Los guardias civiles indignados protestarán de forma “llamativa” contra la ‘ley de castas’
Las enmiendas del PP en la Ley de Personal no satisfacen a los más de 2.000 mandos del instituto armado que se consideran perjudicados por la norma. El Grupo Popular, sin embargo, asegura que los cambios mejoran las "expectativas profesionales" de los oficiales que, por el momento, solo han alzado la voz en las redes sociales.
Roberto R. Ballesteros | 04/07/2014 - 11:41
La Ley de Personal de la Guardia Civil está siendo un dolor de cabeza tanto para los funcionarios a los que perjudica (los 2.000 oficiales del cuerpo de promoción interna) como para el Grupo Parlamentario Popular, que parece haber entendido sus reclamaciones, pero que también está condicionado por las limitaciones presupuestarias impuestas por Hacienda y por otros mandos del instituto armado, los que ingresan como jefes directamente desde la Academia General Militar de Zaragoza y que actualmente dominan la cúpula de la Dirección General y del Ministerio del Interior.
Estos últimos son los claros beneficiados del citado precepto propuesto por el Gobierno y que ha pretendido modificar el Grupo Parlamentario Popular sin demasiado éxito. El texto, que prevé cohesionar a todos los jefes de la Benemérita en una única escala –actualmente hay cuatro–, concede a los mandos procedentes de Zaragoza (Escala Superior de Oficiales) el privilegio de ser los únicos que se integran directamente en la nueva categoría. El resto, las otras tres escalas –todas conformadas por funcionarios que ascienden por promoción interna–, tendrán que cumplir varios requisitos y superar un curso.
El PP ha presentado 21 enmiendas al texto original que van en la línea de lo demandado por la promoción interna, la perjudicada, y que, según los populares, mejoran las “expectativas” de estos profesionales. Sin embargo, los afectados las han calificado de “insuficientes” y han tachado de “migajas” las propuestas de elevar ligeramente el presupuesto destinado a la creación de plazas para las tres escalas perjudicadas.
Los mandos indignados, encabezados por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) –asociación más activa contra la Ley de Personal–, critican que las enmiendas del PP no van encaminadas a que los perjudicados se integren en la nueva y única escala de oficiales que se creará tras la entrada en vigor de la ley, como pretende la norma. Por contra, según el presidente de la asociación de oficiales, Francisco García, “incentivan a los que se quedan en las escalas a extinguir para que continúen en ellas” y dificultan especialmente la integración a los alféreces y tenientes, que están obligados a ascender a capitán antes de aspirar a incorporarse.
Cohesionar el cuerpo
“El objetivo de la ley, como dice la exposición de motivos, es cohesionar la Guardia Civil uniendo a las escalas de mandos en una nueva y única escala, pero esto no se consigue con estas propuestas”, aclara García. “El funcionario que promocione a alférez en 2017, año en el que entra en vigor el texto, tendrá primero que ascender a teniente y luego a capitán para tener posibilidad de integrarse en la nueva escala de mandos, lo que no tendría lugar hasta después del 2027 o más”, añade a modo de ejemplo.
Por otro lado, “si lo que quieren es que los mandos de promoción interna sigamos en las escalas a extinguir, no nos pueden dar tan pocas plazas”, protesta García en referencia a unos de los puntos más peleados entre el Grupo Parlamentario Popular y punto sobre el que ha incidido directamente el Ministerio de Hacienda, ya que la dotación de plantillas lleva aparejada la asignación presupuestaria. “La oferta que propone el PP es insuficiente”, añade el presidente de UO, que asegura que esta modificación planteada por los populares dotaría únicamente de 57 tenientes coronoles a la condenada a desaparecer Escala de Oficiales, que cuenta con 1.867 funcionarios en activo.
Para la Escala Superior de Oficiales –conformada por los de la Academia General Militar–, sin embargo, se reservan 214 plazas de teniente coronel para sus apenas 936 efectivos. Es decir, cuatro veces más para la mitad de funcionarios. “Ni tan siquiera tenemos una dotación proporcional”, se queja García en nombre de los 1.867 oficiales indignados de la discriminada, según él, Escala de Oficiales, que se suman a los también tratados como guardias de segunda de la Escala Facultativa Superior y de la Escala Facultativa Técnica. En total, más de 2.000 mandos del instituto armado que conforman los oficiales de promoción interna y que siguen indignados por el tratamiento que les dispensa el Gobierno en comparación con sus ‘hermanos’ de la Academia de Zaragoza. “Si hay poco dinero, habrá que limitarlo para todos, no solo para nosotros”, protesta García.
Castigo en las urnas
“Nos sentimos decepcionados y defraudados”, explica. “Aún nadie del PP nos ha explicado por qué un teniente de promoción interna no tiene posibilidad de integrarse en la nueva escala de mandos mientras uno de acceso directo, recién salido de la academia, con un solo día de antigüedad, lo hace automáticamente sin tener que cumplir ningún otro requisito”, insiste. “Lo estamos leyendo en las redes sociales –subraya–, donde esta norma ha sido calificada como una ley de castas”. “Si el PP la aprueba sin admitir mejoras sustanciales, tendrá que cargar con la responsabilidad electoral de haber despreciado al 70% de los mandos de la Guardia Civil y a todos aquellos que tienen aspiraciones de llegar a serlo”, desafía.
La indignación es tal que los más de 2.000 mandos del instituto armado estarían dispuestos no solo a castigar en las urnas a los populares, sino a mostrar su malestar públicamente y no únicamente a través de las redes sociales. “Si no se transacciona sobre las enmiendas, habrá protestas”, advierte el presidente de UO, quien matiza que su colectivo está pensando en formas imaginativas de expresar su malestar, ya que los guardias civiles tienen prohibido manifestarse. “Estamos estudiando alternativas que por el momento no queremos desvelar, pero que serán creativas y llamativas, siempre dentro del respeto al ordenamiento jurídico”, adelanta.
El PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de Interior, donde se tramita actualmente la Ley de Personal, por lo que podría aprobar la norma sin necesidad de buscar consensos. Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran que los populares no quieren cargar con la imagen de sacar adelante por sí solos un precepto que ya en las redes sociales, como ha recordado García, denominan ley de castas.
Bolonia
La Escala Superior de Oficiales (los de Zaragoza) está conformada por unos mil efectivos, un tercio del total de mandos que conforman la Guardia Civil, y sus miembros se integrarán directamente en la nueva escala. Los oficiales de promoción interna, sin embargo, tendrán que ascender a capitán y afrontar un curso antes de incorporarse a la citada escala si no quieren quedarse en un nivel a extinguir y con limitadas aspiraciones profesionales. Estos últimos representan dos tercios del total de mandos (unos 2.000) y se incardinan actualmente en tres grupos: Escala de Oficiales, Escala Facultativa Superior y Escala Facultativa Técnica.
Además de la cohesión de mandos, la Ley de Personal pretende equiparar con Bolonia la titulación de todos los oficiales, cosa que también ha levantado polvareda entre el colectivo. El espíritu de la norma entiende que los oficiales de Zaragoza se integran directamente en la escala porque la Ley 42/1999 de Régimen de Personal (predecesora de la actual que se están tramitando) equiparó sus estudios a los de licenciado. Sin embargo, no tiene en cuenta que gran parte de los mandos de la Guardia Civil del resto de escalas también tienen titulación, tanto de los que pertenecen a la Escala de Oficiales –donde hay incluso funcionarios con postgrados– como de los que están incardinados en alguna de las dos escalas facultativas –donde el cien por cien han hecho una carrera universitaria, ya que era el requisito para acceder–.
La Ley ha generado un aluvión de protestas a través de las redes sociales por parte de perfiles de usuarios vinculados a la Unión de Oficiales. Los funcionarios, visiblemente indignados, han arremetido en Twitter y en Facebook tanto contra los miembros del Grupo Parlamentario Popular como contra los representantes de los ministerio del Interior y de Hacienda, los dos que han tenido algo que decir en la materia. Este último departamento, el dirigido por Cristóbal Montoro, ha puesto serios impedimientos sobre todo en la asignación de plantillas para las escalas a extinguir.
