Posponer el factor de sostenibilidad costará 400 millones hasta 2021
Son cálculos de la Autoridad Fiscal, que dice además que el coste irá aumentado según pasen los años hasta tener un efecto destacado en el sistema
b Teresa Lázaro
28.05.2018 - 05:15
El retraso de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, una de las medidas que pactó el Gobierno con PNV para salvar el Presupuesto, puede salir caro al ya de por sí maltrecho sistema de pensiones. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), puede costar 400 millones de euros hasta el año 2021, puesto que sólo afectaría a las pensiones de entrada. Y lo peor de todo es que su aplicación a medio y largo plazo tendrá "un efecto destacado" sobre la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social.
Así lo señala la Autoridad Fiscal en su análisis sobre la actualización del Programa de Estabilidad, el documento que tiene que enviar a Bruselas antes de que acabe abril y en el que detalla los planes del Gobierno para cumplir los objetivos de estabilidad pactados con la Comisión, que pasan por reducir el déficit al 2,2% este año, al 1,3% el año que viene, al 0,5% en 2020 y volver al superávit en 2021.
¿Qué es el factor de sostenibilidad? Es una de las dos patas de la reforma que hizo el PP en 2013. La primera es el índice de revalorización que sustituye al IPC y que fija un máximo y un mínimo para actualizar las prestaciones. Se aplica desde que se aprobó la reforma. La segunda es este elemento corrector que liga las prestaciones a la esperanza de vida y que las irá reduciendo poco a poco, puesto que se cobrarán durante más tiempo.
Una reforma anualda
A diferencia del índice de revalorización y para evitar cambios tan bruscos en las prestaciones, el Gobierno aplazó la entrada en vigor de este elemento al año 2019. Tal y como está diseñado y si un día entra en vigor, se irá actualizando cada cinco años, lo que puede significar que cada vez irá recortando un poco más las pensiones, ya que los españoles vivimos cada vez más tiempo.
El problema es que quizá nunca llegue a aplicarse. Para salvar los Presupuestos de 2018, el Gobierno prácticamente ha liquidado la reforma del año 2013, un cambio muy criticado por todos los grupos políticos porque se aprobó sin consenso. El Gobierno cedió a la presión del PNV, movido por las fuerza de las manifestaciones de pensionistas en Bilbao, y aceptó actualizar las pensiones en línea con el IPC en 2018 y 2019 y aplazar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023.
La medida, aplaudida por casi todos los grupos parlamentarios, ha sido, en cambio, muy criticada por otros organismos como el Banco de España o la Comisión Europea, que ya avisó a España de que no le gusta nada que un país dé marcha atrás en las reformas. El supervisor, por su parte, fue muy claro en su último boletín anual al decir que el sistema necesita mecanismos automáticos como los de 2013 para asegurar su supervivencia.
Lo cierto es que aún no se había calculado oficialmente cuánto iba a ajustar las pensiones el factor de sostenbilidad, aunque algunos expertos cifraban en medio punto el ajuste en las nuevas pensiones el primer año de su aplicación. Lo cierto es que el verdadero elemento corrector de la reforma de 2013 era el índice de revalorización, pero el factor también iba a suponer un importante ahorro para el sistema.
De hecho, este año muchas personas decidieron jubilarse antes para evitar el temido ajuste que va a suponer la entrada en vigor de este factor. Las jubilacionesse dispararon un 14,2% en enero de 2018, el mes en el que tradicionalmente más pensionistas deciden retirarse del mercado laboral. Ahora las personas que estén rondado los 65 años y estén pensando en jubilarse, no tendrán que pensar en este riesgo.
Eso sí, ahora más que nunca urge plantear una completa reforma del sistema de pensiones que asegure su viabilidad, ya que el reto demográfico está cada vez más cerca. El Pacto de Toledo sigue sin ponerse de acuerdo sobre la controvertida recomendación dos, que precisamente habla de la revalorización de las pensiones, pero el Gobierno ya ha dicho que quiere plantear la nueva reforma antes de que acabe el año. Y que quiere un acuerdo para evitar lo sucedido con la de 2013. Veremos si son capaces de ponerse de acuerdo.
