Interior rebaja la vigilancia sobre la Inteligencia marroquí: apartan a tres policías tras investigar a un súbdito vinculado a Mohamed VI
Mandos policiales aseguran que "no interesa" indagar en el país vecino. Ven "injerencias" del Gobierno y un "recorte" en las pesquisas
El sorprendente silencio del Gobierno mientras Marruecos amenaza a España y sólo responde el PP
Gema Peñalosa | Madrid
14/09/2026 00:0
El Ministerio del Interior ha reducido la actividad de investigación de la Comisaría General de Información (CGI) sobre Marruecos «restando intensidad» al trabajo del equipo. Fuentes policiales de toda solvencia alertan de que este departamento de la Policía Nacional -que es fundamental para la seguridad del Estado por ser la inteligencia policial- ha reducido de manera drástica su «actividad informativa». Al menos, tres agentes ya han sido apartados por sus trabajos o informes sobre el reino alauita, tal como informan las mismas fuentes.
La parte práctica de este «recorte» está provocando que se rebaje la vigilancia sobre los miembros de la inteligencia marroquí en España. El equipo se dedica a investigar a estas personas para, después, informar sobre posibles «injerencias» de Marruecos en España. En concreto, hubo un informe que precipitó una de las salidas de este grupo. El protagonista del dosier era una hombre vinculado al régimen de Mohamed VI, precisan las fuentes.
Parte del equipo elevó la información relativa a él. Ese informe, apuntan, no se ha tenido en cuenta y hubo purga dentro del grupo. Mandos policiales observan «injerencias» del «Gobierno» en esta área de la Comisaría General de Información. Entienden que «no interesa» investigar a Marruecos ni nada que tenga que ver con ese país.
Hasta que se restringió el «dinamismo» de la actividad sobre Marruecos de este sector de la Comisaría General de Información, había numerosos agentes asentados vigilando áreas vitales para España y «con investigaciones muy fluidas».
Se da la circunstancia de que, cuando la Policía remitió a la magistrada María Tardón el informe en el que atribuía a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la «planificación o ejecución» de la avalancha humana que entró en Ceuta entre los días 30 y 31 de julio, Interior difundió la reacción de varios comisarios al respecto tras insistir en que no conocía que esa investigación estuviera en marcha.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Entre ellos se encontraba el comisario general de Información, Javier Susín, que, siempre según la versión del Ministerio del Interior, remitió al director adjunto operativo (DAO), el comisario principal José Luis Santafé, una respuesta contraria al contenido que manejaba la instructora Tardón. El jefe de Inteligencia informó al DAO de que «no se ha emitido informe alguno atribuyendo la autoría del asalto a ningún gobierno, servicio o persona, ya que, hasta la fecha, se desconoce la autoría intelectual de dicho asalto». Susín, precisamente, se reunió con el comisario Abdellatif Hammouchi, director de la Inteligencia interior y responsable de la policía marroquí, en enero de 2025, durante un encuentro en Rabat para reforzar su cooperación en la lucha antiterrorista.
En el contundente informe que remitió a la juez Tardón, la Policía afirma que la entrada masiva contó con la dirección y el guiado de gendarmes marroquíes de uniforme y de paisano y que el acceso a la ciudad no tenía un objetivo migratorio, sino de colapso de la frontera y de la propia Ceuta. Este dosier causó una tormenta en el Ministerio delInterior. Fernando Grande-Marlaska aseguró desconocer la confección de este documento y mucho menos que estuviera tutelado por la Audiencia Nacional. El ministro del Interior llamó a capítulo al director general de la Policía, Francisco Pardo, cargo de su máxima confianza.
Pocas horas después de conocer la existencia de este documento, ya en la madrugada del pasado día 2, Grande-Marlaska envió una carta al director general de la Policía para que le informara «a la mayor brevedad posible del contenido del informe». Reclamaba estos datos porque era «esencial» conocerlos para «adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta».
Pardo le informó entonces de que la magistrada que instruye el proceso dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido del informe, por lo que él, como director general de la Policía, no tuvo conocimiento previo. Después, y tras contactar con algunos jefes policiales, según difundió Interior, se dirigió a Grande-Marlaska y sostuvo que ningún informe policial «atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta».
El informe original, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, documentaba con detalle el papel de los gendarmes marroquíes en la entrada masiva de forma irregular en Ceuta de miles de inmigrantes.
Un mes y medio después de esta avalancha, la ciudad autónoma está muy lejos de la normalidad. Ceuta continúa atrapada en una situación de excepcionalidad que está poniendo al límite a las Fuerzas de Seguridad y que deja episodios de violencia cada vez más frecuentes. Los grupos de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios y la Unidad de Prevención y Reacción, creada en 2002 para reforzar la seguridad en las calles y actuar con rapidez ante incidentes urbanos, han sufrido agresiones mientras hacían su trabajo.
