Autor Tema: Comités de ética y leyes de policía  (Leído 54851 veces)

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #440 en: 14 de Marzo de 2019, 15:54:31 pm »
https://diario.madrid.es/blog/notas-de-prensa/policia-municipal-presenta-su-comite-de-etica/


Dicen.....que en estos días se están designando las vocalias que refiere la norma....ya veremos si aquellos que con "boca grande" se opusieron ferreamente al Comite si no pasan a ser vocales.


Cosas veredes, amigo Sancho.




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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #441 en: 03 de Abril de 2019, 19:40:54 pm »
Me gustaría saber, si se prevé a corto o medio plazo la posibilidad de un cambio en la Ley y la posibilidad de optar a plazas de movilidad en otras comunidades Autonomas.

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #442 en: 03 de Abril de 2019, 20:10:25 pm »
 Quizás a dos o tres años vista....

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #443 en: 29 de Junio de 2019, 18:54:37 pm »

« Última modificación: 30 de Junio de 2019, 07:21:14 am por 47ronin »

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #444 en: 29 de Junio de 2019, 19:14:49 pm »
Jupol va a brotar . . .

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #445 en: 30 de Junio de 2019, 07:22:08 am »
Jupol va a brotar . . .

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Querer todo de todos es imposible.

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #446 en: 17 de Julio de 2019, 17:25:47 pm »


El Ayuntamiento eliminará el comité de ética de la Policía Municipal por ser un "tribunal de la inquisición"


LUIS F. DURÁN
Madrid
Miércoles, 17 julio 2019 - 16:37

La concejala de Seguridad, Inmaculada Sanz, durante la comisión.
Sergio González Valero
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La delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha asegurado este miércoles que se eliminará el comité de ética de la Policía -que había sido puesto en marcha por el anterior equipo de Gobierno de Manuela Carmena- por "sectario" y ser un "tribunal de la inquisición", además de "no haber cumplido sus objetivos". Asimismo, Sanz ha explicado que se va a modificar también el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal para que se tomen medidas con criterios profesionales y no con imposiciones ideológicas. En este sentido, el concejal socialista Ramón Silva le ha recordado que hay 200 agentes expedientados por esta Unidad de Asunto Internos tras no presentarse a trabajar en las fiestas del Orgullo de 2018 al alegar que estaban enfermos.

"Las cosas no han ido bien estos cuatro años en la Policía Municipal y hay que cambiarlas. No se ha gestionado bien lejos de las discrepancias que tenemos en cuanto al modelo policial. Desde luego nuestra finalidad será facilitar el trabajo de la Policía y no dificultarlo", ha explicado la concejala de Seguridad.

"Ustedes querían con el comité de ética crear un tribunal de la inquisición y le buscaron un encaje legal", ha señalado Sanz que ha señalado al anterior equipo de Gobierno que si "este órgano era tan imprescindible" por qué no empezó a tener actividad hasta tres años después de si aprobación en Pleno en el 2016.

Sanz ha insistido en que este órgano responde al "sectarismo" del anterior gobierno y, por "coherencia política", el gobierno de coalición del PP y Cs tiene que eliminarlo porque respondía a un "uso partidista de Asuntos Internos" y ha asegurado que Ahora Madrid era quien "desconfiaba de la Policía".

"No ha cumplido con los objetivos y lo vamos a eliminar", ha inquirido la delegada del área.

Barbero ha espetado que este tipo de órganos también existen en otras instituciones como en los hospitales que gestiona la Comunidad de Madrid y "no se presupone que hay desconfianza".
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El comité de ética, según ha recordado Barbero, es "un órgano de deliberación, con carácter consultivo, plural e interdisciplinar, creado para el análisis y asesoramiento de las cuestiones y conflictos éticos que se puedan producir en la práctica policial". "Era una manera de que gente fuera de la Policía estuviese en ese órganos para revisar las actuaciones policiales", ha indicado Barbero.



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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #447 en: 18 de Julio de 2019, 10:08:18 am »

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #448 en: 18 de Julio de 2019, 10:12:49 am »
Vaya, vaya, vaya....


https://twitter.com/CHARLYBAHON/status/1151554503000449024?s=19

Creo que como miembro del comité de ética @policiademadrid es un error su disolución y que @javierbarberog ha expuesto lo que verdaderamente se realiza.
Me llevo las ponencias magistrales  de Diego Gracia.
#ComisionPortavozSyE
@InmaSanzO
@begonavillacis
@RamonSilvaB
@pedro_fhz




 :pen:

https://www.larazon.es/local/madrid/el-comite-etico-de-barbero-indigna-a-la-policia-municipal-AH12513524

 Ese charlybahon es el mismo que en ese artículo dijese esto:

De la misma opinión es la Asociación de Policía Municipal (APMU). Su portavoz, Carlos Bahón, considera que el comité ético está «fuera de lugar»





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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #449 en: 18 de Julio de 2019, 14:39:50 pm »
Rectificar es de sabios . . .

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #450 en: 18 de Julio de 2019, 15:49:06 pm »
Con el tiempo se darán cuenta del enorme error que es dejar en manos de los mandos, únicamente, el.control de asuntos internos y la gestión disciplinaria.

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #451 en: 19 de Julio de 2019, 07:19:38 am »
Unijepol
21 horas ·

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad


Los derechos humanos deben estar en el centro de la agenda política de Madrid.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad pretende iniciar una ronda de diálogo con los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid para garantizar el compromiso político con la defensa de los derechos humanos.

• Esta plataforma solicitará próximamente reuniones con el gobierno municipal y con los distintos grupos políticos con representación en el consistorio madrileño.
• El objetivo es conseguir que las políticas públicas garanticen los derechos humanos y la mejora de los servicios policiales sean una pieza clave de la acción de gobierno en Madrid.

Madrid, 18 de julio de 2019.- Después de la celebración de las elecciones municipales y de la conformación de los nuevos consistorios se inaugura una nueva legislatura en la que la participación de la sociedad civil organizada tiene un papel protagonista. En este contexto, la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad ha decidido iniciar una amplia ronda de encuentros con el nuevo gobierno municipal y con los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid.

Dicha plataforma, que agrupa a diversas entidades sociales y organizaciones policiales, pretende impulsar durante esta legislatura un firme compromiso político con la defensa de la diversidad y los derechos humanos en los ámbitos municipales, empezando por Madrid. Para ello, mantendrá reuniones con el gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida así como con los partidos políticos que tienen representación en el pleno del consistorio madrileño. El objetivo es conseguir que las políticas públicas respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de toda la ciudadanía, incorporando la igualdad y la diversidad como pieza central de la acción de gobierno en la ciudad de Madrid.
Entre las propuestas que la Plataforma trasladará en estas reuniones se encuentran el fortalecimiento y la consolidación de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, la mejora del Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE) y el desarrollo del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad nació a mediados de 2010, como un espacio de encuentro entre representantes de la sociedad diversa y los servicios policiales, para impulsar y promover cambios en dichos servicios que mejoren sus procedimientos de actuación y garanticen a la sociedad diversa, especialmente a los colectivos minoritarios más vulnerables, un trato policial igualitario.

Esta plataforma está integrada hoy por un total de once organizaciones: Unijepol, Fundación Secretariado Gitano, RAIS, Red Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Plena Inclusión España, Fundación Cepaim, GayLesPol, FELGTB, Movimiento por la Paz y Accem. Además, dos entidades participan como observadoras: Amnistía Internacional y Open Society Foundations.

Más información:

Portavoz Plataforma:
Miguel Ángel García
David Martín
portavoz@gestionpolicialdiversidad.org
91 279 52 86

https://www.facebook.com/Unijepol/posts/2352473764859604?__xts__%5B0%5D=68.ARALgP4wWMYsU9f-xIxltJ6cOSuSsWVGc3_ZN6c7CYACIUV_CRlu_QutvexjtuPjGo7tV7n2yUi0W4JU3_TtKbqBp-0FWdtBlidiWGGcpjmzurwnMI3-T6b796tPmUDUg02vsnldC8JbJBkDCYjygdUIy0lHsiahCwgctG41521pixSbgUM6VGYq2hGJwOAiyORyhUKceeiggnObZWGvZIod25gogikqTqLTMYotBTfOJeJ72IHx6_TEg-71elDoeMFAqdRciWKHjAsoRD7AhQjR-57ZXoL5LkFbYo4ILd9qPBXlN1JO_Kr1l_y2JodM5Ll1OMZ9bvoh58jqA16S6fe8yA&__tn__=K-R

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #453 en: 24 de Julio de 2019, 15:03:51 pm »
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21 horas ·

Comunicado de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad


Los derechos humanos deben estar en el centro de la agenda política de Madrid.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad pretende iniciar una ronda de diálogo con los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid para garantizar el compromiso político con la defensa de los derechos humanos.

• Esta plataforma solicitará próximamente reuniones con el gobierno municipal y con los distintos grupos políticos con representación en el consistorio madrileño.
• El objetivo es conseguir que las políticas públicas garanticen los derechos humanos y la mejora de los servicios policiales sean una pieza clave de la acción de gobierno en Madrid.

Madrid, 18 de julio de 2019.- Después de la celebración de las elecciones municipales y de la conformación de los nuevos consistorios se inaugura una nueva legislatura en la que la participación de la sociedad civil organizada tiene un papel protagonista. En este contexto, la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad ha decidido iniciar una amplia ronda de encuentros con el nuevo gobierno municipal y con los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid.

Dicha plataforma, que agrupa a diversas entidades sociales y organizaciones policiales, pretende impulsar durante esta legislatura un firme compromiso político con la defensa de la diversidad y los derechos humanos en los ámbitos municipales, empezando por Madrid. Para ello, mantendrá reuniones con el gobierno encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida así como con los partidos políticos que tienen representación en el pleno del consistorio madrileño. El objetivo es conseguir que las políticas públicas respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos de toda la ciudadanía, incorporando la igualdad y la diversidad como pieza central de la acción de gobierno en la ciudad de Madrid.
Entre las propuestas que la Plataforma trasladará en estas reuniones se encuentran el fortalecimiento y la consolidación de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid, la mejora del Proyecto Identificación Policial Eficaz (PIPE) y el desarrollo del Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.

La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad nació a mediados de 2010, como un espacio de encuentro entre representantes de la sociedad diversa y los servicios policiales, para impulsar y promover cambios en dichos servicios que mejoren sus procedimientos de actuación y garanticen a la sociedad diversa, especialmente a los colectivos minoritarios más vulnerables, un trato policial igualitario.

Esta plataforma está integrada hoy por un total de once organizaciones: Unijepol, Fundación Secretariado Gitano, RAIS, Red Acoge, Movimiento contra la Intolerancia, Plena Inclusión España, Fundación Cepaim, GayLesPol, FELGTB, Movimiento por la Paz y Accem. Además, dos entidades participan como observadoras: Amnistía Internacional y Open Society Foundations.

Más información:

Portavoz Plataforma:
Miguel Ángel García
David Martín
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https://www.facebook.com/Unijepol/posts/2352473764859604?__xts__%5B0%5D=68.ARALgP4wWMYsU9f-xIxltJ6cOSuSsWVGc3_ZN6c7CYACIUV_CRlu_QutvexjtuPjGo7tV7n2yUi0W4JU3_TtKbqBp-0FWdtBlidiWGGcpjmzurwnMI3-T6b796tPmUDUg02vsnldC8JbJBkDCYjygdUIy0lHsiahCwgctG41521pixSbgUM6VGYq2hGJwOAiyORyhUKceeiggnObZWGvZIod25gogikqTqLTMYotBTfOJeJ72IHx6_TEg-71elDoeMFAqdRciWKHjAsoRD7AhQjR-57ZXoL5LkFbYo4ILd9qPBXlN1JO_Kr1l_y2JodM5Ll1OMZ9bvoh58jqA16S6fe8yA&__tn__=K-R
Pués la reunión con VOX puede ser de risa . . .

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #454 en: 06 de Agosto de 2019, 13:41:04 pm »

domingo, 4 de agosto de 2019

.Los Comités de Ética en las policías locales




Por David Garfella Gil

La seguridad y la libertad son dos de los principales valores sobre los que se cimenta cualquier sociedad desarrollada; de su equidistante simetría y ponderación dependerá, en buena medida, el progreso de sus ciudadanos en la búsqueda por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria.

La aparición de los comités de ética en las PPLL  en nuestro país, y más concretamente en nuestra Comunidad Autónoma Valenciana, se fundamenta en  la adecuación en las actuaciones policiales a las sensibilidades sociales en continua evolución; se debe garantizar, en todo caso, que estos cambios se realizarán partiendo de unos claros fundamentos democráticos, y sobre todo  éticos.

En el contexto urbano actual las demandas se dirigen al mantenimiento de una convivencia ordenada y segura, estas peticiones de seguridad subjetiva se dirigen en gran parte a los cuerpos policiales y siendo recogidas y desarrolladas por la Policías Locales, que por su estructura y funciones es la más adecuada para ejercer esta cercanía/proximidad al ciudadano y atender a sus conflictos y problemas más cotidianos. La mayor profesionalidad, y la atención en sus respuestas a los ciudadanos más allá de las respuestas burocráticas, han supuesto una transformación de las PPLL.

Las Policías Locales por su proximidad a los vecinos, su imbricación con sus problemas y por su tendencia a la búsqueda de soluciones, pueden y deben estructurarse como instrumento de cohesión e integración social. El concepto anticuado de orden público se aleja del espíritu de la norma actual para dar paso a otros, como los de proximidad, más acordes a la configuración de una ciudadanía cada día más diversa, más plural y, a la vez, más exigente. En este ámbito cobra fuerza y sentido la apuesta  por una Policía basada en fuertes principios éticos y la necesaria  creación de órganos  de carácter consultivo en materia de ética y deontología con la finalidad de coadyuvar a mejorar la calidad del servicio policial y constituir un espacio de reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública.

En este sentido un ejemplo es la actual ley de coordinación de PPLL de la Comunidad Valenciana 17/17, sin  embargo  ( y esta es una de las razones que me impulsa a plantear estas reflexiones) , recientemente en Madrid el pasado 23 de Julio se suprime de una forma sorpresiva  por su Ayuntamiento el Comité de Ética de la Policía Municipal un órgano colegiado de asesoramiento en materia de análisis y recomendación de la resolución de cuestiones y conflictos éticos que se pueden producir en la práctica policial, una decisión en mi opinión muy desafortunada que marca un camino incierto en una organización policial que era el espejo para el resto de organizaciones policiales locales en España.
     
     Sir Robert Peel consideraba al Policía como un ciudadano de uniforme. Es significativa esta afirmación puesto que para el autor la seguridad, o la función policial, partía del consenso y de la misma sociedad. El respeto a los valores ciudadanos era el pilar básico de su cometido. La prevención era el objetivo, más que la represión. Consideraba que la cooperación de los ciudadanos era fundamental. Una cooperación basada en el respeto y la confianza obtenida por un ejercicio policial responsable, social y ponderado.
     
      El Policía es un funcionario al servicio de todos los ciudadanos y no solamente necesita unos conocimientos profesionales y unas buenas aptitudes en el desarrollo de su trabajo. Para poder hablar de un buen profesional de policía ha de tener, además, unas actitudes, unas convicciones éticas más allá de las que son exigidas a otros profesionales.

      El valor de la ética en la función policial se resume a grandes rasgos en la capacidad de generar confianza en el ciudadano, en que la organización policial comparte los valores inherentes a la sociedad para la que trabajan, valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad se convierten en principios rectores de nuestra actuación, y nos llevan a compartir con nuestra sociedad valores en defensa de derechos humanos, es lo que se espera de nosotros, de nuestras organizaciones , de nuestros integrantes, es como llegamos a ser próximos a nuestros ciudadanos ( que no es lo mismo que cercanos) , compartiendo y defendiendo  los valores éticos de nuestra sociedad, defendiendo los derechos Humanos de todas las personas.

Por ello y como conclusión, debemos avanzar en esa forma de hacer policía próxima, que genera confianza en sus ciudadanos y favorece la convivencia, para ello es necesaria la reflexión para el debate ético en el campo de la seguridad pública, en consecuencia los comités de ética se hacen no solo necesarios sino imprescindibles.



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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #455 en: 07 de Agosto de 2019, 23:59:47 pm »
El papel lo aguanta todo, pero probablemente desde algunos distritos de Madrid la PMM ve las cosas de manera muy distinta a como se ven desde Silla, no digo ni peor ni mejor, digo distinto, diferente, y Unijepol, con sus premios a medida, según toque el reparto por decisión del amo del Cortijo, no es referente de nada, más allá de que el papel lo aguanta todo y muchos de los miembros de Unijepol están muy alejados de las calles y de la realidad cotidiana de las intervenciones de las Policías Locales, de manera que, por premio de Inspector del año y por mucho teorizar sobre el papel con frases grandilocuentes, pero alejadas de la realidad, no se solucionan los muchos problemas que las Policías Locales tienen y por supuesto mucho menos se solucionan con Comités de Ética si al frente hay personajes que confundan la Ética con la Ideología, porque al final lo que hay son comités ideológicos que valoran las cuestiones por sus baremos ideológicos bajo en nombre de éticos y es que el papel lo aguanta todo, de manera que, si en PMM han sido suprimidos, bien suprimidos están, ya tenemos AA.II. y los juzgados y tribunales para enjuiciar nuestras intervenciones, como para que venga los ideólogos de la ética a hacerlo también.
 https://www.google.com/amp/s/amp.levante-emv.com/horta/2016/12/15/nombran-inspector-ano-policia-local/1504424.html

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #456 en: 29 de Enero de 2021, 06:29:24 am »

El nuevo código de conducta de la Guardia Civil ordena respetar las singularidades territoriales de España

Establece también que los agentes deben lealtad al rey. Incluye un decálogo que actualiza la cartilla del Duque de Ahumada, del año 1845

Fecha
29/01/21access_time 1:03

Aurelio Ruiz Enebral

“El honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil; debe por consiguiente conservarlo sin mancha. Una vez perdido no se recobra jamás”: este primer artículo de la Cartilla del Guardia Civil, que tiene más de 175 años de vigencia, va a ser reformulado y actualizado en un “Código de Conducta” del personal de la Guardia Civil.

Confidencial Digital ha consultado el borrador del proyecto de real decreto que ha elaborado la Dirección General de la Guardia Civil, y que básicamente desarrolla el artículo 7 (“Reglas de comportamiento del guardia civil”) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

En el preámbulo del proyecto de decreto se indica que el nuevo Código de Conducta no se abroga ni la vigencia ni los principios de la Cartilla del Guardia Civil que redactó el fundador del cuerpo, el Duque de Ahumada, en 1845, “antes bien, los incorpora a su contenido con una formulación actualizada y adaptada a nuestros tiempos”.

El artículo 2 de la norma que maneja la Dirección General, y que el Ministerio del Interior tendrá que elevar al Consejo de Ministros para su aprobación, define el Código de Conducta del personal de la Guardia Civil como “la guía que define los valores, principios y normas de comportamiento que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del Cuerpo”.

Esa guía deben seguirla tanto los guardias civiles en activo y “en cualquiera de las situaciones administrativas en que se mantengan los derechos y deberes inherentes a la condición de guardia civil”, como también los alumnos de los centros docentes de formación del Instituto Armado.
Honor, integridad, dignidad, lealtad...

El primer capítulo del código define ocho “valores fundamentales” de los guardias civiles:

1. Honor.

2. Integridad.

3. Dignidad.

4. Lealtad.

5. Valor.

6. Sentido de la justicia.

7. Responsabilidad.

8. Abnegación.

La lectura del borrador permite concluir que el futuro Código de Conducta de la Guardia Civil está muy inspirado en la cartilla de 1845, de forma que “traduce” a un lenguaje más actual los principios que dejó escritos Francisco Javier Girón Ezpeleta, duque de Ahumada y fundador del cuerpo.

En el artículo 1 se indica que “el honor ha de ser la principal divisa de los hombres y mujeres de la Guardia Civil, verdadera seña de identidad y guía para cumplir con exactitud sus deberes y obligaciones”, muy similar al primer punto de la cartilla.

El segundo artículo del Código de Conducta, sobre la “Integridad”, dice que los guardias civiles “actuarán con rectitud y honradez y se opondrán a cualquier forma de corrupción y en ningún caso se involucrarán en acciones o situaciones que, directa o indirectamente, puedan comprometer su honestidad y su actuación profesional”.
Defender a España “con lealtad al rey”

Después de los “Valores fundamentales” del Capítulo I, se desgranan los “Principios institucionales” en el Capítulo II.

El primero de estos principios (artículo 9) es la “Defensa de España y de la Constitución”. En este punto la Guardia Civil utiliza términos que no aparecen en la Cartilla de 1845, ni en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que define los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas Armadas.

El nuevo Código de Conducta de la Guardia Civil establece que los guardias civiles “mostrarán una permanente disposición para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, con lealtad al Rey, y guardarán y harán guardar la Constitución Española como norma fundamental del Estado y mostrarán el máximo respeto a los símbolos de la Nación”.

El artículo 9 se completa con una referencia a que “llevarán a cabo su actividad profesional con absoluto respeto al resto del ordenamiento jurídico, cumpliendo y haciendo cumplir la ley”.

Cabe señalar que el inicio de ese precepto guarda muchas semejanzas con la primera de las “Reglas de comportamiento del militar” que se incluyen en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas:

-- “La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber, que ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en esta ley”.
Respetar las singularidades territoriales

Los guardias civiles no sólo “mostrarán el máximo respeto a los símbolos de la Nación”, según ese artículo ya reseñado, sino también a los símbolos de las comunidades autónomas, provincias, municipios...

El Código de Conducta hace referencia en el artículo 16 al “Respeto y atención a la pluralidad cultural de España”. Se indica que “el despliegue de la Guardia Civil, como elemento vertebrador del Estado, y la cercanía al ciudadano y a la sociedad de la que forma parte, obliga a que todos los miembros de la Institución respeten la pluralidad cultural de la sociedad”.

También les obliga a respetar “las singularidades de cada uno de los territorios que conforman la nación española, mostrando el mayor respeto y consideración hacia sus símbolos”.

Otro deber importante que tienen que tener en cuenta es el de neutralidad ideológica y política: “Serán plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo una inequívoca neutralidad en estas materias”.

En sus actuaciones, los guardias civiles no deberán cometer ninguna discriminación “por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, religión o creencia, convicción política, discapacidad física o psíquica, edad, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Además, se les ordena “tener siempre presente en sus actuaciones el máximo respeto a la vida, a la dignidad, y a la integridad física y moral de las personas”, y se subraya que “en ningún caso y bajo justificación alguna, podrán infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, debiendo oponerse y actuar resueltamente para evitar que tales comportamientos lleguen a producirse”.
Denunciar órdenes ilegales

Varios artículos hablan de la disciplina, la jerarquía y la subordinación, como principios relevantes de la condición de los miembros de la Guardia Civil. Eso sí, se indica que si reciben de sus mandos órdenes que “entrañaren la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o resulten contrarios a la Constitución o a las leyes, los miembros de la Guardia Civil no estarán obligados a obedecerlas, debiendo comunicar los hechos al jefe inmediato de quien dio la orden por el conducto más rápido y eficaz”.

En el Código de Conducta de sus miembros, la Guardia Civil define el “espíritu benemérito”: “Prestarán auxilio con los medios a su alcance a todo aquel que lo necesite, se encuentren o no de servicio, con especial atención a las personas y colectivos más vulnerables”.

En este mismo capítulo insta a sus efectivos a tener respeto por la historia, tradiciones y símbolos del Cuerpo: “La Guardia Civil es depositaria de una rica historia, jalonada de ejemplos de heroísmo, valor, entrega, abnegación, espíritu benemérito y amor a la patria. Conocer esta historia, conservar y transmitir las tradiciones del Cuerpo y enaltecer sus símbolos es una obligación moral para todos sus miembros, un acto de justicia con quienes les precedieron y una forma de compartir los principios y valores inalterables que han heredado”.

El Código de Conducta se extiende sobre otros muchos aspectos del comportamiento del guardia civil: el saludo; el uso del uniforme, de las instalaciones y vehículos; las relaciones con los ciudadanos, con las autoridades civiles y con otros cuerpos de seguridad; la obligación de no revelar información (“Guardarán reserva respecto al resto de los asuntos que conozcan por razón o con ocasión de su desempeño profesional”)...

Destaca el artículo 40, que trata del “empleo de la fuerza”. La Guardia Civil quiere dejar claro a sus agentes que “el recurso a la fuerza deberá restringirse a aquellos supuestos en los que no exista un modo menos lesivo de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades o de garantizar la seguridad ciudadana. Su empleo se hará de modo gradual y proporcionado en función de la agresividad y violencia a la que se oponga, del riesgo para la vida o integridad física, propias o de terceros, y procurando siempre emplear los medios o modos de empleo que resulten menos lesivos”.

Precisa además que “solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad”.
El decálogo del guardia civil

El decreto incluye un “Decálogo de los miembros de la Guardia Civil”. Se trata de un apéndice al Código de Conducta, que “compendia las virtudes fundamentales que sintetizan los valores, principios y normas de comportamiento contenidos en el Código de Conducta y se constituye como elemento de referencia ética del personal del Cuerpo y de reafirmación de su identidad institucional.

Ese decálogo es el siguiente:

-- 1. Honor: “El honor es mi principal divisa y seña de identidad como guardia civil”.

-- 2. Defensa de España y de la Constitución: “Mi primer deber es defender a España, con lealtad al Rey, guardando y haciendo guardar la Constitución y las leyes”.

-- 3. Dignidad: “Me comportaré siempre con la mayor dignidad, como exigen el Cuerpo al que pertenezco y el uniforme que visto”.

-- 4. Respeto a los derechos fundamentales: “Respetaré y haré respetar los derechos fundamentales, con la mayor consideración hacia la vida y la dignidad de las personas”.

-- 5. Integridad: “Actuaré siempre con integridad y rectitud, y la satisfacción del deber cumplido será mi mayor recompensa”.

-- 6. Vocación de servicio: “Serviré con total dedicación y actuaré con valor, decisión, iniciativa y espíritu de sacrificio”.

-- 7. Espíritu benemérito: “Ayudaré siempre a quienes lo necesiten, y aportaré alivio a las personas más vulnerables o desprotegidas”.

-- 8. Lealtad y espíritu de cuerpo: “Seré fiel a los valores, principios y tradiciones del Cuerpo, con orgullo de ser guardia civil, y actuaré con lealtad y compañerismo”.

-- 9. Disciplina: “Cumpliré fielmente mis obligaciones y obedeceré las órdenes con disciplina, lealtad y responsabilidad”.

-- 10. Serenidad y empleo de la fuerza: “Fiel a mi deber, me mantendré sereno en el peligro, prudente sin debilidad y firme sin violencia, procurando basar mis acciones en la persuasión”.
Críticas de la asociación mayoritaria

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), actualmente la que tiene más representantes en el Consejo de la Guardia Civil, denuncian que este código es un ejemplo de la “remilitarización” del cuerpo que estaría imponiendo el “lobby militarista” de los generales, “que pretende imponer el carácter militar por encima del policial”.

Señalan un dato: en el borrador, “la palabra honor se repite hasta seis ocasiones, y la palabra disciplina, ocho (sin contar el preámbulo de la norma)”. Sin embargo, “la palabra corrupción sólo se nombra en una ocasión, y desde luego, nada se regula sobre la protección de quienes denuncien los casos dentro de la Guardia Civil”.

La asociación indica que el Grupo de Estados contra la corrupción de la Unión Europea (GRECO) había instado a España a regular un código de conducta para la Guardia Civil, pero “el Ministerio del Interior está perdiendo una gran oportunidad para regular un Código de Conducta del siglo XXI, mostrándose más preocupado por la regulación de una cartilla del Duque de Ahumada que nos retorne a esos tiempos”.

Un código de conducta de este tipo ya está en vigor para los cuerpos policiales en la propia Unión Europea, en Policía Nacional y cuerpos policiales autonómicos, “pero al contrario que el de la Guardia Civil que se centra en la imagen de la institución y el militarismo, el del resto de policías pone el foco en la atención al ciudadano y frenar los casos de corrupción”.



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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #457 en: 11 de Diciembre de 2021, 16:57:22 pm »

Ocho ejemplos

Así se fiscaliza a la policía en otros países


Amnistía Internacional recopila experiencias mundiales de oficinas externas e independientes de control de los cuerpos policiales

Júlia Regué

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Barcelona - Sábado, 11/12/2021 - 12:49
Amnistía Internacional lleva años recabando información sobre cómo debe configurarse una oficina independiente de control de la policía que cumpla con los estándares democráticos y que evite situaciones de impunidad, generando, a su vez, confianza en la ciudadanía. El responsable de relaciones institucionales de la organización en Catalunya, Eduard Martínez, desmenuza en declaraciones a este diario las experiencias de países como Reino Unido, Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica y Jamaica a modo de receta para los grupos parlamentarios, que debatirán en la comisión parlamentaria sobre el modelo policial la creación de un organismo similar.


"Los cuerpos policiales lo ven como una amenaza, pero no intentamos discriminarlos ni desprotegerlos. Creemos que su amplio poder, como lo es el monopolio del uso de la fuerza, tiene que tener mecanismos de control y de tolerancia cero contra los casos de mala praxis", defiende.


Martínez apunta que, para que el organismo funcione correctamente, debe ser creado por ley, independiente, con un mandato definido -contemplando actuaciones de oficio, medidas vinculantes y accesibilidad pública- y con capacidad para revisar cuestiones generales de la tarea policial con transparencia.

Reino Unido


La Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) puede actuar de oficio, aunque su función principal es supervisar la tramitación de las denuncias recibidas en comisaría y emitir directrices. El cuerpo policial está obligado a informar de las infracciones más graves (muertes o lesiones graves) y, en ese caso, sí puede darse la posibilidad de que la comisión se haga cargo de la investigación. En el caso de que sean infracciones leves, se limita a revisar la resolución del cuerpo policial si el denunciante apela. Sus recomendaciones no son vinculantes, aunque tiene la obligación jurídica de responder en un plazo de 56 días. Además, realiza auditorías de las denuncias investigadas por la policía y presenta un informe anual al parlamento.

Irlanda del Norte


El Ombusdam policial de Irlanda del Norte tiene amplios poderes para abrir investigaciones y procede cuando haya indicios de que un miembro de la policía ha cometido un delito o ha actuado de forma indebida. Puede pagar indemnizaciones a los denunciantes por gastos y pérdida de tiempo, "aunque no por los daños propiamente dichos". En este caso, recomienda al director de la policía el pago por la cantidad que el Ombudsman crea apropiada.

Nueva Zelanda


La Autoridad Independiente para la Conducta de la Policía de Nueva Zelanda tiene un mandato amplio y facultades para actuar de oficio en casos de muerte y lesiones graves, aunque también admite denuncias sobre "prácticas políticas y procedimientos policiales". Esta oficina tiene facultades para citar e interrogar a testigos bajo juramento y para solicitar cualquier información a la policía que está obligada a cooperar. Puede formular recomendaciones de procedimiento disciplinario o penal, pero no emprenderlas por ella misma. En el caso de que considere que la investigación policial tiene carencias, puede informar a la fiscalía y esta debe notificarlo al parlamento.

Brasil


En el Estado de Pará, es la Defensoría del Sistema de Seguridad Pública (que depende del Consejo Estatal de Seguridad Pública) la que recibe denuncias contra funcionarios y solicita la intervención a órganos de inspección, por lo que no tiene atribuciones de investigación propias, sino que remite los casos y los supervisa siendo los inspectores de policía los que toman las decisiones.



Está conformada por 16 empleados –trabajadores sociales, abogados y personal administrativo- elegidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Cualquier persona o organización puede dirigirse al ente de forma gratuita, pero no hay plazos de gestión. Sí tiene potestad para llevar los casos a la fiscalía y rinde cuentas ante el ejecutivo. 



Los contras son que está infrafinanciada, que no puede investigar y que los informes no son de acceso público, por lo que carece de transparencia. Hay otras oficinas equiparables en Sâo Pablo, Alagoas y Minas Gerais.



Kenia


La oficina encargada de investigar las faltas o delitos, tras recibir una denuncia o de oficio, es la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía que, a su vez, audita a la Unidad de Asuntos Internos. Está gobernada por la Junta Independiente de Control de la Policía (integrada por un presidente, siete miembros y el presidente de la Comisión Nacional de Igualdad y Derechos Humanos del país). Personas, colectivos o agentes del cuerpo pueden acceder al mecanismo para que investigue, el mandato de la oficina es amplio –tiene facultades para investigar de oficio y para supervisar operaciones policiales- y sus decisiones son vinculantes, aunque no hay posibilidad de apelación.

Sudáfrica


La policía está obligada a notificar a la Dirección Independiente de Investigación de la Policía la denuncia y a describir lo ocurrido en un informe antes de agotar las 24 horas desde que tiene conocimiento. No cumplir con esto supone un delito y, si el agente en cuestión acaba siendo considerado culpable, puede ser condenado a pagar una multa y hasta dos años de prisión. Este órgano, además, elabora recomendaciones disciplinarias al comisario -sea nacional o provincial- para que active procedimientos disciplinarios en un plazo de 30 días. Cualquier persona puede acceder a la oficina, que tiene una sede en cada provincia del país.

Perú


La Defensoría del Pueblo de Perú tiene facultades para investigar y proponer nueva legislación, pero sus conclusiones no son vinculantes. Este organismo, que tiene sede en Lima y 28 oficinas más, envía informes y recomendaciones a las autoridades que tienen la obligación de cooperar con los casos. En este caso puede acceder cualquier persona y oenegé pero también el Congreso si formula una solicitud especial. Sus facultades quedan establecidas por ley. No sólo investiga a funcionarios policiales sino que supervisa todos los servicios públicos, algo que “entraña el riesgo de que el mecanismo no priorice las infracciones cometidas por la policía”. 


Jamaica


La Comisión de Investigaciones Independientes de Jamaica tiene competencias para impulsar investigaciones sobre las actuaciones policiales en caso de fallecimiento, lesión o vulneración de derechos de las personas. El procedimiento puede acabar en recomendaciones que pueden pasar por la presentación de cargos penales o acciones disciplinarias. Este órgano puede solicitar información y realizar inspecciones, además de revisar procedimientos policiales y destaca por su labor de "sistematización de información" en informes periódicos. Cuenta con un presupuesto propio y asesores legales.

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #458 en: 08 de Marzo de 2022, 13:19:03 pm »


Guardias civiles recurrirán en el Supremo el Código de Conducta: "Es una intromisión en la esfera personal"


La AUGC sostiene que la norma aprobada la pasada semana por el Consejo de Ministros no se sustenta en mandato legal alguno y denuncia que incide directamente en ámbitos de la actividad privada de los integrantes del Cuerpo
ANTONIO SALVADOR 
08/03/22 - 00: 06
 
   

 FERNANDO GRANDE-MARLASKA
 GUARDIA CIVIL
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 TRIBUNAL SUPREMO
 TRIBUNALES

La directora de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, pasa revista en Cantabria.
La directora de la Guardia Civil, María Gámez Gámez, pasa revista en Cantabria. EP


La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que recurrirá ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nuevo Código de Conducta al entender que no existe «habilitación legal» alguna para regularlo y por que tiene una incidencia directa en ámbitos de la actividad privada y personal de los agentes. El texto ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a finales de mes.


El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes al real decreto por el que se aprueba el Código de Conducta de la Guardia Civil, concebido por el Ministerio del Interior como «una guía que define los valores, los principios y las normas de comportamiento que han de regir la actuación de los miembros del Cuerpo». Su antecedente es la célebre ‘Cartilla’, que, aprobada el 20 de diciembre de 1845, estableció por primera vez cómo debían comportarse los integrantes del Instituto Armado.

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Desde el inicio de los trabajos hace más de un año, la AUGC viene mostrándose radicalmente en contra de la aprobación de un Código de Conducta, como demuestra la formulación de un voto particular al informe presentado en el pleno que el Consejo de la Guardia Civil celebró el 23 de marzo de 2021. El texto final ha modificado la redacción de algunos artículos respecto al borrador inicial, pero no ha logrado la unanimidad plena.


El Código de Conducta que impulsa Marlaska divide a los guardias civiles
El Código de Conducta que impulsa Marlaska divide a los guardias civiles
De entrada, esta asociación considera que no se sustenta en mandato legal alguno y que el ordenamiento vigente ya fija cómo deben actuar los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones, en alusión a los artículos 6 y 7 de la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil. En este sentido, la AUGC sostiene que el documento que se ha aprobado no viene a desarrollar las reglas esenciales -las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de conducta de los empleados públicos- con las adaptaciones derivadas de la condición militar de los integrantes del Cuerpo sino que «trasciende» y llega a «confrontar» con dicho marco.

«Honor» y «espíritu»
También interpretan que la nueva norma incide directamente en ámbitos de la actividad privada y personal de los guardias civiles. «Es una intromisión en la esfera personal. Ya no sólo dice cómo tienes que trabajar sino cómo tienes que comportarte en tu vida diaria», critica el secretario de Asuntos Jurídicos de la AUGC, Eugenio Nemiña. Éste llama la atención sobre el hecho de que se emplee en el texto seis veces la palabra «honor», 12 el término «espíritu» y que se deslicen numerosos conceptos jurídicos indeterminados.


Nemiña interpreta que las normas de conducta referidas estrictamente a la prestación del servicio abarcan desde el artículo 33 hasta el final (50), por lo que entiende que los preceptos anteriores se podrían aplicar también al plano personal. En este sentido, pone como ejemplo el desarrollado en el punto 29, que dice textualmente: «Serán conscientes del impacto que sus actuaciones pueden tener en los ámbitos económico, social y medioambiental…».

El Código de Conducta obliga a las asociaciones profesionales a impulsarlo aunque estén en contra

«Nos parece exagerado que se incluya esto en un código de conducta de nuestro comportamiento como guardias civiles», indica el representante de la AUGC. Como se detalla en el artículo 27.3, la nueva norma también obliga a los agentes a ser «prudentes» en el uso privado de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de evitar que la difusión de un contenido pueda «inducir a error sobre su oficialidad», al tiempo que establece que el guardia civil debe concienciarse de la «necesidad de mantener siempre un buen estado físico y mental para encontrarse en condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones».


Esta organización también combate el artículo 6 -titulado ‘Fomento y promoción de la deontología profesional’- por cuanto fija que el contenido del Código de Conducta «servirá de referencia» a las asociaciones de guardias civiles en las actividades sociales que desarrollen en la promoción de la deontología profesional de sus asociados. «Nos están obligando a impulsar este Código de Conducta. ¿Y si estamos en contra?», plantea en voz alta Nemiña.

A juicio de la AUGC, esa regulación «invade un espacio propio y exclusivo» de las organizaciones que defienden los derechos de los funcionarios del Cuerpo y que está vedado a la intervención del Estado, al tratarse de un área de autorregulación como elemento clave del derecho fundamental de asociación.

La AUGC es la primera asociación que ha anunciado públicamente su intención de recurrir esta norma ante el Tribunal Supremo. Otras organizaciones aseguran que lo están estudiando, caso de Jucil -mayoritaria en el Cuerpo desde las elecciones al Consejo de la Guardia Civil celebradas el pasado mes de octubre- y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

   

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Re: Comités de ética y leyes de policía
« Respuesta #459 en: 05 de Mayo de 2022, 20:59:02 pm »

El Supremo admite un recurso contra el Código de Conducta de la Guardia Civil: “Invade la vida privada”



Desde JUCIl señalan que el Real Decreto del Ministerio del Interior supone un “ataque a la libertad” y una “invasión en la intimidad de los agentes”
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a un acto de la Guardia Civil
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asiste a un acto de la Guardia Civil FOTO: GUILLERMO SALAS EFE
M. CASADO@maribecasado
CREADA05-05-2022 | 11:26 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN05-05-2022 | 13:14 H

Malestar en la Guardia Civil: “Era necesario un código sólo para nosotros sin que afecte a otros cuerpos e instituciones”
El Gobierno aprueba el Código Ético de la Guardia Civil bajo los principios históricos del honor y lealtad
En marzo de este mismo año, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, promovía un Real Decreto por el que se aprobaba el nuevo Código de Conducta del personal del Instituto Armado. Un código que, a juicio de los agentes, “supone una invasión en la intimidad de los miembros de la Guardia Civil, ya que señala obligaciones que, de aplicarse, afectarían a la vida personal de los agentes”. Por este motivo, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 176/2022 de 4 de marzo, que ha sido admitido a trámite.

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La base de este recurso reside en que las materias que trata ya están recogidas en otras normas jurídicas, incluso de mayor rango legal, por lo que este Real Decreto provoca “una contradicción con las leyes orgánicas que determinan los derechos y las obligaciones de los integrantes de la Guardia Civil”, explica el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño.


El recurso presentado ante el Supremo señala, además, que algunos de los contenidos de ese Real Decreto del Ministerio del Interior son inconstitucionales, ya que no refleja solo los principios que rigen el comportamienton ético de los guardias civiles, sino que pretende convertirse en un “instrumento para valorar e interpretar determinadas conductas de cara a la aplicación de las sanciones que están en el catálogo del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil”. O lo que es lo mismo, pretende que esos “principios éticos” se apliquen en la vida rutinaria del agente y de no cumplirse, puedan ser sancionados.

Contra la vida privada de los agentes
El Código de Conducta se presentó como una simple compilación de principios y normas de comportamiento de la Guardia Civil. Sin embargo, desde esta asociación consideran que “el contenido no se limite a regular las actividades profesionales de los guardias, sino que pasa a hacerlo obligatorio para determinadas esferas de la vida privada de los miembros de la Institución”.


Y para apoyar esta argumentación ponen como ejemplo parte del texto del preámbulo del Real Decreto donde se indica que “quien por vocación decide ser guardia civil está asumiendo, en gran medida, que acepta guiarse por unas pautas de conducta que, como la disponibilidad permanente o el deber de reserva, por citar ejemplos, sobrepasan el estricto momento de la prestación del servicio para extenderse a otros contextos y situaciones”. Pero es el artículo 2.1 de ese texto el que genera mayor polémica y reza así: “El Código de Conducta del personal de la Guardia Civil constituye la guía que define los valores, principios y normas de comportamiento que han de regir en todo momento la actuación de los miembros del Cuerpo”.

Es precisamente ese “‘en todo momento”, el que genera los recelos de los agentes: “Es aquí donde se sobrepasa la que debería ser nuestra actuación profesional para inmiscuirse en nuestra vida privada”, señala Vilariño. Es más, se pregunta si esa norma o principio debe aplicarse en todos los ámbitos de la vida, ya que en su ambigüedad reside el peligro. En este sentido, JUCIl destaca que esa expresión choca de lleno con la Constitución Española y con el artículo 5 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que en su apartado 1 establece: “Los miembros de la Guardia Civil tienen garantizados los derechos a la intimidad… en los términos establecidos en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico”.


Obediencia ciega y ataque a la libertad
En otro de los artículos de este polémico Código de Conducta, se indica que “la disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer lo mandado, será practicada y exigida como norma de actuación. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento de la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas”. Para JUCIL, la expresión “cumplimiento de las órdenes recibidas”, supondría la vuelta al principio de obediencia ciega, “algo proscrito por nuestra legislación”. Asimismo, explican que dicho artículo debería ser corregido, ya que en el siguiente se estipula que “solo hay obligación de obedecer las órdenes legítimas”, no todas las que se reciban.

Por otra parte, la norma aprobada a instancias del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska afectaría también a la actividad de las asociaciones profesionales que representan a los guardias civiles en órganos como en Consejo de la Guardia Civil. Para las asociaciones profesionales el Código de Conducta impone la condición de ser “plenamente respetuosos con todas las opciones ideológicas y políticas, manteniendo neutralidad en esta materia, alejados del discurso político y del debate partidista”. De este modo, según explican desde JUCIL, si el contenido se aplica en un sentido estricto “puede suponer un ataque a la libertad de asociación, a la defensa de los intereses sociales y profesionales de los asociados, y a la libertad de expresión. Confundiendo la neutralidad política con la crítica política”