Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 312208 veces)

Desconectado Der Kaiser

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3220 en: 29 de Junio de 2021, 03:13:11 am »
¿El dinero que se gastó la vieja chocha cambiando nombres de calles que tumbó la justicia?


El dinero público no es de nadie, por eso hay que volver a gastarlo para poner a este sujeto en el callejero de Madrid.




El PSOE llevará al pleno de mañana una propuesta para que las calles de Madrid no recuperen nombres franquistas

La calle de la Maestra Justa Freire volverá a llevar el nombre de Millán Astray

El País
Madrid - 28 jun 2021 - 5:00 CEST

El PSOE llevará al pleno del Ayuntamiento de Madrid de mañana una proposición para evitar devolver nombres franquistas a las calles. El grupo socialista quiere evitar que se rinda homenaje en una calle a los soldados españoles que juraron lealtad a Hitler. Además de otras dos vías, que ahora recuerdan a la Maestra Justa Freire y a la Institución Libre de Enseñanza, que también pueden recuperar el nombre de militares falangistas.

“Si no sale adelante nuestra proposición, el Ayuntamiento recuperara el nombre de unos hermanos falangistas para la calle Institución Libre de Enseñanza”, ha explicado el concejal Ramón Silva. El edil socialista también cree que el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida (PP) pretende recuperar el nombre de un general franquista [Millán Astray] en la calle de la Maestra Justa Freire.

El Comisionado de Memoria Histórica propuso en su día que esta calle se denominara Memorial 11 de Marzo de 2004, “para rendir así homenaje a las víctimas de aquellos terribles atentados que sufrió Madrid”, ha explicado el edil socialista.

La calle de la Maestra Justa Freire recuperaría el nombre de Millán Astray, jefe de la oficina de propaganda franquista. Silva explica que la situación tiene solución, pese a que “en su momento, cuando se hizo el cambio de calles, la justificación del Ayuntamiento seguramente no fue todo lo correcta que debió ser, y los tribunales la han rechazado”. Por eso, propone “hacer de nuevo la tramitación, argumentándola en la ordenanza que tiene el Ayuntamiento para la denominación de las calles, algo que se hace habitualmente y que el Gobierno municipal ha hecho recientemente cambiando el nombre de una plaza en Fuencarral”.
“Solo hace falta voluntad política”

A su juicio, “esto es viable, se puede hacer y solo hace falta voluntad política”. El concejal socialista ha recordado también que está pendiente el cambio de la denominación de la calle de los Caídos de la División Azul a Memorial 11 de marzo de 2004, para recordar a las víctimas de los atentados.

“Es algo que se puede hacer si el Ayuntamiento quiere, es viable jurídicamente, solo es necesario voluntad política para evitar que las dos calles anteriores cambien de nombre, y para que Caídos de la División Azul cambie, ya que homenajea a unos españoles que sirvieron en el ejército nazi, algo que desde luego no tiene nada parecido en ningún país de Europa”.

Conectado 47ronin

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3221 en: 01 de Julio de 2021, 07:03:11 am »

Los historiadores critican a Pablo Casado: "Ha justificado el golpe de Estado de Franco"

    Los expertos consultados coinciden en señalar la falta de rigor de la expresión del líder popular en el Congreso, que ha dicho que la Guerra Civil "fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia"

 Casado: "La Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia"


Peio H. Riaño
30 de junio de 2021 22:31h

30
@PeioHR

Hasta el momento el líder del PP había utilizado la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, reírse de la oposición y llamarles "carcas" que "están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién…". Este miércoles, en el Congreso de los Diputados, Pablo Casado ha dado un paso más allá en la radicalización de su discurso, según explican los historiadores consultados por elDiario.es ante la definición de Guerra Civil que ha leído en la tribuna: "Fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia".

"Ha justificado el golpe de Estado de Franco", dice Roberto Fernández, Premio Nacional de Historia 2015 por el libro Cataluña y el absolutismo borbónico: historia y política. Según concluye este historiador, solo hay una ley legítima y es la que se construye en democracia. Es decir, las leyes prerrogativas con las que el general sublevado asumió todos los poderes del nuevo régimen no son legítimas, porque acabaron con las legítimamente instauradas por la democracia sustentada en la voluntad del pueblo, no en la del arbitrio de un dictador. "Negar la existencia de leyes durante la II República es mentir. Aquellas leyes y su Gobierno elegido libremente fueron asaltados por las armas de quienes quisieron acabar con esa legitimidad. Aquello condujo a la Guerra Civil y esto es poco discutible a estas alturas", añade Fernández.

El juego de palabras construido en la frase de Casado, sin embargo, se vuelve en su contra, porque al dar por buena la sublevación de Franco contra el orden legítimamente constituido acredita el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, señala con audacia Roberto Fernández. "Al justificar que Franco se alzara contra la legalidad, justifica que cualquiera pueda alzarse contra ella, como hicieron los independentistas. No cabe duda de que España era tan democrática en 1931 como en 2017. Por eso los independentistas justifican la vía unilateral negando que exista la democracia en España", sostiene Fernández. Si Francisco Franco no traicionó a la España demócrata, según las palabras de Pablo Casado, el independentismo catalán al que no quiere indultar, tampoco.

Antonio Cazorla, investigador y profesor en la Trent University de Ontario (Canadá) desde hace más de una década, donde ejerce como catedrático de Historia Contemporánea de Europa, también está indignado con la revisión de la historia que ha hecho Casado. "Sus declaraciones podría haberlas hecho Viktor Orbán (primer ministro de Hungría). No es propio del centro derecha europeo que aspira a gobernar un país. Ha equiparado un Gobierno legítimo con un golpe de Estado fascista y con un argumento falaz", asegura Cazorla.

El historiador también señala otra falsedad en la frase de Pablo Casado, porque Franco se consagró como la fuente única de la legalidad. Para Cazorla, la declaración del líder del PP está basada en la "ignorancia de la extrema derecha", que refleja "un déficit de conciencia histórica y un déficit democrático que puede afectar a las instituciones". Esa deuda de conocimiento histórico y conciencia antifascista, dice, está afectando mucho a la identidad de la derecha española, que "no asume el franquismo y niega a la República, algo propio del discurso ultraderechista".

Bajo la visión del arqueólogo del CSIC Alfredo González-Ruibal, la sociedad está padeciendo una ofensiva del PP radicalizado que tiene su fuerte en Madrid, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. "Es el PP más ultra, el que peor representa al conservadurismo español tradicional, es el de la destrucción de las placas de la Almudena con los nombres de los fusilados por el franquismo, es el de la escultura del legionario en la Plaza de Oriente…", dice el arqueólogo especializado en investigación del pasado contemporáneo, que acaba de excavar las viviendas de los presos del Valle de los Caídos.

De hecho, este martes el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, del PP, aseguró que "la Guerra Civil no la ganó nadie". "Aznar comparado con Casado es un podemita, que concedió la nacionalidad a los brigadistas", cuenta Ruibal.

"Es inaceptable", resume Javier Moreno Luzón, autor de Centenariomania: conmemoraciones hispánicas y nacionalismo español (Marcial Pons). El historiador explica que Casado ha restado importancia al golpe de Estado para restarle legitimidad al Gobierno de la II República. Recuerda que la Guerra Civil es una sublevación de una parte del ejército contra la ley de un orden constitucional de un gobierno legítimo, elegido en unas elecciones libres.

Emilio Silva, presidente Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que, a ojos de Pablo Casado, el franquismo tendría legalidad y la República, no. "Está compitiendo en el presente con las relecturas del pasado y no le importa decir este tipo de barbaridades. Ha justificado clarísimamente el franquismo. Una vez más estamos ante el mito del eterno retorno de la derecha que no va a condenar la dictadura", sostiene Silva para hablar de contramemoria histórica.

 
   

Desconectado PELAYO

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3222 en: 01 de Julio de 2021, 08:23:41 am »
Vaya Historiadores que se han buscado, un independentista y otros con claro sesgo partidista.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3223 en: 01 de Julio de 2021, 11:37:46 am »
A éstas alturas tener que recordar que la Guerra Civil española se inicia con un alzamiento militar y un golpe de estado contra el legítimo gobierno de la República da qué pensar, pero tener que hacerlo con un político que aspira a ser Presidente del Gobierno y que representa a la derecha española no es que de que pensar, es que es el botón de muestra de que que franquismo hunde sus raíces en lo más profundo de la política española, que hay una derecha que no sólo no reniega de la dictadura, sino que son hijos de ella, que Fraga se vistió con la chaqueta de demócrata para tapar su pasado franquista pero que los hijos y nietos de los tecnócratas de Franco hacen lo mismo, al final va a resultar que el tardo franquismo no terminó en los ochenta, sino que se alarga hasta el sigo XXI, qué razón tenía el dictador cuando, en su testamento político, dijo que todo quedaba atado y bien atado. . . una pena, la verdad, sobre todo cuando esas declaraciones se hacen en el Parlamento, sede la la soberanía popular, y no en el Gato al agua, tertulia de nostálgicos del Régimen . . . aunque ellos por lo menos no se esconden detrás de una careta de demócratas. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3224 en: 12 de Julio de 2021, 07:49:43 am »

El borrador de Ley de Memoria no convence a las asociaciones ni a parte de las izquierdas: "Suspende en primero de antifascismo"

    El anteproyecto, que llega este martes al Consejo de Ministros, ha incorporado la necesidad de humillación a las víctimas para que la apología del franquismo sea algo más que libertad ideológica, como aconsejó el Poder Judicial. Unidas Podemos y ERC piden más ambición para darle su voto en el trámite parlamentario

Elena Cabrera
11 de julio de 2021 22:12h
@elenac

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática supone un avance respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007, en eso hay consenso. En cambio, también se queda corta, al menos para los grupos memorialistas y parte de la izquierda, si se equipara con el estándar internacional en materia de derechos humanos. Los pasos que camina la democracia española para reparar las llagas de 40 años de dictadura, impresas en la piel de varias generaciones, no satisfacen todavía a estos colectivos.

En este enfoque de derechos son cinco las medidas que deben adoptarse tras un conflicto del calibre de una dictadura: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Tanto el movimiento memorialista como algunas fuerzas políticas de la izquierda ponen en cuestión que, en materia de justicia ni en reparación, la ley cumpla con los estándares esperados. A la versión de la ley que llega al Consejo de Ministros se le augura "un trámite parlamentario duro", avanza Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos –cuya formación forma parte del Gobierno al cargo de la iniciativa–. Unidas Podemos apuesta por mejorar la ley vía enmiendas y no contemplan "otro escenario que no sea el de llegar a un acuerdo con el PSOE y con el resto de grupos parlamentarios", añade Gracia. "Por el momento nos parece que es una ley cosmética, un brindis al sol y eso es una mala noticia", puntualiza Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso.

Para ambos grupos de la izquierda, el objetivo será "pelear" por introducir las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas y equiparar la ley a las herramientras de otros procesos de reparación, "en la línea con la exigencia de verdad, justicia y reparación del Derecho Internacional y del relator Pablo De Greiff", indica Paco Gracia. El enviado de la ONU recordó que los efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el problema no es tanto la ley sino la interpretación restrictiva que se hace de ella.
¿Una verdadera tutela judicial?

Las novedades del anteproyecto de ley al respecto de los procesos judiciales son la creación de un fiscal de sala específico, la garantía de la investigación de las violaciones de derechos humanos y las inscripciones en el Registro Civil de las personas desaparecidas. Dice el borrador de ley que garantizará la tutela judicial sobre los hechos que afectan a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo pero, para las más de 50 asociaciones memorialistas y otras 75 entidades —agrupadas en la plataforma Encuentro por la Memoria—, no se permitirá el acceso a la tutela judicial efectiva hasta que no se deroguen dos puntos de la Ley de Amnistía de 1977 (los apartados e y f del artículo 2) que impiden investigar penalmente los crímenes del franquismo. Este será el principal caballo de batalla del grupo parlamentario de Unidas Podemos, partido de Gobierno, durante la tramitación parlamentaria. Este es también un punto imprescindible para otro de sus apoyos parlamentarios, ERC, que votará que no a la ley tal y como está redactada en este último borrador. Para Gabriel Rufián, "falta el reconocimiento de que el régimen y las sentencias fueron ilegales y que esto comporta una anulación efectiva de lo que dictaminaron sus tribunales", así como la necesaria derogación de la Ley de Aministía que "equipara a asesinos franquistas con víctimas republicanas".

La ley considera "ilegítimos" los órganos judiciales constituidos para imponer sentencias políticas durante la Guerra Civil, los que depuraron responsabilidades políticas entre 1934 y la sublevación militar y los Consejos de Guerra. También los tribunales que reprimieron la masonería y el comunismo entre 1940 y 1963, y el de Orden Público que funcionó desde ese año hasta el 77 para represaliar delitos políticos. Al respecto de la dictadura, se consideran nulas las condenas y sanciones contra quienes defendieron la República o lucharon en el antifranquismo. Pero se trata de una herramienta de reparación simbólica que no conlleva ningún tipo de indemnización.
Soldados heridos descansan de la batalla en la retaguardia republicana, en primer plano aparece uno de ellos con las piernas amputadas y montado en un carrito Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Esto es diferente a lo que pide ERC: la "ilegalidad" más allá de la "ilegitimidad" y que todas las sentencias de los tribunales franquistas sean nulas de plano, ya que se está depositando la iniciativa en las víctimas y sus familiares para que estas emprendan un proceso judicial administrativo.

El anteproyecto no considera a los crímenes del franquismo como de lesa humanidad, tal y como los entendía el exjuez Baltasar Garzón en su auto de 2008. Eso hubiera asegurado su imprescriptibilidad y eludiría, sin tener que derogarla, la Ley de Amnistía. En ese mismo sentido, las asociaciones memorialistas piden que España ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las Naciones Unidas de 1968.
Qué es una víctima del franquismo

La ley dedica un amplio artículo a la definición de víctima del Golpe de Estado de 1936, de la posterior Guerra Civil y de la dictadura. Lo hace tanto de manera amplia como entrando al detalle de los diferentes daños que pueden haber sufrido estas personas, que van desde la muerte o desaparición, al encarcelamiento, la deportación, los trabajos forzados, la represión, la incautación, la depuración y otras muchas violencias, incluida la participación en las guerrillas antifranquistas o la masonería.

Sin embargo, para Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, "sigue habiendo víctimas de primera y de segunda". A Silva, esta ley le parece que "de antifascismo tiene poco" puesto que es "una ley sin fascistas", donde "se habla mucho de las víctimas y nada de los verdugos".

En su declaración de 1985, la ONU hizo una definición de víctima de delito y abuso de poder que debería aplicarse sin distinción alguna. En esa descripción internacional y en el Estatuto de la Víctima se considera tal también a los familiares inmediatos de las directas, pero no así en la Ley de Memoria Democrática. De igual manera, no se habla de resarcimiento, de indemnización por parte del Estado, ni de asistencia, como indica Naciones Unidas. Entre 1979 y 2005, se destinaron 5,1 millones de euros a indemnizaciones, prestaciones y pensiones, en especial entre los años 1980 y 82. Se dio cobertura a 4.700 beneficiarios en forma de pensiones y prestaciones por mutilaciones. Pero no ha habido una compensación económica para las familias de los asesinados por los sublevados.
Dos soldados de las brigadas Internacionales con el casco puesto y la bayoneta calada Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Para Unidas Podemos, hay más víctimas que han quedado sin reparación y para las que se pide indemnización, como las personas obligadas a trabajar de manera forzosa. Cuando en 1990 se reconoció el pago de indemnizaciones a quienes habían sufrido privación de libertad durante más de tres años, no se incluyó a los que integraron los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores porque se consideró que no habían sido privados de libertad en sentido estricto. El Informe Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas, que se encargó en el año 2006, ya señalaba que se trataba de una "exclusión difícilmente justificable". Estaríamos hablando de supervivientes que hoy tendrían más de 90 años de edad.

Para Esquerra, las ayudas de los años 80 eran "asistenciales" y "carentes de un componente político", señala Rufián. "No nos vale. Las víctimas tienen que ser reconocidas políticamente y sus familiares tienes que ser reparados económicamente, como ha ocurrido en otros países de Europa", añade.

Una forma de reparación a los brigadistas internacionales es la concesión de la nacionalidad española, como propone el anteproyecto de ley. Pero este reconocimiento llega tarde y, por edad, es difícil que signifique algo. El último superviviente de las Brigadas del que se tiene constancia fue Josep Eduard Almudéver, que falleció el pasado mes de mayo a los 101 años. Por ello, Unidas Podemos propone que sea a sus descendientes directos que se hayan destacado especialmente por una defensa de los derechos democráticos a los que se les conceda la nacionalidad.

En la ley se fija el 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas, por ser el día de la aprobación en las Cortes de la Constitución Española. "Ese día no tiene nada que ver con el fascismo", explica Emilio Silva. "Fue un día en el que solo se habló de reconciliación pero nada se dijo sobre las víctimas. ¿Qué van a celebrar las víctimas ese día? Lo único que quiere el PSOE que se celebre: la transición", añade, recalcando que le parece una ley "partidista", "blandita con el fascismo", que "trata de no molestar" y que "no se sale del marco de la impunidad". "Es un regalo para los verdugos", concluye el presidente de la ARMH.
Cómo abordar las fundaciones franquistas

El otro gran tema en cuestión en las semanas previas ha sido el abordaje que hacía la ley de las fundaciones franquistas. El primer borrador del anteproyecto contemplaba que la apología del franquismo era una causa de extinción de una fundación, ya que es contrario al interés general. No obstante, un controvertido informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aconsejaba que se incluyera en la apología la humillación de las víctimas; en caso contrario, la actividad de estas fundaciones entraría dentro de la libertad ideológica, que está protegida en la Constitución. El Gobierno lo ha aceptado y ha corregido el proyecto de ley, añadiendo el requisito adicional de menosprecio a las víctimas. Paco Gracia, responsable de Memoria Democrática de Podemos, considera que "la propia apología del franquismo es per se una humillación a las víctimas", por lo que no habría que haber aceptado las objeciones del Poder Judicial. Para Gabriel Rufián, entender que el franquismo conlleva menosprecio y humillación a las víctimas o incitación al odio es "de primero de antifascismo".
Varias personas asisten a una convocatoria de exaltación del franquismo en el Panteón de Franco de Mingorrubio (Madrid), el pasado 28 de marzo de 2021 Europa Press

Según el Grupo de Memoria Histórica de la Eurocámara, aceptar el informe del CGPJ podría contravenir la Decisión Marco de 2008 que obliga a los Estados a tipificar como delito la apología, banalización o negación de los crímenes de lesa humanidad y la resolución del Parlamento Europeo de 2018 sobre el auge de la violencia neofascista en Europa que pide a los Estados miembros que adopten medidas suplementarias para prevenir, condenar y combatir la incitación al odio.

El Gobierno ha preferido la vía de extinguir las fundaciones franquistas a partir de la Ley de Memoria Democrática, incorporando la incitación al odio y el menosprecio a las víctimas, en lugar de otras opciones posibles como la modificación del Código Penal, de la Ley de Fundaciones o incluso apretando las tuercas del mecanismo de funcionamiento del Protectorado de Fundaciones, encargado de velar porque esta se atentan a sus fines por el bien del interés general. Será el Protectorado el encargado de instar judicialmente a la extinción de la fundación Francisco Franco o cualquiera otra que estime oportuno.
Hasta cuándo se extienden los tentáculos de la dictadura

El anteproyecto enmarca el periodo de persecución y violencia entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la promulgación de la Constitución Española de 1978. Las asociaciones piden que se extienda hasta 1983, pues en esos años "hubo más de 300 víctimas a manos de las fuerzas del orden y grupos parapoliciales de extrema derecha". Y, en el caso de las niñas y niños sustraídos y adoptados sin legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, piden que se prolongue hasta 1999, año en el que deja de tener reconocimiento legal en España el parto anónimo o secreto. No obstante, al estar ya en tramitación —aunque lenta— parlamentaria una ley específica sobre los bebés robados, no parece que sean objeto de esta ley.
Todo lo que no se sabe

Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno tendrá un año para modificar otra muy controvertida, la Ley de Secretos Oficiales, una norma de 1968 destinada a proteger las alcantarillas del franquismo. Los investigadores han reclamado la Es necesario abrir la apertura de esos ficheros para poder estudiar ese periodo. Con la ley quedará autorizado el acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa anteriores a 1968 siempre que no quede "comprometida la seguridad o la defensa del Estado", lo cual puede ser una puerta a las arbitrariedades. Este es un cabo suelto que Unidas Podemos va a solicitar sea eliminado.

La Ley de Secretos Oficiales, que será modificada o se creará una nueva previsiblemente en esta legislatura, no es la única que impide esclarecer hechos de la represión franquista. La Ley de Protección de Datos es a menudo la objeción para consultar algunos archivos, como el Regional de Madrid, como le ocurrió al presidente de la ARMH cuando quiso consultar los efectos de los bombardeos sobre Madrid mediante los expedientes de los hospitales.

La Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública propuso que la ley incluyera la creación de un censo de fondos documentales para la memoria democrática para conocer todos los archivos públicos o privados potenciales suministradores de evidencias sobre violaciones de derechos humanos. La ley, en cambio, lo que plantea es adquirir todos los documentos posibles e incorporarlos al archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), en Salamanca, con un presupuesto anual. Para los archiveros, la unificación física de todos estos documentos en el CDMH "está condenada al fracaso", así como el "acumular fondos, originales o copias, a través de la compra de archivos", por lo que proponen que su Censo sea un sistema de acceso unificado vía internet a todos los fondos. Esquerra reclama, en este mismo sentido, que centralizarlo todo en Salamanca no es la mejor idea y que los archivos municipales están llenos de información importante. "Hay que tener en cuenta que hay una relación entre la reparación económica y el contenido de ciertos archivos", por lo que es necesario abrirlos, indica Rufián.
Soldados trabajan para el comisariado de propaganda guillotinando hojas y preparando periódicos Archivo Histórico del Partido Comunista de España

Además de los públicos, hay otros dos tipos de archivos que preocupan: los privados y los de las Presidencias del Gobierno. Hay que señalar que algunas de las fundaciones franquistas que están en la mirilla de esta ley, son poseedoras además de archivos de difícil acceso: la Fundación Francisco Franco que custodia el archivo personal del dictador, del que no envió 133 documentos cuando se le solicitó una copia; el archivo del periódico El Alcázar en la Fundación José Antonio Primo de Rivera o todo el archivo del General Yagüe en la Fundación María Eugenia Yagüe Martínez Del Campo. La nueva ley de memoria declarará que todos documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra y la Dictadura se conviertan en Patrimonio Documental y Bibliográfico, lo cual permitiría una expropiación forzosa si los que los poseen no los conservan adecuadamente. Además, tendrán que ser apuntados dentro del censo que mantiene el Ministerio de Cultura.

Por último, la ley regula los archivos presidenciales posteriores a 1978, lo cual "no tiene sentido alguno" en esta ley, según la Asociación de Archiveros Españoles. El anteproyecto propone la creación de una Fundación del Sector Público para mantener, preservar y cuidar los archivos que genera cada Presidente, como es el caso del que posee la Fundación Felipe González. Los archiveros se oponen a ello porque "vendría a avalar el expolio que pudieran haber cometido los expresidentes que se hubieran apropiado ilegalmente de la documentación producida como consecuencia del ejercicio de su función presidencial", lo cual incumple la Ley del Patrimonio Histórico Español. Lo que se pide, por tanto y "con urgencia", es una Ley General de Archivos, que no existe en España.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3225 en: 14 de Julio de 2021, 07:56:25 am »

La Ley de Memoria Democrática amenaza nombres “franquistas” en cuarteles y unidades militares

Calles del arsenal de Ferrol dedicadas a marinos del bando sublevado de la Guerra Civil, la bandera de la Legión “Comandante Franco”... podrían ser rebautizadas
Fecha
14/07/21access_time 1:02

Aurelio Ruiz Enebral

El cambio de ministros del Gobierno que hizo público Pedro Sánchez el pasado sábado 10 de julio tuvo a Carmen Calvo como una de las grandes protagonistas. La hasta entonces vicepresidenta primera había sido la ‘número dos’ del Ejecutivo desde que el PSOE llegó a La Moncloa en junio de 2018.

Calvo deja el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática cuando estaba a punto de aprobar en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Memoria Democrática. Se trataba de uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta primera, que vendría a elevar las exigencias sobre eliminación de vestigios del franquismo respecto a lo que estableció la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Consejo de Ministros aprobó en 2020 el anteproyecto de ley, que durante meses ha sido objeto de propuestas y alegaciones, incluidas las del CGPJ que ha puntualizado varios aspectos. El Ministerio de la Presidencia informó a partidos y asociaciones por la Memoria Histórica que estaba a punto de llevar el texto al Consejo de Ministros, incluso se habló de este martes 13 de julio.

Sin embargo, el relevo de Carmen Calvo por Félix Bolaños ha paralizado, al menos por el momento, la discusión de este ley de hondo calado ideológico.

Pregunta sobre el Arsenal de Ferrol

Sobre esta ley, cabe señalar que hace un tiempo el Gobierno avanzó sus intenciones en lo que afecta a las Fuerzas Armadas, un ámbito donde siempre ha habido polémica sobre la simbología y las distinciones que aún recuerdan a Franco y a militares vinculados con la sublevación de julio de 1936 y con la dictadura.

A cuenta de este mismo asunto, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu en el Congreso, presentó una pregunta parlamentaria al Gobierno para respuesta por escrito. Iñarritu incluyó dos cuestiones:

-- “¿Cuáles son los nombres y denominaciones de las diferentes calles, edificios y zonas de la Base del Ferrol?”.

-- “¿Cuáles de ellas están dedicadas a franquistas o a hechos relativos al franquismo?”.

Al parecer, el diputado independentista vasco ya había solicitado esa información, y el Gobierno no le había dado respuesta.
“Nuevas previsiones” en la futura ley

Finalmente el Gobierno sí dio respuesta a Iñarritu. Desgranó que “las calles del Arsenal de Ferrol tienen los nombres de Almirante Fernández Martín, Soldado Lois, Almirante Vierna, Salvador Moreno, Marqués de Alborán, Cándido Pérez, González-Llanos, Crucero Baleares y Almirante Honorio Cornejo”.

Explicó el Ejecutivo que “al amparo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se revisaron los nombres, los actuales recuerdan a miembros de la Armada o buques con vinculación con la ciudad de Ferrol y con la Armada”.

Es decir, que en su día se hizo una revisión, se cribaron los nombres y se entendió que todos esos citados, los nombres actuales de las “calles” internas del Arsenal de Ferrol, cumplían la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez añadió en esa respuesta parlamentaria un apunte: “Finalmente se indica que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, en el que se incluyen nuevas previsiones respecto a las cuestiones planteadas”.

Es decir, abre la puerta a que haya novedades que afecten a las denominaciones de ubicaciones de bases militares.
El crucero ‘Baleares’ y marinos sublevados

Cabe señalar que ya el Ministerio de Defensa ha borrado algunos de los nombres de las calles del Arsenal de Ferrol, pero en otros lugares.

El pasado mes de mayo, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa hizo oficial el cambio de nombre del colegio de Pontevedra “Salvador Moreno”, dependiente de la Armada. Pasó a llamarse Colegio Juan Sebastián Elcano.

Salvador Moreno fue un marino de Ferrol que participó en la Guerra Civil en el bando sublevado. Al acabar el conflicto, Franco lo nombró ministro de Marina.

El Ayuntamiento de Pontevedra eliminó el nombre de Salvador Moreno de la calle donde estaba ese mismo colegio, y Defensa lo cambió hace meses. Queda su nombre en el callejero propio, interno, del Arsenal de Ferrol, una de las principales bases de la Armada.

Otras denominaciones también hacen referencia a militares y a buques que participaron en la Guerra Civil de 1936-1939 en el bando sublevado. Es el caso del “Soldado Lois”: Manuel Lois García era infante de Marina, embarcó en octubre de 1936 en el crucero ‘Baleares’ y murió en el combate del cabo Cherchel en 1937, cuando sufrió graves quemaduras al evitar que una caja incendiada hiciera explotar otra de proyectiles. Murió la noche siguiente y fue condecorado con la Medalla Naval individual y con la Cruz laureada de la Real y Militar Orden de San Fernando.

Ese buque, el crucero ‘Baleares’, y su almirante, el almirante Vierna, tienen también calle propia en el arsenal de Ferrol. El ‘Baleares’ fue ensalzado por el banco sublevado y la dictadura franquista como un símbolo de su heroísmo en la Guerra Civil.

El almirante Honorio Cornejo Carvajal fue ministro de Marina en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y tras estallar la Guerra Civil, fue encarcelado en el Madrid republicano y murió en la cárcel en 1937.

Pedro Fernández Martín sí participó en la guerra, en el bando sublevado, y fue ascendiendo mientras prestó servicio en distintos buques a lo largo de la contienda. También fue enviado por el régimen a colaborar con la marina de guerra de Adolf Hitler.

El Marqués de Alborán, Francisco Moreno Fernández, se unió a la sublevación contra el gobierno del Frente Popular y a los pocos días fue nombrado “Jefe de la Flota Nacional, cargo que desempeñó hasta el final de la guerra”.

Cándido Pérez -cuyo nombro bautizó un patrullero de la Armada- fue un alférez maquinista fusilado por las tropas republicanas durante la Guerra Civil tras ser apresado en Bilbao.

Por tanto, la referencia del Gobierno a que la próxima Ley de Memoria Democrática incluye “nuevas previsiones respecto a las cuestiones planteadas” sobre las calles del Arsenal de Ferrol, apunta a que alguna de ellas pueda ser eliminada por llevar el nombre de buques o marinos que participaron en la Guerra Civil del lado de Franco.
La nueva ley, más exigente

Confidencial Digital ha consultado el último borrador enviado a partidos y asociaciones desde el ministerio, en fechas recientes. Es una ley mucho más extensa que la vigente Ley de Memoria Histórica de 2007: tiene 65 artículos, frente a 22, y sobre todo, establece una serie de requisitos con los que elementos “franquistas” que se salvaron de la retirada, ahora serán eliminados una vez se apruebe.

La Ley de Memoria Histórica actual sólo incluye un artículo sobre “Símbolos y monumentos públicos”, el 15. Establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

Otros puntos del mismo artículo precisan el alcance del primero: “Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”, “El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior”...

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que estaba a punto de llegar al Consejo de Ministros se detiene mucho más en este asunto.

El Capítulo IV lleva por título “Del deber de memoria democrática”, e incluye, por ejemplo, la Sección 1ª “Símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática”, y la Sección 2ª “Distinciones, condecoraciones y títulos”.
“Exaltación de la sublevación militar”

Principalmente trata el tema de los vestigios franquistas el artículo 35, “Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”.

Su redacción es mucho más extensa que la del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, y además incluye cambios notables.

-- “1. Se consideran elementos contrarios a la memoria democrática los escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

-- “2. Asimismo, serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos realizados en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

-- “3. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”.

-- “4. Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”.

-- “6. Lo previsto en los apartados anteriores no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley.

-- “A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, concurrirán razones artísticas cuando se trate de elementos con singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del Patrimonio Histórico Español. Únicamente se considerará que concurren razones arquitectónicas cuando el elemento sea fundamental para la estructura del inmueble, de tal modo que su retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del inmueble o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación”.
Topónimos, callejeros, centros públicos...

Hasta ahora se establecía “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.

La futura Ley de Memoria Democrática, tal y como estaba a punto de aprobarse antes del cese de Carmen Calvo y su relevo por Félix Bolaños, ya no habla de la Guerra Civil, sino “de la sublevación militar”.

Es un punto relevante. Acogiéndose a la redacción sobre “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil”, por ejemplo del Ayuntamiento de Madrid ha retirado placas a Francisco Largo Caballero, por haber sido presidente del Gobierno de la Segunda República durante la Guerra Civil.

Cuando se apruebe la ley, sólo se perseguirán los nombres de miembros del bando sublevado y de la dictadura.

En todo caso, se establece que se han de eliminar “las referencias realizadas en topónimos, en el callejero o en las denominaciones de centros públicos realizados en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

En esta nueva categoría se podría considerar a numerosos militares, que siguen teniendo placas o elementos de recuerdo en bases, cuarteles y unidades de las Fuerzas Armadas, y que participaron en la Guerra Civil en el bando sublevado o que fueron militares durante la dictadura de Franco.
Bandera “Comandante Franco” de la Legión

Distintos generales han sido causa de polémicas por referencias en cuarteles y unidades militares, pero sobre todo es la figura de Franco la que sigue provocando críticas desde la izquierda a las Fuerzas Armadas.

Como ya se contó en estas páginas en julio de 2020, el diputado de EH Bildu antes mencionado inquirió por escrito al Gobierno sobre la “Bandera Comandante Franco” de la Legión. Pedía explicaciones sobre por qué lleva ese nombre la Iª Bandera “Comandante Franco” del Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión, con sede en Melilla.

Lo cierto es que se distinguió por primera vez con ese nombre a una bandera de la Legión en diciembre de 1936, en plena Guerra Civil. La IXª Bandera se mantuvo con el nombre “General Franco” hasta que fue disuelta en 1994 para formar la Bandera de Cuartel General de la Brigada de la Legión. A cambio, la Iª Bandera “Casa de Borgoña” fue rebautizada con el nombre de Franco, pero no como general sino como “Comandante Franco”.

Hay que recordar que Francisco Franco fue uno de los colaboradores más cercanos a José Millán-Astray cuando éste fundó la Legión en 1920, hace ahora cien años. Como comandante, Franco asumió a los pocos meses el mando de la primera bandera, de las tres que formaban entonces el Tercio. Combatió con ella en África, y al frente de esa Iª Bandera fue uno de los responsables del socorro a Melilla, cuando las cabilas rifeñas amenazaron la ciudad española tras el Desastre de Annual. Después Franco llegó a dirigir la Legión en 1923, al morir Rafael de Valenzuela, el primer sucesor de Millán Astray.

La respuesta del Ministerio de Defensa sobre este asunto llegó de forma verbal, no escrita. La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, respondió en una comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.

Valcarce dio a entender que el Ministerio de Defensa se estaría planteando cambiar el nombre de esa bandera de la Legión. Eso sí, dijo que conforme a la Ley de Memoria Histórica de 2007 se hizo “un inventario de elementos y símbolos localizados en diferentes departamentos para su retirada”, y entre 2009 y 2010 “se trabajó sobre un total de 410 símbolos y se han modificado 11 denominaciones de bases, acuartelamientos o establecimientos”.

Emplazó a la futura Ley de Memoria Democrática para decidir qué hacer con la Iª Bandera “Comandante Franco” del Tercio “Gran Capitán” 1º de la Legión.

En los últimos meses se han suscitado diferentes polémicas que han tenido como común denominador que daban la imagen de que las Fuerzas Armadas son un reducto de nostálgicos del franquismo. En muchos casos se denunciaba la persistencia de nombres, símbolos o celebraciones de efemérides elogiosas con el franquismo o con el bando sublevado en la Guerra Civil.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3226 en: 19 de Julio de 2021, 15:28:52 pm »

Casado se compromete a derogar las leyes de Memoria si llega a la Moncloa


El líder del PP asegura que la Ley de Concordia con la que pretende sustituir a esas normativas está "ya hecha" aunque sigue sin presentarla pese a comprometerse a registrarla en 2020. Asegura que su borrador forma parte de los textos que prepara el partido para cuando logre el poder
— La Ley de Memoria extingue la Fundación del Valle de los Caídos





Pablo Casado, este lunes, durante un acto del PP en Ávila.
Pablo Casado, este lunes, durante un acto del PP en Ávila. David Mudarra / PP
Iñigo Aduriz

19 de julio de 2021 13:39h
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@inigoaduriz
"En cuanto lleguemos al Gobierno sustituiremos la ley de memoria histórica por una ley de concordia, que tenemos ya hecha". Con estas palabras se ha expresado este lunes el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante un acto de la convención de su partido sobre Concordia, Constitución y Patriotismo que ha tenido lugar en Ávila. La idea del líder de los populares es, por tanto, derogar todas las leyes sobre Memoria, incluida la de Memoria Democrática que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana, si en algún momento consigue llegar a la Moncloa.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3227 en: 19 de Julio de 2021, 15:35:49 pm »
Hacer unas declaraciones así es tanto como reivindicar la Dictadura de Franco y justificar la Guerra Civil y el golpe de estado que la propició . . . pero. . . de qué me extraño si eso mismo lo hizo hace unos días desde la tribuna del Congreso?. . . España necesita un partido conservador que esté a la altura de sus homólogos europeos y el PP cada vez está más en la esfera de Orban . . . y España y los españoles no se merecen un partido así. . . por mucho que unos Cayetanos que se manifiestan en Mercedes estén la mar de contentos. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3228 en: 20 de Julio de 2021, 07:44:36 am »

La Fundación Franco se podrá cerrar si sus actividades "humillan a las víctimas" de la dictadura
Tras el contundente informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley, Moncloa maquilla el texto y fuerza la máquina para lograr el cierre de la fundación.
20 julio, 2021 02:49


Daniel Ramírez @danielramirez99


Cuando el Gobierno exhibió su anteproyecto de Ley de Memoria Democrática el año pasado, el CGPJ emitió un contundente dictamen: advirtió a Moncloa de que la norma podía violar la libertad de expresión e ideológica, y el derecho de reunión.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3229 en: 20 de Julio de 2021, 08:03:06 am »
Hacer unas declaraciones así es tanto como reivindicar la Dictadura de Franco y justificar la Guerra Civil y el golpe de estado que la propició . . . pero. . . de qué me extraño si eso mismo lo hizo hace unos días desde la tribuna del Congreso?. . . España necesita un partido conservador que esté a la altura de sus homólogos europeos y el PP cada vez está más en la esfera de Orban . . . y España y los españoles no se merecen un partido así. . . por mucho que unos Cayetanos que se manifiestan en Mercedes estén la mar de contentos. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3230 en: 20 de Julio de 2021, 14:42:11 pm »


 https://youtu.be/gXjEE47-TuQ


Que lujo de ponencias.

Fdo. PABLO CASADO

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3231 en: 21 de Julio de 2021, 11:21:34 am »


Mantiene la disolución de fundaciones
Por qué el Gobierno renuncia a convertir en delito la apología del franquismo
La Ley de Memoria Democrática finalmente no introduce en el Código Penal esta figura. Los requisitos legales y jurisprudenciales del ilícito convertían en inviable su aplicación

Por Pedro del Rosal
21/07/2021 - 05:00

Finalmente, la nueva Ley de Memoria Democrática no tipificará como delito la apología del franquismo. A pesar de que tanto el Gobierno como el PSOE habían insistido en los últimos meses en que la norma introduciría este nuevo ilícito en el Código Penal, lo cierto es que el proyecto de ley que ayer aprobó el Consejo de Ministros obvia esta medida y se limita a encomendar que se pongan en conocimiento de la Fiscalía aquellos "actos públicos" en los que "se adviertan hechos que puedan ser constitutivos de delito" por suponer una humillación a las víctimas, o una exaltación de la Guerra Civil, la dictadura o la represión. Es decir, de acuerdo con el articulado adelantado por 'La Vanguardia', la situación en materia penal queda como hasta ahora y cualquier hecho que revista carácter ilegal será evaluado de acuerdo con la legislación ya existente.

   

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3232 en: 23 de Julio de 2021, 07:36:30 am »

Grupos falangistas convocan a una misa en el Valle de los Caídos contra la exhumación de Primo de Rivera

Están animando a acudir este domingo 25, festividad de Santiago, tras conocerse el proyecto de Ley de Memoria Democrática que también supondrá la expulsión de los monjes benedictinos

22/07/21access_time 10:43

Aurelio Ruiz Enebral

La aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley de Memoria Democrática ya ha provocado la convocatoria de una acción de protesta. De forma similar a lo que sucedió en el verano de 2018 con la exhumación de Franco, la respuesta de varios colectivos ha sido promover la asistencia masiva a la misa del domingo en el Valle de los Caídos.

“Patriotas”, el colectivo que trató de reunir a partidos de extrema derecha en la coalición ADÑ, está difundiendo una convocatoria para acudir a la misa de 11:00 del domingo 25 de julio, que además es la festividad de Santiago, Patrón de España.

El objetivo de la convocatoria está claro: “¡En defensa de España y del Valle de los Caídos!¡Ahora o nunca!”. La nueva normativa que pretende aprobar el Gobierno supondrá una revolución en el mausoleo, incluida la salida de los monjes de la abadía benedictina que viven allí.

La imagen de esta movilización incluye fotos del Valle de los Caídos, incluida una de la lápida que cubre el féretro con los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, al que el Gobierno pretende exhumar para que deje de estar en un lugar preeminente como es delante del altar mayor de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Esta convocatoria es muy similar a la de hace tres años. El recién formado Gobierno de Pedro Sánchez anunció en sus primeras semanas que iba a sacar del Valle de los Caídos los restos mortales de Francisco Franco.

En protesta por ese anuncio, el domingo 15 de julio de 2018 varios cientos de personas abarrotaron los accesos al Valle de los Caídos y asistieron a la misa. Pese a que estaba prohibido, muchos entraron con banderas de España con el águila de San Juan, cantaron el Cara al Sol e hicieron el saludo fascista.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3233 en: 23 de Julio de 2021, 08:48:36 am »

El Gobierno rechaza transferir 1,3 millones a los monjes del Valle de los Caídos por su negativa a mostrar sus cuentas

    Patrimonio Nacional lleva desde 2018 sin ingresar los 340.000 euros anuales de asignación a la Fundación de la Santa Cruz a través de la que financia a los monjes
    — La Ley de Memoria extingue la Fundación del Valle de los Caídos y un decreto posterior expulsará a los frailes


Irene Castro / Jesús Bastante
22 de julio de 2021 22:07h
@irecr
@BastanteJesus

El Gobierno tiene claro que no quiere a los monjes benedictinos en el futuro próximo del Valle de los Caídos. No entra en el plan de resignificar ese lugar e intentar eliminar todas las rémoras del franquismo. Y esa orden religiosa está estrechamente vinculada al mausoleo que diseñó el dictador. Pero, a la espera de que se tramite la ley de Memoria Histórica que será el paraguas para expulsarles, el Ejecutivo ha cerrado el grifo a esa orden que encabezó sin éxito la rebelión contra la exhumación de Francisco Franco y ha dejado de ingresar la subvención anual que le canaliza a través de Patrimonio Nacional.

En total, los 15 benedictinos (sin contar a profesos o novicios) que residen en Cuelgamuros han 'perdido' 1,3 millones de euros. El Gobierno decidió en 2018 no transferir los 340.000 euros desde la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –cuyo patronato controla a través de Patrimonio Nacional– ante la falta de transparencia en sus cuentas. Fuentes de la institución que hasta ahora presidía Llanos Castellanos y que este martes pasó a manos de Ana de la Cueva explican que los monjes solo justificaban los gastos de esa subvención, pero no la totalidad de los mismos, que era superior.

La decisión es que hasta que los monjes que lidera el prior Santiago Cantera no pongan negro sobre blanco su balance presupuestario –que incluye, por ejemplo, los ingresos y gastos de la Hospedería– no se hará esa transferencia que en 2019, 2020 y lo que ha pasado ya de 2021 no ha salido siquiera de Patrimonio Nacional hacia la fundación, según fuentes de la institución dependiente del Ministerio de Presidencia. "No han cumplido con la obligación que les corresponde como beneficiarios", sentenció el ahora exsubsecretario del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo López.
Opacidad y falta de rendición de cuentas

Y es que los benedictinos han estado viviendo sin ningún tipo de control presupuestario desde que en 1957 un decreto de Franco les encomendó la gestión del Valle de los Caídos y, en concreto, "mantener el culto en todo su esplendor", "dirigir la escolanía", "recopilar la doctrina de los pontífices" y "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional".

En 2016, el Tribunal de Cuentas alertó de que no existía rendición de cuentas y detectó todo tipo de deficiencias contables. Un año después –con Mariano Rajoy aún en Moncloa– Patrimonio Nacional les exigió que presentaran por primera vez un presupuesto completo. La abadía despachó ese requerimiento en una hoja los gastos e ingresos que preveían para 2018 sin aportar información concreta y con 600.000 euros de déficit a cargo del Estado. Por ejemplo, declaraban unos ingresos de 660.000 euros con la hospedería y más de 200.000 euros por "donativos" y unos gastos de 20.000 euros en atención médica y 300.000 en comida para monjes, escolanos y visitas.

Esa opacidad y desequilibrio presupuestario son los que llevaron al Gobierno a congelar la subvención de 340.000 euros hasta que los monjes ofrecieran el detalle de sus cuentas y elaborara un presupuesto equilibrado. Esa subvención los religiosos la utilizaban para comprar comida, pagar el teléfono, contratar a la "limpiadora" y la "lavandera", hacer excursiones con los niños de la escolanía, comprar velas para las misas o renovar los hábitos benedictinos cuando se desgastan, según el informe al que accedió elDiario.es.

Pero el mantenimiento del Valle de los Caídos es muy superior a esa subvención y ha seguido corriendo a cargo del Estado, que asume los costes de las reparaciones del complejo, con serios problemas de humedades y desprendimientos. Según los datos del Portal de Transparencia se empleaban unos 250.000 euros públicos anuales de media: desde el mantenimiento del funicular (más de 100.000 euros en tres años), conservación de las estructuras de los brazos de la cruz (22.000 euros), reparación de cornisas de la Abadía (11.610 euros), de las carpinterías de la escolanía (45.000 euros) o la enfermería para los monjes (45.000 euros). En salarios de personal, según datos facilitados por Patrimonio, se emplean en torno a un millón de euros al año (de los 1,2 millones de 2014 a los 1,02 de 2017).

El Gobierno está determinado a cambiar por completo el Valle de los Caídos y su gestión a través de la ley de Memoria Democrática –que servirá de paraguas legal para sacar a los benedictinos–. Pero hasta que termine la tramitación parlamentaria dentro de unos meses el Ejecutivo ha ido ya allanando el terreno para que el recinto se autofinancie.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 incorporaron una disposición adicional para modificar el régimen de ingresos y gastos de la fundación que rige el funcionamiento del Valle de los Caídos. Desde su aprobación, dejan de contabilizarse como movimientos de Patrimonio Nacional, que cargará a la fundación los gastos que genere el recinto –con excepción de su personal– así como los ingresos procedentes de la "actividad, rendimientos y explotación de los bienes y derechos de titularidad" de la misma.

Sin la subvención ni la Hospedería funcionando por la pandemia –según informa su página web, "reabrirá sus puertas partir del 14 de octubre, Dios mediante, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan"– los ingresos de los benedictinos se han visto reducidos, aunque mantienen la petición de donativos a los fieles que son deducibles fiscalmente al tramitarse a través de una fundación. Tanto los frailes como los grupos ultracatólicos que defienden su permanencia en Cuelgamuros denuncian que el Gobierno les "asfixia" económicamente antes de desalojarlos, con la intención de que sean ellos los que abandonen una batalla que, como informó elDiario.es, están dispuestos a dar hasta el final.






   


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3234 en: 24 de Julio de 2021, 01:49:08 am »
La culpa de ellos por no tener las cuentas claras.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3235 en: 26 de Julio de 2021, 09:48:48 am »


Demoler la cruz


La cruz del Valle de los Caídos es en sí misma una exaltación del franquismo porque la Iglesia fue colaboradora necesaria del democidio español y porque el monumento tuvo como especificidad su carácter religioso

Antonio Maestre
 @AntonioMaestre
Plano general de la Basílica del Valle de los Caídos.
Plano general de la Basílica del Valle de los Caídos. EFE/J.J. Guillén POOL/Archivo
24 de julio de 2021 20:21 h
0

Demoler la cruz. Acelerar la degradación natural con la voladura de una obra fascista como símbolo de la restitución de la democracia. Destruirla como hicieron los aliados con la cruz gamada del Zeppelinfeld en Nuremberg, donde los nazis realizaban sus actos de fuerza y exaltación. La ciudad alemana restaurará el estadio para recordar lo que allí sucedió, pero sin la esvástica presente. El ejemplo a seguir para nuestro lugar de vergüenza. Destruir la cruz, desacralizar la abadía, sacar a los monjes del lugar, devolver dignidad a los represaliados enterrados y transformarlo en un memorial al estilo del que hay en Auschwitz o al de Rivesaltes para mostrar la barbarie en la que también participó la Iglesia Católica por mucho que le pueda ofender recordarlo.


La cruz es en sí misma una exaltación del franquismo porque la Iglesia fue colaboradora necesaria del democidio español y porque el monumento tuvo como especificidad su carácter religioso. La moral y la norma católicas servían como elemento represor de los presos que lo construyeron y de los cuerpos de los que allí yacen. Franco no permitió que hubiera ningún represaliado en sus criptas que hubiera renegado del catolicismo entre los más de 34.000 republicanos que fueron trasladados sin permiso de sus familias al no encontrar suficientes fascistas que enterrar en el mausoleo. Ni el nacionalismo español ni el catolicismo pueden separarse del franquismo y esa mancha la tendrán para siempre en su legado.


El Gobierno no lo va a hacer, aunque sea necesario para resignificar de manera efectiva el mamotreto de Cuelgamuros. Sin hacerlo ni pretenderlo ya es una de las falacias que está usando la extrema derecha para oponerse a una ley a la que se enfrentan de manera personal y familiar por poner negro sobre blanco que sus antepasados fueron los responsables de miles de muertes, expolio y corrupción. No aprende la izquierda en lo que respecta a los procesos de memoria, no hay nada que pueda hacer para atraer a la derecha al respeto a las víctimas. Hay que hacerlo pese a ellos, en contra de su resistencia.

La pervivencia de la cruz en el complejo franquista es muestra del complejo del PSOE. Una ley de memoria democrática timorata y que en algunos aspectos roza la burla a las víctimas. La permanencia de la cruz a pesar de que el relator de derechos humanos Pablo de Greiff expresó que la simple existencia del Valle de los Caídos es una exaltación del franquismo deja en evidencia la incapacidad del PSOE, ahora con Unidas Podemos, de mostrar ambición para aprobar una ley que otorgue a España una cultura democrática que se rija por los estándares europeos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.


La cruz no es solo símbolo de la barbarie del franquismo, sino de lo exiguo de una ley que tiene como punto más sonrojante la negación a las víctimas del franquismo del mismo estatus que a otras víctimas que tienen un carácter privilegiado en nuestra democracia. No hay víctimas de primera y segunda categoría pero España se empeña en jerarquizar y poner en el punto más bajo a los represaliados por la dictadura. El colmo de esa humillación es la normativa en cuanto a reparación que incluye un inventario del patrimonio robado y expoliado pero sin la posibilidad de recuperarlo ni tener ningún tipo de indemnización, no vayan a molestar a las grandes empresas y fortunas de este país construidas sobre las fosas comunes de los demócratas.

La cruz tiene que caer y el resto del monumento permanecer, para cuando vayamos a visitarlo recordar el espíritu de Max Aub, que en su vuelta del exilio insistió en visitar Cuelgamuros para honrar a los que lo levantaron. Porque la dignidad para las víctimas se erige también tumbando la cruz del monumento, por mucho que ofenda a los creyentes que no sintieron ofensa alguna al ver cómo fue levantada con la sangre de los represaliados.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3236 en: 26 de Julio de 2021, 09:49:11 am »

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3237 en: 28 de Julio de 2021, 08:15:12 am »
Cuenta atrás para la cruz franquista de Castellón: el ayuntamiento se la cederá al obispo y el PP prepara una denuncia

    La diócesis de Segorbe-Castellón ha aceptado "acoger la cruz latina en un ámbito diocesano" para "conservarla adecuadamente"
    — El PP amenaza con denunciar por prevaricación al ayuntamiento progresista de Castellón si retira una cruz franquista

Lucas Marco
27 de julio de 2021 22:15h
@lucas_marco

La cruz franquista del parque Ribalta de Castellón tiene los días contados. La concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Castellón, Verònica Ruiz, ha firmado la resolución que ordena la retirada del monumento a los caídos y ha comunicado la decisión a la dirección general de Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. "Basándonos en la legalidad y en el informe de la dirección general de Calidad Democrática, que determina que el monumento es un vestigio de exaltación franquista, y como regidora con las competencias delegadas de Memoria Democrática, ordeno la retirada del monumento a los caídos del parque Ribalta", ha informado la edil de Compromís.

El monumento, construido en 1944, pasará a manos del obispo de Segorbe-Castellón, quien ha aceptado "acoger la cruz latina en un ámbito diocesano para así mantener el carácter religioso de la misma y conservarla adecuadamente". La diócesis mostró su oposición a la retirada del monumento franquista, que tildó de "totalmente improcedente", con un argumentario calcado de las alegaciones del PP y de Ciudadanos, dos formaciones que creen que la cruz fue resignificada en 1979. La ampliación del parque Ribalta "no debería significar la desaparición de uno de sus elementos consustanciales históricos que ya forma parte de la memoria visual intrínseca de la ciudad", defiende la diócesis.

El Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el PSPV-PSOE, Compromís y Podem, ha comunicado la decisión al área de Obras y Proyectos Urbanos, para que ejecute el proyecto de retirada del monumento y ampliación del parque castellonense, y al área de Patrimonio, encargada de iniciar el procedimiento de cesión de la cruz a la diócesis Segorbe-Castellón. La edil se ha reunido con los representantes diocesanos para ofrecerles la cruz, una opción que han aceptado. El consistorio ha anunciado que comunicará la resolución a las personas que han formulado alegaciones al expediente.

El consistorio dispone de la autorización de la dirección general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana para ejecutar el proyecto de retirada del monumento y ampliación del jardín del parque Ribalta, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y de titularidad municipal. El expediente de retirada del monumento ha contado con más de un centenar de alegaciones a favor.
Cruz de los Caídos en el parque Ribalta de Castellón.

Además, el Comité Técnico de Expertos para la valoración de la retirada de los vestigios vinculado a la Guerra Civil y la Dictadura de la Comunitat Valenciana, determinó que el monumento "continúa siendo en la actualidad un signo de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura para ser un punto de concentración para la exaltación del franquista en fechas concretas".
La portavoz del PP: "Una cruz que no molesta a nadie"

El PP, tal como adelantó en sus alegaciones, ha vuelto a amenazar con denunciar por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental a la alcaldesa socialista Amparo Marco. La portavoz popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha defendido que la decisión de retirar la cruz "está basada en una definición que ignora, conscientemente y a sabiendas, la verdadera identidad del monumento, que no tiene nada que ver con la cruz de los caídos ni ninguna simbología franquista, sino que ahora es un mero símbolo religioso de homenaje y recuerdo a las víctimas de la violencia sin exaltación ideológica de tipo alguno". "El que avisa no es traidor”, agrega Carrasco.

La portavoz popular ha dicho que el PP se reserva "la realización de cuantas acciones consideremos necesarias para preservar los derechos de los castellonenses". Carrasco ha criticado a los partidos del Pacte de Fadrell por su "sectarismo" y considera que la capital de la Plana "tiene ahora mismo mil y una prioridades antes del derribo de una cruz que no molesta a nadie”.

El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, ha aludido a una supuesta crisis en el área de Cultura y en la de urbanismo del consistorio. "Había ganas por firmar la orden, sí, mucha, pero algo de venganza, quizá también. Por eso los castellonenses necesitamos explicaciones y en Ciudadanos las hemos pedido", ha agregado Marín-Buck.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3238 en: 28 de Julio de 2021, 12:52:07 pm »


Euskadi castigará "enaltecer el franquismo" con hasta 10.000 euros con su nueva Ley de Memoria Histórica


La norma capacitará a alcaldes, al Gobierno vasco y al Instituto para la Memoria de la capacidad de sancionar con multas que llegan a los 150.000 euros

Urkullu con su mujer y otros cargos nacionalistas como Andoni Ortuzar
Urkullu con su mujer y otros cargos nacionalistas como Andoni Ortuzar visitan una placa en recuerdo de los soldados vascos caídos durante la Guerra Civil en Elgoibar. Patxi Corral
JOSEAN IZARRA | VITORIA
27/07/2021 15:15

¿Podría haber sido multado por el Gobierno vasco el ex ministro Ignacio Camuñas por rechazar que la Guerra Civil comenzó con un "golpe de Estado"? El ex político hubiera evitado la sanción por encontrarse en Ávila pero la futura Ley de Memoria Histórica del País Vasco establece multas de hasta 10.000 euros para "cualquier tipo de manifestación que suponga el enaltecimiento del franquismo". La pregunta le ha sido trasladada a la consejera de Justicia Beatriz Artolazabal que ha evitado dar una respuesta clara para resumir lo recogido en los últimos cinco artículos de la Ley de Memoria Histórica que será aprobada por el Parlamento Vasco en la segunda mitad de este año.

El Gobierno vasco conformado por PNV y el Partido Socialista de Euskadi ha aprobado un anteproyecto de ley que incorpora sanciones desde los 200 hasta los 150.000 euros. Las multas más graves se establecen para quienes realicen excavaciones ilegales de enterramientos o destruyan estas tumbas de asesinados durante la Guerra Civil y la Dictadura. Pero entre las que se pueden sancionar con entre 2.001 y 10.000 euros se encuentra un amplio listado sobre manifestaciones públicas tanto en actos como a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la Guerra Civil y el franquismo. En concreto, además de la referencia genérica al "enaltecimiento del franquismo" también se hace alusión a "utilizar o emitir expresiones ofensivas, vejatorias o atentatorias contra la dignidad de las víctimas o de sus familiares de la Guerra Civil o la dictadura Franquista".

La futura Ley vasca de Memoria Histórica atribuye al Instituto Gogora la capacidad de imponer sanciones por hasta 10.000 euros, el Consejo de Gobierno impondrá las multas de hasta 150.000 y también los ayuntamientos podrán sancionar pero sólo en el supuesto de que no se retiren símbolos que homenajeen a la Guerra Civil o de la Dictadura. La norma vasca incorpora la celebración de un día anual de recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, la creación de un banco de ADN de exhumaciones de Euskadi, la elaboración de un catálogo de lugares, itinerarios y espacios de la Memoria Histórica y la creación de un centro documental.



"La memoria no puede ni debe ser instrumento de división y de confrontación", ha defendido la consejera de Justicia Beatriz Artolazabal en la presentación del proyecto para el que PNV y PSE-EE cuentan con su mayoría parlamentaria para aprobarlo aunque se han mostrado dispuestos a negociarlo con los grupos de la oposición.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3239 en: 28 de Julio de 2021, 14:05:30 pm »
Y cuanto por enaltecer a ETA??