Autor Tema: ECONOMÍA  (Leído 510714 veces)

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7200 en: 02 de Marzo de 2023, 06:35:21 am »
El presidente de Ferrovial: desplante a todo un país tras décadas viviendo de las concesiones de obra pública

Historia de Antonio M. Vélez • Ayer a las 22:36

"Enfrentarse a Rafa no es fácil. Es como entrar en guerra contra Estados Unidos". Así hablaba en 2017 Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente y máximo accionista de Ferrovial, Rafael del Pino, en una entrevista a Vanity Fair que concedió la ahora guionista, escritora, actriz ocasional y empresaria de productos saludables, tras su tormentoso y millonario divorcio con el empresario madrileño.

Siendo como es esquivo a la prensa, las palabras de Gil-Casares cobran relevancia ahora que el nombre de Del Pino está en boca de todos tras la sorprendente decisión, anunciada el martes, de llevarse la sede de la multinacional española hasta Países Bajos, conocido por ser uno de los grandes coladeros fiscales de la UE, con vistas a cotizar en Wall Street.

Hablar de Rafael del Pino Calvo-Sotelo (Madrid, 1958) es hacerlo de una de las mayores fortunas de España y uno de los principales empresarios del Ibex 35. Según la última lista Forbes, es la tercera fortuna española, con un patrimonio estimado en 3.800 millones de euros. El último ranking de ricos de El Mundo le coloca junto a sus cuatro hermanos también como la tercera fortuna del país, con un patrimonio conjunto de 9.570 millones.

El presidente de la constructora es el máximo accionista de Ferrovial. Junto a dos de sus hermanos (Leopoldo y María del Pino) controla casi un 33% del grupo. Lidera un gigante con cerca de 35.000 empleados y más de 7.500 millones en ingresos que gestiona concesiones de aeropuertos, autopistas, prisiones o plantas de tratamiento de residuos, entre otros muchos negocios. La pata de construcción sigue representando más del 85% de su facturación.

Ferrovial, que asegura que "mantendrá sus raíces" en España, ha vinculado la decisión de trasladar su sede a Países Bajos al creciente peso de su actividad internacional, que ya concentra el 86% de sus activos. También a la existencia de un "marco jurídico estable" en Holanda. El anuncio ha provocado la salida en tromba del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha criticado la "errónea" decisión de una empresa que "le debe todo a España, que ha crecido gracias a las inversiones públicas financiadas por todos los ciudadanos españoles". La vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha pedido a Economía que tome cartas en el asunto e impida el traslado.

El Gobierno cree "paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial". Y el PP, que dice que "respeta" la decisión de la constructora, habla ya de un riesgo de "contagio" que otras empresas del Ibex dicen ni plantearse.

Los accionistas del grupo todavía tienen que dar su visto bueno a esa mudanza, a la que el fondo TCI (dueño del 6,4% de Ferrovial) ya ha avanzado su apoyo. Ferrovial ha dicho que la operación no saldrá adelante si las compensaciones a los accionistas que quieran ejercer el conocido derecho de separación superan los 500 millones. A los precios actuales, bastaría con que se oponga un 2,5% del capital de Ferrovial.

Países Bajos es un destino que Rafael del Pino conoce de sobra. Ferrovial trasladó allí en 2019 desde Londres, como consecuencia del Brexit, el negocio internacional que se había llevado fuera de España en 2015. Y el propio Del Pino canaliza desde hace años su participación en Ferrovial a través de una sociedad holandesa, Rijn Capital BV. Con ella controla su 20,25% de la constructora. La creó tras la reordenación de la participación familiar y la disolución del holding Portman Baela, la instrumental en la que la familia Del Pino tenía históricamente su participación en Ferrovial.

El presidente de la constructora controlaba esa sociedad junto a sus hermanos y su madre a través de otra sociedad neerlandesa, Sobla Beleggingen BV. Dos de sus hermanos, Leopoldo (consejero del grupo y dueño de un 4,15%) y Fernando del Pino, tienen además varias sicavs en Luxemburgo, otro de los territorios de baja fiscalidad predilectos entre los ricos españoles.

Otros grandes patrimonios españoles, como los Entrecanales (Acciona), los Grifols, los Carceller (Damm) o los Carulla (Gallina Blanca) también usan sociedades instrumentales holandesas para controlar sus empresas. Desde hace décadas la familia política del ex comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete tiene allí una holding calificada hace años de "sociedad pantalla" por la Agencia Tributaria española.

Pero lo de Ferrovial es otra cosa: un movimiento sin precedentes en España, que recuerda (por cercanía geográfica) al que llevó a cabo hace algo más de una década el gigante portugués de la distribución alimentaria, Jerónimo Martins, dueño de Pingo Doce, el Mercadona luso.

También hace casi una década, y según publicó Voz Populi, Rafael del Pino abonó 200 millones a la Hacienda española para eludir el delito fiscal por expatriar dividendos a Holanda. Algún directivo del grupo ha cargado recientemente contra las actuaciones de la Agencia Tributaria española, contraponiéndolas con las facilidades que, asegura, ofrecen Australia, Reino Unido y Estados Unidos. "En esos tres países no existe un escrutinio tan agobiante como ocurre aquí, lo que es muy bueno desde el punto de vista de gestión. No tenemos prácticamente ningún conflicto en esos países y, en cambio, en España tenemos muchos", aseguraba hace unos meses en una entrevista en Expansión el director de Asesoría Fiscal de Ferrovial, Ignacio de Felipe.

En sus últimas cuentas anuales, el grupo indica que tiene registradas provisiones de carácter fiscal por importe de 200 millones, cifra que supera con creces el beneficio que obtuvo Ferrovial en todo 2022, de 185,7 millones, un 84% menos, debido a menores extraordinarios. Esos 200 millones "se corresponden, fundamentalmente, con litigios en curso en relación con inspecciones tributarias en España cuya cuota litigiosa asciende a 332,4 millones, siendo las más significativas las relativas al Impuesto sobre Sociedades e IVA por los ejercicios 2002 a 2017", explica la compañía en las cuentas que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los principales litigios del grupo con el Fisco español son por dos cuestiones. Una, la aplicación de deducciones por actividades exportadoras en el Impuesto de Sociedades relacionadas con la adquisición en 2006 del aeropuerto de Heathrow (Londres), para la que Ferrovial tiene provisionados 119,2 millones. Y por la amortización del fondo de comercio financiero derivado de las compras del grupo británico de servicios Amey (adquirido en 2003 y vendido en 2022) y del grupo suizo de handling aeroportuario Swissport, que Ferrovial adquirió en 2005 y enajenó en 2011.

Del Pino es el gran artífice de la expansión exterior de Ferrovial. Un crecimiento cimentado a golpe de grandes compras. La más señera fue la adquisición en 2006 del grupo británico BAA, propietario de los aeropuertos de Heathrow o Gatwick. Lo hizo, en buena medida, gracias al generosísimo régimen de deducciones fiscales que el Gobierno de José María Aznar concedió en 2002 a las empresas españolas por la compra de sociedades extranjeras, que benefició a cerca de un centenar de grandes compañías, la mayoría del Ibex. El Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal esa ayuda de Estado en diciembre de 2016. Por eso la Hacienda española ha instado a devolver esas ayudas.

El presidente de Ferrovial, el mayor de los hermanos varones en su familia, lleva toda su vida profesional en la compañía. Heredó su puesto por designación paterna, como varios de los máximos responsables del Ibex. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (1981), Del Pino completó un MBA del MIT Sloan School of Management (Massachusetts, EE.UU.) en 1986. En 2000 sustituyó en la presidencia del grupo a su padre, Rafael del Pino y Moreno, fundador del grupo.

El patriarca, primo segundo del militar golpista Milans del Bosch y fallecido en 2008 a los 88 años, creó la compañía en 1952 gracias a un contrato con la dictadura franquista para renovar las traviesas de las vías ferroviarias de la empresa pública Renfe. Lo hizo asociándose con su cuñado y a la postre presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; su primo José María López de Letona y del Pino, que llegaría a ministro de Industria del dictador Francisco Franco, y Claudio Boada, que también ocupó otro cargo clave del régimen, el de presidente del Instituto Nacional de Industria (INI).

La empresa inició un rápido crecimiento en los años 60 con la construcción de obras hidráulicas y carreteras y el salto a las concesiones de autopistas. Del Pino junior, que es también hijo de Ana María Calvo-Sotelo, hermana del expresidente del Gobierno y fallecida hace un año, fue nombrado consejero delegado en 1992. Asumió todo el poder ejecutivo tras la retirada de su padre, un año después de la salida a Bolsa del grupo. Esta operación llegó tras la compra de Agromán, conocida por haber construido la Ciudad Universitaria de Madrid, el Valle de los Caídos o, ya en los 90, la gigantesca ampliación del Puerto de Bilbao.

La adquisición de Agromán, cuya marca eliminó definitivamente Ferrovial en 2020, permitió al grupo convertirse en la tercera empresa del sector en España. Y de ahí a una acelerada expansión exterior que ha pilotado el actual presidente y ha hecho que España tenga un peso menguante en los ingresos del grupo: del 37,7% que suponía en 2012 a poco más del 15% en 2022.

La empresa es, con todo, una de las principales contratistas de obra pública. Y figura entre las compañías a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido vetar en los últimos años por formar diversos cárteles. Una prohibición que el Gobierno nunca se ha atrevido a aplicar y que la CNMC ha pedido ejercer de manera directa.

La última sanción de Competencia a Ferrovial, de 38,5 millones, fue impuesta el verano pasado, por considerar la CNMC que las seis grandes constructoras manipularon licitaciones durante más de 25 años, en un procedimiento en el que el organismo impuso en total 203,6 millones en multas.

Ferrovial también ha sido protagonista en escándalos de corrupción como el caso Palau, con el que, "mediante el pago de comisiones a la formación política Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para la construcción de obra pública en la Comunidad Autónoma de Catalunya", como determinó el Tribunal Supremo en 2020. Dos directivos de la empresa imputados en el caso fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Barcelona en 2018 por haber prescrito los hechos.

El grupo que lidera Del Pino, que se autodefine como "compañía de infraestructuras sostenibles", es uno de los principales impulsores del Grupo Español de Crecimiento Verde, un lobby que hace hincapié en las oportunidades de negocio que ofrece la sostenibilidad. Este grupo, que preside un directivo de Ferrovial, Valentín Alfaya, tiene entre sus objetivos, como explica la constructora en su web, "explorar iniciativas para la colaboración público–privada en la lucha contra el cambio climático".

Una realidad que contrasta con opiniones que vierte periódicamente uno de los hermanos de Del Pino, Fernando, ex consejero de Ferrovial, un declarado antivacunas y escéptico del cambio climático cuyos artículos ha ensalzado el ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros.

Rafael del Pino renovó su cargo como presidente de Ferrovial hace algo menos de un año con la oposición de varios grandes fondos que se oponían a su reelección como consejero por considerar que existe demasiada concentración de poder en la compañía. También ha tenido sus más y sus menos con su hermano Leopoldo, que hace cuatro años ya exigió la salida de dos hombres de confianza de Rafael del Pino del consejo de Ferrovial, Joaquín Ayuso y Santiago Bergareche. El año pasado, también rechazó en una carta que hizo pública la renovación de José Fernando Sánchez-Junco, histórico consejero vinculado al fabricante de explosivos Maxam, que durante años figuró como independiente en el consejo del grupo pese a facturarle cantidades millonarias, en un evidente conflicto de interés.

Rafael del Pino llegó a ser en 2016 el ejecutivo mejor pagado del Ibex. Ese ejercicio se embolsó 15,2 millones en un solo año, prácticamente el triple que en 2015, por la liquidación de un plan de remuneración a través de opciones iniciado en 2008, tras reducir la compañía sus beneficios un 47%.

En lo personal, el ejecutivo, padre de seis hijos, tuvo que hacer frente a la tragedia que vivió en 1998. Con solo 40 años y tres hijos menores de edad, enviudó tras el fallecimiento de la su entonces esposa, Cristina Fernández-Fontecha y Torres del Pino, navegando por aguas de Baleares a bordo de un yate.

En mayo de 2020, en pleno confinamiento, en una de las escasas entrevistas que ha concedido (en El País), Del Pino instaba al Gobierno a acelerar la desescalada y a recortar impuestos y definía así sus prioridades: "Amigos, familia, salud y trabajo". Ahora, pretende hacerlo llevándose el corazón de sus negocios a Países Bajos.

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7201 en: 02 de Marzo de 2023, 13:27:02 pm »
Seguro que el Sr. del Pino lleva una pulsera con la bandera de España. . .

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7202 en: 03 de Marzo de 2023, 07:58:08 am »
Podemos llevará al Congreso una ley para que Ferrovial devuelva las ayudas percibidas en la última década si se marcha a Países Bajos

Historia de redaccion@20minutos.es (Daniel Ríos) • Ayer a las 14:27

Podemos se mueve para intentar torpedear el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Este jueves, la secretaria general morada y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció que Unidas Podemos presentará una proposición de ley por la cual las empresas que se marchen de España estarían obligadas a "devolver todos y cada uno de los euros que han puesto los españoles y las españolas para mantenerlas a flote" en forma de ayudas públicas.

El movimiento de Unidas Podemos no forma parte de la respuesta del Gobierno al anuncio de Ferrovial, sino que supone un paso más de los morados destinado a presionar a la multinacional para "frenar la deslocalización", tanto la suya como la de otras grandes empresas que pudieran seguir sus pasos, en palabras de Belarra. "No hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal y, cuando te van bien, irte a un paraíso fiscal para no pagar los impuestos que te corresponden", espetó la ministra.

Fuentes de Unidas Podemos concretan que la proposición de ley que el grupo morado llevará al Congreso apostaría, a grandes rasgos, por "obligar a las empresas que se lleven su producción o su sede fiscal o social fuera de España a que devuelvan las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los diez años anteriores a la decisión de abandonar el país". Además de estas cantidades, la norma obligaría a estas grandes empresas a pagar "intereses de demora" en función de los fondos públicos percibidos.

"Los españoles y las españolas salvamos con dinero público de nuestros impuestos a Ferrovial durante la pandemia mediante el mecanismo de los ERTE, por poner tan solo un ejemplo de las múltiples ayudas públicas que ha recibido esta multinacional a lo largo de las últimas décadas", señaló este jueves en este sentido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. En esa misma línea se pronunció por la mañana la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que recordó a Ferrovial que los ciudadanos "la hemos salvado con dinero público".

Díaz no se pronunció sobre la propuesta que llevará Unidas Podemos al Congreso, pero sí hizo hincapié en que Ferrovial "no es cualquier empresa" tanto por su volumen como por su protagonismo a la hora de acceder a la contratación pública y, en línea con los planteamientos morados, recordó que el Ministerio de Trabajo acaba de elaborar una norma en la que se obliga, ante procesos de deslocalización, "a devolver todos los recursos públicos que hayan percibido". Díaz, además, sí exigió expresamente a Ferrovial que "mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo que tiene en España".

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« Respuesta #7203 en: 03 de Marzo de 2023, 15:35:37 pm »
El argumento de Ferrovial para irse de España es. . . la inseguridad jurídica. . . este tipo de declaraciones avalan ese argumento. . .

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« Respuesta #7204 en: 04 de Marzo de 2023, 07:16:02 am »
Además a mi se me ocurre lo de la irretroactividad de las leyes cuando perjudican al administrado.

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7205 en: 04 de Marzo de 2023, 07:48:18 am »
Olona está desatada...


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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7206 en: 04 de Marzo de 2023, 08:04:33 am »
Pues razón no le falta. . .

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7207 en: 07 de Marzo de 2023, 08:09:24 am »
Hacienda amenaza a Ferrovial con un golpe fiscal de 360 millones por la fuga


Cuestiona los argumentos de la salida de la matriz y amenaza con una penalización de al menos 130 millones. La compañía ha provisionado 184 millones en pleitos y puede tener que devolver otros 40 millones

MERCEDES SERRALLER
RUBÉN SAMPEDRO
JOAQUÍN HERNÁNDEZ
 

PUBLICADO 06/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 06/03/2023 08:28
El Gobierno amenaza con penalizar la salida de la matriz de Ferrovial con al menos 130 millones de euros. Es la cantidad mínima en juego que ha estimado Vozpópuli con expertos a partir de las cifras que ofrece la compañía en las cuentas anuales de la matriz. Se trata del castigo fiscal que impone Hacienda a los cambios de sede que considera que no tienen "motivo económico válido", a lo que Nadia Calviño se ha referido como "sustancia" de los argumentos de la compañía: "Vamos a analizar los argumentos y habrá que ver si hay sustancia o no", ha dicho en Onda Cero preguntada por qué está haciendo el Gobierno ante el anuncio de la salida y por si el Ejecutivo está presionando a la empresa para que no se vaya.


Este castigo puede sumarse a dos facturas que arrastra la sociedad con Hacienda: unas provisiones de 184 millones por varias actas levantadas y pleitos y la devolución de cerca de 40 millones por el contencioso con la Comisión Europea por el fondo de comercio de Amey.

Los, al menos, 130 millones se derivan del peaje fiscal que se cobra Hacienda si dictamina que la operación no tiene motivo económico válido, según le habilita la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En su capítulo VII, contempla un régimen especial para las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea a otro Estado de la UE por el que la operación no tiene que pasar por caja y evitar que la fiscalidad sea un obstáculo para la realización de esta reestructuración empresarial.

Sin embargo, el artículo 89.2 de la Ley veta la aplicación de este régimen "cuando la operación realizada tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. En particular, el régimen no se aplicará cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación, sino con la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal".

En este sentido, la compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento.

Está será precisamente la penalización que se establecerá a las plusvalías latentes a valor de mercado en el momento de su salida, para lo que se calcula la diferencia entre dicho valor de mercado de las filiales y el valor de cartera de la matriz y de sus participadas en su balance. Son 24 las sociedades participadas de Ferrovial, S.A., según las Cuentas Anuales individuales de la entidad cerradas a 31/12/2022. Los cálculos que ha elaborado el Departamento Fiscal de Roca Junyent en Madrid para Vozpópuli en base a información pública, arrojan que a partir de una inversión bruta de 11.208 millones y unos deterioros de 778 millones, el valor neto en libros es de 10.430 millones. Una vez aplicados el capital, la prima de emisión y reservas, el resto del patrimonio neto y el resultado del ejercicio, el total del patrimonio neto es de 10.514 millones.


Made with Flourish
Si se tiene en cuenta la diferencia entre el patrimonio neto y el valor neto contable y cómo operan las exenciones de Sociedades y la no deducibilidad, el coste fiscal de aplicar un 1,25%, esto es, la penalización del 5% a dividendos y el tipo nominal del impuesto del 25%, podría superar los 130 millones de euros. Este cálculo parte de una cifra conservadora que el Fisco suele intentar elevar, según fuentes conocedoras.

La Agencia Tributaria tiene cuatro años para comprobar si existen motivos económicos válidos en la salida.

Conflictos con el Fisco
Al golpe extra por la marcha a Países Bajos, la constructora tendría que sumar la provisión de 184 millones que ya dotó en 2022 por las reclamaciones abiertas por Hacienda, que ha levantado actas sobre todo por las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades y del IVA de los ejercicios entre 2002 y 2017.

Se trata de un colchón que ha tenido que elevar en un 3,4% en el último año, según consta en las cuentas individuales de la compañía. Y equivale al beneficio declarado por Ferrovial en 2022, que ascendió a 185,7 millones. Sin esta provisión, que todavía puede variar al alza o la baja, el resultado se habría duplicado.

Sin las provisiones por actas y pleitos con Hacienda, el beneficio de Ferrovial en 2022 se habría duplicado
La dotación más elevada tiene que ver con las actas levantadas por las autoridades fiscales españolas sobre el pago de Sociedades del ejercicio 2006 y que asciende a 127 millones. Por este mismo tributo, la compañía ha dotado 31 millones sobre los ejercicios entre 2002 y 2005, y otros 17 millones por 2012, 2013 y 2014. La provisión relacionada con el IVA asciende a siete millones y se corresponde con los ejercicios entre 2003 y 2005.

Otro de los pleitos con Hacienda que afronta Ferrovial es el relativo a la amortización del fondo de comercio por las compras de Swissport y Amey en 2003 y 2005, respectivamente. La compañía afronta una factura fiscal de unos 40 millones en la disputa legal que mantiene contra la Unión Europea, que en 2014 consideró que se trataba de una ayuda de Estado. En concreto, la Comisión Europa ha rechazado las ayudas que reciben las empresas españolas que compran empresas extranjeras a través de sociedades interpuestas.

"Se han realizado ajustes en el gasto por 42 millones de ingreso, que corresponden a la reversión de riesgos fiscales relacionados con el fondo de comercio de Amey por considerar la Sociedad que existen argumentos jurídicos sólidos a favor de la posición procesal defendida", explica la constructora. 

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« Respuesta #7208 en: 07 de Marzo de 2023, 08:14:04 am »
Pues muy bien, que pague lo que debe. . .

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« Respuesta #7209 en: 13 de Marzo de 2023, 06:52:37 am »

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7210 en: 13 de Marzo de 2023, 15:52:57 pm »
Exactamente, patriotismo de cartera. . .

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7211 en: 15 de Marzo de 2023, 13:13:25 pm »

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« Respuesta #7212 en: 16 de Marzo de 2023, 08:24:27 am »

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7213 en: 18 de Marzo de 2023, 07:32:01 am »
Los lazos entre SVB y Credit Suisse: mala gestión privada salvada con dinero público


La profesionalidad de sus cúpulas estaba en entredicho mucho antes del colapso. El SVB tenía vínculos con el movimiento woke y Credit Suisse protagonizó los escándalos de Archegos y Greensill por la falta de control interno.
Los lazos entre SVB y Credit Suisse: mala gestión privada salvada con dinero público Sedes de Silicon Valley Bank (SVB) y Credit Suisse.

RUBÉN SAMPEDRO
 

PUBLICADO 18/03/2023 04:45
ACTUALIZADO 18/03/2023 04:50
Los tambores de crisis financiera resonaron con fuerza la semana pasada en todo el mundo. La caída del Silicon Valley Bank (SVB) arrastró a Credit Suisse, que tuvo que pedir ayuda al Banco Nacional de Suiza tras meses en el foco de los inversores. Pero en ambos colapsos hubo conexiones pese a ser entidades con negocios opuestos: la mala gestión de la cúpula acabó salvada con la manguera del dinero público. La misma solución que en 2008, a pesar de que las autoridades supervisoras y políticas de todo el mundo se afanan por marcar distancia con la crisis que desencadenó la quiebra de Lehman Brothers.

No son casos de una inyección de capital directa de los estados, como ocurrió en España con Bankia. Pero el dinero público ha vuelto a ser clave como cortafuegos al pánico de los inversores. Primero, la Reserva Federal salió al rescate de todos los clientes del Silicon Valley Bank, con un plan de emergencia para todo el sistema bancario de hasta 25.000 millones de dólares como salvaguarda para evitar el contagio. Como elemento diferenciador, prometió que la factura no la acabarían pagando los contribuyentes.

Y al otro lado del Atlántico, Credit Suisse acabó anunciando que pedirá hasta 50.000 millones al Banco de Suiza para garantizar su viabilidad. El episodio del SBV arrastró a la entidad suiza, si bien lo que le acabó hiriendo de muerte fue la negativa del Banco Saudí de inyectarle más fondos para subir su participación por encima del 10%. El dinero público tenía que volver a salir al paso para aplacar a los mercados.

Han corrido como la pólvora en los círculos financieros las conexiones del Silicon Valley Bank con el movimiento woke como prioridad frente a la gestión profesional del negocio"
El detonante en ambas crisis es una mala gestión de la cúpula, como han puesto de manifiesto las propias instituciones monetarias. En los círculos financieros de la City de Londres y de casi todo el mundo han corrido como la pólvora los vínculos del Silicon Valle Bank con el movimiento woke como muestra de una gestión deficiente, como señalan fuentes financieras.

El colapsado banco especializado en financiar a empresas emergentes y tecnológicas se volcaba en los identitarismos de raza y género, con un comité de dirección formado exclusivamente por mujeres. También contaba con activistas dentro de los movimientos LGTBQ, como la responsable de riesgos de la filial en Reino Unido, Jay Ersapah. “Parece que era un banco que atendía más a la corrección política woke que a la profesionalidad al frente del negocio”, indican las fuentes consultadas.

Escándalos de Greensill y Archegos
La mala gestión en el caso de Credit Suisse quedó patente en 2021, con los escándalos de Greensill y Archegos, que provocaron un roto patrimonial y de reputación en la entidad. La falta de controles internos en sus inversiones hizo perder al banco 5.500 millones de euros por los préstamos que hizo al fondo Archegos, que usó el dinero para hacer apuestas de alto riesgo. Las dudas se centraron por la falta de controles de riesgos, que no detectaron ni la elevada concentración ni la pérdida de valor de las inversiones financiadas.

Aunque la mala gestión venía de antes. En 2018, un banquero de Credit Suisse especializado en Europa del Este fue acusado de sustraer cientos de millones de euros de las cuentas de oligarcas rusos y dictadores. Los controles internos no detectaron estas transacciones y el banco fue condenado por ello.

El fichaje estrella que duró menos de un año
También ha sufrido continuos cambios en la cúpula. Antes del Covid, en 2020, tuvo que dimitir el CEO, Tidjane Thiam, por un caso de espionaje a un antiguo banquero de la compañía. Ese mismo año Credit Suisse fichó como presidente a António Horta-Osorio, el ejecutivo estrella de la City que reflotó a Lloyds y muy cercano al círculo de Emilio Botín. Menos de un año después tuvo que dimitir tras un escándalo por infringir el confinamiento de Suiza para contener el virus.

Las autoridades europeas descartan, al menos de momento, el contagio sobre el sistema bancario europeo. Así lo corroboró también el Banco Central Europeo (BCE) el pasado viernes en una reunión extraordinaria de su brazo supervisor. Lo que parece cada vez más cercano, como señalan fuentes vinculadas con los lobbies financieros, es que los escándalos del SVB y Credit Suisse den la puntilla al modelo de banca comercial como se conoce actualmente.

"En el mejor de los casos, los bancos serán un 'utility' más. En el peor, serán desintermediados por los bancos centrales el día que introduzcan sus propias cuentas comerciales", advierten las fuentes consultadas. Habrá que ver si se cierra pronto la incertidumbre por los episodios del SVB y Credit Suisse, o si la sombra de Lehman Borthers sigue planeando todavía sobre las bolsas.

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7214 en: 18 de Marzo de 2023, 08:26:15 am »
Lo de siempre, privatizan beneficios y socializan pérdidas. . . aquí se hace mucho, así que no se de qué se extrañan. . .

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7215 en: 20 de Marzo de 2023, 07:44:33 am »

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7216 en: 30 de Marzo de 2023, 09:15:43 am »
La subyacente se modera al 7,5%
La inflación se aplaca en marzo al 3,3% al caer la energía un año después de la guerra


Entonces el precio de la luz subió un 33,1% interanual y el del transporte un 18,6% por el alza de las gasolinas y gasóleo, elevando la tasa anual hasta el 9,8%, su nivel más elevado desde mediados de los años ochenta.

INGRID GUTIÉRREZ   NOTICIA
30.03.2023 - 09:03h
Actualizado: 30.03.2023 - 09:12h

La inflación se aplaca en marzo hasta el 3,3% en España en pleno abaratamiento de los precios energéticos gracias al conocido como 'efecto base', dado que en el mismo mes del año pasado -justo después de producirse la invasión rusa de Ucrania- estos se dispararon. Entonces el precio de la luz subió un 33,1% interanual y el del transporte un 18,6% por el alza de las gasolinas y gasóleo, elevando la tasa anual hasta el 9,8%, su nivel más alto desde mediados de los años ochenta. La situación ahora es distinta y la subida de los precios se modera en más de dos puntos y medio en un solo mes y se sitúa en su nivel más bajo desde agosto de 2021.

El dato avanzado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que la inflación subyacente (que excluye de su cómputo los elementos más volátiles como la energía y los alimentos elaborados) resiste en cotas históricamente altas y apenas se moderaría una décima hasta el 7,5%. Es la primera vez que esta tasa se frena desde el pasado mes de septiembre. El indicador adelantado apunta a que los precios habrían subido cuatro décimas en términos mensuales en relación a febrero.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos explican que la bajada sostenida del precio de la electricidad, gracias a la solución ibérica y al resto de medidas adoptadas, "ha sido clave" para que la inflación española se sitúe entre las más bajas de Europa. Esta menor presión de los precios está favoreciendo la competitividad de las empresas españolas, "como ponen de manifiesto las ganancias de cuota de mercado y el aumento de las exportaciones de bienes y servicios, incluso en el complejo contexto económico internacional", apuntan.

Precisamente la tasa de IPC armonizado, que es la que Eurostat toma como referencia para hacer sus comparativas entre países se habría situado en el 3,1% este mes en tasa interanual, casi tres puntos por debajo de la registrada en febrero, después de que los precios hayan subido un 1,1% en relación a ese mes.

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7217 en: 07 de Junio de 2023, 09:26:48 am »

Espaldarazo de la OCDE a la economía española: crecerá más de lo esperado en 2023 y 2024


Inma Benedito
7 jun. 2023 8:00h.


España sorprende creciendo por encima de lo esperado: la OCDE mejora su previsión de crecimiento al 2,1% este año y un 1,9% el que viene, frente al 1,7% estimado anteriormente.
España se coloca a la cabeza del crecimiento de la eurozona, frente al estancamiento estimado para Alemania, que tendrá un crecimiento nulo, y los avances raquíticos del 0,8% para Francia y del 1,2% en Italia en 2023.
Mientras la eurozona se estanca y Alemania entra en recesión, mientras que la inflación y los tipos de interés estrangulan de uno y otro lado la renta de los hogares, España sorprende creciendo por encima de lo esperado.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha mejorado sustancialmente su previsión de crecimiento para España en 2023 y 2024. El PIB crecerá un 2,1% este año y un 1,9% el que viene, frente al 1,7% estimado para ambos años, según la actualización de previsiones económicas publicadas hoy por el organismo.

Se trata de una mejora de 4 décimas para este año y de 2 décimas para 2024 con las que España se coloca a la cabeza del crecimiento de la eurozona, frente al estancamiento estimado para Alemania, que tendrá un crecimiento nulo, y los avances raquíticos del 0,8% para Francia y del 1,2% en Italia en 2023.


"Enfrentada a un entorno difícil en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la economía española ha resistido notablemente bien", destaca la OCDE. El PIB aumentó un 0,5% en el primer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior y fue un 3,8% superior al de un año antes.

La economía española empezó 2023 yendo un poco por libre, teniendo en cuenta la que estaba cayendo. El mejor comportamiento de España en la primera mitad del año, pese al entorno de incertidumbre internacional, ha llevado a la OCDE, pero también a otros organismos, como Banco de España, a mejorar las previsiones de crecimiento para 2023.

"La economía española está respondiendo mejor de lo esperado en meses anteriores, fundamentalmente por el buen comportamiento de la demanda externa", explica Salustiano Velo, coordinador del Observatorio financiero del Consejo General de Economistas.

China está dinamitando su propia economía, y podría hundir al resto del mundo con ella
La antigua China, con una economía que crecía rápidamente y una sociedad que se abría lentamente, ha desaparecido.
El mayor crecimiento de la economía española está marcado por 3 razones: una mayor resistencia a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, un mejor comportamiento de la demanda interna y externa y del mercado laboral, y el abaratamiento de la energía, que dará un respiro a los precios.

"Una menor inflación y un mercado laboral resistente apoyarán el consumo de los hogares, mientras que el fortalecimiento de la demanda exterior apoyará el crecimiento de las exportaciones", explica el organismo en su nuevo informe. Por otro lado, la OCDE apunta a la mejora de la confianza de las empresas y los consumidores, desde el otoño pasado, "aunque sigue siendo muy baja".

Eso, y los fondos europeos, cuya implementación se traducirá en importantes inversiones públicas y puede aumentar el potencial de crecimiento: "el crecimiento del PIB se beneficiará del importante gasto público vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

De ello dependerá, sin embargo, la correcta ejecución de las reformas e inversiones, y no está tan claro que España vaya a sacar sobresaliente en ese sentido: economistas de Fedea advertían esta semana de la deficiente implementación de los fondos europeos.

La OCDE pronostica que la inflación bajará al 3,8% en 2024 "gracias a la bajada de los precios de la energía y al endurecimiento de la política monetaria". En 2023, sin embargo, los precios continuarán agujereando el bolsillo de los hogares: la inflación continuará disparada al 6% en 2023, antes de moderarse el año que viene.

A medida que retroceda la inflación, la OCDE recomienda "un endurecimiento de la política fiscal para hacer frente a la elevada deuda". Se trata de una recomendación en línea con la de la Comisión Europea, hace unos días, que pidió a España la retirada gradual de las medidas para aliviar el impacto de la crisis de precios.

El organismo prevé que la reducción del IVA sobre los alimentos y las subvenciones a las tarifas de transporte se prorroguen hasta finales de 2024, mientras que los recortes de impuestos en el sector de la energía se eliminen parcialmente en 2024. "En general, se supone que la política fiscal será ligeramente restrictiva en 2023-24", señala, y prevé que el déficit público disminuya al 3,5% del PIB en 2023 y al 3,2% del PIB en 2024.

Pero no solo es la inflación: "el endurecimiento de la política monetaria en la zona del euro está pesando sobre las condiciones de financiación y debilitando la demanda de préstamos" avisa el organismo.

Si vas a comprar una casa pero estás esperando a un momento mejor, estos son los motivos por los que puede salirte mal
Venta de vivienda
El crédito a los hogares y a las empresas disminuyó un 2% y un 2,2% interanual en abril de 2023, respectivamente, y el enfriamiento del crédito ya está pesando en el inmobiliario, y se nota en una ralentización en la venta de viviendas.

El organismo, sin embargo, avisa de riesgos en el horizonte: "existen varios riesgos en torno a las perspectivas, entre ellos, una escalada de la guerra en Ucrania que podría hacer subir los precios de la energía, y el aumento de las vulnerabilidades macrofinancieras, ya que la rápida subida de los tipos de interés podría aumentar el riesgo de contagio financiero a través del sistema financiero mundial".

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7218 en: 07 de Junio de 2023, 09:33:16 am »
Eso no importa. . . ahora lo que importa es que te vote Txapote. . .

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Re: ECONOMÍA
« Respuesta #7219 en: 11 de Junio de 2023, 10:23:37 am »

Bruselas ve insostenible el gasto de la sanidad española y pide recortes al Gobierno
Se prevé que el gasto público en salud aumente en 1,3 puntos porcentuales del PIB para 2070. En el resto de la UE el incremento será de 0,9


Bruselas ve insostenible el gasto de la sanidad española y pide recortes al Gobierno
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. | EP

Lidia Ramírez
@lidiaramirezrol
lrr@theobjective.com
Publicado: 07/06/2023  •  03:30
Actualizado: 07/06/2023  •  14:58

El desembolso del Gobierno español en sanidad «preocupa» a la Comisión Europea. Así se refleja en el último Informe País 2023 del organismo, donde advierte a España sobre las previsiones de aumento del gasto público sanitario. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que analiza la previsión de gasto en Sanidad hasta 2070, este aumentará 1,3 puntos de PIB entre 2026 y 2050 y se mantendrá hasta 2070, algo que ha hecho encender las alarmas en Bruselas, que duda de la sostenibilidad fiscal ante este contexto. «Se prevé que el gasto público en salud aumente en 1,3 puntos porcentuales (pps) del PIB para 2070, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo», recoge el informe.

En este sentido, el organismo de Ursula Von der Leyen destaca que el gasto público en salud en nuestro país aumentará casi medio punto más que en el resto de Europa, cuyas previsiones de cara a 2070 es que se incremente en 0,9 pps. No obstante, los autores del estudio inciden en que actualmente el gasto sanitario en relación con el PIB en España se encuentra «ligeramente» por debajo de la media de la UE (5,7 pps vs 6,6 pps), mientras que el gasto en medicamentos ambulatorios está por encima.

Además, Bruselas indica que si entre 2019 y 2020 el gasto en prevención en España aumentó alrededor de un 56%, en el resto de Europa fue de un 26%. Y señala al Gobierno español que «otra acción para salvaguardar la salud pública» es la racionalización en curso del uso de microbianos, «como parte de esfuerzos más amplios para fomentar el uso racional de medicamentos».

Y es que España se ha situado como el séptimo país con mayor consumo de antibióticos por habitante de Europa. Se estima que 20 de cada 1.000 ciudadanos hace uso de estos fármacos al día, ya sea por prescripción de Atención Primaria o por hospitalización. Una cifra que representa casi cuatro puntos más que la media de 16,4 del bloque comunitario, según un estudio publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

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Retribución de los profesionales de la Sanidad española
No obstante, según el último informe del Banco de España ‘El gasto público en España desde una perspectiva europea‘, el gasto en sanidad se corresponde mayoritariamente a la remuneración de asalariados (45%), al gasto en prestaciones sociales y transferencias en especie adquiridas en el mercado (26%), y a consumos intermedios y otros gastos en consumo final (cerca del 25%). Conjuntamente, estos tres componentes suponen cerca del 95% del gasto total en sanidad.

En el caso de la media de la UE-15, dichos componentes tienen una importancia conjunta similar (93% del gasto en salud), si bien el porcentaje de gasto destinado a remuneración de asalariados es 10 pp menor que el de España. «Esta diferencia se debe al distinto modelo de provisión de servicios sanitarios. Así, si bien en España una gran parte de dichos servicios son producidos por las administraciones públicas, otros países proveen estos servicios mediante adquisiciones en el mercado (a través, por ejemplo, de conciertos sanitarios)», explica el informe.

Bruselas saca los colores al Gobierno por el déficit de sanitarios y la precariedad laboral
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Lidia Ramírez
Envejecimiento de la población
El gasto sanitario del presente y del futuro estará marcado por las nuevas necesidades de la Sanidad, como adquisición y desarrollo de nuevos medicamentos, tratamiento de nuevas patologías, la ampliación de la cartera de servicios o la adquisición de nuevos equipos de diagnóstico. Pero también estará marcado por el envejecimiento de la población.

Y es que según la Airef, el gasto en cuidados de larga duración tiene una previsión de aumento debido al envejecimiento de la población. Los últimos cálculos del INE indican que España llegará al año 2050 siendo uno de los países más envejecidos: el 31,4% de la población en España tendrá más de 65 años y que el 11,6% tendrá más de 80 años. Además, la población centenaria -100 años o más- pasaría de las 12.551 personas en la actualidad, a 217.344 al final del periodo proyectado.

De esta manera, prevén que el gasto público en salud aumente 0,9 puntos de 2026 a 2050 y se incremente tres décimas adicionales de 2050 a 2070 como consecuencia de esta longevidad poblacional. No obstante, se espera que a partir de 2050 se empiece a moderar el gasto en cuidados de larga duración, debido a un esperado rejuvenecimiento de la sociedad a medida que «se vayan extinguiendo las generaciones de nacidos en los años 70 del siglo XX».