QUEJA ANTE EL PROCURADOR DEL COMÚN DE CYL
Una profesora sugiere a alumnos de 13 y 14 años tener sexo homosexual para 'testar' su heterosexualidad
Les realizó preguntas sobre su orientación sexual en una encuesta que iba a ser anónima, pero que los estudiantes finalmente tuvieron que firmar con su nombre, lo que pudo suponer una intromisión en su derecho a la intimidad persona
Por Vidal Arranz. Valladolid
09/09/2025 - 05:00
Una reciente resolución del Procurador del Común de Castilla y León ha dado a conocer una actuación irregular de una profesora de instituto que, a través de una encuesta, sugirió a sus alumnos, de 13 y 14 años, de los que era tutora, tener relaciones con personas de su mismo sexo para poner a prueba la solidez y veracidad de su orientación heterosexual. La resolución, que se hizo pública el pasado viernes, no facilita ninguna información sobre la provincia o el instituto en el que ocurrieron los hechos, en atención a la política de protección de datos y al deseo de los denunciantes, pero sí aporta los elementos esenciales de los hechos denunciados.
El expediente se inició con un escrito en el que se relataba que a los alumnos y alumnas de una clase de instituto, de entre 13 y 14 años, "se les exigió responder por parte de su tutora a una serie de preguntas" como: "¿Cuándo te diste cuenta de que eras heterosexual?", "¿Qué opinan tus padres de que seas heterosexual?", "¿Quién de tu entorno te hace sentir así?" o "¿Por qué los heterosexuales hablan tanto de sus parejas?", entre otras de carácter muy personal. Con todo, todavía más intrusivas fueron una serie de preguntas en las que la tutora invitaba a los alumnos a cuestionarse su orientación sexual e incluso a replanteársela, sugiriendo probar otras opciones. "¿Cómo sabes que te gustan las personas de distinto sexo si nunca has probado con alguien del mismo sexo?", es una de las preguntas de la encuesta. "¿No crees que es una moda ser heterosexual?" o "¿Te sientes atraído por cualquier persona del sexo opuesto?".
Según explica el autor de la queja de la que se hace eco el Procurador del Común, los cuestionarios iban a realizarse inicialmente de forma anónima, "pero, finalmente, se obligó a los alumnos a identificar el de cada uno con su nombre". Esto provocó múltiples quejas de estudiantes que acudieron a la dirección del centro a protestar, y llevó también a algunas familias a reclamar que se les devolvieran los cuestionarios porque no está nada claro que los alumnos consintieran voluntariamente a hacer pública esa información personal. Hay que añadir, además, que la persona que les exigía responder a las preguntas e identificarse con su nombre era su tutora, una figura de autoridad en el contexto educativo. La profesora aseguró que su objetivo era "hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales" La intervención del Procurador del Común motivó la elaboración de un informe por parte de la Consejería de Educación en el que se hace constar la queja de una madre, recibida en junio de 2025, en relación con una encuesta en la que se preguntaba a alumnos de 3º de ESO sobre su identificación y determinación sexual y que podría ser la misma encuesta que provocó la actuación de la Procuraduría. El informe constata también que la profesora implicada está de baja desde febrero de 2025, lo que apunta a que los hechos debieron producirse el año anterior. En una inspección realizada por la Consejería de Educación en el centro, la profesora denunciada, antes de iniciar su baja, manifestó que su intención al realizar la encuesta había sido "hacer reflexionar a los alumnos sobre el respeto hacia otras identidades sexuales" y no hizo ninguna referencia a las preguntas en las que invitaba a cuestionarse la propia identidad sexual. En la inspección también se puso de manifiesto que la actividad de la docente era ignorada por el Equipo Directivo y por el departamento de Orientación. Debido a la baja no ha sido posible realizar una indagación más precisa con la tutora respecto del contenido concreto del cuestionario y las preguntas formuladas a los alumnos.
En su resolución, el Procurador del Común pide a la Consejería de Educación que abra expediente e investigue los hechos denunciados, por entender que pueden constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal protegido por el artículo 18.1 de la Constitución española que salvaguarda "una esfera de propia reserva personal, frente a intromisiones ilegítimas provenientes de terceros". Un derecho protegido también por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y la Propia Imagen, y que la propia ley califica como "irrenunciable, inalienable e imprescriptible". Asimismo, aunque la legislación contempla la posibilidad de que el derecho no sea aplicable en aquellos casos en los que el afectado haya dado su consentimiento para la difusión de la información privada en cuestión, establece condiciones especiales para el consentimiento de los menores. La propia resolución del Procurador del Común apunta a que no está claro que los alumnos conocieran el contenido de la encuesta que se les planteaba, pero que, en cualquier caso, actuaron "en el ámbito de su relación de alumno con la que era su profesora, lo que habría podido limitar su libertad".
"Ante los hechos que han dado lugar a la (resolución) ahora resuelta", manifiesta el Procurador del Común en su escrito, la Administración educativa debe "adoptar todas las medidas necesarias", lo que incluye "comprobar los hechos acaecidos y, en concreto, comprobar el contenido de las encuestas, si están identificados los alumnos que las realizaron, dónde están depositadas y quién está en poder de dichas encuestas". Asimismo, debe aclarar "si las mismas fueron objeto de cualquier tipo de difusión y, en su caso, por quién, sea o no la persona que la promovió, y, del mismo modo, determinar si pudiera haber existido la comisión de cualquier infracción que debiera ser objeto de sanción, ello tras la tramitación del correspondiente expediente". Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias para devolver las encuestas a los alumnos, evitando su difusión, "sin perjuicio de las acciones que les pudieran corresponder en el caso de que hubieran visto afectados sus derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".
