El juez que investiga los amaños en las oposiciones cita como investigado al director de la Policía
Municipal y a su amiga íntima la comisaria Ana Padilla
También tendrá que declarar la administradora de la academia Cronos y esposa de Carmona y la mujer del ex comisario José Luis Morcillo
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El director Genaral de la Policía Municipal de Madrid.JAVI MARTÍNEZ
Luis F. DuránLuis F. Durán
Luis F. Durán
Actualizado Martes, 29 octubre 2024 - 00:39
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La Audiencia Provincial reabrió hace dos semanas el caso de los posibles amaños en las oposiciones a intendente (ahora comisario) e inspector de la Policía Municipal de Madrid y el juez ha tomado las primeras decisiones. En concreto, se ha ordenado por parte del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid que declaren como investigado el Director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez Pérez. También se cita a Ana María Padilla, que aprobó el año pasado la controvertida oposición a comisaria de la Policía Municipal de Madrid y a quien sitúan los denunciantes sindicales como amiga íntima de Pablo Enrique Rodríguez, quien negó ante Asuntos Internos que tuvieran alguna relación sentimental con ella.
Además, ha sido citado para declarar en el juzgado José Rodríguez Vacas, comisario de la Policía Municipal de Madrid que llegó a dimitir del tribunal tras conocerse su relación estrecha con uno de los aspirantes a la oposición de inspectores, oficial de la Policía en Alcalá de Henares, con el que además acudió a un club de intercambio de parejas el sábado tres de septiembre de 2022.
Asimismo, tendrán que prestar declaración ante el juez Rosario Ordoño Vara, la administradora de la sociedad Academia Cronos, en la que daba clases su marido el comisario Miguel Carmona Gavela, y Josefina Moreno López, esposa del comisario de la Policía Municipal ya jubilado José Luis Morcillo que finalmente no aprobó la oposición para intendente aunque sacó una de las mejores notas en el primer ejercicio.
Las oposiciones a comisario e inspector en la Policía Municipal de Madrid están bajo sospecha de un presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por el supuesto vínculo de los aspirantes aprobados con miembros del tribunal y con una academia de Policía dirigida por la mujer del intendente de Policía Municipal, Miguel Carmona, uno de los investigados por el juez.
En dos ocasiones el juzgado archivó el caso, pero la Audiencia Provincial ha pedido de nuevo a la Audiencia Provincial que el juez que indague más en el asunto tras los recursos presentados por APMU (Asociación de Policía Municipal Unificada) al que se adhirió la Unión de Policía Municipal (UPM).
El Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, declaró en su día que no tenía ninguna relación sentimental con Ana Padilla y además zanjó: "Eso es de la esfera íntimamente privada mía, que no afectaría en ningún caso a los procesos selectivos porque ni soy miembro ni resuelvo ninguna causa o elemento que pudiera hacerme recusar o abstenerme en estos procedimientos". Ambos trabajaron juntos en la Dirección General de la Policía Municipal desde el 2019 y antes habían trabajado también en la Dirección General de Emergencias y Protección Civil. Desde APMU han señalado que de "confirmarse la vinculación y un posible trato de favor a Ana Padilla debe dimitir de inmediato el director Pablo Enrique o ser cesado por la concejala Inmaculada Sanz".
NUEVO AUTO DE LA AUDIENCIA
Según el auto de la Audiencia Provincial de este mes de octubre "existieron tratos de favor, tráfico de preguntas, favorecimiento a familiares y allegados en la realización de dos procesos selectivos dentro del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y en particular, en la oposición para el acceso a la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre, y, por otro lado, en la oposición para el acceso a la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por el turno libre."
Añade que hay un entramado "en el que se encuentran inmersos altos cargos del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, parejas, hijos, familiares, amigos, una academia formadora de opositores (Cronos) y parte de su profesorado... viéndose beneficiados por esta práctica alumnos y profesores adscritos a las academias gestionadas por el Sr. Carmona Gavela y su esposa, también familiares y allegados a las personas que forman el núcleo del entramado..."
En el auto la Audiencia Provincial de Madrid cita alguna jurisprudencia del Tribunal Supremo insistiendo que es necesario "dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, el de mayor mérito y capacidad de entre los aspirantes".
Señala además que "los denunciados disponen con anterioridad a la celebración de las pruebas selectivas, las preguntas test que van a ser objeto de calificación en dichas pruebas. Una vez se dispone de ellas, estas preguntas se filtran a las personas que interesan que bien pueden ser familiares, allegados, o -incluso-, a desconocidos a cambio de una remuneración económica". "Preguntas, según tesis de la apelante, que también fueron facilitadas a varios profesores de las precitadas academias (pues la academia Cronos gestiona diversos centros formadores de opositores de la CAM) haciendo hincapié en que no se ha llamado a un solo alumno ni a un solo profesor del citado centro".
Finalmente, concluye ordenando que "deben declarar en calidad de investigados el resto de denunciados, debe pronunciarse el Juzgado sobre todas y cada una de las diligencias de investigación que se han ido reiterando sin haberse dado respuesta motivada sobre su admisión o no y lo debe hacer de modo individual, pues en caso de no admitir su práctica se debe razonar por qué no resultan útiles, sin que baste una desestimación genérica, sobre todo teniendo en cuenta que, de entre las muchas diligencias que se instan, se solicita información tributaria sobre la repetida academia, pudiendo comparar fruto de esa información la situación patrimonial de la misma antes y después del proceso selectivo tratado, y debe pronunciarse el Juzgado sobre el resto de delitos denunciados".
El pasado mes de junio el mismo juzgado 31 de Madrid archivó por segunda vez la causa acerca de los supuestos tejemanejes en dos oposiciones a la Policía Municipal de la capital, en la que estaban investigados tanto el actual jefe del Cuerpo, Óskar de Santos, como los antiguos altos mandos, José Luis Morcillo y Miguel Carmona, y otras 12 personas más relacionadas con ambos procesos.
Toda esta causa arrancó en 2022 por una denuncia de Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU) a la que adhirió UPM (Unión de Policía Municipal) contra cinco altos cargos de la Policía Municipal de Madrid y una decena de amigos y familiares implicados por posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en dos oposiciones: una para el acceso a la categoría de inspector por el turno libre y otra para ser intendente (ahora Comisario) del Cuerpo, también por el turno libre.
La Fiscalía Anticorrupción también investigó las posibles irregularidades en las oposiciones a comisarios e inspectores de la Policía Municipal de Madrid. Los miembros de ambos tribunales pasaron por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal para prestar declaración. Todos negaron las acusaciones de cohecho y tráfico de influencias.
