Madrid
Falsos funcionarios colocaban contenedores de ropa ilegales
sara medialdeasmedial / madrid
Día 11/04/2013 - 13.10h
«Tunearon» su furgoneta con los colores y logos del Ayuntamiento de Madrid
policía municipal
El falso vehículo municipal, «tuneado» como los del area de Medio Ambiente
El ingenio de los delincuentes roza a veces el vodevil. El último ejemplo es el de los dos hombres detenidos el pasado martes en Madrid por colocar, presuntamente, contenedores de ropa y calzado usado en la vía pública—algo que no está permitido por el Ayuntamiento— y llevarse luego su contenido de forma fraudulenta. Lo más curioso es que lo hacían disfrazados como operarios municipales, con uniformes idénticos a los que usan los trabajadores del Ayuntamiento, y hasta con una furgoneta «tuneada» con los colores y logotipos municipales,
que contaba hasta con el escudo del Ayuntamiento y el anagrama del área de Medio Ambiente. La detención la llevaron a cabo agentes de la Unidad Integral de la Policía Municipal del distrito de Chamberí, tras una persecución de 20 minutos por las calles del centro urbano. Previamente,
habían sido avisados por un concejal madrileño que casualmente observó a los falsos funcionarios y sospechó.
Camuflaje perfecto
El perfecto «camuflaje» de este equipo de delincuentes evitaba que recayeran sospechas sobre ellos. Vestidos como trabajadores municipales y con el vehículo «oficial» se creían libres de moverse con total impunidad por la ciudad.
Según la información policial, los detenidos son F. L. J. y J. E. A., de 21 y 28 años de edad, ambos con nacionalidad española. Fueron localizados en la calle Meléndez Valdés por agentes de la Policía Municipal, que observaron que llevaban el uniforme del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid y conducían una furgoneta con los logos y colores del Consistorio. Incluso, en la furgoneta se apreciaba el escudo y el distintivo del área de Medio Ambiente,
aunque semiborrado, como si fuera consecuencia del uso prolongado. Estaban manipulando sobre un contenedor de ropa usada, que llevaba a su vez el distintivo de una organización denominada «Jóvenes misioneros» y que utilizaba, en su logotipo, una bandera de las siete estrellas de la Comunidad de Madrid.
Al ser requeridos por los policías, huyeron por la calle Meléndez Valdés a bordo del vehículo «tuneado», hasta que fueron interceptados, 20 minutos después, en la calle Princesa, y detenidos en ese momento.
Palanquetas y taladros
En el registro que efectuaron entonces al vehículo, descubrieron que en su parte trasera llevaban diversos útiles que, previsiblemente, usarían para la apertura de los contenedores, entre ellos un puntero, un compresor, palanquetas, taladros, alicates y una caja de llaves para la apertura de los contenedores.
Fuentes de la Policía Municipal madrileña explicaron cómo la colaboración ciudadana fue clave en la resolución de este caso: se refirieron a la llamada de un vecino que puso luz acerca del paradero de los sospechosos. De hecho, esta llamada confirmó las sospechas que ya se tenían por parte de la Policía Municipal,
que venía siguiendo la pista de esta banda de delincuentes desde hacía algún tiempo. No están permitidos
Desde el Gobierno municipal pusieron el acento sobre esta actividad ilegal: el Ayuntamiento no autoriza la instalación de contenedores de ropa usada en la vía pública. «Tanto las ONGs como las parroquias utilizan otras vías para hacerse con material». Recordaron que existen organizaciones delictivas que «aprovechan la buena fe de la gente» y cometen fraude recogiendo material que posteriormente es vendido. Solicitaron la colaboración ciudadana para que denuncien cualquier actuación en este sentido de la que sean testigos, o los lugares donde aparecen contenedores en sus barrios.
La normativa municipal es clara en este terreno: instalar estos contenedores de ropa y calzado sin autorización supone una infracción grave, con una multa de entre 751 y 1.500 euros, según sanciona la Ordenanza de Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos. Anualmente se han retirado en torno a mil de estos contenedores;concretamente, en 2011 se retiraron 997, y en 2012, fueron 1.313 .
El Ayuntamiento cuenta con sus propios contenedores de recogida, que se encuentran instalados en dependencias municipales —puntos limpios, centros culturales, polideportivos o de mayores—, y están perfectamente identificados. El área de Medio Ambiente cede la gestión de sus buzones de recogida de ropa a la ONG Humana, con convenio en numerosos ayuntamientos españoles. Humana envía el 47 por ciento a África para ser vendida a bajo precio a comerciantes locales, el 12 por ciento se vende en sus tiendas de segunda mano en España, el 31 por ciento se vende a plantas de reciclaje textil, y el resto se elimina. Con los fondos obtenidos, según informa la ONG, se financian proyectos de cooperación internacional.
También existen servicios de recogida de ropa benéficos, como los de Cáritas, donde no se vende nada y se aprovecha toda la ropa recibida. Suelen tener como base las parroquias.
Un negocio de 3.500 euros/año por contenedor
Los contenedores de ropa usada y calzado «piratas» puede generar mucho dinero. Hasta 3.500 euros por contenedor y año, según un cálculo realizado el pasado mes de febrero por la Organización de Consumidores y Usuarios. Bajo una falsa apariencia institucional —los «tuneados»— o a nombre y con pegatinas de empresas y ONGs inexistentes, supuestamente dedicadas a colaboración al desarrollo, muchos de estos recipientes explotan la buena fe de los ciudadanos con fines que no tienen nada de altruistas.
No es un problema sólo de Madrid: otras ciudades como Barcelona Sevilla o Valencia también se ven afectadas por esta «plaga». De hecho, en este último Ayuntamiento, sus responsables abrieron a finales del pasado año el debate sobre la conveniencia de cobrar una tasa por la instalación de buzones de ropa usadas a las empresas que lo hagan con ánimo comercial.
El desconocimiento de los ciudadanos, que en la mayoría de los casos ignoran que estas prácticas son ilegales en la vía pública, han permitido medrar a organizaciones que se aprovechan de la generosidad de la gente en su propio beneficio, y sin que finalmente la aportación vecinal tenga ningún fin social. En el caso de Madrid, la OCU realizó en 2012 una inspección y de 16 contenedores revisados, 14 resultaron ser ilegales. El Ayuntamiento los retira siempre que tiene conocimiento de su existencia, aunque para ello requiera de la colaboración vecinal. El número de los retirados ronda los mil al año, y se incrementó casi un 31,6 por ciento en 2012 respecto al anterior ejercicio.
Pero además de la instalación en sí de los buzones, éstos sufren muchas veces del saqueo directo:se roba su contenido, o el contenedor en sí para venderlo como chatarra.
La proliferación de estos contenedores es común a Madrid: ha habido iniciativas en torno a esta cuestión en distritos tan alejados entre ellos como los de Retiro, Fuencarral-el Pardo o Villaverde. A la hora de instalarlos, sus «distribuidores» buscan espacios transitados, cerca de mercados o centros comerciales, y algunos incluso han estado junto a comisarías de Policía