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La policía del odio en Madrid se salvaEl nuevo Ayuntamiento mantendrá la unidad creada por Carmena para luchar contra los ataques a la diversidadConéctateMiguel Ezquiaga FernándezMadrid 1 JUL 2019 - 00:00 CEST Solo el paso de los meses ha permitido que Sonia Nájera, de 42 años, explique con palabras el pasaje más sombrío de su vida. Incapaz de relegar aquellos hechos al desván de la memoria, trató sin éxito de hallar un relato propio. Con todo, cuenta, se sobrepuso al balbuceo y buscó ayuda. Al otro lado del teléfono, un activista de la asociación LGTBI Arcópoli adivinaba el origen de su malestar: homofobia y acoso laboral.En esa llamada le recomendaron que comunicara lo ocurrido a la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD) de la Policía Municipal, que trabaja estrechamente con los colectivos vulnerables y su constelación asociativa. Manuela Carmena creó este departamento durante la pasada legislatura y hoy cuenta con 29 agentes especializados en delitos de odio; esos en los que la víctima se elige por su origen, raza, religión, ideología, orientación sexual o identidad de género. El año pasado recogieron 285 hechos de este tipo y emprendieron acciones por 140 de ellos. En una entrevista publicada este domingo por el diario ABC, Inmaculada Sanz, la nueva delegada de Seguridad, se compromete a mantener la unidad: "es útil al Cuerpo". Será una excepción porque el nuevo Ayuntamiento eliminará otras medidas de Carmena que buscaban asegurar los derechos ciudadanos como el Comité Ético o el proyecto para evitar paradas y cacheos policiales en la calle motivados por racismo.Apoyada en la UGD, Sonia denunció a la empresa para la que trabajaba y a varios de sus antiguos compañeros. Del juicio no puede dar detalles, porque está en fase de instrucción. Su memoria deambula por los inframundos de la violencia y, ahora sí, encuentra la manera de contarlo: “Me machacaron. Dejé de comer, no podía dormir y estaba siempre triste. Pensé incluso en quitarme de en medio”, recuerda. Victoria Tercero, su pareja de 32 años, asiente en silencio. No quiere robarle ni un ápice de protagonismo a Sonia: “Ahora que ya habla sin miedo...”.A lo largo del proceso Sonia recibió asesoría legal y apoyo psicológico: “Todavía el policía encargado de mi caso me llama todas las semanas para saber qué tal estoy. Por otra gente que conozco, creo que si hubiera acudido a una comisaría normal no me hubieran cuidado del mismo modo. Quizá ni tan si quiera me habrían animado a llegar hasta el final”, anota. Hasta que llegue la sentencia judicial, los nervios aparecen a cada rato. Mientras, ha encontrado otro empleo y en su cabeza bullen los futuribles. Esta historia no ha conseguido que se encierre de nuevo en un armario.El fin de la UGD es acabar con el miedo. Sus dependencias en la calle Sacramento, 2, en el Madrid de los Austrias, no parecen una comisaría al uso. A la entrada hay ubicado un sofá claro, rodeado de folletos que informan sobre la discriminación a inmigrantes, transexuales, sin techo, musulmanes o personas con diversidad funcional. “¿Por qué es importante denunciar un delito basado en prejuicios?”, puede leerse en la primera página de un panfletillo. En las estanterías que jalonan el despacho se acumulan los reconocimientos. Uno, entregado por COGAM, luce la bandera arcoíris. A su lado está la placa del Premio Derechos Humanos que les concedió la fundación Abogacía Española. Y una talla de madera de la Asociación Lakoma, dedicada a la exclusión social.Francisco Andrés, el inspector jefe, proviene de Tráfico y está acostumbrado a bregar con los trámites o el papeleo, que tampoco faltan en su último destino: “Nuestro trabajo consiste en salvaguardar los derechos de los colectivos más sensibles, pero para ello primero tenemos que restaurar el vínculo con ellos. Porque la propia policía ha podido vulnerar esos mismos derechos, así que desconfían de nuestra labor. Es complicado que recurran a nosotros si antes no nos acercamos a ellos”, declara. Para ello mantienen reuniones periódicas con sendas entidades de lo social. Y forman a otros policías. Una vez que recogen el testimonio del denunciante, buscan testigos o grabaciones de cámaras circundantes para aportar pruebas.A Andrés le acompaña Arantxa Miranda, una activista con placa que compagina su trabajo en la unidad con las tareas como vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB): “Durante mucho tiempo hemos sido los únicos que denunciaban insultos homófobos o tránsfobos. Otros policías desconocían las leyes de la Comunidad de Madrid a este respecto, que se aprobaron en 2016, y no intervenían. Por un “maricón de mierda” te puede caer una multa de 200 a 3.000 euros”, asegura.
285 al año entre 29 agentes agentes no toca ni a diez al año.Dónde se echa la instancia para esta unidad?Cita de: 47ronin en 01 de Julio de 2019, 05:41:33 amLa policía del odio en Madrid se salvaEl nuevo Ayuntamiento mantendrá la unidad creada por Carmena para luchar contra los ataques a la diversidadConéctateMiguel Ezquiaga FernándezMadrid 1 JUL 2019 - 00:00 CEST Solo el paso de los meses ha permitido que Sonia Nájera, de 42 años, explique con palabras el pasaje más sombrío de su vida. Incapaz de relegar aquellos hechos al desván de la memoria, trató sin éxito de hallar un relato propio. Con todo, cuenta, se sobrepuso al balbuceo y buscó ayuda. Al otro lado del teléfono, un activista de la asociación LGTBI Arcópoli adivinaba el origen de su malestar: homofobia y acoso laboral.En esa llamada le recomendaron que comunicara lo ocurrido a la Unidad de Gestión de la Diversidad (UGD) de la Policía Municipal, que trabaja estrechamente con los colectivos vulnerables y su constelación asociativa. Manuela Carmena creó este departamento durante la pasada legislatura y hoy cuenta con 29 agentes especializados en delitos de odio; esos en los que la víctima se elige por su origen, raza, religión, ideología, orientación sexual o identidad de género. El año pasado recogieron 285 hechos de este tipo y emprendieron acciones por 140 de ellos. En una entrevista publicada este domingo por el diario ABC, Inmaculada Sanz, la nueva delegada de Seguridad, se compromete a mantener la unidad: "es útil al Cuerpo". Será una excepción porque el nuevo Ayuntamiento eliminará otras medidas de Carmena que buscaban asegurar los derechos ciudadanos como el Comité Ético o el proyecto para evitar paradas y cacheos policiales en la calle motivados por racismo.Apoyada en la UGD, Sonia denunció a la empresa para la que trabajaba y a varios de sus antiguos compañeros. Del juicio no puede dar detalles, porque está en fase de instrucción. Su memoria deambula por los inframundos de la violencia y, ahora sí, encuentra la manera de contarlo: “Me machacaron. Dejé de comer, no podía dormir y estaba siempre triste. Pensé incluso en quitarme de en medio”, recuerda. Victoria Tercero, su pareja de 32 años, asiente en silencio. No quiere robarle ni un ápice de protagonismo a Sonia: “Ahora que ya habla sin miedo...”.A lo largo del proceso Sonia recibió asesoría legal y apoyo psicológico: “Todavía el policía encargado de mi caso me llama todas las semanas para saber qué tal estoy. Por otra gente que conozco, creo que si hubiera acudido a una comisaría normal no me hubieran cuidado del mismo modo. Quizá ni tan si quiera me habrían animado a llegar hasta el final”, anota. Hasta que llegue la sentencia judicial, los nervios aparecen a cada rato. Mientras, ha encontrado otro empleo y en su cabeza bullen los futuribles. Esta historia no ha conseguido que se encierre de nuevo en un armario.El fin de la UGD es acabar con el miedo. Sus dependencias en la calle Sacramento, 2, en el Madrid de los Austrias, no parecen una comisaría al uso. A la entrada hay ubicado un sofá claro, rodeado de folletos que informan sobre la discriminación a inmigrantes, transexuales, sin techo, musulmanes o personas con diversidad funcional. “¿Por qué es importante denunciar un delito basado en prejuicios?”, puede leerse en la primera página de un panfletillo. En las estanterías que jalonan el despacho se acumulan los reconocimientos. Uno, entregado por COGAM, luce la bandera arcoíris. A su lado está la placa del Premio Derechos Humanos que les concedió la fundación Abogacía Española. Y una talla de madera de la Asociación Lakoma, dedicada a la exclusión social.Francisco Andrés, el inspector jefe, proviene de Tráfico y está acostumbrado a bregar con los trámites o el papeleo, que tampoco faltan en su último destino: “Nuestro trabajo consiste en salvaguardar los derechos de los colectivos más sensibles, pero para ello primero tenemos que restaurar el vínculo con ellos. Porque la propia policía ha podido vulnerar esos mismos derechos, así que desconfían de nuestra labor. Es complicado que recurran a nosotros si antes no nos acercamos a ellos”, declara. Para ello mantienen reuniones periódicas con sendas entidades de lo social. Y forman a otros policías. Una vez que recogen el testimonio del denunciante, buscan testigos o grabaciones de cámaras circundantes para aportar pruebas.A Andrés le acompaña Arantxa Miranda, una activista con placa que compagina su trabajo en la unidad con las tareas como vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB): “Durante mucho tiempo hemos sido los únicos que denunciaban insultos homófobos o tránsfobos. Otros policías desconocían las leyes de la Comunidad de Madrid a este respecto, que se aprobaron en 2016, y no intervenían. Por un “maricón de mierda” te puede caer una multa de 200 a 3.000 euros”, asegura.
Condenado a 14 años de cárcel el hombre que degolló a un policía municipal en un bar de Vicálvaro4 diciembre, 2018 Gacetín Madrid 0 comentariosLa Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 14 años de prisión a Manuel C. R. por la comisión de un delito de asesinato con los atenuantes de confesión y de alteración psíquica e intoxicación por alcohol y drogas. Además de la pena de cárcel, Manuel C. R. ha sido condenado a inhabilitación absoluta durante la condena y a indemnizar a la madre de la víctima con 120.000 euros.El representante del Ministerio Público solicitaba una pena de 19 años de prisión para él como responsable directo de los hechos. La petición de pena por parte de la Fiscalía, que era mayor, se había visto reducida al aplicar la concurrencia de la circunstancia atenuante de confesión.El Fiscal consideraba suficientemente acreditado que, sobre las 01:45 horas del 9 de agosto de 2017, el procesado estaba en el ‘Bar Luis’ de Vicálvaro y, en un momento determinado, se levantó de la mesa que ocupaba para atacar por la espalda a una persona que también se hallaba en el local y que era miembro de la Policía Municipal de Madrid.Manuel, con la clara intención de causarle la muerte, se valió de un cuchillo de 20,5 centímetros de hoja y le asestó una cuchillada que cortó el esófago y la laringe, además de afectar a la columna vertebral de su víctima.A pesar de la agresión letal y por sorpresa, el policía tuvo aún fuerzas para darse la vuelta y encararse con su agresor, momento en que éste aprovechó para asestarle una segunda cuchillada, seccionándole en esta ocasión el músculo braquial y el bíceps.Las heridas acabaron con la vida del agredido, mientras que el agresor salió de bar corriendo y, poco después, a las 02:03 minutos, llamó al servicio de emergencias 112 confesando que había cometido los hechos descritos.El procesado se encontraba en una situación de prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 10 de agosto de 2017.
Al otro lado de la mesa....hoy se han conformado las distintas comisiones.
La Policía Municipal ha tenido que escoltar a Arrimadas y compañía fuera de la manifestacion del Orgullo, es que no se puede estar en misa y repicando.Primero pactar con Vox y luego querer ir a hacerse La foto canta mucho
Yo sí he escuchado condenar eso a varios responsables políticos del PSOE entre ellos a Carla Antonell
