Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 589963 veces)

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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5120 en: 17 de Abril de 2019, 07:30:56 am »

Absuelven al guardia civil acusado de "abuso" con una prostituta víctima de violencia de género

El agente había asistido a la mujer tras denunciar a su pareja por violencia de género

Europa Press
Publicado 16.04.2019 - 15:56
Actualizado16.4.2019 - 21:21

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha absuelto a un agente de la Guardia Civil que había sido acusado de "abusar" de su cargo para acostarse con una prostituta a la que había asistido como víctima de violencia de género.

Los hechos se remontaban a los años 2016 y 2017, cuando el hombre desempeñaba el cargo de brigada en el puesto de la Guardia Civil de Pontevedra, lo que le llevó a hacerse cargo del caso de la mujer, que había denunciado a su pareja por violencia de género. Se le acusaba de los delitos de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida al funcionario y abuso de su función.

El tribunal relata en la sentencia que el sospechoso, que era quien supervisaba y decidía en las actuaciones relativas a la violencia de género y a las órdenes de protección vigentes, conocía "con motivo de su actuación profesional" el teléfono de la denunciante, así como que ejercía la prostitución y era consumidora de sustancias estupefacientes.
Acreditan que quedaron juntos

Además, considera acreditado que el 26 de mayo de 2016 la llamó por teléfono y quedaron en un bar. Ese día, según el fallo, "acudieron y subieron juntos" al cuartel de la Guardia Civil en el que residía el sospechoso, "donde permanecieron al menos durante diez minutos, sin que se hayan acreditado otros hechos", en referencia al encuentro sexual que la mujer denunciaba que aceptó porque él le había prometido hacerse cargo del alquiler de su vivienda.

"La falta de ética que en cualquiera de los casos pueda derivarse del comportamiento del acusado subiendo a su domicilio particular con una víctima de violencia de género o incluso la sanción que tal acto pudiera merecer en el ámbito disciplinario no suponen que en este caso concurran los elementos exigidos por el tipo penal por el que se ha formulado acusación", señalan las magistradas.
Sentencia absolutoria

A mayores, subrayan en la sentencia absolutoria que "no consta" que el consentimiento de la denunciante hubiera estado "mediatizado ni condicionado en forma alguna ni por la condición de funcionario público del acusado ni específicamente por su consideración de víctima de violencia de género".

El Fiscal, que pedía para el agente 18 meses de prisión, consideraba que el hombre, conocedor de que la mujer ejercía la prostitución y pasaba por dificultades económicas, "doblegó su voluntad" prometiéndole sufragar el pago del alquiler de su vivienda a cambio de mantener relaciones sexuales, algo que ha descartado la sentencia.



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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5121 en: 20 de Abril de 2019, 11:05:35 am »

El Supremo anula el despido de un cartero condenado por robar tarjetas de crédito enviadas por correo

"Por razones de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica", anula una resolución con la que Correos retiró en 2015 a su extrabajador la condición de funcionario público con carácter permanente

Ya jubilado, Correos no tendrá que readmitirlo, pero su abogado confía en que se le compense por el tiempo transcurrido desde su despido hasta su jubilación y se recalcule al alza su pensión

Durante más de cinco años, aprovechó su profesión de cartero para realizar reintegros de efectivo por importe de más de 50.000 euros con tarjetas de crédito que sustraía y activaba
Antonio M. Vélez
19/04/2019 - 20:40h


El Tribunal Supremo ha declarado nulo el despido de E. V., ex funcionario de Correos condenado en 2015 a 18 meses de prisión tras aprovecharse durante más de cinco años (desde 2007 hasta 2012) de su profesión de cartero para realizar reintegros de efectivo con más de una treintena de tarjetas de crédito que, en lugar de entregar a sus destinatarios, sustrajo y activó para sacar dinero en diversos cajeros de la provincia de León, donde trabajaba.

"Por razones de igualdad en la aplicación de la Ley y de seguridad jurídica" y atendiendo a la jurisprudencia existente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dado la razón a este excartero, hoy sexagenario, y ha anulado una resolución de Correos que en 2015 le retiró la condición de funcionario público con carácter permanente.

Recuerda la Sección Cuarta que preside Luis María Díez-Picazo, el magistrado que a finales del año pasado inclinó a favor de la banca la famosa sentencia del Alto Tribunal sobre los gastos de las hipotecas, que el excartero, al ser condenado por la Audiencia Provincial de León en febrero de 2015, fue inhabilitado al amparo del artículo 45 del Código Penal, que limita ese castigo "durante el tiempo de la condena", pero sin carácter definitivo.

Al recurrente, razona el Alto Tribunal, no se le privó "de su condición de empleado público", como pretendió hacer en junio de 2015 el subdirector de Gestión, Organización y Desarrollo de Personas de Correos en una resolución por la que ordenó su cese en el cuerpo de Auxiliar Postal y de Telecomunicación. Esa es la decisión que anula el Supremo. En una sentencia dictada el 20 de marzo, corrige una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por E. V. contra la decisión de Correos.

El Supremo da por buenos los argumentos del recurrente: que la sentencia penal le privaba solo "de la condición de cartero" que, según la Real Academia Española de la lengua, comprende única y exclusivamente "repartir las cartas del correo", pero no para "cuantas otras funciones correspondan a la Escala Auxiliar Postal y de Telecomunicaciones" definidas en la Ley 75/1978, "a saber: clasificación, transmisión telegráfica, pago de giros y cobro o pago de efectos o valores, tareas auxiliares de carácter administrativo y demás tareas complementarias y subsidiarias en oficinas postales o telegráficas".
Hasta 18.185,6 euros en un año

El apartado de "hechos probados" de la sentencia que en febrero 2015, tras un pacto con la Fiscalía, condenó a E. V. a 18 meses de prisión por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos, en concurso con delito de estafa, recoge que el entonces cartero sustrajo desde diciembre de 2006 hasta su detención en febrero de 2012 un total de 50.301,6 euros, más del doble de lo que había estimado la Policía en un primer momento.

Para ello, utilizó 38 tarjetas de crédito ajenas en cerca de 140 retiradas de efectivo en distintos cajeros automáticos de la provincia de León que implicaron el pago de cerca de 1.300 euros en comisiones bancarias. Solo una pequeña parte de los afectados denunció. El excartero tuvo que indemnizar a cuatro de los particulares afectados y al BBVA. Su abogado asegura que todavía está pagando esas indemnizaciones.

Según esa sentencia, "con ánimo de beneficiarse ilícitamente, se apoderó de correspondencia enviada por entidades bancadas a sus clientes que contenían tarjetas bancarias, información del número PIN, así como correspondencia que le facilitó el conocimiento de circunstancias personales de los titulares de las tarjetas de crédito, tales como fecha de nacimiento, número del DNI", información que luego utilizaba para activar las tarjetas.

En 2011, el año previo a su detención, llegó a sustraer por esta vía 18.195,6 euros. Su carrera de retiradas de efectivo (normalmente, importes de unos 300 euros por operación, la mayoría coincidiendo con periodos navideños y de verano) acabó el 3 de febrero de 2012. La Policía Nacional le detuvo inmediatamente después de realizar en un cajero automático de Caja Madrid en la Gran Vía de San Marcos de León su última retirada (300 euros) con una tarjeta de la entidad Openbank.

Tras la sentencia del Supremo, Correos no va a tener que readmitirlo porque, según explica su abogado, Urbano González Díez, el excartero, que en el momento de su detención tenía 55 años, se jubiló en abril de 2018. La resolución del Supremo, según el letrado, sí supondrá dos cosas: "Tendrán que reintegrarle todos los ingresos que no percibió desde la fecha en que se ejecutó el despido hasta su jubilación y modificar las bases de cotización para el cálculo de la pensión" al alza.

También por la vía contencioso-administrativo, el letrado ha logrado hasta ahora anular dos sanciones por faltas "muy graves" que impuso Correos a su defendido tras la sentencia penal y cuyo importe, asegura, "coincidía con lo que se le había pagado" por su salario base desde su detención y suspensión de empleo hasta su despido definitivo. Esas sanciones, asegura, las anuló el TSJ de Castilla y León "porque entendió que si estaba condenado por vía penal no se le podía condenar dos veces por los mismos hechos".

Correos "también trató de retrotraer la fecha de efectos del despido a febrero de 2012, cuando le detienen, pero eso ya está sentenciado por el TSJ a nuestro favor". También están reclamando una serie de partidas a las que, argumentan, sigue teniendo derecho.

Por su parte, Correos señala que "actúa de conformidad con la legalidad vigente y con sujeción a las resoluciones judiciales y, por tanto, respecto de este caso hemos realizado y realizaremos las actuaciones que el cumplimiento de dichas resoluciones judiciales requiera", sin dar más detalles.

 


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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5122 en: 06 de Mayo de 2019, 10:13:12 am »

EL FISCAL RECURRE EL ARCHIVO DE UNA DENUNCIA

Insultar a la Policía y los andaluces no es odio: una jueza salva al 'mosso indepe'


Una jueza archiva una querella contra el jefe de los Mossos de la ANC al concluir que no es delito llamar nazis a policías y guardias civiles ni tampoco lanzar mensajes contra los andaluces
JOSÉ MARÍA OLMO

06/05/2019 05:00 - Actualizado: 06/05/2019 09:20
La Justicia ha echado un capote a Albert Donaire, el coordinador de Mossos per la República, la sectorial de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en el cuerpo de seguridad autonómico. Una jueza ha acordado el sobreseimiento de la querella que interpuso la Fiscalía contra él hace un año por insultar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y lanzar mensajes de contenido xenófobo contra andaluces y extremeños, entre otros. Según la titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Olot (Girona), las palabras de Donaire no pueden ser consideradas injuriosas ni constitutivas de un delito de odio y por tanto solo cabe el archivo del procedimiento.


La resolución se produjo el pasado enero, pero no ha trascendido hasta ahora. No obstante, el archivo no es completamente firme. La Fiscalía decidió recurrir el dictamen en abril tras concluir que de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprende que Donaire fue el autor de los mensajes denunciados y que estos traspasaron sin género de duda los límites del derecho a la libertad de expresión. La última palabra la tiene la Audiencia Provincial de Girona.

Policía y Guardia Civil, "nazis"
El origen del procedimiento es una denuncia presentada contra Donaire por la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) de la Policía Nacional por la publicación en Twitter y Facebook de numerosos mensajes en los que el 'mosso' acusaba a los agentes de las Fuerzas del Estado de ser “miserables” y “cínicos” y los equiparaba con el cuerpo paramilitar del Partido Nazi en el III Reich. “Las SS alemanas del siglo XXI están en España hoy y también uniformadas. Las #ÑÑ españolas”, aseguró en uno de los tuits incluidos en la denuncia. En otros, los llamó directamente fascistas.



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@albertdmcat
 Mira @InesArrimadas t'ho explico el que es vol provocar: pagar amb la mateixa moneda a Espanya, que ens vol arruïnar als catalans i al nostre govern i que porta anys espoliant sense miraments Catalunya per subvencionar la teva família i amics andalusos.

Inés Arrimadas

@InesArrimadas
¿Qué quieren provocar? ¡Irresponsables! https://twitter.com/la_ser/status/921117584828837894

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13:17 - 20 oct. 2017
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La denuncia, que fue trasladada por la UIT al Ministerio Público, también incluía vídeos y mensajes en los que Donaire acusaba al resto de españoles de “querer arruinar a los catalanes” con un “expolio sin miramientos” para poder “subvencionar a los andaluces”, como adelantó este diario. Ese era uno de los argumentos que más utilizaba para atacar a los andaluces y los extremeños en las redes sociales, en abundantes publicaciones de tinte racista. Según el 'mosso' de la ANC, los españoles estaban robando los recursos de Cataluña para vivir de los subsidios agrícolas del PER.


La Fiscalía analizó el atestado de la Policía Nacional y decidió presentar una querella contra Donaire ante los juzgados de Olot, la localidad donde reside, por dos presuntos delitos, uno de odio y otro de injurias. La instructora del caso aceptó a trámite la petición de la denuncia y ordenó que se efectuaran varias diligencias, como la toma de declaración de los agentes que habían recopilado los mensajes bajo investigación, una pericial para demostrar que el autor de las publicaciones había sido efectivamente el 'mosso' independentista y el interrogatorio del propio acusado.

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@albertdmcat
 Hi ha centenars de vídeos de la violència extrema de la @policia i la @guardiacivil. Tothom ho ha vist. Són les SS Ñazis del segle XXI.

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23:32 - 3 oct. 2017
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Según las fuentes consultadas, el análisis técnico del teléfono de Donaire probó que las publicaciones habían sido realizadas a través de ese terminal, pero el 'mosso' negó haber cometido delito alguno y se defendió esgrimiendo que todos sus comentarios estaban amparados por el derecho a la libertad de expresión. La Fiscalía rechazó esa lectura y recordó que el acusado tenía la condición de agente de la autoridad, por lo que sus proclamas podían ser secundadas por otros ciudadanos.

La instructora del procedimiento dio finalmente la razón al militante de la ANC, al considerar que sus mensajes no animaban a otras personas a actuar contra las Fuerzas de Seguridad del Estado ni contra los ciudadanos de otras comunidades y que, en cualquier caso, el contenido que había colgado en las redes sociales no excedía el ámbito de la crítica. Un dictamen más que cuestionable. En un vídeo del 22 de marzo de 2018, Donaire recordó que en la Marcha Verde solo participaron 350.000 personas. “Y los españoles se tuvieron que marchar. ¿Cuántas personas han votado república? Más de dos millones. ¿A qué estamos esperando?”, se preguntaba sin disimulo. El Ministerio Público espera que la Audiencia de Girona revierta la interpretación del juzgado de Olot.



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@albertdmcat
 Unes quantes reflexions... https://www.pscp.tv/w/bYPYtzFlUkV4cWtZZUdNUXd8MW1yR21SV0xuRG5Kee8G-8HiH839G4skj8C5Ujn7HeS1pkcsBywOPWWdVODY

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19:00 - 22 mar. 2018
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AlbertDM #RepubliCAT 🎗 @albertdmcat
Unes quantes reflexions... — 北京, 中华人民共和国

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El dictamen favorable ha dado alas a Donaire, que en lugar de recular ha intensificado sus insultos a Policía Nacional y Guardia Civil y ha seguido despreciando a los ciudadanos de otras regiones por, supuestamente, vivir del dinero que España roba a Cataluña. También son objeto de su ira otras instituciones del Estado como la monarquía y el Tribunal Supremo. A este último órgano lo acusa de estar celebrando un “juicio farsa” contra los responsables políticos del 1-O.


Declaración en el Tribunal Supremo
El propio Donaire declaró como testigo en el alto tribunal a petición de las defensas de los dirigentes del Govern el pasado 24 de abril. Antes de la cita, aseguró a través de las redes sociales que aprovecharía la ocasión para denunciar ante los magistrados que los exconsejeros son presos políticos encerrados por defender sus ideas y que reivindicaría su derecho a declarar en catalán. Pero su desafío duró solo unos segundos. Tras un breve intento de responder en su idioma natal, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le paró los pies: "No confunda el escenario. Ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, se va a limitar a responder a las preguntas. Usted es un agente de la autoridad. Y usted está ahora ante la autoridad judicial. Responda a las preguntas que le formule la acusación popular. Si usted no me oye a mí decir que esa pregunta es impertinente, tiene el deber de declarar. Y de decir verdad".


Ahí se terminó la osadía del 'mosso' de la ANC. Donaire se fue deshinchando hasta casi desaparecer. Llegó a decir que, durante el 1-O, su misión fue hacer que se cumpliera la Constitución. Y aceptó la obligación de responder a todas las partes en castellano. En septiembre de 2017, sin embargo, juró lealtad a la república catalana y dijó que no retiraría ninguna urna. Así lo hizo. El día de la consulta, se fotografió depositando su voto.



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« Respuesta #5123 en: 17 de Mayo de 2019, 07:16:22 am »


La Audiencia de Navarra juzga a 18 agentes por estafa en el cobro de las ayudas por mudanza de la Guardia Civil

La Fiscalía solicita penas de 9 años y 7 meses de prisión para el principal encausado
Miguel M. Ariztegi
16/05/2019 - 20:41h

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra acoge mañana un juicio en el que la Fiscalía acusa a 18 guardias civiles, a la esposa de uno de ellos y al titular de una empresa de mudanzas por supuestos fraudes en la denominada Indemnización por Traslado de Residencia, a la que tienen derecho los miembros de la Benemérita cuando deben mudarse por asignación de un nuevo destino, por pase a la situación de reserva o por otras circunstancias profesionales.

Tras descartar los recursos presentados por los agentes, que hoy se encuentran en diferentes destinos de la geografía española, la Audiencia les juzgará por cobrar ayudas por mudanzas que resultaron falsas. Los hechos se remontan al año 2011, y al parecer la trama fue urdida por el cabecilla de la estafa junto con su esposa, y en colaboración con una empresa de muebles de la localidad navarra de Zizur.

La denuncia fue interpuesta por el propio Instituto Armado ante la sospecha de estafa en el cobro de las ayudas contempladas en el Real Decreto 462/2002. Para recibir el dinero, que puede ascender hasta a 9.000 euros por mudanza, los agentes deben presentar tres presupuestos de otras tantas empresas de transportes de muebles y la Guardia Civil elige el más económico.

La trama ideada por el cabecilla y su esposa contaba con la colaboración de la citada empresa de transportes, que ofertaba siempre los presupuestos más baratos conociendo los otros dos, ya que la ayuda era tramitada “con ánimo de ilícito enriquecimiento” por parte de la red, explica el fiscal. Así, tanto el matrimonio acusado como la empresa se llevaban un porcentaje de la ayuda, mientras que la mayor parte del dinero iba a parar a los agentes que la solicitaban sin tener derecho a ella.

El fiscal sostiene que el principal acusado recibió entre 937 y 1836 euros por mudanza, que corresponden con un porcentaje variable de entre el 19% y el 28% del total de cada una de las ayudas obtenidas por los agentes. También su esposa recibió varios pagos de entre 963 y 2.500 euros por operación. A continuación, el matrimonio realizaba transferencias a la empresa Mudanzas Carjusan, que obtuvo un total de 103.876 euros con el método.
Entre cuatro y 9 años y siete meses de prisión

La Fiscalía solicita 22 meses de prisión, inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales para 17 de los 18 agentes acusados, que eran los solicitantes de las ayudas.

También pide tres años de prisión y multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros por un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, así como inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante dos años, costas e inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena. En total, cuatro años y 10 meses de prisión.

Para el principal acusado solicita 43 meses de prisión e inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante 10 años por un delito continuado de fraude y exacciones ilegales. También inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. Por el delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público solicita seis años de prisión, multa de 20 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para el empleo de guardia civil durante seis años. En total, 9 años y 7 meses de prisión.

Para su esposa, la Fiscalía solicita tres años de prisión por un delito continuado de fraude y exacciones ilegales, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social durante cinco años. También inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas.

Para el titular de la empresa de transportes vinculada a la trama solicita las mismas penas que para la esposa del principal encausado, así como tres años adicionales de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros.





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Re:De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5124 en: 22 de Mayo de 2019, 10:33:09 am »
Una juez inadmite la querella de IU contra Villacís por la sociedad que tenía con su marido al avalar su versión


 
Europa Press

Tiempo de lectura: 4' 22 may 2019 - 09:08
Actualizado 09:09

La juez de Instrucción número 24 de Madrid, Coro Monreal Huerta, ha inadmitido la querella interpuesta por Izquierda Unida contra la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de la formación naranja a la Alcaldía, Begoña Villacís, por la sociedad que tenía con su marido, Iuriscontencia S.L., al avalar la documentación que acredita tanto que la edil vendió su participación en 2009 como que cesó como administradora en 2011.

Así consta en un auto dictado este mismo martes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la juez inadmite a trámite la querella presentada por la representación procesal de IU al respaldar la versión ofrecida por la edil madrileña. Contra esta decisión, fallada a cinco días de las elecciones, cabe recurso de reforma ante la juez y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

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IU acusaba a la líder municipal de Cs de la presunta comisión de un delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. La formación sostenía en su demanda que Villacís incurrió en un conflicto de intereses ya que esta sociedad asesoró a varios sindicatos policiales en acciones contra el Ayuntamiento de Madrid.

En el auto, la juez relata que basta con analizar la documentación aportada por el partido político querellante relativa al registro mercantil sobre la sociedad, que refleja que inicia sus operaciones en 2007, que adopta la forma de sociedad unipersonal de manera sobrevenida el 1 de abril de 2009, pasando a ser socio único Antonio Suárez-Valdés. "A partir de ese momento, como en todas las sociedades unipersonales con capital, pasa a tener el control total de la sociedad sobre el órgano de administración, ya lo desempeñe personalmente o haya nombrado a otras personas para que lo desempeñen", subraya la juez.

Seguidamente, añade la resolución, el 1 de septiembre de 2011 se produjo "el cese de ésta, puesto que es la fecha que aparece en la citada documentación como la del nombramiento de Suárez (el marido de Villacís) como administrador único".

Este análisis de la propia documentación que incluía la querella se refuerza, según recoge el auto, "con la certificación que aporta la querellada, certificación del registro mercantil que cita literalmente la situación de unipersonalidad de Iuriscontencia por compra ante notario de Madrid, Pedro Domínguez Sors, el 1 de abril de 2009, de la totalidad de las participaciones sociales por las que pasa a ser único socio Antonio Suárez-Valdés". Además, cita también el acuerdo de cese de Begoña Villacís como administradora solidaria el 1 de septiembre de 2011.

La magistrada concluye que no es "certera la afirmación que se hace en el escrito de la querella y que es lo que la sustenta, de que la querellada cese en su cargo de administradora solidaria en la tan mentada sociedad el día 26 de marzo de 2018". "Esta es la fecha en que se inscribió su cese en el registro mercantil, pero se produjo en fecha muy anterior, como se ha visto y se publicó en el BORME el día 6 de abril", recalca la instructora.

Agrega que no puede ser sometida a investigación por estar "junto a su esposo en una entrega de premios jurídicos, uno de los cuales, el de derecho militar, se otorga al gabinete jurídico Suárez-Valdés" y reseña que se deberá convenir que "está dentro de los usos sociales".

"Y resaltaré que, la materia jurídica por la que recibe el premio el despacho algo tendrá que ver con que asista a militares y policías en pleitos que estos colectivos tengan pendientes ante los órganos judiciales, sin que haya aportado ningún indicio de la participación de la querellada en la actividad del citado gabinete, ni directa ni indirectamente, como tampoco a través de la sociedad Iuriscontencia S.L.", señala la juez.

Además, alude al informe del gabinete de la Alcaldía aportado junto con la querella sobre incompatibilidades, deber de abstención y obligaciones relacionadas con el registro municipal de intereses en el que se indica que "si la concejal hubiera omitido o falseado los datos aportados podría plantearle el traslado a la Fiscalía", algo de lo que según subraya la juez "no se tiene constancia en los registros del decanato que se haya producido".

Por tanto, sostiene que no procede adoptar ninguna medida cautelar ni personal, al igual que tampoco procede adoptar ninguna diligencia "a la vista de que procede la inadmisión de la querella".

QUERELLA DE IU

IU Madrid registró el pasado 25 de marzo esta querella criminal contra Villacís tras conocer que no habría comunicado al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para incluirlo en su declaración de bienes que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia.

IU Madrid detalló en su querella, presentada entonces por el ahora candidato de Madrid en Pie Municipalista, Carlos Sánchez Mato, que hasta abril de 2018 no apareció en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad mercantil de Villacís y que no renunció a su cargo de administradora de este gabinete jurídico (que dirige su marido) hasta marzo del año pasado, según consta, decían, en el registro mercantil.

Argumentaba la querella que este despacho, que representa a un sindicato policial (Unión de Policías Municipales), se querelló contra la concejal de Ahora Madrid Rommy Arce y que la edil de la formación naranja había realizado actividades e iniciativas municipales relacionadas directamente sobre la Policía Municipal, lo que supone "indicios claros" de un conflicto de intereses e incompatibilidades de su cargo.

En consecuencia, IU Madrid considera que la candidata de Ciudadanos ha vulnerado el artículo 441 del Código Penal, que contempla multas de seis a 12 meses y suspensión de cargo público de dos a cinco años.

También IU apuntó a que Villacís presuntamente se benefició de esta sociedad para construir una casa y adquirir dos inmuebles. "Un cargo público no puede ser juez y parte en un asunto del que se pretende obtener un beneficio personal y colectivo, ha incurrido en falta de transparencia y ocultación de intereses", relataba la coportavoz de IU Madrid Ciudad, Lourdes Gómez.

De hecho, la querella ahondaba en que Villacís debería haberse abstenido de determinadas votaciones en el Pleno como marca la normativa. IU indicó entonces también que existían indicios de irregularidades en la actuación de la edil de Ciudadanos al haber eludido presuntamente su obligación de declarar sus intereses como administradora solidaria de esta sociedad (Gabinete Jurídico Suárez Valdés- Iuriscontencia) cuando accedió a su condición de cargo público.