Autor Tema: De los mandos policiales  (Leído 246477 veces)

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2080 en: 12 de Julio de 2020, 07:16:20 am »

Así manipulaban Maroto y Martín, mandos de la Guardia Civil, los contratos de los uniformes
Detenidos esta misma semana, se enfrentan a ocho delitos por amañar concursos para empresas amigas y cobrar recompensas a cambio.
12 julio, 2020 03:17

Brais Cedeira @BraisCedeira

Organización criminal, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Son los ocho delitos a los que se enfrentan el coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M.G. y el teniente Alberto M.A.

Ambos eran los jefes del Servicio de Contratación del Cuerpo. Fueron detenidos esta misma semana por la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil como implicados en una trama de amaño de contratos públicos en el seno de la Benemérita.

Los investigadores sospechan que los mandos presuntamente manipularon contratos públicos para beneficiar a empresas amigas a las que adjudicarles la elaboración de los uniformes y suministros de prendas para los agentes.

Los arrestados fueron puestos este viernes a disposición judicial. La investigación está comandada por el juzgado número 50 de instrucción de Madrid, aunque el 51, en función de guardia, acordó prisión preventiva para los dos mandos, eludible bajo fianza de 50.000 euros cada uno. Si la abonan, la magistrada decidió retirarles el pasaporte y obligarles a acudir al tribunal cada 15 días.

La operación en la que fueron detenidas siete personas, entre ellos los dos miembros del Instituto Armado junto a un subteniente también del cuerpo, es la segunda parte de la 'Operación Grapa', organizada y dirigida desde la Fiscalía Anticorrupción.

Esa trama estalló en el año 2017 cuando fueron arrestados 15 funcionarios públicos por un comportamiento y una estructura similar en el seno de la Policía Nacional y en la DGT. Anticorrupción siguió con las pesquisas y la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detectó diversas anomalías que llevaron al arresto de los dos mandos del cuerpo.
El 'modus operandi'

Según la investigación, los empresarios se habrían puesto presuntamente de acuerdo con los funcionarios públicos. Los mandos de la Guardia Civil, durante años, presuntamente amañaron los expedientes relacionados con las prendas y los uniformes de los agentes. Luego, habrían recibido en contrapartida una recompensa económica.

Algunas asociaciones de la Guardia Civil han salido a dar respuesta al escándalo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) cree que esta situación lleva a pensar de manera inmediata en la pésima calidad de los uniformes que en los últimos años deben vestir los trabajadores de la Benemérita. Y que ambas circunstancias guardan una relación ineludible. "Unas prendas muy deficientes en sus materiales y confección, de muy rápido deterioro y absolutamente inadecuadas para soportar los rigores invernales y las altas temperaturas del verano", expresan fuentes de la AUGC.

"Hemos denunciado en diversas ocasiones la mala calidad de los uniformes de los guardias civiles, tanto de Tráfico como de Seguridad Ciudadana y otras especialidades, una situación impropia de un cuerpo de seguridad estatal y de una de las instituciones más valoradas por parte de los ciudadanos. A ello se añade, además, la poca disponibilidad de las prendas, ya que en ocasiones pueden transcurrir meses desde que un trabajador solicita durante el invierno un elemento de abrigo que no se le entrega hasta terminada esta estación, con el sinsentido que esto supone".
"Clasismo" de los mandos

El caso se está gestionando y dirigiendo desde el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid. Han sido arrestados dos directivos de una de las principales empresas españolas, presuntamente compinchados con los representantes de la Guardia Civil encargados de los uniformes.

"Asistimos a derroches por decisiones respecto a la uniformidad absolutamente innecesarias", dicen desde la AUGC. "Es el caso del cambio en las gorras con distintivos para distinguir a oficiales, suboficiales y cabos, un proyecto que se expuso en una reunión reciente de la comisión preparatoria del Consejo de la Guardia Civil".

Para AUGC, se trata de "un despilfarro motivado simplemente por el afán de presunción de algunos altos mandos y su permanente clasismo a la hora de diferenciarse de los trabajadores de base".


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2081 en: 12 de Julio de 2020, 07:28:25 am »
La jueza manda a prisión al coronel y teniente coronel de la Guardia Civil detenidos por amañar contratos

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid les impone una fianza de 50.000 euros por su presunta relación con un caso de amaños de contratos de uniformes del Instituto Armado


Ana Terradillos
Madrid
10/07/2020 - 21:37 h. CEST

La jueza del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid ha decretado este viernes el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M. G. y del teniente coronel Alberto José M. A., eludible con una fianza de 50.000 euros para cada uno por su presunta relación con un caso de amaños en contratos de uniformes del Instituto Armado.

Ambos están investigados por la supuesta comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de lo que se ha denominado como ‘operación Grapa’.

La prisión preventiva de las dos personas ingresadas en recinto penitenciario ha sido acordada por el Juzgado por espacio de dos años. En caso de que abonen la fianza, se les impone, como medidas cautelares, la obligación de acudir al Juzgado cada quince días, salir del territorio español y la retirada del pasaporte.

Los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional tras prestar declaración este viernes ante la magistrada. La investigación, dirigida el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, se centra en el supuesto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. En este momento procesal las actuaciones judiciales son secretas.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2082 en: 12 de Julio de 2020, 08:14:50 am »
Dónde quedó la vocación?

Estos llevarán la mascarilla con la banderita.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2083 en: 12 de Julio de 2020, 12:27:28 pm »
Dónde quedó la vocación?

Estos llevarán la mascarilla con la banderita.

Si, la comunista.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2084 en: 12 de Julio de 2020, 13:23:46 pm »

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2085 en: 12 de Julio de 2020, 14:36:02 pm »
Dónde quedó la vocación?

Estos llevarán la mascarilla con la banderita.

Si, la comunista.


https://twitter.com/puigmelont/status/1282120286327001090?s=09

Más claro el agua, según sea el tema se pone más o menos interés.

El chat de Carmena?

Interés Fiscalía de Madrid?  Ceeeeroo
Interés Jefatura? Ceeeeeroo
Interés Alcalde Almeida? Creerlo

PMM participa en una asamblea del 15M fuera de servicio?


1 MES DE EMPLEO Y SUELDO.


PMM feudo del PP
Fiscalía de Madrid feudo del PP

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2086 en: 12 de Julio de 2020, 14:37:46 pm »
Un mando pepero responsable de perder 7 armas de fuego del Museo.

No pasa naaaaaa.

Un PMM sale en pelotas en una manifestación para reivindicar derechos laborales?

3 Meses de empleo y sueldo.


PMM y Fiscalía de Madrid SON DEL PP

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2087 en: 12 de Julio de 2020, 20:47:17 pm »
Fiscalía de Madrid SON DEL PP

Por mucho que repitas una mentira y lo pongas en mayúsculas, no se convertirá en verdad.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2088 en: 15 de Julio de 2020, 06:20:25 am »
    El juez envía a juicio al excomisario Villarejo y su "clan policial mafioso"


El juez dicta la apertura de juicio contra el excomisario Villarejo y otros 23 procesados

Manuel García Castellón envía de forma definitiva al banquillo a los integrantes del clan policial en las piezas separadas 'Iron' y 'Pintor'; en esta última está implicado el marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, al que anticorrupción le reclama ocho años de cárcel

Tono Calleja



Publicado14/07/2020 19:53

El magistrado Manuel García Castellón ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el excomisario José Manuel Villarejo, como presunto cabecilla de denominado por la Fiscalía anticorrupción "clan policial mafioso" que "infectó" a la Policía durante décadas, y contra otras 23 personas, según consta en dos autos de 13 de julio relativos a las piezas separadas denominadas Irony Pintor.


Además de Villarejo, los procesados en la denominada pieza Iron, en la que se investigó la contratación de excomisario por el despacho de abogados Herrero y Asociados, que está procesado como persona jurídica, son Rafael Redondo; Gemma Isabel Alcalá Garcés; el abogado David Macías, el excomisario Enrique García Castaño; los policías Antonio Bonilla, Constancio Riaño, Javier Fernández Pérez; y el funcionario de la Agencia Tributaria Antonio Chaparro Luque.

También han sido procesados los integrantes del despacho Herrero y Asociados que contrató a Villarejo; Francisco Carpintero López, Mario Carpintero López, Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz (director financiero) y la directora del Departamento de Marcas, María Ángeles Moreno. En total 14 personas.

57 años de cárcel

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 57 años de cárcel para el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y una pena de 52 años de prisión para el comisario Enrique García Castaño, por diversos delitos investigados en la pieza Iron, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.

El segundo auto dictado este lunes sobre la pieza Pintor están Villarejo y otros tres procesados en Iron por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión: Rafael Redondo, Antonio Bonilla y Javier Fernández Pérez.

Los otros que se sentarán en el banquillo de los acusados por los mismos delitos son el hijo del excomisario José Manuel Villarejo Gil, José Manuel González Escobar, Nuria Morales Castro, Gervasio Cañabate Mesas, Alisa Galán González, Juan Manuel León Leiva, Juan Muñoz Támara, Fernando Muñoz Támara, José Luis García González y Ricardo Álvares-Ossorio Fernández.
Ocho años de cárcel

La Fiscalía anticorrupción ha reclamado ocho años de cárcel para el empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana por haber cometido presuntamente los delitos de descubrimiento y extorsión al contratar al excomisario José Manuel Villarejo para espiar a un exjuez, según consta en el escrito de acusación. El Ministerio público también pide al juez que investiga el caso, que procese al excomisario por delitos de extorsión, con una pena de 14 años de cárcel.

El conflicto entre Juan Muñoz y su hermano Fernando se inició tras una reclamación de la Agencia Tributaria de un millón y medio de euros, cuantía que un socio se negó a pagar, pues se declaró insolvente. Al no conseguir su objetivo por la vía judicial, los hermanos Muñozdecidieron recurrir al Grupo Cenyt, del excomisario Villarejo.
Consumiendo cocaína

Entre el material que el excomisario entregó a los hermanos Muñoz, que querían que el exsocio pagara una deuda con Hacienda, había un vídeo del exjuez Francisco Javier de Urquía Peña, "preparado y grabado en Marbella en el año 2006 por Villarejo con la colaboración de Ignacio Purcell Mena, por encargo de Monzer Al Kassar, con el que éste pretendió presionar al juez Urquía Peña en el año 2007 cuando ejercía funciones como magistrado para que resolviera a su favor un procedimiento judicial en trámite ante su juzgado", destaca el escrito de anticorrupción.

La grabación, en la que se aprecia a Francisco Javier de Urquía Peña consumiendo cocaína en el domicilio de Ignacio Purcell Mena, acompañados por dos prostitutas, fue exhibido por Villarejo a Ricardo Álvarez-Ossorio y a los hermanos Muñoz "en el curso de una reunión celebrada el día 7 de marzo de 2017 en la sede de Cenyt", la empresa del excomisario, con sede en Madrid.

Ricardo Álvarez-Ossorio facilitó una copia de ese vídeo, según indica la Fiscalia, a los hermanos Muñoz, que eran los que supuestamente tenían que decidir cuando sería utilizado contra Francisco Javier de Urquía Peña, y por tanto contra su exsocio Mateo Martín Navarro, con el propósito de forzarle a que pagara la deuda con Hacienda, concluye anticorrupción.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2089 en: 16 de Julio de 2020, 06:50:53 am »

La última muerte de un guardia civil de Tráfico provoca una ‘bronca’ del jefe de la Agrupación
El general envió un mensaje a los responsables de sector en toda España: “Nuestra implicación en evitar la siniestralidad propia dista mucho de ser la adecuada”

Fecha
16/07/20access_time 1:02

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil perdió la semana pasada a un agente en accidente en acto de servicio. El oficial Óscar David Meiriño se dirigía en moto a atender un accidente cuando chocó frontalmente con un camión en la N-330 a la altura de Zuera (Zaragoza).

Este fallecimiento provocó muestras de condolencias oficiales de la Dirección General de la Guardia Civil y de muchos compañeros de Tráfico y de otras unidades del cuerpo.

Confidencial Digital ha podido saber también que, a raíz de este accidente mortal en el que murió uno de sus efectivos, el jefe de la Agrupación de Tráfico envió un mensaje a todos los jefes de sector de la agrupación en España, para que a su vez la hicieran llegar a los jefes de subsector y de destacamento.

El mensaje incluía una reflexión personal del general jefe y un toque de atención, o más bien una ‘bronca’: al menos así lo han entendido muchos miembros de la unidad, que se han indignado con lo que ven como un aviso de posibles consecuencias disciplinarias por los accidentes.

“Esas muertes eran evitables”

“Hemos de lamentar, y no dejamos de hacerlo, el fallecimiento del GC del DTT de Zaragoza Óscar David Meiriño Marteles. Hasta hace unos días nos lamentábamos de la muerte del GC del DTT de Ciudad Rodrigo José Antonio Salicio García. Y con anterioridad el lamento lo fue por el GC del DTT de Algeciras Fermín Cabeza González. Y así hasta llegar al primer fallecido de la Agrupación de Tráfico”, comienza el texto remitido por el general de Divisón Ramón Rueda.

De esa recopilación de los últimos fallecimientos, el máximo responsable de la Agrupación de Tráfico indica: “No sé qué pensaréis vosotros. Yo lo tengo claro: todas estas muertes eran ¡EVITABLES!”.

Si sigue así, se exigirán “responsabilidades”

El jefe de Tráfico de la Guardia Civil explica en su mensaje que si ya la Dirección General de Tráfico ha mostrado su preocupación por el notorio incremento de siniestralidad mortal que se viene produciendo, “lamentablemente, nosotros hemos aportado ‘nuestro granito de arena’, pero no puedo olvidarme de aquella otra siniestralidad propia donde el resultado no ha sido mortal y que también se ha disparado”.

A cuenta de los otros accidentes sin resultado de muerte que vienen sufriendo los miembros de la Agrupación de Tráfico, el general jefe lanza su aviso: “Si la situación continúa por estos derroteros será el momento de exigir responsabilidades”.

Admite que sabe “que no es la solución”, pero añade un reproche: “Tengo la ligera impresión de que nuestra implicación en evitar la siniestralidad propia dista mucho de ser la adecuada. Que cada uno reflexione sobre su caso personal”.

Termina su “reflexión” pidiendo a los jefes de sector (en cada comunidad autónoma) que la asuman con interés, “porque no es posible continuar por este camino de muerte que nunca, como en el caso de hoy, debimos aceptar como inevitable: ‘son gajes del oficio’ hemos dicho, o pensado, en alguna ocasión”.

Polémica e indignación

Fuentes internas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aseguran a ECD que esta carta ha levantado mucha polémica.

Tras llegar a los jefes de sector, de ahí a los de subsector y destacamento, terminó circulando prácticamente entre todos los efectivos de la unidad, y muchos se indignaron ante lo que interpretaron como un aviso de que para atajar el alto número de accidentes se tendrían que empezar a imponer expedientes disciplinarios a los afectados.

Se basaban en esa frase de que “si la situación continúa por estos derroteros será el momento de exigir responsabilidades”.

Fue muy crítico con este mensaje, por ejemplo, el ingeniero experto en Seguridad Vial Juanjo Alba, que en un artículo en su blog recogió algunas frases del general jefe de la agrupación. Hacía esa misma interpretación que muchos agentes:

-- “La idea suena terrorífica: si la accidentabilidad no decae -a sabiendas de que no es la solución- exigirá responsabilidades. Uno se queda sin palabras.

Para enfrentarse con perfil técnico a un problema de siniestrabilidad resulta imperativo realizar una investigación detallada de los accidentes a los efectos de conocer sus causas. Hay que saber si detrás de esos accidentes subyacen problemas de equipamiento, formación, fatiga psíquica o física, etc. Esto es un concepto elemental. Sería algo así como la «educación primaria» de la investigación de accidentes de tráfico. Deduzco, por tanto, que el General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil no posee un perfil técnico en esta materia”.​
El general: aviso a los jefes

ECD se puso en contacto con el general jefe de la Agrupación de Tráfico para recabar su versión sobre esta polémica. El general de División Ramón Rueda indica, en primer lugar, que se trata de un mensaje que no debería haber salido del círculo de destinatarios, los jefes de sector, subsector y destacamento.

En todo caso, precisa que ese aviso no va dirigido a los motoristas que sufren el accidente, sino más bien a los responsables de las unidades: “En un accidente puede tener responsabilidad quien lo sufre, pueden tener responsabilidad los compañeros que le acompañan, y también puede tenerla quien orden el servicio”, los jefes de unidades, que considera que son responsables en gran medida de la integridad física de sus hombres.

De hecho, explica que las “informaciones verbales” que se abren para averiguar las causas de un accidente de un guardia civil de Tráfico en la inmensa mayoría de los casos no se detecta que hubiera ningún tipo de responsabilidad por parte del agente accidentado.

Pero sí subraya que todos los miembros de la agrupación deben poner un empeño especial para evitar verse implicados en accidentes, precisamente cuando patrullan o cuando se dirigen a atender a conductores que han sufrido siniestros.

Este general lamenta que en los últimos tiempos la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha experimentado un incremento sensible de accidentes de agentes que circulan, sobre todo, en motocicleta por las carreteras españolas.
Las investigaciones “distan de ser objetivas”

En su carta, el general jefe de los guardias civiles de Tráfico se preguntaba: “¿Tiene sentido fallecer, o resultar herido, yendo a prestar atención a un siniestro vial con daños materiales, atender una retención por amplia que sea, o llevar a cabo una persecución? Creo que no”.

Y apuntaba, en otro reproche, que “luego vienen las informaciones verbales cuya confección dista mucho de ser objetiva. A los hechos me remito y alguno de vosotros lo habéis podido apreciar en los correos que os he remitido a propósito de mi disconformidad con la valoración final de aquéllas”.

Cabe señalar de nuevo que este mensaje iba dirigido a jefes de sector, que debían rebotarlo a jefes de subsector y de destacamento. Las informaciones verbales son las investigaciones internas con las que se tratan de esclarecer los accidentes, para saber qué ha fallado.
Replantear la motocicleta

Más allá de esta polémica sobre el mensaje del general jefe de la Agrupación de Tráfico, lo cierto es que muchos guardias civiles han expresado estos días su inquietud por la frecuencia con que se producen accidentes mortales de miembros de la unidad, a raíz de la muerte de Óscar David Meiriño en una carretera de la provincia de Zaragoza.

Hay quien, por ejemplo, empieza a poner en cuestión el propio modelo de funcionamiento la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, basado en coches pero también en motocicletas.

Un guardia Civil, Josema Vallejo, explicó sus ideas sobre este asunto en un hilo en Twitter en el que señalaba que “en los inicios de la ATGC, el uso de la motocicleta estaba más que justificado. Aún hoy lo está. Todos sabemos que es útil en retenciones, cortes rápidos de vía, regulaciones complejas...”.

Pero ahora considera que “debemos empezar a pensar si esa utilidad, justifica las lesiones y vidas perdidas. En la era de la videovigilancia, los drones, helicopteros, radares última generación, vehículos camuflados, etc. debemos empezar a repensar el uso de la motocicleta como herramienta de trabajo fundamental”.

    Voy a escribir algo que no debería, pero necesito hacerlo

    Acabamos de despedir a Óscar, motorista Agrupación de Tráfico G.Civil

    Cientos de compañeros, familia y amigos, acudimos a decirle hasta luego

    Director DGT y Directora G.Civil, han impuesto la medalla con distintivo rojo pic.twitter.com/tTq3ELsd0q
    — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) July 11, 2020



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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2090 en: 16 de Julio de 2020, 11:10:44 am »



El comandante de la Guardia Civil de Paiporta: "Les dije que fueran a partirle las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie"


El suboficial de la Guardia Civil, que ya fue suspendido tres meses por decir ante testigos que la edil le iba a "comee el nabo", profiere amenazas ante una decena de testigos tras una polémica por la muerte de un joven en los toros del municipio valenciano
— Una investigación de la Guardia Civil atribuye al comandante de Paiporta descalificativos machistas contra la alcaldesa

Eduardo Aranda, comandante de la Guardia Civil de Paiporta, en una imagen de archivo.
Eduardo Aranda, comandante de la Guardia Civil de Paiporta, en una imagen de archivo.
Sergi Pitarch

15 de julio de 2020 22:49h
0

@sergipitarch
El comandante de la Guardia Civil de Paiporta, Eduardo Aranda, lleva varios años afrontando denuncias de subordinados por abuso de autoridad y acoso. Fue suspendido varios meses por proferir insultos machistas a la alcaldesa de Paiporta, Isabel Martín. Además, está imputado en el Juzgado Togado Militar central número 1, con sede en Madrid, por haber frenado una investigación por una presunta estafa con mascarillas en pleno confinamiento. El último desmán conocido gracias a unas grabaciones a las que ha tenido acceso elDiario.es tiene que ver con su animadversión a la edil del municipio, a la que ya vejó, aunque en este caso, sus declaraciones son, si cabe, de una gravedad mayor.


Las afirmaciones de Aranda, cuya grabación ha sido contrastada con personas que han compartido reuniones y actos con él, se produjeron en junio de 2018 después de la muerte de un joven en los toros de Paiporta de 2018. A finales de mes, el comandante, que dirige a más de 300 guardias, se reunió con una decena de mandos de los puestos de Picassent, Aldaia, Perellonet, Alfafar, Silla y Paiporta para abordar el suceso. En la charla se habla de las competencias y de que el ayuntamiento no les ha avisado del fallecimiento. La intervención del comandante Aranda ante sus subordinados va subiendo de tono hasta que estalla: "¿Es así o no? Para una vez que tenemos una oportunidad de haberle partido la cara... Había que haber entrado en el Ayuntamiento y haberle partido la cara. Yo no sé por qué a veces yo digo las cosas y no se me hace caso".


La charla con sus jefes de puesto continúa y las críticas se vierten contra la policía de la Generalitat. "La autonómica no lleva lo de los toros, solo lleva si los toros están correctamente autorizados o no. Punto. De hecho, como tienen tantas autorizaciones de toros no van a comprobar ni la mitad de las autorizaciones. El otro día a Paiporta no vinieron. La comprobación se hizo a posteriori. Ellos autorizan suponiendo que está correcto. Hay que dejar muy clara una cosa, totalmente diáfana porque, si no, hay algún ayuntamiento que se va a ver más apretado. Por ejemplo el de Paiporta, que se ha ido a partirle las piernas a la alcaldesa, pero no ha ido nadie", explica a los asistentes a la reunión. No contento con la precisión, Aranda la puntualiza por si no había quedado claro: "Pero les dije que fueran a partirle las piernas".

El comandande de la Guardia Civil ya fue suspendido tres meses en 2019 por vejaciones contra la alcaldesa de Paiporta en reuniones privadas con otros mandos y guardias. "Esta me va a comer el nabo", llegó a confirmarse en la información reservada que le abrieron tras estas afirmaciones. La cautelar de tres meses se cumplió, pero sin cerrarse el expediente, donde no se tomó declaración a nadie y con la salida de la instructora tras denunciar presiones, según publicó el periódico Levante-EMV.


Por otra parte, sus problemas disciplinarios dentro de la Guardia Civil no dejan de crecer así como las denuncias de sus subordinados. Además de la investigación en la que está imputado por supuestamente haber intentado impedir una investigación, en el Juzgado Togado Militar central número 2, tiene abierta otra causa.

La reacción del jefe de la Guardia Civil en Paiporta a las distintas denuncias ha sido apartar o poner a patrullar a quienes le cuestionan. Ha llegado a desmantelar el grupo de investigación que denunció sus intentos por paralizar la investigación sobre las mascarillas.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2091 en: 19 de Julio de 2020, 07:19:59 am »

Los jefes de la Policía Local de Santa Cruz desobedecieron a la alcaldesa y a sus concejales antes del cambio de gobierno

    La comisaria Carmen Delia González y el subcomisario Blas Hernández designaron escoltas al nuevo grupo de gobierno sin atenerse a las normas oficiales y a espaldas de los que todavía eran sus superiores

Carlos Sosa
18 de julio de 2020 13:51h

@CarlosSosa_

Los jefes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife no esperaron a que prosperara la moción de censura del pasado 13 de julio. Antes de esa decisiva votación ya desobedecían las órdenes que emanaban del concejal, del director de Seguridad y de la todavía alcaldesa, Patricia Hernández, del PSOE. Ambos designaron escoltas a concejales que todavía estaban en la oposición y se negaron en dos ocasiones consecutivas a abrir las puertas del Ayuntamiento mientras se debatía la moción de censura para que los abucheos de los manifestantes que había en la calle no interrumpieran el discurso del que a la postre fue designado alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria.

Evelyn Alonso, la concejala de Ciudadanos expulsada del partido y la primera tránsfuga oficial en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de escoltas de la Policía Local de la ciudad desde el día mismo en el que tomó posesión como concejala en sustitución del dimitido Juan Ramón Lazcano, exactamente el 26 de junio pasado. La decisión la tomó la comisaria Carmen Delia González, la jefa de más alta graduación en el cuerpo, que desde abril pasado estaba expedientada por el Ayuntamiento por haber participado en pleno confinamiento del estado de alarma en una fiesta de despedida de un agente, un acto que entonces estaba expresamente prohibido. La comisaria González, militante de Coalición Canaria, partido con el que ha sido concejala y alto cargo del Gobierno canario, fue en ese momento rebajada del grado de comisaria principal y retirado su complemento salarial correspondiente. Pero en rigor siguió siendo la jefa de la Policía Local y desoyendo las instrucciones que se le cursaron para que las decisiones ajenas a la gestión normal del servicio las consultara previamente con sus superiores políticos.

A ella y al subcomisario Blas Hernández se dirigen estos días las acusaciones de los partidos de la oposición, particularmente del PSOE, por haber actuado como “la policía de Coalición Canaria”, no solo a espaldas de sus superiores jerárquicos, sino incluso desobedeciendo sus instrucciones y sus órdenes.

La decisión de poner escoltas a Evelyn Alonso fue conocida después del cambio de gobierno. Fuentes policiales han confirmado a este periódico que la concejala no adscrita, a la que se le han atribuido las responsabilidades precisamente de Policía Local, se le han designado dos escoltas que se alternan en los servicios. Pero en ocasiones acuden juntos a acompañarla a actos cuando estos se celebran fuera de las dependencias policiales.

Evelyn Alonso se ha convertido de este modo en la primera concejala de la oposición en disfrutar de esta protección y en la segunda persona que no ocupa la alcaldía y que tiene escoltas. El primero fue el exconcejal popular Ángel Llanos, que en 2007 exigió tener la misma protección del entonces alcalde, Miguel Zerolo, una vez firmó con él el acuerdo de gobierno.

Según relata el exconcejal de Seguridad, Florentino Guzmán, del PSOE, los servicios de escolta fueron decididos sin consultar ni con él ni con la alcaldesa, sin someterlos a los preceptivos informes internos (entre ellos el de los servicios jurídicos) y sin la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife.
La concejala Evelyn Alonso junto a los mandos de la Policía Local Carmen Delia González y Blas Hernàndez, acusados de desobedecer órdenes del anterior equipo de gobierno.

Pero si la designación de escoltas ha sido criticada por los partidos hoy en la oposición, la actuación de los dos máximos responsables orgánicos de la Policía Local durante el pleno del pasado 13 de julio, donde se debatía y votaba la moción de censura, es objeto de muy duras acusaciones. En concreto resaltan que ambos mandos desobedecieron sistemáticamente las órdenes del concejal de Seguridad, de la todavía alcaldesa y del secretario de la Corporación. Todos ellos les indicaron que debían dejar abiertas las puertas del Ayuntamiento a pesar del ruido procedente de la calle, donde se concentraban un par de centenares de personas que gritaban y consignas contra los partidos censurantes: Coalición Canaria, el Partido Popular y la concejala Evelyn Alonso.

Según el relato de testigos presenciales, las puertas de la institución debían estar abiertas por tratarse de un pleno público, pero los mandos solo accedieron a cumplir las órdenes cuando se las cursó el presidente del pleno, elegido por ser el concejal de mayor edad, José Sabaté, precisamente quien, en calidad de concejal de Recursos Humanos, destituyó de su cargo de comisaria principal a la jefa Carmen Delia González cuando se le expedientó por su fiesta durante el confinamiento.

La comisaria Carmen Delia González no ha querido comentar nada con este periódico y se ha remitido a un comunicado que emitirá el Ayuntamiento de Santa Cruz.

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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2092 en: 29 de Julio de 2020, 06:21:35 am »

El Gobierno premia con una embajada al inspector de Barajas durante el ‘Delcygate’

Marlaska envía a una capital africana al máximo responsable policial en el aeropuerto cuando llegó el avión de la 'número dos' de Maduro. Esta plaza de agregado de Interior era una de las siete más codiciadas en la Policía por su alta retribución económica y a ella optaban ocho mandos

Antonio Rodríguez

Publicado 29/07/2020 04:45
Actualizado29/07/2020 4:45

El inspector jefe de Fronteras que estaba al frente del aeropuerto de Barajas cuando ocurrió el 'Delcygate', Francisco Javier Cuesta Rodríguez, ha sido 'premiado' por el departamento de Fernando Grande-Marlaska con el puesto de agregado de Interior en la embajada española en Niamey (Níger), según supo Vozpópuli de fuentes solventes.

Este inspector era el máximo responsable policial de Barajas cuando llegó el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, según las citadas fuentes, aunque durante aquella noche se personaron varios comisarios en el lugar ante la presencia de la 'número dos' de Nicolás Maduro, quien tenía prohibida su entrada en territorio del espacio Schengen por las sanciones de la UE.

El nombramiento de Cuesta Rodríguez aún no ha aparecido formalmente en el BOE, pero sí que circula ya entre los nuevos destinos del personal policial destinado en Barajas. La portavoz del PP en asuntos de Interior, Ana Vázquez, fue la primera en hacerse eco y en vincular el 'Delcygate' con este 'premio'.

El nuevo destino del hasta ahora inspector jefe de Fronteras en Barajas es una de las siete vacantes de consejero o agregado de Interior que Marlaska tenía que cubrir. Los puestos en liza son los de Washington (EEUU), Pekín (China), Quito (Ecuador), Yaundé (Camerún), Bogotá (Colombia), Tánger (Marruecos) y la citada Niamey (Níger).

A estas plazas se presentaron un total de 109 policías nacionales -entre inspectores jefe, comisarios y comisarios principales- para optar a estos puestos, según informó recientemente El Independiente. Tal número de candidaturas da una idea de la expectación que despierta cada convocatoria en las representaciones diplomáticas de España en el extranjero.

La demanda se debe, sobre todo, a las elevadas retribuciones que conlleva ese puesto. El sueldo mínimo es de 10.000 euros netos al mes y, en función de las condiciones de vida en la ciudad de destino, se pueden añadir otros complementos que disparan la asignación por encima de los 21.000 euros netos en algunas capitales. Además, la mayoría de estos ingresos no tributan a Hacienda.
Ocho aspirantes para Níger

Así las cosas, cada plaza de este tipo en el extranjero es muy codiciada entre los policías nacionales y guardias civiles. Los aspirantes deben contar con un determinado rango en su currículum y acreditar relevantes méritos profesionales que le hagan merecedor del puesto, pero al final existe un componente de discrecionalidad que pesa mucho en la decisión final del ministro del Interior de turno.

A la plaza que ha conseguido Cuesta Rodríguez se presentaron ocho inspectores jefes de la Policía. La denominada Comisión de Destinos en el Exterior del Ministerio del Interior valoró de él sus 29 años de servicio con puestos en la lucha contra el terrorismo, Policía Judicial, Extranjería, lucha contra la inmigración clandestina y Seguridad Ciudadana, "por lo que cuenta con una carrera operativa multidisciplinar".

En Níger existe una "División de Cooperación Internacional" desde la que el agregado de Interior tiene que coordinar los enlaces policiales con otras capitales del África subsahariana. Precisamente, de Cuesta Rodríguez se ha destacado durante el proceso de selección su "capacidad de liderazgo" al haber ocupado puestos de jefe de grupo y de sección, "desempeñando en la actualidad el Jefe de Sección de Fronteras en el aeropuerto de Madrid-Barajas", según se precisa en la nota que elaboró la Secretaría de Estado de Seguridad tras concluir el proceso de selección.
'Delcygate'

El ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, no sólo mantuvo el lunes 23 de enero un encuentro en su despacho con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, sino que unas horas antes, en plena madrugada, se reunió con la todopoderosa vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

El encuentro entre Ábalos y Rodríguez, que fue negado en un principio por el primero al ser preguntado por Vozpópuli, se desarrolló en el interior de la aeronave que llevó a esta última de Caracas a Madrid en una escala que debería haber concluido en Estambul pero que, finalmente, se hizo vía Doha. Este periódico tuvo acceso, en exclusiva, a los detalles del registro de vuelo y a la escala técnica que protagonizó la vicepresidenta venezolana en Barajas a partir de fuentes policiales y de Fomento.

Por estos hechos, el Partido Laócrata interpuso días después, a principios de febrero, una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro por un presunto delito de prevaricación. Sin embargo, desde entonces, el caso apenas ha avanzado y lleva meses encallado en el Supremo.

Antes de que el caso llegase al Supremo por el aforamiento de Ábalos, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, unificó en un sólo procedimiento las tres denuncias que tramitaba sobre este asunto por parte de Vox, PP y el Partido Laócrata y reclamó a las dos primeras la consignación de 20.000 y 5.000 euros respectivamente para poder ejercer la acusación popular.

El partido liderado por Santiago Abascal lanzó la pasada semana una campaña de crowdfunding en las redes sociales solicitando ayuda para poder pagar la citada fianza de 20.000 euros, con el fin de poder "sentar en el banquillo" al ministro Ábalos y "destapar el caso Delcy Rodríguez". Al final, consiguió el dinero en apenas 24 horas.


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Re:De los mandos policiales
« Respuesta #2093 en: 30 de Julio de 2020, 00:45:57 am »
Que cosas...

Si hay “premio” es que hay algo que esconder...