranjeros
Testimonios de víctimas de estas corruptelas revelan su «modus operandi»
Carlos Hidalgo
Carlos Hidalgo
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MADRID Actualizado:16/07/2020 01:12h


Se llama María (nombre ficticio) y es una de las cientos de víctimas de estas tramas que cobran cantidades exorbitantes por la realización de trámites de extranjería. Relata a ABC su caso, fruto del cual estuvo a punto de perder su residencia legal en nuestro país, pese a cumplir todos los requisitos.

«En octubre del año pasado pagué a un abogado 300 euros para que me hiciera el trámite de la residencia por familiar comunitario. Eso incluía recoger toda la documentación y las citas para abrir el expediente y la toma de huellas», narra.

«La resolución salió favorable a finales de febrero, se demoró casi cuatro meses. Después llegó el coronavirus y desde entonces ha sido imposible conseguir citas



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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1534 en: 16 de Julio de 2020, 08:35:18 am »
Hola, ¿como deberiamos actuar con los estudiantes que por ejemplo vienen de Francia o Italia  a universidades de este país. Suelen permanecer 9 meses aunque van y vuelven de sus paises durante ese curso.  Pocos se empadronan. No sé gasta que punto al ser estudiantes tienen obligación de obtener el N.I.E y T.I.E

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1535 en: 13 de Noviembre de 2020, 09:51:19 am »

Una sentencia europea impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular


Interior imparte, tras el fallo, nuevas instrucciones a la Policía para que recaben circunstancias “agravantes” que permitan la deportación
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
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MARÍA MARTÍN
Madrid - 13 NOV 2020 - 00:30 CET
Un inmigrante que pasó por el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche posa frente a su fachada.
Un inmigrante que pasó por el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche posa frente a su fachada.CLAUDIO ALVAREZ
Varapalo judicial a la política migratoria del Ministerio del Interior. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impide a España expulsar inmigrantes solo por estar en situación irregular. El fallo obliga al Gobierno a aplicar la propia Ley de Extranjería española que impone multa en casos de estancia irregular y solo contempla la expulsión de extranjeros sin papeles cuando existan circunstancias agravantes. La Policía Nacional ya ha dictado nuevas instrucciones para el cumplimiento de esta sentencia en las que ordena a los agentes que prioricen aquellos expedientes en los que sea posible motivar la expulsión con “elementos negativos” de la actuación del inmigrante frente a aquellos en los que la única infracción es su situación irregular en España.


El criterio a seguir impuesto por la sentencia solo afecta a las expulsiones, que se ejecutan con extranjeros que ya están en España en situación irregular, y no a las devoluciones, una figura administrativa distinta aplicada a aquellos que intentan entrar en territorio español en patera u otros medios. El año pasado, Interior logró concluir la expulsión a sus países de origen de 4.677 personas y la devolución de otras 6.476 personas, según datos oficiales obtenidos a través del Portal de Transparencia. En total suponen cerca de un 30% de las 37.890 órdenes que se dictaron contra extranjeros para que abandonasen territorio español, según Eurostat. El porcentaje de expulsiones y devoluciones está por debajo de la media europea (36%), pero supuso un incremento respecto a 2018.

El tribunal europeo se pronunció sobre la política de expulsiones de España el pasado 8 de octubre después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha planteara el año pasado una consulta prejudicial ante el recurso de un ciudadano colombiano residente en España al que, en enero de 2017, la Policía incoó un expediente de expulsión por no tener permiso de residencia en vigor desde hacía cuatro años. La Subdelegación del Gobierno en Toledo y, posteriormente, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo dieron luz verde a esa expulsión. Sin embargo, el tribunal castellano manchego que estudió el recurso del interesado consideró que este únicamente carecía de permiso de residencia en vigor, por lo que pidió al TJUE que aclarase cómo debía proceder España. Si podía aplicar la directiva de retorno de la UE de 2008, que permite a los estados miembros expulsar a los inmigrantes indocumentados sin más requisitos, o la Ley de Extranjería española, que contempla la imposición de una multa para esos casos y solo la expulsión cuando haya circunstancias agravantes. El Tribunal Supremo español ya había avalado aplicar la directiva europea.


En su fallo, el Tribunal de Justicia de la UE concluye que, en el caso de España, debe prevalecer la normativa nacional, más favorable al inmigrante, y, por tanto, solo puede expulsar a aquellos extranjeros si, además de la situación irregular, “existen circunstancias agravantes”. El doctor Diego Acosta, catedrático de Derecho Europeo y de Migraciones en la Universidad de Bristol (Reino Unido), destaca que la sentencia del Tribunal europeo “contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y establece que España tiene que seguir aplicando la ley española de extranjería y no la directiva de retorno”. Acosta recalca que con ello, “ante una situación de irregularidad migratoria, es decir cuando un ciudadano no europeo no tiene un permiso de residencia o el mismo está expirado, la regla general es la aplicación de una multa” y que “la expulsión solo sería posible cuando, siguiendo la ley española, ocurran otras circunstancias o datos negativos que ameriten la expulsión en vez de la imposición de multa”.

Tras hacerse pública la sentencia, Interior elaboró el 23 de octubre un documento en el que, tras destacar lo que considera “un cambio de criterio” del tribunal europeo, imparte nuevas instrucciones a los policías para elaborar los expedientes sancionadores obviando ya la directiva europea. En esta circular, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el máximo responsable de la lucha contra la inmigración irregular, el comisario Juan Enrique Taborda, y el número dos de la Policía, el también comisario José Ángel González, ordenan a los agentes motivar, a partir de ahora, los retornos forzosos con algo más que la simple ausencia del permiso de residencia e insta a incidir en los “elementos negativos o agravantes que justifiquen la proporcionalidad de la medida [de expulsión]”.


El documento policial pone seis “ejemplos” de estos “elementos negativos". Así, señala que será motivo suficiente para tramitar la expulsión que el inmigrante haya sido detenido por la comisión de un delito o que tengan antecedentes penales; que haya invocado una falsa nacionalidad; que hubiera una prohibición de entrada anterior; que carezca de domicilio y documentación; que haya incumplido una orden de salida obligatoria, y que no exista posibilidad de comprobar cómo y cuándo entró en territorio español por falta de documentación o la ausencia en esta del sello de entrada. No obstante, deja abierta la puerta a que los agentes encuentren “otros elementos concurrentes que, a su juicio, puedan motivar dicha propuesta [de expulsión]”.

Fuentes de Interior destacan que el fallo se refiere a un tipo de inmigrantes en situación irregular “muy concreto: entrada regular y larga estancia en el país”. Por su parte, las fuentes jurídicas consultadas señalan que “los requisitos que la policía establece para aplicar la sentencia son, en la práctica, tan amplios que es posible que no tenga un gran impacto”. Una de las excepciones más claras que podría beneficiarse de la aplicación de la sentencia sería un extranjero que haya entrado de forma regular en España y luego haya caído en la irregularidad, que no tenga antecedentes penales, que mantenga su documentación y cuente con domicilio. Esa era la situación del ciudadano colombiano cuyo recurso ha provocado el fallo de la justicia europea.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1536 en: 17 de Noviembre de 2020, 17:18:08 pm »


El Gobierno reconoce la responsabilidad de la Administración en la muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid


El Ministerio de Presidencia concluye que la descoordinación institucional y la "mala praxis" de la empresa que gestionaba el servicio médico en el CIE derivaron en la "deficiente" atención médica recibida por la mujer congoleña antes de su muerte, por lo que su familia será indemnizada
Contexto — La historia clínica número 3106: las diez veces que Samba Martine no fue diagnosticada en el CIE de Madrid

Imagen de Samba Martine publicada por Tanquem els CIE.
Imagen de Samba Martine publicada por Tanquem els CIE.
Gabriela Sánchez

17 de noviembre de 2020 07:12h
1

@gabriela_schz
La congoleña Samba Martine murió en 2011 con VIH después de pasar 39 días de encierro en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, donde acudió hasta en diez ocasiones a la consulta médica, sin haber sido sometida a ninguna prueba clínica ni trasladada al hospital hasta el día de su fallecimiento. Aunque los análisis médicos realizados durante su estancia en un centro público de Melilla habían detectado su infección, una información clave para el diagnóstico de la enfermedad que acabó con su vida, el documento nunca llegó a las dependencias policiales en las que la mujer pasó sus últimos días aquejada de fuertes dolores. Nueve años después, el Gobierno ha reconocido la responsabilidad de la Administración y de los servicios sanitarios del CIE en la muerte de Martine, por lo que indemnizará a su familia.

La Justicia absuelve al único acusado por la muerte de Samba Martine y apunta a la responsabilidad de la Administración

SABER MÁS
El Ministerio de Presidencia ha respondido de manera favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Samba Martine, que será indemnizada a partes iguales por los ministerios de Interior e Inclusión; y por la empresa SERMEDES, encargada entonces de la gestión de los servicios médicos del CIE de Aluche.


La resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que la descoordinación entre las carteras de las que dependen los distintos centros por los que pasó la fallecida y la "mala praxis" del servicio médico privado del CIE de Madrid derivaron en la deficiente atención sanitaria recibida por la paciente, que dependía de la Administración para tratar sus dolencias debido a su situación de privación de libertad.

Descoordinación entre Interior e Inclusión
Martine fue internada en el CIE de Aluche después de haber sido acogida durante sus primeros meses en España en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, dependiente entonces del Ministerio de Trabajo. Allí, la mujer fue sometida a un examen médico que detectó su infección por VIH, pero no hay constancia de que la paciente recibiese los resultados de los análisis. Cuando la congoleña fue derivada al CIE de Madrid, competencia de Interior, el historial médico no llegó al nuevo centro. Desde la dirección del este tampoco se solicitó a la ciudad autónoma el envío de la documentación sanitaria.

Para el Ministerio de Presidencia, la descoordinación de ambas instituciones influyó en la deficiente atención médica recibida por Martine en el CIE. "El protocolo de transmisión de una documentación tan esencial para la salud de la señora Martine no garantizó adecuadamente que su situación médica fuera conocida en el CIE madrileño [...] Si bien no puede afirmarse que esa circunstancia hubiera evitado el deceso, sí habría puesto sobre aviso a los médicos del CIE de la grave enfermedad que padecía y habría facilitado sin duda una mejor atención a la paciente", sostiene el documento. "No cabe duda de que dicha coordinación resulta exigible entre dos órganos de la misma Administración", zanja la resolución.

"El CETI, que tenía conocimiento de la patología que sufría, debió asegurarse de que la información sanitaria fuera entregada efectivamente a la interesada o, al menos, de que dicha información llegara al centro de internamiento de Madrid al que iba a trasladarla", indica el Ministerio de Presidencia en relación a la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, cuya competencia en Migraciones recae ahora sobre la cartera de Inclusión. Por su parte, el CIE, ante las dolencias de Martine, "debió reclamar la documentación al observar que carecía de la misma", añade.

Atención médica deficiente y falta de intérpretes
A la descoordinación institucional se suma la insuficiente atención médica proporcionada a la paciente por parte de la empresa SERMEDES. "Hubo una deficiente actuación en la prestación del servicio médico ya que ninguno de los facultativos consideró conveniente realizar un análisis clínico a la interesada a pesar de las numerosas dolencias que padecía", reza el documento.

En junio de 2019, el Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid absolvió al único acusado juzgado por la muerte de Samba Martine, pero reconoció que los fallos detectados en la atención ofrecida por otros sanitarios del centro (que se encuentran prófugos de la justicia) y las "deficiencias burocráticas" ligadas a su internamiento tuvieron "un peso importante" en su fallecimiento. Durante el mes y medio que permaneció encerrada en el CIE, la congoleña solicitó en al menos diez ocasiones atención sanitaria, pero ninguna de ellas fue derivada a un hospital o sometida a pruebas clínicas.

En este sentido, la resolución administrativa anunciada este lunes reconoce que "de haberse realizado un simple análisis, se hubiera sabido que era potadora de VIH y se le hubiera puesto el tratamiento adecuado". El Ministerio de Presidencia también recalca la importancia de la falta de intérprete durante la mayor parte de las consultas médicas a las que acudió Martine: "Era desconocedora del idioma español y, durante su estancia en el CIE, solo estuvo asistida por intérprete en una sola ocasión de las diez veces que demandó la asistencia médica".

Las entidades sociales que prestado apoyo a la familia de Samba Martine ha valorado "que el Estado haya reconocido su responsabilidad por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo". El caso de la mujer congoleña se ha convertido en un símbolo de las deficiente asistencia sanitaria proporcionada a los internos de estos centros, donde los extranjeros en situación irregular son encerrados por su situación administrativa con el objetivo de proceder a su expulsión. Las organizaciones esperan que la resolución "sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro". No obstante, recuerdan que, nueve años después de su muerte, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1537 en: 22 de Diciembre de 2020, 08:54:21 am »

"Me golpearon hasta quedar en el suelo": un migrante denuncia ante el juzgado una agresión policial en el CIE de Madrid

    Un hombre marroquí, llegado en patera a Canarias hace unos meses, denuncia haber sido golpeado por la policía el 12 de diciembre. Su relato de los hechos ha sido trasladado al juzgado de instrucción encargado de velar por los derechos de los inmigrantes

Gabriela Sánchez
21 de diciembre de 2020 22:20h

@gabriela_schz

Un hombre marroquí llegado a Canarias en patera y encerrado en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid ha denunciado ante el juzgado competente una supuesta agresión policial sufrida el pasado 12 de diciembre en los baños de las instalaciones donde migrantes sin papeles son encerrados para proceder a su expulsión. "Los policías vinieron hacia mí en la ducha y empezaron a golpearme con las porras hasta quedar en el suelo", explica el joven en una carta escrita desde el interior del CIE a la que ha accedido elDiario.es.

Su relato de los hechos, unido al de otros dos compañeros que aseguran ser testigos de lo ocurrido, han sido trasladados por la Plataforma CIE NO al juzgado de instrucción número 20 de Madrid, uno de los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales en el CIE de Aluche. El documento incluye una serie de imágenes de grandes moratones en su espalda y brazo.

El denunciante es uno de los más de 20.000 migrantes que han llegado a Canarias en patera en lo que va de año. El joven viajó a finales de noviembre de Las Palmas a Sevilla por su cuenta pero, tras aterrizar en la capital andaluza, fue detenido en el aeropuerto y trasladado al centro de internamiento de Madrid para ejecutar su expulsión a Marruecos.
El relato de los hechos

"Quiero denunciar una agresión que he sufrido en este centro", comienza el escrito enviado al juzgado. Según explica, el denunciante estaba duchándose cuando un policía le ordenó que acabase rápido. "Yo contesté: 'Un momento, por favor". Su respuesta, según su relato de los hechos, precedió la supuesta agresión de los agentes, que comenzaron a golpearle con las porras y, una vez en el suelo, le arremetieron varias "patadas en la pierna".

Después de estos primeros golpes, asegura en su escrito, un compañero le ayudó a levantarse y lo acompañó hasta su habitación para acabar de vestirse. Posteriormente, el joven se mareó y se desmayó, por lo que fue trasladado a los servicios médicos del CIE: "Cuando vi el antebrazo, los moratones y la inflamación me mareé y me di contra el suelo. Después mis compañeros entraron al baño para ayudarme y me sacaron afuera y empezaron a pedir ayuda a la policía. Me sacaron arrastras para ir al servicio médico".
Un interno del CIE de Madrid denuncia haber sido agredido por la Policía Imagen cedida

Según la carta enviada al juzgado, el servicio médico del CIE (gestionado por una empresa privada) no lo atendió, sino que lo derivó a un hospital para que fuese atendido en psiquiatría. "Al entrar en el servicio médico, me dijeron que estaba bien y no iban a hacer nada y me mandaron al psiquiatra", detalla la supuesta víctima. También denuncia no haber podido quedarse con el parte de las lesiones. "Los agentes me lo pidieron y se lo di. Posteriormente se lo pedí y no me lo dieron. El servicio médico y tampoco me lo dio", afirma el interno.

Tras la posible agresión, los internos han realizado varios vídeos denunciando su situación en el interior del CIE, entre ellos también aparece el joven agredido mostrando sus heridas.
"Señoría, no me hice nada, fueron los policías de turno"

El interno también denuncia que por la tarde otro agente le "pegó dos bofetadas sin haber hecho nada". Siempre según su relato el policía le hablaba dando por hecho que se había intentado autolesionar: "Me dice que no vuelva a intentar suicidarme, cuando yo no he hecho nada ni me quiero suicidar", asegura el marroquí. En el mismo sentido se refirió a él otro policía al día siguiente, 13 de diciembre: "Me dijo que si volvía a hacerme las lesiones me iban aislar y a mí solo, en aplicación del protocolo de autolesión. Pero, señoría, no me hice nada, fueron los policías de turno", reitera el interno. "Por favor, quiero que se haga justicia", reclama el joven desde el interior del CIE.

Este medio ha preguntado al Ministerio del Interior sobre los hechos ocurridos el pasado día 12 en el CIE de Madrid pero al cierre de este artículo no ha obtenido respuesta.

La Plataforma CIE NO registró el 13 de diciembre la queja en el juzgado de control número 20 de Madrid, encargado de la salvaguarda de los derechos fundamentales en el centro de internamiento. Entre otras peticiones, el colectivo solicita al magistrado la toma de declaración a la posible víctima y los dos testigos; el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad; una valoración de las lesiones del interno por parte de un especialista en medicina forense y dar traslado al juzgado que corresponda para proceder a la apertura de una investigación.

La queja también ha sido trasladada al Defensor del Pueblo. Por el momento, aseguran las asociaciones, no han recibido respuesta. "Esta aparente inacción pone en peligro la posible investigación, sobre todo si tenemos en cuenta la nacionalidad de los internos afectados por estos hechos y el último acuerdo firmado por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Marruecos, en el que se da luz verde a la deportación de 100 personas de origen marroquí a la semana", alertan.

Las asociaciones con presencia en el CIE también han advertido recientemente a través de un comunicado de la detección de un caso de coronavirus. "Sabemos que actualmente hay personas que han dado positivo por COVID; una persona, según fuentes policiales, pero las personas internas aseguran que hay al menos dos más. Estas personas se encuentran aisladas dentro del propio CIE, no son trasladadas a dependencias sanitarias. Su cuarentena es en una celda de aislamiento, de la que no podrán salir para nada en al menos 15 días. Tal y como denuncian las personas internas, cuando son aislados, no se les proporciona condiciones sanitarias dignas y ni siquiera les permiten ducharse", han advertido desde la Plataforma CIE NO.




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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1538 en: 30 de Marzo de 2021, 07:20:27 am »

La Audiencia de Valencia advierte de un "comportamiento reprobable" de la Policía en la muerte de un interno en 2019 en el CIE de Zapadores

    El tribunal no ve delito en la muerte del joven marroquí Marouane Abouobaida, pero constata que pudo haber una "asistencia sanitaria incompleta" e insta a valorar "todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo"


Una captura del vídeo en el que se ve a varios agentes arrastrando a Marouane en el CIE de Zapadores en julio de 2019.

Miguel Giménez
València —
29 de marzo de 2021 22:15h

@Mikelgro

"Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo". Así explican desde la campaña CIEs No lo que sucedió en relación al suicidio de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 que se quitó la vida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores el 15 de julio de 2019 cuando se encontraba en una celda de aislamiento después de sufrir "una brutal paliza" a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba "sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección". La Audiencia Provincial de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que ni la Policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito. Sin embargo, en el auto judicial se señala que pudo haber "asistencia sanitaria incompleta", además de "un comportamiento reprobable de algún funcionario policial", y concluye instando a "valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya". El tribunal ha desestimado la resolución definitiva del procedimiento para dejar "abierta la posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen".

La Audiencia de Valencia afirma que su decisión "no significa" que la atención recibida por el interno "fuera intachable ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento (...) Esta resolución tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal". Por eso, remite a revisar el protocolo de actuación en situaciones similares que dictó el juzgado de instrucción nº 3, en función de control del CIE, el 25/7/19, para valorar la conducta del personal de Zapadores.

Tal y como advierten desde la plataforma por el cierre de los CIE, apenas diez días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de 16 medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento. El magistrado estableció que una "situación excepcional" como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda. "Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron 40 minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida". Tras el auto del juez, la Campaña CIEs No solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno que informara de si se están aplicando las 16 medidas, pues en caso contrario existe un riesgo para la integridad física de las personas encerradas en el CIE. "Hasta ahora no ha habido respuesta".

AUTO Juez Control CIE Zapadores by eldiario.es on Scribd

"Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida". Durante todo este tiempo, explican desde la plataforma Casa Marruecos ha estado en contacto con la familia de Marouane, "acompañándolos en todo momento y transmitiendo sus reivindicaciones. Su principal exigencia es que la muerte de Marouane se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad de lo que sucedió y que se haga justicia".

Después del fallecimiento de Marouane, la abogada de CIEs NO asumió la acusación particular, en nombre de la madre del joven, en el proceso que se desarrolló en el juzgado de instrucción nº 10. A partir de ese momento, la letrada accedió al mismo atestado policial que el juez de control de Zapadores. En este documento, redactado en la tarde de la muerte de Marouane, se compendian las declaraciones de diferentes funcionarios policiales, las comunicaciones realizadas a raíz de lo sucedido, diversos informes sanitarios y las imágenes de algunas de las cámaras de videovigilancia del CIE entre las que se encuentran las correspondientes a la celda de aislamiento así como la del distribuidor previo a esta. Además, en los días posteriores a la muerte, la abogada se entrevistó en Zapadores con uno de los internos que fue testigo de algunos de los hechos de los días 14 y 15 de julio.

La revisión de las imágenes "permitió apreciar la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las mismas: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros, según señaló la representación de la familia de Marouane en el primer escrito de acusación". Por tanto, se solicitó que fueran interrogados varios agentes e integrantes del equipo sanitario del CIE. Para la acusación particular, las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: "lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula".
"Dos patadas para ver si reaccionaba"

Según relatan desde CIEs NO: "En las imágenes se puede ver a varios funcionarios policiales arrastrando por el suelo el cuerpo inmóvil de Marouane y dejándolo tirado en la celda de aislamiento. Marouane permaneció 42 minutos en el suelo sin moverse. Durante ese tiempo, tanto policías como sanitarios lo visitan, algunos sólo lo observan desde la mirilla de la puerta del calabozo, otros llegan a entrar; todos dejan el cuerpo de Marouane tirado en el suelo. Las imágenes son explícitas: el joven se arrastra hasta la cama, posteriormente intenta ponerse en pie y cae al suelo frente a la puerta, permaneciendo en posición fetal sin que sus custodios le presten auxilio alguno. Cuando descubren a Marouane sin vida hace más de 40 minutos que nadie se ha preocupado por su estado. Tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los funcionarios entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento". De la revisión de estas imágenes, explican que se presentaron 75 fotogramas ante el juzgado, que no se correspondían con el momento de la autolisis sino con lo sucedido desde el aislamiento hasta la última asistencia médica, al considerar determinantes estos momentos en el posterior suicidio.
Marouane Abouobaida tumbado en el suelo de la celda de aislamiento en una imagen del vídeo de vigilancia.

El 14 de julio, un día antes de quitarse la vida, varios internos agredieron a Marouane provocándole fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital, comentan desde la plataforma por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que añaden que en los días anteriores el joven marroquí ya había sido víctima de otras dos agresiones. El equipo medico del hospital recomendó "reposo en cama-sillón durante 2-3 días" ante el "traumatismo craneal" que presentaba y que no se realizaran maniobras que pudieran producir un "aumento de presión cefálica (movimientos bruscos de cabeza/cuello)". También se estableció en el informe médico que "es importante que durante las próximas horas esté acompañado", pues hay que "comprobar periódicamente que el paciente se encuentra correctamente orientado y mueve los miembros con normalidad". En todo caso, debería acudir al servicio de urgencias si presentara "pérdida de conocimiento, confusión o desorientación; tendencia anormal a dormir; dolor de cabeza persistente; alteración del carácter o conductas anormales; pérdida de fuerza o alteración en la coordinación de alguna de las extremidades", entre otros síntomas. "Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales", denuncian.

Sobre esta forma de proceder, la Audiencia reconoce que "el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior", pero señala que "no integran ninguna clase de maltrato o trato degradante, si los funcionarios no han sido advertidos de que el interno, por sus lesiones o su estado físico, no simulaba, no permanecía en el suelo voluntariamente o precisaba de una atención especial que no se le daba". De este modo, el tribunal acepta la versión de los funcionarios según la cual no habían sido informados de que tuvieran que tener especiales cuidados en el tratamiento a Marouane y les exime de toda responsabilidad al indicar que "la advertencia o información sobre el especial tratamiento que debiera recibir el interno por su estado de salud correspondía al personal sanitario destinado en el CIE por tratarse del personal cualificado para valorar el estado de salud del interno y para determinar y en su caso aplicar las pautas de tratamiento prescritas para el mismo". De la supuesta falta de información a los agentes, en cualquier caso, tampoco se deriva ninguna responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria pues el precepto "sanciona la denegación de asistencia sanitaria, pero no la prestación de una asistencia incompleta o un diagnóstico erróneo". Y, en todo caso, "con tales omisiones se habría incurrido en una asistencia sanitaria incompleta, pero de ninguna manera en una denegación de asistencia sanitaria", determina el auto judicial.

La Audiencia otorga especial importancia tanto al hecho de que Marouane fuera examinado por el personal sanitario del CIE los días 12 y 13 de julio "sin que se aprecie sintomatología alguna que indicara un tratamiento antidepresivo", como al de que en su visita al hospital del día 14 no "se observara ni estimara pertinente su examen por el servicio de psiquiatría o la administración de algún antidepresivo". Sin embargo, sentencian desde CIEs NO, "resulta sorprendente la relevancia dada a estos argumentos cuando a la vez se reconoce como probados los siguientes hechos": primero, que "el médico examinó al interno en fecha 03-07-2019 y le prescribe Alprazolán (medio comprimido diario durante cuatro días), según resulta del historial clínico del paciente, añadiendo en su declaración judicial que solo lo llegó a tomar durante un día"; segundo, que en la mañana del día 15 Marouane manifestó al personal de Cruz Roja "que se encuentra bien, aunque dolorido y muestra preocupación y malestar por lo ocurrido el día anterior (…) y refiere que se encuentra humillado por los hechos" haciéndose necesario hablar con él "hasta que se relaja y vuelve a la rutina", según el informe aportado por Cruz Roja en el procedimiento; y tercero, que en el informe hospitalario la doctora que le atendió indicara que había realizado su labor "sin poder comunicarse con el paciente por la imposibilidad de comprenderse", una situación de la que difícilmente pueden extraerse conclusiones respecto del estado psicológico de una persona.
Arrastrado con la cabeza tocando el suelo

Hubo dos momentos en los que Marouane fue conducido por funcionarios policiales porque, según señalaron en su declaración ante la jueza, no "quiere" moverse, "por más que existen indicios suficientes para considerar que no 'puede' moverse", censura la plataforma cívica. "En la mañana del lunes 15, lo llevaron desde la zona de habitaciones situada en el primer piso hasta la enfermería ubicada en la planta baja. Más tarde, a mediodía, lo condujeron aparentemente desde el patio hasta la celda de aislamiento. Según uno de los testigos compañero de Marouane, ambos traslados se realizaron arrastrando el cuerpo por el suelo, agarrándolo de pies y brazos y permitiendo que la cabeza impactara contra el suelo, mientras que los funcionarios policiales declararon que el traslado se efectuó 'llevándolo en volandas cogiéndolo de brazos y piernas'". Del primer traslado, sostienen, se dispone del testimonio de los agentes y del compañero de Marouane mientras que del segundo se cuenta, además, con las imágenes de la celda de aislamiento y del distribuidor previo a ésta.

La Audiencia "da credibilidad" a la versión de la Policía y "rechaza" la del compañero de Marouane porque en las imágenes del segundo traslado entiende que "muestran a dos agentes policiales sujetando por manos y pies al interno y manteniendo en alto su cabeza sin riesgo alguno para su vida o integridad física". Sin embargo, "la cabeza de Marouane se encuentra en contacto con el suelo". Para la acusación era precisamente la declaración del compañero de Marouane unida a las imágenes del segundo traslado en las que se observa cómo la cabeza es arrastrada por el suelo, lo que confería fuerza a la versión de que Marouane no fue llevado en volandas sino arrastrado por el suelo en las dos ocasiones. La Audiencia señala: "Es cierto que alguna de las imágenes apreciadas en las cámaras de seguridad puede sugerir un comportamiento reprobable de algún funcionario policial, pero en ningún caso un acto delictivo". "Todos estos hechos descritos, independientemente de su relevancia penal, constituyen un trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito", critican desde CIEs No.

Tal y como denuncian, el CIE de Zapadores ha sido escenario "de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional, en ocasiones, puede llevarles a situaciones extremas". La muerte de Marouane, prosiguen, "se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE. Una semana antes hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días después del fallecimiento, dos chicos se autolesionaron. Desde que se abrieron los CIE, diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron". Antes de la de Marouane, en Zapadores enumeran otras 2 muertes: A. B., marroquí de 55 años. Falleció el 16 de octubre de 2010 al llegar a la puerta del CIE desde el centro de salud donde no le detectaron ninguna anomalía; y la de un ciudadano nigeriano de 47 años. Murió el 31 de agosto de 2008 tras caer desplomado en las duchas sin que pudiese ser reanimado. Además, recuerdan que el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un ciudadano georgiano, procedente del CIE.

"Por todas estas razones, vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales", concluyen.

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Re: La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1539 en: 19 de Abril de 2021, 09:16:43 am »

La Justicia hace tambalear la política de bloqueo de migrantes en Canarias defendida por Interior

    Aunque no sientan jurisprudencia, esta semana dos resoluciones judiciales cuestionan los cimientos sobre los que el Ministerio del Interior ha construido una parte de su política de bloqueo de migrantes en las Islas: la que impide salir por su cuenta del Archipiélago a miles de ellos llegados en patera
    — Un juez concluye que los migrantes pueden viajar desde Canarias a la Península con su pasaporte o petición de asilo

Gabriela Sánchez
17 de abril de 2021 22:14h
@gabriela_schz

Dos resoluciones judiciales han hecho tambalear esta semana los cimientos sobre los que basa el Gobierno una parte de la política de bloqueo de migrantes en Canarias. La primera, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de las Palmas, refleja que los migrantes en situación irregular pueden viajar desde las islas a cualquier punto del territorio español siempre que cumplan con las restricciones sanitarias, pues reconoce su pasaporte y su solicitud de asilo como un documento válido para volar. La segunda, conocida este viernes, viene de la Audiencia Provincial de Las Palmas y concluye que los acuerdos de devolución incoados contra todos los inmigrantes que llegan en patera a las islas nada más pisar tierra caducan en un plazo de 72 horas o, en su caso, tras los 60 días de internamiento en un CIE. Si en ese tiempo no han sido expulsados, pueden "moverse libremente por el resto de España".

Detrás de la primera de estas resoluciones judiciales, la que más entra a valorar los controles policiales en los aeropuertos, se encuentra Ashraf (nombre ficticio). Unas semanas después de llegar a Gran Canaria en patera, este veinteañero marroquí compró un billete con destino a Barcelona. "Después del control de equipaje, estábamos ya en la fila para embarcar y, cuando llega mi turno, un policía miró mi pasaporte y me preguntó si tenía visado. Le dije que no y me pidió que esperase, junto a otros marroquíes", dice el joven a elDiario.es. En ese tiempo, su avión despegó.

Poco después, los agentes le pidieron que le acompañase a comisaría, donde pasó dos noches en el calabozo hasta quedar de nuevo en libertad, según su relato. Esta no sería la última vez que intentó salir del Archipiélago donde, dice, "no puede avanzar". En los últimos meses, el marroquí ha tratado de volar a la península y a otras islas de la región en tres ocasiones más, pero la respuesta siempre era la misma: "Siempre me decían que sin visado no podía viajar a la península, nunca me dijeron nada de la COVID-19". Esta no es una historia nueva, elDiario.es ha documentado decenas de controles similares en Gran Canaria desde el pasado mes de diciembre, pero la de Ashraf ha llegado a los tribunales. Y el juez le ha dado la razón.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Teba, ha ordenado a la Jefatura Superior de Policía que deje volar a Ashraf, siempre que las restricciones sanitarias de las comunidades correspondientes lo permitan. Aunque su resolución judicial se refiere a un caso particular, sus argumentos constituyen un golpe contra muchos de los razonamientos con los que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Canarias han defendido los controles que en la práctica frena a cientos de migrantes en situación irregular que intentan salir del Archipiélago en barco o en avión.
"Si una persona no está detenida, se puede mover por España"

"El auto, aunque no es firme, es importante porque califica el comportamiento de la Jefatura Superior de Policía de Las Palmas como una vulneración de los derechos fundamentales, en concreto de la libertad de circulación, de personas a las que identifica", considera Deniel Arencibia, uno de los abogados de Ashraf. "La resolución recuerda que no existen áreas grises entre la libertad y la detención: si una persona no está detenida, se puede mover por todo el territorio nacional. No existen áreas de confinamiento".

El magistrado Teba llama la atención sobre las contradicciones esgrimidas por parte de ambas instituciones. Para defender el tipo de controles que impidieron a Ashraf tomar su vuelo, la Subdelegación del Gobierno de Las Palmas explica, según el auto, que el día en que el denunciante quería viajar a Barcelona "se detuvo a 22 personas" en el aeropuerto de Gran Canaria con la finalidad de "proceder a su devolución en el plazo de 72 horas o solicitar el internamiento en el CIE".

Sin embargo, sostiene el juez, la Subdelegación del Gobierno "no aporta documentación alguna sobre las citadas detenciones ni sobre la supuesta ejecución de esas órdenes de devolución, ni sobre las hipotéticas solicitudes de internamiento en el CIE de los detenidos entre los que se encontraría el denunciante".

A su vez, en una respuesta a una pregunta parlamentaria registrada por el senador Fernando Clavijo y citada por el juez en su resolución, el Ministerio del Interior reconoce que si una persona llegada a España sin papeles no ha podido ser devuelta o internada en un CIE en el plazo de 72 horas, "el extranjero queda en libertad". En ese caso, según el Ministerio del Interior, las únicas limitaciones impuestas para viajar dentro del territorio español se reducen "al cumplimiento de las normas establecidas por las distintas compañías transportistas" y a los "confinamientos perimetrales que puedan existir en la comunidad autónoma a a la que quieran dirigirse".

El magistrado considera que la posición de Subdelegación del gobierno -que defendía la detención de estos migrantes con el objetivo de proceder a su devolución del país- "no es que sea la contraria a la legislación vigente, es que es opuesta al propio criterio del Ministerio del Interior que consta por escrito en sede parlamentaria".  En este sentido, el juez concluye que, al impedir viajar a Ashraf, la Administración "restringe su libertad ambulatoria con el pretexto de implementar una orden de devolución que es incapaz de ejecutar y que nunca lleva aparejada la solicitud de internamiento en el CIE".

En este mismo sentido se ha manifestado este viernes La Audiencia de Las Palmas. El Tribunal ha fallado que la validez de los acuerdos de devolución emitidos por la Policía Nacional contra todos los inmigrantes que llegan en patera a las islas nada más pisar tierra "fenece" si no se ejecuta en un plazo de 72 horas o, en su caso, tras los 60 días de internamiento en un CIE, según informa la agencia Efe. El tribunal se pronuncia tras revocar la orden de internamiento en el CIE de Gran Canaria de un inmigrante al que la Policía detuvo el 18 de diciembre de 2020 en el aeropuerto de la isla con el argumento de que tenía pendiente la orden de devolución que libraron contra él a su llegada en patera al muelle de Arguineguín, un mes antes.
Interior niega que impida viajar a los migrantes desde Canarias

El Ministerio del Interior niega a elDiario.es que en Canarias se estén aplicando "restricciones a la movilidad de las personas, migrantes o no, salvo aquellas derivadas de las medidas impuestas por las distintas CCAA frente al COVID-19". Sin embargo, desde diciembre, elDiario.es ha documentado casos en los que migrantes en situación irregular han sido frenados por la policía en el aeropuerto de Gran Canaria a pesar de querer volar a comunidades sin cierre perimetral.

Es el caso de Jalal (nombre ficticio), un hombre mauritano al que la Policía Nacional impidió embarcar en su vuelo con destino Madrid el pasado 14 de diciembre. Aquel día, la Comunidad de Madrid no estaba cerrada perimetralmente, sin embargo, esta persona fue frenada por los agentes que, tras observar su documentación, le dirigieron a la comisaría del aeropuerto de Gran Canaria. Unas horas después quedó en libertad, pero perdió su vuelo.

El mauritano acudió desesperado al mostrador de la compañía con la que había intentado viajar, Rayanair, para preguntar si la empresa podría devolverle el dinero. La trabajadora le dijo que no: "A las personas que están sin papeles, no les deja viajar la Policía; no es nuestra responsabilidad", le respondió en presencia de elDiario.es.

Según Arencibia, los argumentos del auto del juzgado de lo contencioso-administrativo evidencian que este tipo de operaciones policiales son irregulares. "El juez deja claro que solo con el concurso del poder ejecutivo y judicial se puede afectar a la libertad durante más de 72 horas. Sea para retenerlos en una vivienda, en un calabozo, en una cárcel, en un centro de internamiento o en una isla", dice el letrado. "Venderlo como un control COVID, que realmente quien lo controla es la Brigada de Extranjería y hace averiguaciones propias de un control fronterizo, es una vulneración torticera que trata de aparentar lo que no es".

Celyne forma parte del colectivo Somos Red Solidaria, formado para apoyar a los migrantes llegados en patera en Gran Canaria, y no se fía de que estas sentencias se vayan a reflejar de forma inmediata en los aeropuertos canarios. "El día en que se conoció el auto -del juzgado de lo contencioso administrativo-, me encontré a varios chicos migrantes gritándolo y celebrándolo al conocer la noticia. Les hemos transmitido cautela y les hemos explicado que no quiere decir que la Jefatura Superior de Policía vaya a aplicarla ya en todos los casos, nos da miedo que vuelvan a intentarlo y pierdan de nuevo su dinero", dice la activista, que acompañó la semana pasada a varios migrantes al aeropuerto. "Ninguno de ellos ha podido viajar. A todos les dijeron que, sin visado, no podían embarcar".

Ashraf ya tiene vía libre para viajar a la Península, siempre que las limitaciones sanitarias se lo permitan: "Estoy muy contento. Aquí he perdido mucho tiempo y dinero. Me gusta mucho Canarias, pero la vida en el campamento es muy difícil. En Barcelona tengo una amiga que puede ayudarme y es allí donde tengo más opciones para salir adelante".