La Asamblea tendrá que retocar la Ley de Policías Locales para evitar un recurso de inconstitucionalidad
MARTA BELVER
Madrid
16 dic. 2018 01:52
Los agentes no podrán ascender directamente con el título Bachillerato o 10 años de experiencia, sino que tendrán que pasar un proceso de promoción
La Ley de Policías Locales de la Comunidad de Madrid tendrá que volver a pasar por la Asamblea regional para que se retoquen los artículos relativos a tres cuestiones que en el Gobierno central consideran que son inconstitucionales. Éste es el acuerdo al que ha llegado el Ejecutivo de Ángel Garrido con el de Pedro Sánchez para evitar que la normativa autonómica acabara recurrida en los tribunales, lo que hubiera generado una «situación de inseguridad jurídica».
Para que las modificaciones se realicen con rapidez, mediante el mecanismo de la denominada lectura única, el PP necesita el voto favorable de los otros tres partidos que componen el Parlamento de Vallecas porque la decisión tiene que adoptarse por unanimidad. A preguntas de este periódico PSOE y Ciudadanos se muestran dispuestos a dar su aprobación al texto corregido, mientras que Podemos de momento dice que está «buscando el acuerdo» con el resto de los grupos.
La consecuencia de mayor alcance de los cambios impuestos por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública afecta al ascenso de los policías municipales. Según la ley regional aprobada en febrero, los agentes pueden acceder automáticamente del subgrupo C2 al C1 si tienen el título de Bachillerato o llevan 10 años en el Cuerpo lo que, traducido a lenguaje económico, supone mejoras salariales de hasta 1.800 euros brutos al año.
Sin embargo, con la modificación que se tiene que introducir ahora en la norma autonómica, este paso de una categoría a otra deberá hacerse mediante un proceso de promoción interna. «Tendría que regularlo cada ayuntamiento y sería suficiente con la realización de pruebas sencillas y un concurso de valoración de méritos», explica Carlos Novillo, director de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.
Según el interlocutor del Gobierno regional con el Estado, este cambio legal «no tendrá ninguna consecuencia ni en la reclasificación ni en las retribuciones» de los policías locales que ya han ascendido con este procedimiento desde la aprobación de la ley. Es más, asegura que hasta que la corrección reciba oficialmente luz verde la Asamblea -que en todo caso no sería hasta después de la Navidad- se podrá seguir aplicando la subida directa de categoría para los que cumplen los requisitos con total garantía jurídica porque el marco legal que lo sustenta entre tanto sigue en vigor.
Otra de las cuestiones que se deberán modificar de la norma afecta a la homologación de los cursos de formación para que conste que el organismo encargado de realizarla debe ser el Ministerio de Educación. Finalmente, se tendrá que eliminar la referencia a que los agentes de los cuerpos municipales pueden prestar también servicios de seguridad en edificios de la Comunidad de Madrid, tal y como hacen la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que el Gobierno central entiende que esta competencia no está recogida en el Estatuto de Autonomía.
Sobre el resto de cuestiones de la ley regional que según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública podrían contravenir la Constitución, que en total afectaban a 12 artículos y cuatro disposiciones, en la Puerta del Sol señalan que se han logrado «acuerdos interpretativos» que, a efectos prácticos, implican que no se tendrán que hacer más correcciones en el texto original. Así, por ejemplo, los agentes locales podrán colaborar con los de otros municipios sin que esto se considere una «invasión de competencias», tal y como figuraba en la lista de discrepancias señaladas por el Estado.
Se da la circunstancia de que este procedimiento de revisión de la Ley de Policías Locales se inició en el mes de mayo, cuando todavía gobernaba el PP, y se ha culminado siete meses más tarde, con el PSOE ya en La Moncloa. Aun así el diputado socialista madrileño Diego Cruz critica que se haya obligado a anular la reclasificación directa de los agentes «cuando en otras comunidades autónomas se ha aprobado sin que se haya interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad».
