Autor Tema: Jubilaciones en los Cuerpos policiales  (Leído 815949 veces)

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10480 en: 06 de Mayo de 2021, 06:36:22 am »
https://okdiario.com/economia/sanchez-aprobara-ya-2022-factor-equidad-que-servira-reducir-pensiones-7186187
Se avecinan recortes para los nuevos y los actuales pensionistas, le han cambiado el nombre, del FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de Rajoy, a FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL de Sánchez

Este tema va a ser una piedra enorme para Sánchez, por que los pensionistas de futuro no van a tragar con una reducción de la pensión en relación con los que ya estamos cobrando la nuestra, pues a pesar de que OK diario introduzca lo: "La reducción de las prestaciones que provocará el nuevo factor afectará tanto a las pensiones de los nuevos jubilados como a las vigentes en la actualidad", lo cierto es que no se puede aplicar la retroactividad de la norma a 10 millones de pensionistas...eso es cosecha del diario para provocar lo que busca.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10481 en: 06 de Mayo de 2021, 07:12:16 am »


Plan de Recuperación
El Gobierno se compromete con Bruselas a que 11 millones de trabajadores tengan un plan de pensiones de empresa ya en 2030

Supone un incremento muy notable desde los dos millones actuales, y para ello el Ejecutivo promete, entre otras cosas, desplazar "la fiscalidad actualmente favorable de los planes individuales"

    DANIEL VIAÑA
    @DanielVianaR

Actualizado Miércoles, 5 mayo 2021 - 22:12

El Gobierno y, en concreto, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, están totalmente decididos a impulsar los planes de pensiones de empresa. Tanto, que el Ejecutivo se ha comprometido ante Bruselas a que ya en 2030 un total de 11 millones de trabajadores tendrán un producto de ahorro de este tipo. Y la cifra es, si cabe, más relevante si se tiene en cuenta que, según el propio Gobierno, actualmente sólo dos millones de españoles tienen un plan de este tipo. La promesa supone, por lo



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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10482 en: 06 de Mayo de 2021, 09:40:47 am »
https://okdiario.com/economia/sanchez-aprobara-ya-2022-factor-equidad-que-servira-reducir-pensiones-7186187
Se avecinan recortes para los nuevos y los actuales pensionistas, le han cambiado el nombre, del FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de Rajoy, a FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL de Sánchez

Este tema va a ser una piedra enorme para Sánchez, por que los pensionistas de futuro no van a tragar con una reducción de la pensión en relación con los que ya estamos cobrando la nuestra, pues a pesar de que OK diario introduzca lo: "La reducción de las prestaciones que provocará el nuevo factor afectará tanto a las pensiones de los nuevos jubilados como a las vigentes en la actualidad", lo cierto es que no se puede aplicar la retroactividad de la norma a 10 millones de pensionistas...eso es cosecha del diario para provocar lo que busca.
El tiempo da y quita razones, ya veremos que hay de cierto en todo esto, yo me jubilo este año 2021, lo mismo me libro de esa posible reducción

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10483 en: 06 de Mayo de 2021, 10:41:44 am »
Este año no se va a modificar nada...incluso la idea de retocar al alza la cuota de la SS está en proceso de maduración.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10484 en: 10 de Mayo de 2021, 07:05:05 am »
El Gobierno deja fuera a los funcionarios de la compensación por la subida del IPC concedida a los pensionistas
Los empleados públicos acusan al Ejecutivo de que su fallo de previsión en el alza de los precios les va a provocar este año una importante pérdida de poder adquisitivo

Fecha
10/05/21access_time 1:04

J.A.F.

El Gobierno ha trasladado a Bruselas que va a mantener este año el poder adquisitivo de los pensionistas con una paga compensatoria debido a que se prevé una inflación en 2021 posiblemente más alta del 0,9% al que se revalorizaron las pensiones a principios de año. Sin embargo, los funcionarios van a quedar fuera de esa compensación.

El mecanismo vigente de actualización de las pensiones consiste en que a comienzos de año suben de acuerdo con la inflación prevista. Este incremento se revisa al acabar el ejercicio calculando la inflación media entre diciembre del ejercicio anterior y noviembre.

Si el incremento inicial queda por debajo, se paga una compensación para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Esto es lo que va a pasar en 2021, según el Plan de Estabilidad enviado por el Ejecutivo a Bruselas.
El vídeo del día
López insiste en la necesidad de una ley de pandemias
Los sueldos públicos también subieron un 0,9%

Con la subida del 0,9% también a los funcionarios, decidida de forma unilateral por el Gobierno a principios de año, porque era la inflación estimada en aquel momento, el Banco de España ya alertó de que podría generar un incremento del gasto público “especialmente cuestionable” en un contexto de destrucción de empleo por la crisis y un deterioro “muy acusado” de las cuentas públicas.

Señaló también la necesidad de implementar aumentos más focalizados dentro de los empleados públicos, como por ejemplo al personal sanitario, en vez de alzas generalizadas.

Además de las pensiones, el Plan de Estabilidad también recoge ahora que, a partir de 2022, el incremento del sueldo de los empleados públicos irá en línea con la evolución de los precios.

Es decir, que el Gobierno se compromete a subir el salario de los funcionarios (unos 3,5 millones de trabajadores) conforme al IPC a pesar de las distintas crisis por las que atraviese el país con el objetivo de que este colectivo no pierda poder adquisitivo. Esta subida ligada a la inflación se mantendría, al menos, hasta 2024, fecha en la que termina el recorrido del Plan enviado a Bruselas.
No habrá compensación para los funcionarios

Sin embargo, fuentes del Gobierno consultadas por Confidencial Digital explican que, antes de la subida fijada para 2022, no hay prevista una compensación para los empleados públicos por la desviación que van a experimentar los precios este año como la contemplada para los pensionistas.

En la cúpula económica del Ejecutivo se defiende que los sueldos públicos registraron notables incrementos durante 2018, 2019 y 2020. Fueron años en los que las subidas superaron holgadamente el 2% y, en todos los casos, con cifras muy superiores a la inflación.

Y eso les permitió, insisten, recuperar buena parte del poder adquisitivo que los funcionarios critican que perdieron durante la anterior crisis, al tiempo que experimentaron mejoras muy superiores a las del sector privado.

En cambio, se justifica el “esfuerzo” con los nueve millones de pensionistas en que se han convertido en la “columna vertebral” de la economía familiar.
El Gobierno ha fallado en sus previsiones

Hay que recordar que los sueldos de los funcionarios y las pensiones subieron en enero un 0,9%, de acuerdo con la evolución que pronosticaba entonces el Ministerio de Economía para los precios. Pero entre marzo y abril ese escenario ha cambiado completamente, lo que ha puesto en entredicho las previsiones iniciales del Gobierno.

De hecho, este último mes el índice de precios al consumo (IPC) ha subido un 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior y los pronósticos apuntan a que se mantendrá así hasta final de año.

Por eso, el Ejecutivo ha anunciado a Bruselas que aprobará “una paga compensatoria por una inflación en 2021 posiblemente más alta del 0,9% al que se han revalorizado las pensiones este año”. En cambio, el Plan de Estabilidad no incluye ninguna referencia a una compensación para los empleados públicos por la mayor subida de los precios.

En la cúpula económica del Ejecutivo explican que la evolución al alza de la inflación tiene varios motivos. Uno de ellos es el aumento de los precios de la energía y la electricidad. Los combustibles ya cotizan a los niveles que alcanzaron antes de la crisis. Y eso es lo que ha invalidado las previsiones de hace unos meses, remarcan.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10485 en: 11 de Mayo de 2021, 07:24:06 am »


Hay 7,6 millones de partícipes

Sánchez liquida los planes individuales de pensiones por beneficiar a los ricos


En el argumentario remitido a la Unión Europea, el Gobierno asegura que son "injustos" y concentrados en el 10% de las rentas altas, que reciben dos de cada tres euros de los incentivos fiscales a estos planes.

El sigiloso desembarco del 'baby boom': Hay 850.000 jubilados más que en 2011
Los pensionistas se movilizan contra la inacción de la juventud ante la reforma
ENRIQUE MORALES   NOTICIA
11.05.2021 - 04:30h
Efe
El Plan de Sánchez prevé ceder los incentivos a los planes individuales a los de empleo.EFE

El 16,4% de los españoles -en torno a 7,6 millones- cuenta con un plan de pensiones individual, un sistema de ahorro de cara a la jubilación que el Gobierno de Pedro Sánchez ha desincentivado de manera drástica este año, rebajando la cantidad máxima para poder desgravarse en el Impuesto sobre la Renta de 8.000 euros a 2.000 euros. Mientras, el Ejecutivo trata de impulsar los planes de pensiones de empleo, a los que apenas están adheridos dos millones de ciudadanos y que se encuentran más incentivados fiscalmente desde el 1 de enero de 2021.

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La batalla contra los planes individuales de pensiones tendrá uno de sus puntos álgidos en 2023, año a partir del cual se trasladarán de forma gradual las bonificaciones a este mecanismo a los planes de empleo y de empresas, con el objetivo de que dentro de diez años se beneficien hasta 13 millones de personas. Según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno socialista a Bruselas, "el 10% de los ciudadanos con más renta se beneficia de dos terceras partes de las reducciones fiscales por aportaciones a los planes".

El papel clave de la negociación colectiva
"Es un sistema de beneficios injusto y concentrado en las rentas más altas", continúa el argumentario, en el que se asegura que la reforma que pretenden impulsar tiene el objetivo de cubrir a toda la población trabajadora, "incluyendo singularmente a los autónomos y al grupo de menores de 35 años".  Y pone el foco a los trabajadores con los salarios inferiores a los 19.000 euros -el sueldo mediano-, que advierte que podrían encontrarse con una jubilación mínima debido a su menor nivel de cotización.


El Ejecutivo socialista asegura en el documento que ya está en poder de las autoridades comunitarias que impulsará una reforma, que aprobará en el primer semestre del próximo año, "aunque tendrá un claro efecto acumulativo en el tiempo", para revisar los sistemas complementarios de pensiones, dejando de lado los individuales -con poco impacto macroeconómico en la incentivación del ahorro a largo plazo- y poniendo en valor los de empleo, a partir de la negociación colectiva, especialmente sectorial.


También los funcionarios
El Ejecutivo asegura en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que para la puesta en marcha de esta reforma, en la que están implicados el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; el de Hacienda; y el de Asuntos Económicos y Transformación -que son las administraciones ejecutoras-, no espera encontrar impedimentos relevantes y que el principal desafío es implantar esta modalidad a través de los acuerdos entre empresarios y sindicatos.


Admite que el impulso a los planes de pensiones de empleo viene avalado por la recomendación 16 del Pacto de Toledo y que pretende contar con el apoyo de los profesionales actuarios, los planificadores financieros, consultores de pensiones, el sector asegurador y las asociaciones de gestores de inversión colectivo. Asimismo, el Gobierno se propone extender de forma progresiva los planes de empleo a la plantilla pública -tres millones de efectivos en todas las administraciones-.

Las recomendaciones de la AIReF
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que aparece citada en ocho ocasiones en el documento remitido a Bruselas, ha mantenido una postura totalmente contraria a las actuales deducciones a los planes individuales de pensiones, que cuestan más de 1.600 millones. De estos incentivos, más de 1.050 millones de euros van a las rentas más altas. La AIReF asegura que este mecanismo no ha conseguido el principal objetivo para el que se diseñó, que era incentivar el ahorro, y que las desgravaciones que se contemplan en la Renta son regresivas.

Según recoge el último Observatorio de Inverco sobre planes de pensiones individuales, el ahorro acumulado por las familias españolas en estos productos aumentó un 10,6% durante 2019 -último año disponible-, hasta situarse en 79.896 millones de euros, un máximo en la serie histórica, debido fundamentalmente a las revalorizaciones experimentadas por las carteras de los Fondos de Pensiones y a la importante mejora en las aportaciones netas de los partícipes.

Todas las autonomías incrementaron su patrimonio en planes de pensiones y destacó Aragón, cuyos partícipes registraron un incremento patrimonial del 13,4%. Cuatro regiones acumulan el 64% del ahorro en estos productos -Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia-, mientras cuatro de cada diez familias españolas ahorra con este mecanismo, aunque en Madrid, La Rioja y Aragón el porcentaje aumenta al 50%.

El patrimonio medio acumulado por partícipe en Planes de Pensiones Individuales aumentó en 2019 hasta los 10.623 euros, desde los 9.543 euros de 2018 (un 11,3% más), un aumento que dio en todas las comunidades. Navarra se mantiene como la autonomía con mayor ahorro medio por partícipe (15.733 euros), seguida de País Vasco (14.164€), sin incluir Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), y Madrid (13.397€).

La apuesta por los PPE
El Gobierno ha abierto este año la mano con los poco arraigados Planes de Pensiones de Empleo (PPE), a los que se pueden aportar hasta 10.000 euros, hasta un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas, frente a los 8.000 de 2020. Estos planes se diferencian de los individuales en que es la empresa o entidad quien los promueve para sus trabajadores. Ambos aportan cantidades al fondo de previsión y su adhesión es voluntaria por parte del empleado, aunque será automática en el corto plazo, a la vista de los planes del Gobierno.

Los PPE tienen incentivos fiscales tanto para los trabajadores como los empresarios, según señala Finect en su página web. Para el trabajador, el dinero que invierta será deducible en la declaración de la renta, como con un plan individual. Mientras, las aportaciones que realice la empresa serán un beneficio adicional a la retribución que entrega a su empleados y son consideradas como un gasto deducible en el Impuesto de Sociedades.

Según el estudio 'Tendencias en Beneficios Sociales 2021', elaborado por Cobee, una plataforma de gestión de planes de beneficios, el 63% de los  trabajadores encuestados reconoce tener interés en contar con planes de pensiones entre los beneficios de empresa. El interés de la mitad de estos reconoce que su interés surge en los últimos meses. El informe resalta que casi un tercio de los sondeados estaría dispuesto aportar hasta 212 euros al mes de su salario, que como mínimo se verían duplicados por la empresa.

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En marzo
El crédito a las empresas aumentó un 5% mientras a los hogares cayó un 1%
Según los datos publicados esta martes por el BdE, en cifras absolutas, el crédito a las empresas, que incluye los avalados parcialmente por el Estado a través del ICO, aumentó en 44.742 millones.

LA INFORMACIÓN NOTICIA
04.05.2021 - 11:39h
créditos empresas
créditos empresasEFE
El crédito concedido por las entidades financieras a las empresas españolas subió cerca de un 5% en marzo respecto el mismo mes del año anterior, hasta los 951.712 millones de euros, mientras que la financiación a los hogares cayó casi un 1% (0,98%) en este periodo y se quedó en 693.096 millones. Según los datos publicados esta martes por el Banco de España, en cifras absolutas, el crédito a las empresas, que incluye los avalados parcialmente por el Estado a través del ICO, aumentó en 44.742 millones de euros en comparación con marzo de 2020, primer mes de pandemia.


Se confirma así la evolución al alza de este 2021, ya que en un solo mes, el volumen de créditos concedidos a las empresas españolas creció en más de 3.500 millones de euros, desde los 948.193 millones de febrero.

Fotografía de un cajero de un banco con billetes de euro. No todos los ahorros en un banco están seguros en una crisis económica.
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En el caso de las familias, el descenso interanual en la financiación bancaria se debió a la caída de los dos principales componentes de esta cartera: el crédito destinado a las hipotecas, que se redujo un 0,8% respecto al mismo periodo de 2020, y el vinculado al consumo, que bajó un 1,48%.


Sin embargo, entre febrero y marzo se observó un repunte en ambos tipos de préstamo; en concreto, los de consumo aumentaron en 332 millones, en tanto que las hipotecas lo hicieron en 157 millones, según estos mismos datos.

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Tres meses más
Alquileres, ERTE, desahucios... Qué seguirá en vigor tras el estado de alarma
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes, 4 de mayo, la extensión del escudo social hasta el próximo 9 de agosto.

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El próximo domingo, 9 de mayo, se acaba el estado de alarma que el Gobierno decretó el pasado 25 de octubre. El objetivo era entonces dotar a las comunidades de un paraguas jurídico para poder decretar medidas como confinamientos perimetrales, toques de queda, etc. La semana que viene se verá cómo actúan o de qué forma se enfrentan a la pandemia los gobiernos regionales, aunque la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya insistió este lunes en que "cuentan con herramientas e instrumentos suficientes".


Las restricciones sanitarias no son las únicas medidas que en cierto modo también han estado sujetas por el estado de alarma. En este sentido, ese el paquete social en el que entra la prórroga automática de los contratos de alquiler, la prohibición de los desahucios o hasta los ERTE se extenderán más allá del próximo 9 de mayo.

Este martes, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros la extensión de estas ayudas hasta el próximo 9 de mayo: la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros, la moratoria del pago del alquiler, así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler que finalicen en ese periodo.


En qué consisten las ayudas a la vivienda
Las medidas implican que se extienda la posibilidad de prorrogar seis meses los arrendamientos de vivienda durante tres meses más, sin cambio de condiciones, y siempre y cuando el arrendador no haya comunicado que necesita la vivienda para sí en la forma que prevé el artículo 9.3 de la LAU. También se prevé que se amplíe el plazo para solicitar la moratoria o la condonación parcial de la renta en los casos en que el arrendador es un gran tenedor o una entidad pública.


Se amplía también la posibilidad de aplicar las medidas de protección para personas vulnerables en caso de desahucio, incluso la suspensión de los lanzamientos en determinados casos. Estas medidas en teoría llevan aparejada la compensación de los perjuicios al arrendador si en tres meses los servicios sociales no han proveído de "solución habitacional" al arrendatario, pero lo cierto es que estas compensaciones están pendientes de implementar.

Extensión de los ERTE
Para que una nueva prórroga de los ERTE llegue de forma oficial al Boletín Oficial del Estado (BOE) habrá que esperar unas semanas más, ya que su vigencia actual caduca el 31 de mayo. Desde el Gobierno han insistido una y otra vez en que se extenderán durante todo el año.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá con los agentes sociales esta misma semana para iniciar la negociación que impida a los trabajadores acogidos a ERTE puedan terminar en las colas del paro.

La ministra subrayó que los ERTE se prorrogarán de nuevo siempre bajo la premisa de no hacer despidos, como en las anteriores ocasiones, y ha dado a entender que el esquema actual no sufrirá muchas modificaciones dado su buen funcionamiento. "Lo que funciona no se toca. Volver a abrir un debate sobre el mecanismo que queremos, no, lo que funciona, dejémoslo".

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10486 en: 21 de Mayo de 2021, 07:01:07 am »

El Gobierno cree que en las próximas décadas habría que valorar el aumento de la edad legal de jubilación

    Aunque la actual reforma de pensiones que negocia el Ejecutivo solo pretende posponer la edad efectiva a la que se retiran los trabajadores para que se acerque a la legal, un estudio presentado este jueves sobre el futuro del país hasta 2050 añade la necesidad de valorar en "las próximas décadas" el aumento de la edad legal de jubilación (67 años) dada la mayor esperanza de vida

Laura Olías
20 de mayo de 2021 14:26h
@laura_olias

Una mirada a las próximas décadas, en concreto hasta 2050, para detallar los retos que enfrenta el país. También, para pensar en estrategias a largo plazo que los afronten. Es lo que ha hecho el Gobierno de coalición, que ha presentado este jueves un amplio documento encargado por la Moncloa en el que se aborda el envejecimiento de la población española esperada para los próximos años. Una de sus consecuencias radica en el "desafío para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar" y, en concreto, del sistema de pensiones. El informe presentado por el presidente Pedro Sánchez plantea varias medidas para afrontar el reto, entre las que destaca impulsar que la población trabaje más años, pero también recoge necesidad de "valorar" en las próximas décadas un aumento de la edad legal de jubilación.

El Gobierno está negociando en estos momentos una reforma de pensiones, que pretende aprobar en varias fases entre este año y 2023, y que ha comprometido a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. En este paquete de medidas no se aborda la ampliación de la edad legal para acceder a la jubilación, como ha destacado el ministro José Luis Escrivá, responsable de la reforma, sino que se incide en los incentivos y desincentivos para impulsar el retraso voluntario de la jubilación. El objetivo es que la edad efectiva de retiro (64,6 años) se aproxime a la edad legal.

Para Escrivá, según ha apuntado en varias ocasiones, este retraso voluntario en la edad efectiva a la que se retira la población y el resto de medidas del actual paquete de la reforma de pensiones bastarían para garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones en los próximos años.

La mirada de Moncloa hasta 2050, en el informe presentado de los 100 expertos que han trabajado para la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, indica en cambio que puede que esto no sea suficiente. El estudio llama a "valorar" en las próximas décadas un retraso en la edad legal de jubilación ante el previsible envejecimiento de la población, por el que durante años aumentará mucho el número de pensionistas (con el retiro de la generación del baby boom) y habrá menos jóvenes y personas en edad de trabajar.

La edad legal de jubilación va aumentando progresivamente hasta los 67 años, a la que se llegará en 2027. Este fue uno de los cambios de la reforma de pensiones de 2011, pactada con los agentes sociales, en la que se acordó incrementar progresivamente la edad de acceso a la jubilación. Este 2021, la edad legal ordinaria para retirarse alcanza los 66 años. No obstante, si una persona ha cotizado más de 37 años y 3 meses, puede jubilarse a partir de los 65 años.

"En 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy, hay 3,4)". Es destacable que el Gobierno concluye con rotundidad que "ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario". Por lo que hace falta tomar otras medidas que permitan sostener el sistema de pensiones, advierte el Gobierno.
¿Edad de jubilación más allá de los 67 años?

En concreto, el documento recoge: "En las próximas décadas, y una vez evaluado el efecto del resto de medidas, habría que valorar la necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida, sin dejar de prestar atención a las desigualdades en salud".

La oficina de prospección de la Moncloa recuerda que "España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027" y añade que, "aunque no es un umbral bajo en el contexto europeo, constituye un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad".

"Una vía alternativa"; sostiene el informe presentado por Ejecutivo, "quizá más acorde con las diferencias que existen en la capacidad de las personas a prolongar el tiempo en activo, es la de actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria". Esta línea es por la que de momento ha optado el Gobierno de coalición, pero reconoce que sería conveniente valorar en un futuro esa "necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida".

Sobre la esperanza de vida y las "desigualdades de salud" que desliza el documento, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado en algunas de sus comparecencias las diferencias en la esperanza de vida de los ciudadanos en función de su renta, por ejemplo, de manera que los de barrios o municipios más pudientes tienen más longevidad que los de zonas con menos recursos.
Clara apuesta por trabajar más años

El documento llama a esa reflexión a futuro sobre la edad de jubilación, pero antes han de tomarse otras medidas y ver sus efectos. ¿Cuáles? El Ejecutivo apuesta sobre todo y en varios capítulos del informe por alargar las carreras laborales. Que los ciudadanos trabajen más años, ya que la previsión es que vivan más y en mejores condiciones de salud. Para esto último, es necesario invertir en políticas de cuidados y de salud, entre otras cuestiones.

"Esto implicará superar anticuados estereotipos sobre la vejez, adaptar muchos empleos a las expectativas y capacidades de los trabajadores y trabajadoras más sénior, y facilitar la compatibilización de la pensión con el empleo", plantea la Moncloa.

España es el segundo país de la UE con menor tasa de trabajadores a partir de 65 años, por lo que el Ejecutivo considera que es una vía a explorar con mucho recorrido. Si se atiende a la tasa de empleo desde los 55 años, España también presenta datos muy inferiores a la media europea. El Gobierno apuesta por aumentar mucho el empleo en este colectivo en los próximos años. "La clave de bóveda de este nuevo paradigma es el concepto de 'envejecimiento activo', entendido como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas a medida que envejecen, con el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar".

La meta pasa por sumar más de 1,6 millones de personas activas más allá de los 55 años de aquí a 2050, que resultaría de "equiparar las tasas de actividad de nuestra población mayor de 55 años a la de países como Suecia o Dinamarca, (...) algo que ayudará enormemente a mitigar los impactos negativos de la caída de la fuerza laboral y a mejorar el bienestar de millones de hogares", recoge el documento.

Sobre este tema, el estudio recuerda que "la evidencia apunta" que aumentar los trabajadores de más edad "no va en detrimento del empleo de las personas jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son complementarios y no sustitutivos". El ministró Escrivá ha insistido mucho en esta idea, con el ejemplo de países con altas tasas de empleo 'sénior' y también de empleo joven.

Entre las medidas que fomenten el trabajo a edades avanzadas, el informe del Gobierno propone adaptar los puestos de trabajo, potenciar la formación a lo largo de la vida laboral, campañas de sensibilización "que impulsen el cambio de percepción sobre la vejez, eliminando los estereotipos negativos y los prejuicios que existen en la actualidad".

También se plantea "mejorar la compatibilización entre pensión y trabajo", ampliar también "el porcentaje de la pensión disfrutada durante la fase laboral" y dar más "incentivos" a las empresas que empleen a estas personas, como por ejemplo mediante una "reducción de compensaciones salariales ligadas a la antigüedad", entre otras medidas.
Serán necesarias más reformas de pensiones

Por último, la Moncloa anticipa que "el debate sobre las pensiones, lejos de haber concluido, apenas acaba de comenzar". Por ello, en los próximos años apunta que se debe "continuar con la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo más sostenible, adaptándolo a los cambios demográficos (esperanza de vida) que se vayan sucediendo, e introduciendo mecanismos de revisión periódica asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales".

Al respecto, el documento subraya algunas cuestiones en las que cree que habrá que incidir. En especial, desarrollar el sistema complementario de pensiones, que se sume al público, mediante los planes de pensiones de empleo; incidir en la jubilación activa; "repensar" las pensiones de viudedad dada la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; adaptar el cálculo de la pensiones a las carreras laborales "más discontinuas y heterogéneas" y, como se apuntaba, valoraba la necesidad de aumentar la edad legal de jubilación.

"Es imprescindible que se tomen decisiones cuanto antes que nos permitan diseñar los mecanismos adecuados para evitar ajustes bruscos a largo plazo", indica el informe. Siempre, eso sí, mediante el consenso tanto en el ámbito social como en el político, a través del Pacto de Toledo. "El camino que se tome debe ser uno que asegure la justicia y la equidad entre diferentes colectivos y generaciones (presentes y futuras)", defiende el documento.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10487 en: 21 de Mayo de 2021, 07:03:19 am »
Hace unos años analizando este tema yo ironizaba y decía: vamos directos a la pastillita por que los juilados somos un incordio para las arcas del estado, asi que van a reventar a la ciudadanía a trabajar hasta los 75 y después tome "una pastillita y a dormir", que si no se convierte usted en una carga.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10488 en: 24 de Mayo de 2021, 06:43:57 am »
Si no llegamos a conseguir en 2018 la jubilación anticipada nos habríamos quedado fuera ya que el panorama es desalentador...


El factor intergeneracional no llegará hasta 2027
Más de un millón de ocupados al filo del retiro podrían evitar la reforma Escrivá

Hasta 1,3 millones de trabajadores y cientos de miles de parados tienen opciones de jubilarse antes de que las medidas más duras estén marcha. 266.000 ocupados ya cuentan con la edad legal para retirarse.

Enrique Morales   NOTICIA 24.05.2021 - 04:30h

Los retiros anticipados han resurgido ante la incertidumbre de algunas medidas de la reforma.
Agencia EFE

La opción de jubilarse anticipadamente tiene un coste económico, pero hasta el momento han sido muchos los trabajadores que ya han tomado ese camino pese a ver recortada su pensión hasta un 16% a cambio de ganar tiempo libre en el comienzo de su vejez después de décadas de cotización. Los datos de la Seguridad Social no dejan a lugar a dudas del interés por esta alternativa especialmente de las rentas altas -que verán como acaba su actual privilegio- y muestran que más de 192.500 trabajadores se han retirado con 63 años desde enero de 2017 a marzo de 2021. Otros 95.000 optaron por el retiro con 64.

Solo durante el año pasado, en plena pandemia del coronavirus, más de 109.000 trabajadores se retiraron antes de llegar a la edad legal de jubilación y el porcentaje de los que lo hicieron a los 63 y 64 aumentó un 11% con respecto a 2017. La incertidumbre que genera la reforma de las pensiones, cuyo debate estuvo muy presente el año pasado, es responsable en buena medida de este incremento, mientras que las medidas que se han ido adelantando en 2021, fundamentalmente las relativas a las penalizaciones al retiro adelantado, pueden llevar a retiros en masa de trabajadores que ya tienen la edad para jubilarse.

Según la estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados con edades entre 60 y 64 años superaba en el primer trimestre del año los 1,3 millones. A estos habría que añadir otros cientos de miles de parados con más de 63 años, ya que un tercio de los retiros se producen desde el desempleo. Muchos podrían adelantar su jubilación a este año, antes que se aprueben las primeras reformas, pero todos lo podrían hacer antes de 2027, cuando vea la luz el factor de equidad intergeneracional, un mecanismo que tendrá un efecto importante en la cuantía de la pensión, que verá condicionada por la esperanza de vida. Además, 266.000 ocupados tienen más de 65 años, y los que han cotizado 37 años y 3 meses ya podría acceder legalmente a la jubilación y sin penalizaciones.

Del colectivo de ocupados en esa franja de edad, los funcionarios de Clases Pasivas -con excepción de los Cuerpos Docentes Universitarios y los Magistrados, Jueces, Fiscales y Letrados de la Administración de Justicia- tienen la opción inmediata de retirarse, ya que pueden hacerlo con 30 años cotizados y a los 60, con penalización, y a los 61 sin ella. Las administraciones perderán desde ahora hasta 2025 casi 330.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios que entraron en la Administración, casi en avalancha, en los años 80 y 90, por el desarrollo del Estado de las Autonomías y la mejora del bienestar social en España.

La estadística sobre Clases Pasivas, que aparece en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, da una pista del interés de este colectivo por el retiro, sobre todo tras los rumores constantes de cambios en su régimen 'privilegiado', que se evidencia en que durante los dos últimos trimestres un total de 20.570 efectivos -civiles y militares- han decidido retirarse, un 70% más. La edad media de retiro de los funcionarios de este régimen se situó en 61,97 años en 202o, casi tres años y medio menos que los trabajadores vinculados al régimen de la Seguridad Social.

Prejubilaciones a los 61

Otro colectivo que podría optar por el retiro a los 61 años, aunque con penalizaciones, son los trabajadores que sufrieron un despido colectivo o individual por causas económicas antes de 1 de abril de 2013. Es la llamada jubilación derivada del cese no voluntario en el trabajo, para la que hay que tener un máximo de cuatro años menos que la edad legal exigida, es decir, 61, y 33 años de cotización, además de haber permanecido en el paro los seis meses anteriores al retiro.

También pueden acceder a la jubilación anticipada cuatro años antes los trabajadores con el 65% o más de discapacidad reconocida, o con un 45% o más de discapacidad generada por 20 enfermedades previstas por la Seguridad Social. Mientras, los trabajadores que hayan desarrollado una actividad laboral considerada como penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, también tienen derecho a una jubilación anticipada si al menos han cotizado 15 años a la Seguridad Social durante su vida laboral. Algunos incluso acceden a ella a los 52 años y en este grupo están ferroviarios, mineros del carbón, pilotos, toreros -55 años-, artistas -a partir de los 60-, bomberos y policías locales, entre otros.


Los policías locales, más de 63.000 en toda España, han sido el último colectivo que se adherido a la jubilación anticipada, en su caso a los 59 años cumpliendo una serie de requisitos, entre otros -en 2021- tener más de 36 años cotizados de los que al menos 15 deben haber transcurrido dentro del cuerpo. Su pensión no sufre recorte alguno debido a la sobrecotización de un 10,6%, de los que el trabajador paga el 1,87% y el resto, la Administración para la que está empleado.


Entre los médicos y enfermeros también se producirá una oleada de retiros prematuros a partir de este año. Según un informe elaborado por la Organización Médica Colegial, entre 14.000 y 15.000 médicos podrían pedir la jubilación anticipada al situarse en una franja de edad de 63 y 65 años, antes de que la reforma laboral, que penalizará doblemente a las rentas elevadas, se ponga en marcha a final del años. Casi el 20% de los más de 225.000 médicos en activo tienen 65 años o más y prácticamente la mitad de los profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria -con una plantilla de 30.000 efectivos- y de Urgencias, Emergencias y Sanidad Privada -más de 10.000- se retirarán en los próximos diez años,


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10490 en: 29 de Mayo de 2021, 08:23:38 am »

La jubilación anticipada se desincentiva, pero se alivia su endurecimiento: las claves que acercan el pacto en pensiones

    Los agentes sociales y la Seguridad Social ultiman varios "flecos" del primer paquete de la reforma de pensiones, que aún "no está cerrado", afirman desde todas las partes de la negociación, pero confían en hacerlo "en los próximos días"
    — El Gobierno prevé aumentar lo que cotizan los salarios más altos a lo largo de 30 años en la reforma de las pensiones

Laura Olías
28 de mayo de 2021 13:50h
@laura_olias

Carrera final para alcanzar un acuerdo en el primer bloque de la reforma de pensiones. Aún "no está cerrado", destacan desde los distintos frentes del diálogo social, con varios "flecos" todavía por cerrar, según reconocen en el Ministerio de la Seguridad Social. Pero el pacto está muy cerca, con el grueso de las medidas ya pactadas a falta de su redacción final, como ha explicado en varias intervenciones el ministro responsable de la reforma, José Luis Escrivá. Previsiblemente, se cerrará en cuestión de "días", aunque no se cree que esté listo siquiera para el próximo Consejo de Ministros.

Fuentes de la CEOE confían en salvar las últimas diferencias muy pronto, pero insisten en que "la filtración" de este viernes dando por hecho el acuerdo a El País ha enfadado mucho en las patronales. "No hay todavía acuerdo y decir que sí supone un retroceso, una pérdida de confianza en la mesa". No obstante, los empresarios esperan que la negociación del texto legal, "muy compleja", termine con buen pie.

Se afronta así la recta final de un camino de negociación muy dura, del que las patronales llegaron a descolgarse en algún momento. En estos últimos días, las tres partes del diálogo social pretenden consensuar un texto legal común al que se ha llegado tras incluir varias garantías que demandaban desde sindicatos y patronales, sobre todo en lo referido a la jubilación anticipada y a los ingresos del sistema de la Seguridad Social.

¿Qué se aborda en este primer paquete de la reforma de pensiones? Más de lo inicialmente previsto por el Ministerio. Se añaden varias cuestiones a la derogación del IRP de la reforma del PP de 2013 –es decir, las subidas anuales de las pensiones del 0,25%–, que se sustituye por el nuevo mecanismo de revalorización según el IPC como recomendó el Pacto de Toledo, y a los incentivos y desincentivos para atrasar la edad efectiva de jubilación.

Entre los añadidos más destacados, se incluye el compromiso de derogar el factor de sostenibilidad del PP de 2013 en el plazo de un año, lo que deja por tanto anulados los dos elementos clave de la legislación de Mariano Rajoy en materia de pensiones, aprobadas de manera unilateral y que el propio PP acabo revirtiendo parcialmente en un clima de multitudinarias manifestaciones. Más tarde, se tendrá que negociar el mecanismo de equidad intergeneracional que el Gobierno ha comprometido a Bruselas, pero eso forma parte de los siguientes bloques de la reforma.

Además, se recupera en este primero paquete la cláusula de salvaguarda de las pensiones de la reforma de 2011, sin que tenga que ampliarse año a año como en los pasados ejercicios, y se añade el compromiso de cotización de todos los autónomos (incluso los que no cobran) en un plazo de tres meses. Eso sí, con ayudas a las empresas en forma de bonificaciones, al menos, de inicio. También se adquiere el compromiso de equiparar las condiciones de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho a las de los matrimonios en un plazo de seis meses.

La jubilación anticipada y los trabajadores con pensión máxima

Uno de los focos que más ha concentrado la negociación ha sido la jubilación anticipada, que el Gobierno pretende desincentivar. Escrivá ha defendido su intención de retrasar la salida prematura de los trabajadores, penalizando más los dos primeros meses en los que se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria y mejorando el resto, pero también anunció que quería endurecer el retiro anticipado de los trabajadores con mayores salarios y derecho a la pensión máxima.

El ministro ha defendido que el actual sistema de penalizaciones es "injusto" y "regresivo", al penalizar menos la salida anticipada de los empleados con remuneración más alta. En la actualidad se genera la siguiente situación: a un trabajador con un salario muy elevado –que va a percibir en un futuro la pensión máxima– retirarse de manera prematura le supone una penalización alrededor del "2%" anual. Por otro lado, a un trabajador con una pensión media, por ejemplo, retirarse anticipadamente le ocasiona un recorte anual del 8%.

¿Por qué? Porque en la actualidad, los coeficientes reductores se aplican sobre la base reguladora de la pensión y hay un margen amplio entre la base máxima de cotización (4.070 euros al mes en el Régimen General) y la pensión máxima (2.707,49 euros al mes en 2021). Así, las personas con salarios bastante por encima de la pensión máxima, cuando aplican estos coeficientes reductores a su base, acaban jubilándose en la práctica de manera anticipada con un recorte en la pensión más limitado. "Del 2%" en lugar del 8% anual que se aplica al resto, ha cifrado Escrivá en numerosas ocasiones.

El ministro pretendía así aplicar el coeficiente reductor de la pensión sobre la cuantía de la pensión, en lugar de sobre la base reguladora, para garantizar que se aplica el mismo porcentaje a todo el mundo.

Los sindicatos y las patronales rechazaban este enfoque de Escrivá y recordaban que a los trabajadores con salarios altos ya se les aplica una penalización al estar "topada" la pensión máxima. De manera que han aportado más al sistema de lo que después reciben como pensión, parte de la filosofía del sistema de solidaridad, pero pedían que se tuviera en cuenta esta consideración.

Finalmente, las partes han llegado a un acuerdo –que se tiene que concretar en el texto legal aún– con varias garantías para los trabajadores con estos salarios altos. Se acepta que se equipare esta penalización, pero progresivamente a lo largo de la próxima década y –muy importante– solo una vez que se incremente la pensión máxima. Es decir, que para que se aplique esta mayor penalización, también deberá subir la pensión máxima sobre la que aplicarlo (y la base máxima de cotización). El resultado final, explican fuentes del diálogo social, es igualar la penalización de salida entre los trabajadores, pero sin que pierdan más los empleados que tengan derecho a la pensión máxima, teniendo en cuenta sus aportaciones al sistema.
Mayor acceso a la jubilación anticipada involuntaria

Además, las partes han coincidido finalmente en ampliar las personas con derecho a la jubilación anticipada involuntaria, a las que se les aplicará unos coeficientes reductores que serán iguales o algo más ventajosos respecto a la legislación actual, indican desde el diálogo social.

Por último, para las personas que resulten despedidas en este año, no se aplicarán las nuevas reglas de jubilación. Se trata de una nueva cláusula de salvaguarda de las pensiones, pensada sobre todo para dar tranquilidad a las personas que sean despedidas al final de su carrera en este año de crisis por la pandemia y que cuenten con poco margen para planificar su jubilación. Esta se está todavía ultimando, sobre todo en lo referido a las personas afectadas por ERE.

En resumidas cuentas, con las garantías alcanzadas y los desincentivos que ya quedan sobre la mesa, las penalizaciones no aumentan tanto como pretendía el ministro en un inicio. Para el común de los trabajadores que no vaya a percibir la pensión máxima, se endurecen los coeficientes reductores en los dos primeros meses (24 y 23) para acceder a la jubilación anticipada, pero se rebajan incluso a partir del mes 22. La intención es retrasar aunque sea dos meses esta salida prematura, que según la Seguridad Social tiene efectos en términos agregados. Por último, sobre los trabajadores con derecho a la pensión máxima, las penalizaciones más altas deberán acompasarse al aumento de la pensión máxima.

Por otro lado, para contribuir en este retraso de la edad efectiva de jubilación, se ha consensuado el mayor premio al retiro demorado (más allá de la edad legal de jubilación), así como la restricción de la jubilación forzosa.
Más ingresos para pagar las pensiones

Otra de las claves de la negociación ha pasado por aumentar los recursos de la Seguridad Social para sufragar las pensiones en los próximos años. El Gobierno ha insistido en que el gasto de pensiones en España no es tan excesivo en comparación con otros países europeos, con datos que no llegan al 12% del PIB en nuestro caso y cifras que alcanzan el 14% y 16%, en Francia e Italia, respectivamente. La cuestión es cómo se equilibran los ingresos para atender este gasto.

En este capítulo destacan los compromisos alcanzados, estables en el tiempo, en cuanto a la llamada "separación de fuentes". En 2021 ya se traspasaron casi 14.000 millones de euros que pagaban la Seguridad Social en gastos que no eran contributivos y que han pasado a sufragarse con impuestos en lugar de con cotizaciones sociales. Ese traspaso se mantendrá en los próximos años. Además, se sumarán otros gastos, por ejemplo de ayudas a la cotización a las empresas, que se pagarán a cargo de los Presupuestos y no de las arcas de la Seguridad Social.

Por otro lado, se garantizarán traspasos anuales de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social para pagar las pensiones, lo que se prevé que permita afrontar el gasto en esta protección social incluso en los momentos más críticos para el sistema, con la jubilación de la generación del baby boom. Este apoyo de los Presupuestos, si se suma el montante correspondiente a la separación de fuentes, supondrá unos 21.000 millones de euros al año.

El refuerzo de la financiación también se sostendrá con cotizaciones sociales. Este primer paquete no las recoge, solo menciona una de ellas: la cotización de los autónomos en función de los ingresos reales. Aunque no se desglosan los tramos por el momento, que iban de 90 a los 1.200 euros al mes en la propuesta inicial del Ministerio, sí se plasma que esta transformación gradual tendrá lugar. La intención es aplicarla a partir de 2023.

Para más adelante queda el debate sobre el aumento de las bases máximas, un tema espinoso para la patronal y que se abordará más adelante. El resultado, que se prevé plasmar en los próximos días, pasa por un acuerdo que incentiva la jubilación más tardía, pero más basado en premiar el retraso que en penalizar más las salidas.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10491 en: 02 de Junio de 2021, 08:22:55 am »

Así quedan las penalizaciones a la jubilación anticipada


El retiro involuntario en ningún caso tendrá una mayor penalización y se amplía a su vez a la inmensa mayoría de despidos
 

Después de años de retraso, en los próximos días, seguramente a más tardar en la segunda semana de junio, las primeras medidas para reformar el deficitario sistema de pensiones verán la luz. El acuerdo ha llegado de la mano de las muchas concesiones que esta vez sí ha tenido que hacer el ministro Escrivá. Una de las últimas ha sido suavizar su diseño de las penalizaciones a la jubilación anticipada. Hasta tal punto que, en principio, nadie tiene por qué salir perjudicado cuando se apruebe la nueva norma, sino más bien al contrario: la inmensa mayoría mejorará, ya que el fin último que es retrasar la edad real de jubilación se conseguirá gracias a incentivos y no tanto a penalizaciones, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación.


«No hemos hecho ninguna concesión en el acuerdo en pensiones»
«No hemos hecho ninguna concesión en el acuerdo en pensiones»
LUCÍA PALACIOS
CORREOS
El cartero no llama dos veces: ahora "vive" en tu móvil

El nuevo esquema de coeficientes reductores no será, por tanto, tan letal como se temía en un principio después de los últimos cambios que se están estudiando a petición de los agentes sociales. Así, en primer lugar, las jubilaciones anticipadas involuntarias en ningún caso tendrán un mayor recorte e incluso la mayoría se verá beneficiada con el nuevo modelo. Esta era una de las exigencias de los sindicatos, más cuando se está viviendo una avalancha de despidos colectivos a consecuencia de la pandemia y de la digitalización.


Además, se han ampliado los colectivos que se regirán por los coeficientes reductores de la prejubilación involuntaria, ya que no solo van a entrar los despidos individuales o colectivos, sino también otras fórmulas de extinción de contratos, como los que se hagan por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por movilidad geográfica, por incumplimiento grave del empresario o por fallecimiento de este.

Se establecerán medidas para que las pensiones máximas no sufran un recorte mayor que ahora
PERIODO TRANSITORIO


Asimismo, podrán acogerse todos los que estén cobrando el subsidio para mayores de 52 años, aunque sea por despido disciplinario. «Hemos discutido y negociado los colectivos que no tienen margen de maniobra, para que en ningún caso se vean perjudicados», explican estas fuentes.

Esto significa, por tanto, que el número de personas que accedan a la voluntaria se va a reducir significativamente. Además, en la mayoría de los meses se rebajan las penalizaciones actuales y esta reducción es mayor cuanto más larga sea la carrera de cotización. Así, los que se retiren antes solo con retrasar un par de meses su jubilación van a mejorar sus coeficientes respecto a ahora, lo que va a provocar que efectivamente la edad real de retiro se retrase. «Solo hay elementos de desincentivos en el mes 24 y 23, pero son muy limitados y manejables», apuntan.

Sí es verdad que los más damnificados son aquellos que cotizan por encima de la pensión máxima, por más de 2.707 euros al mes, puesto que con el nuevo modelo los coeficientes reductores se aplican sobre la pensión y no sobre la base reguladora. Este colectivo supone entre un 9% y un 15% de los que se jubilan cada año. No obstante, el Gobierno y los agentes sociales están trabajando en una batería de medidas, como un periodo de carencia o una cláusula de salvaguarda, para garantizarles que si retrasan un poco su retiro les mejorará la pensión y, si no, en ningún caso tendrán una pensión inferior a la que tendrían con las condiciones actuales. Para ello también los coeficientes reductores se elevarán a lo largo de un periodo de doce años y de forma simultánea a la subida de la pensión máxima, de forma que siempre el primer efecto, la aplicación del coeficiente, sea inferior al segundo, la subida de la pensión máxima.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10492 en: 08 de Junio de 2021, 07:32:16 am »
Malos tiempos para la lírica de Mossos y Forales.



Anuncian movilizaciones en la Policía Foral ante la "demora" de la jubilación

Desde la comisión de personal de Policía Foral han remarcado que están con esta reivindicación "desde hace más de 12 años"

José Carlos Cordovilla

    Europa Press

Actualizada 08/06/2021 a las 07:24

La comisión de personal de Policía Foral, compuesta por los sindicatos CSIF/SPF, APF, CCOO, ELA y UGT, ha anunciado una campaña de movilizaciones, que comenzarán en "breve", ante la "demora" del anticipo de la edad de jubilación del cuerpo.

Los sindicatos han mantenido este lunes un encuentro con el consejero de Interior, Javier Remírez, a quien le ha acompañado la directora general, Ampara López. Según ha explicado la comisión de personal, se trataba de poner sobre la mesa "el hartazgo que el colectivo policial y sindical está poniendo de manifiesto ante la tardanza injustificada por aprobar el anticipo de la edad de jubilación del cuerpo autonómico".

En este sentido, en un comunicado, los sindicatos han recordado que "el 14 de diciembre de 2018 se aprobó el reconocimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para el conjunto de policías locales de toda España, en similares condiciones que los habían conseguido en la Ertzaintza en el año 2010".

Una situación que han calificado de "inaudita" por "discriminatoria, desigual e injusta con respecto al resto de cuerpos policiales que sí tienen reconocido el adelanto de la edad de jubilación".

Desde la comisión de personal de Policía Foral han remarcado que están con esta reivindicación "desde hace más de 12 años". Y han aprovechado la reunión con Remírez para "presentar en persona a cinco miembros del cuerpo con la antigüedad, pero sobre todo, con una edad cercana a los 60 años, e incluso por encima de ésta".

Según han informado los sindicatos, "los agentes, pertenecientes a distintos empleos dentro del cuerpo, han explicado a Remírez su situación personal y la de decenas de compañeros y compañeras que se encuentran con la incertidumbre de que, siendo policías al igual que las policías locales o los ertzainas, están discriminados con respecto a ellos".

"El trabajo policial es el mismo en la Policía Foral que en la Ertzaintza o en la Policía Municipal de Pamplona, sin embargo, el Gobierno no lo reconoce como tal. Adelantar la edad de jubilación es posible gracias a la normativa existente desde 2011 para cualquier colectivo que reúna una serie de requisitos; entre otros, desempeñar un trabajo bajo unas condiciones laborales de penosidad, toxicidad, morbilidad y mortalidad", han remarcado desde la comisión de personal.

Según han agregado, "desde esa perspectiva, otros cuerpos policiales autonómicos y locales han visto reconocida su profesión como de riesgo, y por ello resulta aún más incomprensible que la Policía Foral, colectivo policial como el resto, aún no tenga aprobada su jubilación en igualdad de condiciones que el resto".

Por todo esto, los sindicatos de la Policía Foral han advertido al consejero Remírez que "el tiempo de las excusas y las tardanzas se está acabando", y, en ese sentido, han anunciado una campaña de movilizaciones que comenzarán en breve, tras la presencia de los representantes de los trabajadores en una sesión que se va a celebrar en el Parlamento de Navarra y "en la que se abordará esta reivindicación social".

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10493 en: 09 de Junio de 2021, 12:21:21 pm »
Bueno ahora si que si  :risba




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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10494 en: 14 de Junio de 2021, 14:04:28 pm »

Requisitos de la Seguridad Social para jubilarse a partir de los 61 años en España


Como mínimo dos años del periodo de cotización deberán estar dentro de los quince anteriores a la jubilación
Requisitos de la Seguridad Social para jubilarse a partir de los 61 años en España

SUR.ES
Domingo, 13 junio 2021, 20:47
telegram
Prejubilarse en España a los 61 años es posible, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Las personas de esa edad que estén interesadas en solicitar la pensión deben reunir los siguientes parámetros, de acuerdo con la información de la Seguridad Social en su página web.


1. Encontrarse en alta o situación asimilada al alta.


2. Tener 61 años de edad, A tal efecto, no serán de aplicación las bonificaciones de edad, de las que puedan beneficiarse los trabajadores de algunos sectores profesionales por la realización de actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y las personas con discapacidad igual o superior al 45% o al 65%.

3. Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:

a) 30 años (se computará como cotizado a la Seguridad Social el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año) sin que se tenga en cuenta, a tales efectos, la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores a 1-1-67.


b) Del período de cotización, al menos 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho o al momento en que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión de jubilación anticipada desde una situación de alta o asimilada al alta sin obligación de cotizar.

c) En el caso de trabajadores incluidos en el Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios, a efectos de acreditar el período mínimo de cotización efectiva (30 años), será necesario que, en los últimos 10 años años cotizados, al menos 6 correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.

d) En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial, para acreditar el período mínimo de cotización de 30 años, se aplicarán, a partir de 04-08-2013, las reglas establecidas en el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.

4. Encontrarse inscritos, como demandantes de empleo, en las oficinas del servicio público de empleo, durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de jubilación. No obstará al cumplimiento de este requisito la simultaneidad de la inscripción señalada con la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, siempre que dicha actividad sea compatible con la inscripción como demandante de empleo, según la legislación vigente.


5. Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará en todo caso que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria, cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267,1 a) de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

6. Los requisitos de encontrarse inscrito en las oficinas de empleo durante, al menos, 6 meses y que el cese en el trabajo no se hubiera producido por causa imputable al trabajador no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social. (La novedad radica en la equiparación de los contratos individuales de prejubilación a los acuerdos colectivos). También podrán acceder a la jubilación, cumplidos los requisitos exigidos en los apartados 1, 2 y 3, siempre que la extinción de la relación laboral anterior haya venido precedida por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior:

7. Casos especiales

Los beneficiarios de la prestación de desempleo, cuando ésta se extinga por agotamiento del plazo de duración de la prestación o por pasar a ser pensionista de jubilación, de conformidad con lo señalado en las letras a) y e), apartado 1, del artículo 272 de la LGSS.

Los beneficiarios del subsidio por desempleo, de nivel asistencial, mayores de 52/55 años.

A los trabajadores mayores de 55 años que no reúnan los requisitos para acceder al subsidio por desempleo de mayores de dicha edad, una vez agotada la prestación por desempleo, y continúen inscritos en las oficinas del servicio público de empleo.

No será exigible el cumplimiento de los requisitos 3 y 4, cuando se trate de trabajadores a los que la empresa, en virtud de obligación adquirida en acuerdo colectivo, haya abonado, como mínimo, durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación, una cantidad que, en cómputo global, no sea inferior al resultado de multiplicar por 24 la suma de los siguientes importes:

La cuantía mensual de la prestación que hubiera correspondido al trabajador en concepto de prestación contributiva por desempleo, de haber accedido a la situación legal de desempleo, en la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

El importe mensual de la cuota satisfecha por el trabajador en el convenio especial suscrito por aquel.

Para la acreditación del cumplimiento de este requisito, la empresa deberá emitir una certificación en la que consten las cantidades abonadas al trabajador, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo, al menos durante los 2 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación, así como las bases de cotización por desempleo de los 180 días inmediatamente anteriores a la baja en la empresa. El trabajador, junto con la solicitud de la pensión de jubilación, deberá presentar la certificación de la empresa ante la Entidad gestora correspondiente.