Autor Tema: Jubilaciones en los Cuerpos policiales  (Leído 1044726 veces)

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10460 en: 18 de Enero de 2021, 07:07:06 am »


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Los/as socios/as de Unijepol que estén jubilados/as recibirán totalmente gratis su Placa-Credencial personalizada.

Conforme al acuerdo del III Congreso Nacional de Unijepol, que fue incluido en nuestros Estatutos, todos/as los/as socios/as de Unijepol jubilados recibirán de forma gratuita una Placa Credencial que acredite su condición de Policía Local Jubilado/a.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10461 en: 20 de Enero de 2021, 07:03:28 am »
https://www.65ymas.com/economia/pensiones/gobierno-da-marcha-atras-no-eleva-momento-periodo-calculo-pensiones_23397_102.html



El Gobierno da marcha atrás y no eleva de momento el periodo de cálculo de las pensiones
65ymás

Martes 19 de enero de 2021

La subida de 25 a 35 años que planteaba Escrivá queda fuera de la reforma enviada a Bruselas

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Ejecutivo remitió el lunes las dos 'fichas' relativas a la reforma laboral y de las pensiones públicas en el marco del Plan de Reformas e Inversiones, sin incluir finalmente la elevación de 25 a 35 años del cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que los dos últimos componentes del Plan de Reformas e Inversiones se elaboraron y remitieron a Bruselas "en la tarde del lunes" y se han abordado en una reunión con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que se encuadran también en la "hoja de ruta" desplegada por el Gobierno de coalición desde el acuerdo de investidura.

Montero ha explicado que la elaboración de los "dos últimos componentes" del Plan de Recuperación –reforma laboral y pensiones– y del resto ha conllevado un trabajo "muy intenso" por parte de todos los departamentos del Ejecutivo, que envió antes de final de 2020 la "gran parte" de reformas e inversiones, sobre las que prioritariamente proyectará los 72.000 millones de transferencias que recibirá España de fondos europeos hasta 2023 y los 60.000 millones del Plan de Recuperación.

 
Ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones: bueno para el sistema, peor para el pensionista

 

La ministra ha confirmado que el último borrador enviado a Bruselas sobre la reforma de las pensiones "no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe" sobre el cómputo de las pensiones, por lo que finalmente el Ejecutivo ha decidido no incluir la propuesta de ampliar a 35 años el cómputo de la vida laboral para calcular las pensiones. Con la legislación actual, ese periodo alcanzará los 25 años cuando se despliegue del todo la reforma de las pensiones pactada en 2011. En 2021, se toman de referencia 24 años.

En todo caso, ha indicado que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, está dando "muestra" en el diálogo social de que el único objetivo del calendario es "garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones en el medio y largo plazo". Según Montero, el Gobierno busca que las generaciones futuras, sobre todo las derivadas del 'baby boom', cuenten con un sistema "solvente y sostenible en el tiempo" que haga que en el futuro se tenga la "absoluta garantía del pago y abono de sus pensiones".

La propuesta de ampliar de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, conocida a mediados de diciembre, generó un fuerte rechazo dentro del Gobierno, por los ministros de Unidas Podemos, que lo tacharon de "recorte" en las pensiones. Pero también fuera, por parte de los sindicatos, que advertían de que la medida no formaba parte de las recomendaciones recién aprobadas por el Pacto de Toledo.





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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10462 en: 25 de Enero de 2021, 12:15:42 pm »

"El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno ha asegurado en Al Rojo Vivo que todos los pensionistas "tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante".


laSexta.com
Madrid
Actualizado:
Lunes,
25 enero, 2021
12:02
Publicado:
25.01.2021 11:37
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno se ha sentado en Al Rojo Vivo para hablar de pensiones y economía tras la crisis del coronavirus. El mandatario asegura que no se quiere "pillar los dedos con las previsiones", pero cree que habrá una recuperación rápida de la economía.

Antonio García Ferreras ha preguntado al dirigente por las pensiones y, ante esto, Escrivá se muestra optimista: "No van a perder poder adquisitivo, sino ganarlo. Si tomamos como partida el marco vigente, que suponía una pérdida de casi el 30% del poder adquisitivo, lo que nosotros hemos hecho es corregir esa situación y asegurar a todos los pensionistas que tendrán su poder adquisitivo asegurado hacia delante", insiste.


El ministro también ha respondido a las declaraciones de Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, en las que confirma a el diario El País que él mismo y la ministra Calviño plantean reformas que van en contra del acuerdo de Gobierno.

Ante esto, Escrivá afirma que se trata de un "error" asociar las pensiones a posiciones partidistas: "Intentar apropiarse de este relato me parece que no es correcto y que no va a tener recorrido", sentencia. Junto con eso, se reafirma en que en ningún momento se han incumplido los pactos con sus socios.


¿Se puede reducir el gasto en pensiones?

El ministro de Inclusión ha indicado que "la edad de jubilación es un derecho, no una obligación". Sin embargo, afirma que una de las principales herramientas para reducir el coste de las pensiones radica precisamente en el ascenso de este rango de edad: "Hay mucha gente que le gustaría trabajar mas allá de la edad de jubilación, pero no se lo ponemos fácil. Hay que incentivar la combinación entre jubilación parcial y trabajo".

En este sentido, Escrivá apunta que este aumento del trabajo supondría una reducción de los gastos: "Cada vez que nos jubilamos más tarde, aumentamos la cotización y dejamos de pagar esa pensión. Pero la modernización del plan de pensiones requiere mucho trabajo, pero tiene que llegar al Congreso. Nuestro objetivo es llevar en 15 días nuevas medidas", concluye.

Medidas compensatorias para las mujeres


Escrivá ha anunciado que en 14 días llevará al Congreso una nueva medida para reducir la brecha de género en las pensiones: "Una pensión complementaria a la maternidad, porque ahí se pierde el trabajo y se genera el problema", afirma el ministro.

Junto con eso, también ha avanzado otras reformas que llegarán "en las próximas semanas", como el método de cálculo para revalorizar las pensiones al IPC, "para que se revaloricen indefinidamente" o que los autónomos coticen "sus ingresos reales" a la Seguridad Social.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10463 en: 30 de Enero de 2021, 06:53:49 am »
Según la la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
La sanción por trabajar después de la jubilación sin notificarlo: hasta 10.000€

El jubilado que trabaja de esta manera se expone, no solo a las cuantiosas multas, sino también a la pérdida de las prestaciones y el reclamo para que devuelva las que cobró mientras ejercía dicha actividad

La Información
NOTICIA30.01.2021 - 04:30h

A pesar de la subida de las pensiones -que se aprobó, por cierto, en el último Consejo de Ministros- son muchos los que, tras la jubilación, cobran una prestación mínima que les hace difícil, incluso, llegar a final de mes. Por ello, hay quien sigue optando por la vía de ejercer una ocupación provisional, parcial o eventual, tras el retiro. Aquellos que escojan esta opción deben tener claro de la importancia de notificarlo a la Seguridad Social, para así compatibilizar los ingresos que se generen con los de la jubilación. De no hacerlo, estarían incurriendo en un delito que puede conllevar sanciones muy graves de hasta 10.000 euros.
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El artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2000, que refiere a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece como infracción grave "dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad Social con carácter previo al inicio de su actividad".

Por tanto, aquellos jubilados que trabaja sin notificarlo a la Seguridad Social se exponen, no solo a las cuantiosas multas, sino también a la pérdida de las prestaciones y el reclamo para que devuelva las que cobró mientras ejercía dicha actividad. Por tanto, lo ideal es que se procure optar por alguna de las modalidades que sí permiten compaginar un trabajo con el retiro. Por poner un ejemplo: en el 2016, Hacienda multó con 23.000 euros a una jubilada que daba clases de manualidades en la Universidad Popular de Ossa de Montiel, en Albacete, aunque no cobraba más de 91 euros al mes.

Hay varias opciones para poder trabajar después de jubilarse. La jubilación activa compatibiliza el cobro de la misma con un trabajo por cuenta propia o ajena sin límite de jornada. La jubilación parcial es simultánea con un contrato de trabajo a tiempo parcial. Quienes se acogen a la jubilación flexible pueden trabajar por cuenta ajena siempre que la jornada que realicen sea de entre un 50% y un 75% de lo que sería la jornada habitual. Otra opción prevista por la Ley General de la Seguridad Social es poder recibir el 100% de la jubilación si su trabajo no les genera ingresos mayores al Sueldo Mínimo Interprofesional.

Por ello el jubilado que esté interesado en trabajar debe contactar al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) y pedir una cita previa para modificar su condición a la que mejor se ajuste a su situación, como lo podría ser la jubilación activa o flexible.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10464 en: 04 de Febrero de 2021, 06:52:31 am »


Un privilegio de los empleados municipales
Un obstáculo más para Escrivá: premios para el funcionario que se jubile antes

Pese a que el Supremo ha sentado jurisprudencia, mostrándose contrario a estos incentivos, muchos ayuntamientos los mantienen y permiten que sus efectivos se jubilen a los 60 hasta con 12 mensualidades.

Enrique Morales   NOTICIA04.02.2021 - 04:30h

En un momento crítico para el futuro de las pensiones, con un sistema en quiebra técnica, acuciado por factores demográficos, falta de ingresos y gastos que suben exponencialmente, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trata de encontrar fórmulas -algunas dolorosas, otras no tanto- que le permitan garantizar un sistema sostenible a largo plazo.

Pero en la búsqueda de las medidas idóneas y preferiblemente no traumáticas, Escrivá va encontrando numerosos obstáculos en un camino que parece tener claro y que en buena medida está marcado desde Bruselas, que condiciona su fondo millonario a profundas reformas en pensiones y mercado de trabajo.

El ministro se ha chocado con el ‘no’ rotundo de Unidas Podemos y de los sindicatos a cualquier iniciativa que pueda significar recortes -aunque mínimos- en las futuras pensiones; con cientos de convenios colectivos que blindan la jubilación forzosa a millones de trabajadores; sistemas especiales que hacen imposible retrasar la jubilación, como el de clases pasivas; e incluso ‘premios’ e incentivos en el sector público para jubilarse de manera anticipada que todavía se mantienen en ayuntamientos y diputaciones.

Desde hace años, no es raro encontrar en los convenios reguladores del personal funcionario que pactan los responsables locales con los sindicatos 'premios' o incentivos para aquellos efectivos que quieran jubilarse antes. En muchos se contemplan 12 mensualidades íntegras si el retiro se produce a los 60 años, que se van reduciendo hasta llegar a 2 a los 65, edad legal de jubilación y forzosa para muchos empleados públicos.

Estas cláusulas van justo en dirección contraria a la que se ha marcado José Luis Escrivá para retrasar la edad de jubilación -que pretende incentivar- y recogen incentivos monetarios mayores a medida que se adelantan los años de retiro.

Los tribunales y los órganos consultivos de ayuntamientos y diputaciones se han volcado en este asunto, que da pie a varias interpretaciones. Desde el despacho Rafael Rossi Izquierdo, especializado en Derecho Administrativo, se apunta que la "posibilidad de articular incentivos a la jubilación anticipada se contempla ya desde tiempo atrás en la disposición adicional 21 de la ley 30/1984 (añadida por Ley 22/1993), si bien es cierto que se insertaba en el contexto de un plan de empleo o medidas de racionalización del gasto". La idea inicial era forzar estas medidas con el objetivo de rejuvenecer la plantillas y evitar el sobredimensionamiento de las administraciones públicas.

Las discrepancias surgían cuando dichas primas, incentivos, retribuciones o premios se trataban con carácter autónomo y sin relación con un plan de empleo o similar, planteándose como primera incógnita cuál era su verdadera naturaleza jurídica –acción social versus retribución-, cuestión que tenía la máxima trascendencia para la resolución judicial.

"Lo cierto es que tanto la jurisprudencia como la doctrina estaban divididas, manejando distintos criterios para posicionarse a favor o en contra de la legalidad de su abono, si bien a partir de la STS 20 de diciembre de 2013 se reforzó la tesis favorable al pago, existiendo algún fallo muy meritorio, en cuanto al esfuerzo argumental desplegado, como es el caso de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo, de 6 de marzo de 2015, que entra de lleno en el fondo de la cuestión tras desestimar la posible existencia de silencio positivo en reclamaciones de esta tipología, avalando la procedencia del abono", destaca Rafael Rossi, abogado especialista en derecho administrativo y contencioso.

Dos sentencias demoledoras

Sin embargo, el Tribunal Supremo, con dos sentencias más recientes -2018 y 2019- ha sentado jurisprudencia y establecido que los 'premios' de jubilación no son ajustados a derecho, ya que suponen un salario no previsto en el ordenamiento. Así, la resolución de 2018 destaca que se trata de remuneraciones distintas a las previstas para los funcionarios de las corporaciones locales por la legislación básica del Estado y que estos premios no responden a una contingencia o infortunio sobrevenidos.


Estos incentivos se dan "simplemente por la extinción de la relación de servicio funcionarial cuando se alcanza la edad de la jubilación forzosa o la necesaria para obtener la jubilación anticipada. No se dirigen pues a compensar circunstancias sobrevenidas de la naturaleza de las que inspiran las medidas asistenciales -esto es, determinantes de una situación de desigualdad- sino que asocian a un supuesto natural, conocido e inevitable de la relación funcionarial... Suponen, pues, una alteración del régimen retributivo de los funcionarios de las Administraciones Locales que carece de cobertura legal y de justificación y vulnera preceptos legales...", apunta la sentencia.

'Premios' sin recurrir

Pese a la jurisprudencia, numerosos ayuntamientos mantienen los incentivos, puesto que no se han recurrido los convenios y acuerdos, mientras otras administraciones trabajan para poner fin a esta práctica, que supone un importante impacto para los presupuestos locales.


Recientemente, el Consejo Consultivo de Castilla y León daba la razón al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Benavente -PSOE- que decidió suprimir los premios de jubilación retribuidos al personal funcionario de acuerdo con la jurisprudencia y elevar una consulta jurídica a la institución para determinar si también cabía la eliminación en el caso del personal laboral.

Según informó La Opinión de Zamora, el Consejo Consultivo determinó que los incentivos a la jubilación voluntaria -premios de jubilación-, en los términos en los que están previstos en el Reglamento de Funcionarios y en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Benavente, no son conformes a Derecho, al considerarse, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia, que tienen naturaleza retributiva y no asistencial.

Hasta ahora, funcionarios y laborales jubilados recibían entre 264 y 255 euros por año trabajado si se jubilaban con 60, hasta 64, y 62 euros por año si se jubilaban a los 65, señala el diario.

Mientras, en el Ayuntamiento de Barakaldo el giro ha sido diferente. La Comisión Jurídica Asesora de Euskadi emitió a finales del pasado año un "dictamen contrario al intento de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), de anular por 'ilegal' parte del convenio colectivo del Ayuntamiento de Barakaldo, en concreto los artículos relativos a jubilaciones voluntarias y primas a la jubilación anticipada tanto de funcionarios como de personal laboral. El PNV ha sostenido hasta ahora que su actuación no es política sino técnica, pero ha sido criticada y rechazada por todos los sindicatos", señala el diario local Barakaldo Digital.

El Ayuntamiento vizcaíno aprobó el 31 de enero de 2019, sin ningún informe contrario, el convenio colectivo 2018-2020 para los funcionarios y empleados con contrato laboral, pero el PNV presentó el febrero de 2020 una iniciativa "urgente" para suspender provisionalmente y anular la parte del acuerdo con los sindicatos que prevé indemnizaciones por jubilaciones anticipadas y voluntarias. Según el PNV, la cláusulas son nulas de pleno derecho y la jubilación anticipada de estos trabajadores supuso en 2019 cerca de 750.000 euros y otros 300.000, como mínimo, en 2020.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10465 en: 11 de Febrero de 2021, 17:24:30 pm »
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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10466 en: 17 de Febrero de 2021, 08:30:29 am »
Menos mal que inciden en que no saben, por que ese complemento no puede superar el máximo fijado en la percepción de la pensión o de la suma de todas las pensiones que se perciban, con lo cual ese complemento sólo podrá cobrarlo aquel o aquella que reúna los requisitos contemplados en la norma y no supere ese máximo con la incorporación.


https://www.elconfidencial.com/economia/2021-02-04/complemento-pensiones-hijos-requisitos-cuantia_2934276/

Pensión máxima de jubilación en España - 2021
En 2021, el límite máximo para todas las pensiones públicas (de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares) es de 2.707 euros mensuales (37.904 euros anuales).


https://es-es.facebook.com/Unijepol/
« Última modificación: 18 de Febrero de 2021, 06:49:35 am por 47ronin »

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10467 en: 18 de Febrero de 2021, 06:48:31 am »


El plan Escrivá se difumina
La UE aprieta a Sánchez con pensiones y acepta excluir la reforma de los 35 años

El Gobierno confirma que tendrá listo el Plan de Reformas el 31 de marzo para comenzar a recibir los fondos. Moncloa quiere dar explicaciones en el Congreso. Se multiplican las negociaciones con Bruselas.

Fernando H. Valls   NOTICIA18.02.2021 - 04:30h

El Gobierno mantiene un intensa negociación con la Comisión Europea para aprobar antes del 31 de marzo el Plan de Inversiones y Reformas que desbloqueará la llegada a España de los primeros millones de los fondos europeos. Es la Vicepresidencia tercera de Nadia Calviño quien, en colaboración con Moncloa y el Ministerio de Hacienda, están liderando los contactos con Bruselas. Ya ha llegado un primer 'feedback' y es positivo: las treinta fichas, por tanto, han pasado el primer corte, incluidas las dos más polémicas, la del mercado de trabajo y la de las pensiones.

La ficha número 30, como se denomina en el argot político y económico al documento que recoge las medidas a adoptar en materia de pensiones, ha sido aceptado el primer envío realizado por el Gobierno. En ella, tal y como se adelantó en estas páginas, no está incluida finalmente la parte más agresiva de la reforma Escrivá, la de elevar el periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones de 25 a 35 años. Y eso que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sí que contempló en los primeros borradores del documento elevar ese cómputo que supondría un recorte en las futuras pensiones de hasta el 6,3%.

El Gobierno había redactado en un primer momento de una forma ambigua esa ficha 30 para, siempre ateniéndose al acuerdo que salió del Pacto de Toledo, poder abrir la vía a elevar el periodo de cálculo de las pensiones tal y como se hizo en 2011, pasando de 15 a los últimos 25 años de cotización de forma progresiva hasta 2022. Pero Escrivá quiso precisar en esos borradores la cifra concreta de los 35 años, lo que provocó un terremoto en el seno de la coalición. Unidas Podemos y una parte destacada del área socialista en el Ejecutivo mostraron su disconformidad con una medida así que, como decimos, desapareció de la ficha. La 'reforma Escrivá' quedó así difuminada.

El área económica del Gobierno está explicando a Bruselas con todo lujo de detalles cómo son las reformas que la coalición quiere aplicar en España durante los próximos años. Digitalización, lucha contra el cambio climático, desarrollo rural... La Comisión está pidiendo "multitud de aclaraciones", explican fuentes implicadas en la negociación, al Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre los documentos y los compromisos en forma de cambios estructurales que está dispuesto a adquirir a cambio del desbloqueo de los 140.000 millones de euros del fondo Next Generation. Se están celebrando una media de "tres o cuatro" videoconferencias del Gobierno con Bruselas en las que participan Economía, Moncloa o Hacienda, dependiendo de la temática.

En lo referente a la ficha de pensiones, explican las mismas fuentes gubernamentales, Bruselas prefiere no entrar en los pormenores de ese detalle, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años. Lo que quiere conocer la Comisión, "con todo lujo de detalles", son las cifras de las reformas y las interrelaciones de todo el plan. Es decir, si el nuevo modelo de Formación Profesional que se está preparando ayudará a reducir el paro juvenil, por ejemplo. La UE, en definitiva, busca un plan "coordinado", en el que los treinta componente tengan una conexión clara. Todo, añaden, apoyado en "número" y en numerosas "aclaraciones" que están transmitiéndose.

El Gobierno quiere tener ese Plan de Inversiones y Reformas cerrado con Bruselas el citado 31 de marzo y, a continuación, la voluntad del equipo de Sánchez es llevarlo al Congreso de los Diputados para, en un pleno monográfico, ofrecer explicaciones a la cámara. Este proyecto es el eje transformador de la sociedad española para los próximos años, de ahí que Moncloa quiera aplicar transparencia a este proceso. De hecho, está previsto que la vicepresidenta Nadia Calviño vuelva a la Comisión mixta de la UE la próxima semana para actualizar los avances de la negociación. Está pendiente que Sánchez haga lo propio ante el pleno de la Cámara Baja.

    Bruselas prefiere no entrar en los pormenores del Plan de Reformas, si se van a computar los últimos 25 ó 35 años en el cálculo de las pensiones

La negociación del Plan está siendo una labor coordinada en la que Economía, Moncloa y Hacienda llevan el peso. Calviño estuvo el pasado 28 de enero, antes de la campaña de las catalanas, en Bruselas reunida con varios comisarios europeos. En Hacienda ha recaído, por su parte, el peso del área técnica, con Mercedes Caballero, nueva secretaria general de Fondos Europeos al frente. Y el equipo del Departamento de Asuntos Económicos, con Manuel de la Rocha, recientemente nombrado también secretario general, se encarga de dirigir la Unidad de Moncloa. "Trabajo en equipo".

El Consejo Europeo dio el visto bueno definitivo el pasado viernes 12 de febrero al Reglamento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este documento establece las reglas bajo las que se articularán las ayudas comunitarias a todos los países. Uno de los puntos más importantes del Reglamento es el artículo 19: "En caso de que la Comisión haga una evaluación positiva adoptará sin demora indebida una decisión por la que se autoriza el desembolso de la contribución financiera". Es decir, el país cumplidor no tendrá problemas.

Sin embargo, prosigue el mismo artículo 19, "cuando, como resultado de una evaluación, no se haya cumplido satisfactoriamente [con los compromisos acordados en el Plan de Inversiones y Reformas] el pago de la totalidad o parte de la contribución se suspenderá". De forma inmediata, además. En ese caso el país afectado podrá presentar sus explicaciones para cobrar la ayuda paralizada. Se trata, por tanto, un mecanismo duro: primero se suspende la transferencia y posteriormente el Estado miembro podrá recurrir la decisión

Prosigue el reglamento: "Cuando el Estado miembro no haya adoptado medidas necesarias en un plazo de seis meses después de la suspensión [de las ayudas] la Comisión reducirá el monto de la contribución financiera". Es un aviso a navegantes: si no se cumple, el fondo europeo que le corresponde a cada país podría rebajarse.
Sánchez ordena sacar los acuerdos en diálogo social

La orden que han recibido de Sánchez los ministros implicados en la negociación del Plan de Inversiones y Reformas es clara: que todo se haga con acuerdo en el diálogo social. La Comisión Europea, por su parte, también valora esta actitud que implicaría aprobar reformas duraderas en el tiempo y con la menor dependencia posible del Gobierno de turno.

Teniendo en cuenta esa condicionalidad de los fondos europeos, el Gobierno ha decidido establecer un férreo mecanismo de control a la hora de repartir las ayudas entre las comunidades autónomas. Bruselas desbloqueará el dinero a los países si van cumpliendo con esa serie de reformas que van a estar por escrito y a las que tiene que dar el visto bueno tanto la Comisión como el Ecofin. Es decir, avisan, que los países que no ejecuten reformas o las demoren en el tiempo no recibirán el dinero. ¿Qué implica eso? Que los gobiernos que vayan ejecutando más objetivos recibirán más ayudas.
Redondo da galones a De la Rocha y le aúpa a súperjefe económico de Moncloa
Mira también
El Gobierno se rodea de 20 funcionarios de élite para el reparto de los fondos UE

Se trata, en definitiva, de unos incentivos positivos que el Gobierno también va a aplicar a las comunidades autónomas que, en definitiva, van a gestionar la mayoría de los fondos europeos. Por eso se ha ideado la cogoberanza y se va a poner en marcha la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En definitiva, si una comunidad autónoma no ejecuta con diligencia los objetivos a los que se ha comprometido puede poner en riesgo las ayudas tanto a otras autonomías como al país en general. Desde el Gobierno avisan que se va a realizar control inflexible de todo el mecanismo para que los convenios-marco (se van a firmar 17, uno por cada comunidad autónoma) se cumplan en tiempo y forma.



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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10468 en: 02 de Marzo de 2021, 07:25:36 am »

Santiago
Las jubilaciones en la Policía Local doblan a las altas en pleno Xacobeo
La plantilla incorpora este año cinco nuevos agentes, pero puede perder otros nueve
PACO RODRÍGUEZ
domingos sampedro
santiago / la voz 01/03/2021 23:49 h

El gobierno municipal de Santiago emprendió hace año y medio una carrera encaminada a ampliar y rejuvenecer la plantilla de la Policía Local, muy mermada de efectivos desde hacía una década, pues necesitaría cubrir 43 plazas de un plumazo para cumplir con la ratio orientativa de 1,8 agentes por cada 1.000 habitantes. El Xacobeo, ahora convertido en un año duplo, parecía actuar como un motor para avanzar en este objetivo, pero las fuerzas que operan a la contra son todavía más fuertes. La Policía Local incorporará este año cinco nuevos agentes, aunque la previsión de amortización de plazas por jubilación es de nueve para el actual ejercicio, casi el doble.

Los cinco nuevos agentes de la Policía Local ya realizaron el correspondiente examen para iniciar su período de formación en la Academia Galega de Seguridade de A Estrada. Si se cumplen con las previsiones que maneja Raxoi, el próximo verano podrían incorporarse a realizar su período de prácticas, convirtiéndose a todos los efectos en agentes de la plantilla hacia finales del 2021 o, como mucho, a principios del 2022.

El déficit estructural de efectivos de la Policía Local es un problema que se arrastra desde que estalló la crisis económica del 2008, cuando se hicieron valer normas como la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada un año antes, que tenía por objeto evitar el continuo incremento de plantillas en las Administraciones públicas.

    Las tasas de reposición acabaron reduciendo en torno a un 40 % la plantilla

La regulación introducida poco después a través de la tasa de reposición de efectivos, que durante años solo permitía convocar una o dos plazas por cada diez que se amortizaban, le metió el hachazo definitivo, pues acabó reduciendo en torno a un 40 % el número de policías.

Cuando Xosé Sánchez Bugallo regresó a la alcaldía, en junio del 2019, el cuerpo municipal contaba con 115 agentes. De inmediato se empezaron a realizar diferentes convocatorias para incorporar en distintas fases 21 efectivos nuevos, elevando el cuadro neto de personal -descontadas las jubilaciones- hasta los 131 efectivos con que cuenta en la actualidad. Una cifra que está muy por debajo de los 174 agentes locales que le corresponderían a Santiago por población, según la ratio reflejada en la Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia, e inferior también a los 179 que llegó a haber antes de que se notaran los efectos de la crisis del 2008, en la primera etapa de Bugallo como regidor.

El concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, manifestó que el gobierno local está haciendo todo lo posible por subsanar este problema. «Gustaríanos acelerar o proceso de incorporación de axentes», señaló, y sortear los obstáculos que impiden convocar más plazas. Aludió, de hecho, a las gestiones realizadas por el alcalde ante el Ministerio de Hacienda y espera que empiecen a dar frutos.

Por lo de pronto, son cinco los agentes que se incorporarán este año, «pero hai previstas nove xubilacións, pendentes de que se confirmen», indicó Muíños. Así que, según esta estimación, la plantilla seguirá mermando en pleno año Xacobeo.
«Hai que autorizar moitas horas extras para cubrir o mínimo», señala Gonzalo Muíños

 

 

La eliminación de obstáculos administrativos para poder incorporar más agentes a la Policía Local es una demanda en la que insiste Raxoi, y que se puso todavía más de relieve tras la declaración de la pandemia de coronavirus, que se superpondrá con la celebración del Xacobeo. El concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, destaca las «necesidades especiais que ten Santiago en materia de seguridade como capital de Galicia e destino xacobeo», pues a la afluencia de visitantes se añade que también concentra un número de protestas y manifestaciones más elevado que otras ciudades.

¿Cómo se suple entonces la falta de personal? Pues Gonzalo Muíños lo describe de esta forma: «Hai que autorizar moitas horas extras para cubrir os mínimos», y para actuar no solo en el casco urbano, sino también en las 23 parroquias que tiene el municipio, «porque ten os mesmos dereitos o veciño de San Xoán de Fecha que o que vive na rúa Xeneral Pardiñas», resolvió.
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    luis77048800 luis77048800 Santiago de Compostela
    hace 21 horas.

    Un sen sentido. Non se permite por lei repoñer persoal, pero fan horas extras a esgalla. Podería haber 50 persoas máis cun posto de traballo. E mentres a Policía Local baixo mínimos, e xa non digamos cando hai baixas. Un non é tonto e decátase que hai días en que non hai nin 1 so vehículo policial percorrendo a cidade, supoño que será os días que se xuntan as baixas, vacacións, desacansos, moscosos, etc. De feito xa ten pasado que ter que facer servizo a GArda Civl na cidade ante a ausencia da Policía Local para atender un accidente de tráfico. Agora que gobernan en Madrid os mesmos que en Compostela, tampouco lles custaba tanto derogar a normativa esa. Hai centos de aspirantes dispoñibles e ben formados para cubrir esas prazas.



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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10469 en: 02 de Marzo de 2021, 11:24:27 am »
...

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10470 en: 03 de Marzo de 2021, 06:50:39 am »
No me cansaré de repetirlo...gracias Sánchez, gracia Abel...

El precio de jubilarse antes: hasta un 8% de rebaja en la pensión por cada año

Si se aplicara la nueva normativa de la jubilación anticipada, los más afectados serían los trabajadores con rentas más altas, que sufrirían un doble recorte mayor.


Asun Infante / Finect   NOTICIA02.03.2021 - 09:41h
Actualizado: 02.03.2021 - 11:55h

©[halfpoint] a través de Canva.com.

Cada año nuevo que pasa en España la edad de jubilación está más cerca de llegar oficialmente a los 67 años. A partir de 2027, los trabajadores que quieran jubilarse sin perder dinero en su pensión tendrán que esperar a haber cumplido dicha edad. Esta será la opción más asequible para los nuevos jubilados, ya que la otra pasa por haber cotizado más de 38 años y seis meses. En ese caso, la jubilación a los 65 años seguirá siendo posible todavía.

No obstante, para quienes no posean una vida laboral tan extensa, la alternativa si quieren jubilarse a los 65 años será optar por la jubilación anticipada, una alternativa que no es, para nada, barata. Y es que quienes se retiren antes de la edad ordinaria y no hayan cotizado los años suficientes tendrán que hacer frente a una penalización de la pensión, lo que supone una rebaja de la cuantía a percibir.

Esta penalización, hasta el momento, supone una reducción trimestral sobre la base reguladora en función al número de trimestres o fracciones de trimestre que le falten al trabajador para cumplir la edad legal de su jubilación. Sin embargo, la rebaja parece no ser lo “suficientemente desincentivadora” en todos los casos, por lo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende que se cumpla de manera sustancial. Pero, ¿cómo afectaría esto a los nuevos jubilados? ¿Tendrán que afrontar una penalización mayor por jubilarse de manera anticipada?

Las declaraciones ya presentadas se pueden modificar con ciertos requisitos.


Según establece la normativa actual, los trabajadores que se jubilen anticipadamente de manera voluntaria podrán hacerlo siempre y cuando tengan tan solo dos años menos respecto a la edad legal de jubilación, estén dados de alta y hayan cotizado un mínimo de 35 años a la Seguridad Social.

Si se cumplen con estas condiciones se podrá solicitar la jubilación anticipada, cuyo importe se verá reducido debido a los coeficientes reductores. Para evitar estos coeficientes, una de las opciones es combinar el ahorro periódico a largo plazo en productos como planes de pensiones pensados para la jubilación, lo que permitirá compensar esa rebaja de la pensión en el futuro.

En cualquier caso, para conocer cuál es la cuantía real que le queda al jubilado, se aplica a la base reguladora una reducción con estos coeficientes en base al número de trimestres o fracciones de trimestre que le falten al trabajador para cumplir la edad legal de su jubilación. Estos porcentajes reductores van desde el 2% trimestral, para un periodo de cotización inferior a 38 años y seis meses, siguen en un 1,875% (para una cotización igual o superior a 38 años y seis meses e inferior a 41 años y seis meses), un 1,750% (para una cotización igual o superior a 41 años y seis meses e inferior a 44 años y seis meses), y terminan en un 1,625% (cotización igual o superior a 44 años y seis meses).

No obstante, el problema que plantean estos coeficientes reductores, según señaló el ministro Escrivá en un evento sobre Talento Sénior esta semana, es que no suponen en muchos casos un impedimento a la hora de jubilarse de manera temprana. “La opción que se da tiene unos coeficientes desincentivadores no lo suficientemente desincentivadores”. Y es que, en la práctica, según el titular de la Seguridad Social, la penalización termina siendo de un 4% para muchos casos.

Lo que se busca, por tanto, es rehacer este sistema para que refleje más la idea de que “si alguien se quiere jubilar dos años antes, lo que tenga realmente es una penalización permanente en su pensión del 16%, que es lo que nos parece suficiente”, apuntó Escrivá. ¿Y cómo se haría? Aplicando directamente los recortes sobre la cuantía de la pensión resultante en lugar de sobre la base reguladora.
¿A quiénes afectaría esta norma?

Si la intención del ministro Escrivá se pusiera en marcha en el futuro los trabajadores que se verían perjudicados con la nueva medida serían los que tienen rentas más altas. Si bien es cierto que su pensión total tras jubilarse de manera anticipada acaba siendo muy parecida a la que percibirían jubilándose en el momento de la edad ordinaria (algo que no ocurre con las rentas más bajas), la realidad es que estos sufrirían un doble recorte en su pensión.
Tabla del porcentaje de pensión que pierdes con la jubilación anticipada.
 
 

Esto se debe a que, en el caso de los trabajadores con una base reguladora muy alta, la pensión ya está limitada. En concreto, en la actualidad, un trabajador con una base reguladora elevada, siempre percibirá como máximo una pensión mensual de 2.707,49 euros, aunque el cálculo sobre su base resultara en un importe mayor. Por lo tanto, cuando un trabajador con una base reguladora muy alta se jubila de manera anticipada a este se le aplicará sobre su base un coeficiente reductor que podrá llegar hasta el 8% anual en función de los años cotizados.

Lo que ocurre es que, en muchas ocasiones, incluso tras aplicar esta reducción la cuantía resultante sigue siendo superior a la pensión máxima. En estos casos, por lo tanto, se aplica una segunda reducción, en este caso sobre el tope máximo de pensión. En concreto de un 0,5% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación, lo que equivale a un 2% anual (4% durante los dos años de anticipo). Con el cambio que se plantea, lo que se persigue es que el recorte aplicado directamente sobre la pensión alcanzara el 8%, en lugar del 2% al que llega con la normativa actual.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10471 en: 29 de Marzo de 2021, 08:40:14 am »
Como ustedes sabrán, quizás, en los últimos meses se han cometido algunos errores en las jubilaciones de PMM, y ello ha motivado que algún jubilado con error haya tenido que volver a reincorporarse...pero, la administración, que es la que cometió el error, exige ahora un documento que la norma no contiene, en este caso una "simulación" de jubilación expedida por la Seguridad Social que dicen se debe aportar para certificar que la petición es correcta.

Pues no, para eso se pide la hoja de vida laboral junto con la solicitud para que ahora se inventen otro documento que la norma no contempla.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10472 en: 03 de Abril de 2021, 18:19:49 pm »

Es tan razonable como haber cotizado.a la máxima durante casi 40 años...máxima cotización, máxima pensión.



La pensión de los nuevos jubilados roza ya los 1.600 euros: "No es razonable que tengan más renta que los menores de 65 años"


El nivel de las prestaciones, "entre los más altos de Europa", es incluso más notable si se compara con los bajos sueldos que deben financiar el sistema. El resultado: "No es sostenible"

Tres personas mayores en la Puerta del Sol de Madrid.
Tres personas mayores en la Puerta del Sol de Madrid.
JAVI MARTINEZ

PREMIUM
DANIEL VIAÑA
@DanielVianaR
Actualizado Viernes, 2 abril 2021 - 22:34
La realidad de las pensiones (I) La Seguridad Social acumula déficits desde 2012 y su deuda supera ya los 85.000 millones: "Una empresa estaría quebrada"
La realidad de las pensiones (II) Escrivá desconcierta a sindicatos y empresarios con la reforma de las pensiones: "Estamos como al principio"
El sistema de pensiones español es uno de los más generosos de Europa y, por lo tanto, del mundo. Su tasa de sustitución, esto es, la relación entre el último sueldo y la primera pensión, es muy elevada, y así lo han advertido en multitud de ocasiones organismos como la OCDE y numerosos economistas con un gran conocimiento de la Seguridad Social.
« Última modificación: 03 de Abril de 2021, 18:32:10 pm por 47ronin »

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10473 en: 13 de Abril de 2021, 07:03:48 am »
Con este panorama las pretensiones de Mossos y Policía Foral creo yo que se alejan cada vez más...no saben ustedes la suerte que tuvimos los PL que se diese aquella carambola llamada Gurtel-Moción de Censura-Sánchez, sin ella aún seguiríamos con Montoro y su informe metido en un cajón reposando.

Gracias Sánchez, Gracia Abel...
 :adorar




Coeficientes reductores
La reforma de Escrivá recortará un 17% la pensión máxima de los jubilados vip

El planteamiento del ministro de Seguridad Social eleva la penalización sobre las pensiones que están por encima de la máxima, que actualmente solo pierden un 4% cuando se produce una jubilación anticipada.

Cristina Alonso   Bruno Pérez   NOTICIA13.04.2021 - 04:30h

Agencia EFE

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expuso este lunes ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo las líneas maestras de la reforma del sistema de las pensiones que está negociando el Gobierno de España con la Comisión Europea y con los agentes sociales y que se pondrá en marcha en cuestión de meses. Entre otras, detalló las medidas encaminadas a alinear la edad efectiva de jubilación con la edad ordinaria, por un lado, fomentando la permanencia de los trabajadores mayores de 65 años en el mercado laboral y, por otro, desincentivando la jubilación anticipada. En este último punto, el planteamiento del expresidente de la Autoridad Fiscal pasa por recortar en los próximos años hasta en un 17% la cuantía de las pensiones que perciben los trabajadores de rentas altas que abandonan de forma voluntaria el mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, que ahora, según la situación que Escrivá ha venido denunciando en los últimos meses, acostumbran a jubilarse con la pensión máxima del sistema por la inoperancia de los coeficientes reductores actuales.

Escrivá plantea retocar los coeficientes reductores de todos los pensionistas con el objetivo de desincentivar la jubilación anticipada, pero el esquema 'ataca' con especial intensidad a los llamados prejubilados vip, que aceptan abandonar sus empresas antes de tiempo con buena parte de sus salario y desembocan finalmente en el sistema de pensiones para percibir la pensión máxima del sistema. Sucede que, en el sistema actual, los trabajadores que cotizan por las bases más altas tienen topada al 4% la reducción que puede experimentar su pensión respecto a la pensión máxima del sistema, aún cuando anticipan su retiro dos años respecto a la edad legal (a razón de un 2% anual). Esto se reguló de este modo por la falta de sintonía entre la pensión máxima, que es de 2.707 euros al mes, y la base máxima de cotización, que llega hasta los 4.070 euros, lo que implica que los trabajadores que se mueven en las bases máximas del sistema cotizan mucho más de lo que luego van a recibir en su prestación. Bajo esta premisa, un trabajador en bases máximas podrían retirarse antes de la edad legal y mantener intacta su pensión por mucho que se aplicasen coeficientes reductores. Para evitar que escape a la penalización, la ley prevé que la pensión de las bases más altas se reduzca en cualquier caso en un 0,5% trimestral (ese 2% anual o 4% en dos años).

La propuesta de Escrivá es que a futuro los coeficientes reductores se apliquen directamente sobre la pensión resultante y no sobre la base reguladora de la pensión - como sucede ahora - para evitar que haya personas que puedan jubilarse antes de tiempo con una penalización mínima en su pensión y "reforzar la equidad", según lo explicado por el ministro Escrivá este lunes en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Pero hasta llegar a ese punto, plantea un periodo transitorio de seis años en que la reforma se hará de manera progresiva, que cuando culmine implicará un recorte del 17% para los que tengan mayores carreras de cotización y se retiren con dos años de antelación, frente al 4% actual. Para ese mismo supuesto, la reducción baja al 5% cuando la jubilación se produzca con un año de antelación, frente al 2% vigente, y al 3,64% si es con seis meses, frente al 1% actual.

Así figura en el detalle de la reforma que el Ministerio ha trasladado a la patronal y los sindicatos y que Escrivá no entró a especificar durante su comparecencia en el Pacto de Toledo. La idea es generalizar los desincentivos para todas las bases de cotización, de modo que los trabajadores con rentas más elevadas sufrirán una mayor penalización económica. Por ejemplo, a un trabajador que tenga una base reguladora de 4.000 euros y se jubile dos años antes de la edad legal, con el sistema actual solo se le aplicaría una reducción del 4% sobre la pensión máxima de 2.707 euros, resultando una cuantía de 2.599 euros, de modo que perdería unos 108 euros. Sin embargo, cuando la reforma esté completamente implementada, ese trabajador vería reducida su pensión en 460 euros, hasta unos 2.247.

En términos generales, más allá del retoque al mecanismo para castigar más las jubilaciones anticipadas voluntarias de las rentas altas, el planteamiento del Ministerio eleva la penalización del 16% al 21% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados que quiera jubilarse dos años antes de lo que le toca. Para los trabajadores con más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, el coeficiente por jubilarse 24 meses antes pasará del 15% al 19%. Para los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, la jubilación anticipada dos años antes pasará a tener un coeficiente reductor del 17% frente al 14% actual. Por último, para quienes tienen una carrera de 44 años y medio y decidan jubilarse dos años antes, el recorte se mantendrá en el 13%.

En el caso de querer retirarse a un año vista de la fecha legal, el recorte pasaría del 8% al 5,5% para un trabajador con menos de 38 años y 6 meses cotizados, mientras que de producirse un adelanto de un mes en la jubilación, la penalización subiría del 2% actual al 3,26%. Esta tendencia a reducir el recorte en los 12 meses pero ampliarlo respecto a la cuantía actual si se quiere adelantar el retiro un mes, dos meses o tres meses (un trimestre) se repite en todos los tramos de vidas laborales. "En la mayoría de los casos, estos coeficientes suponen una menor penalización que ahora, especialmente para las carreras laborales más largas", apuntaba este lunes el ministro en el Congreso, quien señalaba como prioritario "incentivar la permanencia en el empleo" y eliminar los "elementos regresivos" del sistema actual.
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Además de la modificación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada, Escrivá también planteó nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la modalidad de jubilación parcial y las cláusulas convencionales de jubilación forzosa. Respecto a la jubilación demorada, la propuesta más interesante parte de la combinación de tres tipos de incentivos, entre los que el trabajador podría elegir, favoreciendo la máxima flexibilidad para cada persona. La primera opción sería la de un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora; la segunda, un pago único (de hasta 12.060,12 euros por año de demora para las carreras superiores a más de 44 años y medio) y una tercera que consistiría en una combinación de ambas.

En cuanto a la jubilación parcial, el planteamiento del Ministerio consiste en "flexibilizar su uso, a la vez que se corrige el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos". El ministro explicó que ha planteado a los agentes sociales la posibilidad concentrar hasta el 60% de la jornada el primer año, con la posibilidad de que en algunas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros se pueda acumular totalmente al inicio. Por otro lado, también dejó claro que no pueden existir cláusulas de jubilación forzosa. No obstante, explicó que para las cláusulas que se hubieran incluido en los convenios colectivos bajo la normativa actual la reforma se pondría en marcha después de la finalización del convenio y existiría un periodo transitorio.
Actualización con el IPC

Respecto a otros asuntos, dentro de este primer bloque de medidas también estaría el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. El último planteamiento abordado con los interlocutores sociales consiste en la revalorización con el IPC del año anterior. Además, según explicó Escrivá, "en el supuesto caso de inflación negativa -algo muy infrecuente- las pensiones no sufrirían ninguna merma, sino que quedarían inalteradas". Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esa diferencia, salvo para las pensiones mínimas, a las que no se les aplicaría esta compensación. El mecanismo sería evaluado cada cinco años por el propio Pacto de Toledo.

En el primer bloque también se incluirá la reforma del régimen de autónomos, un trabajo que se está desarrollando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda. Este nuevo sistema, que está en fase de diálogo con las principales asociaciones, se aplicaría a partir de 2022 con un periodo transitorio. El planteamiento del Ministerio parte de 13 tramos "para facilitar la máxima flexibilidad a cada trabajador, ya que cuantos más tramos, cada trabajador tiene mayores posibilidades de adaptación a su capacidad de pago". Además, la flexibilidad también sería temporal, ya que cada trabajador autónomo podría elegir provisionalmente su base de cotización en función de previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10474 en: 13 de Abril de 2021, 19:21:16 pm »

REFORMA DE LAS PENSIONES

Unidas Podemos se planta ante Escrivá y lo invita a pactar con el PP la reforma de las pensiones si no cumple lo pactado


Los morados le acusan de "pisotear" el Pacto de Toledo y el acuerdo de Gobierno y el ministro de Seguridad Social pone el énfasis en el diálogo con patronal y sindicatos y niega recortes
Unidas Podemos propone un "contrato relevo": en vez de incentivar el retraso de la jubilación, bonificar que las empresas contraten a jóvenes que cubran las vacantes del personal jubilado
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José Enrique Monrosijmonrosi@infolibre.es @monrosi
Publicada el 13/04/2021 a las 06:00FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este lunes en la Comisión del Pacto de Toledo.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, este lunes en la Comisión del Pacto de Toledo. EP
En Unidas Podemos tienen claro que el mensaje lanzado en varias ocasiones por el ya exvicepresidente, Pablo Iglesias, sigue vigente: el PSOE no sacará adelante con su apoyo ninguna reforma de las pensiones que implique cualquier tipo de recorte. Eso aseguran de puertas hacia dentro, pero en público el choque entre ambos socios también ha quedado escenificado a ojos de todo el mundo este lunes en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.

La de la reforma de las pensiones es una de las batallas políticas que ha heredado la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, como nueva líder de la parte de Unidas Podemos en el seno del Gobierno. Centrada personalmente en la no menos ardua contienda de la reforma laboral (que además también es su competencia directa como ministra de Trabajo), Díaz ha depositado su confianza en el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, como interlocutor directo del PSOE en asuntos económicos. Y el encargo más inmediato es sacar adelante un acuerdo tan relevante como el de las pensiones.

Álvarez ya venía ejerciendo esa función en la etapa de Pablo Iglesias como vicepresidente, participando en primera persona en negociaciones importantes como la de los Presupuestos Generales del Estado, con María Jesús Montero, o la del Ingreso Mínimo Vital, con José Luis Escrivá. Con este último es con quien el también máximo responsable económico de Podemos despacha en la actualidad la reforma del sistema de pensiones. Según fuentes de la coalición, ya se han producido contactos y las negociaciones son discretas, aunque de momento las posturas permanecen lejanas y no ha fructificado ningún tipo de avance.

Esa falta de acuerdo ha quedado plasmada en el diario de sesiones de la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, este lunes. Durante la comparecencia del ministro de Seguridad Social, la advertencia de la portavoz morada, Aina Vidal, ha dejado poco margen a la interpretación: “Solo daremos apoyo a una reforma que proteja a los pensionistas. Si usted pretende ampliar el cómputo a 35 años, deberá contar con los votos del PP”.


Se refiere Vidal a la propuesta del Ministerio de Seguridad Social, aparcada por ahora, de ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 35 años cotizados en lugar de 25, como hasta ahora. Algo que para Unidas Podemos supone de facto un recorte porque lo habitual, explican, es que los trabajadores cobren un salario menor al principio de su vida laboral respecto a la etapa final.

“Podemos seguir con la matraca del cambio de 25 a 35 años de cotización para calcular el cómputo, pero eso no supone ningún recorte. Eso es falso a pesar de las filtraciones a la prensa”, ha rebatido el propio ministro visiblemente molesto. Fuentes de Unidas Podemos, sin embargo, aseguran no estar dispuestos a transigir con una reforma de las pensiones que implique cualquier tipo de recorte a medio o largo plazo, y creen que varias de las propuestas de Escrivá están encaminadas hacia esa dirección.


Cumplir el Pacto de Toledo y el acuerdo de Gobierno

Los socios del PSOE también reprochan al ministro de Seguridad Social que, seis meses después de que el Pacto de Toledo lograse un acuerdo histórico de casi todas las fuerzas políticas (incluyendo al PP) para ligar el incremento de las pensiones al IPC, el Gobierno aún no haya convertido la recomendación en ley. Escrivá ha argumentado que está intentando que la medida cuente con el respaldo de patronal y sindicatos. Pero Aina Vidal le ha pedido expresamente que deje de “enturbiar el acuerdo que ya existe. Tire de los acuerdos que ya alcanzamos, que no fueron fáciles, y que son acuerdos políticos en esta cámara y acuerdos sociales en la calle”.

Fuentes de la formación morada consideran que tanto la reforma del cómputo de las pensiones como la falta de concreción legal de la subida por ley del equivalente al coste de la vida suponen un “pisoteo” tanto del Pacto de Toledo como del propio acuerdo del Gobierno de coalición en el que, a su juicio, no tienen cabida medidas de ese tipo.

Retraso de la edad de jubilación

Otro de los puntos de fricción entre socios de Gobierno se encuentra en la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de acercar la edad real de jubilación a la edad legal, incentivando que los trabajadores prolonguen su actividad más allá de los 65 años. El propio Escrivá ha defendido la medida refiriéndose a que “muchos análisis sociológicos indican que es deseable seguir trabajando desde la salud y la sensación de plenitud”. Para conseguirlo, el ministro ha anunciado un bono de 11.000 euros de incentivos anuales para quien decida jubilarse más tarde.

La propuesta de Unidas Podemos es muy diferente. Según ha podido saber Infolibre, los morados plantean que ese dinero se invierta en un “contrato relevo”: un incentivo para que las empresas contraten a jóvenes que cubran las vacantes del personal jubilado. O lo que es lo mismo, que esos 11.000 euros vayan a parar a las empresas que, por cada mayor jubilado, contraten a un empleado joven facilitando así su incorporación al mercado laboral y asegurando el mantenimiento de los ingresos a la Seguridad Social

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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10475 en: 18 de Abril de 2021, 06:26:32 am »

Los jubilados a los 65 años cobran 1.333 euros, un 45% menos que los que se retiran a los 60

El Gobierno quiere poner coto a las jubilaciones anticipadas por la 'brecha' existente. Quienes se retiran a la edad legal están cobrando 1.333 euros, frente a los 2.394 que perciben los que se jubilan cinco años antes

Jesús Martín


Publicado 18/04/2021 04:45   

Hace unos días, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció ante la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo que su departamento estaba trabajando con los agentes sociales en la reforma y modernización del sistema de pensiones sobre la base, en una primera etapa, de adecuar el mecanismo de revalorización, el traspaso de gastos impropios, el desarrollo de un modelo nuevo de cotización para los trabajadores autónomos y alinear la edad efectiva y la edad legal de jubilación. ¿Con qué fin? Evitar que de cada 100 personas que se jubilan, 38 lo hagan antes de los 65 años y 62 al cumplir esa edad o más. O como ocurrió al final de los años dorados de economía española (2006 y 2007) cuando las prejubilaciones llegaron a superar el 42%.

Esta última es la que más quebraderos de cabeza provoca en el departamento y también en los ciudadanos. De cómo se lleve a cabo esta medida va a depender la salud financiera del sistema. Y es que, en 2020, la edad media real de jubilación fue de 64,6 años, en lugar de los 65 años y 10 meses legales, salvo mínimas excepciones. Eso sí, la cifra es un año mayor que la de 2006, cuando se situó en menos de 63 años y medio, según los datos de la Seguridad Social.

La jubilación anticipada es una opción que suelen utilizar las personas con ingresos más altos, cotizaciones de máximos y con muchos años de contribución en su vida laboral. La mejor prueba de ello es que, en 2020, aquellos que se jubilaron con 65 años percibieron una pensión media de 1.264 euros. En lo que va transcurrido de 2021 las cosas no han cambiado mucho, ni tampoco para mejor. Un trabajador que se haya jubilado en febrero pasado con 60 años percibirá una pensión media de 2.394 euros mensuales; el que lo haya hecho con 63 años, de 1.707 euros, mientras el que lo hizo con la edad legal (65 años si cumplía un determinado número de años cotizados), se quedará en 1.333 euros. Es decir, un 45% menos.

Los españoles no están por la labor de prolongar su vida laboral y prefieren sacrificar un porcentaje de la pensión que les correspondería llegando a la edad legal a cambio de acabar su vida laboral cuanto antes. Los datos son determinantes. El pasado año, solo 28.929 trabajadores prolongaron su vida laboral por encima de los 65 años, mientras 106.411 con edades comprendidas entre los 60 y los 64 años adelantaron su jubilación. Es decir, por cada español que decide prorrogar su vida laboral por encima de la edad de jubilación hay 3,6 que optan por anticiparla. En 2017, la proporción era de uno por cada 5,5 y en 2019, de uno por cada 4,2.

    Con su reforma, Escrivá quiere evitar que de cada 100 personas que se jubilan, 38 lo hagan antes de los 65 años y 62 al cumplir esa edad o más

En total, el número de altas recibidas por el sistema público exclusivamente por jubilación fue el pasado año de 285.870, de las que 147.360 correspondieron a trabajadores que en 2020 cumplían los exactamente 65 años y que representan el 51,64% del total. En el caso de las pensiones de viudedad, en 2020, las altas ascendieron a 140.362, un 6,24% más que en el ejercicio precedente.

¿Qué medidas discuten el Ministerio de Inclusión y los agentes sociales? Además de la revalorización de las pensiones sobre la base de la variación positiva del Índice de Precios de Consumo (IPC) y de las reformas de la jubilación parcial y las cláusulas convencionales de la jubilación forzosa, el quid de la negociación está en cómo castigar la jubilación anticipada mediante cláusulas de reducción de los ingresos finales y de qué forma y en qué cuantía incentivar la prolongación de la vida laboral.
Las empresas buscan ya la vía para desincentivar el retraso de la jubilación que quiere Escrivá
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Escrivá propone cambiar el sistema de coeficientes reductores de la actual periodicidad trimestral a mensual y aplicarlos sobre la pensión final que el trabajador percibirá y no sobre la base de cotización, como actualmente, situación que, únicamente, beneficia a los futuros perceptores que cotizan por máximos al tener los salarios más elevados.

La razón no hay más que buscarla en los datos de la propia Seguridad Social. En 2020, se jubilaron con 60 años de edad 1.718 personas, cuya pensión media ascendió a 2.328 euros mensuales. La pensión máxima ese año era de 2.638,34 euros. Con 61 años, se dieron de alta 24.901 trabajadores, con una pensión media de 1.506 euros; con 62, 10.573 (1.630 euros). Dos años antes de la edad legal, con 63 años, entraron en el sistema 46.249 personas, para una retribución media mensual de 1.710 euros. Con 64 años, lo hicieron 22.970, con una paga media de 1.794 euros.

    En 2020, la edad media real de jubilación fue de 64,6 años, en lugar de los 65 años y 10 meses legales, salvo mínimas excepciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pretende que haya cuatro niveles de reducción de la cuantía final de la pensión, en función de haber cotizado más de 44,5 años, entre 41,5 y 44,5 años, entre 38,5 y 41,5 años y menos de 38,5. Escrivá pretende que para los primeros, la reducción en el caso de adelantar la jubilación natural en dos años sea del 13%. En los siguientes supuestos aumentaría al 17% (antes, el 14%), al 19% (15% antes) y al 21% (16% hoy), en el caso de los trabajadores con menos años cotizados.
Jubilados mayores

Retrasar la edad de jubilación tiene algo más de lógica económica. Basta con repasar por qué lo hacen. Las altas en el sistema de personas con 66 años (13.234 en 2020) perciben una pensión media de 971 euros, casi 300 menos que los de 65 años. A partir de esa edad, la retribución media asciende un poco hasta alcanzar los 1.049 euros. En febrero de este año, las retribuciones en los mismos colectivos fueron de 992 y 1.120 euros, respectivamente.

Para incentivar la prolongación de la vida laboral, el Gobierno trabaja sobre tres opciones: incrementar la percepción en un 4% adicional por cada año de demora, realizar un pago único de entre 4.786 y hasta 12.060 euros, según se trate de pensiones mínimas o máximas y en función de los años de cotización. Una tercera opción es una combinación de ambas soluciones.

En marzo, en España había 1,131 millones pensionistas de entre 55 y 64 años (22.529 menos que el mismo mes de 2020); 3,273 millones de entre 65 y 74 años (22.768 más), 2,371 millones de entre 75 y 84 años (26.33 más) y 1,379 millones de más de 85 años (424 menos que hace un año). Los datos no hacen más que confirmar que la esperanza de vida es cada vez más alta y que el sistema necesita de un mayor número de personas trabajando y cuanto más tiempo, mejor. Como dice el ministro José Luis Escrivá, se trata de contribuir a que “la jubilación sea un derecho y no una obligación”.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10476 en: 20 de Abril de 2021, 07:05:37 am »

Nueva fórmula de revalorización
Escrivá complica las negociaciones con Bruselas al vincular las pensiones al IPC

La presión sindical fuerza al ministro a renunciar a su propuesta inicial, en la que introducía un factor de compensación para evitar ganancias de poder adquisitivo y contener el incremento del gasto público.

    Escrivá, contra todos: impone su ajuste de las pensiones sin consenso a la vista
    La CEOE enmienda la reforma laboral de Díaz y avisa del riesgo para las empresas

Cristina Alonso   NOTICIA 20.04.2021 - 04:30h

La cesión del ministro de Seguridad Social a los sindicatos, por la que los pensionistas podrán no solo mantener poder adquisitivo sino ganar capacidad de compra con la nueva fórmula de revalorización, complica las negociaciones del Gobierno español con Bruselas. El viraje de José Luis Escrivá en la mesa de diálogo social para cumplir con las exigencias de las organizaciones sindicales implica de facto un incremento estructural del gasto en pensiones que amenaza la sostenibilidad del sistema, un planteamiento que rechaza de plano la Comisión Europea. El giro de guion llega además cuando el Ejecutivo tiene que finiquitar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que dará acceso a los fondos europeos de recuperación y que nacerá cojo del Consejo de Ministros.

Tras constatar el bloqueo en la mesa de negociación sobre pensiones, el Ministerio llegó a la reunión de este lunes con una concesión bajo el brazo, relativa a la fórmula de revalorización de las prestaciones con arreglo al IPC. En concreto, el departamento de Escrivá ha renunciado al sistema inicialmente planteado, que fijaba que la ganancia de poder adquisitivo en caso de inflación negativa tendría que absorberse en los años siguientes. De modo que los pensionistas podrán ganar capacidad de compra cuando el IPC sea negativo, ya que su prestación se mantendrá intacta y la diferencia respecto a la inflación no será compensada a posteriori. El ministro había introducido ese elemento en la fórmula para acompasar el mantenimiento del poder adquisitivo con la contención del gasto público, un planteamiento más alineado con Bruselas que ahora, sin embargo, desaparece.

Aunque la fórmula definitiva todavía no está cerrada, de materializarse la nueva propuesta que ligaría las pensiones al IPC sin mecanismos de ajuste que eviten un incremento del gasto estructural "el Gobierno se verá obligado a plantear ante Bruselas otras reformas que neutralicen el impacto sobre el ya abultado déficit del sistema", avisan fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones de los estados miembros con la Comisión. No en vano, las autoridades europeas han advertido a España en numerosas ocasiones de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución del IPC y disociarlas de la esperanza de vida comprometería la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional, siempre que no se adopten medidas compensatorias.
¿Qué pide Bruselas?

Las últimas recomendaciones en este sentido aparecen en el Staff Working Document de febrero de 2020 -se pueden consultar en este enlace- y lo que sugieren, en definitiva, es que a la Comisión en realidad no le importa tanto si las pensiones se ligan o no al IPC como que cualquier reforma garantice un impacto en el PIB igual al que se estimaba con la aplicación de las reformas de 2011 y 2013. Pero al contrario, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, vincular de nuevo las prestaciones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB y abolir el factor de sostenibilidad sumaría al menos un 0,7% en el largo plazo.

Hay un documento todavía más claro en este sentido y es la recomendación del Consejo Europeo relativa al Plan Nacional de Reformas de 2019, que son las asumidas por España, donde se indica que "las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo. No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo". Además, se añade que "se necesitarían medidas para abordar tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial".
La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; se quita la mascarilla antes de comparecer en rueda de prensa posterior al consejo de ministros celebrado en Moncloa, en Madrid (España), a 28 de julio de 2020. 28 JULIO 2020;COVID-19;MEDIDAS;REBROTES;CORONAVIRUS Eduardo Parra / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 28/7/2020

Esas son las recomendaciones a las que el Gobierno español debe atender en el diseño del Plan de Recuperación que tiene que remitir a Bruselas antes del 30 de abril. Pero Escrivá se enfrenta a un complejo juego de equilibrios para acompasar los requisitos de la Comisión con las exigencias de los agentes sociales en la mesa de negociación. Por el momento, los sindicatos le han arrancado una concesión no menor respecto a la fórmula de revalorización que va en contra de estas recomendaciones, por lo que el ministro se va a ver obligado a mantenerse firme en el planteamiento de otras medidas compensatorias que también han sido rechazadas tanto por las organizaciones sindicales como por las patronales.

Se trata de los cambios en el esquema de penalización a la jubilación anticipada y en los incentivos al retiro demorado. Ambas medidas dirigidas a incrementar la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad real y que han provocado el rechazo no solo de patronal y sindicatos, sino también en el ámbito político, incluso entre los socios del Gobierno y hasta en el seno de la coalición, en Unidas Podemos. Otros asuntos que han generado polémica, como la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un factor de equidad intergeneracional o el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, han sido aparcados de momento para ser abordados en una segunda fase de la reforma. Se avecinan tensas negociaciones.




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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10477 en: 28 de Abril de 2021, 08:29:15 am »

Ante rumores de recortes en las pensiones
Oleada de jubilaciones voluntarias en la plantilla de Escrivá: se disparan el 240%

La salida de efectivos de la Seguridad Social repunta tras el traspaso de la gestión del régimen de clases pasivas al Ministerio de Inclusión y en plena avalancha de trabajo por la tramitación del Ingreso Mínimo.

Cristina Alonso   NOTICIA 28.04.2021 - 04:30h

La sangría de la Seguridad Social se agrava, intensificada por una oleada de jubilaciones voluntarias sin precedentes. El departamento que depende del ministro José Luis Escrivá perdió 119 efectivos por esta causa en el último trimestre de 2020, lo que supone un 240% más que en el mismo periodo del año anterior. Una desbandada de personal que coincide con el traspaso de la gestión del régimen de clases pasivas, que antes recaía en Hacienda, con un incremento del volumen de trabajo derivado de la tramitación de la avalancha de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital y en un entorno creciente de rumorología sobre un eventual recorte en las pensiones públicas tras la puesta en marcha de la reforma que se va a comprometer con Bruselas para acceder a los fondos europeos de recuperación y que se está negociando en estos momentos en la mesa de diálogo social.

El dato lo aporta el propio Ministerio en una respuesta parlamentaria a una pregunta en la que varios diputados de Vox pedían explicaciones sobre la pérdida de 600 efectivos en la Seguridad Social durante el cuarto trimestre de 2020. En la contestación, el departamento de Escrivá argumenta, en base a los datos recogidos por la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que la reducción de la plantilla se debe fundamentalmente a dos factores, principalmente, a un "incremento significativo" del 35,64% en el volumen de jubilaciones acaecidas en ese periodo.

Escrivá maniobra para cargar al Estado el coste de las prejubilaciones forzosas

En efecto, los datos reflejan un incremento desde 303 jubilaciones en el último trimestre de 2019 hasta 411 en el cuarto trimestre de 2020. Pero lo llamativo es que mientras las jubilaciones ordinarias se reducen un 24,14%, al pasar de 29 a 22, o las que se producen tras completar el periodo de cotización caen un 50%, al registrarse solo una, frente a las dos que se produjeron un año antes, las jubilaciones voluntarias se disparan ese 240% (119 frente a 35). Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas por causas legalmente establecidas (por incapacidad, por ejemplo), aumentan un 8%, desde 125 hasta 135, mientras que las jubilaciones forzosas por finalizar la prolongación de servicios se elevan un 64,71%, de 34 a 56, y las forzosas por cumplimiento de la edad reglamentaria se mantienen estables en 78.

Fuentes del sindicato de funcionarios CSIF relacionan este repunte de las salidas voluntarias directamente con la "inquietud" que generó el traspaso de las competencias de las clases pasivas (el régimen especial para funcionarios) a la Seguridad Social y con la "incertidumbre" en torno a un posible recorte de las pensiones, especialmente para retiros tempranos del mercado laboral. De hecho, otras estadísticas respaldan esta teoría. Como se detalló en estas páginas, cerca de 20.000 empleados públicos encuadrados en este régimen tomaron la decisión de dejar atrás su vida activa y jubilarse en la recta final de 2020, en un movimiento de salida sin precedentes desde la gran crisis financiera de hace una década.

En su escrito, el segundo de los motivos que aporta el Ministerio para justificar la sangría de efectivos de la Seguridad Social es que la crisis sanitaria "determinó la suspensión de los plazos administrativos y con ello, la paralización y consecuente retraso del desarrollo de los procesos selectivos de los diferentes Cuerpos de la Administración de la Seguridad Social". También esgrime que la "congelación" en la tasa de reposición en la Oferta de Empleo Público durante la última crisis económica "tuvo como consecuencia una progresiva disminución de efectivos y un incremento de la edad media de los empleados públicos en el sistema de Seguridad Social, situada en la actualidad entorno a los 56 años". Y recuerda que el Gobierno ha hecho un "importante esfuerzo" para elevar esa tasa hasta el 100% en los últimos años y al 110% en 2021 en los sectores prioritarios.

Pero fuentes del sindicato CSIF en la Seguridad Social consideran que la tasa de reposición es insuficiente e insisten en denunciar el déficit de efectivos: "Cada vez somos menos, el personal se va jubilando a un ritmo mucho mayor que las incorporaciones, además se trata de personas con muchísima experiencia, que se pierde... perdemos efectivos y su conocimiento", lamentan. Consideran que este "mal endémico" que padecen desde hace años se ha visto agravado por la pandemia y por la sobrecarga de trabajo que ha supuesto la aprobación de una nueva prestación como es el Ingreso Mínimo Vital. Y lanzan una advertencia: "Se nos viene una buena encima, con una edad media de 58 años y entre rumores de cambios en el cálculo de las pensiones, en los próximos cuatro años se pueden jubilar unos 5.000 trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social".
José Luis Escrivá, Congreso de los Diputados
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Discriminación en el complemento de maternidad

No es la única denuncia que lanzan desde CSIF. Precisamente, al hilo de las jubilaciones anticipadas en el régimen de clases pasivas, el sindicato reclama al Ministerio de Escrivá que modifique los requisitos de acceso al complemento de maternidad recientemente aprobado, ya que tal y como está planteado en estos momentos solo pueden cobrarlo las funcionarias que sean jubiladas de manera forzosa, no pudiendo percibirlo cuando se jubilen voluntariamente. Esto no sucede en el régimen general, donde las jubiladas voluntarias sí lo cobran. Desde la Seguridad Social justifican que no existe diferencia de trato discriminatoria, ya que los requisitos de acceso a la jubilación en el régimen de clases pasivas del Estado son "más favorables" que en el régimen general.

El secretario de acción sindical de CSIF, Francisco Lama, cuestiona las explicaciones que el propio ministerio les ha remitido por carta, en una misiva a la que ha tenido acceso La Información, porque "la esencia de la norma es compensar la diferencia retributiva, de modo que resulta peregrino que se excluya la jubilación voluntaria de las clases pasivas cuando sí está incluida la del régimen general". "La Seguridad Social se olvida de que, a excepción de las pensiones más altas, que son las del nivel A1, el resto son inferiores a las del régimen general", argumenta Lama, que pide que el complemento se asigne por tramos y confía en que estas desigualdades se corrijan durante la tramitación parlamentaria de la norma.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10478 en: 01 de Mayo de 2021, 06:43:55 am »

Pese a las críticas de Bruselas
Sánchez desoye a la UE y utilizará el IPC para subir a pensionistas y funcionarios

España, con el déficit más alto de la Unión, remite a Europa un Plan de Estabilidad que no concreta ni una sola medida de ajuste fiscal pero que 'blinda' el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios públicos.

Bruno Pérez   NOTICIA 01.05.2021 - 04:30h


Bruselas advirtió el pasado mes de noviembre el Gobierno de España que detectaba en el proyecto de Presupuestos de 2021 una tendencia preocupante a incrementar el "gasto subyacente" - entendido como aquel no estrictamente vinculado a la lucha contra la pandemia - y que vigilaría de forma particularmente estrecha el impacto de este tipo de medidas sobre las cuentas públicas para asegurar que no afectaran a la sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas españolas. Los técnicos de la Comisión Europea pusieron su foco de forma muy singular en dos medidas: la subida de las pensiones y la subida del 0,9% a los empleados públicos.

La advertencia de la Comisión Europea no ha debido pesar demasiado en el ánimo del Gobierno de España que este viernes remitió a Bruselas una actualización de su Programa de Estabilidad para el periodo 2021-2024 que prevé para todo ese periodo subidas a los pensionistas y a los empleados públicos en línea con la evolución de los precios, es decir, según el IPC.

El Gobierno se justifica de alguna manera ante Bruselas con el argumento de que todo su escenario fiscal para el periodo se basa en una 'evolución inercial', es decir, en ausencia de medidas normativas que modifiquen el marco actual. Si bien lo cierto es que ni los pensionistas ni los empleados públicos tienen a día garantizado por ley la actualización de los salarios según el IPC. Los pensionistas todavía esperan que el Ejecutivo lleve a la Ley de Seguridad Social la recuperación del IPC como referente principal para la evolución de sus nóminas, después de que el Pacto de Toledo haya alcanzado hace meses un consenso en ese sentido y después de llevar cerca de tres años prometiendo que lo van a hacer. El caso de los funcionarios es similar. El acuerdo que regulaba la evolución de sus salarios venció en 2020 y el Gobierno determinó, no sin cierta polémica, elevar en 2021 sus salarios un 0,9% pese a la escasez de recursos presupuestarios y pese a la incomprensión de la Comisión Europea y de los organismos internacionales.

Éstos afeaban que en un contexto de necesidades presupuestarias extremas como consecuencia de la pandemia, el Gobierno de España hubiera decidido aprobar un par de medidas discrecionales cuyo coste presupuestario rondaba los 3.000 millones de euros y que, además, no constituyen un esfuerzo puntual sino que se consolida en la cuenta de gasto público.

El Gobierno no se ha limitado a trasladar su intención de 'blindar' el poder adquisitivo de pensionistas y funcionarios durante los próximos años vinculando sus retribuciones al IPC, sino que entre las pocas medidas a futuro que concreta está la eventual compensación a los pensionistas por la desviación que pueda experimentar el IPC este año 2021 respecto al 0,9% previsto. El documento remitido por el Gobierno a Bruselas no concreta el coste de ésta, pero anuncia que en sus proyecciones se descuenta la paga de compensación a los perceptores de pensiones por lo que considera como una más que probable desviación del IPC. Hay que recordar que en abril el IPC se fue hasta el 2,2% por la subida de los precios energéticos.
Más impuestos y menos gastos...pero sin decir cómo

Si en Bruselas esperaban un plan detallado de las medidas que va a tomar el Gobierno de España para devolver sus cuentas públicas a una situación de equilibrio, sus anhelos quedarán frustrados. El Gobierno detalla la senda que considera que va a seguir el déficit público en los próximos años para reducirse desde el 10,97% en que cerró el año 2020 hasta el 3,2% que se espera para 2024, pero no precisa ni una sola medida que vaya a contribuir a ese objetivo. Anuncia eso sí que su intención es avanzar en la mejora de la eficiencia del gasto, a partir de la hoja de ruta que le diseñe la Autoridad Fiscal - cuyas recomendaciones hasta la fecha solo ha adaptado en una parte bien pequeña -, y también en la mejora de la financiación de las arcas públicas vía impuestos, pero no pasa tampoco en este capítulo de reiterar su conocido objetivo de acortar la supuesta brecha fiscal que separa la presión fiscal española de la media de los países del euro, lo que tomado al pie de la letra supondría obtener 60.000 millones de euros más en impuestos.

la clave

Se supone que la Comisión Europea exige a España que sus reformas vayan acompañadas de un calendario concreto de aplicación y de unos objetivos específicos, pero la documentación remitida por el Gobierno a Bruselas está muy lejos de ser concreta. En lo que se refiere a la reforma fiscal no va mucho más allá de asegurar que afectará a la práctica totalidad de las figuras impositivas del sistema fiscal, que implicará una revisión profunda de las deducciones, reducciones y regímenes especiales actualmente vigentes y, eso sí, que tratará de actuar sobre los ámbitos específicos donde se ha detectado una menor carga fiscal que en otros países. Aquí señala tres ámbitos concretos: la fiscalidad verde, los impuestos a la economía digital y el sector financiero...

En cuanto al gasto, la hoja de ruta del Gobierno prevé la retirada en el año 2022 de las medidas de contingencia puesta en marcha con la Covid, como los ERTE, la prestación por cese de actividad o las partidas extraordinarias para apoyar a las administraciones territoriales, sin perjuicio del mantenimiento de algunas de ellas en otra versión, como los ERTE que se reciclarán como instrumento permanente del sistema laboral para favorecer el mantenimiento en el empleo de los trabajadores de empresas en situación de crisis transitoria o la reinserción laboral de empleados de empresas de sectores en situación de crisis estructural.


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Re: Jubilaciones en los Cuerpos policiales
« Respuesta #10479 en: 05 de Mayo de 2021, 21:37:35 pm »
https://okdiario.com/economia/sanchez-aprobara-ya-2022-factor-equidad-que-servira-reducir-pensiones-7186187
Se avecinan recortes para los nuevos y los actuales pensionistas, le han cambiado el nombre, del FACTOR DE SOSTENIBILIDAD de Rajoy, a FACTOR DE EQUIDAD INTERGENERACIONAL de Sánchez