Interior se niega a equiparar la jubilación de las Clases Pasivas de la Policía Nacional pese a tener recursos legales
Si en 2002 la brecha salarial era de 1.250 euros, en 2025 esa pérdida adquisitiva superaba los 11.400 euros al año
M. Casado
M. Casado @maribecasado
Creada: 25.06.2026 10:31
Última actualización: 25.06.2026 10:31
Un policía nacional que se jubile hoy bajo el régimen de Clases Pasivas sufrirá un recorte inmediato de casi el 27% de su poder adquisitivo respecto a lo que percibía en activo. Para hacernos una idea, si en el año 2002 la brecha salarial era de 1.250 euros anuales, en 2025 esa pérdida superaba los 11.400 euros al año. Una cantidad, sin embargo, insuficiente a ojos del Ministerio del Interior, que no contempla tomar medidas.
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El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo iniciaba el "procedimiento de ejecución forzosa de la sentencia firme" que obligaba al Gobierno a hacer efectiva la jubilación anticipada únicamente para los policías nacionales adscritos al Régimen General de la Seguridad Social. Y para ello, la Secretaría de Estado de Seguridad anunciaba su intención de hacerlo a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Una vía descartada de lleno por los sindicatos policiales que apuestan por la figura del Real Decreto, como se hizo con otros colectivos profesionales.
Si tenemos en cuenta la incapacidad del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos en lo que va de legislatura, no es de extrañar la cautela. Por no hablar de que Interior y por ende su ministro, Fernando Grande-Marlaska, solo funcionan a golpe de sentencia. En este punto, cabe preguntarse, si ya resulta complicado "cumplir" una sentencia, qué solución hay para las Clases Pasivas. Si bien se comprometen a "estudiar" medidas para mejorar sus futuras prestaciones, aumentando los haberes reguladores, descartan la implantación de una pasarela hacia el Régimen General de la Seguridad Social.
Pérdida adquisitiva de 11.400 euros anuales
En este sentido, el sindicato Equiparación Ya (EYA) sí contempla esta vía como una de las posibles soluciones para revertir el perjuicio a las Clases Pasivas. En concreto, proponen crear una pasarela para que el personal incorporado antes del 1 de enero de 2011 pueda trasladar voluntariamente sus cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social. Esta medida ya se realizó en el pasado, con la integración de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL) a través del Real Decreto 480/1993. En la actualidad, también se está desarrollando la posibilidad de traspasar los fondos acumulados en las mutualidades alternativas de diversos profesionales colegiados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social. Y, además, esta vía cuenta con el respaldo de la Recomendación 4ª del Pacto de Toledo.
¿Y cómo se aplicaría? La adscripción sería voluntaria y habría un reconomiento íntegro de los años de servicio ya prestados. Cada mes cotizado en Clases Pasivas sería reconocido como un mes cotizado en la Seguridad Social. Mantendrían todos los derechos consolidados y permitiría eliminar las desigualdades entre funcionarios que desempeñan funciones equivalentes. La cotización futura se calcularía sobre las retribuciones reales percibidas y se establecerían mecanismos compensatorios para evitar pérdidas económicas en el momento de jubilación.
Otra posible solución sería reformar directamente la Ley de Clases Pasivas. Según explican desde EYA, a través de un Real Decreto-Ley habría que añadir una disposición adicional, como ya existe para los miembros del Tribunal Constitucional, para reconocer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, dentro de Clases Pasivas. De este modo, el cálculo de la pensión se haría tomando como base el total de las retribuciones anuales íntegras (básicas, complementarias, productividad...). Asimismo, se establecerían mecanismos de transición y una ayuda económica para los funcionarios próximos a la edad forzosa de jubilación. Hay que recordar que, si en 2002 la pérdida adquisitva ascendía a 1.250 euros, en 2025 esta cifra sobrepasa los 11.400 euros anuales.
Comparativa de las medidas propuestas por EYA para la jubilación de las Clases Pasivas de la Policía Nacional Equiparación Ya (EYA)
Ayuda a la jubilación
La tercera solución que plantea este sindicato policial es una ayuda a la jubilación, una vía complementaria de implantación inmediata para mitigar la pérdida de poder adquisitivo al jubilarse, que también cuenta con precedentes. Los funcionarios de las Cortes Generales ya perciben una ayuda similar financiada por los presupuestos públicos (art. 16 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales).
Esta vía es específica siempre que se consigne una partida específica en los PGE; se defina su cuantía, requisitos de acceso (años de servicio, proximidad a la edad forzosa de jubilación...) y procedimiento; y se respete el principio de no duplicidad de prestaciones por el mismo concepto (artículo 42 de la Ley General de la Seguridad Social).
Finalmente, para aquellos agentes próximos a la jubilación proponen una "medida compensatoria". Para los agentes de entre 59 y 64 años (unos 4.129 efectivos en la Policía Nacional), proponen un "Haber Regulador Compensado de Referencia". Es decir, la creación de un complemento específico de jubilación financiado con cargo a los Presupuestos que compense la diferencia entre el sistema de haberes reguladores fijos y el de retribuciones reales.
Según el estudio presentado ante la Secretaría de Seguridad del Estado por Equiparación Ya, el colectivo afectado en la franja crítica de edad es muy reducido, representa apenas el 5% de toda la Policía Nacional y solo un 3% de las escalas operativas de Policía, Oficial y Subinspector. El coste máximo teórico de la medida compensatoria sería de unos 32,6 millones de euros anuales para toda la Policía Nacional, pero "el impacto real sería muchísimo menor al producirse los retiros de forma escalonada. Una cifra plenamente asumible dentro de los Presupuestos Generales del Estado", insisten.
Defecto estructural injusto
"Estas propuestas pretenden corregir un defecto estructural profundamente injusto", sentencian desde este sindicato. Y es que, a diferencia de la mayoría de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), el salario de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sostiene sobre complementos específicos que el régimen de Clases Pasivas excluye sistemáticamente de los haberes reguladores. Por ello, son los grandes perjudicados dentro de la administración a la hora de jubilarse.
Desde EYA insiten en que no exigen privilegios sino justicia distributiva: "Quienes arriesgan su vida protegiendo a los ciudadanos no pueden seguir siendo los grandes perjudicados de la administración al terminar su carrera laboral". Las soluciones técnicas y legales están sobre la mesa, aseguran, por l oque ahora solo falta la voluntad política de la Secretaría de Estado de Seguridad para llevarlas a cabo.
