Estoy abrumado con tanto respaldo.

La Asamblea pide por unanimidad que se apruebe la normativa de jubilación anticipada de policías locales a los 59 años
1 DE MARZO DE 2018 CAIB - ARCHIVO
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha pedido por unanimidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno de la Nación a que apruebe la normativa, prevista y anunciada, que pueda posibilitar la jubilación anticipada de las Policías Locales a los 59 años.
Esta petición ha salido adelante por una Proposición No de Ley (PNL) a instancias de Ciudadanos, con las enmiendas de Podemos rechazadas, mediante la cual pretenden que el Gobierno nacional ponga en marcha "sin más dilación" esta normativa.
El diputado de Ciudadanos Francisco Lara ha criticado durante su intervención que el Gobierno nacional "lleva mareando la perdiz de la jubilación anticipada" de los policías "más de dos años y medio", incumpliendo, a su parecer, "su palabra y sus promesas y todos los compromisos que firman".
Esta normativa cuenta con el apoyo de ayuntamientos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quienes solicitan el rejuvenecimiento de las plantillas de policía toda España, "que ya existe para algunas policías autonómicas o para los bomberos". Así, Lara ha asegurado que hay más de 3.200 policías que superan los 50 años, provocando que Madrid tenga una de las plantillas más envejecidas.
"Me gustaría resaltar el trabajo que se realiza por parte de los policías locales, un trabajo, que no sólo se limita a regular el tráfico, sino que los policías locales llevan muchos años realizando funciones como la protección de mujeres víctimas de violencia de género. Es una cuestión de voluntad política y no se ha dado explicación razonable por parte del Gobierno de la Nación -sobre la implementación de la normativa-- dando la callada por respuesta", ha criticado.
Por su parte, la diputada de Podemos Elena Sevillano, único grupo enmendarte, ha sostenido que el cuerpo local ha experimentado un "envejecimiento agigantado", ya que en Madrid la edad media de las policías locales es de 47 años.
Sin embargo, han lamentado que la formación naranja no inste a resolver el "problema a los consistorios de que todos los policías puedan a cogerse a esta medida", provoque "una merma en la seguridad de sus localidades, donde existen más de 1.200 policías que podrían jubilarse en Madrid".
A su parecer, habría que complementar ese punto con la convocatoria de esas plazas necesarias "equilibrando esas medidas", y se debería "tener en cuenta un plazo de transición a los ayuntamientos para que pudieran sacar a concurso estas plazas y cubrir estas bajas".
"Acceder a la jubilación anticipada como reconocimiento a toda la carrera termina ahorrando dinero a las arcas municipales y no nos cabe duda que es una cuestión beneficiosa para el colectivo", ha añadido.
"CONTORSIÓN POR HACERSE CON LA MEDALLA"
El diputado Diego Cruz Torrijos ha apoyado esta PNL porque es "de justicia y equidad", ya que "otras comunidades ya tienen esta situación", así como la Policía Nacional o el Cuerpo de Bomberos.
Además, ha señalado que es necesario que se implemente ya esta Ley, porque los profesionales del servicio con edades superiores a 60 años "no cuentan con las capacidades físicas".
"Es un asunto de salud laboral, es un asunto que tiene que ver con el mantenimiento de los servicios públicos, y una garantía de calidad del servicio", ha agregado.
Por último, la diputada popular María Eugenia Carballedo ha visto la propuesta de Ciudadanos como "una contorsión para hacerse con una medalla", cuando saben, a su parecer, que la Comunidad "no es competente para decidir" si jubilan o no anticipadamente a este colectivo.
"Están en el enredo, en la politización, porque los primeros que saben quiénes están peleando por esa jubilación anticipada son los policías locales, porque son los que arriesgan su vida en la calle para proteger nuestra vida y nuestra integridad física", ha sostenido la popular.
Así, Carballedo ha aseverado que el Consejo de Ministros "en pocas semanas" va a probar un real decreto para dar lugar a este derecho.