Autor Tema: De actuaciones y sentencias judiciales  (Leído 774432 veces)

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5940 en: 08 de Junio de 2024, 15:04:25 pm »
Son las cosas que ocurren cuando el 30% de los jueces son del Opus Dei y el 90% son conservadores, es decir, de derechas de toda la vida. . . y el CGPJ sigue sin renovarse. . . por cosas como estás no se renueva, porque el PP lo controla y lo tiene como otro actor político más cuando, en realidad, debería de ser un poder separado, sin embargo esa actitud antidemocrática que tanto daño hace parece no importar a sus votantes, ese es el nivel. . .

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Vieron que con el subnormal de Tejero no funcionó y les quedan los Tamayazos y la Corrupción del Poder Judicial

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5941 en: 10 de Junio de 2024, 20:25:20 pm »

El Constitucional debate la próxima semana si anula parcialmente la sentencia de los ERE


La ponente propone anular las condenas por el delito de prevaricación

Magdalena Álvarez, en 2019, tras ser condenada a nueve años de inhabil
Magdalena Álvarez, en 2019, tras ser condenada a nueve años de inhabilitación. GOGO LOBATO
El Supremo argumenta en 1.205 folios de sentencia que Chaves y Griñán conocieron y consintieron el "descontrol absoluto" de los ERE
La ex consejera Magdalena Álvarez niega haber tenido ningún control sobre los ERE
ÁNGELA MARTIALAY
10/06/2024 19:22
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha fijado la próxima semana la deliberación de los primeros amparos contra la sentencia del caso ERE. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los primeros recursos que se estudiarán son los interpuestos por los ex consejeros de la Junta de AndalucíaMagdalena Álvarez y José Antonio Viera donde la ponente, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, propone la estimación parcial en relación al delito de prevaricación.

José Antonio Viera, ex consejero de Empleo, fue condenado a siete años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos mientras que la ex ministra Magdalena Álvarez fue condenada a nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada.

En un mitin la semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo alusión a Álvarez como una persona que había sufrido "el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años", siendo víctima del "fango".


Fuentes del TC sostienen que se ha fijado en el orden del día la deliberación de los amparos una vez que ha concluido el periodo electoral con la intención de no influir en los mismos. El primero de los recursos se presentó ante el tribunal de garantías el noviembre del año 2022. El orden del día ha sido repartido este lunes a los magistrados.

Las propuestas de sentencia de la vicepresidenta Montalbán van en la misma línea que el informe del Ministerio Fiscal. La Fiscalía apoyó sólo los motivos de amparo basados en la invocación del principio de legalidad penal frente a la calificación como delito de prevaricación de las conductas consistentes en la elaboración y aprobación de los sucesivos anteproyectos de Ley.

A juicio del fiscal, en el caso de los ERE el amparo que debe concederse por el Pleno de la corte de garantías debe circunscribirse a la revisión de las penas impuestas por el delito continuado de prevaricación en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su remisión al Parlamento andaluz.

El Constitucional ha recibido doce recursos de amparo interpuestos por los condenados frente a la sentencia dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre ellos los de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.


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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5942 en: 10 de Junio de 2024, 21:44:53 pm »

Archivan la causa al líder de los mossos «indepes» por delito de odio contra la familia de Canet de Mar


Le acusaban de acosar a la familia que reclamó al menos un 25% de enseñanza en castellano para su hijo en Canet de Mar
mossos independentistas
El líder de los mossos independentistas, Albert Donaire.
Ángel Moya
ÁNGEL MOYA
10/06/2024 19:56 ACTUALIZADO: 10/06/2024 20:05
El polémico mosso d’esquadra  portavoz de la asociación de mossos independentistas ha visto archivada la acusación de un delito de odio en su contra por el trato que dio en las redes sociales a la familia de Canet de Mar (Barcelona) que luchó por el derecho de su hijo a recibir al menos un 25% de su enseñanza escolar en castellano.

Las primeras denuncias fueron tramitadas por el Juzgado de Olot número 2. La juez archivó el caso, pero el fiscal especializado en delitos de odio recurrió ante la Audiencia de Gerona, que ordenó reabrir las diligencias.

Entre las denuncias que recibió el líder de los mossos independentistas se sostenía que desde el 4 de diciembre de 2021 el agente del cuerpo de Mossos d’Esquadra, Albert Donaire, perpetraba actos de acoso continuado contra la familia de Canet de Mar que pedían que no se impidiera a su hijo recibir un 25% de las clases del colegio en castellano.

Desde entonces, los comentarios en redes del denunciado ahora absuelto, no dejaron de sucederse a pesar de tratarse de un agente de los Mossos d’Esquadra.

En su twitter señalaba a la familia con comentarios como: «Este niño se debería encontrar absolutamente solo en clase. Las horas que se hacen el castellano los otros niños deberían salir de clase». También escribía en la red Twitter lo siguiente: «Esto de llamar catalanes a los que no saben hablar nuestra lengua es incorrecto. Yo los llamo colonos. En Mallorca un amigo mío los llama forasteros. Pero en ningún caso son catalanes o mallorquines».

Desde su perfil, el agente de los Mossos d’Esquadra y coordinador de la asociación «Mossos per la Independència» llama a la desobediencia contra la resolución firme del Tribunal Supremo de la obligatoriedad de impartir el 25% de la enseñanza en lengua española.

El mosso independentista tambien carga contra la justicia en relación con este asunto: «Los únicos padres que han organizado bullying han sido los padres de este niño contra los otros 24 de la clase, con la ayuda incondicional de los tribunales fascistas de vuestro país asqueroso».

Ahora, la Audiencia Provincial de Gerona ha archivado esta causa contra el portavoz de Mossos por la Independencia por un delito de odio.

Tras un primer archivo de la causa, el juzgado de Instrucción 1 de Olot había considerado que estas publicaciones constituían un delito de odio contra la familia, coincidiendo con la argumentación del fiscal de delitos de odio.

La defensa del investigado recurrió la decisión, y ahora la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gerona le ha dado la razón, asegurando que este delito sólo se puede cometer contra personas que forman parte de un colectivo vulnerable, y que la familia de Canet de Mar, las víctimas, no forman parte de ningún colectivo vulnerable.

«Hostilidad e intolerancia»
Todo esto a pesar de que el auto describe que los tuits reflejan de forma diáfana «hostilidad e intolerancia», pero acaba por concluir que «el delito de odio no se constituye por cualquier expresión de hostilidad difundida públicamente contra una o más personas pertenecientes a un colectivo o grupo social identificable de personas, aunque sea claramente ofensiva y perturbadora de la paz social y el orden público».

Además, el auto de archivo señala que los comentarios del líder de los mossos independentistas en las rede sociales «no provocaron una afectación relevante» o provocaron alguna represalia o «acciones concretas» por parte del número notable de seguidores que el absuelto tiene en sus redes sociales.

El auto de archivo recuerda además que la sección cuarta de la Audiencia de Gerona ya estableció los mismos criterios para archivar la acusación de delito de odio contra el mosso d’esquadra.

Amenazas permanentes
Desde que la familia del menor logró que la justicia le diera la razón en que su hijo tenía derecho a recibir el 25% de su enseñanza en castellano, no han dejado de recibir amenazas e insultos.

De hecho ahora, el padre del menor pide una condena de 6 años de cárcel para un sujeto que publicó también en twitter mensajes amenazadores contra su familia. El padre solicita cuatro años de cárcel por un delito de odio agravado por la ideología y dos años más por un delito contra la integridad moral.

La fiscal de Delitos de Odio reduce su petición a dos años de prisión por un delito contra la integridad moral.

La acusación pública también solicita la misma condena para otros tres individuos que con sus mensajes humillaron y causaron angustia a la menor y a su familia. La defensa de los los acusados pide su absolución porque considerar que las expresiones se enmarcan en la libertad de expresión.

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Re: De actuaciones y sentencias judiciales
« Respuesta #5943 en: 12 de Junio de 2024, 08:04:50 am »


Absueltos en Valladolid el guardia civil y los cuatro empresarios acusados de una trama de favores

Los hechos derivaban del caso conocido como Operación Rosado, que concluyó en su día con la absolución de más de una veintena de acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal

El Norte
El Norte

Valladolid

Martes, 11 de junio 2024, 18:07
| Actualizado 18:17h.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Valladolid ha dictado sentencia absolutoria en el caso de los cuatro empresarios y el agente de la Guardia Civil que habían sido encausados por delitos de tráfico de favores y revelación de secretos, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La resolución de la juzgadora, en una breve vista este martes, ha contado con el beneplácito tanto de la Fiscalía como de las dos acusaciones populares personadas en el proceso, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO), así como lógicamente con el beneplácito de las defensas, y todo ello debido a que los hechos derivaban del denominado caso conocido como Operación Rosado que concluyó en su día con la absolución por parte de la Audiencia de Valladolid de más de una veintena de acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, fruto de la nulidad del auto judicial que autorizó los primeros pinchazos telefónicos.

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Aquel fallo supuso la absolución de los veintitrés encausados de narcotráfico y grupo criminal y el mismo mediatizaba por completo el resultado del juicio por revelación de secretos y tráfico de influencias que se seguía contra el citado agente del Instituto Armado y los otros cuatro acusados al tratarse de un procedimiento que deriva del anterior.

Aquella absolución se conoció precisamente el 27 de mayo de 2022, el mismo día en el que estaba previsto dar inicio al juicio en Penal 1 contra los cuatro empresarios y el guardia civil, con lo que la juez, de conformidad entonces con acusaciones y defensas, resolvió que lo más acertado, «por economía procesal», era suspender la vista ante la «excepcionalidad» de la situación planteada.

Se acordó así la suspensión a la espera de que el fallo de la Audiencia Provincial cobrara firmeza, algo que se produjo en enero de 2023 cuando la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificaba la absolución.

Con la firmeza de la absolución respecto de la Rosado, la juez de Penal 1 ha vuelto a convocar este martes la vista contra al agente de la Guardia Civil acusado, J.C.C, y los cuatro empresarios, J.R.R, F.G.J, E.O.C. y D.E.A, y, al derivar el presente procedimiento de aquella inicial causa, ha acordado absolver también a los cinco ocupantes del banquillo.

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Así, en una breve vista de no más de cinco minutos la fiscal del caso y la AUCG, como acusación popular -la también popular UO comunicaba ya el pasado lunes que desistía del procedimiento-, han anunciado que retiraban todos los cargos y por tanto la juez titular tomaba la palabra para, 'in voce', anticipar ya el fallo absolutorio de los cinco encausados que en unos días será plasmado por escrito en la correspondiente sentencia.

Nulidad de las escuchas telefónicas
El origen de ambas sentencias absolutorias es la nulidad de las escuchas telefónicas que el juez de Instrucción número 1 autorizó el 23 de septiembre de 2017 sobre un presunto traficante y a partir de las cuales se instruyeron tanto la Operación Rosado contra veintitrés presuntos narcos como una segunda contra el agente y otros cuatro implicados en una presunta trama de favores.

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Con carácter provisional, el fiscal imputaba al agente de la Guardia Civil un delito continuado de violación de secretos y otros dos de tráfico de influencias y solicitaba por el primero una multa de 10.800 euros y por cada uno de los dos siguientes nueve meses de cárcel, junto con su inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo total de ocho años.

Además, y con respecto al resto de presuntos implicados, el fiscal imputaba a J.R.R. un delito de violación de secretos, en calidad de inductor, y le pedía multa de 2.400 euros e inhabilitación para cargo público por un año, al tiempo que acusaba a F.G.J, E.O.C. y D.E.A. por delito de tráfico de influencias, los tres como cooperadores necesarios, e interesaba para ellos cuatro meses de prisión y su inhabilitación por siete meses.

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La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), personada como acusación popular, solicitaba tres años de prisión para el agente, mientras que la Unión de Oficiales (UO), también en calidad de acusadora popular, pedía para el integrante del Instituto Armado una condena global de cuatro años y nueve meses de cárcel y su retirada del Cuerpo por espacio de diez años y medio.

Las conversaciones intervenidas hacían sospechar, presuntamente, de que el agente del Instituto Armado influía o decía influir a cambio de dinero y regalos en diversas administraciones, autoridades y funcionarios para obtener beneficios para quienes acudían a él, realizando gestiones «incompatibles con su condición» de agente de la autoridad.