Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 224144 veces)

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3140 en: 27 de Noviembre de 2020, 06:49:29 am »
El Supremo archiva la querella contra Ortega Smith por sus declaraciones sobre las Trece Rosas

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid manifestó que «lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente»
S. L.
Actualizado:26/11/2020 15:12h

El Tribunal Supremo ha archivado la querella contra el diputado de Vox Javier Ortega Smith al considerar que no cometió delitos de incitación al odio y de calumnias e injurias graves en sus declaraciones sobre las jóvenes republicanas conocidas como las Trece Rosas, fusiladas en 1939, según informa Efe.

En un auto el alto tribunal acuerda no admitir a trámite la querella de la asociación Trece Rosas Asturias y de familiares de una de ellas contra Javier Ortega Smith al estimar que los hechos no son constitutivos de delito.

La querella fue presentada por unas declaraciones realizadas por el dirigente de Vox el 4 de octubre de 2019 en el programa «Los Desayunos de TVE», en las que dijo: «Sabe cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las Trece Rosas: resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente».

Sobre la existencia de un posible delito de incitación al odio, que fue apoyada por la Fiscalía, el tribunal explica que hay que valorar si la expresión de las ideas vertidas constituye el ejercicio legítimo del derecho fundamental a la libertad de expresión o si es atentatoria a los derechos y a la dignidad de las personas a las que se refiere.

El Supremo explica que para considerar que se ha cometido delito la difusión de ideas deben representar «un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que puede concretarse en actos específicos de violencia, odio o discriminación».

«Entender que las afirmaciones del querellado sobre la actuación de las Trece Rosas pueden constituir un sentimiento lesivo para la dignidad de estas personas podría aceptarse pero se debe rechazar la extensión a la de las personas que en el día de hoy participan de la misma ideología que aquellas, y menos aún como una incitación al odio con una capacidad de peligro relevante», fundamenta.

En cuanto a los delitos de injurias y calumnias, el tribunal alude a la falta de legitimación activa de los querellantes, «ya que la acción penal por estos delitos se extingue con el fallecimiento del ofendido, de suerte que producido tal evento solo queda a sus deudos y herederos la acción de protección civil».

Desconectado Celestino

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3141 en: 27 de Noviembre de 2020, 12:13:00 pm »
Es un SINVERGÜENZA

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3142 en: 28 de Noviembre de 2020, 00:16:33 am »
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El abuelo de Iglesias pasó de ser un ferviente comunista a dar loas al «glorioso salvador» Franco

https://okdiario.com/espana/abuelo-pablo-iglesias-paso-ser-ferviente-comunista-dar-loas-glorioso-salvador-franco-6488383

Citar
La verdad del abuelo de Iglesias: iba a ser fusilado y acabó en el Ministerio de Trabajo falangista

https://www.elespanol.com/reportajes/20200126/verdad-abuelo-iglesias-fusilado-ministerio-trabajo-falangista/462204925_0.html

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3143 en: 30 de Noviembre de 2020, 13:04:05 pm »

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3144 en: 06 de Diciembre de 2020, 19:32:02 pm »
Salen a la luz restos humanos del campo de concentración de Albatera, el más significativo de España
EUROPA PRESSNOTICIA06.12.2020 - 15:26h
La Generalitat proyecta un centro de interpretación e incluirlo en el itinerario de lugares de la memoria.
Foto cedida por la Fototeca del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del campo de trabajo de Albatera, en la que se ve a prisioneros durante la construcción de canales entre Alicante y Murcia destinados a irrigar 200 hectáreas, en la Guerra Civil española.Foto cedida por la Fototeca del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) del campo de trabajo de Albatera durante la Guerra Civil.EFE
El campo de concentración del franquismo "más significativo de España" comienza a desvelar datos de su historia gracias al trabajo de un equipo de arqueólogos que ha llevado la cabo la primera fase de una excavación que ya ha dado los primeros resultados valiosos.


Los especialistas han logrado, por ejemplo, delimitar dónde se ubicaba el campo y localizar toda la extensión en planta de uno de los barracones, lo que permitirá documentarlo perfectamente y recuperarlo para una posible musealización. En los trabajos también se han encontrado restos óseos, aunque todavía no las fosas comunes, debido a la gran extensión del terreno.

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Munición, insignias militares, un pequeño colgante religioso que se supone que pertenecía a un prisionero y muchas latas de sardinas, el único alimento junto a las lentejas que se daba a los presos, son algunos de los hallazgos que están comenzando a contar la triste historia del enclave.


Así lo ha explicado Felipe Mejías, que encabeza el grupo de arqueólogos que ha estado trabajando en la zona. El experto recalca que se trata del campo de concentración "más significativo de España", puesto que a él fueron a parar personas que se habían refugiado en Alicante pero que no pudieron escapar en el buque Stanbrook. Entre ellos, y aunque no se conservan los listados de prisioneros, pudieron estar personas cercanas y cargos relevantes de la cúpula del gobierno republicano.


El germen de esta investigación se remonta a hace unos tres años, cuando Mejías empezó a indagar la ubicación de las fosas comunes de la provincia de Alicante y se planteó "qué había pasado con los muertos de esos campos" de los que tan poco se sabe. De hecho, pese a sus dimensiones, del de Albatera se conocía poco más del área aproximada en la que se encontraba, aunque durante décadas los vecinos y propietarios de las tierras han ido encontrando restos humanos y objetos que evidencia la existencia de fosas.

Hace alrededor de un mes y medio, y contando con una subvención de 17.600 euros de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, comenzaron los trabajos para estudiar el campo de Albatera desde un punto de vista arqueológico. En esta labor han intervenido unas 13 personas, entre el grupo de arqueólogos, una antropóloga forense e investigadores de la Universidad de Cádiz, que ha aportado un georradar de la unidad de Geodetección de Patrimonio Histórico de la Universidad de Cádiz que coordina el profesor Lázaro Lagóstena.

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Los resultados son tan alentadores que los responsables de la excavación han solicitado ayuda al Institut Valencià de Cultura (IVC) para rodar un documental científico que muestre el trabajo técnico a la par que "un punto de vista con componente lírico".

"Los arqueólogos somos personas y nos emocionamos", comenta Felipe Mejías, que subraya las historias humanas que hay tras los descubrimientos que van haciendo, por muy simples que parezcan. "Estamos excavando una especie de basureros, los pozos donde los prisioneros arrojaban basura, solo sardinas y lentejas que es lo que recibían, y de hecho, muchos morían de hambre". Algunos reutilizaban las latas para cocer hierba y otros alimentos que podían conseguir. "Ahora seguimos encontrándolas".

Otro de los principales hallazgos de esta primera etapa es un barracón con una cimentación de unos 60 metros de longitud que van a fotografiar, documentar y tapar con la confianza de que en la siguiente campaña, prevista para el próximo año, se excavará para poder hacer en un futuro una reintegración parcial -gracias a documentos gráficos que se conservan de 1938- y que se pueda musealizar.

Y es que estos trabajos son solo el principio de un recorrido largo y necesario, puesto que los campos de concentración españoles son un tema prácticamente inexplorado. En este sentido, Mejías recuerda que hace una década un equipo del CSIC llevó a cabo excavaciones arqueológicas en el campo de concentración de Castuera (Badajoz), una intervención "pionera", y desde entonces, se ha hecho poco más.

"No hay rencor, solo quieren saber"
"Es una cuestión por trabajar. Es un tema delicado, que aún levanta ampollas, ya que hay quien interpreta la memoria desde una perspectiva errónea; no se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas. A raíz de esta intervención he estado en contacto con gente de toda España y en ninguno de ellos he visto rencor, solo quieren saber", defiende Mejías.

La tarea de los arqueólogos sirve también, dice, para romper silencios y ciudadanos de la zona rescaten informaciones que han permanecido calladas. Incluso, uno de los vecinos ha realizado una aportación económica que ha permitido alargar la campaña cuatro días más, revela el especialista.

Respecto a los restos humanos, hasta el momento han encontrado una tibia y un occipital, muy juntos, lo que apunta que puede haber una fosa "muy cerca". La antropóloga forense está analizando los huesos.

En todo caso, la consellera de Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, ha hecho notar que "el tema del campo de Albatera es más global, ya que no solo se trata de localizar los posibles restos, sino de intentar hacer un centro de interpretación".

Compra de terrenos
Ha explicado que se está trabajando en esa línea, aunque una de las dificultades es que actualmente los terrenos son privados. La intención del Ayuntamiento es comprarlos mediante una subvención, lo que "daría más posibilidades". "Es importante delimitar el campo para hacer un lugar de la memoria. El campo de Albatera es un lugar idóneo, aunque no será el único, ya que queremos hacer un itinerario", ha apostillado.

Asimismo, la consellera ha considerado que hay que finalizar un mapa de fosas. "Sabemos que nunca estará, desgraciadamente, actualizado al 100% porque algunas pueden no encontrarse". La idea es poder tener el mapa a principios del año que viene y poner en marcha una web, ha concluido.

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3145 en: 08 de Diciembre de 2020, 06:49:09 am »

El inventario del interior del Pazo de Meirás confirma el expolio continuado de los Franco sobre el patrimonio público

    Los técnicos recomiendan hacer una catalogación especializada de tapices, alfombras y muebles tapizados con "tejidos históricos" que figuran inscritos en Patrimonio Nacional
    — La lista de tesoros que los Franco se querían llevar del Pazo de Meirás en camiones de mudanza

Paola Obelleiro
7 de diciembre de 2020 22:14h

@PaoletteO

El Pazo de Meirás, la emblemática propiedad que la familia de Francisco Franco deberá entregar este jueves al Estado tras ocuparla durante 82 años, atesora innumerables piezas históricas y artísticas de procedencia desconocida y antigüedad por determinar. Patrimonio Nacional reconoció, durante la visita que hizo junto a arquitectos, un arqueólogo y una historiadora del arte de la Xunta, blasones en muebles, alfombras y tapices que demostrarían que están catalogados como bienes públicos. El expolio de los Franco fue continuado. Hasta los muebles están tapizados con "tejidos históricos", destacan los técnicos enviados por el Juzgado número uno de A Coruña para realizar un listado de todo lo que hay en el singular castillo y sus jardines, enclavado en Sada (A Coruña).

Los miembros de la comisión judicial que realizaron el inventario destacan que dada la premura con la que tuvieron que realizar el trabajo, a golpe de fotografías y vídeo, y las condiciones en las que están almacenados alfombras y textiles, no han podido hacer una catalogación pormenorizada de los múltiples tapices y reposteros. Pero sospechan que muchos son de alto valor. Y recomiendan que esas piezas sean "objeto de un trabajo separado realizado por especialistas". Es otra de las múltiples sorpresas que se descubrió en la catalogación realizada por orden judicial, en cuanto saltó la noticia de que los herederos de Franco estaban planificando la mudanza en múltiples camiones para vaciar el dominio antes de entregarlo a patrimonio público.

En el informe realizado por Patrimonio Nacional, destaca, con fotografía a modo de prueba, haber encontrado en hojas de cortina y en una galería tejidos que "vistieron la sala de recibir de la Reina Victoria Eugenia en el Palacio Real de Madrid". En una gran alfombra, aparece "el detalle del metraje de tejido de la Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas Agrupadas" que está conservado en el taller de Restauración de Tapicería de Patrimonio Nacional. Cómo y cuando llegaron a Meirás es un misterio aún por desvelar. 

En cada esquina de la mansión ideada por Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XVIII como refugio literario y luego reconvertido en escenario estival de 40 años de dictadura, hay muebles, lámparas, vajillas y cuadros muy valiosos. En los jardines también. Diseminadas entre la hierba, allí están reconvertidas en jardineras las dos pilas bautismales del siglo XII que Carmen Polo, la esposa del dictador, hizo retirar de la iglesia medieval de San Xulián de Moirame, en Muxía. En medio de la vegetación, a la intemperie, también aparecen colocadas cincos estatuas de piedra seculares representando a Santiago peregrino y los santos Cristóbal, Andrés, Pablo y Francisco. En otra parte de los jardines destaca un conjunto pétreo antiguo compuesto por banco, mesa, muro, dos pináculos y un mural, todos ellos con motivos xacobeos. Hay constancia de que un pazo señorial de Dodro, cerca de Santiago, fue desmantelado y trasladado a Meirás para embellecer el dominio entregado a Franco en su condición de autoproclamado jefe del Estado. Hay múltiples blasones, algunos simplemente tirados entre las hierbas, cuya procedencia se desconoce y habrá que determinar. La familia del dictador fue añadiendo la fachada del edificio o en murales de piedra ancestrales escudos del Ducado de Franco con el fin de incorporar su sello a un legado de muchos siglos.

Capítulo aparte es la gran biblioteca que alberga el pazo, repartida en tres estancias distintas y donde aún se conserva parte del legado literario de Emilia Pardo Bazán. Los Franco, en Meirás, atesoran entre 9.000 a 13.000 ejemplares, en la mayoría volúmenes de ediciones de los siglos XIX y XX. Las temáticas son muy variadas y diversas, destacan los técnicos, al mezclar literatura, historia, filosofía, arte y libros de viajes, que a buen seguro conservaba allí la ilustre escritora coruñesa, con textos sobre la historia militar o el "autodenominado Movimiento Nacional". En la declaración que tramita la Xunta de Galicia para proteger como Bien de Interés Cultural lo que resta del legado de Pardo Bazán, tiene registrados 3.200 volúmenes, entre ellas primeras ediciones de Voltaire. Un inventario más complejo y especializado se impone para catalogar los fondos bibliográficos de las Torres de Meirás, subrayan los técnicos.

El pasado viernes la jueza que lleva la causa sobre la propiedad del Pazo ordenó que la entrega al Estado se haría el 10 de diciembre, incluyendo todos los bienes depositados en su interior. El listado de tesoros que ahora han aflorado demuestran que el expolio del dictador y su familia al patrimonio nacional fue constante y sucedido a lo largo de los años. Solo la orden de la titular del juzgado número 1 de A Coruña ha permitido conocer la profundidad del robo perpetrado durante la dictadura. Los historiadores avisan de que han visto tantas obras de valor que necesitarán mucho más tiempo para aclarar las autorías y etapas históricas de muchas de las piezas halladas entre unos muros de los que la dictadura sale para siempre 82 años después.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3146 en: 10 de Diciembre de 2020, 08:38:22 am »
La futura reforma ni puede ir contra la ley del 77.




Denuncian que la nueva Ley de Memoria Democrática no garantiza la persecución de los crímenes del franquismo


Casi un centenar de colectivos de víctimas de la dictadura consideran “insuficiente” el anteproyecto del ministerio de Carmen Calvo
Manifestación de las víctimas del franquismo.
photo_cameraManifestación de las víctimas del franquismo.
A.R.E. chevron_right 09/12/20 access_time 13:00
El Consejo de Ministros aprobó el 15 de septiembre un anteproyecto de ley de Memoria Democrática con el que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, concretamente el Ministerio de la Presidencia de Carmen Calvo, pretende ir más allá de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero en lo que se refiere a las “reparaciones” de las víctimas de la dictadura de Franco.

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Un total de 94 asociaciones y colectivos relacionados con la Memoria Histórica, reunidos en el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, han analizado el texto del anteproyecto y no han quedado satisfechos: lo ven insuficiente y con numerosas carencias y omisiones.

Por ejemplo, lamentan que no se incluya la declaración de nulidad de lo que consideran “uno de los pilares fundamentales de la impunidad del franquismo”: la Ley de Amnistía de 1977. Creen que se debería declarar nula, si no toda la ley, al menos “aquellos apartados (artículo 2, apartados e y f) que impiden investigar los crímenes del franquismo, y por tanto, el acceso a la justicia”.

Pero, además, la decepción de ese casi centenar de entidades, que confiaba en que la nueva Ley de Memoria Democrática recogiera sus aspiraciones, se centra en que el texto, tal y como está actualmente redactado en anteproyecto de ley, “enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal”.

En ese sentido, subrayan que “no hay ningún avance con respecto a la Ley de Memoria 52/2007, quedando por tanto cercenado el Derecho a la Justicia para las víctimas del franquismo”. Apuntan que un paso fundamental sí sería crear una fiscalía especializada para la investigación y persecución penal de los crímenes del franquismo y la transición.


También critican que “el Anteproyecto no garantiza la tutela judicial efectiva en la localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo”, si bien admiten que “es un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas”.

En general, la opinión de esas asociaciones por la Memoria Histórica de las víctimas del franquismo es que la nueva ley se queda corta en muchos aspectos: “No podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas como ‘nulas e ilegítimas’, tal y como recoge el Anteproyecto, porque esa definición no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos”.

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3147 en: 11 de Diciembre de 2020, 18:31:38 pm »
Inminente entrada a las criptas

Nuevas exhumaciones en el Valle de los Caídos: 20 familias vascas con derecho


En la actualidad, un total de 54 solicitudes han logrado ese reconocimiento en el conjunto de España.

El Gobierno vuelve a 'regalar' 340.000 € a los monjes del Valle de los Caídos
LA INFORMACIÓNNOTICIA
11.12.2020 - 10:53h

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha informado de que 20 familias vascas han logrado ya el certificado que reconoce el derecho a la exhumación de sus allegados del Valle de los Caídos. Artolazabal ha explicado en el pleno de control de este viernes a preguntas del parlamentario del PNV Joseba Díez que en Euskadi, el Instituto Vasco de la Memoria, Gogoran ha asesorado y acompañado a un total de 23 familias vascas que han iniciado el proceso para solicitar ese certificado.


En la actualidad, un total de 54 solicitudes han logrado ese reconocimiento en el conjunto de España y 20 son familias vascas, ha remarcado la consejera, quien ha indicado que eso da la "medida del apoyo que han recibido por parte" del Ejecutivo vasco para primero asegurar que su familiar estaba inhumado en el Valle de los Caídos y para solicitar luego su exhumación.

Ha indicado que en el Valle de los Caídos hay más de 33.000 restos humanos. Se calcula que 1.300 son vascos que fueron trasladados desde Euskadi y otros puntos y que 300 fueron llevados sin identificar. En la mayoría de los casos el régimen de Franco no contó con el consentimiento de sus familias, ha precisado la consejera.


Artolazabal ha agregado que la Secretaría de Estado de Memoria Histórica está diseñando “la inminente entrada de equipos forenses en las criptas”. Tras hacerlo, equipos técnicos estudiarán la viabilidad de la inhumación de cada uno de los 54 restos humanos solicitados.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3148 en: 16 de Enero de 2021, 06:44:57 am »
El juez no rechaza la pretensión del recurso...lo que rechaza son las cautelares, algo habitual.


Memoria Histórica: El juez rechaza reponer las placas de Largo Caballero e Indalecio Prieto
El juzgado de lo Contencioso deniega las medidas cautelares solicitadas por la Fundación del exmandatario socialista y da la razón provisionalmente al Ayuntamiento de Madrid

Marta R. Domingo
SEGUIR
Madrid Actualizado:15/01/2021 20:34h

El juzgado de lo Contencioso número 15 de Madrid ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Largo Caballero que pedían suspender la decisión de retirar las placas dedicadas a los exmandatarios socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. El magistrado, en un auto fechado este mismo viernes al que ha tenido acceso ABC, da la razón provisionalmente al Ayuntamiento de Madrid, que no tendrá que reponer, por el momento el distintivo que ya quitó de la fachada de la casa natal de Largo Caballero en Chamberí.

No obstante, el juez accede a lo solicitado por la Fundación y obliga al Consistorio a «continuar con la custodia de la placa conmemorativa en el Almacén de la Villa, en condiciones que impidan su deterioro». La resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante el mismo juzgado en el plazo de 15 días.

El histórico dirigente marxista del PSOE y de la UGT, conocido como en «Lenin español», conserva todavía los distintivos en el distrito de Ciudad Lineal. Por su parte, el ministro de Marina y Aire, durante el Gobierno de Largo Caballero, y de Defensa entre 1936 y 1938, tiene una calle en Vicálvaro.

El Ayuntamiento de Madrid procedió el pasado 15 de octubre a la retirada de la placa en memoria de Largo Caballero en su vivienda natal. La eliminación de este distintivo del callejero se realizó días después de que se aprobase en el pleno la propuesta de Vox, que fue respaldada por PP y Cs. El gobierno municipal se apoyó en la Ley de Memoria Histórica que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero para justificar la supresión de esta denominación en el callejero.

Según el artículo 15, «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Ambos casos, indicaron a ABC fuentes municipales, tendrían cabida en la norma, «por sus responsabilidades con crímenes de guerra durante la Guerra Civil». Este extremo es el que ahora el juez tendrá que aclarar para responder al fondo del asunto.



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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3149 en: 19 de Enero de 2021, 06:41:38 am »

La Justicia suspende cautelarmente la retirada de las calles a Indalecio Prieto y Largo Caballero en Madrid

    MARTA BELVER
    Madrid

Actualizado Lunes, 18 enero 2021 - 14:54
l

Apela a la "preservación del interés general" para evitar "molestias" hasta que se resuelva el fondo del proceso judicial

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid ha suspendido cautelarmente la retirada de las calles dedicadas a los ex dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en la capital. Deja así sin efecto el acuerdo del Pleno de Cibeles de septiembre de 2020 aprobado con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox a petición de este último grupo municipal, que, en su propuesta, definía la trayectoria de ambos políticos como "sanguinaria" y "siniestra".

A la espera de entrar en el fondo de la cuestión, la Justicia atiende el recurso interpuesto por UGT, por lo que durante el proceso judicial se mantendrá la nomenclatura de ambas vías públicas, tal y como ha informado el sindicato este lunes y ha adelantado eldiario.es. Además de la eliminación de los nombres de las vías, queda suspendida la retirada de la placa dedicada a Largo Caballero de la plaza de Chamberí, ejecutada por operarios municipales el pasado mes de octubre, y la de las estatuas erigidas a ambos en Nuevos Ministerios.

El auto señala que, para la "preservación del interés general", se aconseja "mantener las cosas en la situación en que se encuentran en el momento actual, evitando molestias y perjuicios de distinto orden a todos los ciudadanos afectados por el cambio de nombre de las calles afectadas hasta el dictado de la resolución que ponga fin al recurso contencioso-administrativo interpuesto".

También señala que, "además de impedir la producción de un menoscabo real y de difícil alcance para un gran número de perjudicados por el cambio de nomenclatura de las calles implicadas", se trata de "evitar el deterioro de la credibilidad política municipal por parte de la ciudadanía que inevitablemente habría de producirse por el vaivén de los nombres de esas calles, en el caso de que se retiraran sus respectivas placas y finalmente la resolución definitiva que se dicte en el presente recurso fuera favorable" a UGT.

En el sindicato señalan que es "una indecencia y un sarcasmo" que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para la retirada de las calles, "propuesto por la extrema derecha y que arrastró al resto de la derecha municipal, se base en la Ley de la Memoria Histórica de 2007, que prevé la retirada de placas conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

"Es evidente que ni Largo Caballero ni Prieto se sublevaron contra la República, ni apoyaron ni exaltaron la sublevación militar, a la que se opusieron como presidente y ministro, ni exaltaron la Guerra Civil, sino que la sufrieron intentado evitarla o, al menos, limitar sus efectos, ni exaltaron la represión de la dictadura, que sufrieron ambos, debiendo exiliarse de su país y pasando Largo Caballero dos años prisionero en el campo de concentración nazi de Sachsenhausen", ha subrayado UGT en un comunicado.



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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3150 en: 21 de Enero de 2021, 07:21:30 am »

La alcaldesa de IU en un pueblo de Córdoba ordena derribar la cruz de un convento pese a la oposición vecinal
Los hechos han tenido lugar en la localidad de Aguilar de la Frontera, junto al convento de las Descalzas

Por Redacción Religión

Tiempo de lectura: 3’
19 ene. 2021 17:02



El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, ubicado en la provincia de Córdoba, ha derribado la conocida como 'Cruz del Llanito', en el recinto del convento de las Descalzas de esta localidad andaluza, a pesar de la oposición de la Iglesia y de los vecinos.

Según el Ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida,el derribo se produce en virtud de la Ley de Memoria Histórica, al considerar que este monumento cristiano tiene un significado franquista. De forma paradójica, el mismo Ayuntamiento reconoció que la Cruz no está sujeta a dicha ley, pero la derriba igualmente porque, según agumentan, “entorpece la visibilidad” del convento.

Según informó ladiócesis de Córdoba por medio de un comunicado de prensa, operarios del Ayuntamiento cortaron la cruz por la base, la ataron a una grúa y se la llevaron en un camión municipal. Todo ello ante la mirada de asombro e impotencia de un grupo de vecinos que se oponía al derribo. Durante la noche previa, informó la diócesis, los vecinos encendieron velas junto a la cruz y dejaron notas escritas a mano mostrando su rechazo al derribo de este símbolo cristiano “querido y venerado por muchos”.

La alcaldesa Carmen Flores, por su parte, trató de justificar el derribo. En una comparecencia retransmitida en el perfil de Facebook del Ayuntamiento, la alcaldesa se refirió a la Cruz del Llanito como “Cruz de los Caídos”, para vincularla al franquismo.

La alcaldesa Flores se mostró sorprendida por la oposición al derribo de la cruz y trató de dar la vuelta a los hechos presentando al Ayuntamiento como víctima al filtrarse el expediente municipal del derribo. Esa filtración, argumentó, obligó al Ayuntamiento a acelerar la destrucción del monumento. Para Flores, el derribo de la cruz era necesario “por las connotaciones que tiene”, e insistió en que “esa cruz no tiene ninguna connotación religiosa”, “no tiene ningún interés para nada”, “es una cruz de cemento que no tiene ningún valor”, aseveró.

Córdoba.- Abogados Cristianos lleva a la vía penal a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera (IU) tras derribar la cruz

19/01/2021 Córdoba.- Abogados Cristianos lleva a la vía penal a la alcaldesa de Aguilar de la Frontera (IU) tras derribar la cruz.ABOGADOS CRISTIANOS

La regidora explicó que solicitaron un informe a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, la cual “para nuestra sorpresa” afirmó que la cruz no estaba sujeta a la Ley de Memoria Histórica, al haberse retirado ya una placa considerada franquista. Aún así, reconoció la alcaldesa, “retiramos la cruz porque está entorpeciendo la visibilidad de un monumento histórico catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)”, el convento de las Descalzas.

También argumentó que “en algún momento pensamos en sustituirla para no herir el sentimiento, entre comillas, religioso, de algún sector de la población. Se pensó en sustituirla por otra cruz. Pero, cuál es nuestra sorpresa que nos dicen que ahí no hay que poner nada, en ese rincón. El motivo es que el BIC tiene que estar aislado de cualquier elemento que entorpezca la visibilidad de ese monumento”.

Para la edil, el vínculo de la cruz con el franquismo “son hechos constatados históricamente” y rechazó “sentimientos antirreligiosos” del Ayuntamiento gobernado por Izquierda Unida. Sin embargo, a pesar de insistir en que el Ayuntamiento respeta “incluso” los sentimientos religiosos, en la comparecencia la alcaldesa no ahorró en ataques al Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández.

La oposición de los vecinos

Aunque según la alcaldesa muchos fieles católicos del pueblo han respaldado a la alcaldesa, lo cierto es que el enfado entre los vecinos es notorio.La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Aguilar de la Frontera difundió un comunicado en el que rechaza el derribo de la Cruz del Llanito. Las hermandades del pueblo tradicionalmente han tenido a esta cruz como punto de referencia de muchas de sus actividades, y la consideran “un símbolo de unión en nuestro pueblo, desligada de toda la simbología del régimen pasado”.

ctv-kxy-cruz

Una querella contra el Ayuntamiento

Por otro lado, laAsociación Española de Abogados Cristianospresentó una querella ante el Juzgado de Instrucción de Córdoba contra la alcaldesa Carmen Flores por el derribo de la cruz. Los abogados de esta asociación acusan en el escrito de la querella a la alcaldesa de “delitos de prevaricación con el agravante de discriminación y daños contra el patrimonio” y piden “su inhabilitación para ejercer cargo público”.

Argumentan que “la decisión de destruir el monumento no se ha aprobado en pleno ni cuenta con el proyecto competente para actuar en un entorno BIC, por lo que es completamente ilegal”. “Se trata de la Cruz del Llanito de las Descalzas, perteneciente al Conjunto Histórico Artístico del Monasterio de San José y de San Roque, declarado Bien de Interés Cultural en 1983”.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3151 en: 26 de Enero de 2021, 06:32:11 am »

Un año más sin noticias del pistolero fascista que asesinó a Arturo Ruiz en 1977

La familia del joven tiroteado en el centro de Madrid recuerda el aniversario y sigue a la espera de la verdad sobre lo ocurrido y el paradero del autor del crimen


Medio centenar de personas ha acudido en la mañana del lunes 25 de enero al acto de conmemoración de Arturo Ruiz, estudiante de 19 años asesinado en Madrid en 1977 por un pistolero fascista.

Iñigo Domínguez
Madrid - 25 ene 2021 - 19:05 CET

Un año más, la familia de Arturo Ruiz y medio centenar de personas se han reunido esta mañana del lunes en la plaza Soledad Torres Acosta, en el centro de Madrid, para recordar a este estudiante que fue asesinado allí con 19 años en 1977. En una de las semanas más trágicas de la Transición, el día antes de la matanza de los abogados de Atocha, fue tiroteado en plena calle por un pistolero fascista, que luego se dio a la fuga con complicidad policial y aún hoy sigue en paradero desconocido. Es un crimen sin resolver de la Transición, muy relegado y olvidado por las instituciones. “Hay víctimas de serie A y de serie B, como nosotros. El rey recibió a las víctimas del terrorismo, pero a mí no me ha llamado nadie”, ha lamentado su hermano Manuel Ruiz. Solo en junio de 2019 el ayuntamiento de Madrid logró poner una placa conmemorativa en esta plaza, pero acabó en el respiradero de un garaje, ante la negativa de los vecinos de dos edificios a que se colocara en sus inmuebles. Al acto y la ofrenda floral han acudido algunos políticos, como Ramón Silva, del PSOE; Isabel Serra, de Unidas Podemos; Enrique Santiago y Mauricio Valiente, de Izquierda Unida.

La investigación de la época fue compleja y muy controvertida, pero con una docena de testigos identificó como autor del crimen a José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha de 29 años. Tenía vínculos con las fuerzas de seguridad y al día siguiente del crimen huyó al País Vasco con ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil. De ahí pasó a Francia. Algunos medios lo situaron en Argentina, pero hace años que se le perdió la pista. Si sigue vivo, tendría 73 años. La familia de Arturo Ruiz cree muy posible que incluso pueda estar viviendo en Madrid sin ser molestado. La vía judicial se agotó hace años. Según decretó la Audiencia Nacional en 2000, ha prescrito.

En 1977 solo fue juzgado como cómplice, por proporcionarle el arma del crimen, el argentino Jorge Cesarsky, a veces escrito Cesarski, vinculado al siniestro grupo paramilitar de extrema derecha de su país Triple A, Alianza Anticomunista Argentina. Llegó a España en 1965 y estaba bien introducido en los círculos franquistas. De hecho, tras el asesinato fue seguido por algunos testigos y para su asombro se fue directamente a una comisaría. Fue condenado a seis años de cárcel, por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas, pero solo cumplió uno. Como ha recordado en el acto una de sus sobrinas, “se benefició de la ley de amnistía que Arturo Ruiz estaba reclamando cuando le mataron”.

Este crimen abrió aquella semana negra de enero de 1977, narrada por Juan Antonio Bardem en la película Siete días de enero (1979), que cuenta con algunas imágenes reales de los momentos previos al asesinato de Arturo Ruiz, con cargas policiales y bandas de pistoleros en plena Gran Vía. Un mes antes, el 20 de enero de 1976, , había muerto el joven Ángel Almazán por una paliza de la Policía tras una manifestación. El 23 de enero fue el asesinato de Arturo Ruiz y el al día siguiente murió muy cerca otra estudiante, Mari Luz Nájera, por el impacto en la cara de un bote de humo lanzado por los antidisturbios en una manifestación en la Gran Vía. Protestaba precisamente por la muerte de Ruiz. Y esa noche, cinco abogados laboralistas fueron asesinados en su despacho de la calle Atocha.

La familia de Arturo Ruiz sigue buscando la verdad. En este momento confía en que la nueva ley de memoria histórica que el Gobierno espera aprobar este año incluya el levantamiento del secreto oficial sobre algunos sucesos de aquella época. La ley de secretos oficiales sigue siendo una norma franquista de 1968. Esto permitiría el acceso a documentación aún desconocida, que podría aportar luz a las familias de las víctimas sobre los casos sin resolver. Por otro lado, Arturo Ruiz es uno de los doce fallecidos por disparos de fuerzas de seguridad y pistoleros de ultraderecha que se le imputan en un proceso en Argentina al exministro de Interior de entonces, Rodolfo Martín Villa, junto a los de la catedral de Vitoria en marzo de 1976 y los de Sanfermines de 1978. Martín Villa prestó declaración por videoconferencia en septiembre, y aunque la juez María Servini debía decidir en diez días si le procesaba o archivaba el caso, el colapso de los tribunales del país sudamericano por la pandemia sigue retrasando la decisión.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3152 en: 26 de Enero de 2021, 06:34:56 am »


La investigación de la época fue compleja y muy controvertida, pero con una docena de testigos identificó como autor del crimen a José Ignacio Fernández Guaza, un matón de la ultraderecha de 29 años. Tenía vínculos con las fuerzas de seguridad y al día siguiente del crimen huyó al País Vasco con ayuda de un amigo que era agente de la Guardia Civil.






La pareja del fugitivo José Ignacio Fernández Guaza (en la imagen), su hermana y otros conocidos suyos que prestaron declaración ante el juez en 1977 afirmaron que trabajaba para la Guardia Civil o la Policía. “Realizaba funciones que la policía no podía hacer”, dijo su hermana, que añadió que iba con frecuencia al País Vasco " a ayudar a la Guardia Civil con los jaleos de ETA". Un amigo fascista de correrías explicó que alguna vez coincidieron cuando él iba a “operaciones Anti-ETA” y “a neutralizar las acciones que allí realizaba ETA”. Fernández Guaza tenía algunos alias, como El Frutero o El Posturas, fama de chulo, frecuentaba clubes nocturnos y vivía de explotación de la prostitución, según los informes policiales de la época.

En cuanto a Jorge Cesarsky, gozaba de muchas amistades en la Policía, porque conocía a un buen número de agentes de venderles pólizas de seguros de Sanitas, la empresa en la que trabajaba. Tras su condena a seis años, y mientras se resolvía su recurso ante el Tribunal Supremo, quedó en libertad provisional en febrero de 1979. En los meses siguientes fue localizado en Gran Canaria, frecuentando restaurantes de lujo y el casino del hotel Tamarindo. Una vez libre desapareció aunque, dado su carácter extrovertido y su afán de notoriedad, protagonizó incidentes públicos. En 1983, por ejemplo, intentó secuestrar al periodista José Oneto, entonces director de Cambio 16, cuando daba una conferencia sobre la Transición en Buenos Aires. Se presentó en la sala con unos policías amigos suyos y luego fue a buscarle al hotel. Oneto acabó durmiendo en la embajada, donde se refugió. “Me acuerdo muy bien de Cesarsky. Era un colaborador del servicio de Carrero Blanco, con muchas conexiones en el espionaje, que vivía muy bien, con nivel de vida, muy protegido”, ha recordado esta semana. Cambio 16 acababa de publicar que el argentino Rodolfo Almirón, entonces jefe de seguridad de Manuel Fraga, había sido en su país uno de los jefes terroristas de la Triple A. A final de ese año, 1983, la Policía le impidió entrar en España por el aeropuerto de Barajas porque el Gobierno español le había declarado persona non grata. Según refieren algunas webs de movimientos de ultraderecha, Cesarsky habría fallecido en 2011.

https://elpais.com/politica/2017/01/27/actualidad/1485529062_409006.html

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3153 en: 26 de Enero de 2021, 06:36:15 am »
Éste es uno de los casi 600 muertos que hubo durante los años de la transición, una transición al decir de algunos "modélica".

https://www.publico.es/politica/transicion-cuento-hadas-591-muertos.html

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3154 en: 27 de Enero de 2021, 01:00:54 am »
No sé yo si al final se irá el CNP de Vía Laeitana...

Citar
'Plan Renove' de Marlaska: las 45 obras que ejecutará la Policía Nacional hasta 2025

En el caso de Cataluña, las inversiones se destinarán a la rehabilitación general del complejo de Zona Franca (12 millones) y a la ejecución de obras de adecuación en la Jefatura Superior, ubicada en la barcelonesa Vía Laietana. Se trata de las céntricas dependencias que ERC quiere que se trasladen a otro emplazamiento, lo que llevó al citado grupo político a finales de 2019 a presentar una iniciativa en el Ayuntamiento de Barcelona que contó con el apoyo del PSC.

https://www.elindependiente.com/espana/2021/01/27/plan-renove-de-marlaska-las-45-obras-que-ejecutara-la-policia-nacional-hasta-2025/

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3155 en: 27 de Enero de 2021, 10:55:04 am »


Diez años de cárcel por decir "me cago en Franco"


Texto: Alejandra Acosta; fotos, vídeo y edición de vídeo: Fran Lorente y Javier Cantizani

Se publica una nueva edición ampliada de “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)”, obra del abogado laboralista y magistrado Juan José del Águila


Juan José del Águila, abogado laboralista y magistrado
El 70% de las personas procesadas por el TOP era de clase obrera
El 11 de septiembre de 1963 Timoteo Buendía Gómez, peón de albañil, se encontraba en el bar Acisclo, situado en el número 171 del Camino Viejo de Leganés, en el distrito de Carabanchel. Estaba bebido y gritaba “me cago en Franco” cada vez que el susodicho aparecía en la pantalla del televisor. Tan inocente desahogo le costó al hombre la friolera de diez años de prisión. No es ficción. Está documentado.

La de Timoteo Buendía fue la primera sentencia que dictó, en marzo de 1964, el siniestro Tribunal de Orden Público y por eso aparece mencionada en el libro “El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)” del abogado laboralista, magistrado y doctor en Derecho Juan José del Águila (Torremolinos, 1943), cuya segunda edición ampliada ha sido publicada por la Fundación Abogados de Atocha y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Su presentación prevista para el pasado 15 de enero en Madrid tuvo que ser aplazada a causa del temporal de nieve.

Creados por Ley de 3 de diciembre de 1963, el TOP y el Juzgado de Orden Público (JOP), junto a la Brigada Político-Social, que se reservó el papel de obtener confesiones de las personas detenidas a base de torturas y palizas (miembro destacado de esta policía fue Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, recientemente fallecido por Covid), constituyeron el entramado judicial represivo que el franquismo pergeñó contra la creciente oposición política, sindical y estudiantil que había aflorado a mediados de los años cincuenta, y de paso atemorizar y someter a la población trabajadora, cuya lucha cobraba fuerza impulsada por el nuevo movimiento sindical y sociopolítico de las Comisiones Obreras.

El TOP funcionó desde 1964 hasta enero de 1977. En total dictó 3.884 sentencias, el 74% de ellas condenatorias, impuso 11.958 años de cárcel y multas por valor de casi 33 millones de pesetas. El análisis sociológico realizado por Juan José del Águila deja en evidencia su carácter clasista: 7 de cada 10 personas que fueron llevadas ante este aberrante tribunal pertenecían a la clase obrera. El juicio con mayor número de procesados fue contra 40 mineros asturianos, y los inculpados con más sentencias del TOP fueron el minero Nicolás Corte y los fundadores de CCOO Eduardo Saborido y Marcelino Camacho. Los siguientes en su punto de mira fueron estudiantes y nacionalistas, fundamentalmente vascos.

El minucioso y documentado estudio que Del Águila ha realizado sobre el TOP y sus antecedentes –“yo, por sistema, no hago ninguna afirmación que no esté documentada”, afirma el jurista- despeja cualquier duda e intento de relativizar la feroz persecución que la dictadura franquista sometió a todo tipo de disidencia durante una de las etapas más oscuras y silenciadas de la reciente historia de España. Un trabajo que saca a la luz las farsas judiciales montadas únicamente para simular de cara al exterior apariencia de Estado de Derecho en un país en el que se violaban sistemáticamente los derechos humanos más elementales.

Los nombres de las 806 mujeres procesadas no se borrarán de la historia

“Quiero dar a conocer lo que fue y representó la dictadura franquista en el ámbito de la represión de la libertad y de aquellas actividades ideológicas subversivas”, declara el autor en su blog Justicia y Dictadura . Y a ello ha dedicado un montón de años de su vida, y lo sigue haciendo, y todo su conocimiento y dilatada experiencia como abogado -intervino como defensor en 43 juicios ante el TOP-, como juez durante más de tres lustros y como víctima, ya que él mismo fue una de las 9.146 personas procesadas por el TOP, que le condenó a un año de cárcel por repartir octavillas de CCOO y de las Comisiones Cívicas con motivo del Primero de Mayo. Cumplió condena en 1969 en las prisiones de Algeciras, Jaén, Madrid y Segovia.

Su obra pone en valor el papel que jugaron las mujeres, tanto como abogadas defensoras -73 letradas defendieron a 921 procesados- como acusadas por su activismo y contestación política al régimen autoritario, una presencia que se triplicó a partir de 1969. Concretamente, el TOP procesó a 806 mujeres. Todas ellas figuran en el listado nominal de procesados en uno de los apéndices del libro. Juan José del Águila se ha encargado de que sus nombres no se borren de la historia.

“El fusilamiento de Grimau fue un crimen de Estado. Lo he documentado”

Dos de los diez capítulos en los que se estructura la obra están dedicados al dirigente comunista Julián Grimau. El gran hallazgo histórico y político de la investigación de Juan José del Águila es la demostración de que su fusilamiento, el 20 de abril de 1963, fue un crimen de Estado y que además tiene vinculación con el TOP.

“El proyecto de ley del TOP contemplaba que una vez que éste entrara en vigor dejaban de tener efecto los delitos que castigaba la jurisdicción militar de 1938, entre ellos los delitos por los que se condenó a Grimau”, explica Del Águila. “Carrero Blanco, que actuaba como secretario del Consejo de Ministro, lo que hizo fue meter en un cajón el proyecto de ley, que ya estaba listo en marzo, y esperar a que se celebrara en abril el consejo de guerra que le sentenció a muerte. Estaba calculado. Todo un gobierno se manchó las manos de sangre y falsificó todo lo falsificable, desde las actas del Consejo de Ministros hasta el expediente de tramitación del Juzgado de Orden Público. Fue un crimen de Estado como un templo. Todavía viven algunos de los que participaron en los hechos y nadie me ha puesto una denuncia. Es la verdad y está debidamente documentada. La rehabilitación de Julián Grimau es una asignatura pendiente”.


“Bien se ocupa la derecha de insuflar criterios reaccionarios a los futuros jueces y fiscales”
María Emilia Casas, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, que prologa esta segunda edición, destaca, como antes lo hiciera Gregorio Peces-Barba, la importante contribución de Juan José del Águila a la memoria histórica de las instituciones judiciales de represión política más temidas del último franquismo, cuyo conocimiento se ha hurtado no ya a la ciudadanía sino, por sorprendente que parezca, a los estudiantes de Derecho en España. El veterano magistrado lamenta que ni en una sola convocatoria de oposiciones a jueces, magistrados y fiscales desde 1977 se haya incluido alguna materia que trate la represión durante la dictadura. “No quieren que se estudie porque hay una actitud deliberada para que estos hechos no se conozcan”, advierte.

“La derecha”, concluye Del Águila, “bien se ocupa de insuflar en las escuelas jurídicas a los futuros jueces y fiscales criterios que son bastante reaccionarios. Porque una cosa es que hayan asumido la Constitución en la letra y otra que lo hayan hecho en el espíritu”.


Detalle del despacho de Juan José del Águila
Tras la agenda del recluta ‘rojo’
Cuando en 1966 a Juan José del Águila le llegó la hora del obligatorio servicio militar estaba más que fichado por la policía política de Franco. Cuenta que estando en el centro de instrucción de reclutas de Cerro Muriano (Córdoba) ordenaron un registro con la excusa del robo de una esclava de oro con el único fin de hacerse con su agenda. La paranoia anticomunista de los represores militares  les llevó a confundir a dos turistas suizas que figuraban entre los contactos de Juan José con dos espías de algún país del Este. El recluta ‘rojo’ nunca recuperó su agenda. El Inspector Clouseau no lo hubiera hecho peor.

El libro sobre el TOP se lo ha dedicado a su padre, un farmacéutico con quien compartió banquillo de acusados en consejo de guerra en 1962 por un incidente a raíz de un alboroto vecinal a causa de la subida del precio de la entrada de los cines de verano. En uno de los altercados ocurrido en un cine próximo a la farmacia del progenitor un policía armada detuvo a un hermano menor de Juan José. Cuando el padre se presentó en el cine y manifestó su intención de llevarse a su hijo, el policía, sin mediar palabra, le propinó un guantazo e inmediatamente Juan José se interpuso para protegerlo. Éste fue absuelto pero al padre le condenaron a dos meses de arresto, que no cumplió al no tener antecedentes penales. “Una monstruosidad que me marcó e influyó en mi posterior evolución política al tomar conciencia de lo que suponía vivir sin libertades en un régimen completamente arbitrario”, comenta el magistrado.

Un año después se trasladó a Madrid a seguir sus estudios de Derecho e iniciar los de Sociología. Enseguida se afilió a la FUDE (la ilegal Federación Universitaria Democrática Española) y al PCE. El joven universitario vivió en una pensión hasta que Fernando López Agudín y Juan Francisco Pla, compañeros de facultad y miembros de la célula universitaria del PCE, le propusieron incorporarse al aparato de propaganda de la universidad. Le alquilaron un apartamento para camuflar material y custodiar bajo la cama una multicopista a la que llamaban la “malquerida” porque al ser clandestina iba de casa en casa. La copiadora acabó en el fondo del río Manzanares, donde la arrojaron una noche los tres por temor a un inminente registro policial.

“La represión es el nexo que recorre todo mi periplo vital”, constata Juan José del Águila, quien a pesar de la implacable persecución sufrida durante toda la dictadura, ha abordado siempre el estudio de la estructura jurídica del franquismo, como destaca María Emilia Casas, “sin rencor y con una gran honestidad”.

Trabajó en el primer despacho de abogados laboralistas de España, fundado por María Luisa Suárez Roldán en la madrileña calle de la Cruz. “Salí de prisión con una mano delante y otras detrás. Fue la única puerta profesional  que se me abrió”. En 1978 inauguró como letrado el Servicio de Asistencia a los Detenidos que montó el Colegio de Abogados de Madrid, y en 1989 ingresó como magistrado por el cuarto turno de juristas de reconocida competencia. Se jubiló en 2012

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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3156 en: 01 de Febrero de 2021, 06:26:40 am »
Mientras haya personas en fosas desconocidas las heridas de la contienda no se cerrarán.




Retrato de María Domínguez y exhumación de su cuerpo.

Hallan el cuerpo de María Domínguez, la primera alcaldesa republicana, con un tiro en la nuca
Su cuerpo ha sido localizado y exhumado en una fosa en el cementerio de Fuendejalón, donde fue asesinada por los franquistas en septiembre de 1936.
1 febrero, 2021 00:55

David Barreira @davidbr94

A finales de julio de 1932, durante los compases iniciales de la Segunda República, María Domínguez Remón fue nombrada alcaldesa de la localidad zaragozana de Gallur. Se convirtió así en la primera mujer de la democracia española al frente de un ayuntamiento. Cuatro años más tarde, tras abanderar con su pionero ejemplo la lucha por una sociedad más igualitaria, la también profesora sería fusilada por los golpistas en las tapias del cementerio de Fuendejalón, muy cerquita de su localidad natal de Pozuelo de Aragón, en donde se había refugiado tras el estallido de la Guerra Civil. Fue otra víctima más de la represión franquista.

Este fin de semana, casi 85 años después de su asesinato, los restos mortales de María Domínguez, alcaldesa, maestra y periodista, también conocida como 'María la Tonta' —ese fue el pseudónimo que utilizó para firmar muchos de sus artículos—, han aparecido en una fosa común con un tiro en la nuca, según ha anunciado el Gobierno de Aragón. El cuerpo ha sido exhumado y será sometido a una serie de análisis de ADN para cotejarlo con el de los descendientes de la regidora y confirmar su identidad. Pero los arqueólogos dicen que todo casa: se trata del cadáver de una mujer de entre 50 y 60 años con la marca del crimen perfectamente visible. En el enterramiento se han identificado otros tres varones.

María Domínguez fue fusilada en septiembre de 1936, mismo destino que sufrió su marido. Su cuerpo y un sencillo objeto personal, una peineta, han sido recuperados gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Fuendejalón, la Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón (AFAEM) y la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO). Los restos, sin embargo, no han aparecido en la tapia donde se creía y donde hay un memorial en homenaje a María Domínguez, sino unos metros más allá.

Carmen Calvo, vicepresidenta primera, ha celebrado la exhumación del cuerpo de María Domínguez, "gran luchadora socialista y feminista, asesinada en 1936". "Merece reconocimiento y que reivindiquemos su legado", ha asegurado en su cuenta de Twitter. También ha recordado que el Gobierno trabaja "para que no quede nadie en una fosa y recuperar su Memoria. Dignidad y Justicia".
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Cristina GómezLa única sobrina de Kamala Harris es una empresaria reconocida que ha trabajado para Facebook y Uber y que se ha convertido en una luchadora por los derechos de los negros con la moda y los libros infantiles.
Defensora de las mujeres

María Domínguez, nacida en 1882 en el seno de una familia humilde y campesina de Pozuelo de Aragón, educada de forma autodidacta, no lo tuvo nada fácil en su juventud: sus padres acordaron, contra su voluntad, un matrimonio con un hombre maltratador y borracho. Tras siete años aguantando continuas vejaciones, huyó atravesando el monte hasta Navarra y allí cogió un tren a Barcelona, donde trabajó una temporada como sirvienta y comenzó a escribir en sus ratos libres.

Tras mudarse a Zaragoza en 1914, empezó a estudiar en el turno de noche en la Escuela de Artes y Oficios mientras durante el día se ganaba un pequeño sueldo hilvanando medias con una máquina de coser que se había comprado con sus ahorros. Pero a su acecho siempre estaría el marido acosador, del que no se libraría definitivamente —en aquel momento no se había aprobado la ley del divorcio— hasta 1922, cuando falleció. Domínguez se casaría por segunda vez con un militante socialista, Arturo Segundo Romanos. El matrimonio se instaló en Gallur y al fin pudo abandonar sus tareas de sirvienta, dedicándose a la escritura.
La escritora e intelectual María Domínguez, en una portada del diario 'Crónica'.

La escritora e intelectual María Domínguez, en una portada del diario 'Crónica'.

En el verano de 1932, la inestabilidad política forzó al Ayuntamiento de la localidad a la dimisión en pleno. El gobernador civil tuvo que nombrar una Comisión Gestora y, al frente, a María Domínguez, que no militaba en ningún partido político. Se convirtió en la primera alcaldesa de la Segunda República —la primera de España fue Matilde Pérez Mollá en 1924, en plena dictadura de Primo de Rivera—.

María Domínguez fue una férrea defensora de los derechos de las mujeres y de la educación y de la cultura como principal motor del desarrollo del país. "La mujer en el Parlamento debe ayudar a legislar en favor de la clase trabajadora y aun de la misma mujer, que hasta hace poco tiempo ha estado postergada a las labores domésticas. La mujer debe laborar intensamente por mejorar la condición social de las demás mujeres", aseguró en una entrevista en 1932.

Su alcaldía, no obstante, sería breve, terminando en febrero de 1933 por una ley aprobada en el Congreso que sustituía a las comisiones gestoras y las forzaba a dimitir del cargo. En esos meses al mando del consistorio, la escritora trató de mejorar las condiciones de los trabajadores del campo para reducir el desempleo y adecentar el colegio de la localidad. Como pionera, creó una escuela mixta de niñas y niños. Terminadas sus responsabilidades políticas, regresó a la docencia y siguió escribiendo artículos en periódicos. Llegaría a convertirse en una reputada intelectual a nivel nacional. Hasta que la guerra, y los franquistas, acabaron con su vida de un tiro en la nuca.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3157 en: 10 de Febrero de 2021, 07:11:03 am »
Mientras haya fosas sin identificar España no cerrará sus heridas....y lo de "tengo el honor de manifestarle", muy de la época.



Los dos anillos en una fosa que permiten identificar al cabo republicano Alberto, fusilado en 1940 en Cádiz
La asociación Amede de San Fernando notifica a su familia de Cartagena el hallazgo del marinero ochenta años después de su muerte.
10 febrero, 2021 02:00

Jorge García Badía Murcia

Las cuatro calderas de vapor y las dos turbinas del destructor Almirante Valdés funcionaron a toda máquina -un lejano 5 de marzo de 1939- para dejar atrás el puerto de Cartagena y poner rumbo a Túnez a 35 nudos de velocidad. Entre la tripulación viajaba Alberto García Martínez, un cabo fogonero al servicio de la II República. Ese fue el inicio de la última misión de Alberto que le llevó al puerto de Bizerta donde el bando republicano había pactado entregarse tras perder la Guerra Civil. De allí este cartagenero dio con sus huesos en un campo de concentración en Cádiz y acabó sometido a un consejo de guerra que lo condenó a muerte por un delito de rebelión.

Ochenta años después sus familiares en Cartagena han tenido conocimiento de una información vital: el paradero de los restos mortales de su ser querido. Alberto estaba dentro de una fosa común del patio del cementerio de San Fernando, a 583 kilómetros de distancia de la ciudad portuaria que jamás le vio regresar porque murió tras ser fusilado un 18 de junio de 1940. Detrás de semejante revelación para los seres queridos de Alberto está la titánica labor de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (Amede).

“El rompecabezas que tenemos que reconstruir es enorme”, subraya a EL ESPAÑOL el presidente de Amede, Javier Pérez. Y no exagera porque esta asociación, desde 2016, trabaja ininterrumpidamente en el mencionado campo santo de La Isla donde diversas pruebas físicas y documentales apuntaban a la presencia de varias fosas comunes donde enterraron a cientos de víctimas de la represión franquista.
El presidente de Amede, Javier Pérez, trabajando en una de las fosas halladas en el patio del cementerio de San Fernando.

El presidente de Amede, Javier Pérez, trabajando en una de las fosas halladas en el patio del cementerio de San Fernando. Amede

El recinto original del cementerio se amplió en un patio en cuyos terrenos se levantaban quince cruces, algunas con nombres y otras simplemente con iniciales de los finados. Además, en esa zona también había un pedestal central que estaba coronado por una cruz con una breve leyenda que daba bastantes pistas sobre lo que podría haber bajo tierra: 1936-1939.

La pruebas documentales que corroboraban la presencia de fosas en el citado patio del campo santo venían recogidas en el libro ‘Trigo tronzado: crónicas silenciadas y comentarios’.

La publicación del difunto escritor José Casado recoge los fusilamientos perpetrados en La Isla (San Fernando) entre 1936 y 1940, por parte de los partidarios de la dictadura de Franco. En el libro se recogen documentos que transcribieron los sacerdotes que asistieron a los condenados a muerte por Consejo de Guerra o por Ley de Guerra. “Los curas dejaron constancia de los fusilamientos”.

Los religiosos fueron apuntando nombres y apellidos de las víctimas, la fecha, hora y lugar, así como información adicional: si tenían esposa, hijos y si confesaban o comulgaban antes de morir. “La edición del libro fue secuestrada por orden judicial porque venían los nombres de los represores y se llegó a vender de forma clandestina hasta que salió una reedición”, resalta Javier Pérez.

En cualquier caso, más allá de polémicas judiciales, lo cierto es que todas esas pruebas físicas y documentales llevaron a Amede a plantear la necesidad de sondear el cementerio a la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de San Fernando.
Amede está realizando exhumaciones en el cementerio municipal de San Fernando.

Amede está realizando exhumaciones en el cementerio municipal de San Fernando. Google Maps
La fosa número 7

De los sondeos en 2016 se pasó en 2017 a las excavaciones en extensión y a la exhumación de restos humanos. “Llevamos exhumados 108 cuerpos en total, pero hay ocho fosas donde creemos que se encuentran 229 represaliados de toda España, de los que 106 fueron militares”. Hasta ahora Amede tiene idenfiticadas “de forma presuntiva” a tres personas y una de ellas es Alberto García Martínez: nacido en Cartagena, el 7 de mayo de 1897.

“En el patio del cementerio hay enterrados cuerpos de represaliados que están mezclados con fosas de caridad que en aquella época se daban para que recibiesen sepultura personas sin recursos económicos y víctimas de enfermedades”, apunta el presidente de Amede sobre la enorme dificultad que entrañan los trabajos que desarrolla un equipo de técnicos, arequeólogos e historiadores. De hecho, ya han exhumado más de trescientos cuerpos que no tienen nada que ver ni con la Guerra Civil ni con la dictadura de Franco.

“A Alberto le encontramos durante el año 2020, junto a otro represaliado, dentro de la fosa número siete: tuvimos que estar durante meses exhumando muchos cuerpos hasta que dimos con ellos”, detalla Javier Pérez. Inicialmente este cartagenero era simplemente el sujeto 303 que apareció, según los informes forenses, en posición anatómica decúbito supino/dorsal, con flexión lateral del cuello y cráneo hacia la derecha. En la práctica, estaba boca arriba, y los restos óseos de este cartagenero presentaban signos de violencia compatibles con un fusilamiento.

La clave: los anillos

“El sujeto 303 apareció con dos anillos en el dedo índice de la mano derecha, con los nombres de Alberto y Dionisia: eso coincidía con la documentación que teníamos sobre una de las personas represaliadas a la que estábamos buscando”. A partir de las alianzas tiraron del hilo y lograron averiguar que se trataba de Alberto García Martínez, un cabo fogonero al servicio de la II República, que se casó con Dionisia Ros Martínez y tuvo dos hijos: María Mercedes y Alberto.
Uno de los dos anillos que el sujeto 303 lucía en el dedo índice de su mano derecha.

Uno de los dos anillos que el sujeto 303 lucía en el dedo índice de su mano derecha. Amede

“Parece que son alianzas de matrimono por ese elemento común del nombre de él y de ella, pero no lo podemos afirmar con rotundidad porque los anillos están deteriorados”, aclara Javier Pérez. Desde ese momento entró en juego la gran labor documental que desarrolla para Amede, el investigador y autor del libro ‘República, Alzamiento y Represión en San Fernando’, Miguel Ángel López.

“La aparición de los dos anillos ha sido increíble porque ha servido para identificar de manera presuntiva a Alberto sin tener que recurrir al ADN de él y su familia”, resalta Miguel Ángel López en conversación con EL ESPAÑOL.

Con los datos personales del represaliado este investigador empezó a escudriñar documentación y pudo reconstruir el puzzle de los que fueron los últimos días con vida de este cartagenero. “La primera noticia de Alberto la encontré en el Libro Único Secreto: el registro que hicieron los curas donde documentaron 132 muertes ocurridas en San Fernando y en el Puerto de Santa María”.

Las pesquisas de investigación le permitieron confirmar que este alumno de máquinas y cabo fogonero formaba parte de la tripulación del destructor Almirante Valdés, que el 5 de marzo de 1939 zarpó de Cartagena con destino al puerto de Bizerta (Túnez) donde llegó el 11 de marzo. “Era el punto neutral pactado por el bando republicano con el bando franquista tras perder la Guerra Civil y allí les esperaba el ministro de Marina, el almirante Francisco Moreno”.
El destructor Almirante Valdés donde zarpó el cartagenero Alberto García Martínez.

El destructor Almirante Valdés donde zarpó el cartagenero Alberto García Martínez. Casau
Campo de concentración de Rota

Durante aquel encuentro el régimen del general Francisco Franco incoporó a su contingente las embarcaciones de la flota de la II República y ofreció a la tripulación dos opciones: regresar a España para su reincoporación a la Armada o quedarse en un campo de prisioneros del Ejército fránces.

“El almirante se la jugó a todos los que decidieron volver a suelo español porque viajaron en las bodegas del destructor como prisioneros y acabaron en un campo de concentración de Rota”, aclara Miguel Ángel López.

“Los que no creyeron la palabra del almirante se acabaron alistando en la Legión Extranjera Francesa para no ser prisioneros”. Otros, según apunta el investigador tras cosultar diversas publicaciones, lograron huir y vivieron de forma clandestina por el norte de África. "Algunos se llegaron a incoporar a la resistencia francesa para combatir en la Segunda Guerra Mundial".

El pobre Alberto, el hijo de los cartageneros Nicasio y María, fue de los muchos que creyeron a Francisco Moreno, ministro de Marina, y aceptó la propuesta de regresar a España para reunirse con su familia y seguir sirviendo en la Armada. Pero el 2 de abril zarpó desde las costas tunecinas al puerto de Cádiz como preso de guerra: le esperaba el campo de concetración de Rota.

“En Rota acabó un grupo numeroso de la flota republicana: hablamos de cientos o miles”. El cartagenero Alberto pasó días de penuria entre rejas mientras el régimen de Francisco Franco elaboraba el preceptivo informe personal que se hacía de cada uno de los prisioneros antes de ser sometidos a un Consejo de Guerra.
Miguel Ángel López, investigador y socio de Amede.

Miguel Ángel López, investigador y socio de Amede. Cedida

“Cada juez pedía información al jefe de la Falange, a la Guardia Civil y al alcalde de su pueblo, en este caso el de Cartagena, los cuales debían informar sobre los antecedentes políticos, masónicos, sociales y moralidad de los presos, así como el comportamiento que tuvieron con el Alzamiento Nacional (golpe de estado) de julio de 1936”, enumera de forma didáctica el investigador.

Por si el proceso no fuese ya endiabladamente subjetivo algunos aprovecharon para aplicar la ley por su cuenta y perjudicar a los presos en la clasificación que se hacía previo al juicio: dudosos, recuperables al régimen o contrarios al movimiento.

“Hubo una serie de venganzas personales porque los que emitieron aquellos informes exageraron en contra de alguno, y eso sirvió para que fuesen acusados de rebelión: es lo que los historiadores llaman la Justicia al revés, porque aquellos marinos rebeldes contra la II República acusaron de rebelión a los marineros que se mantuvieron fieles”.
La tapia del cementerio

Como era de esperar Alberto llegó al Consejo de Guerra acusado de rebelión y fue condenado a muerte. El investigador Miguel Ángel López, socio de Amede en este importante proyecto que ha sido subvencionado con 30.000 euros por el Ministerio de Presidencia, se dirigió al Archivo Municipal San Fernando donde encontró en la caja 1138 el oficio del Juzgado Permanente del Departamento Marítimo de Cádiz.

El instructor era el teniente de Infantería de Marina, José Sánchez, que fue el encargado de comunicar al alcalde de La Isla que el marinero natural de Cartegana, de 43 años, sería fusilado la madrugada del 18 de junio.

“Por si tiene a bien dar las órdenes oportunas para estos casos, tengo el honor de manifestarle que mañana, a las 6 horas, será ejecutado el cabo de fogoneros Alberto García Martínez, sentenciado a muerte en la causa número 387 del año anterior [1939], por el delito de rebelión, junto a la tapia del cementerio municipal de esta población”, según recoge la orden del juez a la que ha accedido este diario.
Restos óseos exhumados de una de las fosas comunes del cementerio de San Fernando.

Restos óseos exhumados de una de las fosas comunes del cementerio de San Fernando. Amede

A las seis de la madrugada, del 18 de junio de 1940, este cartagenero confesó y comulgó para luego morir a tiros. El Archivo Municipal recoge que ese mismo día el alcalde emitió esta orden al conserje del cementerio: “Se proceda a su enterramiento en esa necrópolis”. Es el término que empleó para referirse a una fosa común donde acabaron varios cadáveres de fusilados.

Los hijos de Alberto tenían en el momento de su fusilamiento 9 añitos (María Mercedes) y 17 meses de vida (Alberto). Los restos óseos de los 108 cuerpos que hasta ahora han sido exhumados de las fosas comunes del cementerio de La Isla, ya han sido entregados en los laboratorios de identificación genética de Granada. De momento, este cartagenero es uno de los tres primeros que ha sido identificado sin confirmación por ADN gracias a los anillos y a la documentación localizada.

A pesar de todo, desde Amede se han puesto en contacto con algunos de sus familiares en Cartagena para informar del importante hallazgo.

"Ahora son ellos los que deben decidir si se someten a la prueba de ADN, consistente en una muestra de saliva a través de un hisopo bucal, para así poder entregarles los restos mortales de su familiar y que le puedan dar sepultura”, tal y como apunta el presidente de Amede, Javier Pérez. De esta forma se lograría uno de los dos objetivos que persigue el proyecto de esta asociación: “Localizar, exhumar e identificar a las víctimas del franquismo en San Fernando y recuperar su memoria y dignidad”.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3158 en: 11 de Febrero de 2021, 07:03:38 am »


EN EN EL CAMPO DE STUTTHOF
Irmgard F., la última nazi: acusada de 10.000 asesinatos en la IIGM a sus 95 años

Los investigadores tratan de estudiar si Irmgard F., secretaria del comandante del campo, puede ser juzgada, pues cuando sucedieron los hechos aún era menor de edad

Por Rubén Rodríguez
10/02/2021 - 19:43 Actualizado: 11/02/2021 - 01:11

A principios de 1945, los Aliados eran conscientes de que el fin de la II Guerra Mundial se estaba aproximando. A medida que iban ganando terreno al ejército nazi, el cerco al que les iban sometiendo iba reduciendo su campo de acción. En ese contexto, cada vez más ciudades fueron recuperadas por los Aliados... momento en el que descubrieron el verdadero horror del conflicto bélico, cuando comenzaron a descubrir los campos de exterminio. A día de hoy, siguen los macabros hallazgos.

Todo comenzó en 2016, cuando la Fiscalía de Schleswig-Holstein creyó haber encontrado a un soldado nazi que había participado directamente en la muerte de miles de personas y que no había sido juzgado. Los testimonios de supervivientes del campo de concentración de Stutthof, en la actual Gdansk (Polonia) pronto enfocaron en una dirección no investigada hasta ahora: una mujer, identificada como Irmgard F., pudo ser responsable directa de más de 10.000 muertes.

Ahora, cuatro años después del comienzo de las investigaciones, los fiscales estudian si pueden llevar a juicio a esta mujer, que en la actualidad cuenta con 95 años. El campo de Stutthof fue levantado en 1939 y comenzó a utilizar cámaras de gas en junio de 1944. Desde la creación del campo, Irmgard F. actuó como secretaria personal del comandante del campo, Paul Werner Hoppe, quien fuera condenado en 1957 a nueve años de cárcel por los asesinatos en Stutthof.

Los investigadores tratan de analizar si Irmgard F. puede ser enjuiciada por su participación en el campo de concentración, acusada de "complicidad en el asesinato en más de 10.000 casos". Según la acusación, "ayudó a los responsables en el campo en la matanza sistemática de prisioneros judíos, partisanos polacos y prisioneros de guerra rusos soviéticos, en su función de taquígrafa y secretaria del comandante del campo", al conocer los asesinatos deliberados que se estaban llevando a cabo.

El campo fue liberado por los rusos en 1945 y se calcula que, en sus más de seis años de funcionamiento, más de 100.000 personas pasaron pos sus muros, de los que fallecieron, aproximadamente, 65.000, de los que la Fiscalía le imputa su participación a Irmgard F. en, al menos, 10.000 de ellos. Pero ¿dónde está el problema? En el momento de los crímenes, esta secretaria nazi tenía 21 años, por lo que era menor. Ahora, un tribunal debe decidir si se la puede juzgar.

En sus declaraciones ante los investigadores, Irmgard F. ha reconocido haber trabajado en el campo de concentración de Stutthof, si bien se declara inocente, al asegurar que "no era consciente de que se estuviera gaseando gente allí". Ahora, será el tribunal de Schleswig-Holstein el que tenga la última palabra para decidir si debe de ser juzgada y, en caso afirmativo, cuál es la pena a la que debería de enfrentarse por su complicidad en el asesinato de inocentes.

El último soldado nazi del campo de concentración de Stutthof castigado por la justicia fue Bruno Dey, guardia del centro, que en 2020, cuando ya contaba con 93 años, fue condenado a dos años de prisión condicional en Hamburgo por complicidad en asesinato en masa. El caso de Irmgard F. es muy particular, pues muy pocas mujeres han sido castigadas por las atrocidades de los campos de exterminio, pero será la justicia quien decida sobre la última nazi de Stutthof.


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Re:Memoria histórica
« Respuesta #3159 en: 12 de Febrero de 2021, 14:58:57 pm »


El Estado deberá indemnizar a los Franco por los gastos de conservación del pazo de Meirás


La Audiencia de A Coruña certifica que el inmueble es propiedad del Estado. Los magistrados tachan de "fantasía total" la escritura de compraventa por la que supuestamente le vendieron el pazo al dictador.

Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada
Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada | EFE


   
Alfonso Pérez MedinaAlfonso Pérez Medina Madrid
Publicado:
Viernes,
12 febrero, 2021
14:09
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Los Franco ya están fuera del Pazo de Meirás 82 años después y su propiedad vuelve al Estado
La sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha declarado que el pazo de Meirás y las fincas incluidas en el recinto son propiedad del Estado, tal y como decretó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña el pasado mes de septiembre. Además, en la sentencia que responde al recurso de apelación presentado por la familia Franco, condena a los herederos a desalojar esas propiedades, "dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios", y ha ordenado la cancelación de las inscripciones registrales contradictorias sobre las fincas.

El tribunal ha acordado declarar inexistente, desde el punto de vista jurídico, la donación del inmueble y las fincas realizada en 1938 a Francisco Franco. Los jueces también han decretado nula, por "simulación absoluta", la escritura de . Además, han considerado "ineficaz" la partición de la herencia de Franco correspondiente a las fincas de Meirás, al igual que la donación de diversas parcelas situadas en el recinto del pazo que fueron donadas por Carmen Polo a su hija.

Los magistrados del tribunal provincial han confirmado la sentencia de primera instancia en lo relativo a la propiedad del pazo, pero han revocado parcialmente el fallo en otras cuestiones. Así, reconocen a los apelantes el derecho a ser resarcidos en los gastos necesarios en que incurrieron para la conservación del inmueble, pues consideran acreditado que realizaron "múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento" y que, tras el incendio de 1978, ejecutaron "múltiples reparaciones". Los jueces entienden que es "obvio" que si el edificio hubiese estado abandonado durante cuarenta y cinco años "su estado actual sería ruinoso". La cantidad que deberá abonarles el Estado por esos gastos se definirá en la fase de ejecución de la sentencia.

En lo que respecta a la liquidación del estado posesorio (restitución de los gastos en los que podría haber incurrido la familia mientras fue titular del inmueble), la magistrada de primera instancia entendió que no cabía porque la propiedad fue incorporada al patrimonio de la familia Franco "de mala fe".

Los magistrados de la Audiencia Provincial, sin embargo, consideran que no hay pruebas de que los demandados fuesen conscientes de que el título de propiedad de su abuelo fuese inválido. "Para estos herederos, el inicio de su propiedad es una inscripción en el Registro de la Propiedad de Betanzos en 1941 de una escritura de compraventa otorgada ante notario, en la que su abuelo compra a la nuera de doña Emilia Pardo Bazán el pazo. Finca que en 1976 se adjudica a su abuela, posteriormente pasa a ser propiedad de su madre y, ahora, de ellos. Todo con una cadena de transmisiones aparentemente impecable. No se atisba la razón por la que debieran ser conscientes de una supuesta irregularidad en su adquisición", indica la Audiencia, al tiempo que subraya que la creencia de que la adquisición era correcta también está avalada por el hecho de que, tras la muerte de Franco en 1975, "llevan más de cuatro décadas utilizando el pazo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños".

El escrito de compraventa, "una fantasía total"

Además, los magistrados destacan que "como tales dueños" han sido tratados hasta ahora por la propia Administración. "Aunque se diese por cierta la mala fe posesoria en Francisco Franco, no necesariamente se transmite a sus herederos. La reivindicación de la propiedad es un evento totalmente novedoso que se produce ahora por vez primera. La Administración nunca los requirió para que entregasen la propiedad de un inmueble que ahora se considera de dominio público", subrayan.

La Audiencia indica que Francisco Franco intentó regularizar la situación del pazo en el registro porque el pergamino de donación "no era documento hábil para obtener la inmatriculación al no ser una escritura pública". Los jueces aseguran que el buscar una fórmula para "legalizar" una propiedad "en modo alguno supone la mala fe en la posesión", pues afirman que "no necesariamente se hace para ocultar una posesión de mala fe, sino que puede tramitarse para regularizarla de buena fe".

El tribunal también estima el alegato de los recurrentes en cuanto a que la prueba practicada "acredita que la intención final de la Junta Pro Pazo del Caudillo fue donar las Torres de Meirás a la persona de Francisco Franco, no al Jefe del Estado, ni al Estado". Así, entiende que fue "un regalo personal al general que estaba ganando la guerra y cuyos favores pretendían granjearse los promotores". Los jueces, no obstante, advierten que esa intención "nunca llegó a ser efectiva" jurídicamente por la forma en que se donó, ya que nunca se otorgó una escritura pública. "La intención era donar a la persona, pero nunca se llegó a donar a nadie", concluyen.

La Audiencia refleja en la resolución sus dudas sobre quién ejerció desde 1940 hasta 1974 como dueño del pazo de Meirás, si el Estado o Francisco Franco a título personal, pero subraya que, a su juicio, lo relevante es que los terrenos colindantes al edificio "los ocupa el aparato del Estado desde el primer momento, desplegando su capacidad de ejercer la fuerza sobre los ciudadanos", así como que el Estado es el que realiza las obras de acondicionamiento. Concluye la sala que, hasta 1975, "se hace cargo de la totalidad de los gastos inherentes a la propiedad, obras de mejora y mantenimiento". Desde 1975 hasta la actualidad, según el fallo, son los herederos los que asumieron esos costes de mantenimiento, por lo que la Audiencia les reconoce el derecho a ser indemnizados.

En relación a la escritura pública de compraventa de 1941, el tribunal observa que "no se vende nada, es una mera apariencia de un negocio inexistente". Los jueces subrayan que esa escritura es "una fantasía total" que se otorga ante notario "para crear una ficción, plasmar un negocio jurídico no existente, pero logrando un título aparente que sí se puede presentar ante el Registro de la Propiedad".

Contra la resolución de la Audiencia Provincial puede interponerse recurso de casación o recurso extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo. Alternativamente, e incompatible con los anteriores recursos, si se considerase que la sentencia infringe normas de Derecho Civil de Galicia, puede recurrirse en casación ante el Tribunal Superior de Xusticia

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