Una mujer sin permiso de residencia se expone a la expulsión o multa de hasta 10.000 euros por denunciar el hurto de su pasaporte
Según denuncia la ONG València Acull, A.R. acudió a denunciar el hurto al juzgado de guardia, donde se negaron a admitir la denuncia y la remitieron a la comisaria de Policía, que la ha citado para notificarle la incoación de un expediente sancionador en virtud de la Ley de Extranjería
Miguel Giménez
València —
5 de septiembre de 2023 23:00h
Actualizado el 06/09/2023 05:30h
Las víctimas de delitos que se encuentren en situación administrativa irregular en España se enfrentan a todo tipo de obstáculos para poder ejercer el derecho fundamental a formular una denuncia, según alertan desde el colectivo València Acull: “No sólo la Policía Nacional les continúa sancionando por estancia irregular cuando acuden a denunciar, sino que el juzgado de guardia rechaza algunas denuncias y deriva a las víctimas a las comisarías sin tener en cuenta el riesgo que corren”.
De este modo, A. R. ha sido citada el próximo 28 de septiembre a comparecer ante la Brigada de Extranjería “al objeto de notificarle la incoación del correspondiente expediente sancionador”, según consta en la citación que le entregaron en la comisaría de Russafa tras haber interpuesto una denuncia por el hurto de su pasaporte. La sanción que le pueden imponer por haber ido a denunciar sin tener permiso de residencia es la expulsión o una multa de 501 hasta 10.000 euros.
La joven acudió el pasado 26 de julio al juzgado de guardia a denunciar el hurto de su pasaporte del interior de la habitación que tiene alquilada en un piso de València. En el juzgado, según explican desde la ONG, se negaron a admitir la denuncia y le indicaron la dirección de la comisaría de Russafa para que fuera a presentarla: “No es la primera vez que en el juzgado de guardia rechazan este tipo de denuncias acogiéndose a que la ley de Seguridad Ciudadana establece que de la 'sustracción o extravío' de los pasaportes 'deberá darse cuenta de manera inmediata a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o, en su caso, a la Representación Diplomática o Consular de España en el extranjero' (artículo 11.4)”.
Sin embargo, la víctima ha estado asistida por un letrado que ha argumentado que esa disposición de la ley no exime al juzgado del deber de tramitar la denuncia de un presunto delito -como es el robo o hurto de un pasaporte- “han acabado admitiéndola”. En este caso, relatan que A. R. acudió sola al juzgado, la remitieron a la comisaría de Russafa y hasta la agente de Policía que le atendió “se sorprendió de que estando en situación irregular se presentará en una comisaría”. Tal y como describen desde València Acull, la policía recogió su denuncia por hurto, pero acto seguido le entregó la citación, donde ya se adelanta que la van a sancionar y le advierten de que si no comparece se le podrá incoar “un expediente de expulsión por el procedimiento preferente”. Incluso compareciendo la consecuencia del expediente sancionador puede ser la expulsión, explican.
Ley de Extranjería vs. protección de las víctimas
La Policía Nacional trata de justificar este modo de actuar frente a las personas en situación irregular que acuden a denunciar en que deben cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería), que contempla sanciones por estancia irregular. El Ministerio del Interior utiliza la misma justificación. Sin embargo, sostienen desde València Acull, “ni los ejecutores de las propuestas de sanción ni sus responsables políticos tienen en cuenta la legislación española y europea ni las recomendaciones institucionales que establecen expresamente la protección jurídica de todas las víctimas sin tener en cuenta su estatuto de residencia (Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, Directiva europea 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre protección de las víctimas de delito, Recomendación general de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia ECRI del Consejo de Europa núm. 16)”.
En este sentido, recuerdan que el Defensor del Pueblo viene reclamando desde 2004 a los distintos Gobiernos que no se incoen expedientes sancionadores a los extranjeros en situación irregular que acudan a las comisarías a denunciar delitos: “Esa recomendación fue asumida parcialmente para proteger a las víctimas de violencia de género, pero siguen corriendo riesgo de expulsión el resto de víctimas de delitos en situación irregular”. En 2019, a raíz del caso de una mujer hondureña que fue a denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar, el Defensor volvió a presentar una recomendación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que solicitaba: “Dictar las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional”.
Para el Defensor, la cuestión de fondo entre si el Estado debe garantizar los derechos de las personas extranjeras en situación irregular como víctimas de cualquier delito o si, por el contrario, prevalece la legislación de extranjería que obliga a incoar un expediente sancionador por estancia irregular, debe resolverse concentrando todos los esfuerzos “en auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos”. Por esta razón, la institución rechaza que, al mismo tiempo, el agente indague sobre la situación administrativa de la víctima, ya que “esta actuación tiene claramente un efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, y constituye una quiebra del principio de equidad, de proporcionalidad y de seguridad jurídica”. No obstante, en enero de 2021 el Gobierno rechazó la recomendación.
También el presidente del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (Cedre) exigió un cambio en la Ley de Extranjería y calificó de “muy lamentable” el rechazo de Interior a la recomendación del Defensor por la impunidad que provoca, “desde agresiones sexuales hasta abusos laborales. Hemos visto a personas migrantes trabajadoras que han fallecido abandonados a las puertas de un hospital. Eso sucede por decisiones como esta”. En junio de 2021 el Cedre emitió una recomendación reiterando que fuera asumida la posición del Defensor.
El Relator de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, también exigió en su informe sobre acceso a la justicia de las personas migrantes que “sean regulares o irregulares, deben tener garantizado el derecho a recurrir a los tribunales y otros operadores de justicia para proteger sus derechos humanos y evitar la impunidad”. También se aprobaron iniciativas en las Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados para proteger a las víctimas de delitos en situación irregular, pero no han sido aplicadas por el Gobierno a pesar de que PSOE y Unidas Podemos las avalaron.
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Los casos identificados, “la punta del iceberg”
“Desde que se rechazó la recomendación del Defensor de 2019 no sólo hemos tenido conocimiento de nuevas sanciones al ir denunciar un delito (comisaría de Burjassot-Godella y comisaría de Granada) sino incluso sólo por acudir a realizar un trámite administrativo (comisaría de Paterna y comisaría de Melilla)”, denuncian desde València Acull, y añaden: “Y los casos identificados son la punta del iceberg porque la mayoría de las víctimas temen sufrir represalias administrativas si hacen público lo que les ha ocurrido o desconocen que pueden denunciar este tipo de situaciones”.
Por todas esto, desde la entidad cívica reitera la urgente necesidad de una reforma legislativa de la Ley de Extranjería, “equiparable a la que protege a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos”, para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo.
