El Supremo contradice al Constitucional y no admite los recursos contra la demolición de Valdecañas
DAVID VIGARIO
Mérida
Actualizado Jueves, 25 mayo 2023 - 15:45
Rechaza que el coste del derribo total del resort de lujo y la posibles indemnizaciones, cifrado en más de 200 millones de euros, sea pretexto para no cumplir la ley
Vista aérea de la Isla de Valdecañas, en Cáceres (Extremadura)
Vista aérea de la Isla de Valdecañas, en Cáceres (Extremadura)
EL MUNDO
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El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de casación presentados contra la demolición de la Isla de Valdecañas (Cáceres), ordenado por este propio órgano jurisdiccional en un fallo emitido en febrero de 2022 tras un recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción, que ha adelantado hoy el fallo del Supremo. Los recursos los habían planteado la Junta de Extremadura y las sociedades "Marina Isla Valdecañas" y "Golf Valdecañas", propietarias de la urbanización.
Esta decisión choca con la decisión del Tribunal Constitucional, órgano que sí admitió en noviembre del pasado año -aunque por un estrecho margen de seis votos a cinco- tres recursos de amparo presentados por los anteriormente afectados a los que también se unieron los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocal, términos municipales donde se encuentra la isla.
La urbanización está construida, según los ecologistas, en una zona de especial protección de aves y como consecuencia de ello es "un espacio teóricamente protegido y no urbanizable". En concreto, sobre una superficie de 134,5 hectáreas, lo que supone aproximadamente un 1,63% del total (7.600 hectáreas) de la ZEPA incluida en la Red Natural 2000 por lo que el Supremo, después de casi dos décadas de recorrido judicial, terminó ordenando el derribo cuando en una instancia anterior, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), se falló en marzo de 2021 que el complejo se quedara tal y como se encuentra en la actualidad, es decir, manteniendo lo construido en la primera fase pero sin abordar el resto de la construcción aún pendiente, que incluía otro hotel y más villas.
El TSJEx declaró la imposibilidad de ejecutar el derribo y acordó su ejecución material sólo de manera parcial. Mientras tanto, la Junta de Extremadura ha sostenido en los últimos tiempos que nunca declaró esta zona como de especial protección. Cuando se agote la vía de los tribunales nacionales, y si finalmente se ordena de forma definitiva el derribo, la administración regional tiene previsto acudir a los organismos europeos.
EL FUNDAMENTO
En una nueva providencia conocida hoy, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS expone que las alegaciones de los recurrentes insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias cuando "nuestra sentencia" -la emitida en febrero de 2022- recoge que "no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole". De esta manera, según el Supremo, los recursos incumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). En concreto, critican la falta de fundamentación suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley.
MÁS DE 200 MILLONES DE EUROS
El coste del derribo más las posibles indemnizaciones a los propietarios y a la propia promotora podrían cifrarse para las arcas públicas de la Junta de Extremadura en más de 200 millones de euros. De hecho, el TSJEx estableció está cantidad en 33.982.889,85 euros sólo en las obras de la demolición a los que hay que sumar otros 111 millones para las indemnizaciones de los propietarios de las viviendas (185) al cifrar en 600.000 euros de media el valor de cada una de esas villas. En esa estimación judicial no se reflejaba -y así lo indicaba por falta de información- la cantidad a abonar a la empresa promotora del proyecto, Marina Isla de Valdecañas, con sede social en Sevilla, que podría rondar los 57 millones de euros, según confirmó Antonio Reneses, uno de los accionistas de la sociedad, a EL MUNDO.
El Supremo sostiene que "para fundamentar el interés casacional, desde la perspectiva de dicho precepto, no basta con la mera afirmación de que no existe jurisprudencia sobre las normas que se citan como infringidas, sino que la parte habrá de dar un paso más, poniendo tal aseveración en relación con las circunstancias del caso litigioso y razonando en qué aspectos, sobre qué matices o desde qué perspectiva no existe doctrina jurisprudencial".
Por el contrario, el Tribunal Constitucional esgrimió a la hora de aceptar los recursos que la situación jurídica de Valdecañas "trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica" y esos recursos "tienen especial trascendencia constitucional al estimar, por una parte, que el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna".
Ecologistas en Acción de Extremadura subraya que "todo este largo proceso judicial y todos los gastos que van a acarrear se podrían haber evitado si el TSJEx hubiera decretado la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012, cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas". Sin embargo, critican, "en lugar de proceder de ese modo, condicionó la paralización a que las organizaciones ecologistas demandantes (Adenex y Ecologistas en Acción en aquel momento) depositaran una fianza de 41 millones de euros, algo completamente fuera de su alcance". Adenex se terminaría retirando del proceso judicial.
SATISFACCIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
En un comunicado, la organización ecologista ha mostrado su "satisfacción por este nuevo varapalo judicial" a la Junta de Extremadura y a las empresas promotoras de la "urbanización ilegal". En ese sentido, la organización considera que la consecuencia de la inadmisión de estos recursos "debería ser el inicio de los trabajos de demolición".
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Como consecuencia de ello, argumentan, es que ahora el "paso lógico" sería que el TSJEx instara a la "demolición inmediata de la urbanización ilegal", y así lo van a reclamar la organización ecologista, por lo que los trabajos de demolición en la parte no concluida de la urbanización "deberían empezar de forma inmediata".
Finalmente, la organización ecologista reclama a la Junta que "pida disculpas por su nefasta y cuasiprevaricadora gestión de este asunto, que recientemente ha llegado a promover una ley para sortear el cumplimiento de estas sentencias" mientras de forma paralela reclaman que se atienda de forma especial a los habitantes de los municipios afectados por esta urbanización, con las medidas de compensación que se consideren adecuadas.
