La Policía se niega a regular un protocolo de quejas de malos tratos y torturas en los CIE
El Defensor del Pueblo ha expuesto en el Congreso su último informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, en el que señala que los espacios de privación de libertad siguen siendo deficientes en mecanismos para investigar casos de torturas y malos tratos.
Centro de Internamiento para Extranjeros en el barrio de Aluche, Madrid
Centro de Internamiento para Extranjeros en el barrio de Aluche, Madrid. ÁLVARO MINGUITO
Ter García
@tergar_
13 SEP 2022 12:32
Es un informe muy parecido al del año anterior: “2021 no fue un año más luminoso”, ha concluido hoy el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. El ex candidato del POSE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que ejerce como Defensor del Pueblo desde noviembre de 2021, ha comparecido hoy en el Congreso para presentar el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de 2021, cuatro meses después de su publicación.
“Se ha avanzado en las peticiones realizadas, pero seguimos insistiendo”, continúa Gabilondo ante la principal crítica de varios de los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión: en el informe no se realiza un seguimiento suficiente del desarrollo de las recomendaciones realizadas.
La institución que ahora dirige lleva desde 2010 realizando informes sobre situaciones en espacios de privación de libertad susceptibles de que se den situaciones de malos tratos y torturas, y sobre la puesta en marcha, o no, de mecanismos para evitar estos abusos, cumpliendo con el artículo 23 del protocolo internacional de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. Para ello, han visitado espacios de privación de libertad de corta —calabozos de los juzgados, comisarías y jefaturas de policía—, media —centros de internamiento de extranjeros y centros de atención temporal de extranjeros— y larga duración —centros penitenciarios, centros de menores infractores y centros psiquiátricos—.
Aunque la mayoría de las personas entrevistadas el pasado año en las visitas a comisarías afirma haber recibido un trato correcto, también ha habido un número significativo de denuncias de malos tratos
“Este informe habla de una realidad muchas veces velada y no siempre fácil de explicitar”, afirma Gabilondo. “La mera existencia de este mecanismo muestra que estamos en una sociedad comprometida, pero no hay que caer en la complacencia”, continúa.
Una de esas realidades es la que se vive en las comisarías, en las que el Defensor del Pueblo ha señalado que, aunque la mayoría de las personas entrevistadas el pasado año en las visitas ha afirmado haber recibido un trato correcto, también ha habido un número significativo de denuncias de malos tratos. “Hay que persistir en que los malos tratos son ilegales, poco profesionales y susceptibles de sanciones”, ha afirmado Gabilondo, quien también ha subrayado la necesidad de investigar estas denuncias. Y en esta investigación en donde recaen varias de las deficiencias retratadas en el informe, muchas de ellas relacionadas con la opacidad de estos espacios.
El informe detalla que en dos de las diez comisarías de la Policía Nacional visitadas no se rellena correctamente el libro de registro de detenidos —comisarías de Algeciras y Gijón— y en otras cinco se rellena parcialmente —Ciutadella, Don Benito, Pola de Siero, Carabanchel, Canarias—. Tampoco se rellena correctamente el registro de la cadena de custodia completa del detenido. Los sistemas de videovigilancia son totalmente deficientes en la comisaría de Algeciras y en las tres sedes judiciales visitadas —Juzgados de Menores de Madrid, Palacio de Justicia de Bilbao y Palacio de Justicia de Huelva—, y parcialmente en las de Ciutadella, Don Benito, Cáceres, Canarias y Cantabria, además de en las doce dependencias de la Guardia Civil visitadas . Asimismo, la comisaría de Carabanchel, en Madrid, no cumple con la conservación de las grabaciones, y las de Ciutadella, Don Benito (Extremadura), Gijón, Cáceres y Cantabria lo hacen parcialmente.
El Defensor del Pueblo señala como principales deficiencias para prevenir casos de malos tratos y torturas la falta de mecanismos de transparencia en los espacios de privación de libertad
Y es un tema importante, porque estas imágenes, según ha resaltado Gabilondo, es lo que permite verificar las denuncias. El Defensor del Pueblo también ha recalcado la necesidad de que los detenidos tengan acceso inmediato a representación letrada y que puedan hablar con estos profesionales en espacios que permitan la confidencialidad
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En cuanto a los centros dedicados a las personas en situación irregular —centros de atención temporal de extranjeros (CATE) y centros de internamiento de extranjeros (CIE)—, Gabilondo ha resaltado también la necesidad de que estos espacios dispongan de videovigilancia y que se garantice el acceso a letrados a las personas detenidas, pero también ha apuntado a que los agentes no porten sus armas dentro de estos espacios y a la necesidad de prevenir conductas autolesivas.
El informe resalta que las situaciones de malos tratos en estos espacios también carecen de la suficiente documentación. En anteriores años, desde el Defensor del Pueblo se sugirió a estos centros que pusieran a disposición de los detenidos formularios de queja en los que pudieran relatar si habían sido víctimas de malos tratos o torturas por parte de los agentes de policía que custodian los centros. “Unas veces no hay formularios para denunciar malos tratos, otras veces hay que insistir en que los agentes no porten armas”, resume Gabilondo, quien destaca que ya en 2021 se formuló una recomendación a la Dirección General de Policía para que aprobara una instrucción con un protocolo de tramitación de quejas de malos tratos, pero que, “por el momento, no ha aceptado”. “Hay que hacer un marco regulatorio específico, y la administración no lo acepta, ni siquiera que haya una formación específica para estos policías”, añade.
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En cuanto a la situación de los centros penitenciarios, Gabilondo ha resaltado que la pandemia de covid-19 ha provocado que los internos han pasado meses aislados casi la totalidad del día en sus celdas, pero, más allá de la situación de aislamiento sufrida por los presos en los últimos años, el Defensor del Pueblo apunta que “hay muchas cuestiones” surgidas tras las 15 visitas realizadas, que han desembocado en 92 recomendaciones, 172 sugerencias y 15 recordatorios de deberes legales.
En primer lugar ha destacado la recomendación realizada en cuanto a unificar los libros de registro de malos tratos y de que los partes de lesiones y el uso de medios coercitivos —como las contenciones mecánicas— sean comunicados a las fiscalías correspondientes.
Sobre la dramática situación de la atención sanitaria en las cárceles, Gabilondo ha afirmado que hay “un amplio margen de mejora”, aunque sí se han realizado acciones encaminadas a la prevención de suicidios. La falta de atención primaria en las prisiones, que depende del Ministerio de Interior salvo en Navarra, País Vasco y Catalunya, ha sido denunciada varias veces por los profesionales sanitarios y por organizaciones sociales.
En los centros de menores infractores, Gabilondo ha resaltado como principal mejora la abolición del uso de contenciones mecánicas, método coercitivo que aún hoy sigue aplicándose en prisiones de adultos y en centros psiquiátricos, pero apunta a la necesidad de que en estos centros los menores tengan un reconocimiento médico en las primeras 24 horas de internamiento y de que dispongan de profesionales de psicología clínica y se mejore la prevención de conductas autolesivas.
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El uso de contenciones mecánicas, la sobremedicación y la falta de un registro de internamiento no voluntario son las principales deficiencias en cuanto a prevención de la tortura en centros psiquiátricos señaladas por Gabilondo. También la falta de un protocolo específico de prevención de suicidios.
“Nos encontramos ante una realidad no siempre suficientemente conocida, un tanto opaca e invisible para no pocos”, lamenta Gabilondo. “Muchos sectores de la sociedad parecen no querer recordar que existe la situación de las personas privadas de libertad. Hay que conseguir su reinserción, como marca la Constitución española, están privados de libertad pero tienen derechos”, concluye.
