Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 307406 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3060 en: 12 de Agosto de 2020, 10:37:51 am »

Castigadas más allá de la muerte: una investigación destapa las vejaciones postmortem del franquismo a las mujeres



La investigadora Laura Muñoz-Encinar ha analizado la represión irregular que ejerció el bando golpista durante la Guerra Civil y la dictadura en Extremadura, y ha hallado evidencias de técnicas de degradación "muy concretas sobre las mujeres" en los procesos de ejecución y sepultura.

Miércoles,
12 agosto, 2020
10:04
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Que el fascismo siempre ha entendido su estructura político-social como un sistema patriarcal que sitúa a la mujer en un rol secundario, dependiente del hombre, no es ninguna novedad. Sí lo es, o más bien lo fue, que el franquismo crease castigos específicos para los 'desafectos' al régimen en base al género. Durante la Guerra Civil y en los años posteriores, miles de mujeres fueron vejadas, violadas, torturadas y asesinadas, y no sólo por su posición contraria a los golpistas; a diferencia de los hombres, sufrieron además otro tipo de represión de carácter sexista incluso después de la muerte por ser lo que eran: mujeres.

Así lo ha expuesto la arqueóloga, antropóloga forense e investigadora de la Universidad de Ámsterdam y de la Universidad de Extremadura Laura Muñoz-Encinar. En su tesis 'Descubriendo la represión de género: un análisis de la violencia sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco en el suroeste de España', apunta que, durante la contienda y la dictadura, las mujeres republicanas "sufrieron un tipo de violencia específica basada en el género". Sus investigaciones arqueológicas y forenses de las fosas comunes "han aportado nuevos datos sobre cómo fue esta represión".

A lo largo de las últimas décadas, testimonios orales y archivos históricos han documentado un sinfín de acciones represivas, de carácter físico y psicológico, asociadas al género: se ejercía una posición dominante contra ellas en base a descalificaciones y amenazas para establecer una superioridad masculina, les rapaban las cabezas –por aquello de asociar el pelo largo con lo femenino–, las obligaban a desfilar semidesnudas o en cueros, a ingerir aceite de ricino, las agredían sexualmente o las maltrataban. Ahora, el trabajo de Muñoz-Encinar, con la exhumación y el análisis de fosas comunes y la compilación de testimonios orales, entre otros métodos, ha logrado evidenciar, además, que esa represión específica contra las mujeres por su condición de género no se daba únicamente en vida; también, durante y después de la muerte.

La arqueóloga, que ha estudiado la represión irregular (personas asesinadas en aplicación del bando de guerra entre 1936 y 1948) en distintas zonas de Extremadura, escenario de su investigación, ha certificado que en las distintas fosas comunes analizadas "existía un patrón diferencial muy claro" entre hombres y mujeres en los procesos de ejecución y enterramiento: "En las fosas hemos encontrado un patrón distinto sobre cómo acaban los hombres y las mujeres dentro de un mismo depósito. Generalmente, las mujeres fueron las últimas en ser introducidas dentro de las fosas y se solían depositar en la misma área".


Dibujo de la disposición de una de las fosas en Los Arenales | Laura Muñoz-Encinar

Muñoz-Encinar llegó a esta conclusión observando la disposición de los cuerpos: "En Los Arenales o Llerena, las mujeres tienen una orientación completamente diferente a la de los varones. Ellos están orientados hacia el este y ellas hacia el oeste. Esto nos indica que en los grupos de represaliados se dio un procedimiento por el que las mujeres fueron las últimas en ser ejecutadas y por eso se introducían posteriormente en las fosas. Si no, estarían mezcladas al mismo nivel que los varones y tendrían la misma orientación". En estos casos, todas las mujeres asesinadas estaban "acumuladas en la zona sur del depósito".

Humillaciones postmortem

Durante el estudio de las fosas se advirtieron también determinadas 'particularidades' sobre "la violencia específica ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, basada en el fin purificador del franquismo y la política de deshumanizar a las mujeres antifascistas", y no solo relativas a la violencia sexual. Es el caso de Fregenal de la Sierra, en cuyo cementerio exhumaron siete fosas comunes con 43 víctimas, siete de ellas mujeres: "Una de las mujeres estaba en un estado de embarazo avanzado en el momento de la ejecución. En su pelvis se documentaron restos óseos de un feto de entre siete y nueve meses de edad".

No fue la única mujer embarazada que fue asesinada, según los registros. Tampoco allí, en Fregenal de la Sierra, la humillación de las víctimas "finalizaba con la muerte". Muñoz-Encinar destaca en su tesis que, también en estas fosas, todos los cuerpos "habían sido enterrado siguiendo el mismo procedimiento" que en Llerena o Los Arenales: "Colocados en decúbito supino, con orientaciones alternas, con las extremidades inferiores y miembros superiores en paralelo". Además, descubrió que "varias mujeres fueron enterradas desnudas entre dos varones, con un alto componente simbólico".

"En Fregenal de la Sierra documentamos los cuerpos de dos hombres y una mujer enterrados superpuestos, en la posición supina. La mujer fue ubicada entre los cadáveres de los hombres con la cabeza orientada al oeste; los hombres, orientados al este", ha expuesto en su investigación, que centra también la atención en casos similares, como el de Antonia Regalado. Tenía 22 años cuando fue ejecutada, dice la arqueóloga, que recogió el testimonio de un vecino de la zona, José Vázquez López, para señalar que la deshumanización por parte de los fascistas "continuó en la tumba".

La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Pusieron a un hombre debajo de ella y otro hombre encima"

Vázquez se sirvió de los detalles proporcionados por el sepulturero –según Muñoz-Espinar ya había contado anteriormente "lo que habían hecho con el cuerpo, cómo lo habían colocado una vez ya ejecutada"– para explicar cómo tuvo lugar la ejecución de Regalado y su entierro: "La hicieron correr por el cementerio y abusaron de ella. Luego la mataron. Puso a un hombre debajo de ella, luego puso (el cuerpo de]) mi tía encima y (el cuerpo de) otro hombre penetrándola encima; uno abajo y otro arriba […] El sepulturero enterró su cuerpo en esta posición y dijo: 'La hemos enterrado como una puta'".

La investigadora rescató también de esta zona el recuerdo del fatal desenlace que sufrió Matilde Morillo, profesora y activista en defensa de la República que fue "torturada, violada y ejecutada", y cuyo cuerpo "permanece aún desaparecido". Fue su hija Aurora quien relató a Muñoz-Encinar que, al regresar a Fregenal de la Sierra "en un tren de vagones de ganado", su madre fue "identificada" y "violada", y añadió: "También se dice que fue llevada al cementerio y la orgía continuó en el sala de autopsias […] Los asesinos regresaron al pueblo en una camioneta al amanecer. Llevaban el abrigo de mi madre al final de un rifle como si fuera una bandera, como un trofeo".


Aurora Navas muestra las fotos de su madre, Matilde Morillo | Laura Muñoz-Encinar

En el caso de Antonia, de Matilde y de otros tantos cuerpos hallados, Muñoz-Encinar y su equipo se encontraron a menudo uno de los problemas más difíciles de afrontar durante esta clase de investigaciones: la identificación de las víctimas. Puesto que en múltiples ocasiones no hay registro alguno de las personas ejecutadas, así como tampoco del lugar donde fueron enterradas, la posibilidad de reconocer a las víctimas se vuelve remota, más allá de poder inspeccionar, de alguna forma, los objetos personales con los que fueron enterrados.

"Con Matilde, hay una clara intención de ocultar su violento destino en la documentación oficial. Esto es también el caso de muchas otras víctimas de la 'justicia de Franco'", ha apuntado la arqueóloga, que también ha descrito los retos que encierra corroborar "empíricamente", con los datos que ofrecía la exhumación de la fosa, cómo se ejercía esa violencia física contra las mujeres.

"La tortura es muy difícil de analizar a partir de los restos óseos. Generalmente, hay muchos procesos de vejación y tortura perimortem que dejan registros en el tejido blando, pero una vez que el cuerpo se descompone no tenemos accesos a ese tipo de información. Sí que podemos inferir, a partir de ciertos datos que tenemos, evidencias relacionadas con procesos de tortura", ha señalado, matizando que sí encontraron en ocasiones "evidencias directas" de la violencia que sufrieron: "Hay varias mujeres que tienen fracturas en las extremidades superiores, en los brazos, que no están relacionadas directamente con impactos de proyectil, sino con un golpe, con un objeto romo, (provocando) un tipo de traumatismo".

De Extremadura al resto de España

La importancia de esta investigación, según ha explicado Muñoz-Encinar, radica en que, hasta la fecha, se "habían documentado procesos vejatorios de enterramiento postmortem en otros contextos, pero no de mujeres. Por ejemplo, soldados que habían sido enterrados boca abajo como procedimiento de vejación del enemigo tras la muerte. Pero en el caso de las mujeres, es el primero en que es tan sumamente evidente como proceso de degradación postmortem". A este respecto, ha añadido lo que desvela este trabajo: "No era un hecho puntual, sino que se realizaba hacia otras mujeres como un mecanismo mas de degradación de lo que se considera el enemigo una vez muerta la víctima".

Estos actos, en los que existía la "intencionalidad de aplicar una estrategia de ejemplaridad, un mecanismo de implantación del nuevo orden mediante el terror", iban en la línea de pensamiento que promulgaban figuras notables del régimen como el médico Vallejo-Nájera, que justificaba el rechazo de la mujer al fascismo en "su característica debilidad del equilibrio mental" o la acusaba de participar en revueltas para "satisfacer sus apetencias sexuales latentes".

Llegar a estas conclusiones ha sido posible habiendo estudiado previamente ciertos puntos de Extremadura como enclaves idóneos para la investigación: "En el caso de Extremadura se dan unas condiciones excepcionales para poder analizar la represión de forma diacrónica. Quiero decir, cómo funcionan y responden ambas provincias, Cáceres y Badajoz, al golpe militar y cómo va a evolucionar posteriormente la guerra y los efectos de la represión en esta zona. Extremadura combina todos los escenarios, desde el golpe militar hasta la dictadura". Precisamente, en los últimos días multitud de personas han acudido al cementerio de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, puesto que allí ha empezado la exhumación de una de las 2.500 fosas cifradas con restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3061 en: 12 de Agosto de 2020, 14:54:24 pm »
Un capítulo más de los muchos que ocurren en las guerras, en todas las guerras,  con el agravante de que la nuestra fue de españoles contra españoles, no había un enemigo externo como en la guerra de la Independencia, aquí fue un golpe de estado con un alzamiento militar como se dio inicio a una guerra fraticida que nunca debió de ocurrir.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3062 en: 12 de Agosto de 2020, 18:11:15 pm »
Sí pero el odio de la extrema derecha hacia la mujer perdura aún día en partidos como Vox y su prueba es el discurso del 8M como causa del coronavirus.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3063 en: 12 de Agosto de 2020, 18:23:03 pm »
No es tanto odio como una cuestión cultural, ellos entienden las relaciones hombre mujer de una forma asimétrica, conservadora, donde el hombre ejerce de padre de familia y la mujer se dedica a sus labores, donde el hombre es el sostén económico de la casa y la mujer se dedica a su mantenimiento y al cuidado de los niños . . . es odio? . . . no, es una forma de vida tan válida como otra cualquiera siempre y cuando sea fruto de una elección personal y no de una imposición, si determinadas personas eligen esa forma de vivir sus relaciones personales y familiares. . . pués adelante siempre que sea por mutuo acuerdo y no por la imposición de quién tiene el poder económico sobre quién no lo tiene.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3064 en: 12 de Agosto de 2020, 18:56:53 pm »
El odio va hacia quienes no desean esa forma de vivir y su mente intolerante no es capaz de aceptarlo.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3065 en: 12 de Agosto de 2020, 19:25:36 pm »
Yo creo que en ocasiones es al revés, se intenta que determinadas personas cambien su forma de vida sobre la base de una igualdad que ellos no desean, ésta es la grandeza de los sistemas democráticos, que dentro de los límites que marca la ley cada cuál es libre de vivir su vida y sus relaciones cómo estime oportuno y conveniente.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3066 en: 14 de Agosto de 2020, 19:19:13 pm »

La Audiencia de Barcelona confirma que no se puede condenar la ejecución del antifranquista Salvador Puig Antich



El tribunal archiva la querella interpuesta por la familia del antifranquista y el Ayuntamiento de Barcelona contra el juez que lo sentenció a muerte
Salvador Puig Antich, el último preso político ejecutado a garrote vil por el franquismo.
Salvador Puig Antich, el último preso político ejecutado a garrote vil por el franquismo. EFE/Archivo
elDiario.es Catalunya

14 de agosto de 2020 14:43h
0

@eldiarioes
La Audiencia de Barcelona ha confirmado este viernes la decisión del Juzgado de Instrucción 9 de Barcelona de archivar una querella contra Carlos Rey González, el juez militar que dictó la sentencia de muerte contra el militante antifranquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974 bajo la dictadura.


La sentencia considera que el delito de lesa humanidad no es aplicable a Rey González pues, aunque ésta figura penal no prescribe, la vigencia de la ley de Amnistía en España hace que no pueda aplicarse a hechos ocurridos antes de 1977. Según entiende el tribunal, dicha ley fue aprobada por un "parlamento democrático" y posteriormente la mayoría del Congreso ha rechazado derogarla, la última vez en 2018.


Además de no poderse aplicarse la figura de lesa humanidad el auto recuerda que "cualquier otro delito" que se pudiera aplicar estaría ya prescrito, por lo que no ve motivos para cambiar la decisión ya tomada por el juzgado de instrucción, que optó por archivar la denuncia interpuesta en 2017 por familiares de Puig Antich y el Ayuntamiento de Barcelona.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3067 en: 16 de Agosto de 2020, 06:58:12 am »

Los falangistas “armarán mucho ruido” si el Gobierno exhuma a José Antonio Primo de Rivera


La nueva Ley de Memoria Democrática afectará al Valle de los Caídos. Preparan una respuesta más contundente que la que se registró con Franco
Marcha falangista al Valle de los Caídos en 2017.


Fecha
16/08/20access_time 1:05

La exhumación de los restos de Francisco Franco no ha cerrado el capítulo de la Memoria Histórica para el Gobierno de Pedro Sánchez, que, de la mano de Carmen Calvo, prepara una nueva ley, denominada ahora de Memoria Democrática.

El anuncio del Gobierno de que va a tramitar la llamada Ley de Memoria Democrática ha puesto en alerta a los seguidores de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange y mito ideológico en el que la dictadura franquista basó su sustento ideológico a través del Movimiento Nacional.

Ya durante el largo y accidentado proceso legal para sacar del Valle de los Caídos el féretro de Franco, asesores del Ministerio de Justicia plantearon que a medio y largo plazo tendrían que salir también de allí los restos de José Antonio Primo de Rivera.
Víctima de la guerra civil

El fundador de Falange sí es víctima de la Guerra Civil -a diferencia de Franco, motivo por el que se justificó la necesidad de exhumarlo-, ya que fue fusilado por el bando republicano en Alicante, el 20 de noviembre de 1936, a los cuatro meses de empezar la contienda.

El Ministerio de la Presidencia, de Carmen Calvo, planea llevar a cabo una “resignificación” del Valle de los Caídos, en la que podría no encajar el hecho mantener enterrado a Primo de Rivera en un lugar tan destacado: delante del altar de la basílica, con una enorme lápida visible en el suelo.
Podemos e IU ya lo pidieron

Podemos e Izquierda Unida lanzaron ya peticiones en ese sentido antes de entrar en el Gobierno. IU presentó en 2018, a las pocas semanas de que Pedro Sánchez ganara la moción de censura a Mariano Rajoy, una proposición sobre el Valle de los Caídos que reclamaba exhumar tanto a Franco como a Primo de Rivera.

Unos meses después, Podemos lanzó su propio plan. Aún gobernaba en solitario el PSOE, y el partido de Pablo Iglesias lanzó una propuesta de “resignificación” del Valle de los Caídos, con el nombre “Exhumar el franquismo. Recuperemos el Valle de Cuelgamuros para la democracia”.

Podemos señalaba que “durante estos meses la exhumación de Franco ha acaparado los debates y esto ha hecho que se haya invisibilizado a José Antonio Primo de Rivera, quien, como se sabe, no es una simple «víctima de la Guerra Civil»”.
Culto fascista

Sobre Primo de Rivera, reclamaban su traslado, teniendo en cuenta que “debe evitarse que el nuevo emplazamiento para los restos de Primo de Rivera se convierta en un lugar de culto fascista. Tenemos que recordar que su exhumación está incluida en la proposición no de ley aprobada por el Congreso el año pasado y en el informe del Comité de Expertos creado por Zapatero en el 2011 sobre el futuro del Valle, y que sirve como base del proceso actual. Por todo ello, entendemos que no hay excusas para no exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera del Valle”.

Ahora, tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón, líderes de Podemos e IU, son ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que podría empujar más aún a que se lleve a cabo esa exhumación.
El pronóstico de un asesor de Justicia

A ello se añade que el asesor del Ministerio de Justicia para asuntos de Memoria Histórica Eduardo Ranz se pronunció en la misma línea. Una vez encarrilada la exhumación de Franco, señaló que esperaba que el siguiente fuera Primo de Rivera.

Al ser víctima de la guerra, a diferencia de Franco, ya advirtió que sería necesaria otra reforma legal. Según Ranz, se podría entender que el que el fundador de Falange permanezca enterrado en el Valle de los Caídos va contra lo proclamado en la Ley de Memoria Histórica, de que este lugar “se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior”, y de que se eviten actos de exaltación del franquismo.

El cambio de la ley está en marcha aunque con retraso, ya que Carmen Calvo anunció que el proyecto se aprobaría en julio y no ha sido así.
Borrar cualquier resto del franquismo

El empeño del Ejecutivo PSOE-Podemos es dar una vuelta de tuerca más a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, y borrar cualquier mínima señal de exaltación del franquismo, desde la existencia de la Fundación Nacional Francisco Franco (que pretenden ilegalizar), hasta los monumentos y calles que persisten con recuerdos de la dictadura.

Una vez aprobada la nueva Ley de Memoria Democrática, lo previsible es que el Gobierno de España activara un procedimiento similar al que se inició para trasladar los restos del dictador.
Los falangistas se preparan

Los primeros que tienen claro que la exhumación de José Antonio Primo de Rivera puede ser una de las primeras consecuencias de la Ley de Memoria Democrática que prepara la vicepresidenta Carmen Calvo son los falangistas.

Confidencial Digital ha podido saber que distintas Falanges y grupos afines tienen asumido que esa va a ser una ‘batalla’ que tendrán que dar en los próximos meses o años. Y lo plantean así: en términos de oposición frontal.

Para empezar, los falangistas tienen muy claro que sacar a su fundador del Valle de los Caídos va a ser una prioridad, una vez se complete en las Cortes Generales la tramitación de la Ley de Memoria Democrática.

Desde FE-La Falange, su jefe nacional Manuel Andrino asegura que están convencidos de que el Gobierno “sin ningún género de dudas” va a trasladar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, en lo que a su juicio sería “una nueva cortina de humo en forma de profanación de un lugar sagrado y de un cuerpo ya suficientemente vilipendiado y ultrajado en vida”.

Añade que “lo único que falta por saber es si montarán el circo mediático que utilizaron en la anterior profanación, o lo harán a escondidas, con nocturnidad y alevosía”, y lo relacionan con la crisis provocada por el coronavirus: apunta que quizás, como la de Franco, se retransmita esa nueva exhumación “para esconder la gestión realizada con la pandemia del Covid-19, y que ha costado la vida a casi cincuenta mil españoles, y donde se ha escondido la verdad de las cifras para minimizar su actuación inútil, ineficaz y criminal. Este gobierno prefiere centrarse en gestionar los restos de fallecidos hace más de ochenta años, que en mantener vivos a los españoles del siglo XXI”.

Y ya han estudiado las posibilidades de oponerse a estos planes. El caso tendría diferencias notables con el de Franco, principalmente porque contra la exhumación de los restos de José Antonio Primo de Rivera no habría una oposición familiar, como ocurrió con la de Franco.
La familia no se opondrá como los Franco

Los falangistas actuales lamentan que los familiares de Primo de Rivera que quedan vivos ni siquiera son ya fieles a la ideología que impulsara José Antonio.

El fundador de Falange no tuvo hijos, pero sí sobrinos, varios de ellos ligados en el pasado al régimen de Franco. Por eso han sido considerados ‘herederos’ del fundador.

“Pero son gente que está en consejos de administración de empresas, bien colocados, y ahora no querrían armar ningún lío” si el Gobierno PSOE-Podemos decide trasladar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, pronostican fuentes falangistas.

El jefe nacional de FE-La Falange asegura sobre este frente que “los mensajes que nos llegan de la familia Primo de Rivera son contradictorios y poco claros. Como es lógico, nos gustaría que fueran todo lo contundentes e inflexibles que exige la profanación del cuerpo de José Antonio, pero parece que no van a ir por ahí los tiros”.

Por contra, pone en valor la actitud de la familia Franco, “que luchó y peleó lo indecible para evitar el atropello legal y moral que por fin se produjo, y que puso en jaque, no solo al Gobierno, sino al sistema en su conjunto, que no podía permitir un revés de esas características, después de ocupar un recinto sagrado, militarmente, con armas y con uniformes, impidiendo el culto y el paso a los fieles”.
Sin batalla judicial

Por ello, no habría batalla judicial por parte de los familiares del fundador de la Falange como la que plantearon los descendientes de Franco. Éstos presentaron recursos administrativos en la instrucción del expediente por el Ministerio de Justicia, y además recurrieron al Tribunal Supremo, todo con objeto de obstaculizar, o al menos retrasar, el cambio de lugar de enterramiento del dictador.

Su último movimiento ha sido llevar el asunto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que denuncian que el Gobierno ni siquiera les permitió enterrar a Franco en el panteón de la Catedral de la Almudena, donde ellos habían pensado hacerlo.

Algunos falangistas ven claro que, ante la decisión del Gobierno, en este caso los familiares de José Antonio Primo de Rivera se limitarían a acatarla y reinhumarlo en otro lugar.

El destino de los restos mortales podría ser el panteón familiar existente en la Basílica de la Merced, de Jerez de la Frontera, donde descansan los restos del dictador Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, y donde están, por ejemplo las cenizas de Miguel Primo de Rivera y Urquijo, procurador en Cortes franquista, amigo de Juan Carlos I desde jóvenes, figura relevante en los primeros pasos de la Transición y que fue alcalde de Jerez.
Tampoco la Fundación

Tampoco por parte del Fundación José Antonio Primo de Rivera, que apenas está operativa, se esperan acciones legales para evitar la exhumación.

Si acaso, podría haberla el prior de la abadía benedictina del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que se opuso firmemente a la exhumación de Franco. Además, Cantera ha sido falangista: incluso formó parte de listas electorales en el pasado y aún hoy los seguidores de Primo de Rivera lo consideran uno de los suyos.

Así que, quienes sí se han conjurado para plantar cara a esos posibles planes del Gobierno son los falangistas. Su idea es ir a la vía judicial, aunque sin ninguna esperanza, ya que consideran a la justicia “manipulada y servil al poder político”, y que los magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional “dictan sentencias redactadas en la calle Ferraz o en la calle Génova”.

La alternativa que ya estudian es la movilización, la protesta, las acciones llamativas. “Los Franco optaron por confiar en los jueces y así les ha ido...”, comentan algunos.
“Somos más revolucionarios”

Por el momento se mantienen a la expectativa de los pasos que siga el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, si se llega a concretar el plan de sacar a José Antonio Primo de Rivera, reaccionarán. Lo harán con agitación en la calle, movilizaciones y protestas.

“Nosotros haremos lo que creamos conveniente, independientemente de lo que decida la familia”, asegura Manuel Andrino, ya que “a José Antonio lo mataron por ser el Jefe de La Falange, no por su apellido, ni por su altura, ni por el color de sus ojos”.

El traslado de los restos de Franco tan sólo movilizó ese día, en octubre de 2019, a unas decenas de personas que se concentraron a las puertas del Valle de los Caídos. La Guardia Civil desplegó un dispositivo muy potente, ante la previsión de que pudiera haber actos de boicot, cortes de carretera u otras acciones para obstaculizar el traslado.

De hecho, por eso se utilizó un helicóptero del Ejército del Aire (uno de los que trasladan a Pedro Sánchez) para llevar el féretro del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde sí se concentraron más simpatizantes, incluido el teniente coronel Antonio Tejero, golpista del 23-F. Pero ahí quedó la agitación por la exhumación de Franco.

“Los franquistas que quedan son gente conservadora, de orden. Pero los falangistas somos más revolucionarios”, destacan, para distinguir las posibles reacciones que puede haber.
“Armar ruido”

Personas bien situadas en ambientes falangistas avanzan que su reacción será más contundente. Dará más que hablar, atraerá más miradas, incluso de fuera de España: “Vamos a armar mucho ruido”. Son conscientes de que no podrán impedir el traslado, si el Gobierno lo ejecuta, pero piensan mostrar una resistencia muy notable.

Por su parte, el jefe nacional de La Falange da por hecho que, cuando se produzca esa exhumación de Primo de Rivera, el Gobierno PSOE-Podemos “utilizará policías y jueces para reprimir a quienes nos movilicemos contra su decisión”.

En la línea de lo antes apunta, Andrino advierte que los falangistas “no somos eso que llaman ‘gente de orden’ que obedecen como borreguitos al uniformado de turno y que prefieren no tener problemas con esa llamada ‘justicia’ que nos detiene, condena y encarcela de forma arbitraria, ilegal e injusta”.

Tampoco adelanta en qué tipo de actos están pensando, pero subraya que “no haremos nada que no hayamos hecho antes, y que nadie espere inmolaciones ni suicidios colectivos, porque lo importante de José Antonio, es su legado y la forma que tuvo de vivir la política y la militancia”.
Marchas a pie y cohetes en el Valle

Hay que señalar que cada año en torno al 20 de noviembre, aniversario del fusilamiento de Primo de Rivera, falangistas de distintas facciones homenajean a su fundador y principal ideólogo con una marcha a pie.

El viernes más próximo al 20-N organizan una concentración en la calle Génova, en Madrid, donde se levantaba la casa natal de Primo de Rivera. Desde allí parte una marcha esa noche, que sale de la capital por Moncloa y que durante horas recorre a pie los 60 kilómetros que hay hasta el Valle de los Caídos.

Los falangistas van haciendo relevos para portar una corona de flores, que antes colocaban en la lápida de la tumba. Ahora está prohibido entrar a homenajear al fundador de Falange, por lo que realizan un acto fuera del recinto del Valle de los Caídos.

Se trata de un ejemplo del empeño de los falangistas por mantener la memoria de su fundador y por homenajearlo, lo que adelanta las movilizaciones que podrían llevar a cabo si se confirma la exhumación de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera.

También hay que recordar que el día de la exhumación de Franco, varios militantes falangistas se acercaron al Valle de los Caídos por los montes, se grabaron un vídeo con la bandera de España y lanzaron varios cohetes como forma de protesta.

Las fuentes consultadas por ECD aseguran que esa acción sí la pudieron finalizar, pero otra no. La Guardia Civil abortó en el último momento otra acción reivindicativa, “más espectacular”, sobre la que prefieren no dar más detalles.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3068 en: 16 de Agosto de 2020, 22:53:57 pm »
Si sólo es ruido lo que hacen . . . pués adelante, que hagan el ruido que quieran. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3069 en: 19 de Agosto de 2020, 18:53:06 pm »

La Fiscalía investiga a concejales de PP y Vox por blindar una condecoración a Franco



El ministerio público abre diligencias por prevaricación a los ediles conservadores y de ultraderecha de Calatayud por impedir en el pleno la revocación del acuerdo por el que el ayuntamiento otorgó la medalla de oro de la ciudad al dictador en 1951, cuya vigencia amenaza con hacer perder más de dos millones de euros anuales al ayuntamiento.
     

El PP rechazó de nuevo el mes pasado, ahora con el apoyo de Vox, retirar la medalla de oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Calatayud otorgó a Franco en 1951. / YOUTUBE
El PP rechazó de nuevo el mes pasado, ahora con el apoyo de Vox, retirar la medalla de oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Calatayud otorgó a Franco en 1951. /

ZARAGOZA17/08/2020 22:05
EDUARDO BAYONA @E_Bayona
La Fiscalía de Zaragoza investiga si los nueve concejales del PP y la única edil de Vox en el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) cometieron un delito de prevaricación el pasado 29 de julio al votar contra la revocación del acuerdo por el que el consistorio acordó en diciembre de 1951 conceder la medalla de oro de la ciudad a Franco y la inscripción de esa decisión en el Libro de Honores y Distinciones de la corporación.

La denuncia que ha dado lugar a la investigación, que se centra en la "negativa de los concejales de PP y Vox a cumplir los preceptos de la Ley 14/2008, de Memoria Democrática de Aragón, existiendo diversos informes jurídicos que obligan a su cumplimiento", explica que la concesión de la medalla fue decidida "en un régimen dictatorial, en el que la seguridad y la libertad no estaban garantizadas, por lo que deben ser objeto de revisión desde los principios y valores democráticos".

El delito de prevaricación castiga con entre nueve y quince años de inhabilitación para cargos y empleos públicos a quien, "a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".

Más de 300 republicanos fueron asesinados por la represión de los sublevados y la dictadura en el barranco de la Bartolina, en Calatayud, medio siglo antes de que sus restos fueran utilizados para sellar un vertedero. ARICO.
PP y Cs mantienen la medalla a Franco en Calatayud contra el criterio del Gobierno y de la comunidad de Aragón
EDUARDO BAYONA
En este caso, sostiene la denuncia, los concejales que se opusieron a revocar el acuerdo, "en realidad, votaban contra el cumplimiento de una obligación legal, avalada por diversos informes jurídicos".


La causa irá, si prospera, al Supremo por ser senador el alcalde
De prosperar la denuncia de Fiscalía, el procedimiento judicial debería ser instruido y enjuiciado por el Tribunal Supremo, ya que el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, del PP, es senador y, por lo tanto, está aforado ante ese órgano judicial.

Ese mismo pleno del 29 de julio aprobó una reforma del Reglamento de Protocolo municipal que obliga a registrar como bajas las distinciones vitalicias cuando sus titulares fallecen, aunque ese acto administrativo es autónomo del de 1951, del que la Fiscalía investiga la legalidad de la oposición a revocarlo.

José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud, sostiene que la medalla de la ciudad a Franco no es revocable porque ha perdido su vigencia.-PP
Calatayud se juega más de dos millones de euros por homenajear a Franco
EDUARDO BAYONA

Se trata de la primera ocasión en la que el ministerio público abre diligencias para investigar un posible incumplimiento de la ley aragonesa de Memoria Democrática, que proscribe el enaltecimiento del franquismo y da a las instituciones públicas un plazo que termina en noviembre (acababa el 22 de agosto pero el estado de alarma lo amplió) para limpiar la comunidad de vestigios de la dictadura lo que, además de cribar el callejero, incluye "revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas a la defensa del régimen franquista".

Y se trata también de una de las pocas ocasiones en las que la Fiscalía toma cartas por un presunto incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal, aunque sí hay algunos antecedentes: Compromís denunció a principios de 2018 a siete ayuntamientos de varias comunidades por negarse a retirar de su callejero denominaciones franquistas, y unos meses después hacía lo propio el grupo de IU en el consistorio de Almería, que también eludía suprimir otros símbolos.


Las siete primeras acabaron archivadas al estimar las distintas fiscalías provinciales que la ley de 2007 no establece plazos para la retirada de los símbolos, explicaron fuentes de la formación política. En la de Almería, el ministerio publicó apeló al principio de intervención mínima del derecho penal para señalar que solo se debe recurrir a esa vía "para resolver conflictos cuando sea imprescindible".

La calle dedicada a Miguel Allué Salvador, el falangista que presidió la Diputación de Zaragoza entre agosto de 1936 y marzo de 1937, es una de las que centran la polémica. | Eduardo Bayona
El Senado pide explicaciones al Ayuntamiento de Zaragoza por mantener a catorce franquistas en su callejero
EDUARDO BAYONA
"Procedería, en ejecución de la normativa, revocar la concesión"
En el caso de Calatayud, donde los votos de los diez conservadores y de la concejal del partido ultra impidieron, junto con la abstención de los tres ediles de Ciudadanos y el del Par, que saliera adelante la propuesta del PSOE (siete) para revocar el acuerdo, se dan circunstancias particulares.


Una es la existencia de un plazo tasado y de una referencia explícita en la ley al tipo de honores que se ven afectados, aspectos a los que se añade un informe jurídico emitido por la secretaria municipal antes del pleno, y dirigido a todos los concejales, en el que advertía de la obligatoriedad legal de derogar la resolución tomada hace casi 70 años y de las posibles consecuencias tanto penales como económicas que lo contrario podría tener para los miembros del pleno que lo impidieran.

Las penales se darían si los tribunales aprecian que se ha producido una vulneración de la ley de manera intencionada, mientras que las patrimoniales incluyen la eventual obligación de asumir por parte de esos ediles, con su propio patrimonio, el quebranto económico que mantener el acuerdo podría acarrear para el consistorio: la pérdida de los alrededor de dos millones de euros anuales que recibe del Gobierno autonómico para financiar las escuelas infantiles, los servicios sociales y la Policía Local.

El alcalde Jorge Azcón (PP) y la vicealcaldesa Sara Fernández (C’s) están sacando adelante sus primeros presupuestos con el apoyo de Vox. AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Una treta permite a PP y Cs burlar la Ley de Memoria en Zaragoza
EDUARDO BAYONA
"Procedería, en ejecución de la normativa estatal y autonómica sobre memoria histórica, revocar la concesión [de la medalla] y entender que queda vacante, sin generar ningún derecho", señala el dictamen, que recuerda que "las leyes de memoria histórica imponen una determinada conducta" y que esa condecoración "no tendría cabida en la legislación aplicable actualmente, tanto estatal como autonómica".

Ciudadanos sí cambió el voto tras el informe jurídico
En este sentido, llama la atención que los tres concejales de Ciudadanos cambiaran su voto, del no a la abstención, entre la comisión de Cultura que el 14 de julio tumbó la penúltima propuesta del PSOE para revocar el anunció y el pleno del 29. PP (no), PSOE (sí) y Par (blanco) mantuvieron el suyo, mientras Vox se unía a los conservadores tras no haber asistido a la comisión.

La denuncia que ha dado pie a las pesquisas de la Fiscalía, presentada por el PSOE, recoge también los informes y requerimientos que han remitido en los últimos meses al Ayuntamiento de Calatayud el Gobierno de Aragón, la Delegación del Gobierno central y el Justicia (defensor del pueblo autonómico), que coinciden en la necesidad de revocar el acuerdo por el que el consistorio otorgó al dictador la medalla de oro en 1951.

Miguel Allué Salvador, alcalde de Zaragoza con Primo de Rivera y presidente de la Diputación con Franco, sigue teniendo una céntrica estatua en la capital aragonesa. EDUARDO BAYONA
Lambán activa la cuenta atrás para limpiar Aragón de vestigios del franquismo
EDUARDO BAYONA
Paralelamente, los socialistas han pedido a la Consejería de Cultura del Gobierno de Aragón que active "las actuaciones administrativas precisas para revisar e invalidar por los procedimientos legalmente establecidos" el acuerdo de 1951 y, también, las relativas al "incumplimiento de la obligación de eliminar los elementos contrarios a la memoria democrática", que incluye "la exclusión de procesos de concesión de subvenciones y ayudas públicas" de la comunidad para el ayuntamiento.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3070 en: 23 de Agosto de 2020, 06:55:43 am »


En un homenaje a Juan Romero
Calvo anuncia que habrá "en breve" una nueva Ley de Memoria Democrática

La vicepresidenta primera del Gobierno quiere crear fondos para reabrir fosas y un banco de ADN. Además, plantea ilegalizar asociaciones franquistas, como la Fundación Francisco Franco.

La Información22.08.2020 - 14:23h
Actualizado: 22.08.2020 - 14:28h

EFE

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha rendido este sábado un homenaje en Francia al último español superviviente del campo de concentración de Mauthausen, Juan Romero, y ha anunciado que España "saldará su deuda pendiente con el exilio" con una futura ley que se presentará en el Congreso en pocos días.

"La democracia española tiene una deuda pendiente con el exilio que se va a saldar en una futura ley de inminente presentación en el Congreso de los Diputados", ha revelado Carmen Calvo durante su comparecencia en este homenaje a Juan Romero, de 101 años.

El pasado mes de julio, la vicepresidenta primera desveló que su ministerio estaba trabajando en un nuevo proyecto de ley de Memoria Democrática, que vendría a ampliar la anterior ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero. Según explicó la propia vicepresidenta, su idea era que el documento pudiera comenzar su tramitación parlamentaria en otoño.

Este texto permitiría la creación de fondos para reabrir fosas, un banco de ADN para las víctimas del franquismo y la "resignificación del Valle de los Caídos". Asimismo, según comentó el propio Ejecutivo con la citada ley se podrán ilegalizar asociaciones franquistas tales como la Fundación Francisco Franco.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este mediodía en el Palacio de la Moncloa

Carmen Calvo ha querido reivindicar esta ley durante el homenaje a Juan Romero en la ciudad francesa de Ay-Champagne. En un acto llevado a cabo en el consistorio del municipio, la vicepresidenta le ha hecho entrega de la declaración de reparación y reconocimiento personal, que acredita su trayectoria en la lucha contra el franquismo y el fascismo en Europa.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha querido agradecer a Juan Romero su "lucha contra el franquismo" y su "defensa de la democracia". "Nunca haremos lo suficiente, siempre estaremos en deuda con los antifascistas españoles que pagaron con su vida. Gratitud eterna desde la democracia española", ha subrayado Calvo.

Asimismo, ha querido tener unas palabras de recuerdo para los casi "10.000 compatriotas" que estuvieron en los campos de concentración y ha llamado a no perder "la memoria y el rumbo de la defensa cerrada de la democracia".

La vicepresidenta también ha agradecido la labor de las asociaciones que han mantenido "vivo el orden y la memoria" y ha puesto en valor el esfuerzo de las familias de estos exiliados por seguir manteniendo el "hilo conductor" con España.

Por último, Calvo ha hecho un alegato reivindicando la trayectoria vital de Juan Romero y asegurando que es un "ejemplo para muchos españoles" ya que ha ofrecido un "reguero de horizonte y de orientación". "Eres entre los españoles, uno de los mejores", ha concluido la vicepresidenta.

Al homenaje también han asistido autoridades municipales y ha estado marcado por las medidas impuestas por el coronavirus tales como la mascarilla y el distanciamiento social.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3071 en: 26 de Agosto de 2020, 12:35:56 pm »

Los "mendigos" a los que Franco persiguió para 'limpiar' España "a cualquier precio"


Niños traperos, recogecolillas o buscavidas, el franquismo castigó la precariedad con multas, cárcel, exclusión y un paradigma: el campo de exterminio de Las Arenas, con 144 pobres muertos de hambre y enfermedad
Foco
MEMORIA HISTÓRICA
Mendigos a la puerta del restaurante Lhardy, en Madrid, en 1940.
Mendigos a la puerta del restaurante Lhardy, en Madrid, en 1940. EFE/Hermes Pato
Juan Miguel Baquero

25 de agosto de 2020 22:32h
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@JuanmiBaquero
'Limpiar' España. A cualquier precio. La violencia extrema contra el rival ideológico desencadenó el genocidio fundacional del franquismo. Una fórmula del terror que sembró el país de fosas comunes –la mayoría todavía por abrir–, de cárceles y campos de concentración para disidentes de toda clase. Pero el franquismo sacó tiempo para meter en el saco también a los eternos derrotados: los buscavidas, desde los niños traperos, estraperlistas y recogecolillas, a los excluidos por "mendigos".


"Pronto, muy pronto, mis tropas habrán pacificado el país", dijo Franco al periodista Jay Allen. Corría el 27 de julio de 1936, el golpe de Estado sumaba una decena de días. "¿Significa eso que tendrá que fusilar a media España?", cuestionó el reportero. "He dicho a cualquier precio", subrayó el luego dictador. La tarea de limpieza había comenzado en el país de la desmemoria.


Y pronto el franquismo modificó, para un uso más crudo, la ley de vagos y maleantes aprobada durante la Segunda República, en 1933. La norma, conocida como la Gandula, no incluía castigo penal y corregía "comportamientos antisociales", con tipos que iban desde "mendigos profesionales" a "vagos habituales" o "rufianes y proxenetas".


Mujer de 90 años y “mendiga” de profesión.
En plena Guerra Civil, los golpistas ya prohibieron dar limosna. Luego la dictadura usó la ley para reprimir a personas sin recursos, incluyendo en este perfil a los homosexuales, y creando incluso campos de internamiento: los Reformatorios de Vagos y Maleantes. "Entre 1974 y 1975 se abrieron un total de 58.000 expedientes de peligrosidad social con 21.000 sentencias condenatorias", explica el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha, Damián González, en Violencia política y dictadura franquista.


Como profesión, "mendiga": el expediente de una mujer de 90 años en Córdoba es un claro ejemplo de esa represión contra la precariedad. Y uno de sus máximos exponentes está en un campo de exterminio: Las Arenas en La Algaba (Sevilla), con 144 pobres muertos de hambre y enfermedad.

El campo de exterminio para "mendigos"
En los años 40, justo después de la Guerra Civil, la escasez "mató de hambre a unos 200.000 españoles", calcula Damián González. La "terrible autarquía" significó "una estrategia represiva más" que favorecía a la "base social que había dado su apoyo al dictador", según el historiador. Todo "a costa de la miseria de los vencidos".

Y, en la "penuria", destacaba "ese medio millón de familias que por motivos diversos carecían de su cabeza de familia". Ahí estaban los buscavidas. "Existen casos documentados en los que por robar un poco de pan y tocino un jornalero fue condenado a seis meses de arresto mayor, y por unas gallinas la pena podía llegar hasta los dos años de prisión", precisa.


El Ayuntamiento de Sevilla creó, a inicios de los años 40, el centro de reclusión de Las Arenas en la vecina localidad de La Algaba. La idea era limpiar la ciudad de "mendigos". El lugar quedó pronto convertido en "un verdadero campo de exterminio", como relataba María Victoria Fernández Luceño, autora del libro Miseria y represión en Sevilla.

Hasta 144 personas murieron entre sus muros de hambre y enfermedad. Siguen enterrados en una fosa común. Otro ejemplo, unos años antes, sucedía en Málaga, cuando el 6 de julio de 1938 quedaba inaugurado un "campo de concentración de mendigos". En casos, el franquismo usaba a los presos, de toda condición, como parte del trabajo esclavo.

Porque la represión política fue una clave de bóveda de la dictadura franquista. "A diferencia de la republicana, en la España rebelde la represión tuvo un carácter absolutamente premeditado, sistemático, institucionalizado, hasta transformarse en un objetivo en sí mismo para la construcción del nuevo Estado", dice Damián González.



Condena por estraperlo a "1.000 pesetas" y "cien días" de cárcel.
El castigo a la precariedad
"Sí, hay varios casos de mendigos represaliados de Córdoba capital que me llamaron la atención", arranca Julio Guijarro. El investigador considera en esta categoría "no sólo los mendigos declarados como tales en su profesión tal como consta en su declaración o en sus expedientes penitenciarios, sino también aquellos de los que se intuye su situación de precariedad económica y social".

El archivero suma "hasta la fecha" un total de 11 "mendigos", con cinco mujeres, "de entre 48 a 90 años". Uno recibe "condena de muerte en consejo de guerra, conmutada por perpetua". Y cuatro "ejecutados sin juicio durante el terror caliente", "dos hombres y dos mujeres de entre 71 y 80 años", entre agosto de 1936 y enero del 37. O la mujer vecina de Córdoba de 90 años, "mendiga" de profesión, detenida en la Prisión Provincial.

"Serían los casos que detectaba de aquellos abuelos de entre 70 y 90 años que tienen su domicilio en el Asilo Madre de Dios, para mayores sin recursos y en situación de total precariedad, recogidos por la beneficencia municipal", continúa. Algunos sufrían "represión económica" con multas de "hasta 1.000 pesetas".


O más, como demuestra la fosa común excavada en el cementerio de La Salud: "Interpreto algunos hallazgos de Córdoba como un perfil muy raro de personas represaliadas, con lesiones terribles no curadas y con las que vivieron", explica el antropólogo Juan Manuel Guijo. Casos que no tienen "la menor coincidencia con lo que la información previa nos decía de sus perfiles".

Los niños de la calle
Y el castigo a la precariedad continúa. Los años 40 viven los inicios de la dictadura franquista desde la hambruna, el racionamiento y el estraperlo. Nace un país pobre, y empobrecido por la guerra, que trasiegan en las calles figuras casi fantasmagóricas. Invisibles salvo para el desprecio o la caridad.

La propaganda de la caridad motivó el Auxilio Social, una institución tutelada por Falange. En octubre del 37 "contaba con 711 comedores y 158 cocinas", refiere Laura Sánchez en 'Auxilio Social y la educación de los pobres: del franquismo a la democracia'. Este "socorro" ciudadano estaba "inspirado en las pautas sociales del nazismo alemán y del fascismo italiano", en palabras del catedrático de la Universidad Valladolid Pedro Carasa.

Y en Madrid bullían estos nuevos servicios sociales. Las calles recogían también a los perdedores de la guerra. En 1941, el régimen de Franco hizo una limpieza masiva de "mendigos" que repartió por el resto del país, contaba el escritor Rafael Abella en La vida cotidiana en la España de Franco. Los niños de la calle acabaron viviendo en los hogares infantiles del Auxilio Social.

Esta realidad retrata el libro Tipismo franquista. Recuerdos de una sociedad perdida (Arzalia ediciones) de David Pallol. Ahí están las figuras que visten España de crudeza. Desde los niños traperos que expurgan la basura para sacar… algo, a los trileros, estraperlistas de toda índole e incluso los recogecolillas. "Tipos sociales y oficios desaparecidos" que evocan "el retrato de una sociedad perdida", como queda descrita la obra del historiador del arte y escritor, también responsable de Madrid Art Decó y autor de Construyendo Imperio. Guía de la arquitectura franquista en el Madrid de la posguerra. La fotografía, pobre, que define toda una época que condenó a los eternos derrotados.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3072 en: 26 de Agosto de 2020, 12:44:41 pm »
Puto genocida.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3073 en: 31 de Agosto de 2020, 06:51:26 am »

La Fundación Francisco Franco fía su pervivencia a un recurso de Vox ante el Tribunal Constitucional
Su presidente, Juan Chicharro, confía en que Santiago Abascal impugne la decisión del Gobierno, que busca ilegalizar esta estructura.
31 agosto, 2020 02:31

    Francisco Franco Fundación Francisco Franco Ley de memoria histórica Santiago Abascal VOX

Marcos Ondarra @MarcosOndarra

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja actualmente en un nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica, que ampliará la norma aprobada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. La idea del Ejecutivo, según la vicepresidenta primera Carmen Calvo, es que el documento comience su tramitación parlamentaria este otoño.

Este texto -además de la creación de fondos para reabrir fosas o el lanzamiento de un banco de ADN para las víctimas del franquismo- recoge la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la dirección de esta estructura fía su supervivencia a que Vox "presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional".

El propio presidente de la Fundación, el general Juan Chicharro, reconoce en conversación con este diario, su "confianza" en que los de Santiago Abascal den la batalla a su favor tanto en el Parlamento como en los tribunales.

"En principio no debería preocuparnos. Con arreglo a la Constitución española es imposible que se nos ilegalice, aunque con este Gobierno socialcomunista todo puede ocurrir", reitera Chicharro. Una opinión similar a la que vertía cuando Moncloa anunció su intención de exhumar al dictador, algo que terminó ocurriendo.

"Además, esa Ley de Memoria debe seguir un trámite parlamentario", prosigue Chicharro, que confiesa: "Ahí cabría esperar que, como es inconstitucional, Vox presentara un recurso". "Nadie puede, con arreglo a la Constitución, hacernos pensar distinto de como pensamos", zanja este militar en la reserva otrora ayudante del Rey Juan Carlos.
Estructura y financiación

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) fue constituida el 8 de octubre de 1976, apenas un año después de la muerte del dictador. La organización dispone de personalidad jurídica como institución cultural.

Fue proyectada por 226 fundadores para "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos". Así lo reflejan sus estatutos.

Actualmente, según afirma su presidente Juan Chicharro, "la Fundación se financia exclusivamente con las cuotas de los afiliados". Recibió su última subvención con el Gobierno de José María Aznar, en 2003, por la digitalización y microfilmación de su archivo documental.

Su presidente ejecutivo es Juan Chicharro Ortega. Está dirigida por un Patronato de entre 40 y 50 miembros, y cuenta con unos 1.500 socios. Su presupuesto anual ronda los 100.000 euros. Lo conforman las donaciones particulares, los beneficios del merchandising y los derechos de algunos libros publicados. La estructura radica en una vivienda cercana al Santiago Bernabéu y el personal contratado no supera las cinco personas.

Cuatro décadas después de su creación, el Gobierno de España promueve ahora su ilegalización. Para impedirlo, la fundación se aferra a Vox.
¿Qué pasaría con el archivo?

El principal activo de la fundación es el Archivo de Francisco Franco, que contiene unos 33.000 legajos que representan la práctica totalidad de la documentación que pasó por las manos del dictador: correspondencia con otros jefes de Estado, informes confidenciales, borradores de leyes con anotaciones manuscritas, etc.

Una de las grandes incógnitas es qué sucedería con todos esos documentos en caso de ilegalizarse la fundación. "Es un archivo privado, no lo pueden robar", alega el general Chicharro, que recuerda que tienen "un convenio con el Ministerio de Cultura en virtud del cual los contenidos del archivo pueden ser visitados por quien quiera".

-¿Han denegado alguna vez el acceso al archivo?

-Podríamos, pero jamás lo hemos hecho.

La Fundación Francisco Franco está regida por el Sistema Español de Archivos, según prevé el artículo 66 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Es, por tanto, un Archivo Privado de accesibilidad pública. En este sentido, tal y como recoge el artículo 105-B de la Constitución, cualquier ciudadano puede acceder a su contenido. "Nosotros nos encargamos de su mantenimiento", defienden desde la fundación.

Esta documentación estuvo durante años en las manos de la familia del dictador y de la fundación, hasta que en 2003 llegaron a un acuerdo con el Gobierno de José María Aznar para la realización de copias microfilmadas que ahora se encuentran en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Cobraron 150.000 euros por la digitalización de las copias.



 

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3074 en: 31 de Agosto de 2020, 07:52:06 am »
Vox, garante del Franquismo y el Fascismo español.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3075 en: 02 de Septiembre de 2020, 10:22:16 am »

Cuatro expresidentes del Gobierno escriben a la jueza de la querella argentina cartas de apoyo a Martín Villa


González, Aznar, Zapatero y Rajoy y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, entre otros, elogian el papel del exministro que este jueves debe declarar por crímenes de lesa humanidad; las víctimas lamentan el apoyo y confían en que sea procesado
HEMEROTECA — Seis años sin sentar en el banquillo a Martín Villa, el único imputado en la querella argentina dispuesto a declarar

Olga Rodríguez
@olgarodriguezfr

1 de septiembre de 2020 16:27h

Los apoyos a Rodolfo Martín Villa enviados a la jueza argentina Servini han ido llegando de cara a la declaración indagatoria prevista para este jueves, en la que está previsto que el exministro de la Transición declare vía online desde la embajada argentina de Madrid por "delitos de homicidio agravado" en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los de los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros. Martín Villa ha hecho entrega de estas cartas a la jueza argentina.


Se trata de misivas de apoyo de los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, de dos "padres de la Constitución" –Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca–, del exministro y presidente de la Fundación España Constitucional Eduardo Serra, del exministro y presidente de la Fundación Transición Española Rafael Arias-Salgado, del senador Jaime Ignacio del Burgo, del exministro Marcelino Oreja del exministro en Chile Enrique Krauss y del exministro portugués Jaime Gama. También destaca el apoyo explícito del exministro y hoy vicepresidente de la Comisión Europea como Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell.


Con ello Martín Villa pretende, según dice en el propio escrito enviado a la jueza, "defenderme pero sobre todo defender que en la Transición, que ha sido una de las mejores etapas de nuestra historia reciente, fue imposible que hubiese un genocidio".

Eldiario.es ha tenido acceso a algunos de los textos de apoyo. En su escrito, el expresidente Zapatero defiende el papel de la transición y la Ley de amnistía como "un elemento central del Pacto de Transición", y destaca que Martín Villa contribuyó con "convicción y eficacia" "a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esta y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España". Y añade: "España llegó a la democracia a través de un gran pacto que solo se entiende a la vista de nuestra accidentada y muchas veces violenta historia política precedente, un pacto que el pueblo español ratificó y legitimó, y que protagonizaron, junto a la participación reciente de los líderes de la izquierda política en aquél proceso, jóvenes dirigentes que habían comenzado su andadura política en la etapa final del franquismo, pero cuyas acciones ya directamente atribuibles a su propia iniciativa política consistieron precisamente en contribuir de forma decisiva a esa ansiada llegada a la democracia a su país. El Sr Martín Villa fue entre ellos uno de los más destacados. (…)"


En su texto, el exsecretario general de CCOO Antonio Gutiérrez titula su escrito "Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa", y en él exime de responsabilidad en los asesinatos investigados al exministro de la transición, afirma que imputarle tales delitos "no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia" y destaca que Martín Villa evitó "la violencia siempre que pudo".

El expresidente Felipe González va más lejos en su escrito, considerando que "se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de mala fe lo instaron [este proceso] y sin sentido". González señala que "el comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación -el más complicado del momento- fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo". Y añade, posteriormente: "Por todo esto, señora Jueza, puedo testimoniar mediante esta declaración, la entrega de Rodolfo Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles y su intenso quehacer en defensa del estado de derecho".

En la misma línea de apoyo se expresan los exsecretarios de UGT Cándido Méndez y Nicolás Redondo, quienes destacan el papel de Martín Villa "buscando la reconciliación entre españoles".


"Ser figura de la Transición no lo exonera"
La agrupación de asociaciones querellantes Ceaqua lamenta que los apoyos a Martín Villa consideren que su figura "como hacedor de consensos" lo exonere de cualquier responsabilidad penal" y que Felipe González considere "que las responsabilidades penales deberían depurarse respecto a los propios querellantes y no respecto a Martín Villa". Ceaqua recuerda que la obstaculización por parte de las autoridades españolas de la causa criminal que se tramita en Buenos Aires ha sido severamente criticada y censurada por el Consejo de Derechos Humano de Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo y también en el seno del Consejo de Europa. También subraya que desde Naciones Unidas se reclama al Estado español que "revierta, de una vez por todas, sus políticas de impunidad en este ámbito y permita, conforme a la normativa del Derecho Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Penal Internacional la investigación de dichos crímenes".

Las asociaciones querellantes resaltan que Martín Villa "fue el paradigma de aquellos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la franquista pasaron a considerarse padres de la actual democracia", y subrayan que "los hechos por los que está imputado Martín Villa en la querella argentina, en base a la responsabilidad del superior civil -que puede ser, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto por acción como por omisión- integran doce asesinatos y cientos de heridos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que él dirigía, y a los que alude como "actuaciones desgraciadas" o simples "errores". Los hechos están debidamente acreditados en la causa penal y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, que no político, en el que la Jueza Servini deberá determinar si le procesa o no".

Desde CEAQUA añaden que "atendiendo a todas las diligencias probatorias incorporadas a la causa, esperamos que finalmente Martín Villa sea procesado, lo que supondrá un avance procesalmente indudable en la tramitación del proceso y un paso importante para poner fin a un modelo de impunidad incompatible con un Estado democrático".


Imputado por 12 delitos de homicidio
Martín Villa está investigado por un total de 13 delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia argentina imputa la participación del exministro en varias matanzas, como la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que cinco obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente "gaseada". La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro.

El mismo año 76 los llamados "guerrilleros de Cristo" mataron a una mujer en Santurce. El grupo ultraderechista estaba "protegido por la policía", según la denuncia en manos de la jueza Servini. En 1977 se produjeron nuevos fallecidos, un estudiante muerto en una manifestación que pide amnistía para los presos políticos de la dictadura y otros tres muertos, uno de ellos tras "trece días de dolorosa agonía" por torturas policiales.

Los sucesos de Sanfermines del 78, uno de los episodios más violentos de represión policial en laTransición, también están incluidos en la causa. En ellos, las fuerzas de seguridad cargaron tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Un estudiante recibió un tiro en la frente, y más de150 personas resultaron heridas. Otro joven cayó asesinado días después en Donostia.


Martín Villa, en estos casos, estaba a cargo de las fuerzas de Seguridad del Estado como ministro de Gobernación o del Interior.

La jueza María Servini investiga si estos asesinatos están enmarcados en "puntuales" o si son delitos cometidos en España entre 1936 y 1977 "en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político". Los crímenes de lesa humanidad imputados al exministro son sancionables "con las penas de reclusión o prisión perpetua" según la legislación argentina.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3076 en: 02 de Septiembre de 2020, 10:37:04 am »
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« Respuesta #3077 en: 02 de Septiembre de 2020, 12:02:06 pm »

La Justicia obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado



Considera que la Junta Pro Pazo regaló la propiedad al jefe del Estado y no al dictador a título particular. Considera la compra de 1941 "una simulación"

02.09.2020 | 11:43

La Justicia obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado
La Justicia obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado
Día histórico en la comarca coruñesa. El juzgado declara que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y ordena a la familia Franco su devolución. La magistrada responsable del asunto asegura que la Junta Pro Pazo regaló el inmueble al jefe del Estado, no al dictador a título personal, según acaba de dar a conocer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.


El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por el Estado y lo declara propietario del Pazo de Meirás, por lo que condena a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constan seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.

La magistrada Marta Canales declara en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de "la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma". En relación a este fundamento, aclara la jueza que, el mismo año en que se efectúa la donación, se constituye una Junta Pro Pazo "del Caudillo" para comprar y regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo de los Ejércitos y Jefe del Estado Nacional". "Su nombre era Francisco Franco Bahamonde, pero no se le regala a él por sí mismo, sino al jefe del Estado. Las alegaciones de los demandados en relación a la intención de las vendedoras, que querían que el pazo se regalase a Franco a título personal, no se comparten", dice la sentencia, donde se concluye que la literalidad de los documentos sobre la compra del pazo y posterior donación "no arroja dudas", pues todos se refieren "al caudillo".

En el fundamento de derecho tercero de la resolución, la jueza concluye que la compraventa de 24 de mayo de 1941 fue una "simulación", lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad.


En relación a este extremo, afirma la magistrada que no se acepta la argumentación de los demandados sobre la compra que realiza Franco con la intermediación de Pedro Barrié de la Maza, que califica de "ficción" llevada a cabo "con el solo objeto de poner el bien a su nombre". "Ninguna operación subyace entre las partes que se disimule a los efectos que defienden los demandados. El Pazo de Meirás se había entregado a la Junta Pro Pazo del Caudillo en la primavera de 1938, comprado en escritura pública por la Junta el 5 de agosto de 1938 y la Junta Pro Pazo hizo entrega formal al caudillo el 5 de diciembre de 1938. El 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga. La vendedora ya había vendido. La reservista [Manuela Esteban Collantes y Sandoval] ya había renunciado a su derecho. Franco nada compra", se subraya en la resolución.

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada entiende que no cabe, al ser la propiedad incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe". Esa mala fe se materializa "cuando, tras aceptar el caudillo la donación del Pazo de Meirás, en su calidad de jefe do Estado, otorga una escritura pública el 24 de mayo de 1941 con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad, sin mediar precio alguno". Recuerda además la jueza que el Estado asumió todo los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial del jefe de Estado, por lo que afirma que "el Pazo de Meirás se gestionaba de forma idéntica al Palacio de El Pardo".

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Al entender que la propiedad del pazo corresponde al Estado, la jueza declara también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con el inmueble, así como la donación de las fincas que se recoge en una escritura de noviembre de 1982. La sentencia no es firme, ya que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

Sobre el momento en el que se presenta la demanda, que los letrados de la familia Franco consideraron retraso desleal, entiende la magistrada que "la posibilidad de articular la demanda nace de un importante estudio histórico y de un consenso social, logrado tras muchos años, que responde a una madurez de nuestro sistema democrático" y destaca que el Estado "nunca renunció a sus derechos".

En la sentencia se concluye que "la parte actora ha demostrado la nulidad del título de compraventa esgrimido por los demandados y ha acreditado de forma contundente la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño a su favor, con las consecuencias de que la totalidad de la finca debería inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de la demandante y las inscripciones contradictorias existentes a favor de los demandados habrían de cancelarse", lo que la jueza acuerda.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3078 en: 02 de Septiembre de 2020, 13:43:46 pm »

Cuatro expresidentes del Gobierno escriben a la jueza de la querella argentina cartas de apoyo a Martín Villa





UGT ante la causa argentina contra Rodolfo Martín Villa


por  UGT en INTERNACIONAL

 02 SEP 2020

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La Unión General de Trabajadores quiere expresar su agradecimiento a la Justicia argentina por llevar a cabo procesos para esclarecer crímenes cometidos durante el franquismo, muchos de ellos cometidos contra militantes del sindicato durante la Guerra Civil y la posterior dictadura y la Transición Democrática.

Los demócratas españoles deben estar agradecidos a la Justicia argentina, para vergüenza de la Justicia española, que en algunos casos ha permitido que los familiares de víctimas de la represión franquista hayan podido localizar y recuperar sus restos.

El sindicato no comparte las cartas enviadas por varios dirigentes españoles en relación con la causa abierta contra Rodolfo Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales, primero, y de Interior, después, de gobiernos franquistas y también en los primeros años de la transición. No las compartimos porque, en primer lugar, creemos que la justicia tiene que ser universal y ecuánime, y porque Martín Villa va a tener la oportunidad de defenderse (cuestión que no tuvieron muchos sindicalistas de UGT, que incluso perdieron la vida durante la dictadura, el ocaso de la misma y hasta en la Transición Democrática). UGT quiere dejar clara a los familiares de las víctimas la posición del Sindicato a este respecto.

El sindicato va a hacer llegar a la jueza argentina encargada de esta causa su posición, a fin y efecto de que sepa, además, que las opiniones que se han vertido en relación con nuestro sindicato corresponden a expresiones absolutamente personales por quien las ha realizado.

 

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3079 en: 02 de Septiembre de 2020, 17:07:52 pm »

CCOO es ajena a las cartas enviadas a la jueza Servini


En las últimas horas se han conocido las cartas enviadas por relevantes dirigentes políticos y sindicales a la jueza Servini a colación de la causa abierta por la Justicia argentina a Rodolfo Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales y de Interior en la dictadura y los primeros años de la Transición. La Confederación Sindical de CCOO se siente ajena a esas cartas, que se han tramitado como iniciativas personales que el sindicato no conocía, y cuyo contenido no se siente concernido a valorar.

02/09/2020.
CCOO siempre ha defendido la necesidad de la Justicia restaurativa, lo que implica no prejuzgar a nadie, pero sí regirse por los principios de verdad, justicia y reparación.

Compartimos los criterios de la Justicia universal y no tenemos nada que alegar ante la causa abierta a Martín Villa por la justicia argentina. De hecho la jueza Servini fue galardonada con un reconocimiento de la Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid en el año 2015, y la fundación Cipriano García de CCOO de Catalunya ha colaborado recabando testimonios de víctimas de la represión de aquellos años.

Para CCOO estos extremos nada tienen que ver con un cuestionamiento del periodo de la Transición, que fue un periodo de claros y oscuros, pero indiscutiblemente, un periodo fundamental para entender la democracia española. El sindicato se siente parte de aquella lucha, reivindicamos nuestro papel en la misma, y consideramos que fue determinante para acceder a un régimen de libertades equiparable a otros países de nuestro entorno.

Tanto es así que la represión ejercida en aquellos años recayó en gran parte en militantes de nuestro sindicato, lo que no impidió que nuestra organización formara parte de algunos de los consensos claves para cerrar la negra noche del franquismo e iniciar un periodo social y políticamente distinto. Pero una cosa es no hacer revisionismo histórico y otra cosa es renunciar al conocimiento de la verdad sobre cualquier acción punible contra personas y derechos humanos que se produjeran en aquellos tiempos.