Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 307254 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2700 en: 08 de Junio de 2019, 08:11:56 am »

La Iglesia asume que el Supremo permitirá a los Franco enterrar al dictador en La Almudena

Memoria histórica
Los obispos dan por hecho que la sentencia avalará la exhumación, y que los descendientes del dictador podrán elegir el lugar donde sepultarlo

Los nietos de Franco han reiterado en sus escritos de recurso que solo aceptarían inhumar el cuerpo en el nicho que posee la familia en la catedral madrileña
El Arzobispado de Madrid, que sigue llamando al diálogo entre Gobierno y familia, no podría negarse a la inhumación
Jesús Bastante - Religiondigital.com

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07/06/2019 - 21:06h


La Iglesia da por hecho que el Tribunal Supremo permitirá la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero que la familia del dictador podrá llevar los restos donde estime oportuno, según ha sabido eldiario.es de fuentes eclesiales. El único lugar que, hasta el momento, han aceptado los descendientes ha sido el nicho propiedad de la familia en la cripta de la catedral de La Almudena.

La Iglesia de Madrid tiene un problema con Franco. Sus restos reposan en el Valle de los Caídos, en una tumba monumental que goza de la inviolabilidad de los Acuerdos Iglesia-Estado, y con una comunidad benedictina, encabezada por su prior, el candidato por las listas de Falange Santiago Cantera, dispuesta a defender, con uñas y dientes, la lápida de Franco, sin hacer caso a las llamadas al diálogo del cardenal Osoro.

Este problema va camino de acrecentarse, ya que la institución asume a estas alturas que la sentencia del Tribunal Supremo será a favor de la exhumación de los restos del dictador, pero también del derecho de sus nietos a enterrar a Franco donde ellos quieran. La sepultura familiar en La Almudena está a pocos pasos del Palacio Real (anteriormente conocido como de Oriente y centro de exaltación franquista) y justo debajo del lugar en el que, cada domingo, preside la Eucaristía del domingo el cardenal de Madrid.

¿Por qué asume la Iglesia que el destino final de la momia se encamina hacia el templo episcopal en la capital madrileña? La razón es que, en los sucesivos recursos a la decisión del Gobierno de sacar a Franco del Valle, la familia Franco anunciaba que sólo aceptarían su salida de Cuelgamuros si se le inhumaba en la cripta de La Almudena, junto a su hija Carmen y su marido, el marqués de Villaverde. En ningún caso al cementerio de Mingorrubio, donde descansa Carmen Polo, la mujer del dictador, y el destino elegido por el Ejecutivo socialista.

En ese punto, la Iglesia "no podría hacer nada", confirman fuentes eclesiales a eldiario.es. "La tumba es propiedad de la familia, y si el Supremo les concede a ellos potestad para elegir el lugar de inhumación, nosotros no tenemos nada que decir", admiten, no sin cierta preocupación, sabedores de que, en ese caso, se correría el riesgo de convertir la cripta de La Almudena en un lugar de peregrinación de nostálgicos del franquismo.
Dispositivo de seguridad

La diócesis madrileña se vería obligada a disponer un sistema de seguridad para asegurar que la cripta continuara siendo un lugar de culto y oración –como ya adelantó este diario–. Así, como sucede en la basílica de San Pedro, se impediría el acceso con indumentarias o insignias de claro corte político, así como la prohibición de todo tipo de concentración política o que incluyera loas al dictador. No obstante, se asume que es imposible evitar que se produzcan actos de este tipo.

Oficialmente, el Arzobispado de Madrid, así como la Conferencia Episcopal, no se pronuncian sobre el tema, y continúan llamando al diálogo entre Gobierno y familia, y al respeto de las resoluciones judiciales. Ello no evita recordar que, el pasado mes de diciembre, la Delegación del Gobierno en Madrid emitió un informe en el que desaconsejaba la inhumación de Franco en La Almudena, aduciendo razones de seguridad y de orden público.

En concreto, el informe alegaba que esos problemas obligarían a la Delegación a actuar para preservar la seguridad, actuaciones que, paradójicamente, provocarían una "limitación significativa" de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.

La Delegación del Gobierno señalaba que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona.

Del mismo modo, también se darían problemas para la lucha antiterrorista, puesto que se trata de un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor, y avisa de un posible colapso circulatorio y de movilidad en el entorno, con el consiguiente riesgo para los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.

Además, sostiene que el enterramiento en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social, por "espolear a la extrema derecha", ofendiendo así a sus víctimas y parte de la sociedad, y generar altercados, enfrentamientos y concentraciones no autorizadas.

Por todo ello, alega que pueden verse vulnerados los derechos de quienes deseen visitar la sepultura, de quienes acudan a la Catedral por motivos turísticos y religiosos y de todos los que caminen por el entorno.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2701 en: 08 de Junio de 2019, 11:15:46 am »
Esto sólo puede ocurrir en España, en cualquier otro país del mundo habrían hecho como los americanos con Bin Laden, tirarlo al mar, pero hay que recordar, por si alguien todavía no lo tiene claro, que Franco murió en la cama del hospital La Paz como Jefe del Estado y Generalísimo de todos los Ejercicios y que fue enterrado en el Valle de los Caídos por orden expresa de Juan Carlos I, pero que otra cosa podía hacer si al final la Guerra Civil no fue otra cosa que una guerra de reinstauración monárquica, pero otra cosa hubiera pensado el Borbón si en vez de ser él elegido como sucesor al trono lo hubiera sido el Duque de Cádiz, que esa era la intención del Marqués de Villaverde, pero sea como fuere la herida de la Guerra Civil se cerró en falso y lo que es peor, se cerró infectada y sin sanar, porque no hubo posibilidad de limpiarla, ahora sale el pus, lo normal cuando no se ataja la infección en su momento.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2702 en: 08 de Junio de 2019, 11:20:57 am »
Esto sólo puede ocurrir en España, en cualquier otro país del mundo habrían hecho como los americanos con Bin Laden, tirarlo al mar, pero hay que recordar, por si alguien todavía no lo tiene claro, que Franco murió en la cama del hospital La Paz como Jefe del Estado y Generalísimo de todos los Ejercicios y que fue enterrado en el Valle de los Caídos por orden expresa de Juan Carlos I, pero que otra cosa podía hacer si al final la Guerra Civil no fue otra cosa que una guerra de reinstauración monárquica, pero otra cosa hubiera pensado el Borbón si en vez de ser él elegido como sucesor al trono lo hubiera sido el Duque de Cádiz, que esa era la intención del Marqués de Villaverde, pero sea como fuere la herida de la Guerra Civil se cerró en falso y lo que es peor, se cerró infectada y sin sanar, porque no hubo posibilidad de limpiarla, ahora sale el pus, lo normal cuando no se ataja la infección en su momento.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2704 en: 09 de Junio de 2019, 08:31:29 am »

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2705 en: 11 de Junio de 2019, 11:57:12 am »
https://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2019/06/11/el-empresario-chino-franquista-consigue-reventar-a-carme-chaparro-que-acaba-soltando-una-perla-de-lo-mas-necia.shtml

!España hoy día no tiene putos comunistas como vosotros!" España hoy día es el mejor país de Europa. ¡Franco mataba a los putos mierdas de rojos! No hizo nada malo, solo mataba a los putos mierdas.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2706 en: 11 de Junio de 2019, 15:59:17 pm »



Un tribunal archiva la querella contra el 'Billy el Niño' de Valencia al no haber ratificado España una convención de la ONU de 1968


El querellante, un estudiante antifranquista detenido en la Jefatura Superior de Policía de Valencia y torturado por la Brigada Político Social, recurre la decisión ante el Tribunal ConstitucionalEspaña ha firmado diversos tratados internacionales que prevén que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, "cosa que todavía no se ha producido", recuerda la Audiencia de Valencia  El comisario Benjamín Solsona, legendario agente de la Brigada Político Social en Valencia, fue nombrado por el Gobierno socialista Jefe Superior de Policía en Palma


Miembros de la plataforma valenciana en el acto de presentación de la querella
Por Lucas Marco
11 jun 201914:17

La sección quinta de la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 7 de archivar la querella que presentó un estudiante universitario antifranquista por torturas contra el antiguo agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés. La Audiencia provincial considera que los hechos, sucedidos hace 48 años, están prescritos.


El querellante, representado por la cooperativa de abogados El Rogle, consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de tortura y de lesa humanidad. Por el contrario, los magistrados arguyen, en un auto del pasado 21 de marzo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para la aplicación de las resoluciones internacionales es necesario su "transposición al derecho interno" ya que, de lo contrario, "los tribunales españoles excederían con creces su jurisdicción al actuar como tribunales internacionales y no sujetos, por ello, a la ley española".


España, recuerda la Audiencia de Valencia, ha firmado diversos tratados internacionales que prevén que los Estados firmantes eliminen la prescripción del delito de tortura, "cosa que todavía no se ha producido" en el caso español. Los magistrados recuerdan que España tampoco ha ratificado la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968. "Ello impide la persecución en España de los hechos susceptibles de ser calificados como tal delito, cuya comisión es anterior al 1 de octubre del 2004", señala el auto.


El pasado 25 de abril, el militante antifranquista recurrió al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia, explican a eldiario.es fuentes jurídicas, que no descartan llegar a los tribunales internacionales. Hasta 12 antiguos militantes antifranquistas, bajo el paraguas de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo, pusieron sendas querellas por torturas producidas a manos de la Brigada Político Social en las postrimerías de la dictadura. Las querellas cayeron en juzgados distintos pero el de Instrucción número siete fue el primero en archivar la causa. El resto de querellas se han agrupado en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. 

El ex agente de la Brigada Político Social de Valencia, Benjamín Solsona Cortés, fue uno de los represores más legendarios del antifranquismo en la capital del Turia, según los numerosos testimonios de la época. Solsona, siendo ya comisario tras la muerte del dictador, fue jefe superior de policía en Bilbao entre 1980 y 1982 y en Palma hasta 1988.

Cuando ejerció de jefe de policía en las Islas Baleares tuvo un reencuentro con un antiguo detenido, el entonces ministro Ernest Lluch, que no había olvidado el papel de Solsona en la policía política franquista. Lluch, asesinado por ETA hace casi dos décadas, lamentó el reciclaje que los primeros gobiernos socialistas hicieron de los antiguos torturadores de la Brigada Político Social para destinarlos a la lucha antiterrorista o a otros destinos, aún a sabiendas de su turbio papel durante la dictadura franquista.


El comisario Benjamín Solsona fue también administrador único de una empresa de seguridad privada -un camino que recorrieron numeroso ex agentes de la Brigada Político Social- entre 1990 y 1993. Solsona ya fue imputado y más tarde desimputado en el marco de la denominada querella argentina contra los crímenes del franquismo.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2707 en: 15 de Junio de 2019, 07:35:09 am »

Cuando la memoria de un crimen fascista acaba en el respiradero de un garaje
La familia de Arturo Ruiz, asesinado en Madrid en 1977, logra por fin que el Ayuntamiento de Madrid le ponga una placa, el último día de legislatura y después de la negativa de dos comunidades de vecinos

Iñigo Domínguez
Madrid 14 JUN 2019 - 17:51 CEST   


Acto de presentación de la placa en recuerdo del asesinato de Arturo Ruiz, en la plaza Santa María de Soledad Torres Acosta de Madrid. Claudio Álvarez

La muerte de Arturo Ruiz, un estudiante granadino de 19 años, asesinado por un pistolero fascista el 23 de enero de 1977 en el centro de Madrid, siempre ha tenido problemas de visibilidad. Fue el día antes de la matanza de los abogados de Atocha y quedó eclipsada por la noticia, también en la memoria de las décadas siguientes; el autor huyó con ayuda de miembros de fuerzas de seguridad y nunca ha sido localizado; la justicia declaró el caso prescrito en 2003. Ya lo último que esperaba su familia es que al menos le colocaran una placa de recuerdo, pero también ha sido un problema. Los dos edificios del lugar exacto del crimen, la esquina entre las calles Silva y Estrella, en Madrid, no han colaborado. El Ayuntamiento ha logrado esta mañana, in extremis, en el último día de la legislatura, colocar la placa en la plaza contigua, Santa María de Soledad Torres Acosta, en el único lugar en alto y visible: el respiradero del aparcamiento público subterráneo. “No hay mal que por bien no venga, la verdad es que al final queda mejor aquí”, ha dicho su hermano Manuel en un acto al que han asistido medio centenar de personas y representantes de todos los partidos del Ayuntamiento de Madrid.

Es verdad que al final puede tratarse del lugar más idóneo, esos tres conceptos simbolizan perfectamente la memoria histórica en España: aparcada, pública y subterránea. En ese gran tubo negro por donde el aire viciado sale al exterior ahora se lee un recordatorio que acaba con otros tres conceptos, pero de limpieza moral: “Aquí fue asesinado por la extrema derecha Arturo Ruiz García el día 23 de enero de 1977. Verdad, memoria y justicia”. ¿Cómo se ha llegado a esto, al tubo del garaje? Para empezar, de milagro, en el último día de la legislatura. La familia de Arturo Ruiz hubiera querido que fuera el día del aniversario, pero todos los obstáculos lo fueron posponiendo hasta hoy, y era hoy, último día de la corporación de Manuela Carmena, o quién sabe ya cuándo, con la que parece que viene. “Esta placa se coloca en los minutos de descuento. Y están entrando grupos políticos en las instituciones que lo primero que quieren hacer es eliminar la memoria histórica”, advirtió Manuel Ruiz en su breve discurso. Recordó que el único detenido por la muerte de su hermano quedó en libertad gracias a la ley de amnistía que él reclamaba el día que se manifestaba y lo mataron. Concluyó que aún no se ha hecho justicia y que "no deberían prescribir los crímenes de lesa humanidad".

La primera comunidad de vecinos, calle Silva 23, se dividió en la votación y al final denegó el permiso porque tenían miedo a actos vandálicos. Que les pintaran la fachada, tener que limpiar. El Ayuntamiento garantizó luego que correría con los gastos de posibles reparaciones, pero ya no se volvió a votar. Al final no quisieron líos. “Es triste, sí, pero al final fue lo que se decidió. Yo voté que sí. Soy de Logroño, mi padre trabajaba en la torre donde ETA hizo un atentado en 2001, soy consciente de lo que significa la memoria de las víctimas. Pero aquí no hubo una discusión ideológica, los que votaron [en contra] era más bien porque no querían problemas”, cuenta Jaime, de 30 años, que era entonces presidente de la junta. Ningún vecino vivía allí cuando ocurrió, llegaron luego.

En el edificio de enfrente, calle Silva 25, la presidenta se remitió al administrador. Por correo electrónico, según fuentes municipales, respondió escuetamente de forma burocrática: que tendrían que convocar una junta, y que no iban a celebrar una solo para eso, sino que la harían cuando tocara, y no sabían cuándo sería. Pero Javier, vicepresidente de la comunidad, confiesa que se entera ahora de la cuestión por el periodista: "Pero no me extraña que pasara eso. Es un edificio donde la mayoría son alquileres, y es complicado hacer reuniones, muchos propietarios viven fuera, es más por la complejidad de tomar decisiones que por otra cosa, no hay nada de ideas políticas, para nada, y yo creo que la mayoría estaría a favor".

El escrúpulo en no tomar partido, el desinterés, las molestias de orden práctico, o que en ese momento viene mal, componen una buena muestra a pequeña escala de cómo contempla el pasado esa comunidad de vecinos más grande, el propio país. No meterse en política, como Franco. Sería interesante, como radiografía sociológica, indagar por qué cada vecindario que dice que no a una placa dice que no, como cuando decide si pone o no el ascensor. "No es un caso aislado, no es la primera vez, probablemente es independiente del contenido de la placa, aunque en general ha habido más negativas a las placas de la memoria histórica que, por ejemplo, a las de víctimas del terrorismo", explica Txema Urkijo, responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid. Otros casos: las negativas de vecinos de Madrid a las placas propuestas en memoria del general republicano Vicente Rojo; de Rafael Henche de la Plata, último alcalde socialista del Madrid republicano; y Julián Grimau, dirigente comunista fusilado durante la dictadura en 1963. En el caso de Arturo Ruiz, de 19 años, estudiante, también anónimos vecinos se han negado. “Sí, esto es síntoma de algo, incomoda de alguna manera”, admite Urkijo. Pero al menos esta vez la memoria oculta y estancada, ese aire de habitación cerrada, ha encontrado una salida por la placa del respiradero.





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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2708 en: 22 de Junio de 2019, 07:43:50 am »

La justicia rechaza apartar al juez que suspendió las obras para exhumar a Franco del Valle de los Caídos


Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega la petición del Gobierno de recusar a Yusty Bastarreche por sus opiniones sobre la ley de memoria histórica
El juez usó un informe técnico realizado para la fundación Francisco Franco para sustentar que los trabajos entrañan peligro físico y paralizar el proceso de licencia
Yusty escribió que el presidente Zapatero revivía con "oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles"
eldiario.es - Madrid
21/06/2019 - 16:10h

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la recusación formulada por la Abogacía del Estado contra el juez José Yusty, que tramita el procedimiento en el marco del cual paralizó de forma cautelar la autorización municipal para ejecutar las obras para la exhumación del dictador Francisco Franco, según Efe.

Así lo acuerda el Tribunal en un auto en el que rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado y devuelve el procedimiento a José Yusty, juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Yusty había atacado mediante un artículo público la ley de memoria histórica.

El magistrado se basó en un informe técnico elaborado para la fundación Francisco Franco para paralizar el proceso de licencia municipal de los trabajos de exhumación. El autor del documento, Enrique Porto, fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 a 2006 durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Dimitió al ser imputado por corrupción aunque su caso fue, finalmente, archivado.

La Abogacía del Estado recusó a este magistrado al entender que no podía resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo titulado "Gobierno y armada española en la monarquía absoluta".

En dicho artículo sobre la ley de memoria histórica José Yusty acusaba al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de revivir con "oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles".
Más información en eldiario.es

Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación

El Gobierno pide apartar al juez que paralizó la licencia de obra para exhumar a Franco por sus críticas a la Memoria

El juez que ha suspendido el acto por el derecho a decidir en Madrid también criticó la ley de Memoria Histórica
Ahora más que nunca, frente a quienes se toman a la ligera la Historia, nuestra labor de servicio público es mirar hacia atrás y preservar la memoria también de los tiempos más oscuros para que no se vuelvan a repetir. Es parte de nuestra labor de servicio público. Ayúdanos a cumplirla.




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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2709 en: 25 de Junio de 2019, 11:53:42 am »

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2710 en: 25 de Junio de 2019, 12:36:00 pm »


Almeida sólo recuperará los nombres de las calles que ordene la Justicia


El Ayuntamiento de Madrid acumula ocho sentencias desfavorables y otras dos demandas pendientes de resolución

Marta R. Domingo
@MartaRDomingo
Madrid
Actualizado:
25/06/2019 11:37h

La decisión de revisar el callejero madrileño para eliminar los vestigios franquistas la emprendió el gobierno de Manuela Carmena, pero será el del actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), el que tendrá que asumir las consecuencias económicas y judiciales de aquella determinación que suscitó una oleada de recursos administrativos y en los tribunales. El Consistorio acumula hasta la fecha ocho sentencias en su contra, recurridas ante el TSJM, que obligan a restaurar los nombres originales de nueve de los 52 viales y todavía tiene otras dos demandas pendientes en primera instancia. En el pleno de marzo de 2017, cuando se aprobó la propuesta del Comisionado de Memoria Histórica, los populares se abstuvieron por considerar que clasificaba a vivos y muertos con «maniqueísmo». Ahora que el gobierno lo encabeza la coalición de PP-Ciudadanos, el regidor, en la línea con lo votado entonces, tomará una decisión salomónica: «El gobierno cambiará las calles que dicte la Justicia», indicaron a ABC fuentes municipales.


A pesar de las demandas pendientes, Ahora Madrid decidió emprender el cambio de las placas en abril del año pasado. Sólo en dos enclaves no pudieron desatornillarlas, puesto que los autos judiciales llegaron antes que los operarios. El Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia logró su objetivo y todavía lucen en Chamartín los distintivos de Caídos de la División Azul, y en Chamberí se mantienen las del General Asensio Cabanillas. En el primer caso, el juez argumentó que «la División Azul se formó en 1942, tres años de finalizar la Guerra Civil» y que su actuación se realizó fuera de España. En el segundo, la magistrada consideró que «no existe dato, ni prueba que dé razón concreta y motivada a la retirada de la calle amparándose en la Ley de Memoria Histórica».

En general, la «falta de motivación» fue la razón de peso que empujó a los jueces a sentenciar a favor de restaurar el nombre original, como en el de la calle de los Hermanos García Noblejas, situada en Ciudad Lineal, donde el magistrado afirma en el fallo que «los juicios de valor» que el Comisionado realiza no están «justificados». En otros casos, aceptaron el recurso simplemente porque al afectado se le concedió la calle por los méritos profesionales logrados antes de la contienda, como la del alcalde Cirilo Martín Martín (en Moncloa-Aravaca) o la del fundador de la Legión, el general Millán Astray –cuya calle está en el distrito de Latina–, a quien se le otorgó el homenaje en 1924. «Fue doloroso ver que quitaban la placa apenas unos días antes de que saliera la sentencia», expresa a este diario el portavoz de la Plataforma Patriótica Millán Astray, Guillermo Rocafort. «En 2020 se celebra el 140 aniversario de su nacimiento y recuperar antes su placa sería una forma de desagraviarnos después de todo», reclama Rocafort, cuya asociación ya ha pedido una cita con el alcalde para insistir en este aspecto.



El caso de El Algabeño
Incluso hubo ejemplos más disparatados como el de El Algabeño, situado en Hortaleza, que el juez anuló porque consideró que hubo una confusión entre personajes históricos. En el informe del Comisionado se argumentó la eliminación de la distinción al torero señalando que «José García Carranza (1902-1936), apodado Pepe El Algabeño, torero y terrateniente andaluz, en julio de 1931 estuvo involucrado en la muerte de cuatro obreros en el parque de María Luisa de Sevilla y prestó voluntaria colaboración a la sangrienta limpieza política de los barrios populares de Sevilla por Queipo de Llano al inicio de la Guerra Civil». Sin embargo, en señalar este nombre estribaba, precisamente, el error: la calle no estaba dedicada a la persona que cita el Comisionado, sino a su padre, José García Rodríguez (1875-1947), que también fue torero y usaba el mismo apodo. «Aun admitiendo que se tratara del hijo, tampoco estaría justificado el cambio de calle», puesto que, como indica el fallo, la Ley de Memoria Histórica pone como excepción que el nombre del espacio se haya adoptado por «razones artísticas».

Impugnación total
Frente a los recursos de calles concretas, la Fundación Nacional Francisco Franco optó por reclamar la impugnación de los 52 cambios. La sentencia, rubricada el pasado 30 de julio, estimó parcialmente su demanda y ordenó la restitución de seis nombres del callejero sobre las que otros magistrados ya se habían pronunciado anteriormente y las de otras dos más que no estaban argumentadas de forma solvente. El juez arguyó que el criterio seguido para valorar las denominaciones exige demostrar «un plus adicional de participación o significación» con la Guerra Civil o la Dictadura franquista, que no se cumple tampoco en los casos del Comandante Zorita (Tetuán); y el en el del paseo del Doctor Vallejo Nájera (Arganzuela).


Los descendientes del capitán Carlos Haya también recibieron un espaldarazo de la Justicia en enero, cuando el magistrado de lo Contencioso-Administrativo número 15 consideró que la familia demostró con documentos que su padre, «con anterioridad a la Contienda Civil», había acumulado «méritos propios suficientes» que sirvieron para que el Ayuntamiento en 1954 le dedicara una calle. Según consta en la resolución judicial, se reconoció que «en 1931 voló de Sevilla a Bata (Guinea) sin escalas» y que fue «uno de los primeros aviadores que hizo uso de la radio-ayuda a la navegación en vuelos sin visibilidad».

A esta batería de resoluciones judiciales se sumarán en las próximas semanas otras dos, que también podrían ser desfavorables para el Ayuntamiento: la del Crucero Baleares (Puente de Vallecas); y la del paseo de Muñoz Grandes (Carabanchel). «Hay dos demandas para defender que se recupere el nombre del Crucero Baleares. No exalta la Guerra Civil ni la represión. Al contrario, murieron personas de los dos bandos», defiende en declaraciones a ABC el presidente de Colectivo de Familiares de Caídos en Rusia, José Luis Marín, que esta semana enviará un escrito al Consistorio para que «desmantelen» la Oficina de Derechos Humanos y Memoria por «su coste» y por su «incompetencia e imparcialidad».


Salvo estas dos últimas causas que están por resolverse, el Ayuntamiento recurrió todos los fallos ante el TSJM, que será el órgano que fije el criterio final. Fuentes municipales explican que «dejarán en manos de los servicios jurídicos la decisión de mantener o retirar los recursos en cada caso». Mientras, las antiguas placas descansan en un almacén municipal hasta que el Consistorio las restituya, ya con las sentencias en la mano.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2711 en: 26 de Junio de 2019, 06:37:52 am »

El Supremo ordena comprobar si La Almudena tiene condiciones de seguridad para acoger los restos de Franco

Se practicará en julio una prueba pericial para establecer si es creíble el informe del delegado del Gobierno contrario a la inhumación en la catedral por riesgos de orden público

26/06/19access_time 1:05

Hace tres semanas, el Tribunal Supremo se pronunció sobre uno de los temas judiciales más polémicos de este curso: la exhumación de Franco. Ordenó paralizar esta medida del Gobierno hasta resolver sobre el fondo de la cuestión. Por lo pronto, ha decidido avanzar sobre una cuestión concreta: si los restos del general pueden descansar en la catedral de La Almudena.
Prueba pericial

Según ha sabido Confidencial Digital, la posibilidad de que la tumba de Franco sea trasladada a La Almudena es real y factible. De hecho, la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso ha ordenado practicar una prueba pericial en el templo para determinar si es un lugar seguro para acoger el féretro.

Las fuentes judiciales consultadas por ECD explican que se trata de una prueba solicitada por la familia Franco que ha sido atendida por los magistrados. Los peritos del Alto Tribunal accederán al entorno de La Almudena para determinar si se trata de un lugar adecuado, en términos de seguridad.
Contrarrestar al Gobierno

Estas fuentes señalan que fueron los propios parientes de Franco quienes solicitaron esta prueba al Supremo. Lo hicieron para desmontar el informe que elaboró en noviembre la delegación del Gobierno en Madrid y que alertaba de posibles riesgos y de desórdenes públicos si Franco era trasladado a La Almudena.

El informe remitido a Moncloa era completamente desfavorable a la inhumación en la catedral: alegaba que el templo se ubica en el centro de Madrid, que es zona de constantes visitas de turistas y que situar los restos de Franco en la cripta, como desean los familiares, provocaría “manifestaciones de carácter fascista” y elevaría el riesgo de atentados en los alrededores de la Puerta del Sol.

Los herederos de Franco consideran, por el contrario, que la cripta de La Almudena sí es un lugar adecuado para que reposen los restos del general si deben salir del Valle de los Caídos. Recuerdan que allí está enterrada su hija, Carmen Franco, y existe un nicho construido expresamente para albergar el féretro del dictador.

Las mismas fuentes añaden que la práctica de esta prueba no significa que Franco vaya a ser inhumado en la catedral de Madrid. Se atiende a una petición legítima y pertinente de una de las partes.

Una sentencia por recurso

Asimismo, explican que los recursos presentados contra la exhumación de Franco se resolverán individualmente y que se dictarán sendas sentencias para cada uno.

Tendrán un elemento común, que será si la exhumación es legal o no, pero al margen del núcleo del fallo, cada una tendrá sus peculiaridades en los fundamentos jurídicos.

Está previsto que se hagan públicas en otoño, en torno al mes de octubre.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2712 en: 26 de Junio de 2019, 10:58:06 am »
Pués como Franco termine en la Almudena, van a hacer un pan como unas tortas . . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2713 en: 26 de Junio de 2019, 12:29:38 pm »
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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2714 en: 29 de Junio de 2019, 07:19:19 am »
   
SU HIJA AÚN VIVE EN CATALUÑA
El guardia civil asesinado por los 'maquis': la primera víctima que olvidó la ley

El teniente Fuentes fue acribillado por el líder de un grupo terrorista al que varios agentes estaban cercando en una masía de Girona el 3 de enero de 1960



El teniente Francisco de Fuentes, en el centro, con sus hijos, también guardias civiles. (Ministerio del Interior)
Autor
Roberto R. Ballesteros
Contacta al autor
RRBallesteros

29/06/2019 05:00

El pasado miércoles, el Congreso de los Diputados homenajeó a las víctimas del terrorismo. Al margen de lo polémica que fue la jornada por la entrevista que esa noche concedió a TVE el dirigente abertzale Arnaldo Otegui, lo cierto es que la cámara baja conmemora a este colectivo todos los 27 de junio porque ese mismo día de 1960 murió la considerada por las Cortes como primera víctima del terrorismo, Begoña Urroz, una niña de 20 meses que perdió la vida como consecuencia de la bomba que puso en la estación de Amara de San Sebastián el Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL), un grupo terrorista compuesto por españoles y portugueses que pretendían derrocar las dictaduras de Francisco Franco y Antonio Salazar.

La Ley de Protección Integral de Víctimas, aprobada en 2011, amplió hasta 1960 el periodo de aplicación de la norma, que hasta ese momento únicamente reconocía a víctimas que lo fueran desde 1968. Esta ampliación permitió que la considerada primera víctima del terrorismo pasara de ser el guardia civil de Tráfico Antonio Pardines, asesinado por dos pistoleros de ETA el 7 de junio de 1968, a la mencionada pequeña de ni siquiera dos años. Sin embargo, hubo una víctima previa a Urroz que también perdió la vida en 1960. En concreto, seis años antes que la niña. Según ha podido saber El Confidencial, el Ministerio del Interior ha reconocido como primera víctima del terrorismo al guardia civil Francisco de Fuentes Fuentes y Castilla Portugal, asesinado la noche del 3 al 4 de enero de 1960 en Palol de Revardit (Girona) durante un enfrentamiento armado contra un grupo de 'maquis' anarcosindicalistas liderados por Francisco Sabater Llopart, alias 'Quico'.

Su hija, Isabel de Fuentes, reclamó al Ministerio del Interior que su padre fuera reconocido como víctima de un acto terrorista, extremo que aprobó el organismo hoy dirigido por Fernando Grande Marlaska en 2015, cuando la Subdirección General de Ayuda las Víctimas del Terrorismo le notificó a la mujer que su solicitud había sido estimada y que su padre pasaba a ser la primera víctima de una organización terrorista. "Yo era muy joven y aquello me partió la juventud, no quiero volver a recordar momentos tristes; tengo muy presente a mi padre, pero no quiero hablar de aquello", asegura Isabel a El Confidencial desde su casa de Girona, un hogar repleto de detalles que hacen alusión a la Guardia Civil.

Según el historiador y general de la Guardia Civil, Francisco Aguado Sánchez, los 'maquis' —también conocidos como 'bandoleros comunistas'— cometieron durante la posguerra 953 asesinatos, 845 secuestros, 538 sabotajes y 5.963 atracos. Justo cuando terminó la Guerra Civil fueron conocidos como 'huidos', luego como 'guerrilleros antifranquistas' y finalmente con el término más popular que ha pasado a la historia, los 'maquis'. El Ministerio del Interior entiende que, al margen de cualquier posicionamiento ideológico, una acción terrorista, según la define la citada ley de 2011, es aquella llevada a cabo "por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".

Según datos de Interior, los 1.826 enfrentamientos que los 'maquis' mantuvieron con las fuerzas del orden provocaron 12 fallecidos del Cuerpo General de Policía, 11 de la Policía Armada, 27 del Ejército y 260 de la Guardia Civil, cifras que demostrarían que estos componían un grupo terrorista, que de hecho también sufrió bajas considerables. En ese combate entre unos y otros, murieron 2.173 'maquis' y otros 3.387 fueron detenidos. Las fuerzas de seguridad les intervinieron 24 ametralladoras, 3.525 armas largas (fusiles, rifles y escopetas), 516 subfusiles, 3.075 armas cortas (pistolas y revólveres) y 7.804 artefactos explosivos.

En concreto, el subgrupo que acabó con la vida del teniente Fuentes fue el autodenominado Movimiento Unificado de Resistencia y Liberación de España (Murle), liderado por el mencionado 'Quico', que según las fuentes consultadas fue de hecho quien apretó el gatillo del subfusil del calibre 45 que acabó con la vida del guardia civil la noche de aquel 3 de enero de 1960. Apenas cinco días antes, Sabater Llopart y sus compinches entraron a España desde Francia. Agentes del instituto armado les siguieron la pista para apresarles. El día de los hechos, los funcionarios montaron dos barreras de contención con el fin de cortarles el paso y atraparles en diferentes puntos de la provincia de Girona.

Al medio día, los perseguidores recibieron un soplo. Alguien había visto a cinco hombres sospechosos en la masía Clarà. Uno de ellos, no había dudas porque los agentes mostraron fotografías a los testigos, era 'Quico'. Los guardias civiles montaron un servicio de vigilancia sobre la zona, confirmaron que estaban allí los terroristas y pidieron refuerzos. El teniente Fuentes, al mando de un grupo paralelo, se adelantó para hacer una batida por un camino con el fin de evitar que los cinco pudieran escapar por ahí en el momento en el que se vieran cercados. Y el momento llegó.

Sabater Llopart y sus cómplices salieron de la casa para irse, se percataron de que estaban rodeados y comenzaron a abrir fuego. Los agentes repelieron los disparos, mataron a un 'maqui' en el fuego cruzado e hirieron a 'Quico' en una nalga. En un momento dado, los guardias civiles se dieron cuenta de que el grupo había secuestrado al matrimonio dueño de la masía, por lo que declararon el alto el fuego. Durante las horas siguientes, los miembros de la banda se atrincheraron en el inmueble. A media noche, Sabater Llopart azuzó una vaca para distraer la atención de los agentes al tiempo que ordenaba a sus hombres salir por la ventana trasera de la vivienda lanzando granadas de mano y disparando ráfagas de metralleta.

El teniente Fuentes, que se encontraba en ese momento batiendo precisamente la parte de atrás, se topó de frente con 'Quico', que se encontraba agazapado y le había visto primero. El terrorista no dudó en apretar el gatillo de su subfusil, que lanzó varios disparos seguidos y acribilló al guardia civil. Durante el enfrentamiento, los 'maquis' Miracle, Madrigal y Montoya perdieron la vida. El jefe de la banda, tras matar al teniente, se inyectó morfina y escapó arrastrándose por el monte a oscuras. Dos días después, sin embargo, en otro combate callejero con la Guardia Civil, en el municipio de San Celoní, 'Quico' resultó muerto después de herir a otro agente.

El oficial fue enterrado en la iglesia de San José, próxima a la comandancia donde vivía en Girona. Además de las autoridades militares y civiles, también acudió el obispo, José María Cartaña, conocido como Pepe el Rojo por su abierta oposición al régimen franquista. Una placa conmemorativa fue levantada posteriormente en San Celoní en homenaje a Sabater Llopart, al que el distintivo denominó "guerrillero antifranquista".


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2715 en: 01 de Julio de 2019, 13:37:04 pm »


España presenta "una queja" ante el Vaticano por la injerencia del nuncio en la exhumación de Franco


"El nuncio se ha manifestado en contra de una ley", ha señalado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
1 julio, 2019 10:15

 CARMEN CALVO POYATO  FRANCISCO FRANCO CIUDAD DEL VATICANO
Victoria Fernández
El Gobierno español presentará una "queja formal" ante el Vaticano por la injerencia del nuncio en la exhumación de Franco. Así lo ha explicado la vicepreseidenta en funciones, Carmen Calvo, en declaraciones a la Cadena Ser. "Es una injerencia evidente en fondo y forma un embajador que no puede entrar en los asuntos internos del estado. España presentarará una queja formal al Vaticano a lo largo del día, por la injerencia del nuncio en asuntos nacionales", ha dicho.

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Calvo se refería de esta forma a las declaraciones de este fin de semana del nuncio sobre la exhumación del Francisco Franco, que ha considerado que el proyecto del Gobierno de Pedro Sánchezha conseguido lo contrario de lo que pretendía, "resucitar a Franco".


"Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco. Dejarlo en paz era mejor, la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", ha señalado Renzo Fratini en una entrevista concedida a Europa Press.

La ministra considera que el nuncio "no puede entrar en los asuntos internos"  de España y resalta que "se ha manifestado en contra de una ley".

       

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2716 en: 05 de Julio de 2019, 06:51:57 am »

Nueva querella contra Billy el Niño: "Me ató a un radiador y me golpeó durante horas"


Una querella conjunta de cinco víctimas contra Billy el Niño y otros agentes de la policía secreta franquista busca romper la impunidad judicial del aparato represor de la dictadura de Franco
Los querellantes, Roser Rius, Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez, Esteban Cabal y Francisco Javier Maestro, militantes antifascistas, fueron detenidos entre los años 1971 y 1977
"Billy el Niño dijo: 'esta es para mí'… cuando acabó no podía andar", dice una de las denunciantes que intenta probar que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático de torturas
Juan Miguel Baquero
04/07/2019 - 15:17h

Antonio González Pacheco me ató a un radiador y me golpeó durante horas en la planta de los pies", cuenta Roser Rius. Es el mismo titular del relato que ha presentado este jueves en una querella conjunta, junto a cuatro militantes antifascistas, en los Juzgados de Instrucción de Madrid en la Plaza de Castilla. Las víctimas de Billy el Niño siguen intentando sentar en el banquillo de los acusados al más conocido torturador de la policía secreta del franquismo.

La presentación de la primera denuncia colectiva supone una novedad. La acción común intenta romper el bloqueo judicial a estos casos acusando de torturas a Billy el Niño y otros siete agentes de la dictadura. Y evidenciar, además, que los delitos fueron cometidos bajo un plan sistemático y "en un contexto de crímenes contra la humanidad".

"Billy el Niño dijo: 'esta para mí, ya la entiendo yo'. Estuvo una noche entera golpeándome… cuando acabó no podía andar, tenía hematomas hasta las rodillas, se me cayeron las uñas". Roser Rius fue detenida en octubre de 1974. Tenía 27 años. El testimonio que ofrece, en conversación con eldiario.es, coincide con el perfil que aportan otras víctimas: un policía "sádico" que "disfrutaba" torturando.

También con el resto de participantes en la querella colectiva. Cuatro, incluida Rius, eran militantes de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR): Enrique del Olmo, Jesús Rodríguez y Francisco Javier Maestro. El quinto denunciante es Esteban Cabal, detenido en el 76, cuando era menor de edad y miembro del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).
36 querellas contra Billy el Niño

Con estas nuevas acusaciones ascienden a 36 las querellas interpuestas contra Billy el Niño y otros agentes de la Brigada Político Social (BPS): tres en Asturias, seis en Valencia, diez en Gipuzkoa y 17 en juzgados madrileños.

"Más de 20 resoluciones judiciales dictadas hasta ahora por parte de los tribunales nacionales" sobre estas querellas "niegan sistemáticamente" que se trate de acciones sistemáticas y hablan de "hechos aislados". Es decir, que no son delitos de lesa humanidad y cabe aplicar "la prescripción de los delitos y por tanto el archivo de las querellas", denuncia la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina.
La Fiscalía se opone a la extradición de Billy el Niño a Argentina

Billy el Niño. | EFE

Por esto, esta línea judicial pretende desmontar la querella colectiva. "Había una estructura centralizada en la BPS con la finalidad de impedir la participación política de los ciudadanos españoles y se les detenía por su militancia", explica una de las abogadas de las víctimas, Begoña Lalana. Un aspecto "que recoge el delito de lesa humanidad, además de las propias torturas", subraya.

"Existía un plan organizado y deliberado de la dictadura", continúa, que hace entender que no son "casos individuales" y sí "una persecución sistemática a los militantes de partidos y sindicatos durante el franquismo, desde sus orígenes hasta la Transición democrática", apunta Lalana.

Se trata, por tanto, de otra oportunidad sobre la mesa de la justicia española para investigar la represión política de Franco. Hasta el momento, el aparato represor franquista sigue viviendo en la impunidad. Y Billy el Niño no tiene ninguna condena y mantiene sus medallas pensionadas.
"Comportamiento brutal de la policía"

"Estábamos luchando contra la dictadura y éramos muy clandestinos, pero no podíamos eludir que el aparto de la dictadura quería desmembrar cualquier cosa, daba igual que fuera más grande o más pequeña, de estudiantes u obrera… Querían que no hubiera ningún tipo de oposición, que no pudieras reunirte ni expresarte", relata Roser Rius a este medio.

En su caso, la militancia antifranquista le costó "14 meses de prisión en la cárcel de Yeserías". Y, antes, una detención y "tres días de torturas" en los calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS).

"El comportamiento de la policía fue bastante brutal". Rius no olvida la estancia en las mazmorras de la Puerta del Sol. "Se ensañaron mucho, me daban golpes por todos lados. Hacían una rueda y te iban dando. Un golpe, otro…". Y en las tandas no solo estaba el célebre Billy el Niño. "Había mucha más gente", asegura.

"En uno de esos momentos de muchos golpes les dije que ya podían entre tantos tíos con una mujer. Yo tenía 27 años y era muy delgada", recuerda. Ahí tomó el testigo González Pacheco. "Decidió que donde más me podía doler era en la planta de los pies, me ató a un radiador y estuvo golpeando durante horas".
Víctimas de torturas, durante la interposición de la denuncia colectiva. | CEAQUA

Víctimas de torturas, durante la interposición de la denuncia colectiva. | CEAQUA
Querellantes y torturados por la BPS

El resto de los torturados por la policía secreta franquista expresa testimonios similares. Como el militante de la FRAP Esteban Cabal, detenido por participar en la manifestación del Primero de Mayo. Quedó libre por su condición de menor de edad.

En octubre del 76 cayó en los calabozos de la BPS, torturado por González Pacheco y Roberto Conesa, según su declaración. Al ser puesto a disposición judicial su estado era "lamentable". Entre otras lesiones tuvo fractura de nariz y de ambas muñecas. Acabó exiliado en Francia.

O Enrique del Olmo, apresado en mayo del 72 cuando fue identificado como participante en una protesta y por su militancia política en la Liga Comunista Revolucionaria. Permaneció tres días incomunicado en la DGS. En los calabozos sufrió interrogatorios y torturas "durante horas". Estuvo preso tres meses en la cárcel de Carabanchel. Juzgado por los delitos de terrorismo y manifestación no pacífica, fue finalmente absuelto.

Del Olmo compartía militancia con el resto de querellantes. Caso de Jesús Rodríguez, sometido por la policía franquista en tres ocasiones. La primera, con 18 años de edad en marzo del 72, por participar en una protesta tras el asesinato por la policía de dos trabajadores de la empresa Bazán en Ferrol.
Participantes en la "querella acumulada" contra Billy el Niño y otros siete policías de Franco. | CEAQUA

Participantes en la "querella acumulada" contra Billy el Niño y otros siete policías de Franco. | CEAQUA

En enero del 74 fue detenido por una reunión ilegal preparatoria de actos contra de la pena de muerte a Salvador Puig Antich. En abril del 75 un grupo de policías lo esperaba a la puerta de su casa: señala a Francisco Javier Tejedor Peña, Antonio González Pacheco, y Salvador Bonel Esperanza. Dispararon tiros al aire. Rodríguez fue "golpeado, insultado, humillado", según su relato. Billy el Niño, en los interrogatorios, le amenazaba "todo el tiempo con una pistola".

Y el quinto denunciante, Francisco Javier Maestro BacksBacka. Detenido tres veces. La primera, julio del 71, en la piscina universitaria de la Universidad Complutense de Madrid. Va a estar "incomunicado e interrogado por González Pacheco y otros dos policías en la DGS durante 72 horas".

Luego sufre dos meses de prisión en Carabanchel. Es llevado a juicio ante el Tribunal de Orden Público (TOP) acusado de propaganda ilegal, alteración orden público y asociación ilícita. Quedó absuelto. La segunda detención es en su propio domicilio, en abril del 74. Ingresa en la cárcel un mes.

Y el 22 de julio del 77 cae cerca del Congreso de los Diputados por llevar una pancarta doblada de la LCR en su coche. En el cartel se leía ‘Legalización de todos los partidos políticos’. Presta declaración en la Comisaría de Retiro, es trasladado a la DGS y después al calabozo de Las Salesas.
Todas las víctimas de Billy el Niño

Todos estos querellantes dicen haber sido víctimas de Antonio González Pacheco, conocido por el alias Billy el Niño, el rostro más popular de la Brigada Político Social franquista. El exinspector tiene una hoja de servicios que demuestra que cobró "premios" en metálico por la represión de los movimientos antifranquistas, como desveló en exclusiva eldiario.es. El expediente detalla las felicitaciones y retribuciones económicas recibidas.

El historial de Billy el Niño le hizo merecedor de varias medallas al mérito policial que aumentan su pensión. Pero entre la ejecutoria también están las torturas sistemáticas a disidentes antifascistas, aseguran las propias víctimas.

Como uno de los agentes más activos de la policía secreta de Franco, González Pacheco actuaba con extrema violencia con los detenidos por causas políticas. En los calabozos de la BPS practicó sus técnicas de castigo predilectas, como el 'pasillo', la 'bañera', el colgamiento en barra o el 'saco de golpes'.

"El sadismo y la crueldad de Billy el Niño eran vocacionales", dicen sus víctimas. La nueva querella, que implica a otros siete policías de Franco, intenta evidenciar la "sistematicidad" y organización represiva de la dictadura contra los disidentes políticos durante el tardofranquismo, según la Coordinadora.
Ahora más que nunca, frente a quienes se toman a la ligera la Historia, nuestra labor de servicio público es mirar hacia atrás y preservar la memoria también de los tiempos más oscuros para que no se vuelvan a repetir. Es parte de nuestra labor de servicio público. Ayúdanos a cumplirla.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #2717 en: 17 de Julio de 2019, 13:57:38 pm »


Colectivos memorialistas convocan una concentración para exigir la exhumación de los restos de Franco


NUEVATRIBUNA.ES
16 DE JULIO DE 2019 (11:14 H.)
La Campaña #NiValleNiAlmudena, respaldada por más de 100 organizaciones y colectivos memorialistas y de víctimas del franquismo, organizaciones vecinales, feministas, cristianas, ecologistas, políticas, sindicales y culturales, ha convocado un acto público -coincidiendo con el 83 aniversario del golpe militar contra el régimen democrático y legal de la 2ª República- este jueves, 18 de Julio, desde las 20:00 horas, en la Puerta del Sol de Madrid.


En dicho acto intervendrán representantes políticos y sindicales, juristas, portavoces de colectivos vecinales, cristianos de base y sociales que apoyan la campaña #NiValleNiAlmudena. Se leerá también un comunicado de la campaña y de una plataforma que agrupa a 18 colectivos memorialistas de la resistencia y el exilio español en Francia.

Los convocantes exigen a las instituciones la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento “que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación”.

“Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas. La exhumación de los restos mortales del dictador es un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura. Además, es un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, como han puesto de manifiesto diversos organismos internacionales, que han solicitado a España dicha exhumación”, señala el colectivo.

“Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas", señalan

Las organizaciones convocantes tachan de “sarcasmo” y “cinismo insultante” la decisión del Tribunal Supremo de admitir la demanda interpuesta por la familia Franco para la suspensión cautelar de la exhumación de los restos del dictador: “Nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados integrantes del tribunal”, denuncian.

Asimismo, califican de “inaceptable” que el Supremo catalogue a Franco como “Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento”, evitando calificarlo como dictador.

Otros colectivos, como Juezas y Jueces para la Democracia ya se posicionaron en contra de esta decisión del Alto Tribunal en un duro comunicado en el que tachan de "insólita" la decisión.

Recuerdan que el Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra. “Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española”, afirman.

Por otro lado, las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Catedral de la Almudena, “son asimismo inaceptables”, ya que “supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad”.

En este sentido, advierten de que, si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos y en un lugar de movilización antifascista, con “consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad”.



En cuanto al papel que está jugando la Iglesia este asunto, después de que el Nuncio del Vaticano en Madrid se haya manifestado públicamente contra la exhumación de Franco, y haya proclamado como prioritarios los derechos y la voluntad de la familia, el colectivo considera que se trata de una “injerencia inaceptable en la soberanía popular representada en las Cortes, y muestra que la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del franquismo”.

“El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle”

A juicio de estas asociaciones, la única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad española esperan de la Iglesia es una “petición pública de perdón”, por su “participación activa en la represión desatada por los golpistas y su colaboración con la dictadura”.

“El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle”, añaden.

Además de la concentración del 18 de julio, se han programado diversas actividades y movilizaciones a lo largo del próximo mes de septiembre, que culminarán con una gran manifestación en Madrid.

#NiValleNiAlmudena #18JYoCondeno

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« Respuesta #2719 en: 21 de Julio de 2019, 11:17:54 am »