Y sobre OCON SUR...dicen.
"Lo sabíamos todos, en la Guardia Civil y hasta la Policía Nacional: muchas detenciones eran para aumentar las estadísticas. Eso, y que la mayoría de los detenidos no llegara ni siquiera a juicio porque eran inocentes... pues lo veíamos mal", dijo una fuente de toda solvencia a este periódico. Esto, en reiteradas ocasiones, trajo problemas.
Los guardias del grupo de élite contra los narcos impulsan la causa para demostrar su inocencia
Historia de Irene Dorta • 7 h
El que fuera jefe de la unidad de élite de la Guardia Civil de lucha contra el narcotráfico David Oliva tiene una premisa: "la verdad se sabrá en los tribunales". Así de contundente se muestra el teniente coronel que permanece imputado en el juzgado de instrucción número 5 de Parla (Madrid) en una investigación por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos cuando él dirigía el Organismo de Coordinación del Narcotráfico Sur (OCON SUR). El ministro del Interior, Fernando Grande -Marlaska, desmanteló en septiembre de 2022 esta unidad que ha vuelto al candelero después del asesinato de dos guardias por el embiste de una narcolancha en Barbate (Cádiz). Los tres agentes que permanecen investigados tratan de acreditar que todo fue un montaje para desarticular la lucha contra la droga y buscan demostrar su inocencia en los tribunales, de acuerdo a la documentación que puede avanzar El Independiente.
La intención de Oliva y de los otros dos tenientes de la Benemérita implicados es que agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía falsearon los informes contra ellos para cargarse al grupo investigador del Sur. Por eso, el pasado mes de enero solicitaron citar hasta nueve policías, incluido uno de los jefes de grupo Antidrogas. Entienden que el informe que realizaron sobre la grabación y escuchas de los teléfonos que dio lugar a la investigación es "parcialmente falso".
Esta operación conocida como 'Varea' que ha ido desgranando este medio nació en la Audiencia Nacional como una ramificación en un caso de drogas. La Policía descubrió que uno d elos guardias era muy cercano a un familiar del clan de los Ariza (investigados en la pieza principal por tráfico de estupefacientes), incluso compartían fotos en Facebook. La UDYCO informó a la Guardia Civil de sus sospechas y Asuntos Internos se hizo cargo del asunto. El escándalo, de ser verdad, era mayúsculo: la gran unidad montada para desarticular el narcotráfico resultaba corrupta por los capos.
Lo cierto es que ninguno de los tres detenidos terminó en prisión provisional y el ministro del Interior tampoco los cesó de sus cargos de forma fulminante, como ha ocurrido en otras investigaciones como el 'caso Cuarteles' con un jefe de la comandancia de Tenerife. El asunto no ha ido mucho más allá desde entonces. Dio tumbos entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para delimitar la competencia y desde el pasado mes de noviembre el juez de Parla Ignacio Arconada ha cogido la batuta.
"No ha lugar a la práctica de las hasta ocho testificales de agentes de la UDYCO central así como del Jefe de grupo, como tampoco la ratificación de pericial alguna", zanjó el togado el pasado 22 de enero. El juez señala que instruir "no significa que haya que practicar en esta fase previa todas y cada una de las pruebas, en una especie de doble proceso" y "parece evidente que las diligencias solicitadas en nada van a ayudar a aclarar circunstancia alguna del delito investigado".
El togado quiere delimitar la causa al delito de revelación de secretos por el que, supuestamente, se le dio un chivatazo a Oliva de que estaba siendo investigado por uno de los implicados al que se le prometió un puesto en OCON -Sur. Pero los agentes buscan ir más allá y desmontar la causa desde el principio y, para eso, dice el juez, deben acudir a otra sede o iniciar otras pesquisas. "Si lo que la parte pretende es que se declare la nulidad de todo o de parte de esta investigación en absoluto resulta necesario el citar como testigo a las personas que se pretende, debiendo en su caso pretender y solicitar la nulidad en el procedimiento donde se acordó la autorización de las escuchas".
Dicho y hecho. Los agentes se han ido pues al asunto inicial y han interpuesto un nuevo escrito en la Audiencia Nacional en el que tratan de personarse y reabrir la pieza principal sobre narcotráfico para poder evidenciar allí que hubo informes con datos falsos, según confirman fuentes jurídicas. Si no fueran inocentes, dicen estas fuentes, no querrían remover las pesquisas.
En contra tienen a la Fiscalía Antidroga que ha impulsado el procedimiento y de forma sistemática se ha opuesto a la petición de pruebas que han ido solicitando. Fuenter jurídicas señalan que el juez ve que la instrucción está acabada y que el asunto debe ir pronto a un juicio que será con jurado por el tipo de delitos. Peros sus ánimos no decaen y están convencidos de que la única forma de aclarar qué ocurrió realmente para desmantelar OCON pasa por los tribunales.
Los nuevos destinos
OCON Sur contó con unos 150 agentes que se destinaron única y exclusivamente a la batalla de la droga en toda la costa de Andalucía. Los resultados fueron claros: se incautó 1,1 millones de kilogramos de hachís, 35.146 kg de cocaína o 59.275 kg de marihuana. Detuvieron a 12.813 personas, se incautaron 2.622 vehículos y 1.137 barcos, tal y como contó Interior en el balance final. Por eso, su desarticulación está llena de incógnitas y hoy se ha vuelto en un arma arrojadiza contra Marlaska después de que el asesinato de Barbate haya revelado cómo los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona son claramente insuficientes.
La unidad de élite nació en 2018 y terminó en 2022 sin mucha explicación. Cuando en diciembre de ese año Asuntos Internos del Instituto Armado detuvo a los tres agentes, incluido el teniente coronel Oliva, algunas fuentes encajaron las piezas del puzle: el ministro lo desarticuló a sabiendas de lo que venía.Sin embargo, voces pertenecientes a OCON creen que Marlaska fue una víctima y bien "no sabía nada" cuando desde la Guardia Civil se le convenció de que había que integrar a los miembros del grupo en la Policía Judicial que ya operaba en cada zona o bien "lo engañaron". La lucha de los integrantes del cuerpo pasa por aclarar qué intereses hubo detrás de una investigación que tachan de "espuria" y sin sustento. Defienden que al ministro se le ofreció una "muerte dulce", pero que "lo informaron mal" y sostienen que todo estaba "orquestado".
Oliva se integrará en las próximas semanas en el Centro de Enseñanza de la Guardia Civil (Madrid) en el que su rol será "como si fuera un profesor". Hasta ahora estaba de tercer jefe en la Policía Judicial de Málaga y este destino es considerado por algunas fuentes del cuerpo casi como un "castigo". Otro de los investigados se encarga de la seguridad de los edificios públicos en Ceuta y el tercero está en trabajos de oficina en Andalucía "a la espera de asignación".
