CHEQUEO A 30 A?OS DE DEMOCRACIA
El 66% de los espa?oles cree que la Justicia protege más al delincuente que a la víctima
* Los espa?oles suspenden a la Justicia en eficacia y en independencia
* Seis de cada 10 tachan de 'deficiente' el funcionamiento de los juzgados
* Mujeres y personas de mayor edad, los más críticos con la Justicia
MARÍA PERAL
MADRID.- La imagen que refleja el espejo no es buena. No es sorprendente. De la mano de los estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Justicia ha sido sometida periódicamente al escrutinio sociológico y el resultado nunca ha sido positivo. De todos los poderes e instituciones del Estado, la Administración de Justicia ha sido tradicionalmente una de las peores valoradas por los ciudadanos, por debajo del Gobierno o del Parlamento. Pocas veces ha logrado superar un cuatro ramplón en una escala de cero a 10.
Los expertos en demoscopia sostienen que no es un mal resultado teniendo en cuenta que en estos estudios de opinión los promedios rara vez suben de seis o bajan de tres. También advierten que los juicios que emiten los ciudadanos sobre los Tribunales se basan, en gran medida, en las informaciones que proporcionan los medios de comunicación, más que en experiencias personales de conocimiento.
Aun teniendo en cuenta estas prevenciones, las encuestas que, como la elaborada por Sigma Dos para EL MUNDO, han pulsado el estado de la opinión social sobre la Justicia insisten en los mismos signos de alarma: el sistema judicial no es capaz de dar una respuesta eficaz ?en términos de tiempo y de calidad? a las demandas ciudadanas de tutela de sus derechos; o los órganos judiciales están condicionados por la influencia que ejercen sobre ellos los poderes políticos, e instituciones situadas en la clave de bóveda del Estado de Derecho, como el Tribunal Constitucional, son percibidas como órganos politizados y en absoluto independientes. Éste es, a ojos de los ciudadanos, el dibujo de la Justicia espa?ola, y no sólo en la actualidad sino a lo largo de 30 a?os de democracia.
Seis de cada 10 de los encuestados por Sigma Dos califican de "deficiente" o "muy deficiente" el funcionamiento de los juzgados y sólo uno (el 8,1%) lo cree "bueno" o "muy bueno". Son porcentajes aún más negativos que los que maneja el CGPJ, lo cual puede tener una explicación en el hecho de que la encuesta elaborada para EL MUNDO se realizó justo después del caso Mari Luz o del crimen de Alovera.
Las mujeres son más críticas que los hombres. Y la opinión empeora conforme los encuestados avanzan en edad: si el porcentaje que evalúa deficientemente el funcionamiento de la Justicia es del 52,9% cuando se trata de menores de 30 a?os, pasa a ser del 57,8% en la franja de 30 a 44 a?os y del 67,3% en la de 45 a 64 a?os. Ente los mayores de 65 a?os, el porcentaje de opinión negativa se eleva al 69,9%.
Por tendencia política, los votantes de IU son los que expresan un juicio más severo. Ninguno de ellos percibe un buen funcionamiento de los Tribunales. No obstante, son los del PP los que creen en un porcentaje más alto (el 68%) que funcionan mal y muy mal. Incluso entre los afines al PSOE son mayoría los que tienen una opinión negativa, aunque en mucha menor proporción (el 54,6%).
Poca protección a la víctima y escasa división de poderes
La responsabilidad de esta situación corresponde, en opinión mayoritaria del 51,1%, a los políticos, pero es considerable el porcentaje de los que culpan a los jueces (20,3%).
Seis de cada 10 ciudadanos creen que el sistema judicial garantiza más los derechos de los acusados que los de las víctimas. Se trata de una percepción reiterada en otros barómetros.
Aunque la mayoría considera que en Espa?a hay división de poderes (el 62,7% frente a la opinión negativa del 27,9%), la plasmación práctica de este principio parece dejar bastante que desear. Para una rotunda mayoría, del 70%, los gobiernos utilizan su poder en los tribunales para controlar las decisiones de los jueces. Lo creen más los hombres que las mujeres y es una opinión extendida en un porcentaje similar en todos los tramos de edad. Esta percepción está más instalada entre los votantes del PP (79%), que entre los de IU (76%) o PSOE (66,1%).
Desde el punto de vista de las instituciones, el juicio negativo sobre el Tribunal Constitucional es muy acusado. El 71,2% piensa que es un órgano politizado, frente al 17,6% que defiende su despolitización.
Respecto al CGPJ, son mayoría (el 59,8%) los que sostienen que hay que volver al sistema de elección de sus miembros compartido entre los jueces y el Parlamento, tal como se hacía antes de la ley socialista de 1985. En porcentajes minoritarios, son más los que creen que todos los vocales deberían ser elegidos por el propio cuerpo judicial (16,3%) que los que consideran preferible una designación exclusivamente parlamentaria (14,1%). Es llamativo que los votantes socialistas (el 61,5%) se declaren partidarios del sistema mixto, en discrepancia del criterio del PSOE.
También en contra de la tesis de su partido, a la mayoría de los votantes del PP le parecería bien que los delitos pasen a ser investigados por los fiscales, en vez de por los jueces. La opinión pública muestra una clara polarización respecto a este asunto: el 39,9% es partidario de que el fiscal asuma la instrucción penal frente al 37,7% que cree que debería permanecer en manos de los jueces.
