Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 307214 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3340 en: 15 de Octubre de 2021, 09:03:02 am »
Otro juez inicio ese camino para conocer la fuente en otro asunto incautando móviles de periodistas y salió escaldado...




Una jueza exige que elDiario.es facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás


La magistrada María Cristina Díaz, ex alto cargo del PP, ha dictado un oficio en el que da diez días a este periódico para identificar a la persona que filtró la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio
Opinión — Proteger nuestras fuentes es un derecho constitucional, por Ignacio Escolar





Foco
MEMORIA HISTÓRICA

La familia Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de archivo.
La familia Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo POOL
Gonzalo Cortizo

14 de octubre de 2021 22:03h
55

@gonzalocortizo
La magistrada María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, quiere que elDiario.es revele para los Franco las fuentes que permitieron publicar la relación de bienes contenidos en el Pazo de Meirás en medio de la disputa sobre la propiedad del inmueble que la familia del dictador ocupó durante 82 años. El 7 de diciembre de 2020, este periódico publicó un listado con las fotografías de los 697 bienes, incluidos en un inventario elaborado por técnicos de Patrimonio Nacional, a petición de la juez que llevaba entonces el caso. La publicación de esa información llevó a los Franco a querellarse contra la funcionaria que elaboró la lista, a la que acusan de un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa pero la magistrada quiere seguir adelante y ahora pretende que esta redacción revele sus fuentes.


La jueza rechaza la petición de la familia Franco para retirar los muebles del Pazo de Meirás en manos del Estado

SABER MÁS
En un oficio remitido al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, María Cristina Díaz reclama lo siguiente: "Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás (...), la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe". Esa orden, dictada a finales de septiembre, da a este periódico un plazo de diez días para responder al requerimiento con el que los Franco y la propia magistrada pretenden destapar una fuente de un medio de comunicación.

El director de elDiario.es ha respondido al requerimiento del juzgado, negándose a desvelar el nombre de dicha fuente o ningún dato que pueda servir para su identificación. "El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Puedes leer su respuesta íntegra aquí.


No es la primera vez que esta magistrada y elDiario.es se encuentran inmersos en cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho a la información. Durante un brevísimo periodo a finales de 2019, María Cristina Díaz llevó la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, a los que se acusaba de un delito de revelación de secretos por las informaciones del Caso Máster. En aquella ocasión, la magistrada decidió inhibirse de la causa, alegando amistad personal con Cifuentes. María Cristina Díaz había sido alto cargo del Gobierno de Madrid, como directora general de Justicia, entre otros puestos nombrados por el PP.


Otras batallas de los Franco con elDiario.es
Tampoco es la primera vez que la familia Franco y elDiario.es se encuentran en torno a un tribunal por las informaciones publicadas sobre el Pazo de Meirás y su histórica devolución a la propiedad pública. El pasado 22 de septiembre ambas partes se reunieron en una vista oral en el juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid. La familia del dictador discutía cómo se había ejercido su derecho a réplica sobre un titular que consideraban insidioso. El titular en cuestión era el siguiente, "El juez da luz verde para que los Franco retiren los tesoros de Meirás". Los Franco exigieron que la edición gallega de este periódico llevase en su portada un texto en el que se aclarase que todo lo que hay en Meirás es de su propiedad. El juez les dio la razón en que elDiario.es debía haber publicado su versión en una nueva noticia, no ampliando la ya publicada. Para entonces otro magistrado en A Coruña había decidido reabrir el litigio sobre los muebles y obras de arte de Meirás. La luz verde del titular objeto de conflicto se había vuelto ámbar.

Durante aquella vista, los abogados de elDiario.es argumentaron que el derecho de rectificación solicitado por la familia fue atendido en tiempo y forma y que el texto remitido por los abogados de los Franco se incluyó de manera íntegra en la información que se discutía. La sentencia falló a favor de la petición de la familia Franco, y en contra de elDiario.es. Aún no es firme y ha sido recurrida por este periódico.

Con posterioridad a todo lo anterior, elDiario.es acaba de publicar el contenido de un segundo informe oficial sobre los bienes que contiene el Pazo de Meirás y que los Franco reclaman como propios. La nueva información revelada por esta redacción hace referencia al catálogo elaborado por los técnicos de la Xunta de Galicia. Sobre esa documentación elaboramos dos piezas informativas: la primera contaba las pretensiones de la familia Franco de retirar de Meirás un lavabo y varias alfombras sin aparente valor histórico. En la segunda se explica cómo los técnicos de la Xunta encontraron pruebas en una novela de 1905, escrita por Emilia Pardo Bazán, que demostrarían que algunas de las cosas que reclama la familia del dictador ya estaban ahí antes de la ocupación de la propiedad en plena dictadura.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3341 en: 16 de Octubre de 2021, 09:04:19 am »

Las asociaciones de prensa respaldan el derecho de elDiario.es a no revelar las fuentes a la juez del caso de los Franco


Todas las principales asociaciones de prensa españoles recuerdan a la juez María Cristina Díaz que el secreto profesional de los periodistas es un derecho amparado en la Constitución
— Una jueza exige que elDiario.es facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás






Requerimiento de la jueza.
elDiario.es

15 de octubre de 2021 22:31h
16

@eldiarioes
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Colegio de Periodistas de Galicia, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Reporteros sin Fronteras… Las principales asociaciones de periodistas de España salieron este viernes en apoyo de elDiario.es y de su director, Ignacio Escolar, ante la exigencia de una juez a que este medio desvele cuáles son sus fuentes en un proceso judicial que ha iniciado la familia del dictador Francisco Franco contra una funcionaria de Patrimonio Nacional.


Hace unos meses, en diciembre de 2020, la edición gallega de elDiario.es publicó una noticia sobre un informe elaborado por la empresa pública Patrimonio Nacional con el contenido del Pazo de Meirás. En ese documento se detallaban los tesoros que guardaba el palacete que usurpó el dictador y que una reciente sentencia ha transferido de vuelta al Estado. Tras esa información de elDIario.es, los Franco presentaron una querella contra la funcionaria que elaboró ese informe, que está abierta en el juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Contra el criterio de la Fiscalía, que ha pedido su archivo, la magistrada María Cristina Díaz –ex alto cargo en varios gobiernos del PP– ha decidido seguir adelante con esta querella de la familia Franco, que acusa a esta funcionaria de revelación de secretos y prevaricación.

Uno de los primeros pasos que ha dado la magistrada en esta investigación penal ha sido exigir al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que revele quién fue la persona que proporcionó ese informe a esta redacción.

El director de elDiario.es ha respondido a este requerimiento judicial recordando el derecho constitucional que protege a todos los periodistas a no revelar sus fuentes. "El secreto profesional no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Una posición a la que a lo largo del viernes se sumaron todas las principales asociaciones periodísticas de España, en defensa del derecho a la información.


"A nuestro entender, la orden de la jueza vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas", asegura Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE, en un comunicado que ha difundido esta federación que agrupa a las principales asociaciones de prensa del país. "No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos", asegura el presidente de la FAPE.

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha salido en defensa de elDiario.es y ha recordado ​que "el derecho del periodista a no revelar sus fuentes es un pilar imprescindible del ejercicio del periodismo, que está amparado por la Constitución española en su artículo 20". Recuerda asimismo que "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional demuestra la prevalencia del derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la información cuestionada es veraz y de interés general".

Por su parte, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha calificado en un comunicado de "intolerable" el requerimiento de la magistrada María Cristina Díaz y ha manifestado su "más firme rechazo" ante el mismo en un comunicado. Para la PLI esta orden "ataca frontalmente el derecho a la información y el derecho a protección de las fuentes claramente reconocido y protegido por los estándares universales sobre libertad de prensa", así como por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que también están sujetas las instituciones españolas, que garantizan el derecho de los periodistas a no facilitar esta información salvo en supuestos de excepcional gravedad. También recuerda que las Naciones Unidas dedicaron a este tema su informe anual.


"El derecho a no revelar las fuentes protege también al periodista, incluso, frente al director del medio o su propietario (quienes, en su caso, podrán decidir no publicar la pieza en cuestión si creen que existen riesgos)", explica Joan Barata, jurista de la PDLI.

El Colexio de Xornalistas de Galicia –el artículo se publicó en la edición gallega de elDiario.es–, también han mostrado su apoyo a esta redacción y considera que "el secreto profesional y la protección de las fuentes son principios básicos constitucionales sin los que no se podría garantizar la libertad de prensa, pero su falta de desarrollo legal sigue dificultando el trabajo informativo".

"El derecho a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes son derechos básicos sin los que no puede existir un periodismo libre", ha escrito el Colexio en un comunicado en el que lamenta que "42 años después de aprobada, sigue sin desarrollar su artículo 20, que establece que 'la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto de profesional en el ejercicio de estas libertades".


Reporteros sin Fronteras también ha salido a lamentar la actuación de la magistrada requiriendo las fuentes de elDiario.es tras solicitarlo la familia Franco. "La protección de las fuentes es un derecho sagrado para la libertad de información y consagrado por la Constitución Española", recuerda en un tuit. "Es triste tener que insistir: de nuevo, pedimos respeto al secreto profesional de elDiario.es e Ignacio Escolar", añaden en su comunicado.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3342 en: 16 de Octubre de 2021, 15:01:09 pm »
Yo si fuese periodista no le daba esa información al juez a ningún precio, está amparada por la Constitución,  me parece muy fuerte que haya jueces que se.inclinen ante la familia Franco o ante algunos partidos políticos,  una VERGÜENZA.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3343 en: 16 de Octubre de 2021, 16:41:03 pm »


El Gobierno destina aún 100.000 euros al año a los marroquíes que lucharon por Franco


Las pensiones, de carácter vitalicio, fueron reguladas por una ley que entró en vigor a finales de 1965 "como merecida compensación a los años de servicio" de la Guardia Mora | El Estado ha desembolsado unos 7,5 millones desde 2007
ANTONIO SALVADOR 
16/10/21 - 00: 11
   
El Gobierno destina aún 100.000 euros al año a los marroquíes que lucharon por Franco
La Guardia Mora de Franco, junto al dictador en San Sebastián. Fondo Pascual Marín. Kutxa Fototeka

El Gobierno destina aún 100.000 euros al año al pago de pensiones a ciudadanos marroquíes que lucharon por Franco y a sus familias. Se trata de una contribución regulada por el dictador a finales de 1965 y que sigue manteniéndose casi medio siglo después pero con cuantías significativamente inferiores a las que se reservaban años atrás por el fallecimiento de muchos de sus beneficiarios. Sólo desde 2007, el Gobierno ha desembolsado por este concepto más de 7,5 millones.


El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, enviado esta semana por el Ejecutivo de coalición al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, mantiene en 100.000 euros -como en el ejercicio en curso- la partida prevista para este este fin. Por segundo año consecutivo, el apunte no se consigna en la sección relativa a las clases pasivas sino en el programa 142A del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación bajo el enunciado ‘Pago de pensiones de acuerdo con el artículo 19 Ley 172/1965‘.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre de 1965, la citada norma venía a regular la situación del personal marroquí que sirvió en el Ejército español, de los familiares de marroquíes muertos en campaña y de los pertenecientes a Fuerzas Mahzen, oscilando el importe en función de las circunstancias familiares y los años de servicio. Estas pensiones no sólo cubrían al personal que perteneció a la Guardia Mora; también a las Unidades Regulares del Ejército español que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes, a la Agrupación de Tropas Nómadas y a las Unidades de Policía Territorial del Sáhara.


Los restos olvidados de la Guardia Mora de Franco
Los restos olvidados de la Guardia Mora de Franco
«Desaparecidas las circunstancias que, en su día, aconsejaron la recluta y encuadramiento de este personal en las unidades de nuestro Ejército, España no puede olvidar su destacada actuación en las campañas de África y la Guerra de Liberación y los meritorios servicios prestados al Ejército», justificaba la ley en su preámbulo. Y añadía: «Por ello se ha estudiado la forma de resolver definitivamente la situación de este personal, hoy ciudadano de un país amigo, unificando la diversa legislación que a ellos afecta y fijando las bases para establecer -con la tradicional generosidad del Estado español- la cuantía de aquellas pensiones o indemnizaciones que deberá percibir como merecida compensación a sus años de servicio y la forma en que éstas podrán serles señaladas y abonadas, teniendo en cuenta las especiales características y circunstancias que en ellos concurren».

De 500 a 3.500 pesetas al mes
En concreto, la ley reconocía el derecho a cobrar 500 pesetas al mes para los oficiales retirados, casados y sin hijos; 1.000 pesetas al mes para los casados con hijos; 3.500 pesetas por año de servicio para los jefes de las Fuerzas Mahzen; hasta 3.000 para los capitanes, y de 750 a 2.250 para las tropas, desde soldados hasta sargentos. De un solo pago.


A los retirados marroquíes se les concedían 750 pesetas mensuales y a las viudas y huérfanos de los Regulares, 500. Todos ellos tenían derecho a dos pagas extraordinarias al año de idéntico importe: una el 18 de julio y otra en la Pascua de Aid-El-Kebir (festividad mayor de los musulmanes). Por ofrecer un elemento de comparación, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 1965 era de 1.800 pesetas mensuales. Las pensiones eran, por tanto, especialmente generosas para aquellos que habían vuelto a Marruecos.

Según se detalla en el artículo 19, del abono de las pensiones -en el caso de los residentes en Marruecos- se encarga la Pagaduría Central de Mutilados y Pensionistas Marroquíes de Tetuán con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que los que viven en España han de cobrar en la pagaduría que les corresponda con cargo al crédito de la Presidencia del Gobierno.


El Estado ha abonado unos 7,5 millones desde 2007, según los datos ofrecidos por el Gobierno al senador Mulet (Compromís)

Las cuantías siguen siendo las mismas. La ley tan sólo se modificó a finales de 1966 para elevar de 21 a 23 la edad máxima a la que los hijos podrían percibir la pensión, manteniéndose que la asignación tendría carácter vitalicio para la viuda salvo si contraía nuevamente matrimonio o abandonaba a sus descendientes y que no era transmisible.

En los últimos años, el senador Carles Mulet (Compromís) ha registrado diversas iniciativas parlamentarias para conocer la cantidad que ha salido del presupuesto del Estado para abonar dichas pensiones y las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para poner fin a esta situación, «al tratarse de personas reclutadas por el dictador genocida para saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática».

De acuerdo con los datos facilitados por la Pagaduría de Tetuán, los pagos efectuados en 2007 a marroquíes que pertenecieron en su día a unidades del Ejército español alcanzaron la cifra de 2.982.692.20 euros, exactamente 59.226,76 euros más que al año siguiente. Entre 2009 y 2013, los abonos los hizo directamente la Caja Marroquí de Pensiones por deudas anteriores, según ha informado el Gobierno.

El gasto ha ido mermando de forma importante en los últimos años: 406.266,75 euros en 2014, 315.974,99 euros en 2015, 286.511,98 en 2016, 189.358,14 en 2017 y 72.093,63 durante el primer semestre de 2018, último dato ofrecido al senador Mulet. Tanto en los PGE de 2021 como en el Proyecto de Ley para 2022, la cantidad consignada es de 100.000 euros.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3344 en: 17 de Octubre de 2021, 11:10:53 am »

Una jueza argentina procesa a Martín Villa por cuatro homicidios durante la Transición


María Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, ha dictado prisión provisional para el exministro, que no se hará efectiva por la "eximición" que le fue otorgada, y un embargo por una suma millonaria
"Parece nada pero es el resultado del enermo esfuerzo y de la lucha de las víctimas y sus descencientes", asegura la abogada argentina de la querella, Julieta Bandirali
El exministro recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el procesamiento de la jueza y la fianza
 
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Publicada el 16/10/2021 a las 14:30Actualizada el 16/10/2021 a las 19:40FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a su salida este jueves de la Embajada Argentina en Madrid, tras declarar ante la jueza argentina María Servini.

El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a su salida este jueves de la Embajada Argentina en Madrid, tras declarar ante la jueza argentina María Servini. EFE
La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, ha procesado por cuatro homicidios a Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación entre 1976 y 1979, según informan fuentes de la querella argentina a infoLibre. En concreto, la decisión judicial se centra en la masacre del 3 de marzo en Vitoria y en la brutal represión de los Sanfermines de 1978. Aunque la magistrada ha dictado prisión provisional, ésta no se hará efectiva por la "eximición" que en su momento le fue otorgada. Además, el auto impone un embargo de sus bienes hasta completar una suma cercana a los 10 millones de euros.

"Parece nada pero es el resultado del enorme esfuerzo y de la lucha de las víctimas y sus descencientes", ha señalado a través de redes sociales Julieta Bandirali, una de las abogadas que el equipo de la llamada querella argentina, el proceso que iniciaron al otro lado del océano las víctimas del franquismo ante la inacción de las instituciones españolas, tiene en suelo argentino.

Thank you for watching

Martin Villa recurrirá el auto

El exministro recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el auto de procesamiento así como la fianza impuesta, según han informado a Europa Press fuentes próximas a Martín Villa. En 2017, la Cámara de Apelación revocó, por no fundamentada, la orden de detención dictada por Servini y también rechazó, por desproporcionada, la fianza que le había impuesto para declarar en libertad .


Martín Villa declaró en septiembre de 2020 por videoconfenrecia desde el Consultado de Argentina en Madrid ante la jueza María Servini. Lo hizo en relación al procedimiento abierto por "genocidio" por las muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas durante la Transición. El que fuera ministro de Adolfo Suárez defendió su inocencia y alabó el papel de esta étapa histórica.

"He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró el extitular de Gobernación, según indicaron en su momento fuentes cercanas al político español. Martín Villa también aportó entonces a la causa cartas de apoyo recibidas por personalidades políticas y sindicales de la época, entre ellas los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Misivas que los familiares tildaron de injerencia política en el procedimiento.

En la causa, al exministro se le acusaba de una docena de muertes provocadas por disparos de las Fuerzas de Seguridad a lo largo de la Transición. Sin embargo, el auto de procesamiento se centra en cuatro. A primera vista, el considera responsable del delito de homicidio agravado en el caso del fallecimiento de Pedro María Martínez Ocio, Rotulado Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz. Los tres primeros, fueron asesinados durante la huelga de Vitoria de 1976. El último, en los Sanfermines de 1978, cuando los agentes cargaron tras desplegarse una pancarta a favor de la amnistía total.

Servini, además, ha solicitado a los tribunales españoles copias de los sumarios relativos a las muertes de Rafael Gómez Jáuregui, que se produjo en Rentería durante la represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en la Semana Pro Amnistía; de José María Zabala Erasun, que falleció en Hondarribia durante una manifestación; y de María Norma Menchaca, asesinada por grupos parapoliciales durante una marcha. Y también las actuaciones instruidas por el asesinato en Pamplona de José Luis Cano Pérez y copia de la historia clínica de Francisco Javier Núñez, ingresado en mayo de 1977 tras una brutal paliza recibida a manos de los antidisturbios en una manifestación en Bilbao.

Podemos: "Un gran paso contra la impunidad"

Para Podemos, que Martín Villa sea procesado por los crímenes del franquismo "es un gran paso contra la impunidad". No obstante, la formación ha señalado, en una publicación en su cuenta de Twitter, que "es una vergüenza" que la justicia argentina esté haciendo "lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo en España".

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apuntado que "duele" que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo "a avanzar en el camino de la justicia". "La jueza argentina María Servini procesa a Martín Villa por homicidio y torturas. Duele que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo a avanzar en el camino de la justicia, pero es un paso muy importante", ha tuiteado Belarra.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3345 en: 17 de Octubre de 2021, 19:51:08 pm »
Le procesa. . . pues como sino le procesa. . . el resultado es el mismo, nada de nada, humo para hacerse notar, en la práctica no tiene ningún efecto ese procesamiento. . .

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3346 en: 20 de Octubre de 2021, 17:06:44 pm »
 https://www.cuatro.com/los-teloneros/exclusiva-franco-contenido-cintas_18_3221673282.html

Vaya, Franco fue un asesino.. impotente...


Carmencita no sería hija de Franco ni de Carmen Polo

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3347 en: 20 de Octubre de 2021, 18:18:58 pm »
Preocupados están los Franco a estas alturas. . . lo importante es la cuenta corriente. . . y esa la tienen repleta de ceros. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3348 en: 22 de Octubre de 2021, 09:13:10 am »
Ahora se entiende persecución a los homosexuales...
'
Francisco Franco "tenía un componente homo y no era el padre de Carmencita", aseguran en 'Todo es verdad


El programa de Risto Mejide sacó a la luz el contenido de 'Las cintas de Franco' que desvelan aspectos íntimos de la vida del dictador como que Francisco Franco y Carmen Polo no eran los padres de Carmen Franco

Carmencita no es hija de Francisco Franco ni de Carmen Polo, según un amigo íntimo del hermano dictadorCarmencita no es hija de Francisco Franco ni de Carmen Polo, según un amigo íntimo del hermano dictador Efe/Mediaset
BEA TÉLLEZ DE MENESESPUBLICADO 21/10/2021 14:14ACTUALIZADO 21/10/2021 14:14
El programa 'Todo es verdad', presentado por Risto Mejide, tiene en su poder "32 cintas de cassette" que guardan entrevistas escondidas durante 44 años sobre la vida íntima de Francisco Franco y su familia", según comenzó contando el publicista.

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‘Las cintas de Franco’ son unas grabaciones realizadas por el psicoanalista Francisco Martínez en el año 1977 en las que hablan personas muy cercanas al dictador entre las que se encuentra Ángel Alcázar de Velasco, espía español y amigo de Ramón Franco, hermano del caudillo. Este aseguró, entre otras cosas, que Carmencita, la hija de Franco y Carmen Polo, no es realmente su hija.


Según Alcázar el padre de Carmen Franco es su tío Ramón y su madre era una prostituta que tenía el apodo de 'La Gaviota', que habría fallecido tras el parto. Además, según su relato, el propio Francisco habría acabado ordenando el asesinato de su hermano para evitar polémicas.

Aunque existían rumores que ponían en duda la paternidad de Franco, nadie lo había llegado a confirmar con esa contundencia hasta ahora.


El psicoanalista, autor del libro 'Franco y la familia: estudio psicobiográfico', analizó además personalidad del dictador. "Tiene un componente homo pero no activo", aseguró como te contamos después.

Francisco Franco y su hermano Ramón, en MarruecosFrancisco Franco y su hermano Ramón, en Marruecos (Dominio público)
La familia del dictador envió un comunicado para que no se emitieran 'Las cintas de Franco'
De ser así, este sería uno de los grandes secretos de la familia Franco, a los que no les ha hecho ninguna gracia que estén saliendo a la luz estos contenidos.


Quizás por ello, horas antes de comenzar el programa, la familia Franco trató de parar la emisión del contenido de 'Las cintas de Franco'. "Acabo de recibir un comunicado de la familia Franco que trata de impedir que los testimonios ocultos durante 44 años sobre la vida más íntima del dictador puedan ver la luz esta noche", comenzó diciendo Risto.

El presentador leyó el contenido del comunicado: "Nos dice que los miembros y sucesores de la familia Franco nos requieren para que nos abstengamos de llevar a cabo las publicaciones que hemos anunciado en el programa", leyó, para después decir: "Pues bien, ahí va un adelanto de lo que podréis ver".


Risto justificó por qué iban a seguir adelante, desoyendo a la familia del dictador. "Estamos hablando de unas entrevista autorizadas, porque ellos han decidido hablar, y por tanto, vamos a emitirlas".

Risto Mejide lee el comunicado de la familia FrancoRisto Mejide lee el comunicado de la familia Franco (Mediaset)
Carmen Franco no es hija de Francisco Franco y Carmen Polo, según el íntimo amigo del hermano del caudillo
A continuación dio paso al contenido "de la cinta número 25" en la que se escucha hablar a Ángel Alcázar, "amigo íntimo, el mejor amigo de Ramón Franco, hermano pequeño del dictador y que responde clarísimamente a la siguiente pregunta: ¿Es Francisco Franco el padre de Carmencita?" y advertía: "Agarraos porque la noche viene calentita".


En la entrevista de Ángel Alcázar se le escucha hablar de la relación entre Franco y su hermano y de la paternidad de Carmen Franco: "Yo conocía el tira y afloja que existía entre ellos por la hija, que era hija de Ramón y no de él (Franco). Esa hija es de (Ramón) Franco y de 'La Gaviota'".

"Esta chica era una gallega que se llamaba Carmen. Hija de una señora sin padre reconocido y cogió el tren y se fue a donde más lejos podía irse. Ella pensaba ir a Málaga y resulta que cayó en Algeciras. Allí Ramón la encontró y tal, se arregló con ella, estuvieron viviendo, estuvieron de novio un poco tiempo… y luego ya se la llevó él a su casa, de esposa", continuó relatando.


Ángel Alcázar asegura que la hija de Francisco Franco no era su hijaÁngel Alcázar asegura que la hija de Francisco Franco no era su hija (Mediaset)
El hermano de Franco "estaba liado con su cuñada (Carmen Polo)"
Después Alcázar desveló las supuestas infidelidades que había por parte de Ramón y Carmen Polo "Pero él entonces ya estaba liado también con su cuñada (Carmen Polo). Entonces mandó (Franco) a un legionario italiano, que se llamaba Lucarini, mandó a que vigilara a ver quién es el que entraba en su casa mientras él se iba. Volvió y le dijo: ‘Ya sé quién entra en su casa, pero no sé… no me atrevo a decirle quién es’. ‘Dilo, dilo’, dijo Franco. ‘Pues es su hermano’".

Según relató Ángel, Franco pensó entonces: “‘Ah’. La deja embarazada, tengo un hijo que no es mío pero es de un hermano, que es de la misma sangre, que es de la misma cosa y tal pero esta señora (Carmen Polo) era estéril, quien se quedó embarazada fue la otra. Total, a los cinco días del parto, murió", señaló aludiendo a la mujer prostituta gallega, 'La Gaviota'.


Francisco Franco, con Carmen Polo y su hija CarmencitaFrancisco Franco, con Carmen Polo y su hija Carmencita (Efe)
El psicoanalista que hizo las grabaciones asegura que Franco "tenía un componente homosexual pero no activo"
Además el programa 'Todo es verdad' contó con el testimonio de Ana Puigvert, nieta del urólogo de Franco, que aseguró que Franco era estéril, por lo que su descendencia sería imposible.

Según la doctora, habría perdido toda capacidad para procrear debido que "recibió un tiro que le atravesó el bajo vientre y le salió por la espalda", lo que le habría hecho perder un testículo.


Después, el psicoanalista Francisco Martínez, que fue el que realizó las grabaciones que han visto la luz ahora, analizó la personalidad del dictador.

El psicoanalista Francisco Martínez, persona que grabó las cintasEl psicoanalista Francisco Martínez, persona que grabó las cintas /Mediaset
Franco dormía en una tienda aparte con un cabo que ascendió a alférez, jovencito, rubio, alemán

Según el médico, Franco tenía "un componente homo pero no activo. Sí que había un componente que incluso hasta se define con el tipo de voz que tenía, una voz aflautada". "Luchaba contra sí mismo”, añadió. El que Franco era homosexual era un rumor que también lleva años girando en torno al dictador.

Para reforzar esta teoría de la homosexualidad, Martínez contó que dos soldados que coincidieron con Franco se plantearon si el caudillo era "homosexual" y contó el motivo que le dieron: "Todos los oficiales siempre estábamos en la misma tienda pero él se montó una aparte y ahí dormía con un cabo que ascendió a alférez, jovencito, rubio, de ojos azules que era alemán”. Tras ello, el psicoanalista concluyó diciendo: "¿Fue o no fue? No se puede saber".


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3349 en: 22 de Octubre de 2021, 11:37:42 am »
El que era un verdadero crack era su hermano Ramón. . . menudo figura. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3350 en: 22 de Octubre de 2021, 13:22:02 pm »
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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3351 en: 23 de Octubre de 2021, 05:55:59 am »


Martín Villa recurre su procesamiento por asesinatos en la Transición: "Es un disparate"


Una juez argentina considera a Rodolfo Martín Villa, vicepresidente en el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, responsable de cuatro asesinatos y ordena el embargo de bienes por valor de 10 millones

Rodolfo Martín Villa, en una imagen de 2019. Europa Press.
ALBERTO ORTÍNPUBLICADO 22/10/2021 17:49ACTUALIZADO 22/10/2021 18:20
La defensa de Rodolfo Martín Villa ha presentado recurso contra el auto de procesamiento dictado el pasado viernes 15 de octubre por la juez argentina María Romilda Servini, quien considera al exministro español responsable del asesinato de cuatro personas durante la Transición.

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Martín Villa (León, 1934), ministro entre los años 1975 y 1981, vicepresidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo hasta 1982, ha sido investigado durante más de seis años en Argentina, entre otros casos, por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, en los que cinco trabajadores fueron asesinados durante una represión policial en la capital alavesa.


La juez Servini considera a Martín Villa "prima facie autor penalmente responsable" de tres de las cinco muertes causadas en el desalojo policial de una iglesia de Vitoria en marzo de 1976, y de la muerte por disparos de la policía de un manifestante en las fiestas de San Fermín en julio de 1978 (Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz).

El comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación fue impecable", declaró Felipe González


La magistrada ha ordenado el embargo de bienes del exministro y expresidente de Endesa por valor de 1.134 millones de pesos argentinos (aproximadamente 10 millones de euros). El despacho Baker McKenzie advierte en su recurso que la decisión judicial es "un disparate", y que la magistrada ha hecho suya "la versión de los querellantes". Los abogados sostienen que la juez no ha realizado una investigación judicial independiente, y que ha calificado determinadas muertes, "causadas por disparos policiales entre 1976 y 1978", como delitos de lesa humanidad, "que no lo son y resultan incompatibles con el proceso que fue la Transición".

Sin tiempo para recurrir
El bufete que representa a Martín Villa subraya que el pasado viernes 15 de octubre le fue notificado el auto de procesamiento dictado ese mismo día, cerca de 1.000 folios, y que solo ha contado con tres días para presentar recurso, cuando la juez "demoró poco más de un año en dictar una resolución que debía emitir en 10 días".


Me indignan las falsedades que contienen la querella contra Martín Villa", subraya José María Aznar

"Está claro que ese lapso no es suficiente (ni siquiera con el fin de semana) para revisar, analizar y rebatir argumentos elaborados en una resolución tan extensa (¡poco menos de 1000 páginas!)", lamentan los abogados de Martín Villa en su recurso. "Cualquier omisión o falta de precisión que se advierta en esta apelación, será remediada al acudir ante la Alzada para la audiencia oral", avanzan.


Los abogados del español aseguran que la juez tan solo se ha limitado a repetir en su auto, "en casi todos los casos en forma textual", lo que la querella ha venido manifestando en todo este tiempo, "sin siquiera analizar otra versión distinta de la de los querellantes".

Además agregan que "es un disparate decir que Martín Villa instigó, ordenó, indujo o siquiera ayudó a los autores de los homicidios de Vitoria" el 3 de marzo de 1976, dado que él "era el equivalente a un ministro de Trabajo" y no tenía ninguna capacidad para dar instrucciones a la Policía y la Guardia Civil.


"La Resolución Recurrida además incurre en graves arbitrariedades que reclaman una revisión integral y urgente del Superior, pues de lo contrario, se afectarían los derechos más elementales del imputado, el principio de inocencia y el debido proceso adjetivo", advierten.

González, Zapatero, Aznar Rajoy
Los expresidentes del Gobierno español Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar y Mariano Rajoy testificaron en el caso ante la Juez argentina apoyando a Rodolfo Martín Villa.


España es una democracia plena capaz de perseguir delitos como los que falsamente se le imputan", dijo Rajoy

"Puedo asegurarle que el comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación -el más complicado del momento- fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo", declaró Felipe González.


José María Aznar mostró su "asombro" por el procedimiento contra Martín Villa, y dijo que le indignaban "las falsedades que figuran en la querella sobre uno de los periodos más brillantes de la reciente historia de España y sobre uno de sus muchos protagonistas, Rodolfo Martin Villa, miembro de los Gobiernos del presidente Adolfo Suárez y uno de sus más estrechos colaboradores".

"Vi desde un principio en la figura del Sr. Martín Villa a uno de los jóvenes políticos que, aunque habían pertenecido a alguno de los últimos gobiernos del franquismo, como el propio Adolfo Suárez, con más convicción y eficacia contribuyeron, y lo tuvieron que hacer en un contexto político nada fácil, a afianzar el nacimiento de la democracia de mi país". dijo José Luis Rodríguez Zapatero.


Los hechos relatados en la querella argentina "son falsos, contrarios a toda verdad y abiertamente contradictorios con su ejemplar ejecutoria durante ese tiempo. España es una democracia plena y avanzada que ha sido capaz de perseguir y sancionar graves delitos como los que se imputan falsamente al Sr. Martín Villa", advirtió Mariano Rajoy.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3352 en: 23 de Octubre de 2021, 13:52:23 pm »
Efectivamente, estando de acuerdo con él o no, poniendo al margen la ideología. . . es un disparate. . .

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3353 en: 25 de Octubre de 2021, 10:44:31 am »

El Estado permite desde 1983 que los monjes sigan en el Valle de los Caídos en contra de lo que fija la normativa legal


Los religiosos pueden estar en el complejo monumental siempre y cuando cumplan una serie de obligaciones, entre ellas dirigir el Centro de Estudios Sociales, que debe tener incluso "becarios pensionados"
Patrimonio Nacional reconoce que dicho Centro lleva casi cuatro décadas sin tener una "actividad continuada" y tampoco dispone de información alguna sobre su Junta Rectora, ni sobre los planes de estudio anuales
infoLibre ha tenido que recurrir a los tribunales para obtener información sobre el Valle de los Caídos que le negó Patrimonio. Esta es la primera entrega de una serie de cinco reportajes sobre el tema
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Álvaro Sánchez Castrilloascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas
Publicada el 24/10/2021 a las 20:45Actualizada el 24/10/2021 a las 20:46FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, junto a los familiares del dictador Francisco Franco.
El prior de la Basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, junto a los familiares del dictador Francisco Franco. Europa Press
Jueves, 17 de julio de 1958. A pocos meses de que el dictador Francisco Franco inaugure bajo palio el enorme mausoleo que ordenó levantar en plena sierra de Guadarrama, una veintena de monjes se instala en el Valle de los Caídos. Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y, con Justo Pérez de Urbel al frente, tienen la misión de custodiar el complejo monumental. Sesenta y tres años más tarde, la misma orden religiosa sigue en Cuelgamuros. Y lo hace a pesar de llevar desde 1983 incumpliendo alguna de las obligaciones que le permiten continuar asentada bajo la gigantesca cruz de piedra que preside la sierra madrileña. El Estado es plenamente consciente de ello, según se desprende de la información facilitada a infoLibre. Sin embargo, nunca ha procedido a la expulsión de los religiosos, a pesar de que la ley le habilita para ello.

infoLibre ha tenido que acudir a los tribunales para obtener diversa información sobre el Valle de los Caídos, en un proceso que se ha prolongado durante tres años. Todo se inició en agosto de 2018, cuando este periódico planteó un total de 65 preguntas a Patrimonio Nacional, acogiéndose a la Ley de Transparencia. El objetivo era conocer con detalle si se estaba cumpliendo con la normativa franquista que sigue regulando dicho complejo y qué controles estaba realizando la Administración sobre su funcionamiento y sobre las subvenciones que reciben los monjes. Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, respondió a muy pocas de las preguntas planteadas, incumpliendo inclusó resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) instándole a facilitar los datos a este periódico. infoLibre decidió entonces demandar a Patrimonio Nacional en los tribunales y presentó un recurso contencioso-administrativo. El proceso judicial finalizó recientemente y este periódico inicia ahora una serie de cinco reportajes basados en la documentación obtenida.

LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS MONJES

Más de cuatro décadas después de la muerte del dictador, el mausoleo continúa funcionando apoyado sobre una armadura jurídica forjada durante el franquismo, una estructura normativa que la nueva Ley de Memoria Democrática tiene previsto reformar tras su aprobación definitiva. En primer lugar, el decreto de agosto de 1957 por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, firmado por el dictador. En segundo, el Convenio de mayo de 1958 entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos, suscrito por Luis Carrero Blanco –entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno– y que fija los derechos y obligaciones de los monjes mientras custodien el complejo. Y, por último, el reglamento de enero de 1959 que desarrolla las normas aplicadas a la anteriormente mencionada fundación, un ente que administra provisionalmente Patrimonio Nacional.

Entre sus obligaciones, la Abadía tiene que dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES), "con su biblioteca, publicaciones y becarios pensionados", así como "seguir al día el pensamiento social en el mundo, su legislación y sus realizaciones", recopilar "la doctrina de los pontífices y pensadores católicos sobre la materia", llevar a cabo "la redacción y, en su caso, la divulgación de aquellos trabajos que sobre materias sociales realice el centro" o preparar los documentos e informes que le sean encargados "en orden a los problemas sociales". Para ello, el decreto-ley de 1957 recogía la creación de una Junta integrada por diferentes ministros –Presidencia, Educación Nacional, Justicia y Trabajo– y autoridades religiosas –entre ellas, el Obispo de Madrid-Alcalá– que, anualmente, debía elaborar un plan de estudios y trabajos del centro. Documento de obligado cumplimiento para la Abadía benedictina.

Pero el CES lleva casi cuatro décadas muerto. Y el Estado lo sabe. "Dicho Centro de Estudios Sociales dejó de tener actividad continuada a partir de 1983", señala Patrimonio Nacional en una de las respuestas enviadas a infoLibre. Y añade que "en cumplimiento de los fines fundacionales", el CES "prosigue su actividad en el terreno del estudio y la investigación". ¿Cuáles han sido en los últimos años, entonces, los planes de estudios y trabajos que, según el decreto de 1957, tiene que elaborar anualmente la Junta en relación con el centro y que guían su actividad? infoLibre ha solicitado copia de los mismos y ha pedido conocer la composición actual de dicho órgano, cuyo presidente, según fija la ley, es designado por la Fundación de la Santa Cruz, el ente que el consejo de administración de Patrimonio Nacional administra provisionalmente. Sin embargo, el organismo público no tiene esos datos. "No dispone de información sobre los planes de estudio, sino tan solo de algunas actividades realizadas por el mismo", señalan en un informe aportado en el proceso judicial que planteó este periódico.

¿Cómo se cumplen entonces los fines fundacionales? "Facilitando consultas a investigadores en la biblioteca y archivo del CES y participando en jornadas de estudio en colaboración con otras instituciones", señala el organismo dependiente del Ministerio de Presidencia.

Pero eso no es lo que dice la normativa legal. No hay ni rastro de la Junta Rectora, ni de los planes anuales de estudio y trabajo, ni de los becarios pensionados, ni de las publicaciones regulares. Todo ello de existencia obligatoria de acuerdo con la estructura jurídica aprobada a finales de los años cincuenta del siglo pasado.

LA REALIDAD DEL CENTRO

Es más, ni siquiera los religiosos esconden la realidad del Centro de Estudios Sociales, aunque culpan de ello a la Administración. "Cuando el Gobierno decidió cerrarlo en 1982 no tuvimos el menor problema en dejarlo, aunque sí dolor y tristeza por lo que había significado. Porque esos estudios también contribuyeron al sentido de la reconciliación que tenía este lugar, y que no son palabras que están escritas o ideas que se aportan ahora, sino que pertenecen a la misma esencia de su fundación. El trabajo de casi 25 años y su compilación en 60 volúmenes está ahí. Pero de todo esto nadie quiere acordarse tampoco, como si nunca hubiera pasado", explicaba en 2007 el entonces abad, Anselmo Álvarez, al diario Abc.

El historiador Julián Casanova estuvo allí. Y contó su experiencia en noviembre de 2007 en un artículo en El País. "Un conserje me indicó que no había allí ninguna biblioteca y, como insistí y le recordé que estábamos en un recinto custodiado por el Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que ir a hablar con los monjes benedictinos. Pregunté en la abadía por el bibliotecario, quien, tras una breve conversación sobre los fondos disponibles, me acompañó a la Hospedería y le pidió la llave de la biblioteca al conserje. La biblioteca, que contiene miles de libros de historia y sociología, huele a cerrado y abandono", relataba.

Es cierto que desde la Abadía se han impulsado algunos cónclaves centrados en el estudio social. Por ejemplo, en septiembre de 2019, el prior administrador, Santiago Cantera, impartió en el complejo monumental el "Curso de Historia de la Doctrina y de la Acción Social de la Iglesia". El problema es que la normativa que regula la permanencia de los monjes es bastante clara en relación a las actividades del centro, que en ningún momento quedan reducidas a la participación en unas jornadas o a facilitar consultas. Se debe "seguir al día" la "evolución del pensamiento social en el mundo" y mantener actualizada "una biblioteca especializada en materia religiosa y católico-social", llevando a cabo la "redacción" y "divulgación" de aquellos trabajos sobre materias sociales que se realicen en el CES.

SUSTITUCIÓN POR OTRA ORDEN RELIGIOSA

Buena parte de esos estudios forman parte del fondo bibliográfico de Patrimonio Nacional. Así, el organismo conserva en la actualidad, según su propia base de datos, títulos como Situación y revisión contemporánea del marxismo (1966), La familia española (1967), Juventud y formación religiosa (1974) o La concentración urbana en España: problemas demográficos, sociales y culturales. El más reciente disponible, Acción Social de la Orden Benedictina, está fechado precisamente en 1982.

A pesar de que el Estado ha sido siempre consciente de que el Centro de Estudios Sociales lleva sin tener actividad continuada desde 1983, los diferentes Gobiernos liderados por PSOE y PP nunca han actuado para que se cumpliese la normativa vigente, o para cambiarla en caso de que considerasen que la actividad del CES ya no debería figurar como una de las obligaciones exigidas a los monjes para permanecer en el Valle de los Caídos. Y es algo que, con la ley en la mano, debería haber hecho. Así, el decreto de 1957 establece que la Abadía tiene derecho a permanecer en la Fundación de la Santa Cruz y a recibir "los productos de sus bienes" para el "cumplimiento de los fines fundacionales" siempre que cumpla "fielmente" con las "obligaciones establecidas". "Caso de incumplimiento, el Patronato dará cuenta de ello, razonadamente, a la Santa Sede, para que ésta autorice la sustitución de la Abadía Benedictina por otra orden o instituto de la Iglesia", sentencia la ley.

Sin embargo, el Centro de Estudios Sociales no ha sido la única cuestión en la que el Estado ha preferido mirar hacia otro lado. De hecho, como ha podido averiguar este diario, Patrimonio Nacional no ejerció en democracia el necesario control sobre otras tantas obligaciones que tenían los monjes de Cuelgamuros, a los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto expulsar del complejo monumental en cuanto salga adelante la nueva Ley de Memoria Democrática que ya está tramitándose en el Congreso de los Diputados. Es decir, no supervisó correctamente que se estuviera cumpliendo lo que marca la ley que regula el funcionamiento del complejo monumental. La explicación de todo ello será el eje de una próxima entrega de la serie que hoy inicia infoLibre.

 


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3354 en: 30 de Octubre de 2021, 12:31:14 pm »

Cuando el franquismo censuró a Franco


Reproducimos por primera vez la galerada de un artículo escrito por Franco con pseudónimo en 1947 para el diario ‘Arriba’ en el que su propia censura tachó dos párrafos donde el dictador afirmaba que en España no había censura


Plàcid Garcia-Planas

Barcelona

30/10/2021 06:00Actualizado a 30/10/2021 07:06
Es el documento más paradójico e irreal que he tenido en mis manos.

¿Puede ser real un artículo escrito por Franco donde el dictador afirme que en España no hay censura, reafirme que la demostración es que ese mismo párrafo se publicará y que el párrafo acabe tachado por los propios censores del dictador?

No es un chiste de Gila. Ni una viñeta de Perich. Este bucle existe, lo he tocado con incredulidad y Cabaret Voltaire lo reproduce aquí por primera vez.

“Sucedió en 1947 y yo tengo la prueba”, dice Enrique de Aguinaga, redactor de La Vanguardia en los años cincuenta y decano de los cronistas de la Villa de Madrid. Me mostró la galerada en su casa, en la Ciudad de los Periodistas. Ha contado la historia alguna vez, pero nunca antes se había publicado el documento original con las tachaduras. Todo un poema visual.


kk
La galerada con los dos párrafos censurados  Archivo EA
Como tantas historias políticas de la época, ésta empieza con un motorista. Un motorista llegando con un sobre al diario Arriba . Franco escribía artículos para ese rotativo firmando con tres seudónimos –Hispanicus para los temas nacionales, Jakin Boor para los temas de masonería y Macaulay para los temas internacionales– y enviaba los textos a través del ministro de Educación, de quien dependía la prensa y la censura.

En principio, sólo el director en Arriba sabía que Franco era el autor. “Pero otros, incluso yo, un redactor pelado, estaban en ese secreto relativo –me explica Aguinaga–. Los artículos venían mecanografiados en papel de mucho cuerpo, corregidos por Franco a mano. Y, lógicamente, tanto en la composición como en el repaso, se ponía un cuidado exquisito. Un linotipista de élite los componía y, luego, se hacía una doble corrección. Al final, rutinariamente, para no dar pistas, con el resto de galeradas del diario, los artículos de Franco se sometían a Monte Esquinza”, la calle de Madrid donde la censura tenía sus oficinas.


Una madrugada, la del 26 de agosto de 1947, el diario envió a la censura un artículo escrito por Franco, Serenidad , en el que –ante la crisis económica que sufría el Reino Unido– el dictador salía en defensa de los laboristas británicos. Lo firmaba con el pseudónimo Macaulay, un político británico del siglo XIX.

“El pretender achacar a los errores laboristas todas las desgracias de la nación británica constituye para nosotros una injusticia y un lamentable error –escribía el dictador–. Ni las fórmulas conservadoras servirían para nada en la presente ocasión ni es el orden capitalista el que puede salvar a la Gran Bretaña en la hora de su desgracia”.

Con una izquierda británica netamente antifranquista, el capote que Franco le echaba al laborismo era muy llamativo. “Por esto –afirma Aguinaga–, el censor, un funcionario nocturno, ignorante de quién era Macaulay, tachó con lápiz rojo dos párrafos”.

Nombre en clave: '11. P'
¿Quién era el censor? ¿Se acabó enterando de que había censurado al propio dictador?
La primera tachadura es una pirueta del todo fabulosa: el censor elimina un párrafo donde el dictador niega que la prensa española siga las directrices del régimen. Como demostración, Franco escribe ¡en el mismo párrafo censurado! que esas frases –“una alabanza a nuestros enemigos”– se publicarán.


“Si [la prensa] obedeciera a consignas o directrices de Gobierno, como fuera de las fronteras se nos achaca –dice el dictador en el primer párrafo eliminado–, desde luego, no aparecerían esas frases de alabanza y de consideración a quienes, con motivo, podríamos encasillar en el número de nuestros enemigos”.

Franco iba a su bola. Con estas palabras, escritas bajo pseudónimo, se sitúa sorprendentemente fuera del Gobierno franquista: él mismo afirma que el Gobierno nunca alabaría al “enemigo”, y él sí lo hace.

¿Y el censor? ¿Qué decir del inmenso arrebato de sinceridad que hizo al tachar el fake de que el régimen no controlaba a la prensa? ¿Sería un rojo encubierto?

“Si nos parece torpe la política desarrollada por el laborismo en momentos de tan graves crisis económicas –escribe el Generalísimo en el segundo párrafo que le censuraron–, más grave nos parece que, a pretexto de intentar defender una economía, se pretenda echar sobre un partido la responsabilidad integra de una situación, engañando al país con la ilusión de que un cambio de política pueda resolver la crisis y hacer la felicidad de los británicos”.

Entre los dos párrafos, el censor también tachó dos palabras –“como España”– cuando Franco habla de los países con los que el Reino Unido salía ganando comercialmente.


La galerada regresó de la calle Monte Esquinza a la redacción así, con estas tachaduras, con dos sellos de PASE SALVO LO TACHADOy otro sello de registro, en el que se puede leer la hora de entrada (02.30), la hora de salida (03.45) y una clave (11. P), que seguramente identifica al censor.

“Al ver la galerada censurada, ¿qué íbamos a hacer? –recuerda Aguinaga–. Pues reírnos un poco y llevarla sin censura a imprenta. A primera página. Un artículo de Franco se publicaba por encima de los censores y de lo que fuera. Después cogí la galerada y me la llevé a casa”.

¿Quién era 11. P, el nombre en clave del censor? ¿Se acabó enterando de que había censurado al propio dictador?

Dicen que cuando algún cineasta se quejaba a Franco de la censura, el dictador respondía: “¿Pero usted ha visto algún censor que no sea tonto?”.

¿Quién era 11. P? Me temo que, hoy, lo somos un poco todos.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3355 en: 01 de Noviembre de 2021, 07:50:05 am »
 
Así saqueó Franco los bienes a las rojas, que soportaron las represalias contra los vencidos en la Guerra Civil


La historiadora Mélanie Ibáñez publica 'Seguimos siendo culpables. La Ley de Responsabilidades Políticas contra las mujeres en Valencia (1939-1948'
Los trabajadores 'esclavos' valencianos a las órdenes de un capataz llamado Francisco Franco
Foco
MEMORIA HISTÓRICA

Consuelo M. es una de las responsables políticas valencianas junto a su familia (entre ellos su marido, también represaliado).
Consuelo M. es una de las responsables políticas valencianas junto a su familia (entre ellos su marido, también represaliado). ARCHIVO FAMILIAR MOSCARDÓ MARCO
Lucas Marco

31 de octubre de 2021 03:29 h
0

 @lucas_marco
La dictadura del general Francisco Franco no sólo fusiló y hacinó en cárceles a miles de presos políticos. Una ley permitió a la represión franquista expoliar los bienes de los republicanos vencidos durante y después de la Guerra Civil. "Fuera de la Universidad el problema que estamos viendo con el paso del tiempo es el reduccionismo del fenómeno represivo; se sigue entendiendo como ejecuciones y prisiones y eso impide comprenderlo en toda su complejidad y gravedad", explica a elDiario.es la investigadora Mélanie Ibáñez, autora de Seguimos siendo culpables. La Ley de Responsabilidades Políticas contra las mujeres en Valencia (1939-1948), editado por Publicacions de la Universitat de València.


La obra, basada en la tesis doctoral de la historiadora, traza el andamiaje de la represión económica del franquismo centrándose en las mujeres republicanas de Valencia con menos recursos. "Hubo un especial ensañamiento", asegura Ibáñez, quien señala en su libro: "Las mujeres fueron en muchos casos las víctimas principales de acciones como los saqueos, al encontrarse los varones de la familia huidos o detenidos". La ley de responsabilidades políticas fue aprobada el 9 de febrero de 1939 como "culminación de la judicialización del expolio que se venía produciendo desde los primeros momentos del golpe de Estado".


Así, la ley "complementó y completó en su vertiente económica el multifacético fenómeno represivo, especialmente la labor ejercida por los tribunales militares". Desde el inicio de la Guerra Civil se produce el paso previo de las incautaciones de bienes para financiar la sublevación contra el orden democrático de la II República. Tildada de monstruosidad o aberración jurídica, debido a su carácter retroactivo, la ley castigaba con el expolio de bienes a los vencidos republicanos; en algunos casos las responsabilidades de los consejos de guerra se retrotraen hasta la década de 1910. "He visto casos de maestras que se retrotraen a toda su actividad laboral", afirma Mélanie Ibáñez, que ha estado durante años rastreando los expedientes catalogados en el Arxiu del Regne de València.

La investigadora ha seguido la línea de los estudios sobre género en materia de represión franquista en el País Valenciano iniciada por las historiadoras Ana Aguado, autora del prólogo, o Vicenta Verdugo. "Normalmente, cuando se habla de responsabilidades políticas, los estudios han tomado como colectivos de referencia a las autoridades republicanas, generalmente hombres", explica Ibáñez, quien sostiene que con el estudio del caso de las mujeres se entiende mejor la complejidad del fenómeno represivo.

La ley marcaba unos plazos demasiado ajustados que propiciaron un colapso de las causas tramitadas: se acumulaban muchos más asuntos pendientes que los que se podían resolver. En 1942, el régimen reformó la legislación para rebajar el número de responsables políticos y suprimir la jurisdicción especial. "El colapso de la justicia hace que se alarguen los procedimientos hasta extremos brutales, años y años, cuando se contemplan plazos ridículos", afirma la autora.

Estigma y corrupción
El libro también repasa los efectos en la vida cotidiana de la vertiente económica de la represión franquista. "En el plano más tangible, las autoridades locales rondaban tu casa para pedir informes, te señalaban, con el miedo que te podía generar, y en el plano más intangible, pero que no hay que desdeñar, está la cuestión del estigma y el miedo a una multa que no puedes pagar", declara Ibáñez.


Los expedientes para localizar y expoliar bienes se prolongaron durante décadas (fue el caso del escritor Max Aub). Los bienes robados eran posteriormente subastados y, en algunos casos, los familiares se las ingeniaban, "aprovechando brechas de la ley", para pujar y así recuperarlos. También, en el contexto de la corrupción sistémica del franquismo, hubo un aprovechamiento por parte de las nuevas autoridades en beneficio propio. "Pondría la mano en el fuego por que había corrupción, seguro, al menos a pequeña escala. O, dentro de la corrupción, prevaricaciones como avisar de lo que se iba a poner en venta", afirma la investigadora.

Un caso paradigmático es el de la farmacéutica de Gandia Ángeles Malonda. Tras el fusilamiento de su marido, su farmacia fue expoliada y tuvo que recomprarla muchos años después, tras haber salido de prisión. Mélanie Ibáñez también ha publicado, junto con Antonio Calzado, el estudio Repressió econòmica i control social. La Llei de responsabilitats polítiques i la seua aplicació a Gandia, Beniopa i Benipeixcar, editado por Afers. "Ajustar el microscopio permite ver cosas que cuando aplicas la lente en un espacio más grande es más difícil de percibir", explica la historiadora.

Así, la trayectoria vital de Ángeles Malonda, retratada en sus memorias Aquello sucedió así (PUV, 2015), ilustra el fenómeno de la taca (mancha en valenciano): "El estigma del miedo y de la persecución que no termina y el sentimiento de encontrarse siempre bajo vigilancia". Además, el enfoque de Mélanie Ibáñez sirve también para "impugnar las cifras" oficiales. "Los listados de represaliados mienten, hay mujeres cuyo nombre nunca apareció en un expediente", explica la autora.

"En ausencia de sus maridos, hijos o padres, fueron ellas las que se ocuparon de todo lo relativo a los expedientes y sobre ellas recayó la ferocidad de las responsabilidades políticas. A día de hoy haría falta un estudio sistemático para calibrar hasta qué punto las mujeres se hicieron cargo de los expedientes abiertos", lamenta la investigadora.


Publicado el 31 de octubre de 2021 - 03:29 h
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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3356 en: 02 de Noviembre de 2021, 14:27:33 pm »
https://www.publico.es/politica/gerardo-iglesias-acudira-tedh-respaldado-votos-tres-jueces-constitucional.html/amp


Gerardo Iglesias acudirá al TEDH respaldado por los votos de tres jueces del Constitucional


Durante el mes de diciembre el ex dirigente de Izquierda Unida presentará la notificación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiendo justicia por las torturas que sufrió durante el dictadura.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3358 en: 13 de Noviembre de 2021, 09:01:59 am »
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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3359 en: 15 de Noviembre de 2021, 08:49:58 am »

ALICANTE POLÉMICA

Alicante acogerá una misa por los 'caídos por Dios y por España' que se promociona con la imagen de Franco


La Concatedral celebrará el próximo 18 de noviembre un oficio religioso que se anuncia con simbología franquista y falangista.
14 noviembre, 2021 17:19

 ALICANTE (CIUDAD) ALICANTE (PROVINCIA) COMUNIDAD VALENCIANA FRANCISCO FRANCO JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
   
 
Sergio Sampedro  Redacción | Agencias
La Concatedral de San Nicolás en Alicante celebrará el próximo 18 de noviembre una "misa de difuntos" por "los caídos por Dios y por España" que se está anunciando a través de canales de mensajería telefónica con una imagen en la que aparecen Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

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En el cartel, todo en azul pero con un degradado blanco, se puede ver también el símbolo del vítor, emblema del dictador tras la Guerra Civil española, y el yugo y las flechas de la Falange Española de las JONS. En medio está la cruz del Valle de los Caídos con La Piedad de Juan de Ávalos.


Esta misa se celebrará dos días antes del aniversario de la muerte de Franco (el 20 de noviembre), jornada en la que es habitual que se recojan varios oficios religiosos en honor al dictador en algunos puntos del país. Este año, en concreto, se cumplen 46 años desde su defunción.

De hecho, la Jefatura Provincial de Falange en Alicante ha anunciado en redes sociales la misa a las 19 horas, y ha convocado a las 20 una ofrenda floral en la casa natal de su fundador, José Antonio Primo de Rivera.

En declaraciones al diario Información, el deán Ramón Egío ha asegurado que la Iglesia no puede "prohibir rezar a nadie" y que el título del oficio no hace referencia únicamente a uno de los bandos, sino a todos los fallecidos en la Guerra Civil española.

Ya ha habido sanciones
Precisamente el pasado mes de junio la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática impuso a dos personas sendas multas de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas en la vía pública durante la marcha convocada por España 2000 el 12 de octubre de 2020 en el barrio valenciano de Benimaclet.

Estas fueron las primeras multas que se han emitido por actos de enaltecimiento del fascismo, tipificados como infracción muy grave en la ley valenciana de Memoria Democrática y con una multa prevista de entre 2.001 y 10.000 euros, y según señalaron en su día a EFE fuentes de la Conselleria son pioneras en España.

El procedimiento sancionador se inició a partir de la denuncia de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià por la exhibición pública de banderas con escudo franquista durante la citada manifestación.

Las resoluciones de sanción declaraban a ambas personas autoras de la exhibición de banderas franquistas en la vía pública y "por tanto, de la exhibición de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las victimas", de conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la conveniencia de la Comunitat Valenciana.

Las resoluciones incluían como elementos que infringían la Ley la exhibición de simbología nazi, la bandera de la falange, los saludos fascistas y las antorchas, algo que, concluían, "convierten dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista".