“Nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra Historia. Padecemos una pandemia enraizada en última instancia en el cambio climático que la civilización del crecimiento sostenido y depredador de la naturaleza ha originado. La epidemia ha acelerado y agravado aún más la crisis sistémica ya anunciada por científicos, economistas y analistas. España está ante una recesión económica sin precedentes. Y ello sitúa al Gobierno -a cualquier Gobierno- y a la sociedad en su conjunto, ante un problema de extrema complejidad. Se necesitan recursos cada vez más abundantes y perentorios para gastos sanitarios de urgencia y para atender las consecuencias del obligado parón productivo: cierre de empresas, incremento exponencial del paro, precariedad y la exclusión social existentes desde hace décadas. Sin obviar, sobre todo en estos momentos, las imprescindibles inversiones en investigación.
Por exigencias derivadas de la Justicia, los Derechos Humanos y el mandato constitucional, ni los poderes públicos ni la sociedad pueden olvidar que en pleno siglo XXI, cada español y cada española tiene derecho a una vivienda digna, a un régimen público de Seguridad Social, a la Enseñanza, a la Sanidad, a pensiones suficientes, a la atención a la dependencia, al disfrute de un medio ambiente adecuado y a la percepción de un subsidio personal cuando ésta se haya visto afectada por la “pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”, tal y como dice el artículo 25 de los DDHH y recoge también el artículo 41 de nuestra Constitución.
El cumplimiento de estas obligaciones legales y morales por parte de los poderes públicos necesita, aparte del consenso y apoyo de la mayoría social, un acopio de recursos sin precedentes. Y estos recursos no tienen otra fuente y origen que el contribuyente, bien por ser asalariado, bien por ser autónomo o empresario, o bien por poseer rentas y recursos de toda índole. Pero es el caso que el cierre de empresas, los Ertes y el desplome del sector turístico, conducen a una bajada prevista del PIB del 9,2% Y a ello se le suma el aumento, también previsto, del déficit público desde el 2,8% a finales del 2019, al 10% del PIB para Diciembre del 2020. Es decir, más gastos ineludibles, menos ingresos y, además, más deuda pública. Y todo esto en el marco de una pandemia que sigue generando contagios, personas hospitalizadas y muertes, sin que todavía haya vacuna que la erradique.
Este es el hoy de España. De cómo lo abordemos dependerá el mañana. Y en el mañana van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras de españoles y españolas. Es una cuestión de responsabilidad colectiva: optar entre un futuro para la inmensa mayoría o un desastre, también para la inmensa mayoría. Porque constituiría un inmenso error retornar -como si nada hubiese pasado- a la salida de la crisis del 2008, haciendo recaer, otra vez, sacrificios y penurias sobre trabajadores, asalariados y sectores populares en vez de buscar una nueva salida en la que prime la Solidaridad y el no dejar a nadie atrás. Tanto los Gobiernos de turno como la sociedad deberemos estar a la altura del reto, asumiendo que nos llevará tiempo. Construir el mañana supone priorizar objetivos, potenciar mecanismos e instrumentos de intervención en la realidad y sustentar todo el proceso en parámetros éticos y de conductas de moral pública consecuentes con ellos.
A nuestro parecer, los objetivos a conseguir son tres: la concreción en la práctica de los Derechos y Deberes contemplados en el Título Primero de la Constitución, la creación de un tejido productivo que ligue la economía al territorio, a las necesidades materiales de la mayoría social y lo haga menos vulnerable a crisis como ésta y, en tercer lugar, políticas medioambientales que combatan el cambio climático y a las que toda la actividad productiva y de consumo superfluo se supediten. En resumen: pleno empleo, democracia económica y calidad ambiental.
El hoy y el mañana necesitan, además, de un Estado fuerte y de una sociedad civil igualmente fuerte. Un Estado que en el caso español está formado por tres Administraciones: la central, la autonómica y la local. Y una sociedad civil que, de manera consciente y cohesionada, sea capaz de confrontar con el Gobierno de turno sí éste se aleja de los objetivos constitucionales de justicia social a los que se debe. Una sociedad civil que igualmente asuma su imprescindible parte de protagonismo en la salida de estos momentos críticos y en la construcción del porvenir. Que comprenda el ciudadano y la ciudadana que el recurso de mirar hacia otro lado, obviando su participación, afectará negativamente a su vida y a sus libertades.
Corresponde a los poderes públicos arbitrar las políticas y los mecanismos eficaces para disponer de las infraestructuras pertinentes y acopiar los recursos económicos y financieros necesarios. Y desde luego, tres de ellos son inaplazables: una fiscalidad justa tal y como se desprende del artículo 31.1 de la Constitución, el acogerse al punto 4 del artículo 135 de la Carta Magna y por último, desarrollar consecuentemente los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del citado texto.
Ética y Política no son, en absoluto, dos conceptos antitéticos o contrapuestos. Muy al contrario, una es la ciencia de la moral y la otra la ética de lo(s) colectivo(s). El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución propugna, no es otra cosa que la institucionalización de los principios éticos de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con “decorum”, es decir con honestidad, honradez, discreción y justicia.
De la misma manera que la Ética y sus principios morales deben ser inherentes a la función pública, la ética cívica es el fundamento de una sociedad civil fuerte. La defensa de los derechos, la aceptación de los deberes, los hábitos democráticos en la cotidianeidad, la tolerancia como convivencia, la participación en los asuntos públicos y el ejercicio consecuente de la crítica y la movilización, hacen una ciudadanía inmune a la tiranía, la opresión, las presiones de los poderes fácticos y las atmósferas de odio fundamentadas en bulos, manipulaciones informáticas y el pillaje político.
La salida a la crisis que propugnamos y de la cual hemos esbozado anteriormente objetivos, instrumentos y sujetos políticos y sociales, se fundamenta en tres pilares a nuestro parecer inobjetables: la aplicación, desarrollo y ampliación de los DDHH, poner freno al proceso de cambio climático y la regulación de una nueva relación entre el ser humano y la Naturaleza. Pero tal propuesta, a nuestro juicio la que responde a las necesidades y exigencias de momento, necesita del ejercicio de la austeridad. La austeridad no es recorte en bienes y servicios públicos necesarios. La austeridad significa Administraciones Públicas que eliminen gastos superfluos, innecesarios e inútiles (la lista sería extensa). La austeridad como valor público y como corresponsabilidad social con la defensa del medio ambiente, significa vivir bien, pero con otros parámetros de vida.
Salir de esta situación, sin que la totalidad de la ciudadanía tenga que pagar el peaje de carencias en lo que la Constitución denomina Derechos y deberes fundamentales, va a significar un período de “apretarse el cinturón” generalizado. Entendemos que durante un período transitorio esto deba ser así; pero con dos condiciones: que no afecte a los que nada tienen y que los esfuerzos colectivos sean directamente proporcionales al estatus económico y social de cada uno y de cada una.
Somos conscientes de que salir de la crisis en positivo, es decir cara a un mañana prometedor, más justo y más seguro, necesitará de procesos permanentes de reflexión, debate, crítica, lucha y acuerdo. Sin embargo, un proceso enmarcado en ámbitos de serenidad, seriedad y concreción temática, necesita erradicar la crispación. La pugna política -que nunca puede ni debe desaparecer- debe servir para comparar criterios, propuestas y valores. Y más aún en circunstancias como las actuales.
Esta pandemia que el mundo sufre, ha hecho florecer en nuestro país junto con la entrega, el altruismo y sentido de la responsabilidad de la mayoría social, una peculiaridad hispana en forma de enfermedad política oportunista: el discurso de odio guerracivilista generado por los responsables máximos de las organizaciones de Derechas. Para desgracia de nuestra Patria no es cosa nueva. Encarna el odio atávico a las clases populares, al movimiento obrero y al pensamiento libre. Y todo ello ha tenido como expresión la imposición de un patriarcado anulador de los derechos de la mujer, el clericalismo más rancio y el llamado “franquismo sociológico”, magma ideológico-social muy anterior al dictador, pero que se materializó en torno a su persona. La injuria zafia, la simpleza de sus propuestas y los bulos, en cuya difusión siguen a rajatabla las tesis del aparato de propaganda nazi. Sus objetivos son crear confusión, potenciar los prejuicios contra el “otro”, el “rojo”, “el homosexual”, “la mujer “ o “el inmigrante”. Pero sobre todo, el objetivo máximo es perpetuar los privilegios sociales y económicos del estatus que los dirige.
Muchas y muchos de los abajo firmantes -en plena situación de confinamiento- estamos intentando desenmascarar y combatir esa superchería a la par que procuramos ayudar a reflexionar y generar actitudes de conciencia cívica en línea con lo que desarrollamos en este documento. Pero esta actividad de combatientes solitarios no es suficiente por mucho uso que individualmente hagamos de la red o enviemos artículos para la prensa escrita.
Por ello consideramos imprescindible que desde el mundo político, social y cultural que aglutina a militantes y simpatizantes de fuerzas como Unidas Podemos, Mareas, Comunes, Confluencias,sindicatos, colectivos de defensa de los derechos sociales, feministas, ecologistas, ateneos, fundaciones, etc., debe darse un paso más y organizar colegiadamente el combate político – cultural y la entente programática. Y en tal sentido les hacemos un llamamiento. Si pretendemos crear hegemonía social y cultural para construir algo nuevo, dado el fiasco de lo existente y de lo vivido por seguir los dictados del neoliberalismo, debemos impedir que quienes se consideran dueños de un Poder sempiterno reconstruyan la realidad a su imagen y semejanza”.
Firmado:
Colectivo Prometeo
