Autor Tema: La ley de extranjería y su aplicación  (Leído 169489 veces)

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1480 en: 13 de Abril de 2018, 09:43:37 am »
Una jueza advierte a Zoido de un posible delito de desobediencia si no suprime las rejas en los CIE de Algeciras y Tarifa

La titular del juzgado en funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros observa aún muchas cuestiones por cumplimentar de las que ya dio cuenta hace un año

En dos autos anteriores (diciembre de 2016 y mayo de 2017) pedía diversas mejoras pero "únicamente" se han cumplimentado algunas
Javier Ramajo Follow @javierramajo
12/04/2018 - 21:17h

Llueve sobre mojado en el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa, en Cádiz. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del Centro de Internamiento de Extranjeros, ha enviado una advertencia en forma de auto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, instando a éste y a los directores de ambos centros a solventar las numerosas deficiencias de las instalaciones. Su inacción podría conllevar posibles consecuencias penales, apunta la jueza.

En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el juzgado hace alusión al delito de desobediencia en el que se incurriría "por autoridad o funcionario público" en caso de persistir en el incumplimiento de una resolución judicial. Muchas de las cuestiones ya las hizo llegar el juzgado hace casi un año cuando solicitó adoptar hasta 31 medidas urgentes dirigidas a la mejora de la estancia de las personas internas y a facilitar el trabajo de las organizaciones sociales que intervienen en estos centros.

En dos autos anteriores (diciembre de 2016 y mayo de 2017) pedía diversas mejoras pero "únicamente" se han cumplimentado algunas, indica en el auto. Días después de trascender el primero de aquellos autos, el propio Zoido dijo en el Congreso de los Diputados Zoido que los CIE "no tienen carácter penitenciario". La jueza, que ha lamentado en anteriores ocasiones la "impronta carcelario" del lugar (de hecho es una antigua cárcel) lamenta también que el Ministerio no acusó siquiera recibo formal cuando se le notificó el auto de mayo de 2017, instando ahora de nuevo a que se le notifique vía fax.

Ahora, tras su visita el pasado 31 de enero de 2018, la jueza insiste en la supresión de rejas en las habitaciones de los internos, así como la remisión, por parte del servicio médico, del parte de lesiones directamente al juzgado, o en su caso, en sobre cerrado a la dirección para su remisión a la autoridad judicial. La jueza pide que se garantice que los extranjeros puedan disponer de sus teléfonos móviles al menos durante un periodo mínimo de cuatro horas para hacer y recibir llamadas del exterior. También pide la construcción de espacios lúdicos adecuados, o la instalación de taquillas o mesas.

Además, la jueza sigue pidiendo la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, servicio con retrete y cisterna, y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno. Para el centro de Tarifa, entre otras muchas cuestiones, pide instalar un sistema de apertura mecánica de las habitaciones y de un sistema de climatización en todos los módulos y espacios comunes, así como la asistencia médica las 24 horas del día.
Revisar la externalización de servicios

También pide la jueza lo necesario para garantizar la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.

Entre otras medidas a tomar se incluye la de habilitar a las organizaciones sociales para que puedan visitar y asistir a las personas internas sin limitar las visitas a una duración máxima de tiempo, además de establecer unas "directrices comunes para la asistencia social, jurídica y cultural" y revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los CIE tras "las significativas carencias detectadas en las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo", que se recogen pormenorizadamente en el auto.

Entre las medidas que "únicamente" se han tomado desde el 8 de mayo de 2017 están la adaptación del modelo de parte de lesiones, la instalación de buzones específicos para las ONG, la puesta a disposición de crema hidratante, la ampliación del número de cámaras de vigilancia, el libre acceso del jefe de seguridad para el visionado de imágenes grabadas, la instalación de máquinas de refresco o la creación de un registro de las separaciones temporales.

Andalucía Acoge ha recordado en un comunicado que el auto se produce después de las visitas de la jueza de control del CIE de Algeciras y las quejas presentadas por su asociación federada, Algeciras Acoge. Señalan que dicha resolución "constituye un avance con respecto a las condiciones tan deplorables en los que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros, pero seguimos insistiendo en su cierre y rechazamos la apertura de nuevos CIE porque su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes".

"Este auto vuelve a evidenciar la ineficacia de estos centros y supone un logro en relación a la lucha por el cierre y la desaparición de estos centros que están fuera del respeto a los derechos humanos, son ineficaces y costosos para toda la sociedad, además de infligir un sufrimiento innecesario a seres humanos que sólo buscan un futuro mejor", concluye la federación.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1481 en: 29 de Junio de 2018, 07:22:48 am »

El CIE de Aluche registró 15 huelgas de hambre, 33 motines, 11 intentos de fuga y 7 de suicidio entre 2014 y 2017

     "Preguntan constantemente 'qué va ocurrir' dentro o fuera del CIE y a caen en una inseguridad", advierte el informe
    Los psicólogos de la ONG SOS Racismo Madrid detectan casos de angustia, sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas y un claro decaimiento

InfoLibre
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Publicada el 28/06/2018 a las 09:20 Actualizada el 28/06/2018 a las 16:54

Los internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han protagonizado entre 2014 y 2017 (ambos incluidos) al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga, según un informe elaborado por la ONG SOS Racismo Madrid.

El informe, llamado Más allá de la frontera de lo humano, está basado en el acompañamiento a 843 personas internas en el CIE de Aluche entre 2014 y 2017. Analiza las consecuencias psicológicas del internamiento y las acciones de protesta y resistencia de las personas internas y qué repercusión ha tenido el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros aprobado en marzo de 2014.

En el periodo analizado observan un descenso del número de internos en Aluche debido a las deportaciones exprés realizadas entre 2014 y 2016. En cambio, en 2017 se produjo un repunte tanto de los internamientos como en las expulsiones desde los CIE.

La mayoría de las personas visitadas por la ONG son hombres procedentes del Magreb y un 31 por ciento afirmaban haber sido detenidas tras la solicitud de documentación en espacios públicos. Sin embargo, este tipo de internamientos se han reducido a favor de las detenciones en frontera. Si en 2014 eran un 11 por ciento, el año pasado llegaron al 55 por ciento.

Además, señalan que muchos de los internos en el CIE de Aluche llegaron detenidas desde otras regiones españoles, el 86 por ciento. Así, la mayoría de los autos de internamientos de las personas acompañadas por SOS Racismo han sido dictados en Andalucía. "Estos datos muestran una cambio de tendencia que parece haberse trasladado de las ciudades a las fronteras", señala el informe.

La duración media del internamiento de las personas retenidas en Aluche se mantiene constante. Según datos de SOS Racismo, en 2015 fue de 36 días, en 2016 de 35 y en 2017 de 39. Según datos del Gobierno de España, la media de días en 2017 fue de 24,7.

Infancia y nivel de arraigo

En 2016 el Ministerio del Interior reconocía la privación de libertad de 51 menores en los diferentes CIE de España. Entre 2015 y 2017, 41 de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo manifestaban que eran menores de edad.

La mitad provenían de Argelia (20) y las demás de Marruecos, Costa de Marfil, Guinea Conakry, Mali, Níger y Gambia. La mayoría (36) habían sido detenidas en frontera, "por lo que se detecta un fallo en los procedimientos de identificación de personas en situación de vulnerabilidad desde que llegan a territorio y son detenidas".

Hasta 2017, el mayor porcentaje de personas llevaban viviendo en España más de 6 años. "Es decir, son personas que tienen su vida hecha en España, con sus redes, familias, amistades, aquí formadas. El encierro en el CIE supone arrancar a estas personas de su cotidianeidad, con todo el sufrimiento que esto supone para la propia persona y para la gente que el le rodea. Puede suponer la pérdida de trabajo, dado que el internamiento se puede prolongar hasta dos meses", critica la ONG.

De hecho, el 25 por ciento de las personas que visitaron estuvo en situación regular en algún momento de su vida en España. Precisamente, son el colectivo de personas con más expulsiones que liberaciones, el 55 por ciento.

Por otro lado, de las 843 personas acompañadas por SOS Racismo en estos cuatro años, el 44 por ciento fueran puestas en libertad. "Quedan liberes, pero su libertad de movimiento sigue comprometida. La regularización sigue resultando complicada, ligada a la existencia de un contrato laboral formal y al cumplimiento de ciertos requisitos. Esto supone que tras el CIE pueda producirse una deportación exprés", avisan.

Apoyo psicológico

SOS Racismo está dando apoyo psicológico, "aunque muchas veces precario dadas las condiciones en las que ocurre". Consideran que es de gran ayuda y debe ampliarse no solo dentro del Centro de Internamiento, sino fuera para los exinternos y sus familiares.

"La arbitrariedad juega un papel desestructurante, pues las personas detenidas esperan normas claras de su internamiento y se encuentran en un periodo corto de tiempo con arbitrariedades del propio dispositivo, sin saber casi nada de cuál será su destino. Las personas necesitamos saber nuestros derechos y deberes, más en circunstancias tan límites. Preguntan constantemente 'qué va ocurrir', que sucederá dentro o ya sea fuera del CIE. Caen en una inseguridad con ausencias mínimas de garantías. Son personas dañadas en su confianza con el otro, y en el CIE esto se profundiza dada la arbitrariedad del centro", relatan en el informe.

Los psicólogos de la ONG han detectado casos de angustia, sentimientos de culpa, insomnio, dolores musculares, cefaleas, un claro decaimiento, "y lo que es peor para su salud mental, la pérdida de esperanza".

No obstante, muchos internos se manifiestan contra su situación bien enviando cartas y quejas colectivas a los Juzgados de Control bien con protestas. SOS Racismo ha contabilizado al menos 15 huelgas de hambre y se han producido tres protestas colectivas, así como 7 intentos de suicidio u 11 intentos de fuga.

Incumplimientos de la norma

SOS Racismo ha recogido estos años testimonios y otras evidencias de los "frecuentes incumplimientos" en Aluche respecto a la normativa que los regula, "en detrimento de los derechos de las personas internas, y sin que la entrada en vigor en marzo de 2014 de la nueva normativa haya supuesto un antes y un después en la situación".

Los puntos más preocupantes son la "deficiente identificación" de los jóvenes menores de edad en la frontera, "deficiente acceso a la información" relativa al derecho así como al procedimiento para solicitar Protección Internacional, la "ausencia de mecanismos de asistencia" a supervivientes de naufragios y la situación "de calle" en la que se acaban muchas personas que son liberadas del CIE.

La ONG ha recogido los autores de los Juzgados de Control, en los que establecen mecanismos, "en ocasiones de forma reiterada", para que se respete íntegramente los derechos de los inmigrantes a la información, a solicitar protección internacional, a la asistencia médica y sanitaria, a la comunicación y al derecho a entrar en contacto con organización de protección.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1482 en: 01 de Julio de 2018, 07:26:16 am »

La historia se repite en Tarifa cuatro años después: ONG llevan a la Fiscalía la "detención ilegal" de migrantes

Algeciras Acoge y APDHA constatan que un buen número de personas, incluidos menores, llevan más de 72 horas privadas de libertad en un polideportivo

Varios autobuses trasladan a las personas migrantes desde Algeciras, Barbate y Tarifa a otros puntos de la geografia andaluza
Javier Ramajo
30/06/2018 - 20:48h

Mediados de agosto de 2014. Polideportivo de Tarifa. Más de 200 personas migrantes están detenidas hasta que se resuelve su situación documental. Permanecen bajo custodia de la Guardia Civil, sin pasar a disposición judicial, durante los ocho o nueve días que fueron retenidos en el pabellón. El máximo legal es de 72 horas. Pues la historia se está repitiendo estos días, según han constatado miembros de Algeciras Acoge y de la delegación de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en el Campo de Gibraltar, las mismas ONG que denunciaron aquella situación y que han vuelto a llevar los hechos a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo de España.

28 de junio de 2018. Mismo polideportivo de Tarifa. Se encuentran detenidos unos 200 migrantes llegados a las costas en los últimos días, la mayoría de ellos de origen marroquí. De ellos, "un número importante de estas personas" ha superado el plazo de las 72 horas de privación de libertad. "Un número significativo de las mismas presentaban rasgos evidentes de minoría de edad", dice textualmente la comunicación dirigida este viernes a la Fiscalía de Algeciras, a la que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.

Cabe recordar que, en 2016, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo de Algeciras Acoge contra la situación de aquellos migrantes, pero  cuatro magistrados denunciaron la "grave vulneración del derecho a la libertad personal" de aquellos subsaharianos llegados en pateras en pleno verano de 2014.

Explica Acoge en su escrito que de los nuevos hechos denunciados se ha tenido constancia de los mismos por la presencia de los miembros de la citada entidad, por las manifestaciones de las personas detenidas, que informaron tanto del tiempo de su estancia en dichas instalaciones como de su minoría de edad, y por las propias manifestaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Como detalle, según explica a este medio Jesús Mancilla en relación con el tiempo de estancia, se pudo comprobar que muchas de estas personas portaban camisetas en las que se les estampó la fecha de entrada. "Varios de ellos nos dijeron que estaban allí desde el domingo pasado", indica.

Como han hecho los de Motril (Granada) y Barbate, el Ayuntamiento de Tarifa ha tenido que habilitar espacios para que los migrantes no pasen la noche al raso. De hecho, según el presidente de Algeciras Acoge,  los migrantes que abandonaron el polideportivo Barbate también han sido llevados a Tarifa, donde intuye que las fuerzas policiales han instalado su 'centro logístico' ante la llegada de numerosas pateras en los últimos días a la costa.

"Ilegalidad flagrante"

Las ONG entienden que ha habido un "incumplimiento del plazo máximo de detención" y que ello supone una vulneración de la legalidad vigente, concretamente del artículo 17 de la Constitución y del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. "El escenario es muy parecido al de hace cuatro años, con la diferencia que en aquella ocasión llegaron todos de una vez y ahora se trata de una situación que lleva ya varios días produciéndose. Es una ilegalidad flagrante", apostilla Mancilla.

Acoge, que sopesa ejercer la acusación particular en la causa que se pueda abrir, entiende que los posibles menores migrantes "han de ser puestos con carácter inmediato a disposición de la Fiscalía", única entidad competente para la adopción de la práctica de pruebas para la determinación de la edad, instando en defintiva a que se garantice el cumplimiento de la legalidad. Para Mancilla, además, existe una "absoluta falta de recursos" para ofrecer acogida humanitaria a estos migrantes, y trae a colación en modo comparativo el "despliegue" de medios ante la llegada de la flotilla del Aquarius hace unos días a Valencia, lamentando la falta de atención a "la frontera sur" en este sentido.

Mancilla comenta también que en Tarifa vieron mucho movimiento de autobuses que se dirigían a Córdoba, Huelva o Sevilla. La repetida situación que se vive en el polideportivo de Tarifa no es la única en Andalucía. Este mismo viernes, APDHA hizó pública la  "detención de dudosa legalidad" de 45 subsaharianos en instalaciones del Ayuntamiento de Córdoba. Estos migrantes fueron trasladados de Algeciras a Córdoba y finalmente a Madrid. Algunos de los migrantes de Tarifa procedían de Barbate, según informa la asociación vinculada a la federación Andalucía Acoge.

Precisamente fuentes de APDHA, acerca de la situación en Tarifa, señalan que mientras estuvieron en el polideportivo "salieron dos autobuses llenos para Cordoba, otros dos a la mitad para Huelva (con mujeres que iban a Cruz Blanca) y otro solo de hombres, presuntamente para Sevilla. Todos migrantes subsaharianos".

Por otro lado, en la noche del viernes, varias ONG se hicieron hecho cargo de los 132 migrantes para los que el Ayuntamiento de Motril (Granada) abrió de forma excepcional el pabellón polideportivo tras ser rescatadas de tres pateras en el Mar de Alborán el pasado martes por la tarde, según dijeron a Europa Press fuentes de Policía Nacional y de Cruz Roja.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1483 en: 13 de Agosto de 2018, 16:55:22 pm »


El Gobierno defiende las dos ‘devoluciones en caliente’ del PP que condenó Estrasburgo


El recurso de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Derechos Humanos reproduce argumentos del Ejecutivo de Rajoy para justificar la expulsión express en Melilla de dos inmigrantes
   

La policía intenta bajar a un grupo de inmigrantes encaramados a la valle fronteriza de Melilla en una imagen de archivo. FOTO: ANTONIO RUIZ | VÍDEO: ATLAS
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid  13 AGO 2018 - 16:26 CEST
El Gobierno ha decidido seguir adelante con el recurso que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la decisión de la Corte de Estrasburgo de condenar a España por la devolución en caliente de dos inmigrantes africanos en la frontera de Melilla en 2014. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía del Estado evita esgrimir la Ley Mordaza del PP –en una de cuyas disposiciones se legalizaron estas polémicas expulsiones exprés- pero utiliza uno de los argumentos que planteó el Gobierno popular ante la Corte. Pese a ello, un portavoz del Ministerio de Justicia insistía esta semana a este diario que "la voluntad del Gobierno es acabar con las devoluciones en caliente", aunque añadía que no se trata de "suspenderlas y ya está. Se está a la espera de ver qué marco jurídico marca precisamente Estrasburgo" cuando se pronuncie sobre el fallo el próximo septiembre.


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El caso que provocó la condena a España arrancó con la denuncia de varias ONG por la expulsión el 13 de agosto de 2014 de N. D. y N. T., procedentes de Mali y Costa de Marfil, que aquel día saltaron la valla que separa Marruecos de España. En octubre de 2017, el TEDH consideró probado que la Guardia Civil los arrestó y los condujo de manera inmediata de vuelta al país magrebí, y sentenció que con ello las autoridades españolas habían violado la Convención Europea de Derechos Humanos. El fallo obligaba a España a indemnizar a cada uno de los dos con 5.000 euros.

El Gobierno del Rajoy anunció que recurriría la decisión ante la Gran Sala del TEDH al considerar que no hubo una vulneración de la legalidad internacional en unas devoluciones que siempre ha denominado “rechazo en frontera”. El Tribunal de Estrasburgo fijó el pasado 4 de julio para revisar dicho recurso.


Tras la moción de censura que convirtió en presidente a Pedro Sánchez, el Ministerio de Justicia remitió una carta a Estrasburgo en el que solicitaba aplazar esta revisión. En la misiva, adelantada por EL PAÍS, el Ejecutivo aseguraba que se había dado cuenta “de inmediato de la destacada importancia” del caso y anunciaba que iba a revisar la postura que España tenía previsto mantener en la audiencia. El TEDH aceptó la petición y pospuso su decisión a septiembre.

Ese recurso ha llegado ahora a Estrasburgo y en sus 76 folios el Gobierno de Sánchez mantiene la postura del Ejecutivo de Rajoy para negar cualquier irregularidad en la expulsión de los dos inmigrantes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya había apuntado en esa dirección en julio al justificar las expulsiones exprés que realizó en aquella fechas la Guardia Civil tras el salto de 700 subsaharianos a la valla de Ceuta. Grande-Marlaska esgrimió que los inmigrantes rechazados no habían pisado suelo español y, por tanto, no podía hablarse de devoluciones en caliente.


Testimonio en duda
Este era uno de los argumentos que esgrimió en su momento el PP y que ahora el recurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a recoger. “No hay una expulsión sino una prevención de entrada”, se lee textualmente en el escrito de la Abogacía del Estado, que acusa a los dos inmigrantes de formar parte de “un ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo”.

El documento pone en duda el testimonio de los dos inmigrantes e, incluso, que ambos participaran en el asalto del 13 de agosto de 2014 que supuso su supuesta devolución en caliente. La Abogacía del Estado detalla que ambos consiguieron cruzar la frontera meses más tarde —N. T. en octubre de ese año y N. D., en diciembre— y que, cuando fueron interceptados, no hicieron alusión a su supuesta participación en el asalto de agosto. El recurso incorpora como anexo grabaciones policiales en la frontera con Marruecos que, en opinión del Gobierno, desmiente la presencia de ambos subsaharianos aquel día en la frontera.

El recurso recalca que esa jornada solo unos pocos de los cerca de 70 inmigrantes que se llegaron a encaramar a la valla de la frontera bajó de la misma por sus propios medios y pisó suelo español. No obstante, señala que “no lograron superar la línea policial” y, por tanto, no entraron “en la jurisdicción española”. El escrito llega a calificar el asalto como “contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

Pedir asilo
El Gobierno también considera que los dos subsaharianos —que admitieron en sus declaraciones ante la policía española haber llegado a Marruecos más de un año antes del asalto a la valla— tuvieron la posibilidad de pedir asilo en las oficinas consulares que España tiene tanto en sus países de origen como en los de tránsito y que, sin embargo, optaron por intentar alcanzar Europa de manera ilegal. En este sentido, el recurso asegura que, entre 2015 y 2017, los consulados españoles en Bamako (Mali) y Abiyán (Costa de Marfil) tramitaron 65 visados por trabajo y que en el mismo periodo los puestos fronterizos de Mellilla concedieron la condición de asilados a 6.873 ciudadanos extranjeros, cuyas nacionalidades no concreta.

El escrito incluye una exhaustiva descripción de las “específicas características” de Melilla y del control fronterizo, así como numerosos datos estadísticos sobre la entrada irregular de inmigrantes a través de ella y la existencia de mafias que cobran entre 5.000 y 10.000 euros a cada uno por ayudarles. Todo ello acompañado de referencias a informes de la Guardia Civil y Amnistía Internacional.

Finalmente, el recurso referencia numerosas disposiciones legales del ordenamiento jurídico español y europeo sobre el estatuto de asilado para concluir que, en los casos de N. T. y N. D. no son de aplicación porque ambos ya estaban en “un país seguro”, Marruecos, cuando intentaron entrar en España, pese a los cual participaron en “un intento colectivo y violento de traspasar la frontera” sin intentar acudir a los consulados o puestos fronterizos.

Entre las referencias legales, el escrito evita citar la Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno del PP —conocida como ley mordaza— que legalizó las devoluciones en caliente. Cuando fue aprobada, un PSOE entonces en la oposición y otros grupos parlamentarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, entre ellos la disposición referida a las expulsiones exprés en frontera. En la actualidad, existen contactos entre todos los partidos, salvo el PP, para eliminarlos vía parlamentaria antes de que acabe el año.

UN INMIGRANTE, EN PARADERO DESCONOCIDO; EL OTRO, EN MALÍ
Los dos subsaharianos que han conseguido que el TEDH haya condenado en primera instancia a España han corrido suerte dispar en estos años. Según detalla el recurso presentado por el Gobierno ante la Corte de Estrasburgo, ambos consiguieron cruzar finalmente la frontera y alcanzar Melilla en 2014. N. T., el 23 de octubre de aquel año. Sobre él, el documento judicial recoge que aquel día se identificó como natural de Costa de Marfil y haber nacido el 1 de enero de 1985. Sin embargo, las autoridades españolas nunca han llegado a confirmar esa identidad como real y así lo destacan en su recurso. Dos semanas después de su entrada, se decretó su expulsión, pero no se llegó a producir ya que N. T. apeló a distintas instancias para solicitar asilo. Cuando se confirmó la expulsión, no se le pudo localizar.

N. D., natural de Malí, entró en España el 9 de diciembre de 2014 y fue inmediatamente interceptado por la Policía. Desde Melilla fue trasladado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, donde inició su batalla legal para conseguir la condición de asilado. Esgrimió que, por su condición de musulmán, temía ser reclutado por las milicias yihadistas que operan en su país. Todas sus apelaciones fueron rechazadas. Una vez confirmada su identidad por las autoridades de Bamako, fue deportado a su país, donde actualmente reside.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1484 en: 16 de Agosto de 2018, 08:14:38 am »

Se fugan 17 inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche


La Policía sigue buscando a los fugados, la mayoría de nacionalidad argelina, del centro que alberga al menos 150 internos

EFE
Madrid
Actualizado:
15/08/2018 23:52h

Diecisiete inmigrantes se han fugado la noche de este miércoles del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid), la mayoría de ellos de nacionalidad argelina, según han informado a Efe fuentes policiales.


Las mismas fuentes han precisado que la fuga se ha producido después de la cena, cuando los internos del CIE se dirigían a las zonas de descanso, momento en el que un grupo de ellos ha rodeado a un agente de la Policía y le ha arrebatado la tarjeta con la que se abren las diferentes dependencias del centro.

Al parecer, y según las fuentes consultadas, en ese momento solo había ocho agentes de la Policía Nacional en el CIE, que alberga al menos a 150 internos.

Por ahora se desconoce si se ha detenido alguno de los fugados, a los que busca la Policía en los alrededores del centro.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1485 en: 16 de Agosto de 2018, 11:45:07 am »

Secuencia del motín del CIE de Aluche: "el peor destino" para un policía


Una veintena de presos asaltó al agente que custodiaba su traslado y después a otro policía en la sala de cámaras.
16 internos del CIE de Aluche lograron escapar del centro; cinco de ellos han sido detenidos.
16 inmigrantes se fugan del CIE de Aluche tras robar la tarjeta de seguridad a un policía.
16 agosto, 2018 10:31

 CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE) ALUCHE  POLICÍA NACIONAL SUP SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA
Gonzalo Araluce  @GonzaloAraluce
El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche ha vuelto a ser escenario de un nuevo motín, con la fuga de 16 de sus internos tras la agresión a dos de los agentes que custodiaban el recinto. Todo ocurrió después de la hora de la cena, siguiendo un procedimiento que no difiere mucho de los acontecimientos que se han vivido en el mismo centro en ocasiones anteriores.

En la secuencia hay una cifra clave: 8 agentes custodiaban a los 150 internos del CIE. "Es el peor destino para un policía, junto a las vallas de Ceuta y Melilla", valora Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Cabe recordar que estos centros son el destino en el que terminan los extranjeros que han cometido alguna falta administrativa -principalmente la falta de papeles- a la espera de ser expulsados del país. Cada CIE cuenta con un director nombrado desde el Ministerio del Interior y con unos agentes que custodian a los internos.


Fuentes policiales señalan a EL ESPAÑOL que el motín arrancó tras la cena, cuando los internos se trasladaban a las habitaciones. En ese momento se produce la primera agresión a un policía, que controlaba la salida desde la zona de ocio en la que habían tomado la cena.

Tras la primera agresión, una veintena de internos -la mayoría de ellos, de origen argelino- alcanzaron la sala de cámaras, custodiada por otro agente. Forcejearon con él, produciéndole heridas leves, como ya había ocurrido con su compañero. En el asalto rompieron varios bienes del mobiliario y del material informático. Tras robar las identificaciones de los agentes, 16 internos alcanzaron el exterior y se dieron a la fuga. 

Una noche de busca y captura
El episodio dio paso a una noche frenética para los agentes. Nuevos policías reforzaron la seguridad en el CIE de Aluche con el objetivo de sofocar el motín y que no se produjeran nuevas revueltas.

En el exterior, la Policía puso en marcha un dispositivo para capturar a los internos fugados. Dos de ellos fueron detenidos prácticamente de forma inmediata. En las horas posteriores han sido arrestados otros tres, aunque todavía se mantiene activo el despliegue.

Desde 2014, el CIE de Aluche acumula un largo historial conflictivo: decenas de motines, huelgas de hambre, intentos de fuga y de suicidio. "Hay muchos momentos en los que muy pocos compañeros se encuentran con 150 internos, es muy difícil hacer nuestro trabajo en estas condiciones", señala el portavoz del SUP, Ramón Cossío. "Es un problema que estaba en el tejado del anterior Gobierno y ahora en el actual, que terminan pagando tanto los agentes destinados en los CIE como los internos".

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1486 en: 16 de Agosto de 2018, 15:19:34 pm »




Rommy Arce pide al PSOE que detenga "la caza del migrante" tras la fuga de 16 internos del CIE de Aluche

MADRID

La fachada del CIE de Aluche. JAVIER BARBANCHO

Detenidos 5 de los 16 inmigrantes fugados del Centro de Extranjeros de Aluche

EL MUNDO
16 AGO. 2018 14:36
"Deberíamos recordar que los derechos fundamentales se conquistaron desobedeciendo leyes injustas y combatiendo a estados criminales. No son delincuentes, son personas luchando por su ejercicio legítimo de libertad". Así se ha expresado en las redes sociales Rommy Arce, edil del Gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, tras conocer que la pasada noche 16 internos, en su mayoría argelinos, se fugaron del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Cinco de ellos ya han sido detenidos.

Los fugados aprovecharon la celebración del partido de fútbol de la Supercopa y la escasez de personal de vigilancia en el CIE, como han denunciado los sindicatos policiales, para escaparse. Un suceso que Arce ha utilizado para pedir en Twitter al PSOE de Pedro Sánchez, partido con cuyo apoyo Ahora Madrid gobierna el Consistorio madrileño, que detenga "la caza del migrante".


Deberíamos recordar q los derechos fundamentales se conquistaron desobedeciendo leyes injustas y combatiendo a estados criminales. No son delincuentes, son personas luchando por su ejercicio legítimo de libertad. @PSOE Detened ya la caza del migrante! https://t.co/mjUmy8Mlqs

? Rommy Arce (@rommyarce) 16 de agosto de 2018

Rommy Arce, que forma parte de la corriente de Ganemos y es una de las concejales más polémicas del Ayuntamiento de Madrid, está siendo investigada por posibles delitos de injurias y calumnias por unos tuits que escribió en contra de la Policía Municipal tras la muerte del mantero senegalés Mame Mbaye en Lavapiés. En ellos denunciaba el "racismo institucional" y comparaba el fallecimiento de Mbaye con el de Lucrecia Pérez, que se considera primer asesinato racista de Madrid.

También el grupo Ahora Madrid, que gobierna en la capital, se ha pronunciado en Twitter sobre los incidentes del CIE de Aluche para "exigir" su cierre porque "nuestra ciudad no puede permitir que vecinos y vecinas vean vulnerados sus derechos al ser privados de libertad solo por el hecho de haber cometido una falta administrativa, no tener papeles".

En la misma línea ha ido Podemos, otro de los grupos que conforman Ahora Madrid, que ha pedido el cierre de este tipo de centros, porque "vulneran los derechos humanos". Lo ha hecho en la misma red social, en un mensaje en el que defiende que "las personas migrantes encerradas en el CIE no han cometido ningún delito, sólo una falta administrativa por no tener papeles".

Además lanza una pregunta: "¿Es humano retener de manera continuada a personas que sólo buscan un futuro mejor?"

Las personas migrantes encerradas en el CIE de Aluche no han cometido ningún delito, solo una falta administrativa por no tener papeles.
¿Es humano retener de manera continuada a personas que solo buscan un futuro mejor?
Llevamos años pidiendo su cierre porque vulneran los DD.HH.

? PODEMOS (@ahorapodemos) 16 de agosto de 2018

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha destacado la "labor encomiable" de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha reclamado no "hacer demagogia" con la noticia de la fuga de inmigrantes del CIE de Aluche.

"No vamos a hacer demagogia como han hecho otras formaciones políticas cuando se habla sobre estos asuntos. En este sentido lógicamente tenemos que prestar todo el apoyo y seguridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha expresado. También ha declarado, según recoge EFE, que "espera y desea" que estas "circunstancias y situaciones" se aborden por parte del Gobierno de la nación con políticas en materia de inmigración desde el ámbito europeo.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1487 en: 17 de Agosto de 2018, 08:42:57 am »

Agredir a un agente es delito": el último choque entre Podemos y los policías


Así lograron fugarse hasta 16 internos en el CIE de Aluche (Madrid).
La larga polémica sobre los centros de internamiento de extranjeros. 
Un sindicato intenta llevar a Manuela Carmena a los tribunales.
17 agosto, 2018 02:46

 PODEMOS  POLICÍA NACIONAL SUP SINDICATO UNIFICADO DE POLICÍA
A. L. G.
Penúltimo choque entre Podemos y agentes de la Policía Nacional. En este caso, el campo de batalla es Twitter y el oponente del partido morado es el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario del cuerpo. Y la razón es el motín acontecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid).

A raíz de este motín gracias al que huyeron 16 internos, Podemos publicó un mensaje en Twitter donde recordaba su postura sobre los polémicos CIE. Más en concreto, la formación dirigida por Pablo Iglesias defendió que "las personas migrantes encerradas en el CIE de Aluche no han cometido delito alguno".



Ante esta afirmación, el sindicato policial respondió con contundencia. Y lo hizo recordando a Podemos que "agredir a un policía es delito", entre otras cosas.


Este no es el primer choque entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad y Podemos. Especialmente virulentos han sido los enfrentamientos en Madrid. Diversos sindicatos de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de la capital han llegado a denunciar a algunos miembros del partido morado y sus socios del Ayuntamiento de Madrid. Sin ir más lejos, veinte días atrás un sindicato denunció a la propia alcadelsa, Manuela Carmena.

Tampoco es el primer problema grave en este CIE madrileño, como puede verse en el vídeo adjunto. Ya en 2016 se produjo un motín con varios fugados. Y ya entonces Podemos insistió en que este tipo de centros deben cerrarse.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1488 en: 20 de Octubre de 2018, 06:51:55 am »


Heridos once policías y un interno en un motín de un grupo de inmigrantes en el CIE de Aluche
MADRID

        EFE
     
    19 oct. 2018 23:42

Parte de los destrozos ocasionados en el intento de fuga del CIE de Aluche de Madrid. EL MUNDO

Se desconoce si alguno de los inmigrantes ha conseguido fugarse

Los internos han vaciado en el interior de las instalaciones los extintores y han utilizado como arietes bancos del centro

Once agentes de la Policía Nacional han resultado heridos, dos de los cuales han precisado traslado hospitalario, y un interno ha sufrido lesiones leves tras un motín en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche.

El motín por parte de un grupo de internos, la mayoría de ellos de origen argelino, se ha producido sobre las 21.30 horas durante el reparto de la medicación, según han explicado a Europa Press fuentes policiales.

Como consecuencia del incidente, dos agentes de la Policía Nacional han precisado traslado hospitalario a un centro privado. Uno de ellos ha sufrido una fractura en una mano y su compañero presentaba una brecha en la cabeza, según han informado a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Además, otros nueve policías han sufrido contusiones de diversa consideración cuando trataban de contener el motín. Igualmente, uno de los internos presentaba una brecha en la cabeza y ha sido trasladado por la Policía al Hospital Gómez Ulla, donde ha ingresado con pronóstico leve.

Asimismo, una de las enfermeras que trabaja en el CIE ha precisado atención médica debido a una crisis nerviosa, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

En el CIE de Aluche hay 170 internos y, en el momento del intento de fuga, trabajaban en el lugar una decena de agentes. Según fuentes policiales, los internos han utilizado bancos como arietes y han atacado con gran violencia a los agentes.

Este centro de internamiento de extranjeros, con capacidad para hasta 280 internos, ha sido escenario de varios incidentes por motines y fugas a lo largo de los últimos meses, uno de los últimos registrado el pasado mes de agosto cuando 13 menores lograron fugarse del centro.

Según un informe elaborado por la ONG SOS Racismo Madrid hecho público el pasado mes de julio, los internos del CIE de Aluche han protagonizado entre 2014 y 2017 (ambos incluidos) al menos 15 huelgas de hambre, tres protestas colectivas o motines pacíficos, así como 7 intentos de suicidio y 11 intentos de fuga.

Uno de los incidentes más graves se registró en octubre de 2016, cuando un grupo de unos 39 de inmigrantes permanecieron durante más de diez horas amotinados en la azotea del centro.

Otro incidente registrado la noche 31 de julio de 2017 en protesta por las malas condiciones del centro motivó que la Asociación SOS Racismo Madrid presentara una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, en la que pedía que se investigara la supuesta agresión y castigo sufrido por un interno del mismo. Tras ello, el Defensor del Pueblo trasladó las quejas al Ministerio Fiscal de 13 internos del CIE de Aluche que afirman ser menores de edad.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1489 en: 07 de Diciembre de 2018, 15:20:38 pm »
Interior anuncia que empezará a retirar las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla a principio de año


 Grande-Marlaska anuncia que llevará en enero al Consejo de Ministras un proyecto de remodelación de la frontera para sustituir las cuchillas por otros "elementos de seguridad"

 Interior asegura que en estos momentos hay tres posibles proyectos de remodelación, de los que se aprobará uno a principios de año

 Entre las posibilidades se encuentran la elevación de las vallas y la instalación de nuevas cámaras de detección de movimiento, según ha adelantado El Periódico



Aspecto de la concertina barbada instalada en Melilla. Foto: Jesús Blasco de Avellaneda
Por Gabriela Sánchez
07 dic 201812:07

El Ministerio del Interior ha anunciado su intención de retirar el alambre de cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla a principios del próximo año. Fernando Grande-Marlaska ha explicado este jueves en declaraciones informales a los periodistas que llevará en enero al Consejo de Ministras un proyecto de remodelación de la frontera para eliminar las concertinas, según ha adelantado  El Periódico y han confimado fuentes de Interior a eldiario.es


El objetivo consiste en reemplazar el alambre de cuchillas por una serie de modificaciones de la frontera que aún está por determinar,  debido a las profundas heridas provocadas por este material a quienes tratan de sortear la frontera: "Hay varios proyectos, pero se aprobará uno. En todos ellos se quitan las concertinas y se sustituyen por otros elementos de seguridad más modernos y tecnológicos, pero no lesivos para las personas", han detallado fuentes de Interior a eldiario.es.


Según ha adelantado El Periódico, entre las medidas incluidas en los posibles proyectos de remodelación se encuentra la elevación de las vallas de Ceuta y Melilla en "algunas zonas" y la instalación de nuevas cámaras térmicas de detección del movimiento.


Mamadou, de Mali, enseña la herida que se hizo en un intento de salto de la valla de Melilla desde Marruecos./Fotografía: Ángel Navarrete.
A mediados de junio, el Consejo de Ministras acordó la elaboración de un informe con el objetivo de "establecer otros métodos distintos que garanticen nuestra seguridad fronteriza pero no con medios cruentos". Seis meses después, Interior está culminando el proyecto de remodelación para ser aprobado por el Gobierno en enero, con el objetivo de comenzar las obras a principios del próximo año.


El alambre de cuchillas cubre las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla desde octubre de 2005, cuando el socialista José Antonio Alonso lideraba el Ministerio del Interior. En 2007, la vicepresidenta María Teresa Fernández ordenó la retirada de este material cortante de determinadas zonas de la alambrada melillense debido a las profundas lesiones que provocaba. No retiró todas las cuchillas, solo aquellas que, a su juicio, provocaban un mayor riesgo.

En 2009, una persona murió desangrada por las lesiones provocadas por las concertinas, en su intento de sortear la frontera de Ceuta,   donde las cuchillas nunca habían sido retiradas.

Hace cinco años, el Gobierno del Partido Popular decidió colocar más concertinas en la zona  superior de la valla de Melilla, la más peligrosa, lo que provocó numerosas críticas por parte de ONG, expertos, la Iglesia y toda la oposición, incluido el PSOE.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1490 en: 08 de Diciembre de 2018, 20:33:57 pm »

EN CEUTA Y MELILLA
La Guardia Civil, a los pies de los caballos: "Quitar las concertinas sería terrorífico"

MARCOS GARCÍA

08/12/2018 18:34 - Actualizado: 08/12/2018 19:21
La situación de violencia en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla va ‘in crescendo’. Los saltos masivos se suceden sin solución de continuidad por parte de los miles de inmigrantes que sueñan con llegar a Europa y que aguardan en los bosques aledaños a las verjas.

En octubre pasado, unos 300 subsaharianos intentaron llegar a Melilla en una acción organizada justo en el intervalo en el que se producía el relevo de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. Lo lograron 200. En primera instancia acudieron al lugar seis agentes como única fuerza de contención.“Los inmigrantes nos estudian y cuando se producen los relevos de fuerzas aprovechan el momento”, cuenta Sergio Márquez, secretario en Melilla de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).


Fuentes de la Benemérita de Ceuta afirman que los subsaharianos protagonizan episodios cada vez más violentos: “Portan machetes, garfios y picos de obra; nos arrojan excrementos, cal, ácido, lejía, piedras… En principio, su objetivo es pacífico, pero arrasan con todo lo que sea y tienen un comportamiento agresivo para llegar a territorio español”.

Los inmigrantes se ponen clavos en las zapatillas para salvar la malla antitrepa. (R. Gelow)
Los inmigrantes se ponen clavos en las zapatillas para salvar la malla antitrepa. (R. Gelow)

En los últimos meses, según asegura Sergio Márquez, los guardias han sido testigos de una novedad: “Los inmigrantes prefieren enfrentarse a nosotros para que se produzca una apertura de diligencias judiciales y de ese modo evitar que sean rechazados en frontera como contempla la Ley de protección de la seguridad ciudadana”. Otros denominan "expulsiones en caliente" a esos rechazos. Por esa razón, los choques cuerpo a cuerpo entre subsaharianos y agentes son cada vez más habituales.

La carestía de medios humanos y materiales en Ceuta y Melilla es alarmante, advierten desde las delegaciones de la AUGC en las ciudades autónomas. En ese clima de violencia, los agentes no cuentan con chalecos antibala, la flota de vehículos es escasa y vieja, las cámaras de seguridad no abarcan la vigilancia de todo el perímetro fronterizo y solo en Melilla la Comandancia de la Guardia Civil reclama 320 agentes más, lo que duplicaría la actual dotación.



Los inmigrantes se enfrentan a nosotros para que haya apertura de diligencias judiciales y de ese modo evitar ser rechazados en frontera

Las lesiones físicas y psicológicas provocadas por esos enfrentamientos cuerpo a cuerpo condenan a bajas médicas de larga duración a varios agentes de las dotaciones estables de las dos ciudades autónomas y de las unidades de refuerzo GRS que llegan de la Península.

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Inmigrantes subsaharianos celebran haber saltado la verja de Ceuta en agosto de 2018. (Reuters)
Inmigrantes subsaharianos celebran haber saltado la verja de Ceuta en agosto de 2018. (Reuters)

La 'frontera chicle' y las concertinas
El control de la inmigración clandestina es un asunto complejo. Las decisiones políticas para su solución oscilan entre sofocar incendios puntuales y aplicar medidas a largo plazo que jamás satisfacen al conjunto de los actores políticos y sociales.

En ese sentido, a Donald Trump no le tiembla el pulso. Como reacción a la caravana de miles de centroamericanos que se dirige hoy hacia Estados Unidos emitió el pasado viernes un decreto presidencial en el que endurecía las condiciones de asilo porque el “sistema está saturado por la inmigración a través de la frontera sur”. No hay una sola palabra sobre el respeto a los derechos humanos en la orden firmada por Trump. Además, el Ejército estadounidense está reforzando estos días la verja con alambradas más disuasorias.

En los países de la Unión Europea las decisiones legislativas se toman con más tiento, aunque el problema para algunos países no sea leve. El Ministerio del Interior informa de que entre enero y noviembre de este año llegaron a España 59.048 inmigrantes irregulares, mientras que en 2017 fueron 25.786 en el mismo periodo. Es decir, hasta la fecha se ha producido un incremento del 130 por ciento de entradas ilícitas.

Las fronteras calientes de Ceuta y Melilla, dada su naturaleza terrestre, están siempre en el punto de mira de la opinión pública. Las medidas de seguridad que protegen el tránsito clandestino a esas ciudades no son del todo disuasivas. Hasta noviembre saltaron las vallas más de 6.000 inmigrantes, un siete por ciento más que en los primeros 11 meses de 2017.

Restos de garfios y vestimenta tras una salto masivo a la verja de Melilla. (AUGC)
Restos de garfios y vestimenta tras una salto masivo a la verja de Melilla. (AUGC)

Las imágenes de subsaharianos heridos por las concertinas y aupados a las vallas no son plato de buen gusto para ningún gobierno central. Pero los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están a pie de verja lo tienen aún peor. “Lo llamamos la ‘frontera chicle’ porque muchas veces no sabemos si rechazar o no rechazar a los inmigrantes porque la legislación es muy laxa y no tenemos un protocolo claro de actuación”, explica Sergio Márquez.

El material antidisturbios duerme almacenado en las comandancias de Ceuta y Melilla. Tienen prohibido su uso desde la tragedia de El Tarajal


Fernando Grande-Marlaska anunció en junio que tiene intención de eliminar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. "Haré todo lo posible para que las concertinas puedan ser retiradas", aseguró el ministro del Interior. La secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, incidió en octubre pasado en la misma idea de suprimir esas cuchillas cuando visitó Ceuta. Manifestó que el fin es implementar una alternativa "más eficaz pero menos lesiva para las personas". Las concertinas fueron colocadas en 2005, durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un agente del Instituto Armado de Ceuta señala a este diario: “La supresión de las concertinas sería terrorífico, tendríamos saltos masivos a diario”. El perímetro de la doble valla de esa ciudad magrebí tiene una altura de 6 metros y una longitud de 8 kilómetros. En todo él hay concertinas. “Somos conscientes de que es un medio de contención lesivo, pero si se produce finalmente la retirada, ese hecho debe venir acompañado de otras medidas de disuasión”, agrega ese guardia que prefiere ocultar su identidad.


En cambio, la mayoría del perímetro de doble verja de Melilla, con 12 kilómetros de longitud, no cuenta con esas cuchillas. En su lugar, entre valla y valla se instaló lo que técnicamente se llama sirga tridimensional, una maraña de cables de acero donde el inmigrante queda atrapado tras saltar la verja más próxima a Marruecos.

Los guardias civiles cuentan con material antidisturbios que tienen prohibido usar desde la tragedia de El Tarajal que acabó con el ahogamiento de 15 inmigrantes en 2014. Las pelotas de goma, los botes de humo y los gases lacrimógenos duermen almacenados en las comandancias de Ceuta y Melilla. Entretanto, los agentes realizan con cierto desánimo e inquietud el control de la entrada ilegal en España.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1491 en: 08 de Diciembre de 2018, 20:38:24 pm »
Todo depende de lo que colaboren las autoridades de Marruecos, si hay colaboración, con concertinas o sin ellas, no saltan, si no la hay los saltos están garantizados, que esa frontera es la frontera de la UE, eso hay que tenerlo en cuenta.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1492 en: 18 de Enero de 2019, 20:47:33 pm »
Gobierno retirará las concertinas de "las zonas más vulnerables"


Europa Press
Actualizado:
18/01/2019 16:00h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha precisado que se retirarán las concertinas de las vallas de Melilla y Ceuta únicamente de "las zonas más vulnerables", es decir, las que han sido objeto de mayores intentos de salto. Será únicamente en esta zona en la que se colocarán "nuevos medios, siempre más seguros, que garanticen la seguridad de las fronteras pero "sin medios cruentos".

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1493 en: 18 de Enero de 2019, 23:45:56 pm »
Como esto lo hace un Gobierno de izquierdas, nadie dice nada, si fuese VOX, la izquierda le estaría llamando xenófobos, cuando es algo normal y lógico.

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Interior prevé expulsar en 2019 a 9.000 'ilegales', casi el doble que el año pasado

CLARA PINAR Clara_Pinar 18.01.2019 - 06:35H

https://www.20minutos.es/noticia/3539666/0/interior-expulsar-ilegales-doble-ano-pasado/#xtor=AD-15&xts=467263

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1494 en: 03 de Mayo de 2019, 09:20:28 am »



Archivada una denuncia de dos internos por una agresión policial en el CIE de Barcelona


 La responsable del Juzgado de Instrucción ha decretado el sobreseimiento provisional de una denuncia por una supuesta agresión por parte de agentes de la Policía a dos migrantes encerrados en el CIE de Zona Franca Los internos aseguraban que "cuatro o cinco agentes los golpearon en la cabeza, los brazos, las costillas y la zona de los lumbares" tras una discusión el pasado viernes Los colectivos Tanquem els CIEs y Centre IRIDIA recurrirán la decisión judicial


El Ayuntamiento de Barcelona ordena el precinto de CIE y da dos meses para cerrarlo EFE
Por Desalambre
02 may 201917:26

La responsable del Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona ha decretado el sobreseimiento provisional de una denuncia por una supuesta agresión por parte de un grupo de agentes de la Policía a dos migrantes internos en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Zona Franca, en Barcelona, según el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es.


Las organizaciones Tanquem els CIEs y Centre IRIDIA interpusieron la denuncia el pasado sábado ante el juzgado de guardia en nombre de los dos internos. La magistrada considera que "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa".


Los colectivos han criticado el archivo de la misma "sin haber iniciado ningún tipo de investigación", lo que consideran que "aumenta la indefensión" de las personas encerradas en el CIE, y explican que recurrirán la decisión de la jueza. 

Los hechos denunciados se remontan al pasado viernes, después de la cena, según relatan los migrantes. Uno de ellos estaba esperando para recibir su medicación cuando comenzó a discutir con otro compañero "por un malentendido", explican las ONG. Ambos se arrinconaron entre empujones en una de las esquinas del comedor del centro, prosiguen las entidades. Entonces, dicen, uno de los hombres asegura que "notó fuertes golpes de porra en las costillas y, seguidamente, en la cabeza".

"Entre 4 y 5 agentes del Cuerpo de Policía Nacional que estaban vigilando el comedor, sin aviso previo, lo golpearon con sus defensas en la cabeza, en las costillas, el pectoral, el bíceps izquierdo, la parte derecha de la frente y un fuerte golpe en el ojo izquierdo", señalan las organizaciones. El otro interno, explica el escrito, asegura que "recibió fuertes golpes en el pecho, en la mano izquierda, en la mano derecha y en la zona de los lumbares".

De acuerdo con lo relatado por ambos denunciantes a Tanquem els CIEs, algunos compañeros que estaban en la zona "también recibieron golpes de porra mientras gritaban a los agentes que pararan la agresión". La presunta agresión duró "entre cinco y siete minutos", señalan los colectivos, que también denuncian que el agente que presuntamente la inició "se quitó su número de identificación".


Las asociaciones cuentan que los internos fueron posteriormente trasladados a la enfermería, donde fueron atendidos. Sin embargo, los denunciantes, indican, "no están conformes con los partes médicos que les han hecho, ya que aunque las heridas indicaban de manera clara formas de porras, y los internos habían relatado que habían sido agresiones policiales, el informe médico no recoge estos datos importantes".

En la denuncia, la abogada pedía medidas cautelares urgentes como la custodia de cámaras de vigilancia o la identificación de los agentes presuntamente implicados y que se les citara a declarar como investigados. También requería que se suspendieran las órdenes de expulsión de los internos para que se les tomara declaración y una evaluación médica presencial del estado físico y psicológico de los denunciantes.

Los centros de internamiento son espacios donde se encierra, durante un máximo de 60 días, a personas extranjeras por estar en situación irregular, lo que supone una falta administrativa, no un delito. En los últimos años, los colectivos sociales que trabajan para garantizar los derechos de los migrantes en estos centros han documentado malos tratos, intimidaciones verbales o agresiones físicas, basadas en las quejas de los internos, por parte de los agentes que custodian las dependencias.

El CIE de Zona Franca acumuló el 92% de las agresiones a internos registradas en todo el Estado entre 2010 y 2016: 267 de las 290 agresiones sufridas por los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros tuvieron lugar en el de Barcelona, según datos del Gobierno.

"Queremos dejar claro que estas agresiones no son un hecho aislado, sino que más bien son un hecho habitual en todos los Centros de Internamiento de Extranjeros del Estado. A pesar de las constantes denuncias a nivel legal y social no se ha iniciado ningún proceso de investigación ni tampoco ningún paso hacia el cierre de estos centros, que no son más que la punta del iceberg del racismo institucional", critican Tanquem els CIEs y Centre IRIDIA.


En Madrid, 101 personas internas en el CIE de Aluche han redactado y firmado una queja denunciando ante el juzgado de control "tratos vejatorios y agresiones continuadas que quedan impunes", atención médica "deficitaria" y obstáculos a la hora de pedir asilo. La queja, presentada el pasado domingo, ha recibido el apoyo de las organizaciones Mundo en Movimiento, SOS Racismo Madrid, Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, Acción en Red Madrid, Plataforma CIEs NO Madrid, Karibu y Pueblos Unidos.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1495 en: 14 de Mayo de 2019, 17:19:23 pm »



La Justicia europea dicta que los países no pueden deportar a inmigrantes tras revocarles la condición de refugiados


 El Tribunal de la UE dicta que una persona no puede ser devuelta a donde existan riesgos para su vida aunque se le revoque el estatuto de refugiado La Justicia europea considera válida la revocación del estatuto de refugiado por motivos relacionados con la protección de la seguridad o de la comunidad del Estado de acogida El tribunal de Luxemburgo, eso sí, entiende que la revocación del estatuto no puede llevar aparejada la devolución de la persona a un Estado donde existan riesgos de que pueda sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes


Una refugiada camina en el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos (Grecia). EFE
Por Andrés Gil
14 may 201911:49

Ser refugiado va más allá de tener el estatuto de refugiado. El acto de reconocimiento es puramente formal, y da acceso a una serie de derecho reconocidos por el derecho comunitario. Pero, si se produce la revocación del estatuto de refugiado –por haber cometido algún delito–, la persona no pierde de facto la condición de refugiado, no puede ser devuelta merced a la protección que le brinda la Carta europea de Derechos y goza de una serie de derechos contemplados en la Convención de Ginebra, en la que se inspira la directiva comunitaria.


Así lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la UE: al tener que interpretarse la directiva europea a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales, no puede expulsarse a una persona a un Estado donde existe un serio riesgo de que pueda sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes.


La sentencia ha llegado después de que en Bélgica y en la República Checa, a un nacional costamarfileño y a otro congoleño, así como a un individuo de origen checheno, titulares o solicitantes del estatuto de refugiado según cada caso, se les revocó este estatuto o se les denegó la concesión del mismo, respectivamente, sobre la base de las disposiciones de la directiva sobre los refugiados que permiten la adopción de esas medidas contra aquellas personas que representen un peligro para la seguridad o, al haber sido condenadas por un delito de especial gravedad, para la comunidad del Estado miembro de acogida.

Estas personas han impugnado la revocación o la denegación de la concesión del estatuto de refugiado, respectivamente, ante el Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica, y el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa, los cuales albergan dudas acerca de la conformidad de esas disposiciones de la Directiva con la Convención de Ginebra y presentaron el caso al Tribunal europeo.

Y la conclusión de la Justicia europea es que mientras un nacional de un país no miembro de la UE o un apátrida tenga temores fundados a ser perseguido en su país de origen o de residencia, esa persona debe tener la consideración de refugiado en el sentido de la directiva europea y de la Convención de Ginebra, con independencia de que se le haya concedido o no formalmente el estatuto de refugiado.

Ese acto de reconocimiento tiene carácter puramente declaratorio, no constitutivo, de dicha condición. El reconocimiento formal implica que el refugiado de que se trate disponga del conjunto de los derechos y prestaciones que la Directiva asocia a este tipo de protección internacional, entre los cuales figuran tanto derechos equivalentes a los recogidos en la Convención de Ginebra como derechos más protectores que dimanan directamente de la Directiva y no encuentran equivalente en la Convención.


El Tribunal de Justicia subraya que, mientras que, en los supuestos en que concurren los requisitos que permiten invocar los citados motivos, la Convención de Ginebra puede privar al refugiado del beneficio del principio de no devolución a un país en el que peligre su vida o su libertad, la directiva debe interpretarse y aplicarse dentro del respeto de los derechos garantizados por la Carta que excluyen la posibilidad de proceder a una devolución a un país de estas características.

En efecto, la Carta prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas y los tratos inhumanos o degradantes, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate, así como su expulsión a un Estado donde exista un riesgo serio de que sea sometida a esos tratos.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que, en la medida en que, con la finalidad de garantizar la protección de la seguridad y de la comunidad del Estado miembro de acogida, la directiva prevé la posibilidad de que éste revoque o deniegue la concesión del estatuto de refugiado, mientras que la Convención de Ginebra permite, por los mismos motivos, devolver a un refugiado a un Estado donde peligre su vida o su libertad, el Derecho de la UE concede a los refugiados de que se trata una protección internacional más amplia que la garantizada por dicha Convención.

El Tribunal de Justicia estima asimismo que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión no tienen por efecto que la persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen pierda la condición de refugiado. En consecuencia, aunque esa persona no pueda disfrutar o deje de disfrutar del conjunto de derechos y prestaciones que la Directiva reserva a los titulares del estatuto de refugiado, disfruta o sigue disfrutando de una serie de derechos contemplados en la Convención de Ginebra.

El Tribunal de Justicia precisa al respecto que una persona que tiene la condición de refugiado debe disponer imperativamente de los derechos consagrados por la Convención de Ginebra a los que hace expresa referencia la directiva en el contexto de la revocación y de la denegación del estatuto de refugiado por los motivos mencionados, así como de los derechos previstos por dicha Convención cuyo goce no exija una residencia legal, sino la mera presencia física del refugiado en el territorio del Estado de acogida.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1496 en: 03 de Junio de 2019, 06:54:42 am »


Las internas del CIE de Aluche denuncian que la Policía les niega compresas y atención sanitaria

Once mujeres remiten una carta al Juzgado de Control del Centro de Internamiento de Extranjeros denunciando golpes y vulneración de derechos.
3 junio, 2019 02:15

Carmen Lucas-Torres @carmenlucast

Las internas del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Madrid, situado en Aluche, denuncian que los policías que vigilan el centro vulneran sus derechos "haciéndonos sentir criminales cuando no lo somos".

Once mujeres remitieron una carta el pasado 8 de mayo al Juzgado de Control del CIE a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y en la que denunciaban, entre otras cosas, que una de ellas fue agredida el pasado 24 de abril por un policía que no llevaba placa identificativa.
Carta remitida por las internas del CIE al juzgado de control.

Según el escrito remitido por el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, organización que visita con frecuencia a los internos en el CIE, la presunta agresión ocurrió en el comedor. Según las denunciantes, el funcionario "sacó su porra y la golpeó en la parte baja de la espalda". Cuando ésta pidió que no le golpeara, el policía le contestó "que él podía hacer con ella lo que quisiera y que podía golpearla hasta que se cansara", según la queja de las internas.
Ni compresas ni médico

En el escrito que firman "todas las internas que nos encontramos en el CIE de Madrid" también se quejan de que se les niegan "compresas, papel higiénico, el mando del televisor, mecheros o cuchillas de afeitar" lo que, lamentan, "nos hace sentir peor que los presos".

Denuncian que los funcionarios no llaman a los médicos porque "aquí nada es urgente". En este sentido, aseguran que "una compañera de nacionalidad rusa como no hablaba el idioma nos pidió que le tradujéramos. Tenía una parte de la cara hinchada y no pudo conciliar el sueño debido al intenso dolor. Al pedir médico éstos le dijeron que eso no es urgente", se puede leer en la carta remitida al juzgado.
Carta remitida por las internas del CIE al juzgado de control.

Las mujeres denuncian otras situaciones como que se les avisa de los vuelos de deportación el sábado por la noche para enviarlas al aeropuerto el domingo, provocando que no puedan contactar con sus abogados y reclamar sus derechos o que "nos roban el dinero que traen familiares".
La jueza se refiere a los hechos

La titular del Juzgado número 19 de Madrid, de Control del CIE, vio indicios de un presunto delito de tortura por parte de los policías del centro hacia un grupo de hombres que denunciaron haber sido sometidos a un cacheo injustificado en el patio bajo una fuerte lluvia y a bajas temperaturas, habiendo entre ellos personas mayores y enfermas.

Dicha denuncia también fue remitida por los internos por medio de una carta a la que ha tenido acceso este diario. El pasado 27 de mayo, la jueza María Inmaculada Iglesias dictó un auto en el que acordaba deducir testimonio para que el juzgado de instrucción de turno que corresponda investigue los hechos, ocurridos el 18 de abril, y a las personas responsables.

En dicha resolución, la magistrada dejaba claro que sólo los hechos relativos a ese cacheo eran objeto de la investigación, aunque también dejó constancia de la queja de las internas recibida por carta el 8 de mayo.

La jueza se trasladó al CIE, se entrevistó con los denunciantes y pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto. En su auto, consideró que el día 18 de abril "se han adoptado medidas de seguridad desproporcionadas, con violación del respeto a la integridad física y salud de las personas internas, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o vejatorios y a que sea preservada su dignidad e intimidad.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1497 en: 03 de Junio de 2019, 07:23:44 am »
La muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid llega a juicio con dos de los tres acusados prófugos


Ocho años después de su muerte, arranca en Madrid la primera vista del caso de la mujer congoleña que falleció de VIH en el CIE de Aluche sin haber recibido la asistencia sanitaria requerida

Samba Martine pidió hasta en once ocasiones asistencia médica pero, durante el mes y medio que permaneció encerrada, no fue tratada de su enfermedad


Previsiblemente, solo uno de los tres acusados por homicidio imprudente, dos médicos y una enfermera del servicio médico privado contratado por Interior en el CIE, comparecerán ante la justicia
Gabriela Sánchez
02/06/2019 - 20:38h


La Justicia admite que se podría haber evitado la muerte de Samba Martine en el CIE de Madrid

El caso de Samba Martine llega a juicio casi ocho años después de su muerte bajo custodia policial. El Juzgado de lo Penal número 19 de Madrid celebra este lunes la primera de tres vistas programadas para estudiar el caso de la mujer congoleña que falleció de VIH en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Madrid sin haber recibido la asistencia sanitaria requerida. Previsiblemente, solo uno de los tres acusados de homicidio imprudente, dos médicos y una enfermera de la empresa privada encargada entonces del servicio sanitario del CIE, se sentará en el banquillo, pues los dos sanitarios restantes se encuentran prófugos de la Justicia.

Martine llegó al CIE de Aluche en 2011 después de haber pasado una temporada en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde había sido diagnosticada de VIH. Sin embargo, su expediente médico nunca llegó al centro de detención de Madrid. A pesar de los fuertes dolores y de haber solicitado asistencia médica hasta en cuatro ocasiones, Samba Martine murió sin que el servicio médico privado del centro dependiente de Interior indagase las causas de su enfermedad y, por tanto, sin recibir el tratamiento que necesitaba.

Durante el mes y medio que permaneció encerrada en el CIE, solicitó hasta en once ocasiones atención sanitaria, pero ninguna de ellas recibió la medicación indicada para la patología que causó su fallecimiento.

El único acusado que en principio comparecerá en el juicio, el doctor H. V., atendió en dos ocasiones a Samba Martine y no consideró oportuno el estudio de las causas que provocaban los dolores y los síntomas identificados a pesar de que "los problemas respiratorios persistieron durante 18 días", según describe la acusación popular.
La enfermera que le inyectó ansiolíticos

Sin embargo, el resto de acusados, una enfermera y un doctor que atendieron en varias ocasiones a Martine, se encuentran prófugos de la Justicia. La sanitaria Y.  G.  C. está acusada de homicidio imprudente tras haberse constatado que inyectó "nolotil intramuscular y orfidal" a Samba Martine "sin que conste prescripción médica", cuando "prácticamente no podía mantenerse en pie". Según concluyó el magistrado de instrucción, "el suministro de orfidal estaría contraindicado contra los síntomas de Samba Martine", debido a su efecto ansiolítico e hipnótico.

Un informe remitido a la justicia por parte de Cruz Roja, organización subcontratada por el Gobierno para prestar el servicio de asistencia social a las personas internas, evidenció la dejadez con la que el personal sanitario atendió a Samba Martine un día antes de su muerte. "Una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta y la enfermera le suministró un ansiolítico… Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico", detalla el documento.

"Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala. La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más…", reza el informe de Cruz Roja.
El doctor prófugo en Paraguay que no buscó las causas

Por otro lado, el segundo doctor imputado en la causa, el médico J. E. O., quien reside en Paraguay, tampoco podrá ser juzgado por el momento. "Después de que se le notificase la apertura de juicio oral ha dejado de responder a las notificaciones", apuntan fuentes próximas a la acusación popular.

Este médico atendió en cuatro ocasiones a Samba Martine, incluida la primera consulta tras su internamiento en el CIE, así como la que tuvo lugar el día en del fallecimiento de la congoleña. Según se desprende de la investigación, el examen médico se realizó sin traductor y de forma deficiente. El doctor no preguntó a la mujer su lugar de origen ni detalles sobre su ruta migratoria, detalla la acusación popular, incumpliendo así los protocolos de atención sanitaria a personas migrantes.

"A pesar de la persistencia de su mal estado de salud y de la reiteración de la solicitud de asistencia, a pesar de los múltiples síntomas incluidos en los partes de consulta, el Dr. Ojeda no llevó a cabo ninguna indagación tendente a valorar las causas", denuncian desde la acusación popular.
La directora del servicio médico no está imputada

Por su parte, el juzgado retiró la imputación de la directora de SERMEDES -la empresa encargada del servicio médico del CIE entonces-. Tanto la acusación particular como la popular recurrieron la decisión judicial pues entendían que exisitía "una mala praxis" en la propia forma en la que se organizaba el servicio, como en los informes médicos iniciales.

"La muerte de Samba no tiene las causas únicamente en la falta de diligencia de médicos concretos, sino también en mala organización del servicio médico del CIE", lamentan fuentes jurídicas próximas a la acusación popular.

Desde la ONG Ferrocarril Clandestino consideran que la investigación del caso "ha sido lánguida y costosa" y critican la posición del Ministerio Fiscal al respecto. "En estos años no ha solicitado una sola diligencia de investigación", ha denunciado la organización personada en la causa en un comunicado. "En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la justicia que merece, y que el Estado español le debe", apuntan desde la organización, que también solicita al ministro del Interior el cese del actual director del CIE de Aluche, Antonio Montes Rodríguez, quien ocupaba el puesto de jefe de seguridad durante la época del fallecimiento de Samba.

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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1498 en: 04 de Junio de 2019, 09:21:53 am »
El juez que vigilaba el CIE cuando murió Samba Martine: "El sistema del centro propició su fallecimiento"

El magistrado jubilado Ramiro García de Dios estaba encargado del control del CIE cuando Samba Martine murió sin haber recibido el tratamiento requerido para el VIH
"Como jurista, me ha llamado la atención el papel del juez, que ha llevado el juicio de una forma antigarantista y la pasividad del Ministerio Fiscal", ha afirmado
Así fue la primera vista del juicio de Samba Martine: "Creía que tenía gripe"
Gabriela Sánchez
03/06/2019 - 21:16h


Ramiro García de Dios, juez de control del CIE de Madrid. | Foto: Ana Muñiz de la Oliva.

Ramiro García de Dios se revolvía dentro de sí mismo mientras asistía como público a la primera vista del caso de la muerte de Samba Martine. Refunfuñaba, murmullaba, hacía matizaciones a quien veía a su lado. El día de la muerte de la mujer congoleña enferma de VIH en el CIE de Aluche, él era el juez encargado de la vigilancia del centro, sobre el que ya había llamado la atención de la deficiente asistencia sanitaria. Sentado en los bancos de la sala, reaccionaba con cierta rabia reprimida ante la forma de proceder del magistrado titular del caso.

A su salida, ha soltado aquello que le carcomía: "Mi opinión es que el sistema del CIE es una estructura que ha propiciado el fallecimiento de Samba Martine", ha zanjado el exmagistrado a las puertas del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid, que este lunes ha celebrado la primera vista del juicio por la muerte de la mujer congoleña.

"Yo estaba en funciones como juez de control el día de su muerte y he venido para honrar y recordar su memoria", ha afirmado este lunes, visiblemente emocionado, a las puertas del juzgado de lo Penal número 21 de Madrid. Desde los bancos de la sala, el magistrado de instrucción jubilado respondía entre murmullos a algunos de los planteamientos esbozados por el juez titular del juzgado, quien tachó de "impertinentes" más de una docena de preguntas lanzadas desde la acusación, la defensa y la Fiscalía a los testigos y al único acusado que será juzgado (los otros dos se encuentran prófugos de la justicia).
Criticas a la falta de garantías en el juicio

"Como jurista, me ha llamado la atención el papel del juez, que ha llevado el juicio de una forma antigarantista, con una nulidad absoluta", ha cuestionado García de Dios. El magistrado titular del caso no vio pertinente, por ejemplo, cuestionar al médico acusado acerca de si recordaba el momento en el que supo el país de origen de su paciente, como indicativo de que la mujer podría tener más probabilidades de padecer ciertas enfermedades debido a la mayor prevalencia de, por ejemplo, el VIH en función de su país de procedencia. "Trato a todos igual...", empezó a responder el acusado. "Es impertinente", interrumpió el juez.

El abogado de la acusación particular, Víctor Díaz, trató de defender en vano por qué consideraba importante conocer si el médico que trató a la mujer congoleña conocía el lugar del que había iniciado su ruta migratoria meses antes, como establecen los protocolos. "¿Qué pasa? ¿por ser de Congo tiene más posibilidades de tener VIH"?, respondió el magistrado. "Es impertinente", zanjó seguidamente. Y, mientras, García de Dios volvía a retorcerse en su asiento: "¡Claro que es importante!", susurraba.

El médico juzgado por la muerte de una migrante en CIE: Creía que tenía gripe

Varias personas protagonizan una concentración a las puertas del Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid donde este lunes se juzga a un médico del servicio sanitario privado que le atendió EFE

Expertos en medicina tropical aseguran a eldiario.es que hay ciertos países en los que la prevalencia de ciertas patologías infecciosas es alta, por lo que el origen es un motivo de pregunta. A ello se suman los riesgos añadidos que sufren las mujeres migrantes en la ruta hacia España, donde suelen estar expuestas a agresiones sexuales.

En estos casos, es recomendable, apuntan, cuestionar sobre si tienen VIH y realizar un análisis de sangre. El doctor acusado admitió que no lo había hecho, ni tampoco el médico responsable de la primera consulta, que dejó "en blanco" una parte importante del cuestionario de los antecedentes médicos de Samba Martine.

Desde la acusación popular, la ONG Ferrocarril Clandestino ha cuestionado la posición del Ministerio Fiscal a lo largo de un proceso de instrucción alargado durante más de siete años. "En este tiempo no ha solicitado una sola diligencia de investigación", ha denunciado la organización. "No puede tener una postura pasiva en un caso tan grave que como afecta a una ciudadana inmigrante, congoleña e irregular...", ha insistido el exjuez de control del CIE. A su forma de ver, el procedimiento del caso de Samba Martine evidencia la "deshumanización de todo el sistema judicial".
Los fallos de la asistencia sanitaria en el CIE

Ramiro García de Dios conoce de primera mano los fallos que escondía la asistencia sanitaria prestada desde el interior del CIE de Madrid. "No me extraña que las condiciones estructurales en las que estuvo Samba hayan conducido a su muerte", ha señalado el ex magistrado. "En el juicio han dicho que Samba estaba tirada en el suelo encima de una manta. Yo lo he visto cantidad de veces porque no había enfermería. Personas con 41 grados de fiebre teniendo que estar en el patio acurrucados, sobre una manta. Mujeres tiradas por el suelo. Esto lo he visto yo con mis propios ojos, pero lo único que decían desde dirección es que el centro estaba a su máximo de capacidad".

Tras la muerte de Samba Martine se produjeron determinados cambios en la asistencia sanitaria ofrecida en el interior del CIE de Aluche. García de Dios, como responsable de empujar alguno de esos avances, destaca uno de ellos. "Establecimos sistemas para que quedara muy clara cuál era la asistencia efectiva que se había prestado a las personas internadas", ha descrito el ex magistrado.

Anteriormente, ha apuntado , no había ninguna garantía de control pues no se le entregaba a las personas examinadas ningún documento médico de asistencia. Por lo cual, "un médico podía decir lo que le diera la gana a posteriori. Imagínen lo que eso significa", ha concluido Ramiro García de Dios, poco después de escuchar la versión de uno de los doctores que recibió a Samba Martine en la consulta del CIE. El mismo que ha reconocido no haber preguntado a la paciente congoleña si tenía VIH ni haber ordenado ninguna prueba hospitalaria. Porque Samba, ha testificado F. H. V. , "solo tenía síntomas gripales". El único que ha declarado ante la justicia, mientras sus otros dos compañeros acusados, ex empleados de la empresa médica subcontratada por el Gobierno (SERMEDES), han huido.


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Re:La ley de extranjería y su aplicación
« Respuesta #1499 en: 09 de Junio de 2019, 08:29:27 am »


La historia clínica número 3016: las diez veces que Samba Martine no fue diagnosticada en el CIE de Madrid


Samba Martine, enferma de VIH, fue diez veces al médico del centro. Solo fue llevada al hospital una vez, el día de su muerte, para "descartar una patología psiquiátrica"
El caso ha quedado visto para sentencia este viernes: repasamos su estancia en el CIE y sus intentos de ser tratada correctamente
El servicio médico del centro dependiente de Interior no realizó ninguna prueba diagnóstica: los peritos dicen que podría haber sobrevivido con un test de VIH
Gabriela Sánchez
08/06/2019 - 20:58h


El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

El tío de Samba Martine, después de que el caso quede visto para sentencia: "Esperamos que los culpables sean sancionados"

El primer informe médico de Samba Martine registrado en el CIE de Madrid consta de dos folios con apenas información. Todo parece normal. No hay detalles ni observaciones. La mayoría de los campos para completar están vacíos. Era una paciente sana o alguien parecía tener prisa.

El reconocimiento médico inicial solo nos habla de una parte de Samba. Su número de interna, su nombre, el día en el que empezó su encierro por no tener papeles: 12 de noviembre de 2011. Presenta un poco de fiebre. Tensión arterial normal, no tenía alergias ni adicciones. No habla de sus antecedentes familiares ni personales, de su situación psicológica. No menciona su país de origen, ni da respuestas sobre su ruta migratoria.

Todo era normal, todo estaba "bien" en Samba.

Pero ese mismo día la mujer congoleña necesita una nueva consulta sanitaria. Samba no parece estar tan bien. El mismo doctor, Jaime Evaristo O. R., redacta un nuevo informe médico tras escuchar sus dolencias: síntomas gripales y picor en la zona perianal. Eso es lo que el personal sanitario entendió porque no consta la intervención de un traductor.

La interna se va de la enfermería con Frenadol y una pomada para la candidiasis, infección provocada por un tipo de hongo cuya aparición puede señalar la posibilidad de estar ante un paciente con alteraciones del sistema inmunitario, como el VIH, según expertos en enfermedades infecciosas.
Parte médico inicial de Samba Martine.

Parte médico inicial de Samba Martine.

Más de siete años más tarde, en un juzgado de Madrid, varios peritos analizan dos aspectos que "deberían" haber alertado al personal de SERMEDES, la empresa subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia sanitaria en el CIE de Aluche. De las indicaciones descritas en los protocolos médicos para solicitar un test de VIH, en esta primera consulta Samba ya "cumplía una seguro" y otra, la posible candidiasis, "se deduce de su sintomatología", explica ante el juez Santiago Moreno Guillén, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal. La primera se refiere al lugar de origen de la paciente, República Democrática del Congo, un país con alta incidencia del virus.

Tres días después, las dolencias de Samba no remiten. "Dolor de cabeza, síntomas gripales, tos, dolor torácico, roncos y sibilancias", recoge un nuevo reconocimiento médico. Era 15 de noviembre de 2011 y el doctor Fernando H. V.  atiende a la mujer congoleña por primera vez. No habla francés y no hay constancia de que la interna estuviese acompañada de un intérprete. Le receta antiinflamatorios, paracetamol, un mucolítico y un antihistamínico. No ve la necesidad de solicitar prueba alguna.
"Creía que era una gripe"

El doctor Hernández explica en sede judicial pasados siete años que, al encontrarse un reconocimiento médico inicial prácticamente vacío, no observa la pertinencia de buscar las respuestas que su compañero no incluyó. "Me fié de él. Di por entendido que le habría preguntado y habría plasmado lo que considerase relevante". Ante las preguntas del abogado de la familia de su paciente, añade: "Creía que tenía una gripe". Tampoco se interesó por su país de origen como indicativo de la existencia de determinadas patologías más presentes en zonas concretas. Fernando H. V. está sentado en el banquillo de los juzgados por el caso de Samba Martine. Es el único, aunque no debería serlo. Otros dos sanitarios acusados, entre ellos el facultativo que atendió a la interna por primera vez, han huido.

Los días del internamiento de Samba transcurren a un ritmo lento. Es 30 de noviembre y la interna logra subir de nuevo a la consulta médica para reclamar al doctor que la medicación no le hace efecto. Que han pasado 15 días pero persiste el dolor de cabeza, la tos, el dolor en el pecho y ahora le ha empezado a doler el oído. Fernando  H. V. vuelve a recetar medicamentos contra los efectos de la gripe: antiinflamatorio, mucolítico, y un antibiótico para tratar la posible otitis. No ve necesaria la derivación al hospital para realizar una prueba que permita descartar posibles afecciones en el pulmón.

En el transcurso del juicio por posible homicidio imprudente del médico acusado, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal resalta la obligación que, a su juicio, conllevaba la continuación de las dolencias de Samba. "Si una persona tiene síntomas que persistan dos semanas, estamos obligados a descartar que no hay nada más. Lo enseñan en la facultad", zanja el doctor Moreno.

"Si le duele la cabeza, no tiene fiebre, tiene tensión normal, roncus y es invierno, le mando antihistamínicos. Si no se le quita en 48 horas, recomiendo acudir a su médico de cabecera o a urgencias", coincide Carmen Baladía, médico forense encargada de la autopsia del cuerpo sin vida de Samba Martine.

Ese mismo 30 de noviembre, Fernando  H. V. también confirma que el picor en la zona perianal ha remitido. El Clotrimazol, un tratamiento para la candidiasis, parece haber tenido efecto. Este hecho ha sido otro de los destacados a lo largo del juicio por la muerte de Martine. Para los peritos, la mejoría del plurito perianal tras la medicación podría confirmar que la paciente había sufrido estado afectada por hongos de género Cándida, lo que aumentaba las razones para solicitar un test de VIH. "Debería haberlo pedido. No había excusas para no hacerlo", zanja el doctor Moreno ante el juez.  "Ante cualquier persona que tiene candidiasis hay que pensar en la posibilidad de que tenga VIH, más aún si es en la zona perianal", apunta Concha Colomo, doctora especialista en enfermedades de transmisión sexual.

Para entonces, durante la semana de ese 30 de noviembre, el mal estado de salud era "notorio", según la declaración judicial de Laura Díaz Nieto, empleada de Cruz Roja Española que trabajaba entonces en el CIE de Madrid, quien afirmó que tres semanas antes de la muerte de la interna era evidente que se encontraba enferma. "Se quejaba de que su estado no mejoraba aunque fuese al médico", sostienen desde la única organización subcontratada por el Gobierno para prestar asistencia social en el centro de internamiento.
El letrado de la migrante fallecida en el CIE de Aluche: "Sus síntomas se banalizaron"

Protesta frente a los juzgados de lo Penal de Madrid por la muerte de Samba Martine EFE

En otras siete ocasiones visitó la consulta médica Samba Martine. El 4 de diciembre,  tras 18 días refirió tener estreñimiento y dolor de oído. Ramiro M., cuya imputación fue retirada durante el proceso de instrucción, solo atendió a la congoleña una vez. Tampoco solicitó ninguna prueba. También le recetó medicamentos para calmar los síntomas.

Desde el día 10 de diciembre hasta el 14 (el único día en el que los informes médicos especifican la presencia de una traductor), la interna, madre de una niña de nueve años, visita la consulta médica cada día. A partir del día 12, sus dolores se disparan. Martine refiere ante los médicos y las enfermeras que la asisten "dolor de cabeza, dolor en el cuello, dificultad para dormir, molestias en la garganta" y un retraso en la menstruación. Le realizan un test de embarazo que resulta negativo y una analítica de orina. De nuevo, vuelve de la enfermería con el mismo medicamento de los últimos días: paracetamol. También con Myolastán, un relajante muscular.
Los últimos días de Samba

Samba cada vez está peor. Su historia clínica lo evidencia, el resto de internas alertaban de su estado con preocupación, los trabajadores de Cruz Roja observan que está visiblemente enferma. El día 17 diciembre, dos días antes de su muerte un empleado de la ONG procedente de República Democrática del Congo, como ella, se  cruza con ella en la escalera. Se dirige al servicio médico porque, como de costumbre, no se encuentra bien, le comenta la interna en lingala, su lengua materna. No había dormido en toda la noche, tenía fuerte dolor en la cabeza, la nuca, y dificultad para mover cuello y brazos, recoge le organización en un informe presentado ante el juez.

"Se quejaba de que el personal médico no le entendía bien (Se comunicaba en francés) y que únicamente le proporcionaban paracetamol, lo que no calmaba sus dolores", detalla el documento de Cruz Roja. El mediador de la ONG, que tenía que atender al resto de internas, escribió todas las dolencias que refería en un papel para que "se lo entregara al personal sanitario y comprendieran mejor la situación". No hay registro alguno de que Samba pudiese hablar aquel día con un doctor. No aparece en su historia clínica.

En esos últimos días, "no hacía más que llorar, gemir, quejarse", según el testimonio de las internas recogido por el juzgado de control del CIE. Sus compañeras la veían "seriamente enferma". El 18 de diciembre, Samba subía otra vez las escaleras que conducían al servicio médico. Esta vez lo hacía ayudada por otras internas, describe Cruz Roja. Samba no podía tenerse en pie.

Eran las 9:30 horas de la mañana y el médico aún no había llegado a la consulta. La atendió una enfermera, Yordanka G. C., otra de las acusadas del caso. Otra de las dos personas que deberían estar sentadas en el banquillo, pero no están. La sanitaria observa "crisis de ansiedad" en Samba, quien también refiere "mucho dolor de cabeza". Una mediadora de Cruz Roja ayuda en la traducción de las quejas de la congoleña. La enfermera inyecta nolotil en vena y le dan un Orfidal, un ansiolítico, para que Samba se relaje.

La mujer congoleña desciende las escaleras apoyada en sus compañeras, pero tampoco nadie considera la necesidad de trasladarla a un hospital. Samba regresa al salón, donde con el paso del día, su estado empeora. La mujer pasa esa tarde tumbada en el suelo, tapada con mantas, en una sala cargada por el humo del resto de internas, que fuman en el interior del CIE. En un ambiente "irrespirable y nocivo", describe Cruz Roja.

Tan mal veían a Samba, que la mediadora de la ONG sube a la consulta médica para alertar de su estado de salud. Yordanka G. C., prófuga de la justicia, responde que "no puede hacer nada más", describe. Desde Cruz Roja insisten una vez más a la enfermera "sin éxito". La mujer congoleña continua todo el día en la sala de estar, tumbada en el suelo. Ningún médico, ni la dirección del centro, permitió a la enferma descansar en su cuarto.

19 de diciembre de 2011. A las 9:30 horas, la mujer congoleña ya está en la camilla de la consulta del CIE. "Cefalea e hiperventilación", recoge el informe médico. Más tarde, el personal médico indica a Cruz Roja que la mujer "está nerviosa, con comprotamientos similares a un ataque de ansiedad. Horas antes de morir, los sanitarios recomiendan a la interna que "realice ejercicios de respiración". Ella obedece, pero su estado empeora. La enfermera le inyecta Diazepam, un medicamento ansiolítico y sedante.

Samba se duerme, pero continúa hiperventilando. Es entonces cuando el servicio médico, tras 35 días de internamiento, ordena su traslado al hospital. Llaman a un coche patrulla. La mujer enferma está descalza, por lo que Cruz Roja solicita unas zapatillas. Una vez calzada, la policía se niega a ayudar a la interna a descender las escaleras. No es "su función", responde.

Dos compañeras internas y la trabajadora social de Cruz Rojan sostienen a Martine, que a punto estar de caer en varias ocasiones. Un policía del CIE acude a ayudarlas a coger a Samba y a introducirla en el vehículo policial. Los agentes encargados del traslado protestan ante la enfermera: ¿Cómo es posible que no haya llamado a una ambulancia en el caso de una persona que está "tan débil"? La sanitaria responde que no hay problema, que puede ir en el coche patrulla.

La mujer es trasladad por fin a un hospital. El último documento médico de Samba Martine, el mismo que será entregado al personal del hospital, indica que la interna "presenta un cuadro de ansiedad e hiperventilación". La única vez que la mujer, tras días de quejas y llantos, es enviada a un centro hospitalario es para "descartar patología neurológica y/o psiquiátrica", detalla el informe. Horas después de su ingreso, Samba Martine muere en el Hospital Doce de Octubre.

La autopsia resuelve como causa del fallecimiento "criptococosis", una enfermedad generada por un hongo que afecta de forma destacada a portadores de VIH. El estudio del cuerpo sin vida de Samba revela que la mujer estaba afectada por el virus.

Tiempo después, la acusación popular del caso descubre que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI), donde pasó una temporada antes de ser derivada al centro de detención de Madrid, sí había sido diagnosticada. El Ministerio de Empleo, del que depende el CETI, no se coordinó con el de Interior (CIE) para transmitir esta información. Tampoco hay evidencias de que nadie de esa institución comunicase a Samba los resultados de su análisis de sangre.

Ningún médico del CIE vio necesaria la realización de la prueba de VIH, un test que los peritos han considerado crucial para diagnosticar la criptocosis que acabó finalmente con su vida.

No todo estaba "bien", no todo estaba normal en Samba. No era una gripe ni un ataque de ansiedad, como describía su propia historia clínica consulta tras consulta. La misma que no aporta muchos datos sobre ella, sobre sus antecedentes médicos, sobre su país de origen, sobre su historia, sobre la hija de nueve años que la esperaba en Francia.

Pero en ese papel, en su esquina derecha, sí aparece un dato destacado sobre el resto: 3016, el número que escondió su nombre durante su internamiento.
Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid

Tumba de Samba Martine, en el Cementerio Sur de Madrid Olmo Calvo
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