Hola, en mi ayto necesitamos las bases de alguna promoción que se haya hecho ya sea en algún municipio o comunidad Autónoma.
Promoción interna para pasar de C2 a C1 para todos aquellos que no tengan la titulación exigida.
Muchas gracias, por si alguién me las pudiera facilitar. Un saludo
Entiendo que usted pertenece a la Comunidad de Madrid, Boadilla si no recuerdo mal, y entonces le digo que quedan tres meses para poder acudir a recurso de insconstiucionalidad sobre este lio de las titulaciones y cambios de grupo, asi que yo me decantaría por intentar hacer lo que en Madrid se acordó con todos los sindicatos allá por un 1 de junio y crear una productividad que sirva para todos sin excepción, de esa forma hacemos caja ahora y esperamos a que se resuelva este asunto que yo creo va a acabar en los tribunales como ya se anunciase en este informe.
https://www.fidelisabogados.es/2018/03/16/constitucionalidad-de-la-disposicion-transitoria-primera-de-la-ley-1-2018-de-22-de-febrero-de-coordinacion-de-los-policias-locales-de-la-comunidad-de-madrid/
4.- Conclusiones.
La disposición transitoria objeto de informe resulta inconstitucional. No se trata simplemente de que su regulación afecte a los funcionarios que queden en dicha situación “a extinguir” por ver coartado su derecho a la progresión en la carrera profesional y a la promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, reconocido por el art. 14 c) TREBEP, sino, y fundamentalmente, por reputarse vulneradora de la competencia estatal para dictar las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, ex art. 149.1.18 CE.
El Gobierno central cree que la Ley de Policías Locales de la Comunidad de Madrid puede ser inconstitucionalEl Ejecutivo regional tratará de demostrar que se ajusta al marco legal vigente
MARTA BELVER | Madrid
21/10/2018 02:24
El Gobierno central ha puesto reparos a la Ley de Policías Locales de la Comunidad de Madrid aprobada en febrero por unanimidad de todos los grupos con representación en la Asamblea regional. Según la advertencia que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha remitido al Gobierno de la Puerta del Sol, el texto de la nueva norma podría incluir varios artículos «inconstitucionales».
Para tratar de evitar que el asunto llegue a los tribunales, ambas administraciones constituirán un grupo de trabajo que todavía no tiene fecha en el calendario, pero que deberá reunirse antes del 12 de diciembre. A preguntas de este periódico, los dos interlocutores han manifestado su voluntad de alcanzar una solución bilateral que desbloquee esta situación.
La Administración General del Estado supervisa las normas que promulgan los parlamentos autonómicos para asegurarse de que se ajustan al marco legal vigente. En el caso de la nueva normativa que regula la actividad de los alrededor de 12.000 policías que trabajan en Madrid, el Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que 12 artículos y cuatro disposiciones podrían contravenir la Constitución.
Entre las cuestiones que plantean dudas, está la nueva estructura de escalas y categorías.
En concreto, que los agentes que están en el subgrupo C2 puedan acceder automáticamente al subgrupo C1 si tienen el título de Bachillerato o 10 años de experiencia en el Cuerpo o, en su defecto, si llevan tienen una antigüedad de al menos cinco años y superan un curso específico de formación.
En la Consejería de Presidencia de Madrid justifican que este cambio «es perfectamente legal» y aseguran que otras comunidades han aprobado normativas en este sentido «sin que hayan planteado problema alguno de inconstitucionalidad». Además, apuntan que era una demanda del colectivo que puede suponer mejoras económicas de hasta 1.800 euros brutos al año, si bien este es un aspecto que aún tiene que «negociarse con los ayuntamientos».
Otra de las objeciones que encuentra el Ministerio de Política Territorial es la ampliación de la colaboración entre las policías de distintos municipios con el argumento de que podría estar produciéndose una «invasión de competencias» entre administraciones. Desde el Ejecutivo de Ángel Garrido argumentan que ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ampara este escenario y defienden su necesidad ante «eventos extraordinarios» para poder actuar con «mayor agilidad».
Además, se cuestiona la viabilidad de que los agentes locales puedan instruir atestados en el caso de siniestros laborales en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tampoco en este punto aprecian controversia alguna desde la Puerta del Sol, donde recuerdan que en la capital los funcionarios del Ayuntamiento llevan años ejerciendo esta competencia y «sólo se trata de extenderla a otros ámbitos».
Defensa del texto
«Esta ley no es una ley del Gobierno, sino que se elaboró en la Asamblea a iniciativa de Ciudadanos, pero nosotros la vamos a defender como si fuera nuestra», asegura Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid 112. «Además, entendemos que no plantea problemas de inconstitucionalidad y esperamos poder demostrarlo», añade.
Por su parte, en el Ministerio de Política Territorial aseguran que su predisposición es «no tener que llegar a recurrir nunca» y para ello se va a abrir un «periodo de conversaciones a través de una comisión bilateral» en el que tratarán de alcanzar un acuerdo. Si finalmente hubiera que «retocar» algún artículo de la normativa madrileña, tal y como precisan en el Gobierno regional podría realizarse por el «procedimiento de lectura única» en la Asamblea.
Entre tanto, no se ha paralizado la aplicación de la Ley de Policías Locales de la Comunidad de Madrid aprobada hace ocho meses y que sustituyó a un texto que llevaba en vigor desde 1992. Además de trabajar en la elaboración del reglamento sobre los uniformes y el tipo de armamento que deben utilizar los agentes locales para desempeñar adecuadamente sus funciones, se están ultimando los trámites para la reapertura de la academia de formación situada en la carretera de Colmenar, que volverá a recibir alumnos a partir del próximo 14 de enero.
El futuro de las Bescam, a estudio
El futuro de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam) dependerá de las conclusiones de una comisión en fase de constitución que estudiará su continuidad más allá de 2020. Desde su creación en 2004 bajo el mandato de Esperanza Aguirre, el Ejecutivo autonómico ha invertido más de 1.300 millones de euros en el funcionamiento de un cuerpo compuesto ahora por 2.092 agentes que refuerza la actividad de las policías locales en 110 municipios de la región. El actual equipo de Gobierno (PP) considera que se debe reconsiderar tanto la aportación económica como la organización de un modelo que ha dado «resultados muy positivos», pero que tiene que ser actualizado. Aunque el cambio no entraría en vigor hasta la próxima legislatura, en el equipo de Ángel Garrido señalan que, entre otras cuestiones, debe plantearse que sus efectivos tengan «presencia en otros ámbitos más allá de la seguridad ciudadana y de la regulación del tráfico». Tanto el PSOE como Podemos apoyaron la Ley de Policías Locales de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, pero criticaron duramente que no se garantizara la continuidad de las Bescam en su articulado. Éste sólo recogía que en el plazo de seis meses debía constituirse una comisión para «el estudio de la viabilidad y prórroga de los convenios», cuyo proyecto de reglamento acaba se sacó a consulta pública el pasado 8 de octubre.