SOCIEDADMIÉ, 2013-04-03 06:05
La Policía Municipal rechaza la modificación de la Ley Antibotellón
Algunos agentes consideran que la Ley Antibotellón pone en peligro su salud y roza la ilegalidad
Unos 2.000 policías han presentado “informes protesta” contra los cambios legislativos
ALICIA RODRÍGUEZ
Imagen de la basura que puede generar un botellón / EPComparte este artículo:Twitter4Linkedin0Facebook6Google +0CompartirE-mailImprimirLa Ley Antibotellón no tiene nada contentos a quienes se han visto obligados a pagar una generosa multa por beberse una cerveza en la vía pública. Pero tampoco a los encargados de sancionar a los infractores. La Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid protagoniza una peculiar batalla contra la última modificación de esta Ley, que aseguran pone en peligro su salud y roza la ilegalidad.El pasado mes de julio, la Comunidad de Madrid endureció los términos de la Ley de Drogodependencia y otros Trastornos Adictivos, que incluye la prohibición de consumir alcohol en la vía pública. Desde entonces, la cuantía de la multa para los mayores de edad asciende a a 600 euros, 1.100 en caso de reincidencia durante los últimos seis meses. Para los menores, la sanción es de 500 euros, el doble si no es la primera vez que comete dicha infracción.En estos meses, unos 2.000 policías han presentado a sus superiores, de manera individual, “informes protesta”. El alto importe de las multas es uno de los puntos de disputa. “Una persona que consume alcohol en la vía pública se enfrenta a sanciones superiores, en cuantía económica, que las estipuladas por conducir bajo los efectos del alcohol, que supone 500 euros, pincharse en la calle o fumar marihuana al lado de un parque infantil, que conlleva una multa que ronda los 400 euros”, señala José Francisco Horcajo, policía municipal y portavoz de Coalición Sindical Independiente de Trabajadores(CSIT).
El infractor ya no puede cumplir sanción acudiendo a un curso formativo o realizando trabajos sociales, ahora la única opción es la multa económica
Aunque la delegada de Seguridad y Emergencias del consistorio madrileño, Fátima Núñez, se esforzó en convencer de que las nuevas sanciones no eran desproporcionadas, no son pocos quienes lo creen así y consideran la instauración de los cambios únicamente una medida recaudatoria. Desde el CSIT lamentan que la carga de la alta cuantía de la multa recaiga sobre las familias de los infractores y no sobre estos mismos. Antes de la modificación, la persona que era denunciada por consumir alcohol en la calle podía cumplir sanción acudiendo a un curso formativo o realizando trabajos sociales. Ahora, la única opción es la multa económica.“Si la sanción fuese inferior, una cantidad que el chico pueda asumir, unos 60 euros, sería más eficaz porque podríamos al menos asegurarnos que es él quien realmente le hace frente y no la familia”, apunta Horcajo.
El olfato como herramienta de trabajo
La diferencia como ciudadano entre pagar 600 euros de multa o no depende del olfato del agente, en el sentido estricto de la palabra. Con la actual normativa, la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid adquiere plena competencia para la instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por este tipo de infracción. Es decir, entre las tareas del agente se incluye la obligación de determinar de forma explícita el tipo de bebida consumida por el infractor, aunque las autoridades no ofrecen ningún medio para tal efecto. “Se podrían recoger unos hechos claros (...) a través de los sentidos, por ejemplo el color o tipo de bebida, si olía a alcohol o no, etc.” Esta es la solución que el jefe de la Subinspección de Distrito 2,Juan José Tamayo Tamayo daba a los policías municipales tras recibir sus miles de “informes protesta” por la “imposibilidad” de poder cumplir con lo redactado en la ley.
Un subinspector insta a los agentes a determinar el tipo de bebida que consumen los infractores valiéndose del olfato
“Pretenden que usemos el olfato y analicemos los colores de las bebidas para determinar el tipo de bebida de la que se trata”, lamenta Horcajo. “Cuando se interviene una sustancia psicotrópica como cocaína, marihuana o hachís se manda a Farmacia y allí determinan qué tipo de sustancia es. Cuando hay una prueba de alcoholemia, esta se lleva a cabo con un alcoholímetro. Ambas son pruebas periciales que determinan exactamente de qué se trata para poder proceder a una sanción. Nosotros pedimos lo mismo, porque no somos un aparato exacto para estar oliendo vaso a vaso y analizar qué es lo que está bebiendo cada uno, como sugiere Tamayo que hagamos”, señala el portavoz de CSIT, que se pregunta qué deberían hacer los agentes ante la bebida de alguien que está incubando tuberculosis o cualquier otro virus. “¿Te contagias para poder determinar de qué tipo de bebida se trata?”, plantea Horcajo.La inexistencia de unas pruebas periciales que determinen si lo que se está consumiendo es realmente alcohol puede dar lugar a situaciones injustas. Silvia tiene 23 años y una noche de verano, como de costumbre, bebía un refresco en el parque con sus amigos cuando apareció la policía. Los agentes empezaron a pedir la documentación y multar a todos los presentes. “Traté de explicarles que yo solo bebía Coca-Cola, mostrándoselo con el vaso en la mano, pero no sirvió de nada”, recuerda Silvia.Antes de la modificación de la ley, tanto si el agente se equivocaba como si no, la sanción suponía una charla o 300 euros si se trataba de un infractor muy reincidente. “Ahora son 600 euros directamente”, apunta Horcajo, que considera que una multa tan seria debería conllevar también una metodología sensata y no basarse en percepciones subjetivas.
La Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 2.525 multas en el mes de febrero por consumir alcohol en la calle
“Si alguien que ha sido multado considera que no debería haber sido así, puede recurrirlo, pero no le va a servir de mucho dado el principio de veracidad del agente”, apunta Horcajo. “Ahora, además, con las tasas judiciales no compensa meterse en un litigio. Igualmente pagará unos 600 euros, de multa o de tasas, de modo que no merece la pena”, explica el agente, que reconoce la “indefensión” ante la que puede encontrarse el sancionado.Solo en el último mes de febrero, la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid ha impuesto 2.525 multas por consumir alcohol en la vía pública, 9 de ellas a menores. Parece que las medidas adoptadas no han logrado erradicar el botellón, un hábito de ocio que cada vez se exporta más y que es ya tan popular como su propio nombre, que ocupa un puesto destacado en el ranking de las palabras en español más repetidas entre los extranjeros: “Fiesta”, “paella”, “olé” y “botellón”.
