Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 307422 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2580 en: 03 de Noviembre de 2018, 07:55:20 am »
Veremos si logra impedirlo.

Eso de negarle a una familia enterrar a un familiar en una tumba de su propiedad, no sé yo........

Bueno, somos exportadores de armas a muchos países que no respetan los derechos humanos asi que siempre nos quedan otras opciones.


https://www.youtube.com/watch?v=LFmGPKLsoh0

A grandes males...grandes remedios.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2581 en: 06 de Noviembre de 2018, 12:07:53 pm »
El PSOE amenaza con cerrar por ley la cripta de la Almudena si acoge los restos de Franco


 Pedro Sánchez pretende modificar la ley de memoria histórica para impedir que los restos del dictador puedan estar en un lugar con acceso al público general

 Las enmiendas que el PSOE presentará al decreto de exhumación del dictador prevén un régimen sancionador para los espacios en los que se produzcan enaltecimientos del franquismo y que pueden acarrear su cierre

 Los socialistas aprovecharán la tramitación de la ley de memoria histórica para ordenar la retirada de condecoraciones como la de Billy el Niño


Pedro Sánchez, Adriana Lastra y Carmen Calvo en una reunión de la Ejecutiva. EFE
Por Irene Castro
05 nov 201822:00

El PSOE ya tiene  respuesta a la negativa de la familia de Francisco Franco y de la Iglesia a escoger un sitio distinto a la Almudena para los restos del dictador una vez sean exhumados del Valle de los Caídos. Los de Pedro Sánchez amenazan con cerrar por ley la cripta de la catedral madrileña a través de las enmiendas que registrarán "próximamente" al decreto que aprobó el Gobierno para la exhumación del dictador en las que prevén, por un lado, que el cadáver no pueda acabar en un lugar abierto al público y que contemplan un régimen sancionador para los lugares en los que se produzcan exaltaciones del franquismo y que pueden acarrear su cierre.

El cambio legal que pretende acometer el PSOE incorporará un precepto para que los restos del dictador no puedan acabar en un lugar abierto al público, según han informado a eldiario.es fuentes socialistas: "Se dice de forma no interpretable que no podrá ser enterrado en lugares con acceso del público general".

El problema con el que se topó el Gobierno durante el procedimiento de exhumación de Franco es que la familia escogió la cripta de la Almudena, donde son propietarios de un panteón, para enterrar los restos una vez fuera exhumado del Valle de los Caídos. Ese espacio recibe visitas y el temor tanto de la Iglesia como de los socialistas es que se produzcan enaltecimientos en pleno centro de Madrid.

Otra de las enmiendas con las que los socialistas pretenden modificar la ley de memoria histórica contempla un régimen sancionador para los espacios que en los que se produzcan enaltecimientos de la dictadura. El objetivo del PSOE es que se dirima la responsabilidad tanto por "tanto por acción como por omisión". Además de las multas económicas, la exaltación podrá suponer el "cierre temporal o definitivo de dichos espacios abiertos al público, cualquiera que sea su titularidad", según las mismas fuentes.

Retirar por ley las medallas a Billy El Niño
Con esos cambios legislativos, los de Sánchez pretenden castigar a la Iglesia por acoger homenajes a franquistas, como el 'cara el sol' que se cantó en el funeral de Utrera de Molina. Los socialistas han optado por la vía parlamentaria a través de enmiendas al decreto que aprobó el Gobierno en agosto para evitar que los restos del dictador acaben en la cripta de la catedral de la Almudena, como reclaman los nietos del golpista.

Esa opción la puso sobre la mesa el Ejecutivo la semana pasada después de varias semanas en las que había  reconocido que no podía hacer nada para evitar que Franco acabe en ese lugar preminente de Madrid y con la negativa de la Iglesia –incluido el Vaticano– de tomar medidas excepcionales. Pero ahora Sánchez ha decidido dar la batalla.

El PSOE también aprovechará la tramitación de esa modificación de la ley de memoria histórica para tener el sustento para retirar las condecoraciones policiales al torturador Billy el Niño. "Se añadirá una disposición que ordene la retirada de condecoraciones cuando se acredite que el condecorado incurría en conductas manifiestamente incompatibles con la distinción recibida", señalan fuentes socialistas.

El Gobierno trabaja prácticamente desde el inicio del mandato en la fórmula para retirarle los honores y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó que tenía preparada la forma legal a la espera de ser aprobada, aunque no señalará directamente a Antonio González Pacheco.

El Ministerio del Interior cuenta con que la entrada en vigor de cualquier reforma legal para la retirada de las medallas al policía Billy el Niño deberá ser extendida a otras decenas de casos que, como el torturador en el franquismo y la transición, resultan indignos de pertenecer a la Orden del Mérito Policial, informa Pedro Águeda.

La retirada de las medallas supone anular una decisión adoptada de acuerdo a una Ley, concretamente la 5/1964. Una reforma legal afecta a partir del momento en que entra en vigor, por lo que añadir una disposición adicional al citado texto se encontraría con el problema de la imposible retroactividad. El Grupo Socialista opta por reformar así otra ley del mismo rango, la Ley de Memoria Histórica, y aludir a un comportamiento “indigno” en el momento de la concesión de la medalla, lo que anularía el acto administrativo de su concesión.

Exhumaciones de víctimas: iniciativa del Estado
La propuesta del PSOE para la modificación de la ley de José Luis Rodríguez Zapatero también recoge una de las reclamaciones de los colectivos de memoria: que la Administración General del Estado tenga la facultad de llevar a cabo procedimientos de exhumación de víctimas de la represión franquista y la dictadura que hasta ahora deben ser reclamados por los particulares y nunca eran de oficio.

Las enmiendas que el PSOE registrará en el Congreso próximamente también hacen referencia a la Comisión de la Verdad sobre la guerra y el franquismo. La idea es que sea un órgano independiente de ámbito nacional que trabaje en la recuperación y análisis de los documentos históricos, testimonios y otros materiales sobre el periodo comprendido entre julio de 1936 y diciembre de 1978. Sánchez reiteró su intención de constituir ese organismo tras visita el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, donde también se reunió con la hija de Salvador Allende. En ese país la comisión de la verdad se constituyó poco después de la dictadura de Pinochet.

El decreto con el que el Gobierno pretende llevar a cabo la exhumación de Franco se está tramitando ahora como un proyecto de ley al que los grupos pueden presentar enmiendas para la modificación de la ley de memoria histórica. Los independentistas, por ejemplo, abogaron por que se anulen a través de esa normal las condenas del franquismo, como la sentencia a Lluís Companys.

La dificultad a la que se enfrenta ahora el Gobierno es al bloqueo de PP y Ciudadanos, que llevan toda la legislatura ampliando los plazos de enmiendas de las iniciativas que, en muchos casos, llevan meses congeladas. Ciudadanos cambió de estrategia la semana pasada respecto a una veintena de propuestas, pero  este martes pedirá de nuevo la ampliación del periodo de presentación de enmiendas al articulado para la ley de memoria histórica, al igual que el PP. Eso supone que la modificación se dilatará al menos otra semana y habrá que esperar a qué posición adopta la próxima semana. Los socialistas trasladan ahora la presión a los de Albert Rivera: "Tendrán que retratarse", señalaban el viernes fuentes gubernamentales.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2582 en: 06 de Noviembre de 2018, 18:16:36 pm »
Vaya, vaya, vaya..doña "collares," enterrada en terreno propiedad de los españoles.




Carmena avisa a los Franco: la tumba del Pardo es de Patrimonio Nacional


"El Ayuntamiento no tiene nada más que decir ni a favor ni en contra. La unidad de enterramiento es de Patrimonio y ellos tendrían que autorizar en todo caso la inhumación", indican fuentes del consistorio madrileño


 VOZPÓPULI
06.11.2018 - 16:42
El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios, ha remitido una notificación a los descendientes del dictador Francisco Franco en la que les informa de que la tumba del cementerio del Pardo donde reposa Carmen Polo es propiedad de Patrimonio Nacional.


MÁS INFO

Cripta de la familia Franco.El Congreso da otra semana para las enmiendas a la ley que permite la exhumación de Franco
El Congreso da otra semana para las enmiendas a la ley que permite la exhumación de Franco
Según ha publicado este martes Público y han confirmado a EFE desde el Ayuntamiento de Madrid, el consistorio remitió esta notificación hace "dos o tres semanas".

En ella aclara que la tumba donde reposa Carmen Polo, esposa de Franco, no es propiedad ni del Ayuntamiento ni de la familia sino de Patrimonio Nacional.

"El Ayuntamiento no tiene nada más que decir ni a favor ni en contra. La unidad de enterramiento es de Patrimonio y ellos tendrían que autorizar en todo caso la inhumación", indican las mismas fuentes, que precisan que los familiares del dictador "lo han admitido y lo reconocen".

La viuda del dictador fue enterrada en 1988 en una cripta que se encuentra en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde además hay una capilla construida durante la dictadura por el Ayuntamiento, que es propietario de esa capilla.

El pasado miércoles, la portavoz municipal, Rita Maestre, aseguró que el Gobierno municipal preferiría que los restos de Francisco Franco no estuvieran en el centro de la ciudad, en la catedral de La Almudena, cuando los periodistas le preguntaron por la posibilidad de que fuera inhumado en el cementerio del Pardo.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2583 en: 08 de Noviembre de 2018, 07:03:50 am »
Sánchez, Sánchez....llevas dando y retificando fechas desde mayo...a vecves me pregunto si los políticos no tienen sentido del ridiculo.




Sánchez admite que la exhumación de Franco podría retrasarse hasta enero


"Más allá de lo que dure el procedimiento administrativo, que no sé si será en diciembre o enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador", ha dicho Sánchez

EFE


07.11.2018 - 13:52

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles que la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos podría retrasarse a enero, en función de lo que dure el "procedimiento administrativo" establecido para ello.

"Más allá de lo que dure el procedimiento administrativo, que no sé si será en diciembre o enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador", ha dicho Sánchez, preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa para anunciar medidas ante la sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2584 en: 08 de Noviembre de 2018, 15:34:16 pm »
Se está coronando, ladrar es muy fácil, actuar es otra cosa.....

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2585 en: 10 de Noviembre de 2018, 07:33:41 am »

Un concejal de IU propone incinerar a Franco y repartir las cenizas entre sus defensores

    "Si tanto lo quieren, si tanto lo adoran, si tanto lo echan de menos que lo incineren y que sus cenizas se las repartan en una urna y las coloquen en sus salones", propone el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo
    Sánchez Ramos opina que la Iglesia española debería "abstenerse" de ubicar en sus iglesias "a un dictador y a un asesino condenado por la humanidad"

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/11/09/un_concejal_propone_incinerar_franco_repartir_las_cenizas_entre_sus_defensores_88651_1012.html



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2586 en: 14 de Noviembre de 2018, 07:53:42 am »
El Gobierno cuenta con las reservas de la Iglesia para conseguir que Franco acabe en El Pardo y no en La Almudena

    Si no hay contratiempos, el Ejecutivo tendrá manos libres para exhumar los restos del dictador apenas unos días antes antes navidad
    La cripta de la Almudena se arriesga a un cierre permanente si el Congreso acuerda castigar a los recintos en los que se produzca enaltecimiento de la dictadura
    El PSOE fuerza una votación en el Senado para obligar al PP a pronunciarse sobre la dictadura, la exhumación de Franco y la prohibición de las organizaciones que ensalcen el franquismo

Fernando Varela
fvarela@infolibre.es @fervabi
Publicada el 14/11/2018 a las 06:00 Actualizada el 13/11/2018 a las 21:54

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2587 en: 16 de Noviembre de 2018, 08:02:56 am »


Barcelona se querella contra el juez militar franquista que condenó a muerte a Salvador Puig Antich

El consistorio quiere que se investigue por delito de lesa humanidad al abogado Carlos Rey, el redactor de la sentencia contra el militante antifranquista

La querella incluye una petición para que el Constitucional anule la ley de Amnistía de 1977 al ser incompatible con la Constitución y los tratados internacionales

"El paso del tiempo no debilita la petición de justicia y reparación, sino que la legitima", asevera el teniente de alcaldía Jaume Asens
Oriol Solé Altimira
15/11/2018 - 17:59h

El Ayuntamiento de Barcelona se ha querellado por delito de lesa humanidad contra el abogado Carlos Rey, que en 1974 fue el vocal del consejo de guerra que redactó la sentencia de muerte al militante antifranquista Salvador Puig Antich. El consistorio da así un nuevo paso en su estrategia de litigios para intentar que la judicatura actual depure responsabilidades en los magistrados franquistas, por ejemplo los que condenaron a gays y lesbianas durante la dictadura.

En el caso de Puig Antich, la querella se interpone contra Rey por ser el único de los siete miembros del tribunal militar que tenía conocimientos jurídicos. De ahí que fuera el encargado de redactar la sentencia. El escrito de querella, que firma la abogada Laura Parés, realiza un relato pormenorizado del caso Puig Antich y de las anomalías legales que llevaron al joven anarquista a la justicia militar en vez de a la ordinaria.

"Carlos Rey no se ha arrepentido nunca en sus declaraciones públicas de la condena a muerte a Puig Antich", asevera el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens. La ciudad de Barcelona, destaca Asens, está "en deuda" con la familia de Puig Antich, y la querella, añade, se presenta "porque el paso del tiempo no debilita la petición de justicia y reparación, sino que la legitima".

Tras aprobarlo el pleno municipal, el consistorio ha formalizado la querella en los juzgados de la capital catalana, tal y como ha informado en primer lugar El Punt Avui. El juzgado de instrucción 9 de Barcelona ha pedido un informe a la Fiscalía para decidir si admite o no a trámite la querella.

El Ayuntamiento, consciente de que uno de los obstáculos que pueden frenar el caso es la ley de Amnistía de 1977, ha solicitado a la jueza que promueva una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma, habida cuenta de que los tratados internacionales a los que se ha adherido España desde la llegada de la democracia y que la vinculan en materia de derechos civiles hacen que la ley de amnistía sea incompatible con los derechos fundamentales y la Constitución.

eldiario.es se ha intentado poner en contacto con el querellado, que en la actualidad ejerce de abogado –fue el letrado de la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho–, pero en su despacho han explicado que Rey se encuentra fuera de Barcelona.
Fragmento de la querella a la que ha tenido acceso este diario

Fragmento de la querella a la que ha tenido acceso este diario
Un caso plagado de irregularidades

Puig Antich militaba en el libertario Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), organización vigilada desde hacía meses por la brigada de lo político social de la policía franquista. Varios militantes del MIL se habían citado en el bar Funicular del Eixample barcelonés el 25 de septiembre de 1974. Dos jóvenes, entre ellos Puig Antich, fueron los primeros en llegar, y los policías los rodearon y golpearon en el interior de un portal de la calle Girona. En el intento de huida, hubo un intercambio de tiros, en el que un agente murió y Puig Antich resultó gravemente herido.

La brigada de lo político social de la Policía se encargó del caso y manipuló la investigación para que el caso lo juzgara un tribunal militar y poder así condenar a muerte a Puig Antich –la justicia ordinaria no podía hacerlo– y mandar de paso un aviso a los antifranquistas de que el régimen, pese a flaquear, sería implacable con los disidentes.

Así, se modificó el informe de autopsia del policía, alterando el número y trayectoria de disparos –de cinco a dos, el número de disparos que, casualmente, había efectuado Puig Antich. Las pistolas y los casquillos de los policías implicados en el tiroteo desaparecieron, los otros dos detenidos por el tiroteo declararon bajo amenazas y torturas para incriminar a Puig Antich, al que se tomó declaración sin abogado, en una habitación del hospital tras ser operado de urgencia en la mandíbula, por lo que ni siquiera podía hablar.

Al día siguiente, se amplió su declaración y se modificó de forma sustancial, adecuándose los hechos al delito de terrorismo, de forma que Puig Antich, que no estaba fichado ni tenía antecedentes, pasó a ser uno de los jefes del MIL. El tribunal del que formaba parte Rey dio por probado el relato policial y condenó al garrote vil a Puig Antich 48 horas después de avisarle de que lo juzgarían en un consejo de guerra y denegando todas las pruebas de su defensa.

La sentencia redactada por Rey se detuvo especialmente, más allá de la muerte del policía, en la ideología "subversiva" o la "destrucción del Estado" que propugnaba el MIL, los elementos que le permitieron dictar una condena a muerte. Puig Antich fue ejecutado por el garrote vil en España el 2 de marzo de 1974 en la prisión Modelo, pese a la campaña nacional e internacional para que se revocara la pena de muerte.





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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2588 en: 16 de Noviembre de 2018, 16:13:43 pm »

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2589 en: 18 de Noviembre de 2018, 14:55:28 pm »
Qué fue de Pita Caruncho, el hombre que quiso que le trasplantaran el cerebro de Franco


18 días antes de morir el dictador, este empresario gallego ofreció su cuerpo para que le implantaran su cerebro y pudiera seguir gobernando.
La misiva con su propuesta fue contestada por el secretario particular de Franco y hermano de Carmen Polo.
Guía para no perderse en la exhumación de Franco: qué piensa realmente cada partido y por qué
18 noviembre, 2018 01:59
 
 FRANCISCO FRANCO  MEMORIA HISTÓRICA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA  FRANQUISMO  EL FERROL DICTADURA
Daniel Ramírez  @danielramirez99
Francisco Franco languidecía en la cama. Sus acólitos soñaban con algún remedio infalible que mantuviera con vida al dictador, conscientes de que los regímenes caudillistas se asoman al abismo cuando muere el caudillo. Uno de aquellos quijotes, férreo defensor de la "democracia orgánica", era José Luis Pita Caruncho, de El Ferrol, que remaba a su manera desde un pueblecito de La Coruña.

Dieciocho días antes de la muerte de Franco, este director de una fábrica de piensos llamada "NASA" tentó a la ciencia. Se ofreció al equipo médico del General para que colocaran en su cabeza el cerebro del dictador. "Lo hice porque era un hombre irrepetible, sin el cual yo sabía que este país se iba a pique. Quería que mi cuerpo sirviese como vehículo del suyo", confesó a Diario 16, que publicó su testimonio siete años más tarde, en 1982.

"El cerebro es como el conductor del coche. Franco era el mejor piloto; y mi cuerpo, el coche, estaba joven y sano. Si hubiesen trasplantado su cerebro a mi cuerpo, ahora él seguiría en El Pardo para bien de todos", narró Pita Caruncho en su despacho a un joven Melchor Miralles, que se cercioró de que aquello no era una broma. "Hablaba con religiosa veneración. Durante la media hora que permanecí en su oficina no sonrió ni una sola vez", anotó el periodista.

El recorrido de su carta
Pero, ¿qué fue de José Luis Pita Caruncho? Son muchos los que han recuperado -en redes sociales- su figura al hilo de la exhumación de Franco. Este periódico ha confirmado a través de algunos amigos cercanos que el empresario gallego falleció hace ya casi quince años. "Después de aquello no volvió a protagonizar ningún episodio de ese calado. Siguió con su fábrica de piensos y se jubiló", relata una de estas personas.

Pita Caruncho es descrito por sus allegados como "un hombre generoso, dedicado al trabajo y a su familia, un gran padre". Especifican que nunca conoció a Franco, a pesar de compartir las mismas raíces. Tampoco recuerdan ninguna vivencia trágica que pudiera haberle empujado a realizar aquel gesto.

"Don José Luis" tenía 32 años cuando ofreció su cerebro a Franco. El mayor exponente del realismo mágico no lo protagonizó su sacrificio, sino el propio régimen. Véase la secuencia. Pita Caruncho -radicado en Narón, una pequeña localidad cercana a "El Ferrol del Caudillo"- envió una carta al Ayuntamiento. Alcaldía trasladó la misiva al Gobierno Civil, que a su vez lo extendió a la Secretaría de Franco... ¡Y le contestaron!.

La respuesta de los Franco
Tanto la carta de ida como la de vuelta fueron transcritas al completo por Diario 16. Pita Caruncho escribió: "Ante la serie de dolencias y la enfermedad de S.E. el jefe del Estado Generalísimo Franco, que guiado por Dios y por su fiel y leal servicio a la Patria nos ha llevado al puesto privilegiado del que gozamos hoy en España (...), considerándome buen español con un recto sentido del deber y buena conducta pública y privada (...), pongo todo mi ser orgánico al servicio del equipo médico que atiende a S.E.".

En la misma misiva, Pita Caruncho aseguró "gozar de una economía saneada y un negocio en vías de desarrollo", para el que ya había designado a "una persona" que le sustituyese en su cargo.

Esta es la respuesta que recibió: "Muy señor mío. A través del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esa provincia se ha recibido en esta Secretaría fotocopia del escrito dirigido por usted al señor alcalde presidente del Ayuntamiento de esa localidad, en el que ofrece todo su ser orgánico al equipo médico que atiende a Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo. La Excma. Sra. doña Carmen Polo de Franco y demás familiares, así como el equipo médico que atiende a Su Excelencia, profundamente conmovidos por su abnegado y desinteresado ofrecimiento, unido a su afectuoso saludo, le hacen presente su agradecimiento de todo corazón aun cuando ello (el trasplante) no parece sea preciso".

Con ese "no parece sea preciso" se acabó la aventura de José Luis Pita Caruncho. La cariñosa respuesta fue firmada por... ¡Felipe Polo Martínez-Valdés! Cuñado del propio Franco, que murió en Madrid en 1979. El obituario de El País recordó su labor como secretario particular del dictador: "Hombre políticamente discreto, aunque de una fidelidad fuera de duda a Francisco Franco, intervino en la gestión económica y negocios de la familia".

Su paso por la AP de Fraga
Pita Caruncho, a finales de los setenta, trató de entrar en política engrosado en las listas de Alianza Popular. No lo consiguió. Los que le "amenazaban" y se reían de él, contaba, eran los mismos que luego le pedían trabajo. Muerto Franco se entregó a otro gallego, Manuel Fraga. Sin posibilidad de resurrección, apostó por el que fuera ministro para dirigir el país.

En su despacho, decorado por un retrato de un Franco "enorme" y "lozano", se quejaba del destino que esperaba a la patria por culpa de los socialistas, que acababan de llegar al Gobierno. Coherente con su ideario, anuló una ampliación de capital y los nuevos contratos que tenía pensados porque el PSOE, pensaba, iba a hundir la economía.

"Si aún estuviera vivo, te habría dado una entrevista seguro", confiesa un allegado. "Ay qué cosas, qué cosas... Sólo ocurren en estos pueblos", acierta a decir otro en un gallego cerrado. El reportaje tuvo su impacto, pero Pita Caruncho nunca se desdijo. Las risas le importaron un pimiento. Él, a lo suyo.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2590 en: 18 de Noviembre de 2018, 18:43:07 pm »
Lo que no se pudo hacer en 1977 me parece que hoy ...

Carmena abre la oficina de "testimonios de víctimas del franquismo" para "denunciar" a los autores


Las dependencias se ponen en marcha este mismo lunes en la sede del Ayuntamiento de Madrid de la plaza de la Villa.
El procedimiento será el de la "recogida de testimonios orales" de quienes digan haber sufrido "violaciones de derechos humanos" y sus familiares directos.
Colau anuncia la retirada de la medalla de la ciudad de Barcelona al dictador Franco.
18 noviembre, 2018 13:39

 MANUELA CARMENA  FRANQUISMO VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO  MEMORIA HISTÓRICA AYUNTAMIENTO DE MADRID  FRANCISCO FRANCO
E.E.
El dictador sigue de plena actualidad. El Gobierno de Pedro Sánchez batalla por exhumar sus restos del Valle de los Caídos, Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona le retira una medalla concedida hace 54 años y ahora Manuela Carmena, en Madrid, abre una "Oficina de Atención a Damnificados por Crímenes Franquistas" para impulsar denuncias ante los tribunales.

El Ayuntamiento de Madrid pone en marcha esta oficina de víctimas del franquismo "con el objetivo fundamental de facilitar el ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación". La iniciativa se deriva de un acuerdo adoptado por el Pleno Municipal el 31 de octubre de 2017 que instaba al equipo de gobierno de Ahora Madrid, apoyado por el PSOE a "acompañar las iniciativas ciudadanas encaminadas a iniciar procedimientos ante la Administración de Justicia" para "determinar responsabilidades en los crímenes perpetrados durante la dictadura franquista".


El procedimiento se llevará a cabo mediante la "recogida de testimonios orales" de quienes digan haber sufrido "violaciones de derechos humanos" y de sus familiares directos. Se pretende "conformar un relato" y reunir "material probatorio" para "las acciones judiciales que eventualmente se ejerciten", y en todo caso crear un "archivo de testimonios audiovisuales de memoria de la ciudad de Madrid”.

El Ayuntamiento pretende impulsar por su iniciativa una "denuncia" para que “se investiguen los delitos cometidos en el contexto de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista que afectaron a los ciudadanos y ciudadanas de Madrid". Carmena quiere llevar a juicio a los "responsables directos e indirectos" y " que se proceda a su imputación, procesamiento, juicio y condena”.


La oficina se abrirá este mismo lunes 19 de noviembre en la sede consistorial de la plaza de la Villa, 4, 2º. En las dependencias se llevará a cabo la "elaboración de un censo de víctimas" que reúna la identidad de la supuesta víctima junto a la fecha del episodio, un "breve relato" con la existencia o no de "diligencias policiales o judiciales", además de las "secuelas padecidas" y otros datos de interés.

En las dependencias también se podrá recabar  información y asesoramiento sobre aspectos como "acceso a archivos oficiales, posibilidades de acciones judiciales y recursos existentes". El plan de recogida de testimonios pretende constituir, según fuentes del Ayuntamiento, "un importante legado al patrimonio memorial de la ciudad de Madrid".

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2591 en: 19 de Noviembre de 2018, 07:46:32 am »
El Gobierno propone penas de cárcel para quienes ensalcen a Franco o justifiquen su dictadura





Esperemos que la reforma se lleve a cabo y todos estos sean detenidos si persisten en sus loas a Franco.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2592 en: 24 de Noviembre de 2018, 06:06:41 am »

El Ministerio de Justicia solicita la licencia para exhumar los restos de Franco

Informa que tiene que levantar la lápida y recuperar el féretro para iniciar el traslado para lo que necesita permiso para obra menor

Pedro Blasco


23.11.2018 - 19:23

El Ministerio de Justicia ha remitido al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial un documento que se puede considerar como la primera licencia para iniciar la exhumación de los restos de Franco.

En el escrito se dice que se va a proceder a levantar la lápida para el traslado de los restos del anterior jefe del Estado, lo que hace necesario un permiso de obra menor. El Ayuntamiento es gobernado por ‘Vecinos de San Lorenzo’.

El Gobierno deberá lograr también de la Comunidad de Madrid un permiso para el traslado, ya que es la Administración responsable de la llamada ‘sanidad mortuoria’.

Fuentes que conocen el procedimiento señalan que tras la obtención de estas autorizaciones, que son prácticamente automáticas, la familia podrá presentar alegaciones.

Si se desestiman, el Gobierno estará legitimado para realizar el traslado de los restos del general Franco, que aún no tiene asignada una tumba definitiva.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, admitió a principios de mes que la exhumaciónpodría retrasarse a enero, en función de lo que dure el "procedimiento administrativo" establecido para ello.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2593 en: 29 de Noviembre de 2018, 01:51:20 am »
El Gobierno propone penas de cárcel para quienes ensalcen a Franco o justifiquen su dictadura





Esperemos que la reforma se lleve a cabo y todos estos sean detenidos si persisten en sus loas a Franco.



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« Respuesta #2594 en: 30 de Noviembre de 2018, 07:54:49 am »

Multada con 900 euros la hija del general franquista Yagüe por no dar información sobre la fundación de su padre

La acusada se negó a entregar los datos requeridos sobre los patronos de la Fundación Yagüe

María Eugenia Yagüe ha sido sancionada a pagar una cuota diaria de cinco euros durante seis meses por desobedecer a la Autoridad Judicial
Europa Press
29/11/2018 - 19:25h




Juan Yagüe, conocido como 'el Carnicero de Badajoz', junto a Adolf Hitler ASRD

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a la hija del general franquista Yagüe, María Eugenia Yagüe, a la pena se seis meses de multa con una cuota diaria de cinco euros por un delito de desobediencia a la Autoridad Judicial previsto y penado en el art. 556.1 del Código Penal.

Los antecedentes se remontan a septiembre del año 2017, cuando la hija del general franquista Juan Yagüe, también conocido como 'el carnicero de Badajoz', no entregó la información sobre las cuentas bancarias de los 20 patronos o socios de la entidad que lleva su nombre, contrariamente a lo requerido por el Juzgado de Instrucción de El Burgo Osma, a raíz de la denuncia interpuesta por el administrador de la comunidad donde tiene sede su fundación.

María Eugenia Yagüe ha sido sancionada a pagar una cuota diaria de cinco euros durante seis meses por desobedecer a la Autoridad Judicial. La acusada, que ha señalado que la muestra de esta información vulneraba el derecho a su intimidad, ha reconocido que ha sido requerida personalmente por el Juzgado de Primera Instancia del Burgo de Osma para aportar la documentación.

La hija del general ha manifestado que se ha entrevistado con la juez titular para exponerle su caso, pero que sus razones no han sido atendidas. La sentencia recoge que la acusada "se ha negado reiteradamente a cumplir el mandato judicial, intentando imponer su interpretación de la ley, frente a lo acordado en el juicio".

Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la sentencia establece que, en caso de impago, se procedería a un día de privación de libertad por cada dos cuotas no abonadas.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2595 en: 04 de Diciembre de 2018, 07:54:15 am »

El Supremo admite un recurso de la familia contra la exhumación de Franco y estudia paralizarla

4 diciembre, 2018 07:04


María Peral @Maria_peral

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la familia de Francisco Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre por el que continuó el procedimiento administrativo para exhumar los restos del exjefe del Estado, que reposan en la basílica del Valle de los Caídos.

La Sala, con ponencia de la magistrada Celsa Pico, también ha acordado abrir una pieza separada para resolver sobre la suspensión del acuerdo, reclamada por los familiares de Franco. De ser estimada, la medida cautelar paralizará la exhumación hasta que se dicte sentencia sobre el fondo del recurso.

El debate sobre la suspensión cautelar será la primera prueba de fuego para el Gobierno de Sánchez, que el pasado 24 de agosto aprobó un decreto-ley de modificación de la Ley de Memoria Histórica con la finalidad específica de exhumar a Franco y sacarlo del Valle de los Caídos. La norma estable que sólo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil.

Sánchez admite que la exhumación de Franco podría retrasase a enero

El 8 de noviembre, el Gobierno acordó continuar el procedimiento de exhumación y adoptar varias medidas tendentes a su ejecución. Una de ellas fue remitir al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto necesario para llevar a cabo el desenterramiento con el fin de que se tramite de conformidad con lo previsto en la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana.

Otra de las medidas acordadas fue solicitar a la Dirección General de Salud pública de la Comunidad de Madrid, competente en materia de sanidad mortuoria, un informe no vinculante sobre el proyecto de exhumación.

El Gobierno, finalmente, ordenó a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que promueva las actuaciones oportunas para el acceso a la basílica del Valle de los Caídos para efectuar la exhumación.

Bajo la dirección del letrado Luis Felipe Utrera-Molina, los nietos de Franco han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ordinario en el que sostienen que el acuerdo del Gobierno de 8 de noviembre es susceptible de impugnación al amparo del artículo 25 de la ley de la jurisdicción. Este precepto establece que los actos de la Administración que sean de trámite son recurribles si "deciden directa o indirectamente el fondo del asunto (...), producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos".

El recurso se refiere a las "irregularidades ya producidas en el marco del procedimiento de exhumación que, debiendo tener carácter colectivo respecto de todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no hubieran fallecido a consecuencia de la Guerra Civil, tan solo se ha incoado respecto de los restos mortales de Francisco Franco", explica Utrera-Molina.

Ello pone en evidencia "la existencia de una disposición de caso único que afecta al derecho a la intimidad personal y familiar de los recurrentes reconocido en el artículo 18 de la Constitución Española y en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, toda vez que los recurrentes han manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo", añade el letrado.

"La familia Franco", señala la defensa, "solicita el amparo de los tribunales de justicia ante los reiterados anuncios por parte de miembros del Gobierno de una inminente exhumación sin que ni siquiera se haya tramitado en su totalidad el procedimiento administrativo establecido por el real decreto-ley [aprobado el 24 de agosto], de los que son buena muestra las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo", en el sentido de que "la exhumación se llevaría a cabo antes de que finalizase el presente año".

El pasado 7 de noviembre, sin embargo, el presidente del Gobierno admitió un retraso en sus planes. Pedro Sánchez afirmó que "se va a producir la exhumación. En 2019, por fin después de 41 años, no va a haber ningún mausoleo en nuestro país que homenajee en nuestro país al dictador Franco". La fecha, que Sánchez dejó abierta, depende ahora de los tribunales.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2596 en: 05 de Diciembre de 2018, 08:08:06 am »

Abogados Cristianos intentan parar la retirada de la cruz franquista en Castellón tras fracasar en Callosa

Desde la asociación dicen que la cruz no tiene connotaciones políticas y denuncian una “persecución descarada a los católicos” por parte de ayuntamientos “de corte marxista-leninista” como el de la capital de La Plana

La misma asociación ya presentó acciones legales por la retirada de los monumentos franquistas en Callosa de Segura y la Vall d'Uixó
Borja Ramírez
04/12/2018 - 22:24h


La asociación católica Abogados Cristianos ha amenazado con acudir a los tribunales si el Ayuntamiento de Castellón no recula en la retirada de la cruz a los caídos del Parque Ribalta, aprobada en pleno la semana pasada.  Desde la asociación de ámbito nacional –que asesora a la Plataforma en Defensa de la Cruz de Ribalta, cercana al Partido Popular- insisten en que es únicamente un símbolo religioso y amenazan con querellarse contra la concejala de Cultura, Verónica Ruiz, por prevaricación.

Preguntada por este diario, la presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, denuncia una ofensiva contra los católicos por parte del equipo de gobierno de Castellón. “La alcaldesa y algún concejal de Compromís ya han amenazado con que quieren destruir la cruz, entonces nosotros hemos advertido que vamos a interponer medidas cautelares ante algo que es completamente ilegal”, ha expresado Castellanos.

“Si siguen amenazando y persiguiendo de semejante manera a los católicos también interpondremos una querella por prevaricación. No hay ninguna excusa legal y democrática para destruir una cruz que no tiene connotaciones políticas, a no ser que nos encontremos frente a algún tipo de dictadura marxista-leninista”, ha remarcado.

Ante las preguntas sobre que el lugar pueda ser usado como lugar de peregrinaje para distintos grupos de extrema derecha, Castellanos ha declarado que “también se reunieron hace relativamente poco en la Plaza de Oriente. ¿Tenemos entonces que destruir también la Plaza de Oriente de Madrid? Ese argumento carece de cualquier sustento jurídico. Porque vaya allí gente o porque se construyera hace cincuenta años significa que es un monumento franquista? Los embalses también, ¿tenemos que destruir los embalses?”.

Esta misma asociación está también detrás de la querella interpuesta –junto a otra presentada por el Partido Popular- contra la alcaldesa de Vall d'Uixó, Tania Baños, tras la retirada de una cruz franquista en la localidad el pasado junio. De la misma forma, interpuso acciones legales contra el Ayuntamiento de Callosa del Segura, que ya retiró el símbolo franquista, en medio de protestas de grupos de ultraderecha, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y del que asegura que comparte con el consistorio de Castellón un gobierno “de corte marxista-leninista, dictatorial y autoritario” que encabeza la persecución católica. El Ayuntamiento de la capital de La Plana está gobernado por el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo de la plataforma Castelló en Moviment.

Verónica Ruíz, al frente de Cultura, ya preveía la semana pasada, a la salida del pleno, las acciones legales de Abogados Cristianos y aseguraba “no tener miedo y tener ganas de iniciar cuanto antes el expediente”.

"La Cruz de los Caídos no es un símbolo religioso, sino un símbolo de la represión franquista que se erigió en 1944 y, aunque a finales de los años 70 se eliminasen las rúbricas originales, no deja de ser eso, un monumento a la exaltación de la represión de Franco, tal y como lo ha corroborado el Comité de Expertos de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana. Por tanto, no tengo ningún miedo a esa querella porque la retirada de la Cruz de los Caídos no es otra cosa que una acción más para cumplir la Ley de Memoria Histórica”, declara Ruiz.

Fuentes del Consistorio declaran que el Ayuntamiento de Castellón cumplirá con la Ley de la Memoria Histórica y que quien cuestione las decisiones municipales tiene derecho a hacerlo por la vía que crea necesario.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2597 en: 06 de Diciembre de 2018, 20:28:14 pm »


Detenido en Brasil Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha

Contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977
   
Carlos García Julia
Carlos García Juliá, ultraderechista implicado en los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977).
EFE
Madrid  6 DIC 2018 - 19:45 CET
Las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido en el estado brasileño de São Paulo a Carlos García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977, según confirman fuentes de la embajada de España en Brasilia.


El español está bajo custodia de la Policía Federal, cuyo superintendente tiene previsto conceder mañana una rueda de prensa junto con policías españoles que participaron en la operación para dar los detalles sobre la captura y sobre la posible extradición.

Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.


En la masacre de Atocha murieron el 24 de enero de 1977 tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá intentó fugarse en 1979, antes del juicio, de la prisión de Ciudad Real en la que se encontraba. Después de cumplir 14 años de prisión, consiguió que un juez le autorizara a viajar a Paraguay cuando estaba en libertad condicional, con la excusa de que tenía una oferta de trabajo de una naviera. En 1994 un tribunal solicitó a García Juliá que regresara a España. Desoyó la petición. Dos años después, fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y encarcelado en el penal de alta seguridad de Palmasola (La Paz). Después se perdió su pista.


Cuatro extremistas relacionados con el comando fueron condenados a 464 años de cárcel. Lerdo de Tejada fue procesado, pero no se sentó en el banquillo. José Fernández Cerrá fue condenado a 193 años, y Francisco Albaladejo, a 73 años. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2598 en: 07 de Diciembre de 2018, 03:03:19 am »


Detenido en Brasil Carlos García Juliá, uno de los autores de la matanza de Atocha

Contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza en 1977
   
Carlos García Julia
Carlos García Juliá, ultraderechista implicado en los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977).
EFE
Madrid  6 DIC 2018 - 19:45 CET
Las fuerzas de seguridad brasileñas han detenido en el estado brasileño de São Paulo a Carlos García Juliá, quien contaba con una requisitoria internacional por su participación en la matanza de los abogados de Atocha en 1977, según confirman fuentes de la embajada de España en Brasilia.


El español está bajo custodia de la Policía Federal, cuyo superintendente tiene previsto conceder mañana una rueda de prensa junto con policías españoles que participaron en la operación para dar los detalles sobre la captura y sobre la posible extradición.

Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que tenía 24 años cuando perpetró los asesinatos de los abogados de Atocha, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos.


En la masacre de Atocha murieron el 24 de enero de 1977 tres abogados laboralistas, Enrique Valdelvira Ibañez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafin Holgado y un administrativo, Angel Rodríguez Leal. Hubo además cuatro heridos graves.

García Juliá intentó fugarse en 1979, antes del juicio, de la prisión de Ciudad Real en la que se encontraba. Después de cumplir 14 años de prisión, consiguió que un juez le autorizara a viajar a Paraguay cuando estaba en libertad condicional, con la excusa de que tenía una oferta de trabajo de una naviera. En 1994 un tribunal solicitó a García Juliá que regresara a España. Desoyó la petición. Dos años después, fue detenido en Bolivia por tráfico de drogas y encarcelado en el penal de alta seguridad de Palmasola (La Paz). Después se perdió su pista.


Cuatro extremistas relacionados con el comando fueron condenados a 464 años de cárcel. Lerdo de Tejada fue procesado, pero no se sentó en el banquillo. José Fernández Cerrá fue condenado a 193 años, y Francisco Albaladejo, a 73 años. En su fallo, la Audiencia Nacional consideró que, junto al también procesado Leocadio Jiménez Caravaca, constituían un "grupo activista e ideológico, defensor de una ideología política radicalizada y totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España".
A ver si con esta historia no sale el Casado diciendo que ya vale de "contar las batallitas del abuelo"

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2599 en: 07 de Diciembre de 2018, 17:18:08 pm »


CARLOS GARCÍA JULIÁ
La Fiscalía pedirá extraditar al pistolero de Atocha tras su detención en Brasil


PABLO GABILONDO

07/12/2018 13:49 - Actualizado: 07/12/2018 16:30
La Fiscalía aboga por la extradición desde Brasil de Carlos García Juliá, autor material de la matanza en 1977 de los abogados de Atocha y detenido el pasado miércoles en Sao Paulo tras 24 años de huida. Según confirman a El Confidencial fuentes jurídicas, el Ministerio Público considera que el pistolero debe ser entregado a España porque el delito no ha prescrito todavía, para lo que se apoyan en que no han pasado 30 años desde su fuga. Una vez se formalice esta petición, la Sección Primera de la Sala de lo Penal tendrá que emitir un auto en el que acepte o no la solicitud y, en el caso de que esta salga adelante, García Juliá podría pasar alrededor de diez años más entre rejas.

El autor de la matanza fue condenado en 1980 a 193 años de prisión por el crimen, pero en 1991 se le concedió la libertad condicional y en 1994 solicitó autorización judicial para salir de España por una oferta laboral en Paraguay. Después de abandonar el país con dicho permiso, el pistolero ignoró entonces los requerimientos judiciales de presentarse cada mes en la embajada de Asunción, pasando así a ocupar un puesto en la lista de fugitivos nacionales hasta este miércoles.

El Ministerio Público ya solicitó la extradición de García Juliá en 2001, cuando tuvo constancia de que había sido detenido en Bolivia por tráfico de drogas. La Fiscalía pidió la entrega del pistolero "para cumplimiento del resto de la pena privativa de la libertad impuesta que, según la liquidación de condena practicada en la causa, alcanza a 3.855 días", sostiene el correspondiente auto. De todos modos, las autoridades no lograron que García Juliá fuera entregado y después de que este abandonara Bolivia se perdió de nuevo su rastro.


Así, en agosto de 1996 el juez de vigilancia revocó su libertad condicional porque, según dice la orden de arresto, "no cumplió las condiciones impuestas para la condición de libertad condicional, dejó de presentarse en la Embajada, salió de Paraguay y cometió nuevos delitos de tráfico de estupefacientes en Bolivia, por lo que fue detenido en mayo de 1996". Las fuentes consultadas apuntan en este sentido a que la Fiscalía se apoya en esta fecha, agosto de 1996, a la hora de sostener que no han pasado 30 años desde que el preso quebrantó el cumplimiento de su pena, lo que descartaría la prescripción de los hechos.



Según explican desde la Policía Nacional, García Juliá buscó cobijo en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil tras abandonar Bolivia, por donde se movía con documentación a nombre de terceras personas. Conforme pasaron los años, el fugitivo se sintió cada vez más seguro y llegó incluso a tomar vuelos para desplazarse por estos territorios, pero la investigación dio un vuelco en 2017, cuando se emitió una orden internacional de detención que permitió intensificar las labores de búsqueda.

Una de las pistas que comenzó a coger fuerza a partir de ese momento fue la de que el pistolero se estuviese escondiendo en Sao Paulo con la identidad de un ciudadano venezolano, línea de investigación que permitió que la Policía Federal de Brasil detectara a García Juliá en dicha ciudad en julio de 2018. Tras su detención este miércoles, agentes de la Policía Nacional se encuentran ahora en Sudamérica trabajando junto a sus homólogos brasileños a la espera de que sea entregado a España.