Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 307507 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3640 en: 03 de Diciembre de 2022, 08:16:21 am »
Un juez llama a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid por mover unos metros una protesta contra la Ley de Memoria


La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, la misma que consiguió que se paralizaran las obras de exhumación de víctimas del Valle de los Caídos, se querelló contra Mercedes González por no permitirles manifestarse en la puerta del Congreso mientras se aprobaba la Ley de Memoria Democrática

Alberto Pozas

2 de diciembre de 2022 17:04h

Actualizado el 02/12/2022 17:12h

Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, tendrá que ir a declarar como querellada a un juzgado el próximo 13 de enero. Tendrá que hacerlo por la querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, en la que es acusada de un delito de prevaricación por no permitirles manifestarse en la misma puerta de los leones del Congreso de los Diputados el mismo día en que se aprobaba en el pleno la Ley de Memoria Democrática, contra la que pretendían protestar, tal y como ha adelantado La Razón y ha confirmado este periódico con el abogado querellante.

Se trata de la misma asociación que, con un recurso y petición de medidas cautelares, consiguió que un juzgado de Madrid paralizase durante varios meses la licencia de obras necesarias para acometer las exhumaciones de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos. En la actualidad la administración se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo admita o inadmita su último recurso para poder poner en marcha de nuevo los trabajos.

En este caso, la Asociación denunció que ese 13 de julio habían solicitado autorización para manifestarse frente al Congreso, en la Plaza de las Cortes, mientras en su interior se votaba y aprobaba la Ley de Memoria Democrática, que califican de “dictatorial” y a la que acusan de imponer “una dictadura férrea en la interpretación de nuestra Historia” en su página web. La autorización se concedió, y la concentración se celebró, pero unos metros más abajo, según denuncian. En las inmediaciones del hotel Palace. Al día siguiente, denuncian, una asociación favorable a la Ley sí pudo concentrarse en la puerta de la cámara baja.

Ese es el motivo por el que acusan a González de prevaricar. Ahora, según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar elDiario.es en conversación con el letrado de la asociación, un juzgado de Madrid ha llamado a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid el próximo día 13 de enero en una resolución que todavía puede ser recurrida por la querellada.

Por el momento, fuentes del organismo explican que la citación no ha sido notificada a la delegada del Gobierno en Madrid.

Desconectado Ragnar

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3641 en: 04 de Diciembre de 2022, 03:32:20 am »
Poco recorrido le veo..., cuanto gilipollismo hay...


Un juez llama a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid por mover unos metros una protesta contra la Ley de Memoria


La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, la misma que consiguió que se paralizaran las obras de exhumación de víctimas del Valle de los Caídos, se querelló contra Mercedes González por no permitirles manifestarse en la puerta del Congreso mientras se aprobaba la Ley de Memoria Democrática

Alberto Pozas

2 de diciembre de 2022 17:04h

Actualizado el 02/12/2022 17:12h

Mercedes González, delegada del Gobierno en Madrid, tendrá que ir a declarar como querellada a un juzgado el próximo 13 de enero. Tendrá que hacerlo por la querella interpuesta por la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, en la que es acusada de un delito de prevaricación por no permitirles manifestarse en la misma puerta de los leones del Congreso de los Diputados el mismo día en que se aprobaba en el pleno la Ley de Memoria Democrática, contra la que pretendían protestar, tal y como ha adelantado La Razón y ha confirmado este periódico con el abogado querellante.

Se trata de la misma asociación que, con un recurso y petición de medidas cautelares, consiguió que un juzgado de Madrid paralizase durante varios meses la licencia de obras necesarias para acometer las exhumaciones de víctimas del franquismo del Valle de los Caídos. En la actualidad la administración se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo admita o inadmita su último recurso para poder poner en marcha de nuevo los trabajos.

En este caso, la Asociación denunció que ese 13 de julio habían solicitado autorización para manifestarse frente al Congreso, en la Plaza de las Cortes, mientras en su interior se votaba y aprobaba la Ley de Memoria Democrática, que califican de “dictatorial” y a la que acusan de imponer “una dictadura férrea en la interpretación de nuestra Historia” en su página web. La autorización se concedió, y la concentración se celebró, pero unos metros más abajo, según denuncian. En las inmediaciones del hotel Palace. Al día siguiente, denuncian, una asociación favorable a la Ley sí pudo concentrarse en la puerta de la cámara baja.

Ese es el motivo por el que acusan a González de prevaricar. Ahora, según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar elDiario.es en conversación con el letrado de la asociación, un juzgado de Madrid ha llamado a declarar a la delegada del Gobierno en Madrid el próximo día 13 de enero en una resolución que todavía puede ser recurrida por la querellada.

Por el momento, fuentes del organismo explican que la citación no ha sido notificada a la delegada del Gobierno en Madrid.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3642 en: 08 de Diciembre de 2022, 08:46:57 am »
De "especial protección"?

 :Horca

La Justicia confirma que los Franco no forman un grupo de especial protección y desestima su recurso por una protesta en Meirás en 2017


La Fundación Franco y la familia del dictador pretendían que los manifestantes fuesen acusados de un delito de odio y otro de allanamiento. Ninguna de sus pretensiones ha sido atendida por la Audiencia Provincial de A Coruña

elDiario.es Galicia

7 de diciembre de 2022 16:31h

Actualizado el 07/12/2022 16:32h


La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por la Fundación Franco y otros familiares del dictador contra el grupo de activistas denominado '19 de Meirás' -fueron investigados 17-, que desplegaron pancartas en una protesta en 2017 en la que pedían la recuperación para la titularidad pública del pazo ubicado en Sada (A Coruña). Así, en el auto que desestima los recursos sostiene que no se puede considerar que hubo allanamiento, así como tampoco se puede considerar a los Franco un grupo de especial protección amparado por la ley.

Entre los participantes de aquella protesta se encontraban varios dirigentes del BNG, entre ellos, el diputado en el Congreso, Néstor Rego. En la acción, los activistas desplegaron un gran faldón en el que se podía leer 'O Pazo é do Pobo Galego' --el pazo es del pueblo gallego--, así como 'Franquismo, nunca máis' --franquismo, nunca más-- y una bandera de Galicia con la estrella roja.

La Audiencia de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fundación Nacional Francisco Franco y otros familiares del dictador contra la decisión del Juzgado Mixto número dos de Betanzos que archivó la causa abierta por la protesta, sobreseimiento que se confirma.

Sin delito de odio

La fundación y la familia Franco pretendían defender que los acusados habían cometido un delito de odio pero la sala entiende que no puede existir por el hecho de “encaramarse a una de las soberbias torres del Pazo de Meirás y exhibir una pancarta reivindicativa de la titularidad pública de ese Bien de Interés Cultural en un convergente contexto social de reclamación por parte de la ciudadanía”.

Entienden los magistrados que tampoco cabe considerar que la familia Franco cumpla los requisitos de formar parte de ningún grupo al que la ley reconozca especial protección. El delito de allanamiento de morada también queda descartado, al no poder “predicarse la existencia de una intimidad reservada a unos potenciales moradores en las zonas de paso del interior del pazo”, ya que en los momentos de la protesta, el inmueble estaba en horas de apertura a visitas guiadas.

La sala tampoco cree que se cumplan las condiciones que la jurisprudencia exige para considerar que las personas que lideraron el acto reivindicativo hubiesen cometido un delito de daños.

Agosto de 2017

Los hechos se remontan a la mañana del 30 de agosto de 2017, cuando este grupo de personas accedieron tanto a la finca, al interior del Pazo como a su cubierta, tras trepar por los muros perimetrales de la propiedad.

Según recoge el atestadon que la Guardia Civil de Sada redactó aquel día, uno de los grupos permaneció en el jardín del Pazo, algunos de ellos subidos a las balaustradas, con pancartas en las que se leía 'Que nos devolvan o roubado. Franquismo nunca máis'. El otro subió al tejado del torreón, donde desplegaron una pancarta vertical a través de la fachada del Pazo con el lema 'O Pazo é do Pobo Galego. Franquismo nunca máis'.

En su resolución, la magistrada de primera instancia de Betanzos considera que “no puede atribuirse la responsabilidad a todos y cada uno de los intervinientes, de un modo genérico, individualizado o discriminado”, ya que no puede determinarse “en ninguno de los investigados” que se causaran daños en la cubierta y muros del inmueble.

El juzgado basó la resolución en los argumentos del Tribunal Supremo, que también declaró en marzo de 2021 el archivo de las actuaciones seguidas, por su condición de aforado, contra el propio Néstor Rego. El alto tribunal consideró entonces que no concurría el delito de odio ni tampoco un delito de allanamiento de morada, pues los querellantes “no son un grupo minoritario que requiera una especial protección”. Además, destacó que durante el acceso se estaba desarrollando una visita guiada en el pazo.

Del mismo modo, el Supremo entendió que la actuación de cada interviniente en el acto en el que se produjeron los daños en la cubierta y muros del pazo de Meirás “no puede ser individualizada”, al tiempo que subrayó que “tampoco resulta acreditada la intención dolosa y conjunta por parte de los partícipes en la reivindicación de llegar al acuerdo de producir dichos daños”.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3643 en: 09 de Diciembre de 2022, 08:16:58 am »
El Ejército de Tierra se niega a difundir el expediente disciplinario del capitán apartado por llevar a sus militares al Valle de los Caídos


Se acoge a los puntos de la Ley de Transparencia que permiten denegar información si provoca perjuicios a la seguridad nacional y a la defensa

FECHA
09/12/22access_time 1:00

Aurelio Ruiz Enebral 

El canal ‘Ciudadanos de Uniforme’ y después distintos medios de comunicación difundieron el pasado 1 de junio unas imágenes que mostraban a un grupo de militares arrodillados en la explanada frente a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

El grupo dedicado a publicar denuncias internas y anónimas sobre las Fuerzas Armadas denunció que el capitán al mando de una compañía del Batallón Ligero Protegido BIP ‘Uad-Ras’ II/31, del Ejército de Tierra, ubicado en el base de El Goloso (Madrid), había llevado a sus militares al mausoleo construido por Franco, para que un sacerdote bendijera el banderín de la compañía.

La polémica creció muy rápidamente en solo unas horas. Hubo quien detectó una campaña orquestada, de nuevo con los militares y el franquismo como elementos, a los que se añadía la religión católica, y en esta ocasión, las “familias franquistas” como objetivo a atacar.

Ese mismo día el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra anunciaron que el capitán había sido apartado del mando de esa compañía, y que se le había abierto un expediente disciplinario para determinar si había cometido alguna falta según el Régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Confidencial Digital ha podido comprobar que el 6 de junio, nada más producirse la polémica, en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa tuvo entrada una doble solicitud de acceso a la información pública, formulada por un particular al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El solicitante pretendía acceder a la investigación interna que se le había abierto a este capitán:

-- “Solicito acceso completo, con el nombre del afectado anonimizado, al expediente disciplinario que el Ejército de Tierra abrió al capitán que llevó a su unidad al Valle de los Caídos. El Ministerio de Defensa, a través de su gabinete de prensa, hizo público que se resolvería en 48 horas”.

-- “Solicito acceso a las conclusiones del expediente disciplinario que el Ejército de Tierra abrió al capitán que llevó a su unidad al Valle de los Caídos. El Ministerio de Defensa, a través de su gabinete de prensa, hizo público que se resolvería en 48 horas”.

En ambas consultas, prácticamente coincidentes en su objetivo, el solicitante subrayó que el ministerio había informado públicamente sobre el asunto, y “por lo tanto, considero que esta información está amparada por la ley de transparencia”.

Seguridad nacional y defensa

El Ministerio de Defensa determinó, el 16 de junio, que la competencia para responder a esta solicitud correspondía al Ejercito de Tierra.


El entonces Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército, teniente general Carlos Palacios, firmó el 29 de junio una resolución en la que se indicó que “una vez analizada la solicitud, el Estado Mayor del Ejército considera que no procede conceder el acceso a la información a que se refiere las solicitudes”.

Para justificar esa negativa, alegó que las peticiones incurrían “en el artículo 14.1 letras a, b y e de la Ley 19/2013”.

La Ley de Transparencia, en su artículo 14.1, contempla que “el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio” para distintos ámbitos.

Los citados por el Ejército de Tierra para negarse a facilitar el expediente disciplinario del capitán al que se apartó del mando de una compañía por llevarla al Valle de los Caídos fueron tres: a) La seguridad nacional; b) La defensa; y e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Materia clasificada

Argumentó el 2º JEME que “el expediente disciplinario confeccionado al amparo de lo prevenido en la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas (en adelante, LORDFAS) no permite el acceso al expediente más que el presunto infractor y, de una forma tangencial, a la persona que le asiste en el procedimiento sancionador”.

Además, indicó que “las sanciones del personal militar son materia clasificada de conformidad con el Acuerdo de 28 de noviembre de 1986 del Consejo de Ministros, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales”.

Esta resolución denegatoria podía ser recurrida por vía judicial, en la jurisdicción contencioso-administrativa, o previa y potestativamente mediante reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3644 en: 11 de Diciembre de 2022, 09:09:07 am »
No es reabrir heridas...es cerrarlas.

Un batallón de voluntarios en busca de desaparecidos de la guerra: "Esto debería hacerlo la Administración"


 Buscar Combatientes, una herramienta surgida a raíz de una investigación familiar, centraliza en un simple buscador información procedente de diferentes archivos sobre la represión franquista
 
Aunque el proyecto fue puesto en marcha por el joven ingeniero Hernán Fernández-Barriales, cuenta con la ayuda de más de una treintena de voluntarios que en sus tiempos libres leen documentos e incorporan nueva información

Álvaro Sánchez Castrillo

10 de diciembre de 2022 19:46h
@AlvaroSanCas
El pasado siempre fue un tema tabú en la familia de Hernán Fernández-Barriales. Es cierto que el ingeniero siempre supo que sus dos bisabuelos habían sido víctimas de la represión franquista. Pero la historia nunca iba más allá de un "fue fusilado" o "estuvo en la cárcel". Quizá por el miedo. O igual por el temor a poder descubrir algo que no querían. Sea como fuere, el silencio acabó levantando un tupido velo sobre la historia de aquellos antepasados que tuvieron que ver cómo un golpe de Estado acabó derrumbando el régimen democrático de la Segunda República. Pero la curiosidad pudo con Fernández-Barriales. El joven comenzó a indagar por su cuenta. Y, sin saberlo entonces, plantó la semilla de lo que se ha terminado convirtiendo en el mayor buscador online de la represión franquista. Se llama Buscar Combatientes y cuenta en estos momentos con más de cinco millones de registros indexados.

Fernández-Barriales, con raíces extremeñas y asturianas pero criado en suelo gallego, no es informático. Su campo es la ingeniería química y de biosistemas. Sin embargo, hace un par de años hizo un curso de iniciación de ciencia de datos. Y se dio cuenta del potencial que tenían herramientas como Python o SQL. "Descubrí que podía utilizarlo en mi investigación para agrupar los procedimientos sumarísimos que había en el Archivo de Madrid, en el sentido de ver a qué gente habían juzgado junto a otros familiares míos", cuenta en conversación con infoLibre desde Países Bajos, donde trabaja en el sector de las energías renovables. Fue así como vio la luz un pequeño buscador online que con el paso del tiempo ha terminado convirtiéndose en todo un referente.

En sus orígenes, cuenta el ingeniero, no era más que una herramienta de "andar por casa", un instrumento enfocado a la investigación familiar. Pero cuando Fernández-Barriales la compartió con algunos grupos dedicados a la investigación sobre la Guerra Civil se dio cuenta de la utilidad y el enorme potencial que tenía. Poco a poco se incorporaron más y más datos. Y el proyecto, como una bola de nieve cayendo ladera abajo, creció de forma exponencial. Cuando comenzó, hace algo menos de dos años, apenas lo hizo con unos 200.000 registros procedentes del Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid. Ahora, sin embargo, cuenta con más de cinco millones. Y bebe de todo tipo de fuentes, desde militares y ministeriales, como el Portal de Archivos Españoles (Pares) de Cultura, hasta bases de datos y listados confeccionados por colectivos o investigadores.

Fernández-Barriales no es el único tras el proyecto. Es cierto que el código de la base de datos lo mantiene él. Sin embargo, si la herramienta ha conseguido crecer a este ritmo ha sido gracias a la colaboración desinteresada –por eso nunca tendrá ni botón de donaciones ni publicidad– de un equipo compuesto por una treintena de personas que echa una mano en sus ratos libres. Porque este buscador no es un simple volcado masivo de información. Aquí hay también mucha labor de pico y pala. Casi 250.000 registros se han indexado en el último año de forma manual. Nombre a nombre, dato a dato. "Todavía no hemos encontrado una herramienta que nos permita automatizar este proceso sin que introduzca erratas o errores de transcripción. Por eso tenemos que meter toda esa información, ya sea fecha y lugar de nacimiento o nombre de los padres, por ejemplo, mano a mano, línea a línea y nombre a nombre", explica.

Centralizar la información dispersa
Buscar Combatientes funciona como una suerte de ordenador que almacena y centraliza toda la información que se encuentra, en origen, dispersa por diferentes archivos. De esta forma, si se introduce, por ejemplo, el nombre de Blanca Brisac Vázquez, una de las Trece Rosas, el buscador proporciona toda la información de la que dispone de ella la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Errepublika, el Ministerio de la Presidencia o Defensa, que tiene digitalizada la documentación de la causa que terminó con la condena a muerte de estas militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y el Partido Comunista. No obstante, no es necesario disponer de la identidad completa. La herramienta también permite buscar por apodo, localidad o unidad militar.

En ocasiones, el acceso a la información en origen puede ser complejo. Muchas veces, las erratas en los nombres y apellidos, ya sea por fallo del funcionario que recogió los datos hace más de medio siglo o por error en el volcado de la información cuando se crearon las bases de datos actuales, hacer que las familias se estén chocando de forma permanente contra un muro. Eso es lo que trata de solventar el buscador proporcionando al usuario resultados similares cuando se hace cualquier búsqueda. Además, otra funcionalidad de la herramienta es que, al buscar un nombre, el motor te facilita aquellos otros que estén de alguna manera relacionados con el mismo. Así, y volviendo otra vez al ejemplo de Brisac, el buscador te indica en su caso toda la lista de personas que fueron sometidas junto a ella al mismo consejo de guerra.

Entre los cinco millones de registros hay de todo. Expedientes de juicios sumarísimos o de responsabilidades políticas, fichas de la Político-Social o información sobre batallones disciplinarios, prisioneros de guerra y campos de concentración. Aunque buena parte de las fuentes son españolas, el buscador también se nutre de archivos extranjeros. Así, también incluye expedientes extraídos del Ministerio del Ejército francés sobre españoles que formaron parte de la resistencia en territorio galo o datos relacionados con refugiados que pidieron permiso para emigrar a México o formaron parte de las Brigadas Internacionales, una información sacada de archivos mexicanos o rusos. Una información que no siempre está digitalizada. "En esos casos, aportamos los detalles de dónde o cómo se puede consultar", resalta Fernández-Barriales.

"Estaré encantado de cerrarlo cuando haya uno oficial"
El ingeniero reconoce que en los archivos, de donde bebe fundamentalmente el buscador, queda aún mucho trabajo por hacer: "Todavía hay cajas por abrir y contenido por describir e indexar porque no se cuenta con trabajadores suficientes". Y lamenta que tengan que ser ciudadanos como ellos los que se hagan cargo de una labor de búsqueda que le corresponde al Estado. "Todo esto tendría que hacerlo la Administración. Lo que yo, sin una formación específica y con recursos limitados, he sido capaz de montar, lo podría hacer mucho mejor la Administración, que tiene acceso a mucha más información. Yo estaré encantado de cerrar el buscador en el momento que haya uno oficial que aporte lo que necesita la sociedad", afirma Fernández-Barriales, que solo tiene buenas palabras para los archiveros.

Mientras eso no ocurra, el ingeniero seguirá dedicando su tiempo libre a ayudar a todos aquellos que, como él hace años, tratan de reconstruir la historia de aquellos seres queridos que sufrieron la represión franquista. Un pasado familiar que, en su caso, no escondía ningún secreto inconfesable. Su bisabuelo materno, Domingo López Blanco, no era más que un labrador de cereales de Valdecaballeros (Extremadura) cuyo único pecado fue haber sido tercer teniente de alcalde socialista del municipio y haber integrado la 46 Brigada Mixta tras ser llamado a filas. Una vez acabada la contienda, y tras dos años desfilando por campos de concentración y cárceles, López fue condenado a muerte y fusilado en la tapia del cementerio de Mérida. Era julio de 1941. Pocos meses antes, su bisabuelo paterno, Zosimo Barriales Merino, abandonaba la prisión de Celanova (Ourense), en la que fue encerrado este practicante de la Agrupación Socialista de Mieres tras la caída de Asturias.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3645 en: 11 de Diciembre de 2022, 09:16:18 am »

Las mujeres antifascistas violadas, chantajeadas por la Iglesia y obligadas a ingerir aceite de ricino


La represión franquista se hizo patente en barrios obreros de Palma, donde había listas de mujeres “rojas” a las que les rapaban la cabeza, las sacaban a “pasear” por el barrio y les hacían beber aceite de ricino en la antigua Casa del Pueblo de Palma, reconvertida posteriormente en un local de la Falange


Grupo de presas en la prisión de mujeres de Palma (septiembre, 1941). Matilde Landa está situada en la fila superior -es la cuarta por la derecha, debajo de la columna- Libro 'Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas'
Esther Ballesteros / Nicolás Ribas

Mallorca / Eivissa —
9 de diciembre de 2022 22:57h

Actualizado el 10/12/2022 05:30h
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En la España del siglo XX (con la excepción del periodo que empieza con la transición española y épocas más luminosas como la II República) las mujeres fueron sujetos sin derechos políticos. Su papel en lo social estuvo relegado al ámbito familiar: ser buenas hijas primero y buenas madres y esposas después, de acuerdo con los cánones morales del catolicismo sostenidos por la institución que más peso tenía en la vida social: la Iglesia Católica.

Identifican los restos de Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca'
Identifican los restos de Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca'

SABER MÁS
“La situación política que se generó en la posguerra (...) se puede considerar el colofón trágico y, a la vez, la prueba irrefutable de la aceleración del tiempo histórico que había causado la propia contienda respecto de las relaciones de género”, describe el doctor en Historia David Ginard en Dona, Guerra Civil i franquisme, un libro en el que, junto a cinco autoras –Anna Aguado, Ángela Cenarro, Carme Molinero, Mary Nash i Susanna Tavera–, analiza el papel de las mujeres durante el periodo republicano desde una perspectiva de género, así como los roles que ejercieron las mujeres antifascistas en la España en guerra y los modelos socioculturales que impuso la Iglesia Católica y la Sección femenina de la Falange con el triunfo de los sublevados y el inicio del régimen franquista.


En el caso específico de Illes Balears, destacaron figuras como Aurora Picornell –conocida como la “Pasionaria de Mallorca”, asesinada por los falangistas por comunista, feminista y republicana y cuyos restos han sido recientemente identificados–, Matilde Landa –extremeña que tuvo un papel fundamental en la resistencia antifascista durante su ingreso en la prisión de Can Salas, prisión central de mujeres de Mallorca, donde se terminó suicidando debido a la presión religiosa– o la feminista y espiritista Maria Vaquer, militante socialista que había sido presidenta de la Agrupación Socialista femenina de Capdepera durante la II República y que se exilió en Argelia en el año 1948, en plena posguerra después de la implantación de la dictadura franquista.


Integrantes de la Agrupación Socialista Femenina de Capdepera, entre ellas la espiritista y feminista Maria Vaquer (de pie, tercera por la derecha) Fotografía extraída del libro 'L'espiritisme a Capdepera (1868-1936)', de Josep Terrassa
Respecto a las actividades relacionadas con la resistencia antifranquista de posguerra, Ginard alude al caso de Maria Pellico Remis, administrativa madrileña que fue encarcelada en Can Salas entre 1940 y 1943 y quien al salir en libertad se incorporó a la organización clandestina del PCE en Mallorca, donde intentó estructurar una sección de mujeres. Junto a Gabriela Deyà Gelabert, Margalida Andreu Marimon y Francesca Tous Ramis fue iniciadora de un proceso de incorporación de las mujeres en la lucha contra la dictadura, que ya en las postrimerías del régimen logró un alcance considerable, incluyendo figuras tan relevantes como la de Francesca Bosch y Bauzá, máxima responsable del Partido Comunista en la clandestinidad desde 1972.

El chantaje de las instituciones religiosas
Las instituciones religiosas ejercieron, además, un papel fundamental en las prisiones femeninas de la posguerra. Como apunta Ginard, las mujeres constituyeron un colectivo clave desde el punto de vista de la recatolización de España tras la experiencia laicista de la II República, lo que llevó a las mujeres a ser obligadas a bautizarse, como sucedió en el caso de Matilde Landa, y llevaran a cabo prácticas religiosas. Asimismo, las mujeres eran chantajeadas a practicar el catolicismo a cambio de recibir agua caliente para poder limpiar los “parches” que usaban para limpiarse durante la menstruación.

Las mujeres eran chantajeadas a practicar el catolicismo a cambio de recibir agua caliente para poder limpiar los “parches” que usaban para limpiarse durante la menstruación

En este contexto apela Ginard a entender la recuperación de las funciones atribuidas tradicionalmente a las monjas dentro de los centros de reclutamiento femenino de la posguerra, inspiradas en las tradicionales casas correccionales que tuvieron una notable presencia durante la Restauración borbónica.

Como apunta el historiador en su libro, la represión constituye un ejemplo paradigmático del “sempiterno problema” de la invisibilidad de la mujer como sujeto histórico. “Se trata de un fenómeno en que las formas específicas de violencia física y moral que afectaron de manera más singular a las mujeres fueron precisamente las que dejaron menos vestigios documentales aptos para ser usados por los historiadores”, incide.

Avances feministas entre finales del siglo XIX y principios del XX
Con todo, explica que los avances del feminismo fueron pocos en España durante el periodo que comprendió la proclamación de las Cortes de Cádiz y la dictadura de Primo de Rivera –a diferencia de otros países como el Reino Unido donde las reivindicaciones de las sufragistas conquistaron el voto femenino con anterioridad–, etapa durante la que se pueden destacar movimientos como el cantonalista del levantamiento federal de 1873 y el sufragista de los años veinte, progresos que en ningún caso caso tuvieron la relevancia política que aquellos que se produjeron durante la II República o los episodios que protagonizaron durante la guerra.

“Las mujeres ejercieron un rol político determinante en la zona republicana entre 1936 y 1939. A pesar de sus sombras, la movilización femenina en defensa de la causa de la democracia republicana española, incluida la de miles de mujeres que no habían tenido ningún tipo de politización previa, constituyó un punto histórico de ruptura que ya no tenía marcha atrás”, destaca Ginard.

Las mujeres ejercieron un rol político determinante en la zona republicana entre 1936 y 1939. A pesar de sus sombras, la movilización femenina (...) constituyó un punto histórico de ruptura que ya no tenía marcha atrás

David Ginard — Historiador
Pese al papel fundamental que desempeñaron, las republicanas –y las mujeres en general– eran vistas por los golpistas como incapaces de liderar movimientos políticos u organizaciones sindicales por el hecho de ser mujeres. “Desde el punto de vista de la mentalidad franquista, se considera que las mujeres que habían entrado dentro de una dinámica de participación en organizaciones políticas de izquierdas lo habían hecho influenciadas de forma perversa por sus compañeros, hermanos, maridos o padres”, explica Ginard.

Esta mentalidad franquista, basada en tratar a las mujeres como si de menores de edad se trataran, explicaría el tipo de castigo específico dirigido hacia ellas, una represión “moral” o “simbólica” materializada, entre otras prácticas, mediante su rapado; obligándolas a ingerir aceite de ricino en una forma de purgar las “malas” ideas y expulsarlas y forzándolas a participar en actos religiosos y a ejercer tareas de limpieza de iglesias y de casetas de la Guardia Civil y de la Falange, además de ser violadas y presionadas para obtener información sobre sus familiares perseguidos.

Represión en los barrios obreros
Esta represión tuvo una relevancia importante en barrios populares como La Soledat (Palma), con una tradición obrerista y de izquierdas muy marcada. A través del testimonio de una vecina anarquista del barrio, Julia Palazón, se conoce que la represión hacia las mujeres en La Soledat tuvo, sobre todo, esa dimensión: había listas de mujeres “rojas” a las que les rapaban la cabeza, las sacaban a “pasear” por el barrio y les hacían beber aceite de ricino en la antigua Casa del Pueblo de Palma, reconvertida posteriormente en un local de la Falange.

Por otro lado –y por los mismos motivos, a saber, por esta conducta patriarcal–, era poco frecuente que les aplicaran la tipología de delitos más graves –con sus consiguientes penas máximas–, como rebelión militar: se las condenaba, en cambio, por penas tipo “auxilio” o “seducción” a la rebelión. “Es esta consideración de la mujer como menor de edad, como una persona incapaz de tener una mínima solvencia ideológica”, afirma Ginard.


Aurora Picornell en 1930 Cedida por David Ginard Féron
En el caso específico de las mujeres “rojas” represaliadas durante la Guerra Civil en Mallorca, fueron acusadas, entre otros motivos, por haber gritado o protestado cuando se producía una detención, por haber escondido a algún compañero que estaba siendo perseguido por la policía, por haber facilitado el paso hacia la zona republicana de alguna persona que estaba siendo perseguida por razones ideológicas o por no haber facilitado que algún compañero que había sido llamado a filas por parte de los golpistas se incorporara. En el caso de aquellas que fueron presas después de la Guerra Civil, hubo casos en los que fueron acusadas por haber participado en actos de violencia anticlerical que habían tenido lugar en la España republicana.

“Normalmente eran acusadas de haber protagonizado una posición no de liderazgo, sino subordinada”, matiza Ginard. “De esta manera se dio paso a un fenómeno completamente nuevo porque las mujeres nunca habían sido destinatarias de una violencia política física y moral de dimensiones mínimamente comparables a la que conocieron a partir de 1936 allá donde triunfó el golpe de Estado y, desde 1939, al conjunto del territorio español”, especifica el historiador.

Las mujeres nunca habían sido destinatarias de una violencia política física y moral de dimensiones mínimamente comparables a la que conocieron a partir de 1936 allá donde triunfó el golpe de Estado

David Ginard — Historiador

Esta violencia se saldó con al menos una docena de mujeres asesinadas en Mallorca y dos en Eivissa (ninguna en Menorca y Formentera), sin contar los casos de aquellas que murieron dentro de la prisión por enfermedad o suicidio. Los más conocidos fueron el de Aurora Picornell y sus compañeras conocidas como las “roges del Molinar” (una madre y dos hijas: Catalina Flaquer y Antònia y Maria Pascual y la joven palentina Berlamina González Rodríguez), asesinadas después de ser sacadas de la cárcel de Can Salas la noche del 5 al 6 de enero de 1937. Dentro del marco de esta represión descontrolada que asoló la isla entre el verano de 1936 y la primavera de 1937, también fueron abatidas la dirigente socialista Pilar Sánchez, las manacorenses Francesca Llull Font y Francesca Salas Llull (madre e hija y militantes de Izquierda Republicana Balear) y Margalida Jaume Vanrell, sin ninguna militancia política.

Cinco milicianas, violadas y torturadas tras un error de coordinación

Otro de los episodios más virulentos fue el de las cinco milicianas que participaron en el desembarco republicano del capitán Alberto Bayo para recuperar Mallorca, controlada por los falangistas. Debido a un error de coordinación, la noche del 3 al 4 de septiembre de 1936 quedaron en tierra tras la retirada de las expediciones. Todas ellas acabaron violadas y torturadas en la Escuela Graduada de Manacor y, finalmente, fusiladas por orden del conde Rossi. Como documenta Ginard, entre quienes participaron en las agresiones sexuales se encontraba el médico militar Vicente Sergio Orbaneja, camisa vieja, cuñado de José Antonio Primo de Rivera y futuro gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife.

Desembarco de tropas republicanas en Mallorca

En Eivissa, Eulàlia Marí Torres y Bàrbara García Loreto, de Sant Joan de Labritja, fueron asesinadas el 2 de octubre de 1936 en el cementerio de la capital ibicenca. Como prácticamente todo el resto de las víctimas de la represión franquista de las Pitiüses, independientemente de su género, tenían escasa significación política.

Otras represaliadas fueron Maria Bauzà Mas, de Sineu (Mallorca), encarcelada tras introducirse clandestinamente, vestida de soldado, en la prisión de Can Mir con el objetivo de proporcionar una botella de aceite a su hermano recluso, o Pràxedes Terrassa Vicens, de Campos (Mallorca), quien introdujo un billete de cinco pesetas y una carta con calcetines cosidos dirigida a su marido, encerrado en un campo de concentración del puerto de Pollença. Mientras tanto, en Menorca, Sebastiana Sintes fue acusada de abofetear la imagen de Jesús de la parroquia de Sant Dídac (Maó).

Finalizado el conflicto bélico, el número de reclusas en la prisión de Can Salas se incrementó hasta las 500 durante el verano de 1940, procedentes principalmente de los centros penitenciarios de Menorca, Madrid, Girona, Ventas y Saturrarán.

“Meras comparsas” de los hombres

La ideología profundamente conservadora de los partidarios del régimen nacionalcatólico también se vio reflejada en las sentencias judiciales, promovida por los juristas de la España del siglo XIX, por la cual se utilizaban expresiones misóginas como “altanera” o “deslenguada”, muy poco habituales en el caso de las sentencias que afectaban a los hombres. “La mujer delincuente –por cuestiones políticas o comunes de delincuencia– era una ‘transgresora’ que se había alejado de su papel natural de madre y esposa para intentar equipararse al hombre, quedando así al margen del rol social que tenía asignado”, remarca Ginard.

Y al ser vistas como inferiores a los hombres, desde un punto de vista social, político e intelectual, las penas a las que eran sometidas eran, generalmente, también menores a las de los hombres. “Eran percibidas como seres sin capacidad de decisión, que como mucho actuaban como meras comparsas de los hombres”, subraya el historiador.

El historiador asevera, al hilo de lo anterior, que los testimonios orales y escritos procedentes de las víctimas y de su entorno social dejaron “muy escasa constancia” de la represión contra las mujeres. No en vano, la historiadora estadounidense Shirley Mangini señala que el bajo nivel de alfabetización entre las mujeres de las clases populares dificulta de manera particular que las represaliadas pudieran plasmar por escrito sus recuerdos y reflexiones.

Recluidas en el espacio doméstico

Por otro lado, Ginard abunda en que la tendencia de las antiguas represaliadas a recluirse dentro del espacio doméstico propició que a menudo resultara particularmente difícil acceder a sus testimonios. Incluso se daba el hecho de que, al ser interrogadas por los investigadores, centrasen su relato no en sus propias experiencias, sino en las de sus padres, maridos o hermanos. “A veces, este uso del testimonio oral femenino como instrumento para la recuperación exclusiva de la memoria de sus familiares masculinos, enmascarando su propio compromiso, se explica por el cuestionario elaborado por el historiador. Pero también es común que las propias mujeres menosprecien su experiencia, limitándola a una solidaridad basada únicamente en lazos familiares o afectivos o adoptando una retórica fundamentalmente defensiva en que sobredimensionan el rol de víctima sobre el de resistente”.

“Muchas de ellas, además, interiorizan en buena medida los argumentos de un régimen que pretendía, a toda costa, negar la faceta abiertamente política de la resistencia femenina, calificando sistemáticamente a las 'rojas' de mujeres 'fáciles y libertinas'”, remarca.

En consecuencia, las represaliadas de la dictadura consideraban, en una proporción mucho más elevada que los hombres, que los episodios violentos que habían sufrido constituían un motivo de vergüenza y no de alegría. “El olvido de la represión femenina afectó, incluso, a las organizaciones de la oposición antifranquista y a los organismos internacionales encargados de la salvaguarda de los derechos de los presos”, subraya Ginard en su obra. No en vano, en el informe sobre el sistema penitenciario español elaborado en 1953 por la Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire (CICR), solo uno de los 37 relatos de presos políticos recopilados era femenino.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3646 en: 12 de Diciembre de 2022, 09:25:44 am »


El Gobierno diseña ya para Cuelgamuros el nuevo marco jurídico del que depende la continuidad de los monjes


Un miembro de la Comisión de Expertos creada por Zapatero explica a infoLibre que ellos tenían claro que los benedictinos no se ajustaban al espíritu de la resignificación que se quería hacer de Cuelgamuros
 Como el complejo monumental tendrá una parte de culto, el Gobierno deberá decidir si encarga estas funciones al Arzobispado o busca otra comunidad si acaba expulsando a los benedictinos

Álvaro Sánchez Castrillo

11 de diciembre de 2022 19:45h
@AlvaroSanCas
La actividad memorialista del Ejecutivo continúa a pleno rendimiento. Sólo un mes después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, en el seno del Gobierno ya se han puesto manos a la obra para diseñar el nuevo armazón jurídico sobre el que se apoyará el futuro próximo de Cuelgamuros. Los trabajos, de los que ahora mismo se está encargando la Secretaría de Estado de Memoria, buscan desmontar y sustituir el excepcional régimen sobre el que se ha asentado durante décadas el complejo monumental. Un marco normativo, construido en pleno franquismo, que ha permitido la continuidad hasta la actualidad en el enclave de una orden benedictina que se ha opuesto con firmeza a la exhumación de Francisco Franco y que nunca ha tenido reparos en celebrar misas en recuerdo del dictador y del golpe de Estado.

La denominada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos ha sido quien ha tenido asignada, a través de un decreto-ley de 1957, la gestión de todos los bienes que integran el mausoleo. Un ente que ha mantenido un régimen excepcional distinto al del resto de fundaciones del sector público, que hasta 2016 ni siquiera contaba con número de identificación fiscal y que ha estado dirigiendo "transitoriamente" el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional desde hace cuatro décadas. Y lo ha hecho porque ningún Gobierno era capaz de regular la situación jurídica del complejo monumental levantado por presos políticos en plena sierra de Guadarrama, a pesar de que resultaba una obligación legal desde hace ya cuatro décadas.

Thank you for watching

La nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor a finales de octubre, busca justamente poner todo esto en orden. De ahí que declare, en su artículo 54, extinguida la opaca Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Lo hace, fundamentalmente, por "resultar incompatibles" sus fines con "los principios y valores constitucionales". Al fin y al cabo, el objeto de esta entidad, según la norma de finales de los cincuenta rubricada por el propio Franco, es "rogar a dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sobre la base de la justicia social cristiana". Todo un anacronismo en un régimen democrático que había logrado pervivir hasta nuestros días.

La extinción, no obstante, no producirá efectos hasta la entrada en vigor de un nuevo real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle de Cuelgamuros "que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial". En este sentido, la norma no fija un plazo para su elaboración. Sin embargo, desde la Secretaría de Estado de Memoria ya están "trabajando" en ello, según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Presidencia, que no aclaran cuándo podrá estar listo el nuevo armazón jurídico. Mientras se construye el nuevo marco jurídico, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional seguirá ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación, determinando sus "inventarios, presupuesto y cuentas" de cara a la liquidación final de la misma.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, ya planteó en su día por dónde tendrían que ir los cambios normativos. Así, proponían convertir la fundación en un Real Patronato, lo que colocaría la institución "bajo la estricta dependencia del Gobierno sin perjuicio de los oportunos convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas".

El futuro de los monjes
El decreto franquista fue también el que terminó abriendo las puertas de Cuelgamuros a los monjes. Aquella norma fijó el establecimiento en el mausoleo de una Abadía Benedictina. Y sus funciones quedaron definidas en un convenio suscrito entre la Fundación de la Santa Cruz y el Monasterio de Santo Domingo de Silos: oficiar misa en fechas señaladas para los golpistas –1 de abril, 17 de julio o 20 de noviembre–, dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), mantener una Escolanía o administrar una Hospedería. Los religiosos no han cumplido siempre con sus obligaciones. De hecho, como reveló una investigación de infoLibre, el CES dejó de tener "actividad continuada" en 1983. Pero el Estado nunca ha procedido a la expulsión de los monjes a pesar de que el convenio lo permite cuando se producen incumplimientos.

La construcción de un nuevo marco jurídico afectará, por tanto, a los benedictinos. Aunque desde Presidencia mantienen silencio en relación a los trabajos en este punto concreto, lo cierto es que la expulsión de los religiosos de Cuelgamuros es algo que lleva años dándose por hecho. Su salida ya se dejó caer durante la etapa de Carmen Calvo al frente del Ministerio de la Presidencia. Y en la Secretaría de Estado de Memoria creen que "tiene poco sentido" la continuidad de los mismos en el complejo monumental dependiente de Patrimonio Nacional. "Evidentemente, su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales", afirmó antes del verano en una entrevista con El País el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

La Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, creada durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno, ya analizó hace más de una década la presencia de los monjes en Cuelgamuros. Y concluyeron que el "tiempo transcurrido", la Constitución y la "nueva realidad social" hacían necesaria una adaptación de las "actuaciones civiles y religiosas" al "espíritu" de la "nueva resignificación" que se pretendía dar al complejo. No se rechazaba que hubiera una comunidad religiosa, siempre que fuera respetuosa con el nuevo espíritu. "Lo que teníamos clarísimo es que esta comunidad benedictina no se ajustaba a eso, tanto por sus declaraciones como por la hostilidad manifiesta", dice a infoLibre uno de los miembros de aquel grupo de expertos.

La sombra de la dictadura siempre ha estado presente sobre la cúpula de la comunidad benedictina. Su primer abad, Justo Pérez de Urbel, estuvo muy ligado al movimiento falangista –colaboró en materia religiosa con la Sección Femenina–. El siguiente, Luis María de Lojendio, fue el primer responsable de la Oficina de Información Diplomática (OID) franquista, encargada de combatir las informaciones críticas que se publicaban sobre el régimen en el exterior. Un tufo que continuó en democracia. El abad Anselmo Álvarez saltó a la fama por sus polémicas declaraciones en un reportaje de la televisión sueca. Y el actual prior, Santiago Cantera Montenegro, quien fuera en su pasado candidato de Falange Española Independiente, por su férrea oposición a la exhumación de Franco, un rechazo que la comunidad benedictina llevó incluso a los tribunales.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya anunció a comienzos de octubre que el complejo monumental tendrá una parte que no se va a desacralizar y que "seguirá siendo lugar de culto". "A partir de ahí, quién ejerza el culto en nombre de la Iglesia es una decisión que tenemos que compartir con la Iglesia", afirmó en una entrevista televisiva. Sobre la mesa, según publicó El Confidencial, hay varias opciones. Una posibilidad sería delegar esa función al propio Arzobispado de Madrid. Otra, buscar una nueva comunidad religiosa. Y una tercera vía sería dejarlo en manos de la Comunidad de Sant Egidio, una organización católica que ha estado presente en procesos de paz y reconciliación.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3647 en: 12 de Diciembre de 2022, 09:28:50 am »
El Gobierno estudia vulneraciones de la ley de memoria por el 20N en Madrid, Alicante y La Rioja


Moncloa ha recibido información de esas tres delegaciones del Ejecutivo a raíz de la petición de vídeos y atestados que pudieran demostrar que las movilizaciones de exaltación al dictador y a Primo de Rivera incumplieron la nueva normativa

Madrid, Alicante y La Rioja son las delegaciones del Gobierno que han enviado información al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre actos que pudieron vulnerar la nueva ley de memoria con motivo del 20N, el último aniversario del fallecimiento de Franco. A la vista de las manifestaciones en las que se profirieron cánticos y gritos de exaltación al dictador en la capital, Moncloa dio la orden a las representaciones territoriales del Ejecutivo de poner en su conocimiento, a través de vídeos o atestados, hechos que pudieran suponer infracciones de la norma impulsada por el departamento que dirige Félix Bolaños y que entró en vigor el pasado mes de octubre. Una vez recopilada la información, el ministerio tiene que designar un instructor que la analice y determine si corresponde imponer sanciones administrativas, que pueden alcanzar los 150.000 euros.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3648 en: 17 de Diciembre de 2022, 07:18:13 am »
Almeida acata la sentencia, pero insiste en que Largo Caballero, "el Lenin español", no debería ser homenajeado
DANIEL SOMOLINOS
Madrid
Actualizado Sábado, 17 diciembre 2022 - 00:17

Queda anulado el retiro de la placa del dirigente socialista, aunque el alcalde no descarta recurrir

"En mi opinión, Francisco Largo Caballero no debería ser objeto de ningún tipo de reconocimiento o de homenaje". Con esas palabras, José Luis Martínez-Almeida acató la decisión de la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid, quien anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento del 29 de septiembre de 2020 entre PP, Cs y Vox por el que se retiró la placa al dirigente socialista al entender que no es ajustado a derecho.

Tras imponer las costas al Consistorio, esta magistrada subrayó en la sentencia la ausencia de datos temporales precisos que vinculen los hechos que se les atribuyen con los hitos históricos mencionados por el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica como la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil española o la posterior represión de la Dictadura.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3649 en: 18 de Diciembre de 2022, 17:25:55 pm »

"Si un afeminado invertido lanza infundios alarmistas, matarlo como a un perro o entregármelo": así eran los mensajes que lanzaba Queipo de Llano en la radio


Equipo de Investigación recupera algunas indignantes declaraciones que hizo Queipo de Llano en la radio. Además, la periodista Eva Saiz cuenta en esté vídeo quiénes son los herederos del general franquista.



Equipo de Investigación
17 dic 2022 | 14:33
   
"Si algún afeminado, algún invertido, se dedica a lanzar infundios alarmistas, no vaciléis en matarlo como a un perro o entregármelo a mí al instante", declaró Queipo de Llano en la radio. "No daba los mensajes desde la sede de la radio, sino que era el técnico el que iba al cuartel general de la Gaviria, donde estaba Queipo de Llano, para que diese la locución", explica al respecto la periodista Eva Saiz, a lo que añade que "el único que hizo callar a Queipo de Llano era el técnico, que le decía que se callara antes de intervenir por la radio".

Además, la periodista de 'El País' indica quiénes son los herederos de Queipo de Llano: "Herederos directos los cuatro hijos que tuvo Queipo con su mujer, y luego se puede hablar de una decena de nietos y también bisnietos y tataranietos". Sin embargo, tal y como aclara Saiz, "no son como los Franco, que salen en las revistas, están de fiestas y salen y entran por todos los sitios, sino que la mayoría de los herederos de Queipo de Llano tienen sus profesiones, trabajos dignos".


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3650 en: 20 de Diciembre de 2022, 14:54:13 pm »

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3651 en: 20 de Diciembre de 2022, 14:58:17 pm »
https://twitter.com/la_voz_noticias/status/1605160709700349953

Asesinato cometido por los amigos de los socios del gobierno socialcomunista.

Por cierto, fallecieron otras dos personas y pudieron ser muchos más.

Asco infinito a los terroristas etarras

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3652 en: 20 de Diciembre de 2022, 15:06:57 pm »
https://twitter.com/la_voz_noticias/status/1605160709700349953

Asesinato cometido por los amigos de los socios del gobierno socialcomunista.

Por cierto, fallecieron otras dos personas y pudieron ser muchos más.

Asco infinito a los terroristas etarras

Como operacion militar fue un exito...el objetivo y sus acompañantes fueron eliminados, en una respuesta contundente al régimen de Franco tras haber nombrado a quien a todas luces iba a ser su sucesor a la muerte del dictador

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3653 en: 20 de Diciembre de 2022, 15:09:06 pm »
https://twitter.com/la_voz_noticias/status/1605160709700349953

Asesinato cometido por los amigos de los socios del gobierno socialcomunista.

Por cierto, fallecieron otras dos personas y pudieron ser muchos más.

Asco infinito a los terroristas etarras

Como operacion militar fue un exito...el objetivo y sus acompañantes fueron eliminados, en una respuesta contundente al régimen de Franco tras haber nombrado a quien a todas luces iba a ser su sucesor a la muerte del dictador

Era lo que interesaba a los yankis.

Los antifascistas de ETA actuaron de mamporreros del imperio de EEUU.

Y España, entró en el globalismo que ahora "disfrutamos".

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3654 en: 21 de Diciembre de 2022, 08:16:58 am »
El Tribunal Supremo avala retirar placas que exaltan a franquistas del callejero de Madrid


El Supremo confirma la retirada del nombre del general Asensio Cabanillas de una calle porque cumple la ley de Memoria
Mayte Piulachs
Foto: Sergi Alcàzar
Barcelona. Martes, 20 de diciembre de 2022. 13:31
Actualizado: Martes, 20 de diciembre de 2022. 13:3


Primer aval del Tribunal Supremo para limpiar de franquistas el callejero de Madrid. El Tribunal Supremo ha avalado el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de retirar el nombre General Asensio Cabanillas, que fue ministro del Ejército en 1942 y exjefe de la Casa Militar de Franco, en aplicación de la Ley de Memòria Històrica ( Ley 52/2007) porque “significa exaltar los hechos en que participó: la sublevación militar de 1936, la guerra civil y el régimen político surgido de ella”, según ha comunicado el tribunal este martes. El Grupo Empresarial Astilbe, con sede en esta calle, presentó un recurso contra la decisión del consistorio de Manuela Carmena de 2017 de retirar esta placa a un franquista. Inicialmente, un juzgado contencioso le dio la razón, pero en el 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a avalar al Ayuntamiento, decisión ahora confirmada por el Supremo. No obstante, el TSJ de Madrid  (TSJM) resolvió en verano del 2021  que se habían de reponer algunos nombres afines al dictador, como el General Millán Astray, fundador de la Legión, Hermanos García Noleja o Caídos de la Division Azul.

En concreto, la sección 4a de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del acuerdo de la junta de gobierno de Madrid, de 4 de mayo de 2017, que suprimió el nombre de la calle General Asensio Cabanillas, en aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007, que establece que las administraciones públicas deben retirar las menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entidades ultras mantienen el pulso para conservar estas placas e incluso han realizado manifestaciones en honor a Franco, aunque la nueva Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022) lo prohíbe y sanciona.

Es una exaltación "proscrita"
En la sentencia, el tribunal -con el magistrado Pablo Lucas Murillo, de ponente-, afirma que “la exaltación proscrita por el artículo 15.1 de la Ley 52/2007 es la que producen actos de las Administraciones Públicas que objetivamente realzan, ensalzan, dignifican o suponen un reconocimiento elogioso de cualquiera de los hechos que identifica su inciso final o todos ellos: la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil o la represión de la Dictadura”. “Por eso -añade el tribunal-, dar a una calle el nombre de una persona que participó activamente y de manera relevante en la sublevación militar de 1936 y en la Guerra Civil y ocupó cargos de máxima importancia en el régimen político surgido de ella es un acto de exaltación contrario al artículo 15.1 de la Ley 52/2007”.

Militar "africanista"
El Ayuntamiento de Madrid, con la alcaldesa Manuela Carmena, acordó el 4 de mayo de 2017 sustituir el nombre de la calle General Asensio Cabanillas por el de la Poeta Ángela Figuera, en aplicación de la Ley de Memoria, y teniendo en cuenta un Informe del Comisionado de Memoria Histórica de 24 de abril de 2017 que describía al primero como “militar africanista que fue decisivo en la sublevación del Ejército de África en julio de 1936”, y “participó en las actividades represivas de las tropas en el avance de los sublevados por Extremadura. Fue ministro del Ejército en 1942 y ocupó varios altos cargos en el régimen, entre ellos el de Jefe de la Casa Militar de Franco”.

Inicialmente, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 24 de Madrid, dio la razón al Grupo Empresarial Astilbe, S.L., con domicilio social en esa calle, estimó el recurso y anuló la decisión municipal, al considerar que “no se había probado que la actuación del citado general fuera relevante en el sostenimiento del régimen dictatorial ni supusiera exaltación de la rebelión militar, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura”.  Consideró que fueron la condición de militar y el cargo desempeñado los únicos argumentos con los que se acordó la sustitución del nombre de la calle en cuestión, por lo que revocó la decisión.

Argumentación sin lógica

Sin embargo, el Ayuntamiento presentó recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón y repuso el acuerdo, al defender que era de plena aplicación la previsión contenida en el artículo 15 de la Ley 52/2007 “pues la denominación de la calle en cuestión –argumentó el TSJ de Madrid- supone una exaltación de la sublevación militar, hito histórico que contempla el citado artículo, al resultar inevitable relacionar directamente al General Asensio Cabanillas con dicha sublevación, con la guerra civil y con el régimen político surgido de ella, tanto por su participación relevante en la sublevación, como en la posterior guerra civil y en el régimen”.

Y finalmente, el Supremo ha desestimado ahora el recurso del grupo empresarial Astilbe y confirma la sentencia del Tribunal Superior madrileño. Subraya que “el efecto de realce o dignificación inherente al acto de dar el nombre de una persona a una calle se vincula necesariamente aquí, no con la mera condición de militar, ni de participante en la Guerra Civil, ni de titular de un cargo público después de ella, sino con la figura de este general, inseparable de la sublevación militar y del curso de la Guerra Civil en las que tuvo una participación destacada, y también del régimen político surgido de ella”.

El Supremo insiste que“sería absurdo mantener que la ley permite a las administraciones públicas los actos y signos de exaltación aislada de la sublevación militar de 1936, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura y que únicamente proscribe los que ensalcen y elogien todo ello a la vez”. Y por ello concluye: “La interpretación que propone el recurrente carece de toda lógica, es contraria a los objetivos de la Ley.”

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3655 en: 30 de Diciembre de 2022, 13:29:34 pm »


Interior retirará al expolicía franquista 'Billy El Niño' todas sus medallas a título póstumo


El ministro Grande-Marlaska ha acordado que la Policía y la Guardia Civil revisen las condecoraciones de agentes que formaron parte del aparato de represión de la dictadura
Vertical
 El excomisario policial, Luis Antonio González Pacheco, más conocido por su apodo de "Billy el Niño". EFE/jgb EFE
Interior retirará al expolicía franquista 'Billy El Niño' todas sus medallas a título póstumo
JOAQUÍN VERA

30/12/2022 10:41Actualizado a 30/12/2022 11:59
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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado retirar todas las distinciones —a título póstumo— con las que contaba el expolicía franquista acusado de torturas Antonio González Pacheco, conocido como Billy El Niño, según ha podido saber La Vanguardia de fuentes del Gobierno.

Pero la medida de Interior no afectará solo a Billy El Niño, el ministro ha acordado que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil inicien los procedimientos de oficio para revisar y retirar las condecoraciones y recompensas policiales que hubieran podido recibir en el pasado agentes que formaron parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

La decisión, explica Interior a través de una nota de prensa, es consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Y la orden, según detalla el departamento, no afectará solo a la Policía Nacional y la Guardia Civil, sino que se extiende a Instituciones Penitenciarias y al resto de direcciones generales del ministerio, en cuyos responsables delega Marlaska la responsabilidad de incoar procedimientos de revisión de oficio y de revocación.

Trece víctimas de supuestas torturas por parte del que fuera miembro de la Brigada Político Social de la Policía Franquista —fallecido en mayo de 2020 por coronavirus— se dirigieron hace unos días al titular de Interior mediante una carta reclamando la retirada de estas distinciones en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

En su escrito, las víctimas señalaban que el expolicía fue durante "un connotado torturador de las personas detenidas por defender las libertades y por alzarse contra el totalitarismo franquista en aplicación de las leyes y medidas de represión política en vigor en dichos años".

Además, el ministro ha dispuesto la creación de una Comisión de Estudio y Análisis de la aplicación y los efectos de la promulgación de la Ley de Memoria Democrática. Entre otros aspectos, tal y como informa el Ministerio, la comisión preparará una reforma de la ley orgánica de Asociaciones para incluir como causa de disolución la realización pública de apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de sus víctimas o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3656 en: 01 de Enero de 2023, 08:17:35 am »
Yo me pregunto por qué las derechas tienen ese empecinamiento en mantener a dictadores en las calles de pueblos y ciudades?


El Supremo tumba la estrategia de las derechas para impedir el cambio de calles franquistas


Historia de Alberto Pozas • Ayer a las 18:38

Miles de vestigios del franquismo sobreviven en lugares públicos de España casi cinco décadas después de la muerte del dictador. Algunos están en placas, otros en escudos, otros en los nombres de los pueblos y una gran parte en los callejeros de las ciudades de todo el país. Su retirada se ha llevado a cabo, en el mejor de los casos, con la abstención de una derecha que nunca ha ocultado su oposición a la Ley de Memoria Histórica. Una estrategia transversal de boicot a la ley y, en particular, a la retirada de nombres franquistas de los callejeros que se ha dado de bruces con una sentencia firme: el Tribunal Supremo avaló hace unos días por primera vez que, con esta Ley en la mano, una administración local pueda retirar los nombres franquistas de las calles de la ciudad.

El primer caso que ha llegado a manos de los jueces ha sido el de la calle hoy dedicada a la poeta Ángela Figuera pero que durante años lució el nombre del militar franquista Asensio Cabanillas, estrecho colaborador de Franco durante el golpe de Estado y también durante la dictadura ocupando cargos de responsabilidad. La sentencia deja negro sobre blanco que la Ley aprobada durante la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero permitía retirar nombres franquistas del callejero de las ciudades porque su inscripción en una placa pública implicaba un "acto de exaltación" de los que prohíbe claramente la norma.

Esta sentencia va incluso un poco más allá. Señala que es necesario analizar el papel que jugó en ese periodo histórico de España la persona cuyo nombre se quiere quitar, pero no es necesario que tuviera presencia en el golpe, la guerra y la dictadura. Con haber participado en uno de los tres estadios de la imposición del régimen autoritario de Francisco Franco que segó la vida de miles de españoles, es suficiente. Un criterio menos rígido que, por tanto, abre la puerta a la retirada de más placas y símbolos franquistas.

Muchas ciudades españolas, no solo Madrid, estaban pendientes de esta sentencia. Municipios grandes y pequeños de todo el país tramitan este tipo de cambios, con algunos incluso pleiteando en los tribunales con la capital a la cabeza. La misma sala del Tribunal Supremo, sin ir más lejos, tiene pendiente otro caso mucho más amplio que abarca más de medio centenar de nombres a raíz de un recurso de la Fundación Nacional Francisco Franco, cuya misma existencia está en tela de juicio tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática.

Los colectivos memorialistas llevaban años reclamando la retirada de estos nombres de los callejeros de las ciudades, y en Madrid el proceso arrancó en 2015, cuando tras casi un cuarto de siglo de gobiernos del Partido Popular, Manuela Carmena y Ahora Madrid accedieron a la alcaldía con el apoyo del PSOE. Una década antes, el PP ya había reclamado "no reabrir viejas heridas superadas" cuando la Ley de Memoria Histórica echó a rodar. Cuando en 2015 el Ayuntamiento de Madrid anunció su intención de aplicarla para sacar el franquismo del callejero, la derecha reeditó su oposición.

Votó en contra el PP en 2015 cuando el consistorio propuso cambiar 30 calles. Entonces Esperanza Aguirre todavía estaba al frente del grupo municipal y acusó al consistorio de actuar con "sectarismo y revanchismo". Dos años más tarde, ya con el actual alcalde José Luis Martínez-Almeida como líder de la oposición municipal, el PP se abstuvo con sus portavoces hablando nuevamente de "sectarismo e ignorancia histórica". Una vez en el gobierno local, el PP ha renunciado a recurrir sentencias desfavorables sobre el cambio de algunas de estas calles aunque, en este último pleito, pidió al Supremo que confirmara la retirada del nombre del franquista Asensio Cabanillas. Nuevas iniciativas en ese sentido han sido rechazadas.

Orillar, obviar y en la práctica neutralizar la Ley de Memoria Histórica no es un invento de José Luis Martínez-Almeida y su gobierno municipal. Durante años el ejecutivo central liderado por Mariano Rajoy y el PP a nivel nacional presupuestó un total de cero euros para medidas derivadas de la aplicación de la norma como, por ejemplo, a la exhumación de fosas comunes para buscar los restos de represaliados y ejecutados por el franquismo en la guerra y durante la dictadura.

Las exhumaciones financiadas por el Ministerio de Presidencia fueron paralizadas en 2012, con la llegada del Partido Popular a Moncloa tras la derrota socialista, y algunas han dependido de la financiación de un sindicato noruego de electricistas o la fundación estadounidense. Mariano Rajoy nunca escondió sus preferencias. Ya en 2008, como líder de la oposición, dijo en esta entrevista a 20Minutos: "Yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de la Memoria que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos".

Esta sentencia del Tribunal Supremo no abarca nada relacionado con las fosas comunes pero sí entierra la polémica sobre la capacidad de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para facilitar la retirada de referencias franquistas de los callejeros de todo el país. "Dar a una calle el nombre de una persona que participó activamente y de manera relevante en la sublevación militar de 1936 y en la Guerra Civil y ocupó cargos de máxima importancia en el régimen político surgido de ella es un acto de exaltación contrario" a la norma, dice el Supremo.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3657 en: 01 de Enero de 2023, 13:52:27 pm »
Porque la derecha española es hija de los herederos de Franco, una pena, pero esa es la realidad, no es una derecha que, en su raíces, beba de la tradición democrática europea, por eso tienen problemas con la memoria histórica y la dictadura, ellos escribieron la historia, fueron los vencedores. . . así que son ellos los llamados a gobernar, todo lo que no sea eso. . . es ilegítimo. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3658 en: 02 de Enero de 2023, 01:48:19 am »

Las mujeres antifascistas violadas, chantajeadas por la Iglesia y obligadas a ingerir aceite de ricino


La represión franquista se hizo patente en barrios obreros de Palma, donde había listas de mujeres “rojas” a las que les rapaban la cabeza, las sacaban a “pasear” por el barrio y les hacían beber aceite de ricino en la antigua Casa del Pueblo de Palma, reconvertida posteriormente en un local de la Falange


Grupo de presas en la prisión de mujeres de Palma (septiembre, 1941). Matilde Landa está situada en la fila superior -es la cuarta por la derecha, debajo de la columna- Libro 'Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas'
Esther Ballesteros / Nicolás Ribas

Mallorca / Eivissa —
9 de diciembre de 2022 22:57h

Actualizado el 10/12/2022 05:30h
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En la España del siglo XX (con la excepción del periodo que empieza con la transición española y épocas más luminosas como la II República) las mujeres fueron sujetos sin derechos políticos. Su papel en lo social estuvo relegado al ámbito familiar: ser buenas hijas primero y buenas madres y esposas después, de acuerdo con los cánones morales del catolicismo sostenidos por la institución que más peso tenía en la vida social: la Iglesia Católica.

Identifican los restos de Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca'
Identifican los restos de Aurora Picornell, la 'Pasionaria de Mallorca'

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“La situación política que se generó en la posguerra (...) se puede considerar el colofón trágico y, a la vez, la prueba irrefutable de la aceleración del tiempo histórico que había causado la propia contienda respecto de las relaciones de género”, describe el doctor en Historia David Ginard en Dona, Guerra Civil i franquisme, un libro en el que, junto a cinco autoras –Anna Aguado, Ángela Cenarro, Carme Molinero, Mary Nash i Susanna Tavera–, analiza el papel de las mujeres durante el periodo republicano desde una perspectiva de género, así como los roles que ejercieron las mujeres antifascistas en la España en guerra y los modelos socioculturales que impuso la Iglesia Católica y la Sección femenina de la Falange con el triunfo de los sublevados y el inicio del régimen franquista.


En el caso específico de Illes Balears, destacaron figuras como Aurora Picornell –conocida como la “Pasionaria de Mallorca”, asesinada por los falangistas por comunista, feminista y republicana y cuyos restos han sido recientemente identificados–, Matilde Landa –extremeña que tuvo un papel fundamental en la resistencia antifascista durante su ingreso en la prisión de Can Salas, prisión central de mujeres de Mallorca, donde se terminó suicidando debido a la presión religiosa– o la feminista y espiritista Maria Vaquer, militante socialista que había sido presidenta de la Agrupación Socialista femenina de Capdepera durante la II República y que se exilió en Argelia en el año 1948, en plena posguerra después de la implantación de la dictadura franquista.


Integrantes de la Agrupación Socialista Femenina de Capdepera, entre ellas la espiritista y feminista Maria Vaquer (de pie, tercera por la derecha) Fotografía extraída del libro 'L'espiritisme a Capdepera (1868-1936)', de Josep Terrassa
Respecto a las actividades relacionadas con la resistencia antifranquista de posguerra, Ginard alude al caso de Maria Pellico Remis, administrativa madrileña que fue encarcelada en Can Salas entre 1940 y 1943 y quien al salir en libertad se incorporó a la organización clandestina del PCE en Mallorca, donde intentó estructurar una sección de mujeres. Junto a Gabriela Deyà Gelabert, Margalida Andreu Marimon y Francesca Tous Ramis fue iniciadora de un proceso de incorporación de las mujeres en la lucha contra la dictadura, que ya en las postrimerías del régimen logró un alcance considerable, incluyendo figuras tan relevantes como la de Francesca Bosch y Bauzá, máxima responsable del Partido Comunista en la clandestinidad desde 1972.

El chantaje de las instituciones religiosas
Las instituciones religiosas ejercieron, además, un papel fundamental en las prisiones femeninas de la posguerra. Como apunta Ginard, las mujeres constituyeron un colectivo clave desde el punto de vista de la recatolización de España tras la experiencia laicista de la II República, lo que llevó a las mujeres a ser obligadas a bautizarse, como sucedió en el caso de Matilde Landa, y llevaran a cabo prácticas religiosas. Asimismo, las mujeres eran chantajeadas a practicar el catolicismo a cambio de recibir agua caliente para poder limpiar los “parches” que usaban para limpiarse durante la menstruación.

Las mujeres eran chantajeadas a practicar el catolicismo a cambio de recibir agua caliente para poder limpiar los “parches” que usaban para limpiarse durante la menstruación

En este contexto apela Ginard a entender la recuperación de las funciones atribuidas tradicionalmente a las monjas dentro de los centros de reclutamiento femenino de la posguerra, inspiradas en las tradicionales casas correccionales que tuvieron una notable presencia durante la Restauración borbónica.

Como apunta el historiador en su libro, la represión constituye un ejemplo paradigmático del “sempiterno problema” de la invisibilidad de la mujer como sujeto histórico. “Se trata de un fenómeno en que las formas específicas de violencia física y moral que afectaron de manera más singular a las mujeres fueron precisamente las que dejaron menos vestigios documentales aptos para ser usados por los historiadores”, incide.

Avances feministas entre finales del siglo XIX y principios del XX
Con todo, explica que los avances del feminismo fueron pocos en España durante el periodo que comprendió la proclamación de las Cortes de Cádiz y la dictadura de Primo de Rivera –a diferencia de otros países como el Reino Unido donde las reivindicaciones de las sufragistas conquistaron el voto femenino con anterioridad–, etapa durante la que se pueden destacar movimientos como el cantonalista del levantamiento federal de 1873 y el sufragista de los años veinte, progresos que en ningún caso caso tuvieron la relevancia política que aquellos que se produjeron durante la II República o los episodios que protagonizaron durante la guerra.

“Las mujeres ejercieron un rol político determinante en la zona republicana entre 1936 y 1939. A pesar de sus sombras, la movilización femenina en defensa de la causa de la democracia republicana española, incluida la de miles de mujeres que no habían tenido ningún tipo de politización previa, constituyó un punto histórico de ruptura que ya no tenía marcha atrás”, destaca Ginard.

Las mujeres ejercieron un rol político determinante en la zona republicana entre 1936 y 1939. A pesar de sus sombras, la movilización femenina (...) constituyó un punto histórico de ruptura que ya no tenía marcha atrás

David Ginard — Historiador
Pese al papel fundamental que desempeñaron, las republicanas –y las mujeres en general– eran vistas por los golpistas como incapaces de liderar movimientos políticos u organizaciones sindicales por el hecho de ser mujeres. “Desde el punto de vista de la mentalidad franquista, se considera que las mujeres que habían entrado dentro de una dinámica de participación en organizaciones políticas de izquierdas lo habían hecho influenciadas de forma perversa por sus compañeros, hermanos, maridos o padres”, explica Ginard.

Esta mentalidad franquista, basada en tratar a las mujeres como si de menores de edad se trataran, explicaría el tipo de castigo específico dirigido hacia ellas, una represión “moral” o “simbólica” materializada, entre otras prácticas, mediante su rapado; obligándolas a ingerir aceite de ricino en una forma de purgar las “malas” ideas y expulsarlas y forzándolas a participar en actos religiosos y a ejercer tareas de limpieza de iglesias y de casetas de la Guardia Civil y de la Falange, además de ser violadas y presionadas para obtener información sobre sus familiares perseguidos.

Represión en los barrios obreros
Esta represión tuvo una relevancia importante en barrios populares como La Soledat (Palma), con una tradición obrerista y de izquierdas muy marcada. A través del testimonio de una vecina anarquista del barrio, Julia Palazón, se conoce que la represión hacia las mujeres en La Soledat tuvo, sobre todo, esa dimensión: había listas de mujeres “rojas” a las que les rapaban la cabeza, las sacaban a “pasear” por el barrio y les hacían beber aceite de ricino en la antigua Casa del Pueblo de Palma, reconvertida posteriormente en un local de la Falange.

Por otro lado –y por los mismos motivos, a saber, por esta conducta patriarcal–, era poco frecuente que les aplicaran la tipología de delitos más graves –con sus consiguientes penas máximas–, como rebelión militar: se las condenaba, en cambio, por penas tipo “auxilio” o “seducción” a la rebelión. “Es esta consideración de la mujer como menor de edad, como una persona incapaz de tener una mínima solvencia ideológica”, afirma Ginard.


Aurora Picornell en 1930 Cedida por David Ginard Féron
En el caso específico de las mujeres “rojas” represaliadas durante la Guerra Civil en Mallorca, fueron acusadas, entre otros motivos, por haber gritado o protestado cuando se producía una detención, por haber escondido a algún compañero que estaba siendo perseguido por la policía, por haber facilitado el paso hacia la zona republicana de alguna persona que estaba siendo perseguida por razones ideológicas o por no haber facilitado que algún compañero que había sido llamado a filas por parte de los golpistas se incorporara. En el caso de aquellas que fueron presas después de la Guerra Civil, hubo casos en los que fueron acusadas por haber participado en actos de violencia anticlerical que habían tenido lugar en la España republicana.

“Normalmente eran acusadas de haber protagonizado una posición no de liderazgo, sino subordinada”, matiza Ginard. “De esta manera se dio paso a un fenómeno completamente nuevo porque las mujeres nunca habían sido destinatarias de una violencia política física y moral de dimensiones mínimamente comparables a la que conocieron a partir de 1936 allá donde triunfó el golpe de Estado y, desde 1939, al conjunto del territorio español”, especifica el historiador.

Las mujeres nunca habían sido destinatarias de una violencia política física y moral de dimensiones mínimamente comparables a la que conocieron a partir de 1936 allá donde triunfó el golpe de Estado

David Ginard — Historiador

Esta violencia se saldó con al menos una docena de mujeres asesinadas en Mallorca y dos en Eivissa (ninguna en Menorca y Formentera), sin contar los casos de aquellas que murieron dentro de la prisión por enfermedad o suicidio. Los más conocidos fueron el de Aurora Picornell y sus compañeras conocidas como las “roges del Molinar” (una madre y dos hijas: Catalina Flaquer y Antònia y Maria Pascual y la joven palentina Berlamina González Rodríguez), asesinadas después de ser sacadas de la cárcel de Can Salas la noche del 5 al 6 de enero de 1937. Dentro del marco de esta represión descontrolada que asoló la isla entre el verano de 1936 y la primavera de 1937, también fueron abatidas la dirigente socialista Pilar Sánchez, las manacorenses Francesca Llull Font y Francesca Salas Llull (madre e hija y militantes de Izquierda Republicana Balear) y Margalida Jaume Vanrell, sin ninguna militancia política.

Cinco milicianas, violadas y torturadas tras un error de coordinación

Otro de los episodios más virulentos fue el de las cinco milicianas que participaron en el desembarco republicano del capitán Alberto Bayo para recuperar Mallorca, controlada por los falangistas. Debido a un error de coordinación, la noche del 3 al 4 de septiembre de 1936 quedaron en tierra tras la retirada de las expediciones. Todas ellas acabaron violadas y torturadas en la Escuela Graduada de Manacor y, finalmente, fusiladas por orden del conde Rossi. Como documenta Ginard, entre quienes participaron en las agresiones sexuales se encontraba el médico militar Vicente Sergio Orbaneja, camisa vieja, cuñado de José Antonio Primo de Rivera y futuro gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife.

Desembarco de tropas republicanas en Mallorca

En Eivissa, Eulàlia Marí Torres y Bàrbara García Loreto, de Sant Joan de Labritja, fueron asesinadas el 2 de octubre de 1936 en el cementerio de la capital ibicenca. Como prácticamente todo el resto de las víctimas de la represión franquista de las Pitiüses, independientemente de su género, tenían escasa significación política.

Otras represaliadas fueron Maria Bauzà Mas, de Sineu (Mallorca), encarcelada tras introducirse clandestinamente, vestida de soldado, en la prisión de Can Mir con el objetivo de proporcionar una botella de aceite a su hermano recluso, o Pràxedes Terrassa Vicens, de Campos (Mallorca), quien introdujo un billete de cinco pesetas y una carta con calcetines cosidos dirigida a su marido, encerrado en un campo de concentración del puerto de Pollença. Mientras tanto, en Menorca, Sebastiana Sintes fue acusada de abofetear la imagen de Jesús de la parroquia de Sant Dídac (Maó).

Finalizado el conflicto bélico, el número de reclusas en la prisión de Can Salas se incrementó hasta las 500 durante el verano de 1940, procedentes principalmente de los centros penitenciarios de Menorca, Madrid, Girona, Ventas y Saturrarán.

“Meras comparsas” de los hombres

La ideología profundamente conservadora de los partidarios del régimen nacionalcatólico también se vio reflejada en las sentencias judiciales, promovida por los juristas de la España del siglo XIX, por la cual se utilizaban expresiones misóginas como “altanera” o “deslenguada”, muy poco habituales en el caso de las sentencias que afectaban a los hombres. “La mujer delincuente –por cuestiones políticas o comunes de delincuencia– era una ‘transgresora’ que se había alejado de su papel natural de madre y esposa para intentar equipararse al hombre, quedando así al margen del rol social que tenía asignado”, remarca Ginard.

Y al ser vistas como inferiores a los hombres, desde un punto de vista social, político e intelectual, las penas a las que eran sometidas eran, generalmente, también menores a las de los hombres. “Eran percibidas como seres sin capacidad de decisión, que como mucho actuaban como meras comparsas de los hombres”, subraya el historiador.

El historiador asevera, al hilo de lo anterior, que los testimonios orales y escritos procedentes de las víctimas y de su entorno social dejaron “muy escasa constancia” de la represión contra las mujeres. No en vano, la historiadora estadounidense Shirley Mangini señala que el bajo nivel de alfabetización entre las mujeres de las clases populares dificulta de manera particular que las represaliadas pudieran plasmar por escrito sus recuerdos y reflexiones.

Recluidas en el espacio doméstico

Por otro lado, Ginard abunda en que la tendencia de las antiguas represaliadas a recluirse dentro del espacio doméstico propició que a menudo resultara particularmente difícil acceder a sus testimonios. Incluso se daba el hecho de que, al ser interrogadas por los investigadores, centrasen su relato no en sus propias experiencias, sino en las de sus padres, maridos o hermanos. “A veces, este uso del testimonio oral femenino como instrumento para la recuperación exclusiva de la memoria de sus familiares masculinos, enmascarando su propio compromiso, se explica por el cuestionario elaborado por el historiador. Pero también es común que las propias mujeres menosprecien su experiencia, limitándola a una solidaridad basada únicamente en lazos familiares o afectivos o adoptando una retórica fundamentalmente defensiva en que sobredimensionan el rol de víctima sobre el de resistente”.

“Muchas de ellas, además, interiorizan en buena medida los argumentos de un régimen que pretendía, a toda costa, negar la faceta abiertamente política de la resistencia femenina, calificando sistemáticamente a las 'rojas' de mujeres 'fáciles y libertinas'”, remarca.

En consecuencia, las represaliadas de la dictadura consideraban, en una proporción mucho más elevada que los hombres, que los episodios violentos que habían sufrido constituían un motivo de vergüenza y no de alegría. “El olvido de la represión femenina afectó, incluso, a las organizaciones de la oposición antifranquista y a los organismos internacionales encargados de la salvaguarda de los derechos de los presos”, subraya Ginard en su obra. No en vano, en el informe sobre el sistema penitenciario español elaborado en 1953 por la Commission Internationale Contre le Régime Concentrationnaire (CICR), solo uno de los 37 relatos de presos políticos recopilados era femenino.

Esto lo ve bien Vox, cómo va a reconocer la Violencia de Género si para ellos las mujeres son objetos, por eso lo de "todo tipo de violencia" para Vox romper una papelera y matar a una mujer es igual de grave penalmente