Autor Tema: Jubilaciones en los Cuerpos policiales  (Leído 1044185 veces)

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10660 en: 03 de Julio de 2022, 14:52:17 pm »
Pues cuando el río suena. . . sobre todo si el PP llega al gobierno. . .

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10661 en: 04 de Julio de 2022, 09:44:57 am »
Pues cuando el río suena. . . sobre todo si el PP llega al gobierno. . .

Lo dices por cuando ZP nos bajó el sueldo ¿no?

Si el PP llega al Gobierno se va a encontrar las cuentas que le va a dar ganas de renunciar...

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10663 en: 12 de Julio de 2022, 10:06:06 am »
Porque será que los jefes se aferran al cargo.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10665 en: 12 de Julio de 2022, 19:13:49 pm »
Porque será que los jefes se aferran al cargo.

Hay muchos vídeos similares de compañeros de la escala básica y con un número de años de servicio similar.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10666 en: 24 de Julio de 2022, 12:56:12 pm »
Yo también..

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10667 en: 24 de Julio de 2022, 15:31:44 pm »
Pues los hay con memoria de pez. . . muchos. . .

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10668 en: 28 de Julio de 2022, 07:26:57 am »
Se jubilan, NO...se jubilarán...y sobre la diferencia, está claro, coticen más y percibirán más.

Los 48 millones que da el Gobierno para jubilaciones de 'mossos' soliviantan a los sindicatos policiales
Jupol ve una "falta de respeto" a policías y guardias civiles y acusa al Ejecutivo de Sánchez de estar "vendido a los partidos independentistas" | El SUP critica que se habilite esta partida y no haya dinero para incentivar a la plantilla en Cataluña
ANTONIO SALVADOR 
27/07/22 - 14: 51 
   
La decisión del Gobierno de transferir 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra ha soliviantado a los sindicatos policiales, que consideran que esta medida aleja su objetivo de lograr la equiparación salarial total con los cuerpos autonómicos.

En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de crédito de 48.529.368,84 euros que había solicitado la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local a fin de costear la jubilación anticipada de la Policía de la Generalitat (46.058.122,63 euros) y de la Policía Foral (2.471.246,21 euros).

El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Cuerpo Nacional, se ha mostrado «indignado» con esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que -en su opinión- va en «dirección contraria» a la consecución de la equiparación salarial absoluta que policías nacionales y guardias civiles reclaman desde hace años. Los 807 millones desembolsados por el Ministerio del Interior en el trienio 2018-2020 ha recortado la brecha, pero no ha solucionado totalmente la desigualdad retributiva.

El histórico acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) ha permitido incrementar las nóminas de estos funcionarios un 20 % de media en relación con las cantidades que percibían antes, pero quedan flecos pendientes para que pueda darse por cumplido en todos sus extremos.

En concreto, falta elaborar un auditoría que realice una comparación puesto a puesto con las policías autonómicas para calcular realmente si los 807 millones de euros abonados son suficientes para cerrar la brecha (la consultora contratada no dispuso de todos los datos y fue condicionada por la Administración a la hora de hacer sus estimaciones), no se ha dado el impulso legislativo comprometido por el Gobierno de Rajoy para evitar que en el futuro pudieran producirse nuevamente diferencias salariales importantes y no se han desembolsado los 300 millones anunciados para incentivar el reingreso de la segunda actividad al servicio activo. Las organizaciones no olvidan estas tres cláusulas y demandan su cumplimiento.

El nuevo sindicato Eya promueve la creación de una mesa por la equiparación salarial que reúna a distintas organizaciones tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil a fin de presionar a la Administración para lograr la igualdad retributiva total con los cuerpos autonómicos.

En un comunicado, Eya -una escisión de Jupol que se registró a principios de año- ha convocado una primera reunión el próximo 8 de octubre, al considerar fallida la estrategia seguida por Jupol con la declaración de conflicto colectivo. Esta medida carece de efectos prácticas si consigue la adhesión del resto de sindicatos representativos en el Consejo de Policía.

«Buscaremos esa unión entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para llevar a término una presión real y efectiva a la Administración por la equiparación salarial de las más de 150.000 familias que componemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», indica.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, considera que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros esta semana es una «auténtica falta de vergüenza», una «nueva falta de respeto a todos los policías nacionales y guardias civiles» y la demostración de que el Ejecutivo «está vendido a los partidos independentistas, a los que concede sin rechistar cualquier pretensión con el único objetivo de conservar sus sillones en el Gobierno».

Según las cuentas que airea este sindicato, que declaró el pasado mes de mayo a la Administración conflicto colectivo por la falta de equiparación salarial entre otros motivos, la diferencia salarial entre un policía nacional y un mosso con la misma categoría e idénticas responsabilidades es hoy de 600 euros al mes a favor del funcionario de la Generalitat. Esa desigualdad, añade, «se incrementa hasta los 900 euros en el caso de los agentes jubilados o prejubilados».

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha mostrado este miércoles crítico con la decisión del Ejecutivo de autorizar una transferencia de 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de mossos y policías forales. «El Gobierno no puede seguir usando el pretexto de que ‘no hay presupuesto’ para cumplir los acuerdos económicos y laborales con la Policía Nacional. La falta de dinero para atender las necesidades básicas de los policías es una excusa repetitiva que falta a la verdad», censuran en un comunicado.

Cataluña y la Zona de Especial Singularidad

Esta organización considera que la cuestión es «más dolorosa» en el caso de Cataluña, dada la «negativa» de Interior a atender la demanda que viene formulando éste y otros sindicatos para que se declare esta comunidad como Zona de Especial Singularidad (ZES). Ello acarrearía incentivos económicos y sociales que permitirían que los funcionarios arraigaran y no fuera un destino ‘de paso’ para muchos agentes, como viene ocurriendo en los últimos años por la carestía de vida y la situación provocada por la presión independentista.

«Los mossos se jubilan con 60 años y con 800 euros de media más que un policía nacional. También cobran horas extras y asistencia a juicios, todo lo contrario que los policías. Denunciamos esta nueva situación de discriminación frente a otros cuerpos de seguridad, exigimos el mismo trato para los policías nacionales y reclamamos el cumplimiento de una vez por todas de las cláusulas que quedan por ejecutar del acuerdo de equiparación, además de la declaración de zona ZES para Cataluña», añade el SUP.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10669 en: 28 de Julio de 2022, 07:30:45 am »
Se jubilan, NO...se jubilarán...y sobre la diferencia, está claro, coticen más y percibirán más.

   
...

El nuevo sindicato Eya promueve la creación de una mesa por la equiparación salarial que reúna a distintas organizaciones tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil a fin de presionar a la Administración para lograr la igualdad retributiva total con los cuerpos autonómicos.

En un comunicado, Eya -una escisión de Jupol que se registró a principios de año- ha convocado una primera reunión el próximo 8 de octubre, al considerar fallida la estrategia seguida por Jupol con la declaración de conflicto colectivo. Esta medida carece de efectos prácticas si consigue la adhesión del resto de sindicatos representativos en el Consejo de Policía.


https://www.youtube.com/watch?v=Be1dbWNlVj0

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10670 en: 31 de Julio de 2022, 02:19:28 am »
Los de Clases Pasivas nos podemos jubilar a los 60, y dependiendo del año de ingreso, pasar a segunda actividad a los 55 o 58.


Se jubilan, NO...se jubilarán...y sobre la diferencia, está claro, coticen más y percibirán más.

Los 48 millones que da el Gobierno para jubilaciones de 'mossos' soliviantan a los sindicatos policiales
Jupol ve una "falta de respeto" a policías y guardias civiles y acusa al Ejecutivo de Sánchez de estar "vendido a los partidos independentistas" | El SUP critica que se habilite esta partida y no haya dinero para incentivar a la plantilla en Cataluña
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27/07/22 - 14: 51 
   
La decisión del Gobierno de transferir 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra ha soliviantado a los sindicatos policiales, que consideran que esta medida aleja su objetivo de lograr la equiparación salarial total con los cuerpos autonómicos.

En su reunión de este martes, el Consejo de Ministros autorizó la transferencia de crédito de 48.529.368,84 euros que había solicitado la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local a fin de costear la jubilación anticipada de la Policía de la Generalitat (46.058.122,63 euros) y de la Policía Foral (2.471.246,21 euros).

El sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Cuerpo Nacional, se ha mostrado «indignado» con esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que -en su opinión- va en «dirección contraria» a la consecución de la equiparación salarial absoluta que policías nacionales y guardias civiles reclaman desde hace años. Los 807 millones desembolsados por el Ministerio del Interior en el trienio 2018-2020 ha recortado la brecha, pero no ha solucionado totalmente la desigualdad retributiva.

El histórico acuerdo de equiparación salarial firmado en marzo de 2018 por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), con cuatro sindicatos de la Policía Nacional (SUP, CEP, SPP y UFP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, APROGC, UniónGC, ASESGC y la Asociación Profesional de Cabos) ha permitido incrementar las nóminas de estos funcionarios un 20 % de media en relación con las cantidades que percibían antes, pero quedan flecos pendientes para que pueda darse por cumplido en todos sus extremos.

En concreto, falta elaborar un auditoría que realice una comparación puesto a puesto con las policías autonómicas para calcular realmente si los 807 millones de euros abonados son suficientes para cerrar la brecha (la consultora contratada no dispuso de todos los datos y fue condicionada por la Administración a la hora de hacer sus estimaciones), no se ha dado el impulso legislativo comprometido por el Gobierno de Rajoy para evitar que en el futuro pudieran producirse nuevamente diferencias salariales importantes y no se han desembolsado los 300 millones anunciados para incentivar el reingreso de la segunda actividad al servicio activo. Las organizaciones no olvidan estas tres cláusulas y demandan su cumplimiento.

El nuevo sindicato Eya promueve la creación de una mesa por la equiparación salarial que reúna a distintas organizaciones tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil a fin de presionar a la Administración para lograr la igualdad retributiva total con los cuerpos autonómicos.

En un comunicado, Eya -una escisión de Jupol que se registró a principios de año- ha convocado una primera reunión el próximo 8 de octubre, al considerar fallida la estrategia seguida por Jupol con la declaración de conflicto colectivo. Esta medida carece de efectos prácticas si consigue la adhesión del resto de sindicatos representativos en el Consejo de Policía.

«Buscaremos esa unión entre sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil para llevar a término una presión real y efectiva a la Administración por la equiparación salarial de las más de 150.000 familias que componemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», indica.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, considera que el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros esta semana es una «auténtica falta de vergüenza», una «nueva falta de respeto a todos los policías nacionales y guardias civiles» y la demostración de que el Ejecutivo «está vendido a los partidos independentistas, a los que concede sin rechistar cualquier pretensión con el único objetivo de conservar sus sillones en el Gobierno».

Según las cuentas que airea este sindicato, que declaró el pasado mes de mayo a la Administración conflicto colectivo por la falta de equiparación salarial entre otros motivos, la diferencia salarial entre un policía nacional y un mosso con la misma categoría e idénticas responsabilidades es hoy de 600 euros al mes a favor del funcionario de la Generalitat. Esa desigualdad, añade, «se incrementa hasta los 900 euros en el caso de los agentes jubilados o prejubilados».

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha mostrado este miércoles crítico con la decisión del Ejecutivo de autorizar una transferencia de 48,5 millones para financiar las jubilaciones anticipadas de mossos y policías forales. «El Gobierno no puede seguir usando el pretexto de que ‘no hay presupuesto’ para cumplir los acuerdos económicos y laborales con la Policía Nacional. La falta de dinero para atender las necesidades básicas de los policías es una excusa repetitiva que falta a la verdad», censuran en un comunicado.

Cataluña y la Zona de Especial Singularidad

Esta organización considera que la cuestión es «más dolorosa» en el caso de Cataluña, dada la «negativa» de Interior a atender la demanda que viene formulando éste y otros sindicatos para que se declare esta comunidad como Zona de Especial Singularidad (ZES). Ello acarrearía incentivos económicos y sociales que permitirían que los funcionarios arraigaran y no fuera un destino ‘de paso’ para muchos agentes, como viene ocurriendo en los últimos años por la carestía de vida y la situación provocada por la presión independentista.

«Los mossos se jubilan con 60 años y con 800 euros de media más que un policía nacional. También cobran horas extras y asistencia a juicios, todo lo contrario que los policías. Denunciamos esta nueva situación de discriminación frente a otros cuerpos de seguridad, exigimos el mismo trato para los policías nacionales y reclamamos el cumplimiento de una vez por todas de las cláusulas que quedan por ejecutar del acuerdo de equiparación, además de la declaración de zona ZES para Cataluña», añade el SUP.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10671 en: 31 de Julio de 2022, 06:52:00 am »


España se arriesga a que el BCE no compre más deuda si sube las pensiones un 8%


PSOE y Podemos buscan el voto de diez millones de jubilados en la doble cita electoral de 2023: autonómicas y municipales en mayo, y elecciones generales en otoño

GABRIEL SANZ

PUBLICADO 31/07/2022 04:45
ACTUALIZADO 31/07/2022 04:50
España afrontará en 2023 una doble cita electoral, autonómicas y municipales en mayo, y elecciones generales en otoño, y ni PSOE ni Unidas Podemos quieren perder el voto de casi diez millones de jubilados; por eso, y aún a costa de enfrentarse a la UE, van a actualizar las pensiones a una inflación que la propia vicepresidenta, Nadia Calviño, cree que no bajará del 7,5% este año. Para acometer semejante subida, desaconsejada por la Comisión Europea, se van a emplear 15.000 de los aproximadamente 20.000 millones de euros más de gasto público que se pueden consignar en los presupuestos de 2023.

El problema que esto le plantea a la coalición de izquierda, además del poco margen que le deja -5.000 millones- para incrementar otros capítulos presupuestarios, es que contraviene directamente una de las condiciones del Banco Central Europeo (BCE) a los países del sur para poner en marcha el mecanismo antifragmentación cuando sus primas de riesgo sufran ataques en el mercado de deuda: si quieren que el Banco central compre sus emisiones, tendrán que hacer caso a las recomendaciones del Consejo Europeo del 13 de junio.

Y el documento de ese Consejo, donde estuvo presente Pedro Sánchez, le "recomienda" explícitamente (página 23) que tome ya medidas de contención de gasto en 2022, dado el elevado nivel de endeudamiento del país; a lo cual añade: y "en 2023, garantizar una política presupuestaria prudente, en particular limitando el incremento de los gastos primarios corrientes financiados a nivel nacional por debajo del crecimiento potencial a medio plazo (…)".

Traducido de la jerga bruselense, la "recomendación" del Consejo dice que, con un crecimiento del 4,3%, las pensiones no deberían crecer por encima del 4% -lo que crecerán los salarios- pero el Ejecutivo insiste en el 8% porque 2023 es año electoral
Traducido de la jerga bruselense, deliberadamente abstrusa con el fin de no dejar en evidencia a los gobiernos, las conclusiones de junio vienen a decir a España que, con un crecimiento del 4,3% previsto para 2023 en el mejor de los casos, las pensiones no deberían crecer por encima del 4%; de hecho es lo que van a crecer los salarios, pero el Ejecutivo de izquierda insiste en indexarlas a una inflación desbocada porque habrá doble cita electoral y existe un creciente malestar de los jubilados en la calle por la continua pérdida de su poder adquisitivo.

Nadie quiere poner el 'cascabel al gato' de frenar una subida que supondrá gasto consolidado, y menos que nadie el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien, en una reciente entrevista para los diarios del grupo Vocento, señalaba desafiante: "Es absolutamente irrevocable que las pensiones subirán con el IPC en cualquier escenario"; Si para eso hay que limitar el gasto en otras partidas presupuestarias -los 5.000 millones que le van a quedar al Gobierno apenas dará para subir un 3 o 4% el sueldo a los funcionarios- se limitan, señalaba.

Unas palabras estas de Escrivá corroboradas este viernes en La Moncloa por el propio presidente cuando, en su rueda de prensa de balance del curso político y a preguntas de los periodistas, Sánchez insistió en que las pensiones no serán incluidas en el 'Pacto de Rentas' junto con el resto de salarios -públicos y privados-, se pongan como se pongan el BCE y la Comisión Europea. "Ahora sí, por ley, los pensionistas tienen garantizado la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de los precios", recalcó.

Hasta diciembre hay margen
De momento, el Ejecutivo tiene todavía margen para cambiar de opinión in extremis porque la recomendación del Consejo Europeo en materia de contención de gasto, sobre la cual está vigilante la Comisión que preside Úrsula Von der Leyen, computa sobre el presupuesto real que salga de las Cortes, no en el llamado techo de gasto, 198.221 millones -el más alto de la historia-, el cual solo afecta a la Administración Central y es un límite teórico.

"La clave será la suma del gasto aprobado en el presupuesto", señala a Vozpópuli el economista José Carlos Díez, a quien en 2017 la gestora del PSOE encargó la ponencia económica del 39 Congreso. El verdadero problema, añade, llegará cuando se tensionen los mercados de deuda pública y empiecen los ataques al sur europeo, fundamentalmente, a las primas de riesgo española e italiana, y el BCE que preside la francesa Christine Lagarde "condicione" la compra de deuda de los países a medidas de consolidación fiscal.

Sánchez, que tiene muy presente el duro final de Zapatero en 2011, tras aprobar un recorte de 15.000 millones de gasto, no está dispuesto a pasar por lo mismo y, de ahí que se resista a subir la pensión a diez millones de jubilados menos que la inflación
Pedro Sánchez, que tiene muy presente el final político de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 tras aprobar un durísimo recorte de 15.000 millones de gasto público, no está dispuesto a pasar por lo mismo y, de ahí que se resista a subir la pensión a diez millones de jubilados menos que la inflación. Lo más lejos que ha llegado la coalición de izquierdas es a sugerir que los funcionarios participen en el llamado Pacto de Rentas, para que sus salarios no suban más de ese 4% que están dispuestos a pactar empresarios y sindicatos.

Y es que los socialistas tienen grabado a fuego lo que pasó entonces. También hubo una doble cita electoral, que resultó catastrófica y culpan de ello al austericidio que impuso el norte europeo desistiendo de intervenir en el mercado de las primas de riesgo porque eso 'mutualizaría' la deuda de todos los países del euro. Como consecuencia, y a pesar de que Zapatero ya había anunciado que renunciaba a volver a presentarse, en mayo de 2011 perdieron los gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y La Rioja, y las alcaldías de doce capitales de provincia, entre ellas Barcelona, Sevilla y San Sebastián; y en noviembre Mariano Rajoy ganó por mayoría absoluta a Alfredo Pérez Rubalcaba.

Considera el presidente que, una década después, la situación saneada de la Banca deja margen al Gobierno hasta para implementar un nuevo impuesto con el que espera recaudar 5.000 millones -más otros 2.000 con el impuesto a las eléctricas-, y que eso permita cuadrar ingresos y gastos ya en 2023; incluso la posición ventajosa de España en la crisis del gas le está sirviendo a Sánchez de arma negociadora con la Alemania del canciller socialdemócrata Olaf Schölz para que frene a los halcones del Bundesbank en el BCE, partidarios de exigir al sur ajustes a cambio de poner en marcha el llamado 'mecanismo antifragmentación'. Todo con tal de no tener que pronunciar la palabra "recorte".

BCE y la "última palabra" sobre el impuesto
No obstante, fuentes del sector bancario dudan que esos 5.000 millones sean finalmente algo más que "populismo fiscal" y ponen el acento en que el BCE "todavía no ha dicho la última palabra" respecto a un impuesto que en la UE solo ha puesto en marcha el gobierno húngaro del ultraderechista Viktor Orban, el cual "no forma parte de las economías de la moneda única", recuerdan. Es más, los Bancos españoles se exponen a sanciones de la entidad que preside Lagarde si no repercuten el nuevo impuesto a los clientes porque afecta a su solvencia y, por eso, el Banco de España se niega a hacer de vigilante de que ese 4,8% que el Estado va a percibir de cada interés bancario o comisiones que cobran no se repercute, como han prometido PSOE y Podemos.

Esta semana la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, advirtió que el 'precio' real -hasta 50.000 millones menos en líneas de crédito-, comparado con la recaudación que espera obtener el Gobierno de izquierdas, es demasiado alto a las puertas de una caída de las economías europeas a la vuelta del verano. La estadounidense, de hecho, ya ha entrado en recesión.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10672 en: 02 de Agosto de 2022, 07:52:39 am »

El aviso de la Seguridad Social a los jubilados sobre el futuro de las pensiones por la subida del IPC


El ministro Escrivá no cree que España entre en «recesión técnica» como Estados Unidos
El aviso de la Seguridad Social a los jubilados sobre el futuro de las pensiones por la subida del IPC

REDACCIÓN
Sábado, 30 julio 2022, 09:39
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha reconocido la «complicada» situación inflacionista, tras conocer que el IPC se disparó en julio al 10,8%, pero ha remarcado que las pensiones se revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumo, tal y como recoge la ley.


En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la presentación de la Memoria 2021 de la Asociación Mensajeros de la Paz, Escrivá ha recalcado que la revalorización de las pensiones se hará como establece la ley y de acuerdo con lo acordado con agentes sociales y grupos parlamentarios.


Los 6 únicos productos que han bajado de precio en lo que llevamos de 2022
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REDACCIÓN / VALENCIA
«Los pensionistas tienen que estar tranquilos de que su poder adquisitivo se mantiene porque, precisamente en situaciones como ésta, la acción protectora de la Seguridad Social se despliega», ha defendido el ministro.

Aunque Escrivá no cree que España entre en «recesión técnica» como Estados Unidos, el ministro ha admitido que la situación inflacionista es «complicada». «Se van prolongando los factores que están haciendo que este proceso se extienda más en el tiempo», ha señalado.

PENSIONES Y SUBSIDIOS
La paga de 463 euros que la Seguridad Social ingresa cada mes a los presos cuando salen de la cárcel
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REDACCIÓN
Los cuatro subsidios que la Seguridad Social paga a quien ya ha agotado el paro
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REDACCIÓN
La ayuda de 28 euros por hijo que los jubilados pueden añadir cada mes a su pensión
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EUROPA PRESS | REDACCIÓN
Los jubilados que cobran una pensión de 2.446,3 euros
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REDACCIÓN | EP
No obstante, considera relevantes las medidas impulsadas por el Gobierno para proteger a las personas y empresas más afectadas por la subidas de precios, así como las decisiones que se están tomando a nivel europeo. «Debemos tener expectativas de que ese proceso, que es transitorio, empiece a remitir a media que se están tomando decisiones a nivel internacional, sobre todo en ámbito europeo, y vayan teniendo éxito», ha concluido

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10673 en: 02 de Agosto de 2022, 08:01:21 am »
Y la Unión Europea. . . qué opina de ésto?

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10674 en: 11 de Agosto de 2022, 08:30:20 am »

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10675 en: 21 de Agosto de 2022, 08:18:14 am »
Un país para viejos ...


El drama de las pensiones: España seguirá a la cola de la UE en natalidad los próximos 50 años


Los expertos auguran que en el próximo decalustro España seguirá entre los países miembros con menos hijos por mujer, sólo por detrás de Malta, con un fuerte aumento de la tasa de dependencia de mayores

BEATRIZ TRIGUERO
PUBLICADO 21/08/2022 04:45
ACTUALIZADO 21/08/2022 04:50
La caída en la natalidad complica el futuro de las pensiones. Cómo sostener a un volumen de pensionistas que crece en el tiempo mientras los trabajadores potenciales se reducen es la problemática que ahora se plantea, con una gran generación a punto de entrar en edad de jubilarse (los conocidos como 'baby boom', hijos de la explosión demográfica de la posguerra, nacidos entre 1957 y 1977).

MÁS INFO


La AIReF tumba las previsiones de ingresos del Gobierno por impuestos y cotizaciones
Según la agencia estadística europea Eurostat, en 2020 las tasas más bajas de fertilidad (promedio de hijos por mujer) se observaron en Malta (1,13 nacimientos por mujer), España (1,19) e Italia (1,24). Como consecuencia de la pandemia fueron algo inferiores a las de 2019, cuando estos tres países ya se situaban a la cola de la Unión Europea (UE). En apenas cinco años la natalidad ha caído un 20% en España, situándose en mínimos de la serie histórica en el primer semestre de este año.


En cualquier caso, nuestro país lleva años a la cola, lejos de la tasa de reemplazo de 2,1 hijos que se considera necesaria para mantener constante el nivel de población. El futuro no se presenta más alentador: los expertos auguran que en el próximo decalustro España seguirá entre los países de la UE con menos tasa de fertilidad, con un "fuerte y sostenido" aumento de la tasa de dependencia de mayores (proporción de personas mayores de 65 años que dependen económicamente de la población activa o en edad de trabajar).


En un informe sobre tendencias y proyecciones demográficas, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) expone, con datos de la agencia estadística europea Eurostat, que se espera "una gradual recuperación de la tasa de fertilidad (desde 1,27 hijos por mujer en 2019 hasta 1,49 en 2070)", pero esto "todavía nos dejaría entre los países europeos para los que se prevén menores tasas de fertilidad (sólo por detrás de Malta)".


En la actualización del Programa de Estabilidad el pasado mes de abril, el Gobierno reconoce que "según las proyecciones de Eurostat, España presentará en 2070 la segunda menor tasa de fertilidad de la UE (1,49 hijos por mujer frente a 1,27 en 2019) y la mayor esperanza de vida (87,1 años para hombres y 91,4 para mujeres frente a 81,2 y 86,8 respectivamente en 2019) que resultan en un crecimiento vegetativo negativo para todo el periodo".

De esta forma, la realidad demográfica choca con la sostenibilidad del sistema público de pensiones. "Nuestras bajísimas tasas de natalidad actuales comenzarán a recuperarse en alguna medida, acercándose a las de nuestros vecinos europeos, pero sin alcanzar el nivel de reposición de 2,1 hijos por mujer que sería necesario para mantener la población constante en ausencia de flujos migratorios", explica el experto Ángel de la Fuente en el citado artículo.



Se duplicará la tasa de dependencia
El análisis publicado por Fedea, basado en proyecciones de Eurostat, el INE y la AIReF, también apunta hacia "una continuación del proceso de envejecimiento que llevaría a duplicar la tasa de dependencia de mayores de aquí a 2050, poniendo una gran presión sobre nuestro sistema de pensiones y sobre otras partidas importantes de gasto público, como la sanidad y la dependencia".


Según las últimas proyecciones de Eurostat, esta tasa pasará del 29,5% en 2019 al 59,5% en 2050, lo que significa que habrá menos de dos personas en edad laboral por cada persona mayor dependiente. El Gobierno asume en el Programa de Estabilidad que la ratio de dependencia se doblará en las próximas tres décadas para mantenerse relativamente estable en esos niveles durante un tiempo, pero destaca que decrecerá ligeramente, una vez que se ha completado el proceso de llegada a la edad de jubilación de los 'baby boomers'.


El Gobierno argumenta que "las generaciones posteriores a la generación del 'baby boom' se caracterizan por ser mucho menos numerosas, debido a la fuerte caída de la tasa de fertilidad que tuvo lugar en las dos últimas décadas del siglo XX y primeros años del siglo XXI". En este sentido, calcula que el gasto público total asociado al envejecimiento de la población se incrementará entre 2030 y 2050 cerca de dos puntos porcentuales por el aumento de la tasa de dependencia con la jubilación de los 'baby boom', para posteriormente reducirse hasta los niveles iniciales.

Como respuesta para el 'tsunami' demográfico que se viene, el Gobierno ha incluido en su reforma de las pensiones el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la clave de bóveda de la sostenibilidad del sistema que sustituye al Factor de Sostenibilidad que creó el PP en 2013 y que no se ha llegado a aplicar. Se trata de una subida de las cotizaciones sociales de 0,6 puntos que se aplicará entre 2023 y 2032, que carga 0,5 puntos en las empresas en 0,1 punto en el trabajador, para nutrir el Fondo de Reserva. Los autónomos, por su parte, corren con todo el incremento.


El objetivo inicial, recaudar 50.000 millones de euros para sufragar la jubilación de los 'baby boomers', cuantía que luego Escrivá ha rebajado a 42.000 millones. Este mecanismo actuará además como válvula de seguridad del sistema a partir de 2033, en el caso de que haya un desvío de la previsión de gasto en pensiones para 2050. Si no se diera una desviación se planteará la utilización de los recursos del Fondo de Reserva para reducir las cotizaciones sociales o mejorar la cuantía de las pensiones.

Sin embargo, varios organismos económicos (el FMI, el Banco de España, BBVA Research, Fedea y Standard & Poor's, entre otros) cuestionan su eficacia. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, ha advertido de que el aumento en el gasto en prestaciones (más de cuatro puntos de PIB hasta 2050) con la reforma de las pensiones, que las liga al IPC del año previo justo en un momento de inflación descontrolada, debe "equilibrarse" con otras medidas "destinadas a garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo".

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La inmigración como posible solución
En este sentido, De la Fuente destaca que uno de los factores que podrían mitigar este shock sería un fuerte y sostenido repunte de nuestro saldo inmigratorio neto. "Como muestra la experiencia de los primeros años dos mil, tal repunte no es descartable, pero sería muy arriesgado dar por sentado que llegará y durará lo suficiente para resolver los problemas de nuestro sistema de pensiones. Como mínimo, haría falta un plan B", comenta.

En todo caso, una inmigración elevada no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, pues para que eso ocurra el grueso de los inmigrantes deben ser jóvenes, con un nivel de cualificación elevado y buen dominio del idioma, lo que "podría no ser fácilmente alcanzable", explica el experto, que apuesta por "una política migratoria proactiva y selectiva que busque atraer a inmigrantes bien cualificados y tan cercanos culturalmente como sea posible".

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Tal y como se refleja en el plan 'España 2050', el Gobierno de Pedro Sánchez asume que España tendrá que acoger e integrar laboralmente a cientos de miles de inmigrantes de aquí a 2050 para poder compensar la caída en el número de trabajadores españoles (por el envejecimiento de la población) y poder pagar las pensiones. Según sus cálculos, el país necesita la llegada de 191.000 inmigrantes cada año como mínimo para que el sistema de Seguridad Social sea sostenible.

Esto supone que al cabo de treinta años, cuando acabe en 2050 el horizonte de proyección, España contaría con 5,7 millones de extranjeros nuevos trabajando. A cierre de julio, el número medio de extranjeros dados de alta en la Seguridad Social asciende a 2,45 millones de trabajadores, de los cuales 846.484 son de países de la Unión Europea (un 34,5%) y 1,60 millones, de terceros países (el 65,5% restante). Suponen 11.398 afiliados menos que el mes anterior.


En el Programa de Estabilidad 2022-2025 actualizado en abril, el Gobierno asegura que "entre 2020 y 2045 España registrará un saldo migratorio neto cercano a las 180.000 personas por año, lo que permite compensar el crecimiento vegetativo negativo, de manera que la población agregada se proyecta que crezca hasta los 49,5 millones".

Posteriormente, el equipo de Pedro Sánchez prevé que "la estabilización proyectada del saldo migratorio neto en torno a las 170.000 personas por año y el incremento de los fallecimientos en una población más envejecida se espera que provoquen una caída de la población para volver en 2070 aproximadamente al nivel de población actual (47 millones)".


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10676 en: 23 de Agosto de 2022, 14:47:31 pm »
Estudio de Jusapol

Un guardia civil que se jubile en Cataluña cobrará 12.000 euros al año menos que un mosso d'Esquadra


La diferencia mensual supera los 900 euros entre un cuerpo y otro, un 32 %

Pablo Ojer
Madrid
 23/08/2022 Actualizada 04:02

Llevan años reclamando la equiparación salarial entre los policías nacionales y guardias civiles y los agentes de las distintas policías autonómicas. Treinta años han pasado desde que se firmó el primer acuerdo de equiparación, treinta años. Y siguen con las mismas demandas.

Por este motivo, el sindicato Jusapol (acrónimo de Justicia Salarial Policial) ha realizado un estudio cogiendo las nóminas de mossos d'Esquadra, guardias civiles y policías nacionales que se jubilan en Cataluña. El resultado según este estudio es que un agente de la Benemérita o un policía nacional que se jubile en esta región española cobrará 12.625 euros menos al año que un mosso d'Esquadra, según este estudio adelantado por una revista digital policial H50.
Protesta de Jusapol pidiendo la equiparación salarial el pasado mes de septiembre frente al Ministerio del Interior
La equiparación salarial de Policía: 30 años de promesas incumplidas
Pablo Ojer 1
El estudio especifica que mensualmente un mosso cobrará 905,39 euros más que cualquiera de los agentes de los dos cuerpos policiales nacionales, 2.819,16 euros frente a 1.913,76 euros, lo que supone casi una tercera parte menos, un 32,12 % menos que los policías autonómicos jubilados.

Y esta diferencia se incrementa más si cabe a la hora de la prejubilación. Mientras que un mosso d'Esquadra se jubila a los 59 años con sus 2.819,16 euros, un policía nacional o un guardia civil pasa a la reserva a los 58 años con una mensualidad de 1.623,85 euros.

Así las cosas, los sindicatos policiales no hacen más que mantener sus reclamaciones a pesar de los diferentes acuerdos de los distintos gobiernos en busca de esa equiparación. Al tiempo que se les prometen incrementos salariales, acuerdos como el aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio por el que el Gobierno transfería 49 millones de euros para pagar la jubilación de mossos y policías forales, no hace sino mantener esa brecha salarial.

De ahí la desbandada de agentes de estos cuerpos policiales que se produce cada año según denuncian no solo desde la asociación Jusapol, sino también desde otros sindicatos policiales como el Sindicato Unificado de Policía.
Un coche de la Policía Nacional (CNP), en una imagen dearchivo

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10677 en: 27 de Agosto de 2022, 09:08:50 am »

La reforma de Escrivá

Calcular las pensiones a 35 años supone bajarlas un 4% y ahorra 18.000 millones


El gasto de pensiones con respecto al PIB caería 0,6 puntos. La pensión media dentro de 28 años casi duplicará la actual, situándose en 1.876 euros, incluso con la ampliación del cómputo de años trabajados.

Viraje en pensiones... cae la paga de los nuevos jubilados y sube la edad de retiro
La pensión de los funcionarios dinamita el sistema... el gasto se dispara un 76%
ENRIQUE MORALES   NOTICIA
27.08.2022 - 04:30h
Escrivá
Elevar el cálculo de la pensión a 35 años la rebaja el 4% y ahorra 18.000 millones.Europa Press

Los responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones afrontarán en el último cuatrimestre de este ejercicio la ampliación del número de años que se tendrán en cuenta para calcular las pensiones, un compromiso adquirido con Bruselas y recogido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tendrá bastantes efectos positivos y algunos negativos, pero subsanables. La medida supondrá un ahorro importante para un sistema deficitario y compensará en buena medida el incremento de gasto que generará la subida de las prestaciones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC), pero también, en principio, un recorte de algunas prestaciones de jubilación, fundamentalmente de las mujeres y los autónomos.


El Gobierno ya ha expresado su intención de impulsar la fórmula de los 35 años cotizados para calcular las pensiones, en un contexto en que la mayoría de los países europeos ya tienen en cuenta toda la vida laboral. La decisión del Ejecutivo ha sido avalada por el Pacto de Toledo, criticada por los sindicatos y supone un alivio financiero para el sistema, como se ha constatado con la ampliación de 15 a 25 años recogida en la reforma de pensiones de 2011. Son muchos los estudios que analizan el impacto de la medida y el ministerio tiene sus propias proyecciones, pero la base para realizar las estimaciones es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), que tiene en cuenta registros de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria y del Padrón Continuo del INE, y es la que utiliza la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo público independiente que presidió durante cuatro años José Luis Escrivá, el actual ministro de la Seguridad Social.


La Airef lleva analizando las consecuencias de la reforma de pensiones en marcha desde 2020 y ha tenido en cuenta distintos escenarios, con cuadros que permiten estimar los efectos de las diferentes medidas con unas condiciones demográficas negativas -baja natalidad o reducida entrada de migrantes- o macroeconómicas -inflación desbocada o bajo crecimiento-. Con un contexto neutro y con la vista puesta en 2050, la pensión media pasaría a 1.954 euros -prácticamente el doble que en la actualidad- si se tienen en cuenta 25 años. Si se estiman los últimos 35 años la prestación se reduce a 1.876 euros, un 4,5% menos. La estimación se basa en la puesta en marcha de la iniciativa de forma progresiva a partir de 2023, aumentando dos años cada ejercicio y concluyendo en 2027.

Los efectos de la medida serían graduales y, en muchos casos, subsanables. En 2037 la rebaja media de las prestaciones solo supondría un 2,4%
Durante los primeros años, los efectos serán apenas perceptibles, según las estimaciones del organismo, y en 2037 la rebaja media de las prestaciones solo supondría un 2,4%. Mientras los parados, los trabajadores despedidos a final de su vida laboral y los asalariados con una vida laboral estable no notarían diferencias o se beneficiarían, colectivos como las mujeres y los trabajadores por cuenta propia si lo notarían. Por eso el Gobierno tiene previsto incorporar cláusulas que permitan en determinadas circunstancias la elección de los mejores años de cotización. Su puesta en marcha reforzaría la contributividad del sistema y también un ahorro importante.

El gasto en pensiones en 2050 sería de 32.239 millones de euros mensuales con el actual sistema, pero con la ampliación del cómputo a 35 años el importe se reduciría a 30.945 millones, lo que supondría 18.110 millones de euros anuales de ahorro. Junto a esto, el gasto en pensiones con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) caería en 0,6 puntos porcentuales, pasando del 14,2% al 13,6%, un importante alivio para el presupuesto. Además, el efecto se trasladaría a la tasa de cobertura -porcentaje de ingresos en la jubilación respecto a los ingresos previos como trabajador- se reduciría en 2,1 puntos, pasando de 53,3% a 51,2%. En la actualidad esta tasa de sustitución ronda el 60%.

El objetivo de los autónomos era hasta ahora cotizar al menos 37 años y medio, forzando al máximo las aportaciones al sistema en los últimos 25
Los trabajadores autónomos va a ser uno de los colectivos más afectados por la medida y se verán obligados a cambiar determinados hábitos que ya tenían asumidos. Así, a partir de la MCVL se constata un importante incremento de la cotización a medida que avanza la edad de los trabajadores por cuenta propia. El objetivo hasta ahora era cotizar al menos 37 años y medio para alcanzar la jubilación a los 65, forzando al máximo la cotización en los últimos 25, que son los que cuenta para determinar la cuantía de la prestación de retiro. Elevar los años de cómputo forzará a incrementar los años de sobrecotización con el fin de obtener la mejor pensión. Diversos estudios constatan que estos trabajadores modifican su estrategia para cotizar por la base límite desde los 45 años, a 20 años del retiro. El nuevo sistema de cotización evitará, en parte, la estrategia de aportar poco los primeros años y al límite en los 'importantes' de la vida laboral.

Prácticamente la totalidad de los países europeos contemplan, de alguna u otra manera, toda la carrera completa de cotización para determinar la prestación de jubilación. Alemania, Italia y Suecia tienen en cuenta toda la vida laboral para estimar la cuantía de la pensión de retiro, mientras en Portugal son los últimos 40 años y en el Reino Unido son los ejercicios cotizados. Mientras, los Países Bajos, la pensión se genera a razón de un 2% por cada año de trabajo o residencia entre los 15 y 65 años. Si trabajó o vivió siempre en los Países Bajos el beneficiario tiene derecho al 100%.

El Gobierno ha asegurado que todas las grandes reformas de pensiones desde 1985 incluyeron la extensión del periodo de cálculo de las prestaciones. La intención actual, recogida en el Componente 30 de Plan de Recuperación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones prevé que la ampliación a 35 años tenga lugar antes de que finalice 2022 y que se ponga en marcha forma gradual a partir de 2023. El Ejecutivo admite que de manera general, la medida aumenta el carácter contributivo del sistema, pero que puede tener efectos negativos. Por esa razón, asegura, es importante complementarla con medidas que modulen sus efectos como la posibilidad de elección de años o la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10678 en: 30 de Agosto de 2022, 15:29:07 pm »
Buenas compañeros, a ver si alguno me pudiera resolver una duda

En caso de solicitar un excedencia voluntaria por interés particular ¿afecta de alguna manera a la jubilación anticipada?

Obviamente, aparte de no contabilizar el tiempo que se esté en esta situación a efectos de reducción.

Gracias.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10679 en: 30 de Agosto de 2022, 21:08:56 pm »
Buenas compañeros, a ver si alguno me pudiera resolver una duda

En caso de solicitar un excedencia voluntaria por interés particular ¿afecta de alguna manera a la jubilación anticipada?

Obviamente, aparte de no contabilizar el tiempo que se esté en esta situación a efectos de reducción.

Gracias.

Obviamente ha de regresar al cuerpo, porque no puede solicitar la jubilación anticipada por ser PL si no está en activo.