Memoria histórica

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Un agujero simbólico demasiado grande


No hay huella del franquismo ni en leyes ni en instituciones, pero sí en las calles y símbolos del país
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SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ
3 DIC 2017 - 00:00   CET

Han pasado 42 años desde que murió el dictador Francisco Franco y 40 desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas y no tiene sentido buscar exponentes del franquismo en la vida política del país. España es una democracia consolidada, bastante parecida, en virtudes y en defectos, a las democracias fundadoras de la UE. No hay huella del franquismo en las leyes ni en las instituciones españolas, por mucho que algunos aseguren lo contrario. Pero inexplicablemente sí la hay, y abundante, en las calles y símbolos del país. Los restos de Franco y del fundador de Falange, Primo de Rivera, siguen enterrados en el Valle de los Caídos. Hay calles y plazas dedicadas a la memoria de franquistas que protagonizaron la Guerra Civil. Incluso quedan monumentos erigidos en homenaje a quienes apuntalaron 36 años de dictadura. Peor aún, existen todavía fosas comunes en veredas de caminos, con los restos de personas asesinadas durante la guerra y en la posguerra.



¿Cómo es posible que en todo este tiempo no se haya construido un espacio democrático simbólico aceptable por toda la ciudadanía? La única explicación es que el Partido Popular se ha negado a contribuir a la construcción de ese espacio y con ello ha faltado gravemente a su obligación de ayudar a la normalización simbólica española. Todo el mundo hizo su contribución en su momento, desde Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, exhibiendo la bandera roja y amarilla, a Manuel Fraga, secretario general de Alianza Popular, presentando a Carrillo como conferenciante principal en un club madrileño. Los únicos que no han hecho nunca la menor aportación al espacio simbólico democrático son los dirigentes del PP, primero José María Aznar y ahora Mariano Rajoy.

Debió ser precisamente el presidente Aznar quien organizara el traslado de los restos de Franco y de José Antonio a los cementerios que eligieran sus familiares. Era a la derecha, llegada al poder de manera democrática, a la que le correspondía ese gesto, precisamente para consolidar un espacio simbólico válido para todos. Ahora, el Partido Popular tiene tan embotado el sentido de Estado y de país que Mariano Rajoy se pregunta por qué una calle dedicada al almirante franquista que bombardeó Gijón y la carretera de Málaga a Almería, llena de civiles en desbandada, ha cambiado de nombre para homenajear a Rosalía de Castro.

Puede interpretarse como una anécdota, pero no lo es. La sociedad española realizó un esfuerzo formidable en las cinco primeras legislaturas (de 1977 a 1996), en circunstancias muy difíciles, pero siempre por unanimidad parlamentaria, para devolver sus derechos a quienes fueron despojados violentamente de ellos por el golpe de Estado del 1936 y por la dictadura franquista. Cuando en 2004 prácticamente todos los grupos parlamentarios presentaron una proposición no de ley sobre “el reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que padecieron la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas”, solo fue posible conseguir el apoyo del PP aceptando una enmienda en la que, entre otras cosas, se ponía límites en la ayuda para localizar y exhu­mar fosas de la Guerra Civil. El apoyo de las instituciones, exigió, solo se dará a las familias, de manera que no puedan solicitar esa ayuda asociaciones ni entidades civiles.

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Aquel 4-D
J. A. Montano @montano66
J. A. Montano
4 diciembre, 2017 02:48

“Albergo más recuerdos que si tuviera siglos”, escribió Baudelaire en Las flores del mal. Yo albergo los recuerdos de mi medio siglo, pero son suficientes. Con el periodismo me he echado amigos treintañeros, que van dando cuenta de su aproximación y llegada a los cuarenta. Su melancolía, aguda para ellos, me deja a mí en un no-lugar. Les angustia cumplir los años que yo cumplí hace diez años. Aunque mi melancolía debería ser mayor, tiendo a consolarles...

Hoy se cumple otro aniversario cuarentón del que tengo ya el recuerdo. El 4 de diciembre de 1977 fue la manifestación en Málaga en que mataron al joven Caparrós. Este apellido, que yo conocí entonces, se quedó asociado a la muerte y flotó sobre otros que lo llevaron, como un estrepitoso presentador de televisión y su hijo (ahora estrepitosamente peleados). A aquel chico lo llamábamos José Manuel García Caparrós, y así figura en la placa que lo recuerda en el lugar en que le disparó un policía. Pero la placa está equivocada: no fue en ese lugar y el nombre era Manuel José. Otro malagueño de mi edad, Teodoro León Gross, lo ha contado en El País, donde relata las conclusiones del libro Las muertes de García Caparrós y la peripecia de su autora, Rosa Burgos, por conocer la verdad en contra –esta vez sí– del aparato del Estado.

Aquella mañana yo tenía once años y era consciente de la importancia de la manifestación que se iba a celebrar, porque hice con ella lo máximo que puede hacer un niño: convertirla en juego. Mi vecino de enfrente y yo montamos otra manifestación con nuestros clicks, que portaban banderas andaluzas y pancartas en favor de la autonomía que habíamos recortado en papelitos. Para darle ambientación, teníamos la radio puesta. Todo parecía festivo, pero en algún momento se empezó a hablar de disturbios. No sé si fue entonces cuando se anunció que habían matado a un chaval, o un chavea, como se decía en Málaga.

La frase “lo ha matado un policía” formó una imagen en mi cabeza: la de un policía armada –un gris de los del franquismo aún– disparándole a bocajarro. Me pasó lo mismo cuando, a principios de ese 1977, tuvo lugar la matanza de Atocha. Me acuerdo de que estaba viendo el Telediario, esperando sin duda el siguiente programa, cuando dieron la noticia: unos ultraderechistas habían irrumpido en el piso de unos abogados laboralistas y los habían matado. Sin yo darme cuenta, se formó en mi cabeza la imagen de que entraban en nuestro propio piso y nos disparaban, tal como nos hallábamos en ese momento ante el televisor.

A propósito de Caparrós pasó algo en el colegio que, tiempo después, me pareció un buen ejemplo de jesuitismo: de cómo los jesuitas astutamente aprovechan. Nuestra enseñanza no era religiosa. Casi todos los profesores eran laicos y en general progresistas (sobre todo el de Historia, magnífico: futuro concejal del PSA). Pero de vez en cuando el fundador, el padre Mondéjar, un jesuita, nos convocaba para darnos una charla. Su estilo era efectista, un poco histriónico; bondadoso en el fondo, aunque imponía. Por aquellos días nos dijo: “¿Sabéis qué fue lo primero que encontraron cuando abrieron la cartera del chico ese al que mataron?”. Hizo una pausa para crear suspense y añadió, con aire de triunfo: “Una estampita de la Virgen”.

Caparrós era de CC.OO., pero la Iglesia también hizo –en mi colegio al menos– por apropiarse del mártir.

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IU pedirá a Interior que se haga público el informe donde aparece que fue un policía quien disparó a García Caparrós en 1977

    La diputada Eva García Sempere sostiene que en el informe del día 14 de diciembre, diez días después del asesinato, "ya se conocía que había sido un policía" el autor, pero "no aparece el nombre"
    Mantiene que hay que plantear "cómo se llega a las conclusiones de la comisión de que no hay ni siquiera convicción moral de haberlo hecho mal" y cuarenta años después continúa sin haber reparación

infoLibre Publicada 04/12/2017 a las 17:37 Actualizada 04/12/2017 a las 20:02



DNI de Manuel José García Caparrós, muerto en 1977 víctima de un disparo de la policía y uno de los personajes simbólicos de la autonomía andaluza. Atrapasueños
La diputada de IU en el Congreso Eva García Sempere ha adelantado este lunes que desde su partido se va a solicitar al Ministerio de Interior que se haga pública una parte de la documentación relativa a las actas de la comisión que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, ocurrida durante la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga y, concretamente, que se haga público el informe donde se narra que un policía disparó e hirió mortalmente a Caparrós.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Sempere, que ha sido autorizada a tener acceso a las actas en cuestión, ha afirmado que en una de ellas se pone de manifiesto que "desde el 14 de diciembre ya se sabía que había sido un policía" quien había herido a Caparrós, "que se estaban adaptando medidas disciplinarias" por ello, que "no sólo ese policía disparó al aire", que había "fisuras" entre las declaraciones de los policías y que había testimonios "que no iban a pasar al sumario judicial".

La diputada también ha explicado que se realizó una investigación por parte el entonces Ministerio de Gobernación "bastante rápida" tras los hechos del 4 de diciembre y que en el informe al que ha hecho referencia fechado el día 14 de diciembre "ya se conocía que había sido un policía". A esto ha añadido que en dicho informe "no aparece el nombre del policía ni de ninguno" pero "se sabía quién era".

Otro punto "llamativo" para la diputada de IU tras la consulta de los documentos de la Comisión de Cuentas, que investigó la muerte de Caparrós, es que se concluye, tras algunas entrevistas de subcomandantes, mandos policiales y representantes, que "32 policías se vieron agobiados y empezaron a disparar". "Podría ser que los policías decidieran disparar, pero lo que es sospechoso es que el que era delegado del Gobierno dice que se entera por la prensa de que los disparos se hicieron con fuego real y no hace nada, no hay orden de que eso pare", ha explicado.

García Sempere ha asegurado que hay que plantear "cómo se llega a las conclusiones de la comisión de que no hay ni siquiera convicción moral de haberlo hecho mal" y cuarenta años después se continúa "sin reparación". Sobre esto último ha apuntado que una primera reparación sería que se retirara la conmemoración del Congreso ha otorgado al que cuando falleció Caparrós era ministro de Gobernación, Martín Villa, por el aniversario de la democracia en España. "Esto es un atentado, porque Villa no es solo responsable de lo de Málaga, sino que tiene una larga historia de despropósitos", ha añadido.
 

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La Asamblea de Madrid pide a la Comunidad que se querelle contra el franquismo por crímenes contra la humanidad
La proposición no de ley ha partido de Podemos y no es vinculante

Esther Sánchez
Madrid 7 DIC 2017 - 18:27 CET   

La Asamblea de Madrid ha aprobado una proposición no de ley (no vinculante) para interponer una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid a efectos de que se investiguen “los crímenes contra la humanidad cometidos por parte de la dictadura franquista y en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, que afectaron vecinos de la Comunidad de Madrid”. La iniciativa, presentada por Podemos, ha salido adelante gracias al apoyo del PSOE y a la abstención de Ciudadanos. El PP ha votado en contra.

Para conseguir la ayuda de los socialistas, Podemos ha admitido una enmienda transaccional que circunscribe el período de la querella a unas fechas concretas. En el texto inicial estaba incluida la etapa de la Transición.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene una asignatura pendiente”, ha manifestado el diputado de Podemos Pablo Padilla en la defensa de la propuesta. Su grupo considera que hay violaciones de derechos humanos "que no pueden prescribir" y, por lo tanto, la administración tiene que poner "todo de su parte para que los responsables respondan ante los tribunales”.

El parlamentario ha destacado la red de ciudades que apoyan la propuesta, que en la actualidad agrupa 350 querellas que “están en marcha”. En el Ayuntamiento de Madrid se aprobó a principios de noviembre una moción, que cosechó un resultado similar a la de hoy en el Parlamento regional: salió adelante con el apoyo de Ahora Madrid y PSOE, el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos.

Padilla ha cargado contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que acudió a una exposición sobre los crímenes cometidos en el campo de concentración de Auschwitz. “El problema es cuando reconocemos lo de fuera y no lo dentro”, ha criticado. En su opinión, "el fascismo institucionalizado ha quedado impune ¿cómo le vamos a explicar a las nuevas generaciones que esta mal, si la administración no es capaz de condenar ese tipo de violaciones de derechos humanos?".

El diputado del PP Alfonso Serrano ha reprochado a Podemos que no recuerden que en el año 2002 se condenó la dictadura franquista en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta del PP. “Por lo tanto, no vamos a estar cada vez que ustedes quieran bailándoles el agua, porque nuestro compromiso contra el franquismo es evidente”. Los populares sostienen que la propuesta esconde "su verdadera intención" que se centra en una "obsesión por mirar al pasado y mantener heridas abiertas". Serrano ha argumentado que el Tribunal Supremo señaló la imposibilidad de exigir responsabilidades penales por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura con el sistema vigente.

Diego Cruz Torrijos del PSOE ha mantenido que en España se han dado pasos para “saldar la deuda” que existe con las víctimas, entre ellos la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 “sin el apoyo del PP ni, curiosamente, de Izquierda Republicana de Cataluña”, ha recordado. Pero “queda mucho por hacer, como superar el freno que marca el PP”, ha matizado. La actitud que mantiene el PP le provoca “sonrojos” por los argumentos que esgrimen para parar las iniciativas. También ha indicado que si las víctimas acuden a los tribunales argentinos es porque se “sienten desamparados en su tierra”.

Ciudadanos ha justificado su abstención porque se trata de "abrir una causa general" sin precisar que hechos se denuncia y eso "viola los más elementales principios del derecho procesal penal moderno". El diputado Juan Trinidad se ha referido a que existe una ley de amnistía aprobada por el 90% del Parlamento, entre ellos por PSOE, UCD, el Partido Comunista, y la abstención de Alianza Popular.

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Los 1.000 testigos de Jehová que Franco encarceló por no hacer la mili: regreso al penal de Cádiz

Gracias a su inquebrantable postura consiguieron evitar el servicio militar porque era contrario a sus creencias, pero no las cárceles durante décadas. Entre rejas sufrieron palizas, vejaciones y tratos degradantes, pero también se casaron e iniciaron prósperos negocios. EL ESPAÑOL reúne a los protagonistas para narrar su vivencias.
9 diciembre, 2017 02:40

“Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará hijos de Dios”. (Mateo. 5:9.).

Unos mil testigos de Jehová dijeron no a la mili entre los años 1954 y 1977. Gracias a su inquebrantable postura consiguieron evitar el servicio militar, contrario a sus creencias, pero no las cárceles. Sus condenas por desobediencia y sedición sumaron décadas. En prisión sufrieron palizas, vejaciones y tratos degradantes de los guardias y reos comunes, pero también se casaron e iniciaron prósperos negocios de joyería, pintura o relojería con sus ventas fuera del penal. Esta es la historia de los primeros objetores de conciencia españoles. Así la vivieron sus protagonistas y así la cuentan.

Capítulo I. ¿Jesucristo haría la mili?

“Cristo es mi modelo, ¿él haría la mili?”. Juan Antonio Falcó se hizo esta pregunta poco antes de ingresar en la prisión de Colmenar Viejo. Corría el año 1969. El motivo de su condena, tres años, fue negarse a hacer el saludo militar ante el teniente coronel que presidió su consejo de guerra por negarse a vestir el uniforme.
 
    Nevenka, la primera que se atrevió a denunciar al jefe acosador: ganó pero vive exiliada Nevenka, la primera que se atrevió a denunciar al jefe acosador: ganó pero vive exiliada Daniel Ramírez 2017 pasará a la historia como el año en el que miles de mujeres rompieron la espiral del silencio y denunciaron el acoso sexual sufrido, pero hace 16 años ya lo hizo Nevenka. El entonces alcalde de Ponferrada fue el primer político condenado por acoso. Logró regresar al Ayuntamiento, mientras su víctima sigue en el 'exilio'. "No nos ha pedido perdón", dice su madre.

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“Yo no imaginaba a Jesucristo vestido de recluta”, asegura Falcó a sus 70 años. “Y como yo quería ser un buen cristiano —razona—, no podía hacer la mili”.

Falcó, un madrileño de modales exquisitos, llegó a esta conclusión después de un exhaustivo estudio de la Biblia. Cita a Isaías 2.4: “No aprenderán más de la guerra”; o los capítulos cinco, seis y siete del Evangelio de Mateo, el sermón de la montaña: “Felices son los pacíficos puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos”.

“Somos —argumenta Falcó— súbditos del reino de Dios y como dice el apóstol Pablo, si se milita en un ejército no se puede militar en otro; también lo dice Pedro —2.21— tenemos que seguir los pasos de Jesucristo con sumo cuidado y atención”.

“Por eso, si honradamente quería seguir los pasos de Jesucristo, el príncipe de paz, mi conciencia en absoluto me permitía hacer el servicio militar”, zanja Falcó.

El madrileño fue uno de los trescientos testigos de Jehová que acabaron cumpliendo condena en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, el penal militar que más objetores de la congregación acogió. En la fortificación, situada junto a la playa de La Caleta, convivieron con presos militares comunes condenados por todo tipo de delitos, incluidos los de sangre.

Capítulo II. Los testigos de Jehová, una gran familia en Santa Catalina

“En la cárcel no gana el más fuerte, siempre gana el que menos tiene que perder”, resume Fernando. “O matas o te matan, y nosotros éramos los matados. Nos insultaban, nos empujaban, nos ponían zancadillas…”. La nula convivencia entre comunes y testigos generó numerosas fricciones que las autoridades militares zanjaron con la separación física entre reos.

De la comunidad carcelaria, más de la mitad, unos 140 eran testigos: cumplían a rajatabla las normas, nunca fueron violentos y no comían morcilla por llevar sangre, algo prohibido por su fe.

Fernando Marín, uno de los primeros en llegar al penal de Cádiz, narra cómo la convivencia se hizo insoportable. También cómo los reos comunes buscaban gresca cuando se colaba el vino por los muros de Santa Catalina. “Nos bombardeaban con pan duro, que era como piedras”. “Ellos querían pelea y nosotros nunca accedimos a pelear”.

El alto número de los testigos en Santa Catalina obligó a la comunidad a establecer una jerarquía que procurase el orden, la higiene y el correcto desarrollo de una vida marcada sentido espiritual. “Los carceleros solo se preocupaban por contarnos por la mañana y por la noche, el resto del tiempo era para lo que quisieras, y para no caer en un estado de abandono, de dejadez, establecimos turnos de cocina, de aseo, horarios para dormir o estudiar. También nos pusimos a tejer bufandas y chales con las agujas de los pescadores. Lo ofrecíamos a quienes nos visitaban por un precio módico”, recuerda Marín, nombrado coordinador de la comunidad cristiana en el penal.

Poco a poco, las actividades económicas empezaron a diversificarse. La lana se convertía en ropa, en mantas con una tricotosa que consiguieron, también montaron un taller de joyería en el que satisfacer los encargos —“modelos exclusivos”— de los joyeros del resto de España, otro de relojería, de automoción, lavandería, pintura, de confección de barcos de miniatura o de muebles esquinera con barritas torneadas.

La materia prima entraba en las visitas de la familia, menos la dedicada a la joyería, que entraba en el penal por un representante de la Sociedad Española de Metales Preciosos. “Las autoridades se portaron con nosotros de forma excepcional; eso sí, con nosotros no tuvieron el más mínimo problema”, apunta Marín, que acabó montando una joyería en Barcelona.

“Llegamos a pagar un impuesto, el uno por mil, al Colegio de Huérfanos para poder facturar y ser legales”, recuerda el joyero.

Y con lo que sacaban compraban y almacenaban alimentos para cuando las comidas que les proveían llevaban morcilla. “Es mucho más barato que el chorizo —relata Fernando—, y todos los guisos llevaban morcilla, que nosotros no podemos comer por hacerse con sangre, una prohibición bíblica”.

Parte de los ingresos también servían para atender a las familias de los reclusos. En Santa Catalina se celebraron 44 bodas de testigos de Jehová. Fernando se casó con Conchi. No hubo noche de bodas. Después de la ceremonia, él se quedó en prisión y ella se fue a casa de unos amigos. Tardaron dos años en volver a verse.

Capítulo III. Las 44 bodas de Santa Catalina

Pedro Juan García y María del Carmen Fernández, hoy de 73 y 70 años, se casaron en el penal militar de Santa Catalina el 21 de julio de 1973. A su boda asistieron 200 invitados, muchos llegado de Barcelona, lugar de procedencia de los contrayentes. El menú incluía ensaladilla rusa, unos entremeses y una tarta nupcial con trece escalones, uno por cada año de noviazgo. Los guardias permitieron que se alargara la celebración hasta las ocho de la tarde. Mucho más de lo que establecían los horarios de visita.

“Fue un día maravilloso”, responden al unísono. “Pero en la noche de bodas, yo me quedé en la cárcel y ella se fue a una pensión”.

Tuvieron ocho hijos. El primero, concebido entre rejas. En un vis a vis. “Un aquí te pillo, aquí te mato”, puntualiza el risueño él. “Pero bien”, añade ella.
Pedro Juan García Sánchez, 73 años, nacido en Marruecos y residente en Asturias, y María del Carmen Fernández Donaire, 70 años y nacida en Granada. Se casaron el 21 de julio de 1973 en el penal militar.

Pedro Juan García Sánchez, 73 años, nacido en Marruecos y residente en Asturias, y María del Carmen Fernández Donaire, 70 años y nacida en Granada. Se casaron el 21 de julio de 1973 en el penal militar. Fernando Ruso

A Pedro Juan lo encarcelaron en 1966 en Almería. De ahí fue a Guadix, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Las Palmas, El Aaiún, de nuevo Las Palmas y, por fin, Cádiz, cuatro años. Mientras él iba de prisión y prisión, María del Carmen se dedicó a tratar de entender el porqué de la objeción de conciencia de su marido y las consecuentes tribulaciones por las que atravesaba el matrimonio.

“Quise saber el porqué de su comportamiento —explica a EL ESPAÑOL— y busqué a unos testigos que me lo explicaran. Ellos me dijeron que la mejor forma de entenderlo era leyendo los evangelios”. “Lo hice y lo apoyé, porque era lógico hacer lo que hacía”.

El apoyo de las familias fue clave en la postura inquebrantable de los testigos de Jehová. Pese a los kilómetros, muchas se desplazaron a Cádiz para estar junto a sus maridos, padres e hijos, gracias a la caridad del resto de hermanos de la localidad.

Capítulo IV. Cádiz, ciudad de acogida y soporte de la intendencia

José Manuel Viruel, testigo de Jehová, se libró del servicio militar gracias a la edad de su padre, sexagenario, pero su papel fue vital dentro y fuera de los muros de Santa Catalina. En su propia casa, y en la del resto de la congregación de Cádiz, acogió a un centenar de familias. “Dormían hasta en la azotea en los meses de verano”, apunta.

“No lo veía como un sacrificio —detalla Viruel a sus 76 años—, era todo un honor, un privilegio, porque ellos eran héroes para nosotros, personas de fe injustamente encarceladas”.

A ninguno de sus compañeros del prestigioso hotel Atlántico, donde Viruel trabajaba como pastelero, le extrañaba las llamadas que recibía del penal de Santa Catalina. “Son tus hermanos, dicen que vengas”, me decían. Y allá que iba para resolver cuestiones más cercanas a lo material que a lo espiritual, “que también se atendían”.

Viruel se convirtió en el jefe de la intendencia durante casi tres décadas. Proveía de materia prima a los testigos encarcelados, metía revistas prohibidas en las latas de la carne de membrillo y sacaba a hurtadillas la numerosa correspondencia que generaban los presos. “Se escribía muchísimo. Se predicaba mucho. Podían salir dos o tres mil cartas al mes, y sin que las autoridades lo supieran”.

Muchas de las cartas que llegaron a burlar el control de los guardias salieron embuchadas en los pañales de los hijos de Viruel. “¡Iba forrado!”, insiste. “Y así salieron infinidad de cartas. Hasta un día, que tuvo colitis —narra riendo—, y nos pegamos horas limpiando cartas, echándoles colonias…”.

Por su profesión, Viruel se encargó de hacer las tartas nupciales en las bodas de sus hermanos. E incluso se casó por ellos en el juzgado. “Iba con un poder para contraer matrimonio en nombre de los testigos encarcelados. Fui tantas veces que me decían ‘el bígamo’, ya saben la guasa que hay en Cádiz”, resuelve José Manuel.

    Enrique Molina, sevillano de 70 años. Estuvo en Cerro Muriano (Córdoba) y Santa Catalina (Cádiz) cumpliendo condena durante 5 años.

    Enrique Molina, sevillano de 70 años. Estuvo en Cerro Muriano (Córdoba) y Santa Catalina (Cádiz) cumpliendo condena durante 5 años.
    Eugenio Villalba, 62 años, de Arcos de la Frontera (Cádiz), estuvo cumpliendo condena durante seis meses.

    Eugenio Villalba, 62 años, de Arcos de la Frontera (Cádiz), estuvo cumpliendo condena durante seis meses.
    Francisco González, 62 años, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), fue enviado a Vitoria a cumplir condena y puesto en libertad a los pocos meses por la amnistía declarada tras la muerte de Franco.

    Francisco González, 62 años, natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), fue enviado a Vitoria a cumplir condena y puesto en libertad a los pocos meses por la amnistía declarada tras la muerte de Franco.
    Sebastián León, 64 años, de Marchena (Sevilla). Dos años preso en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz). Puetso en libertad por un indulto del gobierno español.

    Sebastián León, 64 años, de Marchena (Sevilla). Dos años preso en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz). Puetso en libertad por un indulto del gobierno español.
    Francisco Díez, 74 años, de Panticosa (Huesca), hijo de guardia civil. Pasó por hasta cinco cárceles militares durante sus diez años de condena, entre ellas Cádiz.

    Francisco Díez, 74 años, de Panticosa (Huesca), hijo de guardia civil. Pasó por hasta cinco cárceles militares durante sus diez años de condena, entre ellas Cádiz.
    Antonio Moyano, 69 años, de Marbella. Cumplió condena durante cuatro años en el penal ubicado en el actual Castillo de Santa Calina (Cádiz).

    Antonio Moyano, 69 años, de Marbella. Cumplió condena durante cuatro años en el penal ubicado en el actual Castillo de Santa Calina (Cádiz).
    Carlos Aguiló, 67 años, nacido en Barcelona. 3 años y tres meses cumpliendo condena en La Galera (Cartagena) y posteriormente en Santa Catalina (Cádiz).

    Carlos Aguiló, 67 años, nacido en Barcelona. 3 años y tres meses cumpliendo condena en La Galera (Cartagena) y posteriormente en Santa Catalina (Cádiz).
    Enique Pacheco, 63 años, de Cádiz. Cunmplió condena durante seis meses justo tras la muerte de Franco.

    Enique Pacheco, 63 años, de Cádiz. Cunmplió condena durante seis meses justo tras la muerte de Franco.
    José Rodríguez, 75 años. De Granada. Estuvo cumpliendo condena durante nueve años en Alicante, Alcalá de Henares, Aaiún (Sáhara), San Francisco del Risco y Cádiz.

    José Rodríguez, 75 años. De Granada. Estuvo cumpliendo condena durante nueve años en Alicante, Alcalá de Henares, Aaiún (Sáhara), San Francisco del Risco y Cádiz.
    Francisco Rodríguez, 73 años, de La Taja (Granada). Estuvo 9 años entre Figueras, Lérida, La Modelo de Barcelona, Carabanchel, Alcalá de Henares, Aaiún y Cádiz.

    Francisco Rodríguez, 73 años, de La Taja (Granada). Estuvo 9 años entre Figueras, Lérida, La Modelo de Barcelona, Carabanchel, Alcalá de Henares, Aaiún y Cádiz.
    Francisco López, 71 años. 6 años preso por insumisión, entre Mallorca, Cartagena, las Palmas y Cádiz.

    Francisco López, 71 años. 6 años preso por insumisión, entre Mallorca, Cartagena, las Palmas y Cádiz.
    Juan Antonio Falcó, 70 años. Madrileño. 5 años en el penal de Santa Catalina (Cádiz), donde aprendió a pintar convirtiendo el arte en su oficio hasta su jubilación.

    Juan Antonio Falcó, 70 años. Madrileño. 5 años en el penal de Santa Catalina (Cádiz), donde aprendió a pintar convirtiendo el arte en su oficio hasta su jubilación.
    Pedro García, 73 años, nació en Nador (Marruecos). Estuvo 7 años y medio preso, entre el Aaiún y Santa Catalina. Sostiene una foto de su boda, celebrada dentro del penal de Cádiz con 150 invitados, y donde le regalaron una llave inglesa.

    Pedro García, 73 años, nació en Nador (Marruecos). Estuvo 7 años y medio preso, entre el Aaiún y Santa Catalina. Sostiene una foto de su boda, celebrada dentro del penal de Cádiz con 150 invitados, y donde le regalaron una llave inglesa.

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Acabadas las condenas, muchas de las familias se quedaron a vivir en Cádiz, en Algeciras, Chiclana o Sevilla. Ni siquiera por eso se conoce lo que pasó en Santa Catalina. “Cádiz ignoró lo que ocurrió en esta cárcel”, zanja Viruel.

Capítulo V. Las palizas del reo de la condena más larga: 22 años

Jesús Martín Noales nunca pisó Santa Catalina. Lo hace por primera vez hoy en compañía de sus hermanos convocado por EL ESPAÑOL. Nació en Madrid y corresponde a la quinta de 1957, aunque entró en prisión en febrero de 1958, en el protectorado español en África, en Nador. De ahí fue a la prisión militar de Rostrogordo en Melilla y finalmente ingresó en el reformatorio de adultos de Ocaña.

“Era el primer objetor de conciencia con el que se topaban y no lo entendían”, explica el testigo. En Nador intentaron que formara parte de una escuadra, que hiciera la instrucción, que se pusiera el uniforme. Todo sin éxito. “Me resistía pacíficamente”, recuerda Martín Noales a sus 81 años. Hasta que le golpearon con la rodilla en las partes bajas y cayó derribado al suelo. Tenía 21 años.

Lo mandaron a Melilla, a un penal frecuentado por legionarios condenados por delitos comunes. Los cinco primeros días pasó desapercibido. Al sexto conoció a un capital al que apodaban Pisamondongos, famoso por las palizas. “Un teniente general le pidió que me doblegara —recuerda—, y se empleó a fondo”.

“Con una fusta me golpeó, me insultó, me tiró al suelo, caí inconsciente y me pisó la cabeza. Solo paró cuando vio la sangre”, narra Martín Noales. “Acabé en una celda de castigo. Allí me anunció que cada día me daría una paliza. Pensé que quería asustarme, pero no. Cumplió su palabra. Y así un día y otro. Al tercer día me pusieron a picar en una cantera. Hasta que un secretario del juzgado me dijo nunca me iban a pegar más”.

Poco después se celebró el juicio, lo condenaron a 15 años por desobediencia y cuatro por sedición. A eso se añadió otra condena adicional de tres años. Artículo 328 del Código Penal Militar: desobediencia a un superior. “Y cuando acababas la primera condena te volvían a condenar, porque siempre quedaba por hacer el servicio militar, era una cadena perpetua”.

En total, 22 años de los que cumplió seis años y seis meses gracias a varios indultos con los que le rebajó la condena: la muerte de Juan XXIII, Pío XII y lo que denominaron los 25 años de paz de Franco. Jesús Martín Noales es el preso con la condena más larga de todos los testigos de Jehová.
Eugenio Villalba, natural de Arcos de la Frontera (Cádiz), mostrando la foto tomada en un 'fotomatón' tras la amnistía, al salir de prisión.

Eugenio Villalba, natural de Arcos de la Frontera (Cádiz), mostrando la foto tomada en un 'fotomatón' tras la amnistía, al salir de prisión. Fernando Ruso

“Lo más traumático fue ver sufrir a mi madre —lamenta—, que no era testigo de Jehová”. Ella pidió al Franco un indulto para su hijo. Y prosperó. Pero llegado el momento de él aceptar el indulto, con el papel que lo concedía encima de la mesa y a falta solo de una firma de conformidad, él dijo que no. “Quiero mucho a mi madre, pero no puedo pedir perdón, porque estaba allí en propia conciencia”. Y rompí el documento.

Capítulo VI. La conciencia antes que la libertad

A José Rodríguez Parejo nunca le pesaron los ocho años y tres meses que estuvo en prisión, en Santa Catalina. “Pude escaparme al extranjero cuando vi cómo fueron encarcelando a otros compañeros, pero entendí que debía cumplir hasta donde fuese posible con las leyes del país, siempre que no chocara con alguna ley de Dios. En ese caso siempre cumpliré con la de Dios. Pase lo que nos pase”.

A sus 75 años, este granadino, narra cómo tuvo la oportunidad de huir de prisión en varias ocasiones. Nunca lo hizo. La primera, cuando un par de guardias lo dejaron solo, esposado y con un fusil en las manos, en un traslado en tren; la segunda, cuando dejaron abierto el calabozo y los guardias se fueron a oír misa; la tercera, un día que acompañaba a la puerta a su madre durante una visita y le preguntaron: “¿Sale usted también?”. “Si yo salgo, entras tú”, respondió, y se volvió a su celda.

—Si hubiesen abierto las puertas de la cárcel, se habrían ido todos los presos menos los testigos de Jehová, ¿correcto?

—Sí, sin duda.

—¿Nunca pensó en irse?

—Nunca, nunca. No me fui porque estaba aquí por conciencia, cumpliendo con todas las leyes que no van en contra de las leyes de Jehová.

Capítulo VII. ‘Una mili’ que todavía añoran

Han pasado 44 años desde que las Cortes reconocieran una ley de objeción de conciencia, un poco menos desde que en febrero de 1974 salieran los primeros presos en beneficiarse de la amnistía. Ha llovido mucho desde que a Fernando Marín, uno de los primeros reos, lo ingresaron en un manicomio por creerlo loco al negarse a hacer el servicio militar, cuando todavía nadie en España sabía qué era ser objetor de conciencia.

Ahora se reúnen en Cádiz, convocados por EL ESPAÑOL, en el que fue el penal de Santa Catalina. Una exposición recuerda sus años allí. Aunque ya nada es igual. No hay guardias apostados en los muros, pero todos se ven con décadas menos. Imaginándose en lo que fue la cárcel. Y a nadie se le agria el gesto.

“Esa experiencia, muy enriquecedora, nos dio un fondo espiritual muy importante en nuestras vidas”, explica Falcó. “El sentimiento común cuando se habla de estar encarcelado es negativo, depresivo, pero para mis compañeros ha sido muy enriquecedora para la vida”.

“En situaciones difíciles recurres a Jehová y podemos contar todos montones y montones de oraciones respondidas por Dios. Sentíamos que el Dios todopoderoso estaba con nosotros y creo que no hay nada, nada, nada, nada, nada —insiste Falcó— en la vida de un ser humano que se pueda equiparar al sentimiento de saber que complaces a Dios y que él te responde cuando le oras”.

[47ronin]

Auschwitz. Olvidar está prohibido

        ALFREDO MERINO
        Madrid



Uno de los barracones originales del campo de exterminio nazi SERGIO GONZÁLEZ
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Madrid acoge una exposición itinerante que muestra la historia del mayor campo de exterminio nazi

«Matarlos era lo que menos tiempo exigía. En media hora podía acabarse con 2.000 de ellos; era la incineración lo que tardaba mucho más». Podría pensarse que se habla de algún tipo de plaga, de insectos tal vez. La realidad es otra. Son las palabras que le escuchó Gustave Gilbert, psicólogo del Ejército estadounidense, a Rudolf Höss, kommandant de Auschwitz, al describir el funcionamiento del mayor campo de exterminio de la historia, donde se asesinó a más de 1.200.000 personas.

La terrible historia de este matadero de seres humanos en el que algunos días se aniquilaba a más de 10.000 personas se recoge en la exposición Auschwitz. No hace mucho. No muy lejos, inaugurada en el Centro de Exposiciones Arte Canal con todo lo truculento que pueda imaginarse. Madrid es la primera ciudad del mundo donde se presenta esta muestra itinerante que recorrerá 14 países los próximos siete años.

Organizada por Musealia, ha contado con el trabajo de expertos e instituciones consagrados al estudio del Holocausto, entre los que destaca el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau. Está integrada por más de 600 piezas originales que nunca habían salido del citado museo.

Ahora el horror vive en la Plaza de Castilla. Le acompañan la podredumbre moral y el desasosiego, la locura y la náusea, la depravación y el rechazo a sentirse miembro de nuestra estirpe. Ver todo esto es muy duro, pero necesario, porque sobre la maldad más absoluta prevalece el deseo de no olvidar. «Comprender es imposible; recordar es necesario», subrayó Primo Levi, uno de los pocos supervivientes de Auschwitz.


Material usado por el doctor Mengele. S. GONZÁLEZ

Un lúgubre vagón monta guardia a la entrada de la exposición. Perteneció a la Deutsche Reichsbahm, los ferrocarriles del III Reich, que acarrearon a decenas de miles de desdichados rumbo a Auschwitz.

En el camino quedaron jirones de los últimos instantes de su existencia. Maletas descuadernadas, brochas de afeitar alopécicas, ceniceros, gafas de cristales rotos, los medicamentos más inútiles del mundo cuando la vida pasa a ser un juego de hambre con la muerte, y zapatos, miles, millones de zapatos. Testimonios de una vida que no fue vida, a pesar de que la vivieron centenares de miles de seres humanos. Pertenencias íntimas que nos cuentan de sus propietarios mucho más que la más documentada de las crónicas.

¿De quién fue el hermoso zapato rojo de tacón que recibe a los visitantes? ¿Dónde lo estrenaría su dueña? ¿Se lo pondría el último día de su vida creyendo tener una cita con alguien que no era la muerte? Las preguntas acuchillan el ánimo de los que visitan el domo de la perversión más omnívora.


Máscara antigas utilizada por los soldados nazis. S. GONZÁLEZ

Las alambradas electrificadas que rodearon el campo de exterminio cortocircuitan la mente al pasar bajo ellas. Solo es el comienzo. Sobrecoge uno de los barracones originales de Auschwitz, donde los prisioneros se hacinaban en literas de tres.

El instrumental de Mengele

Al lado se exhibe el perverso instrumental del Dr. Josep Mengele con el que realizaba sus experimentos. En especial con gemelos, sometiendo a uno a cirugías sin anestesia, extracciones de órganos vitales, inyecciones de químicos abrasivos en los ojos, castración y amputaciones para, finalmente cuando moría, comparar su anatomía con la de su hermano, a quien asesinaba con una inyección de cloroformo en el corazón.

En una vitrina hay una lata del pesticida con cianuro que se usaba en la cámara, junto a una máscara de gas que utilizó el citado Höss. En la pared otra perla del kommandant: «Observé las muertes protegido con una máscara de gas. La muerte se presentaba en las celdas atestadas en cuanto se introducía el gas. Un breve grito de ahogo y se acabó. En realidad, la primera ejecución con gas no me marcó demasiado».

No es el peor de los testimonios. Describe otro el momento del gaseado letal, en el que los condenados, atestados dentro de la cámara, al sentir la ponzoña comenzaban una lucha tan dramática como inútil, en la que los más débiles morían pisoteados por sus hijos y padres, que de esta manera antes de morir cometían un acto aún más cruel que el de su propia muerte. Más allá se recogen las palabras de una prisionera, quien cuenta que solo tenían una letrina para más de 20.000 prisioneros; su interior lleno de mierda hasta las rodillas les enfangaba hasta el último rincón del alma.

La parte más dura muestra el ensañamiento de la atrocidad nazi con los más desprotegidos. Más de 200.000 niños fueron asesinados en Auschwitz. Sus almas asoman en los juguetes desvencijados, ropitas desgarradas, zapatos huérfanos... Y en las fotografías. Desde ellas nos miran con la cara tranquila de la desvalida inocencia de quien no sabe que está a un par de horas habrá muerto.

El título de la exposición advierte que todo esto sucedió no hace mucho, ni muy lejos. El 24 de noviembre en Chamberí unos pandilleros dieron una paliza a una anciana de 84 años de origen gitano rumano que dormía en la calle, dejándola semiinconsciente. Tan profético como las palabras de Levy: «Ocurrió. En consecuencia, puede volver a ocurrir y puede ocurrir en cualquier lugar».

[47ronin]

El juzgado de Bergara investigará como genocidio la querella por los crímenes del franquismo en Elgeta

El caso del municipio guipuzcoano se suma a la investigación abierta este año por el juzgado de Durango por el bombardeo de la aviación fascista italiana en 1937

"Nos congratulamos al apreciar que hay jueces que no están dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata de juzgar crímenes del franquismo reiteradamente denunciados por las víctimas y por organizaciones de derechos humanos", destacan grupos memorialistas
Aitor Guenaga Follow @@Topocorleone
11/12/2017 - 17:22h

El Juzgado de Instrucción número 4 de Bergara ha decidido investigar como genocidio y crímenes contra la humanidad la querella criminal presentada a principios de octubre por el Ayuntamiento de Elgeta basada en 14 testimonios recogidos por la oficina que abrió el consistorio para las víctimas del franquismo dentro del periodo que abarca los años 1936 y 1977, además de diversa documentación recabada.

El juez ha decidido incoar diligencias previas para investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista en el citado municipio guipuzcoano. El auto califica los hechos objeto de denuncia como "conductas susceptibles de ser tipificadas como genocidio y crímenes contra la humanidad". La investigación arrancará en enero, según han precisado los impulsores de la querella.

El caso del municipio guipuzcoano se suma a la investigación abierta en julio pasado por un juzgado de Durango (Bizkaia) por la la querella presentada por el Ayuntamiento de esa localidad vizcaína  contra el bombardeo fascista de 1937, una acción en la que murieron al menos 336 personas . La querella es por un delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. El juzgado se consideró competente para la instrucción de la causa y apuntó que los hechos relatados en la querella "presentan los caracteres de un delito de lesa humanidad, crímenes de guerra y delito contras las personas y bienes protegidos en caso de conflicto".

El alcalde de Elgeta, Iraitz Lazkano, la edil Janire Lazkano, y la representante de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y de Intxorta 1937 Kultur Elkartea, Julia Monge, han dado a conocer un reciente auto, del pasado 14 de noviembre, por el que se admite a trámite la querella criminal interpuesta por el Ayuntamiento de Elgeta el pasado 4 de octubre.
"Manto de impunidad"

"Nos congratulamos al apreciar que hay jueces que no están dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata de juzgar crímenes del franquismo reiteradamente denunciados por las víctimas, por organizaciones de derechos humanos, tanto del Estado Español como internacionales, y por diversas instituciones locales y autonómicas", ha subrayado la portavoz de la asociación memorialista.

Tanto el consitorio como la Plataforma ven la resolución judicial "de enorme relevancia, que da respuesta, por primera vez, a la demanda de justicia sostenida y mantenida durante tantos años por las víctimas de la dictadura franquista", y que "evidencia el conocimiento, respeto y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional por parte del Juzgado que ha dictado dicha resolución".

En ese sentido han exigido a los tribunales que "observen la misma diligencia ante cualquier denuncia de todos los crímenes que el franquismo cometió durante cuarenta años", y que hoy "se encuentran aún protegidos por mantos de impunidad totalmente inadmisibles en un sistema que se precia de ser democrático".

[47ronin]

Víctimas de Billy el Niño denunciarán sus torturas durante el franquismo: "Me ataban una cadena al cuello y hacían que me estrangulaban"

Billy el Niño, el mayor símbolo de la tortura durante el franquismo, será objeto de una oleada de querellas que intentan de nuevo que responda ante la justicia después de que se beneficiara de la ley de amnistía. Luis Miguel Urbán, padre del eurodiputado de Podemos, cuenta ahora lo que ni siquiera quiso decirle a su familia

Vídeos:
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/victimas-de-billy-el-nino-denunciaran-sus-torturas-durante-el-franquismo-me-ataban-una-cadena-al-cuello-y-hacian-que-me-estrangulaban_201712125a2fe9900cf2a1e12b21b203.html
Adolfo Rodríguez, víctima de las torturas de Billy el Niño

Con sólo 18 años, Adolfo Rodríguez fue víctima de uno de los torturadores más salvajes de la Brigada Político Social en los años 70, Billy el Niño. "Me empezó a pegar desde un primer momento, me ataron una cadena al cuello y hacían que me estrangulaban o me pegaban patadas entre las piernas", relata.

Luis Miguel Urbán también pasó por sus manos en el año 74, cuando tenía 21 años. Nunca hasta hace unos días lo había contado, ni siquiera a su familia, y es que se le pone "la piel de gallina" con solo escuchar hablar del tema.

Hablan de Antonio González Pacheco, apodado entonces como Billy el Niño, un hombre mayor con apariencia enjuta tras el que se esconde un sádico, según sus víctimas. Un torturador con un amplio catálogo de tormentos a los que sometió a centenares de españoles.

Sus víctimas cuentan que "lo más importante era la vejación" o que "te esposaban por detrás en las corvas y te obligaban a andar". 40 años después de aquello, ambos se han decidido a denunciar a Billy el Niño en un juzgado de Madrid porque quieren que pague.

Se unen así a otras 10 personas que ya han presentado o están a punto de presentar sendas querellas por torturas, un crimen que según ellos no debería prescribir nunca.

Precisamente la prescripción de los posibles delitos fue el argumento de la Audiencia Nacional para denegar en 2014 su entrega a la jueza argentina que investiga crímenes del franquismo.

[47ronin]

Mato desoye a la Justicia y a Carmena e impulsa el cambio del callejero franquista


El edil ignora la paralización cautelar de las vías y propone una modificación del Índice Fiscal de Calles que podría invalidar los recibos

Marta R. Domingo
@MartaRDomingo
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MADRID
14/12/2017 22:24h
Actualizado:
15/12/2017 01:24h

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El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, presenta hoy ante la comisión del ramo la modificación del Índice Fiscal de Calles, entre las que se encuentran las 52 vías que el Comisionado de la Memoria Históricapropuso cambiar para erradicar los vestigios franquistas del nomenclátor. Sin embargo, este acuerdo suscrito por la Junta de Gobierno el pasado 4 de mayo recibió una cascada de recursos administrativos y jurídicos que supusieron la paralización cautelar de la sustitución de los nombres de estas vías por parte de la Justicia. Ante esta circunstancia, fue el propio Gobierno municipal, que lidera Manuela Carmena (Ahora Madrid), quien decidió no alterar el callejero, «por prudencia», hasta que los jueces dictaminasen sobre el fondo de la cuestión.


Ahora Madrid necesitará el apoyo del PSOE para aprobar este punto de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. El Grupo Municipal de Ciudadanos, liderado por Begoña Villacís, en el caso de que salga adelante la propuesta del delegado, pedirá un informe a la Secretaría Técnica sobre la «legalidad de la aprobación de la modificación de la Ordenanza» que hoy se vota antes de su elevación al Pleno.

Desde Cs sostienen que podría tener consecuencias a la hora de liquidar los recibos del pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles, así como otro tipo de tasas vinculadas a estos viales. El cambio del Índice Fiscal de las calles sin que esté actualizado el callejero oficial, argumentan, podrían incurrir en un «defecto de forma que traería consigo una cadena de reclamaciones» por parte de los madrileños afectados.


Tres reveses judiciales
La primera resolución desfavorable para el Ayuntamiento llegó en agosto. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid paralizó de forma cautelar la modificación del nombre de la calle del General Millán Astray. El auto, que atendía a un recurso presentado por la plataforma con el nombre del fundador de La Legión, dispuso que el Consistorio debía cesar «toda actuación o trámite tendente a cambiar de denominación de la calle del General Millán Astray». Pese a este escrito judicial, el delegado de Economía da por hecho que la vía se llama en la «actualidad» Maestra Justa Freire, según consta en la propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal, a la que ha tenido acceso ABC.

Después, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid el que, el pasado 24 de octubre, decretó la suspensión cautelar de las 52 calles propuestas por el departamento encabezado porPaca Sauquillo. No obstante, el magistrado impuso como condición que el recurrente, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), debía abonar una cantidad de 60.000 euros en concepto de caución.


Aunque la Fundación no tenía plazo para hacer este ingreso, fuentes de la FNFF consultadas por ABC explican que han optado por recurrir dicha cantidad ya que consideran que «es desorbitada». Por otro lado, el juez también tendrá que atender otro recurso, el del propio Ayuntamiento de Madrid, que tampoco está conforme con las medidas cautelares que dispuso el magistrado Alberto Palomar Olmeda. «No estamos dispuestos a permitir que este cambio en el callejero ocurra. Recurriremos al Tribunal Supremo y al Constitucional si fuera necesario», insisten las mismas fuentes, que aseguran que la paralización del callejero se podría dilatar incluso «dos o tres años» teniendo en cuenta las sucesivas apelaciones.

El último revés vino por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8, que el pasado 22 de noviembre dictó otro auto que paralizaba de forma cautelar la decisión del Ayuntamiento de Madrid de retirar el nombre de la calle de los Caídos de la División Azul, en el distrito de Chamartín. De nuevo, el equipo del edil Sánchez Mato indica en la Ordenanza que el nuevo vial se denomina ahora calle del Memorial 11 de Marzo de 2004. El cambio de las placas determina, según el juez, un gasto «indudable», tanto para comerciantes como para los vecinos, que «tendrían que modificar tarjetas, carteles, comunicados a clientes o publicidad». Por ello, concluye que es preferible «esperar a que se dicte sentencia porque si se estima la demanda, ese gasto se duplicaría».

[47ronin]

Las rapadas del franquismo
La dictadura también impuso un castigo de género: despojar a las mujeres y las niñas del cabello, un acto que iba acompañado de un ritual público de humillación
Nuria Alabao



Grupo de jóvenes y mujeres rapadas en Montilla, Córdoba.
20 de Diciembre de 2017

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Solo quedan unas pocas fotografías de mujeres rapadas por los vencedores en la inmediata posguerra española. Un parco testimonio de un tipo de castigo que se dio de forma generalizada en casi todo el territorio, muchas veces hasta en pueblos diminutos, y que dice mucho de una época, de un régimen que nacía sobre la brutalidad sistemática y el intento de moldear una sociedad desde sus cimientos a partir de la derrota y la humillación. ¿Cómo se dio esa represión en las mujeres? ¿Hubo diferencias determinadas por el género?

Si estas imágenes de mujeres rapadas nos impactan, el acto de despojar a las mujeres y las niñas de una de las principales marcas de género venía acompañado de todo un ritual público de humillación. Cuando eran detenidas se les obligaba a beber ricino, un poderoso laxante que provocaba diarreas, y se las paseaba por las calles para que defecasen mientras caminaban. En ocasiones, se las acompañaba de la banda del pueblo, o eran obligadas a cantar ellas mismas. Entre tanto, sufrían insultos y a veces pedradas y otras agresiones por parte de sus vecinos y vecinas.

Se trataba de un castigo ejemplar para las mujeres que según los vencedores se habían salido de su papel “natural” al haber ejercido una política activa en el bando de los republicanos. La humillación como correctivo social. Una deshonra pública de carácter “instructivo”, que buscaba que toda la comunidad participase de la victoria ejerciendo de verdugo, o tuviese que fingir odio hacia esas mujeres que a veces eran amigas o vecinas, para dejar claro que también estaban en el bando de los vencedores. Si la práctica del ricino la introdujo la Falange copiándola de los Fasci di Combattimento italianos –que la usaban también contra hombres– los rituales públicos de humillación provienen de una tradición muy española: la Santa Inquisición. Los herejes, las brujas, los falsos conversos condenados algunos siglos antes, o los indígenas acusados de idolatría en las colonias, también eran deshonrados de la misma manera pública –con rapados incluidos– para buscar un impacto psicológico en la población. Una de las principales finalidades del derecho penal del Antiguo Régimen consistía en su capacidad aleccionadora. Así, el franquismo como restauración llegó vinculado a los principios reaccionarios a los que vino a proteger de la modernización que implicaban la República y la revolución social y sus nuevos valores y propuestas de organización del mundo. El castigo público funcionaba aquí como advertencia hacia futuras disidencias femeninas.

Sin embargo, el involucionismo franquista no será el único en aplicar este tipo de penas de resonancias medievales. La Francia liberada se caracterizó por celebrar su victoria con la humillación de las mujeres francesas que habían tenido amantes alemanes y, sobre todo, hijos “de sangre alemana”. De ellas sí nos han quedado abundantes imágenes, incluso en cine, que dan testimonio del castigo destinado a las que estaban llamadas a preservar la pureza de la patria ultrajada y que traicionaron “su destino biológico y nacional”. Discurso propio de la época y de los distintos nacionalismos que desembocaron en la II Guerra Mundial.

Mujeres para una revolución

En la República, pero sobre todo en el magma de ideas que se produjeron en las culturas obreras que dieron lugar a la revolución social, las mujeres tendrían un papel bastante diferente. El cambio de roles había empezado antes, pero las ideas del igualitarismo radical le darían un nuevo impulso. Durante el periodo republicano se consiguieron algunas conquistas importantes. Se eliminó una parte de la legislación discriminatoria que impedía participar a las mujeres en política y que mantenía su subordinación en el trabajo y en la familia. Durante la guerra, y sobre todo durante la revolución, las mujeres asumieron papeles hasta hace poco reservados a los hombres. La agrupación anarcosindicalista Mujeres Libres –que organizaba a las obreras pero en la que también se les enseñaba a conducir para que pudiesen participar en las tareas de guerra– llegó a tener más de 20.000 afiliadas en octubre del 38. La imagen de la miliciana condensó simbólicamente estas nuevas atribuciones de la mujer pública y luchadora, y por tanto, fue utilizada para demonizar y reprimir más duramente a las acusadas. En realidad, operará como fantasma, porque las milicianas fueron una minoría y se les expulsó del frente bastante pronto cuando el ejército se “profesionalizó” y relegó a las mujeres a la retaguardia. Sin embargo, esta será la acusación más fuerte de la represión franquista.

En diciembre de 1936 ya eran pocos los carteles propagandísticos republicanos que utilizaban el icono de la miliciana, que fue sustituido por el de la “madre combatiente”. Sin embargo, como explica Fernández Duro en “Las Rapadas” (S.XXI,), “las milicianas encarnaron el modelo contrario al que el régimen quería implantar”. Así, la represión contra las mujeres revolucionarias o republicanas “buscaba enviar un mensaje de presión a toda la sociedad de cuál debía ser el modelo de conducta femenino”, uno que las colocase en el espacio privado que “les era propio”, como explica Maud Joly.

En general, las “rojas” para el franquismo fueron  aquellas mujeres que se habían comprometido en la defensa de la República o la revolución, pero también –y aunque faltan datos que cuantifiquen su relevancia– simplemente esposas e hijas de “rojos”, de vencidos. Las mujeres se convirtieron en una pieza más de la guerra, en un terreno de combate. Consideradas como extensión del hombre, las penas recayeron muchas veces sobre ellas también.

Represión generizada

Naturalmente, el rapado del cabello y las purgas de ricino no fueron las únicas formas represalias. Ellas, como los hombres, fueron torturadas, recluidas en cárceles, forzadas a trabajar, fusiladas, enterradas en fosas comunes y sometidas a múltiples formas de exclusión social. El robo de bebés se convirtió en una práctica tan habitual que estuvo practicándose hasta prácticamente la llegada de la democracia. La victoria del campo nacional desató una violencia desmesurada pero no tan arbitraria como pueda parecer. El plan era borrar la revolución social, a buena parte de los obreros y obreras comprometidos con ella, exterminar su semilla y su memoria.

Pero además, la represión tuvo condicionantes territoriales –murió más gente en Andalucía y Extremadura que en otros territorios, por ejemplo–; condicionantes de clase, y por supuesto, de género. Como explica Arcángel Bedmar, además del rapado y el ricino, muchas mujeres eran obligadas a limpiar el cuartel de la Guardia Civil, la sede de la Falange o la iglesia del pueblo o les prohibieron llevar luto por sus allegados. Las funcionarias –maestras, matronas, trabajadoras de correos– fueron expulsadas y se les prohibió trabajar condenándolas a la miseria. Por supuesto, había amenazas de agresión sexual, abusos y violaciones. Así como tenían que soportar el asedio de quienes les solicitaban favores sexuales a cambio de gestiones para favorecer a familiares encarcelados.

Y en general las mujeres se enfrentaron a la violación, una de las principales armas de cualquier guerra. El general Gonzalo Queipo de Llano –la máxima autoridad militar de Sevilla–, solo cinco días después de empezada la guerra civil, decía en la radio: “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre. Y, de paso, también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que pataleen y forcejeen”.

Toda esta represión se articuló a partir de los discursos de sometimiento e invisibilidad de la mujer impuestos por el franquismo, y que barrieron los avances obtenidos en materia de ciudadanía femenina. Del rapado sistemático como forma de castigo, y pese a la extensión de su práctica, apenas ha empezado a hablarse hace poco porque el franquismo suprimió sistemáticamente tanto las conquistas de las mujeres como la memoria de la represión que hizo posible esta involución.

La Sección Femenina de la Falange se ocupó de lo demás, reeducando a las mujeres en el papel social que los vencedores de la guerra habían diseñado para ellas: el de reproductoras y esposas dóciles alejadas de las luchas sociales, para que incluso pudiesen servir de freno a la participación política de sus maridos. Y cuando eso se fue rompiendo, cuando el miedo amainó y la sociedad ya era otra, cuando las mujeres –que nunca abandonaron las luchas– retomaron la primera línea de batalla durante la oleada de conflictos obreros de los 60 y 70, volvieron a raparlas. Eso les sucedió a Anita Sirgo y Tina Pérez, mujeres de mineros que participaron en las huelgas asturianas del 62, como parte de sus torturas en prisión.

[47ronin]

Las víctimas del franquismo lucharán para que se elimine el Ducado de Franco tras la muerte de la hija del dictador

En Alemania o Italia sería impensable que existiera un ducado de Hitler o un marquesado de Mussolini, según los expertos

El privilegio lo concedió el rey Juan Carlos a la recién fallecida hija de Franco en 1975 y lo heredará su primogénita, Carmen Martínez Bordiú

Aunque los juristas ven complicado poder eliminar el Ducado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión
Carlos Hernández
30/12/2017 - 21:07

"Deseando dar una muestra de mi Real aprecio a doña Carmen Franco Polo (…) y en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren…". Estas fueron las palabras con las que el Rey Juan Carlos I justificó, en un decreto del 26 de noviembre de 1975, la concesión a la hija del dictador recién fallecido de "la Merced Nobiliaria de Duquesa de Franco, con Grandeza de España, para sí, sus hijos y descendientes…". 42 años después, la muerte de la titular del Ducado abre el debate sobre la conveniencia o no de mantener un título nobiliario que nació con el único objetivo de honrar a los descendientes del hombre que tiranizó España durante 40 años.

"En Alemania sería impensable que existiera un Ducado de Hitler o en Italia un Marquesado de Mussolini —señala el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva—. Sin embargo aquí llevamos cuatro décadas de democracia con un título que simbólicamente ensalza al dictador". De hecho, tal y como explica a eldiario.es Marcial Martelo de la Maza, abogado especializado en Derecho Nobiliario, "a día de hoy los ducados y el resto de títulos solo tienen un valor simbólico; representan un valor honorífico. No conllevan ningún privilegio fiscal ni de ningún otro tipo. De hecho, más bien es al contrario porque para ejercer el derecho de sucesión se debe pagar un impuesto". Impuesto que, excepcionalmente, no tendrá que pagar el sucesor o sucesora de Carmen Franco porque D. Juan Carlos estableció una exención fiscal para la primera vez que se heredara el título.
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Decreto de 26 de noviembre de 1975 en el que se concede a Carmen Franco el título de Duquesa

Decreto de 26 de noviembre de 1975 en el que se concede a Carmen Franco el título de Duquesa

"El procedimiento para solicitar la sucesión es sencillo —señala Martelo de la Maza—. Tras el fallecimiento se abre un periodo de un año para presentar las solicitudes. La Ley es muy clara: hereda la línea descendiente y sin prevalencia del hombre sobre la mujer". Todo apunta, por tanto, a que la nueva Duquesa de Franco será la nieta mayor del dictador, Carmen Martínez Bordiú, salvo que eludiera voluntariamente solicitar ese privilegio para permitir así que el título recayera en su hermano Francisco.
La ARMH acudirá a la Fiscalía para impedir la sucesión

Sea como fuere las asociaciones que agrupan a familiares y víctimas del franquismo no están dispuestas a que la sucesión se consume. La ARMH prepara ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Emilio Silva, explica a eldiario.es los motivos: "Mantener este reconocimiento a un criminal de guerra que violó sistemáticamente los derechos humanos no solo puede atentar contra la Ley de Memoria Histórica, sino que va en contra de los principios fundamentales de la democracia recogidos en la Constitución y supone una falta de respeto para las víctimas de la dictadura".

Los expertos, sin embargo, creen que jurídicamente es prácticamente imposible detener el proceso de sucesión.  Martelo de la Maza recuerda que "todas las sucesiones son una prerrogativa regia. La sucesión es automática, de padres a hijos. La cuestión es si, en este caso, hay colisión con la Ley de Memoria Histórica. Pero lo lógico es que la sucesión se consume". Más categórico es el también experto en derecho nobiliario y procesal Álvaro López Becerra: "La Ley de Memoria Histórica no dice absolutamente nada al respecto. Podían haber incluido en ella alguna referencia a los títulos nobiliarios concedidos a personalidades vinculadas con la dictadura, pero no lo hicieron. Si no se cambia la ley, no se puede hacer nada".  Ambos letrados coinciden también en que el actual Rey, Felipe VI, tiene poco margen de maniobra en este asunto: "Se podría excluir la sucesión si el Rey declarara indigno al sucesor —afirma Martelo de la Maza—. Sin embargo aquí no está claro que fuera aplicable la «indignidad» porque lo que está en cuestión no es la valoración personal del sucesor sino lo que el título pueda tener en sí mismo de desprecio hacia las víctimas del régimen".

La ARMH, aún así, cree que debería ser una tarea de todos, incluido el Rey, el impedir que se perpetúe el Ducado de Franco: "Todas las instituciones del Estado deberían preservar los valores democráticos e impedir los reconocimientos que la dictadura franquista se otorgó para darse autobombo. Si la Casa Real participó en la concesión de ese título debería intervenir para que años después no se renueve y no suponga una forma de humillar a las víctimas de la dictadura, dando honores a quien encabezó un golpe de Estado, fue aliado de Hitler y cometió incontables violaciones de Derechos Humanos".

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Difícil . . .

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La Fundación Francisco Franco empapela Madrid para pedir dinero y parar el cambio de nombre de las calles

El juez de lo Contencioso Administrativo exige 60.000 euros para paralizar el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid hasta la sentencia

04.01.2018 - 04:05

La Fundación Francisco Franco ha empapelado un elevado número de calles de Madrid con unos carteles en los que pide ayuda para que el Gobierno de Manuela Carmena no cambie los nombres de las calles franquistas de la ciudad.

El cartel está encabezado por un “¡SOS!", y sin firma, invita a los ciudadanos a entrar en una página web, o un teléfono, que no es otro que el de la Fundación Francisco Franco. “Nos quieren cambiar el callejero, infórmate”, señala el cartel.

Una vez en esa página, se descubre que se trata de la Fundación Francisco Franco, una de las tres entidades o personas que recurrió, y logró, que un juez paralizara el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de cambiar los nombres a las calles madrileñas con nombre vinculado al régimen de Franco.

El juez exigió a la fundación que deposite una fianza de 60.000 euros para hacer efectiva la medida, lo que los gestores de la asociación consideran “totalmente desproporcionado”.

Han propuesto para llegar a esa cantidad mil donaciones de 60 euros y así “cubrir la cantidad necesaria para alcanzar el objetivo”.

    La Fundación recurrió el acuerdo del Ayuntamiento que cambiaba los nombres de las calles por considerar que el mismo “era ilegal por no tener amparo en ley de Memoria Histórica"

La Fundación Nacional Francisco Franco recurrió el acuerdo del Ayuntamiento de 7 de julio de 2017 que cambiaba los nombres de las calles por considerar que el mismo “era ilegal por no tener amparo en ley de Memoria Histórica, y por ser claramente contrario al bien común al exigir un desembolso total a la ciudadanía madrileña de, al menos, 55 millones de euros”.

El juzgado, que recibió otros dos recursos más, acordó la suspensión temporal del acuerdo de la Corporación hasta que se produzca el fallo del recurso.

La campaña franquista se ha limitado al centro de la ciudad, especialmente en la llamada después de la muerte del dictador como “zona nacional” (Calles Serrano, Goya, Príncipe de Vergara, etc…).

[Heracles_Pontor]

Pues que suelten la pasta los Franco, que están forrados y además acaban de heredar . . .

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[47ronin]

Pues que suelten la pasta los Franco, que están forrados y además acaban de heredar . . .

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No conozco que en Alemania  exista un Fundación Hitler.....esto solo pasa por un sapo enorme que nos tuvimos que comer en el 77.

[Heracles_Pontor]

Nos lo comimos porque todo quedó atado y bien atado en la figura del entonces Príncipe de España y posteriormente Rey Juan Carlos I . . .

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[47ronin]

Una treintena de herederos de franquistas mantienen los títulos nobiliarios que les otorgó el dictador

Gobiernos populares y socialistas han renovado en democracia los títulos que concedió el dictador a numerosos líderes de la represión franquista

Un sobrino de Primo de Rivera mantiene su ducado y un hijo del general que perpetró la masacre de Badajoz, el de Marqués de San Leonardo de Yagüe

"Como no se hace referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante", explica un experto en derecho nobiliario
Carlos Hernández
06/01/2018 - 21:03h



Decreto de 18 de julio de 1948 en el que Franco concedió sus primeros títulos nobiliarios a José Antonio Primo de Rivera, José Calvo Sotelo y los generales Mola y Moscardó.

En la España democrática del siglo XXI sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Las distinciones fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en la que anunciaba su intención de agradecer así las "acciones heroicas" desarrolladas durante "nuestra cruzada".

Setenta años después de la promulgación de esa legislación franquista y a pesar de que el dictador lleva más de cuatro décadas bajo una losa, un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe.

No son tres casos excepcionales. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón. 

En otros casos, los nombres de los títulos aportan una importante carga simbólica como el Condado del Alcázar de Toledo, concedido en honor del general Moscardó, o el del Castillo de la Mota en agradecimiento a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado, según se explicó en el decreto de otorgamiento, "las tradicionales virtudes de la mujer española".

Muchos de estos títulos quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el 'Generalísimo'


Ignorando a las víctimas y sin reformar la ley

Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su "derecho" a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución "al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada".

Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Tras el cese de Fernández Bermejo, su sucesor en la cartera de Justicia, Francisco Caamaño, fue el único que decidió archivar en un cajón las peticiones de sucesión que le fueron llegando. Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro del ramo, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila.

Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones que consideran contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que "el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia".

Por su parte, los juristas consideran que el momento para haber acabado con la "Nobleza de Franco" fue la Ley de Memoria Histórica: "Legalmente puede haber duda de que constitucionalmente se pueda hacer, ya que se trata de tomar una medida con efectos retroactivos", afirma el experto en derecho nobiliario Álvaro López Becerra. "En cualquier caso al no hacer referencia alguna en la Ley de Memoria Histórica, las sucesiones seguirán adelante, como se viene haciendo desde hace siglos con el resto de títulos nobiliarios".
Siglos de Nobleza, con un breve paréntesis republicano

Un mes y medio. Ese es el tiempo que tardó la II República en acabar con el privilegio que supuso, durante siglos, ostentar un título nobiliario en España. El presidente Niceto Alcalá Zamora firmó el 1 de junio de 1931, seis semanas después del fin de la Monarquía, un decreto en el que se anunciaba que, desde ese día, no se concedería "ningún título ni distinción nobiliaria" ya que, según se argumentaba, representaban  una "reminiscencia de pasadas diferenciaciones de clases sociales".

La medida no incluía la retirada de los títulos existentes hasta ese momento, pero sí los vaciaba de todo contenido: "no conllevarán anejo ningún derecho, opción a cargo ni privilegio de cualquier clase que sea (…)". En diciembre, la Constitución solemnizó el cambio en su artículo 25: "El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios".

Cinco años después, el Golpe de Estado liderado por Franco revirtió la situación. Ya durante la guerra, los sublevados recuperaron en los documentos oficiales el tratamiento de marqués, conde o duque para los miembros de la antigua Nobleza. Aún así, no fue hasta mayo de 1948 cuando el ya dictador promulgó una ley que restablecía la legalidad vigente anterior a 1931 en materia de "Grandezas y Títulos del Reino". 

El tirano se autoadjudicó "la gracia y las prerrogativas" de dar y quitar unos títulos nobiliarios que, según se decía en la Ley, "se han respetado y conservado secularmente, pues el pueblo español, amante siempre de sus tradiciones, en ningún momento dejó de reconocer e identificar a sus titulares con las dignidades que ostentaban". Para el nuevo régimen el objetivo era doble: "mantener vivo el perenne recuerdo de las grandes glorias de la nación, a la par que expresar su gratitud a aquellas personas que le han prestado servicios relevantes". Servicios que, por si alguien tenía alguna duda, provenían, según el texto legal, de las "acciones heroicas" de "nuestra Cruzada".

Franco utilizó por primera vez su prerrogativa en 1948 y lo hizo con un decreto cargado de simbolismo. Lo firmó el 18 de julio y eligió a cuatro nuevos nobles muy conocidos: el líder del partido fascista español, José Antonio Primo de Rivera; el líder conservador asesinado por republicanos en 1936, José Calvo Sotelo; el general que dirigió el Golpe de Estado, Emilio Mola; y el "héroe" de El Alcázar, José Moscardó.

A partir de ahí empezó un goteo que benefició a militares, políticos y empresarios y en el que apenas se colaron nombres honorables. El Ducado de Carrero Blanco en memoria del penúltimo presidente del Gobierno de la dictadura y el de Ramiro de Maeztu fueron los últimos títulos otorgados por Franco, poco antes de morir y de ser enterrado como el gran emperador que siempre quiso ser.

[47ronin]

Atacan el monumento a las Brigadas Internacionales de Vicálvaro con una esvástica y una pintada de "rojos asesinos"


El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el ataque por si pudiera considerarse un delito de odio

POLÍTICA 09.01.2018 05:39 EUROPA PRESS
El monumento a las Brigadas Internacionales instalado en Vicálvaro el pasado mes de noviembre ha sido atacado con una esvástica y una pintada en la que se puede leer "rojos asesinos". El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el ataque por si pudiera considerarse un delito de odio, han informado a Europa Press fuentes municipales.


El monolito a las Brigadas Internacionales fue inaugurado el pasado 5 de noviembre en el jardín de Vicálvaro que lleva el mismo nombre, en la confluencia de las calles de San Cipriano y Lago de Sanabria. El concejal-presidente del distrito, Carlos Sánchez Mato, defendía en la inauguración que con este gesto se "reivindicaba la libertad".

 
 Pintan con símbolos nazis las tumbas de las Brigadas Internacionales de un cementerio de Madrid
La inauguración del monumento tuvo lugar al cumplirse 81 años de la creación de las Brigadas Internacionales, las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros antifascistas. El cuartel general de la XI Brigada Internacional, la primera en llegar a Madrid, se estableció en Vicálvaro, que siguió siendo lugar de depósito e intendencia de las Brigadas. Fue allí donde se alojó el batallón Dombrowski.

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No es el primer homenaje a las Brigadas Internacionales que ha sido vandalizado: también ha sufrido ataques previos el monumento a las Brigadas levantado en la Universidad Complutense, con insultos a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y al que arrojaron pintura roja. Anteriormente había aparecido otra pintada en la que acusaba de "asesinos" a los brigadistas.

[47ronin]

El cartel colocado junto al monolito - @VicalEnLucha

Alta tensión tras el ataque al monolito de las Brigadas Internacionales: «Nazis, aquí tenéis las horas contadas»


El grupúsculo Vicálvaro en Lucha limpió las pintadas y colocó un cartel en el que se podía leer «Nazis, cuando tengáis valor de dar la cara, un barrio organizado os espera»

S. L.
@abc_madrid
MADRID
11/01/2018 01:25h
Actualizado:
11/01/2018 01:25h

NOTICIAS RELACIONADAS
«¡Rojos asesinos!»: atacan el monolito a las Brigadas Internacionales de Vicálvaro, inaugurado en noviembre
«Ni un día han durado las pintadas fascistas en nuestro barrio. Vosotros, nazis, también tenéis las horas contadas aquí». Con este mensaje, el grupúsculo Vicálvaro en Lucha que, según su propia descripción, agrupa a feministas, antifascistas y anticapitalistas, reveló en Twitter la acción llevada a cabo para limpiar las pintadas («rojos asesinos», así como diversas esvásticas) que aparecieron el lunes en el monolito a las Brigadas Internacionales.


Los integrantes del colectivo colocaron, además, un desafiante mensaje junto al monolito en el que se podía leer «Nazis, cuando tengáis valor de dar la cara, un barrio organizado os espera. Vicálvaro Antifascista». El Ayuntamiento de Madrid está estudiando el ataque por si pudiera considerarse un delito de odio, informaron a EP fuentes municipales.


Radicales de Vicálvaro en Lucha limpian las pintadas-@VicalEnLucha
Este monolito fue inaugurado el pasado 5 de noviembre en el jardín de Vicálvaro que lleva el mismo nombre, en la confluencia de las calles de San Cipriano y Lago de Sanabria. El estreno tuvo lugar al cumplirse 81 años de la creación de las Brigadas Internacionales, las unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros antifascistas. El cuartel general de la XI Brigada Internacional, la primera en llegar a Madrid, se estableció en Vicálvaro, que siguió siendo lugar de depósito e intendencia de las Brigadas. Fue allí donde se alojó el batallón Dombrowski.


El concejal-presidente del distrito, Carlos Sánchez Mato, defendía en la inauguración que con este gesto se «reivindicaba la libertad». Tras el ataque, dejó un mensaje de condena en Twitter:

[47ronin]

Callosa de Segura quiere retirar el próximo lunes la Cruz de los Caídos

La Gaceta
España   / 19 enero, 2018

Ha pedido a la Subdelegación de Gobierno un dispositivo de seguridad para retirar la próxima semana la Cruz que recuerda a los 81 asesinados por el Frente Popular.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura, gobernado por un tripartito formado por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida, ha pedido a la Subdelegación de Gobierno un dispositivo de seguridad para retirar la próxima semana, en virtud de la aplicación de la Ley sectaria de Memoria Histórica, la Cruz que recuerda a los 81 asesinados por el Frente Popular en el municipio.

Quiere que los agentes blinden la plaza para impedir la resistencia de los vecinos que ven en la retirada del símbolo “un ataque intolerable” a los católicos. Además, han exigido que la Policía Local y Guardia Civil controlen también todas las calles que dan acceso a este lugar y se coloquen vallas de seguridad.

Según publica diarioinformacion.com, el Consistorio pretende que los trabajos para retirar el monumento empiecen el próximo lunes 22 de enero y finalicen el 2 de febrero. La Plataforma en Defensa de la Cruz ha señalado en declaraciones a La Gaceta que tienen permiso para estar en la plaza hasta el próximo día 28 de enero, por lo que creen que el dispositivo se montaría a partir del 29.

En este sentido, ha manifestado que “no se van a quedar quietos” y que tienen “dos vías”: “El alcalde sigue con su deriva. Tenemos dos frentes para defendernos: el judicial y la movilización en la calle. Estamos viendo hasta donde podemos llegar”.

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Ha manifestado que lo que está sucediendo en su municipio “nada tiene que ver la Ley de Memoria Histórica sino que es un ataque a las creencias de una mayoría social”, no está dispuesta a consentir que “triunfe el rencor”. “Qué obsesión con ver política en una Cruz donde sólo está escrito el nombre de 81 víctimas”.

Los vecinos, muchos de ellos descendientes de las víctimas del comunismo, llevan más 380 días haciendo guardia para custodiar la Cruz. Solo piden “respeto a su fe”.

El regidor, Francisco José Maciá, ya confirmó el pasado mes de noviembre la intención de su equipo de dar cumplimiento “pronto” a la moción aprobada en el Pleno de marzo de 2016.