Autor Tema: Inmigrantes e integracion  (Leído 249247 veces)

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3420 en: 14 de Marzo de 2019, 04:01:13 am »
Casado ya no sabe que inventar para ser "muy Español".


Ya no tiene monjas que roben crios para las familias bien?

Ahora en serio, es una medida que agradaría al mismísimo Hitler, la senda sigue y el amigo Casado sigue y sigue

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3421 en: 14 de Marzo de 2019, 15:04:45 pm »
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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3422 en: 14 de Marzo de 2019, 15:50:54 pm »
Casado está como un loco desmintiendo la información, ahora la culpa es de los medios que lanzan fake news, que cosas oiga.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3423 en: 16 de Marzo de 2019, 15:41:35 pm »
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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3424 en: 27 de Marzo de 2019, 17:56:43 pm »


Una asociación musulmana de Reus denuncia a Ortega Smith por un delito de odio


El secretario general de Vox aseguró que "el enemigo común es la invasión islamista"

AGENCIAS

PUBLICADOhace 25 minutos

La asociación musulmana Watani de Reus ha denunciado en el juzgado de guardia por un delito de odio al secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, por haber dicho que "el enemigo común es la invasión islamista".



Watani ha aportado al juez la transcripción del vídeo de un acto protagonizado por Ortega Smith, según informa el denunciante.

En este material, el líder de Vox asegura que "el enemigo común y el enemigo de Europa, de la libertad, del progreso, de la democracia, de la familia y del futuro se llama la invasión islamista".

El líder de Vox también expuso que la civilización occidental está "seriamente amenazada" y que por eso "cada vez más europeos se alzan porque sufren en sus calles la aplicación de la 'sharia' (la ley islamista)".

Sustitución de catedrales por mezquitas
La transcripción también recoge que los europeos rechazan que "se derriben sus catedrales y sean sustituidas obligatoriamente por mezquitas" y que las mujeres "tengan que taparse el rostro con una tela negra".


Hilal Tarkou, de los servicios jurídicos de Watani, valora que estas declaraciones "atentan gravemente contra la convivencia y la paz social, incitan al odio, generan conflicto social y apelan al racismo y a la xenofobia contra los musulmanes".



En este contexto, Tarkou tacha de "altamente peligroso y alarmista" el discurso del secretario general de Vox, que también constituye, a su juicio, un delito de odio.

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3425 en: 28 de Marzo de 2019, 08:26:54 am »

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3426 en: 14 de Abril de 2019, 18:08:51 pm »
 
El inmigrante Ouadia El Farisse, reconocido por la policía tras intentar impedir un robo en Ponferrada


El hombre lleva desde el 10 de marzo en el hospital y de baja porque se rompió una pierna mientras intentaba detener al delincuente


ANA MACEDAPonferrada 12/04/2019 - 12:58 h. CEST
Lleva 33 años residiendo en el Bierzo, pero Ouadia El Farissi , se ha sentido muy agasajado y agradecido por la preocupación que su salud ha despertado entre la policía y los concejales de Ponferrada. Apoyándose en muletas, Ouadia ha recogido la placa con la que el ayuntamiento, y especialmente el cuerpo de policía municipal, ha querido reconocer "su generosidad y solidaridad", indicó el Intendente, Arturo Pereira.


 El inmigrante Ouadia El Farisse, reconocido por la policía tras intentar impedir un robo en Ponferrada

El suceso del que ha sido protagonista este marroquí ocurrió el pasado mes de marzo. "Un señor mayor sacó dinero del banco y lo metió en el bolsillo del pecho de la cazadora. Ví cómo un individuo se lo quitaba y corrí para cogerlo, lo agarré pero en el forcejeo me rompí la pierna, así que escapó con el botín", relató Ouadia. La policía municipal no ha conseguido dar con el delincuente pero sí ha querido mostrar su agradecimiento al hombre, que ha llegado al consistorio acompañado de su mujer.

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3427 en: 14 de Abril de 2019, 18:38:44 pm »

El inmigrante Ouadia El Farisse, reconocido por la policía tras intentar impedir un robo en Ponferrada


El hombre lleva desde el 10 de marzo en el hospital y de baja porque se rompió una pierna mientras intentaba detener al delincuente


ANA MACEDAPonferrada 12/04/2019 - 12:58 h. CEST
Lleva 33 años residiendo en el Bierzo, pero Ouadia El Farissi , se ha sentido muy agasajado y agradecido por la preocupación que su salud ha despertado entre la policía y los concejales de Ponferrada. Apoyándose en muletas, Ouadia ha recogido la placa con la que el ayuntamiento, y especialmente el cuerpo de policía municipal, ha querido reconocer "su generosidad y solidaridad", indicó el Intendente, Arturo Pereira.


 El inmigrante Ouadia El Farisse, reconocido por la policía tras intentar impedir un robo en Ponferrada

El suceso del que ha sido protagonista este marroquí ocurrió el pasado mes de marzo. "Un señor mayor sacó dinero del banco y lo metió en el bolsillo del pecho de la cazadora. Ví cómo un individuo se lo quitaba y corrí para cogerlo, lo agarré pero en el forcejeo me rompí la pierna, así que escapó con el botín", relató Ouadia. La policía municipal no ha conseguido dar con el delincuente pero sí ha querido mostrar su agradecimiento al hombre, que ha llegado al consistorio acompañado de su mujer.


Le acaba de reventar la campaña a Abascal

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3428 en: 17 de Abril de 2019, 13:02:26 pm »
Dentro del articulo hay un archivo multimedia que refleja cómo han ido variando los números y nacionalidades en los últimos 15 años


Pulsen en el icono

Repetir

https://m.eldiario.es/desalambre/inmigracion-aterriza-campana-servicios-sociales_0_887861396.html


O aquí

https://public.flourish.studio/visualisation/293488/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/293488
« Última modificación: 17 de Abril de 2019, 13:46:45 pm por 47ronin »

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3429 en: 21 de Abril de 2019, 15:32:05 pm »

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3431 en: 14 de Mayo de 2019, 17:22:48 pm »
Y el.domingo.....a misa de 12.

Vox apoya multar a las ONG que rescaten migrantes en el Mediterráneo


 El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo se ha mostrado a favor de la propuesta del ministro de Interior italiano, Mateo Salvini, de multar a quienes rescaten por su cuenta a migrantes El derecho marítimo humanitario obliga a auxiliar vidas en peligro en el mar a tod a embarcación  que se las encuentre También apoya las devoluciones en caliente y el mantenimiento de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla


Vox apoya a Salvini para multar a quienes rescaten migrantes por su cuenta
Por Desalambre/EFE
14 may 201911:15

El cabeza de lista de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, se ha mostrado a favor de la propuesta del ministro de Interior italiano, Mateo Salvini, de multar a quienes rescaten por su cuenta migrantes en el Mediterráneo, una medida dirigida especialmente a las organizaciones no gubernamentales. El derecho marítimo humanitario obliga a auxiliar vidas en peligro en el mar a toda embarcación que se las encuentre.


"No me parece para nada descabellado", ha afirmado Buxadé (Barcelona, 1975) en una entrevista con Efe. En su opinión, la propuesta del líder de la ultraderechista Liga italiana se enmarca dentro de una política de "tolerancia cero" con la inmigración ilegal y en la necesidad de "monitorizar" a las ONG para determinar si operan dentro de la legalidad.


Ha argumentado que, si bien la mayor parte de los inmigrantes son rescatados por Salvamento Marítimo, en el resto de casos intervienen ONG en torno a las que "existen serias dudas sobre su eventual colaboración (con las mafias) en el trasiego de personas". "Y yo creo que todos aquellos que colaboren con el incumplimiento de la ley deben ser sancionados, por supuesto", ha sentenciado Buxadé, para quien una forma de penalizar podría ser la revisión de las "ingentes" cantidades de dinero que reciben en subvenciones públicas, como propone Vox en su programa electoral.

Estas declaraciones se enmarcan en un contexto de criminalización creciente contra quienes defienden los derechos de las personas migrantes, como han documentado varios relatores de la ONU.

En política inmigratoria, su candidato a las europeas también aboga por la devolución inmediata de los inmigrantes que entran en España saltando las vallas de Ceuta y Melilla. "Solo hay una posibilidad: cogerlos y devolverlos a su país", ha advertido Buxadé, para quien no se trata de "devolución ni caliente ni fría", sino de enviarlos de vuelta a través de un proceso administrativo rápido y sencillo porque han entrado de forma ilegal y "ya está, no pasa nada".

Las expulsiones inmediatas en frontera son ilegales en base a los convenios internacionales porque se realizan sin realizar una identificación previa, lo que puede conllevar la devolución de menores, víctimas de trata o personas que corren peligro en el lugar al que son repatriados.


Buxadé ha insistido en que hay que "dejar claro" a los inmigrantes que "aquí no hay ningún problema en acogerles, siempre que lo hagan de acuerdo a la ley y de forma ordenada, acrediten capacidad de integración y poco más". Un planteamiento próximo al del primer ministro de Hungría, el nacionalista Viktor Orban, cuya política migratoria ha alabado públicamente el líder de Vox, Santiago Abascal.

Pese a esa cercanía ideológica, el cabeza de lista al Parlamento Europeo descarta tajantemente que Vox, de entrar por primera vez en la Eurocámara, como apuntan las encuestas, pueda integrarse al igual que Orban en el grupo popular europeo (PPE).

Tampoco se sumarán a los socialdemócratas ni a liberales de ALDE; la decisión la tomarán el 27 de mayo, un día después de las elecciones, que Buxadé estará convencido de que dejarán un panorama muy distinto al actual y obligarán a reestructurar los grupos del Parlamento Europeo.

Sea cual sea la opción final, en la que también se incluye la posibilidad de no adscribirse a ningún grupo, Vox dejará claro que no respetará la disciplina de voto si se trata de medidas contrarias a los intereses de España.

Una posición que les diferenciará, ha recalcado su candidato, de lo que han hecho hasta ahora el PP, el PSOE o Ciudadanos en el Parlamento Europeo y que se circunscribe a su visión de cómo debe ser la UE: alejada del federalismo y en la que los Estados mantengan su soberanía y cooperen libremente.

"Es un tema de patriotismo, nosotros sabemos nuestros problemas y, por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que buscar la soluciones", ha señalado Buxadé.


Esto supone un regreso al modelo original de las comunidades de Europa, según el candidato de Vox, que a la pregunta de si son europeístas responde con rotundidad: "Obviamente".

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3432 en: 04 de Junio de 2019, 09:18:32 am »

Familias inmigrantes denuncian el "trato vejatorio" que reciben en el centro de acogida madrileño de Valdelatas

    Las personas que conocen cómo funciona el albergue, que pertenece al Ayuntamiento pero es gestionado por Accem, aseguran que el personal ha amenazado a algún inmigrante con la expulsión ante las quejas
    El personal de Accem en el centro se niega a responder a las preguntas de infoLibre y se remite al consistorio
    En el Ayuntamiento admiten que se han recibido algunas quejas, "como en otros servicios", y destacan que "desde Accem se realiza un trabajo estupendo"

Lara Carrasco
lcarrasco@infolibre.es @_CarrascoLara
Publicada el 04/06/2019 a las 06:00 Actualizada el 03/06/2019 a las 21:44

"Te tratan como a escoria, con asco".
Así de tajante resume María (nombre ficticio) su paso por el Centro de Acogida de Valdelatas, en Madrid. Su relato, no obstante, no es único. Otras familias coinciden. Hablan de "trato vejatorio", de "desatención" y de alimentos en mal estado. Una realidad convertida en un día a día que, añade María, repercute psicológicamente. Todas las familias que acaban en ese centro lo hacen por pura necesidad. El albergue, ubicado cerca de Colmenar Viejo, acoge a familias inmigrantes que no tienen los recursos necesarios para encontrar una alternativa habitacional. Algunas de ellas, de hecho, han sido desahuciadas. Tras acudir a los Servicios Sociales o al Samur Social fueron derivadas a Valdelatas, un centro subvencionado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la ONG Accem.

María y el resto de personas que relatan su vivencia en el centro prefieren permanecer en el anonimato. Según explican, el personal del centro no suele recibir con agrado las críticas. Por eso hablan de "indefensión". Y es que cualquier queja tiene respuesta. "Si solicitamos algo o reclamamos mejoras amenazan con dejarnos sin bono transporte, con la disgregación familiar o la pérdida de ayudas", lamentan. Tanto es así que hasta conseguir una hoja de reclamaciones, dicen, ha sido casi misión imposible. Y aunque lo han intentado, la gota que colmó el vaso y agotó la paciencia de las familias fue lo ocurrido el pasado 21 de mayo.

Un hombre que vive allí fue expulsado del centro cuando volvía de trabajar y se vio obligado a dormir dos noches fuera del centro. Todo, según la versión de los denunciantes, sin un aviso previo sobre algún tipo de incumplimiento de las normas de convivencia. Este caso concreto, de hecho, fue denunciado por escrito y llegó hasta la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo. Fuentes de la institución confirman a infoLibre que la denuncia fue recibida y que se remitió al Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid, "la administración competente". "Esto no es un hecho aislado, y en lo que respecta a mi familia ya intentaron promocionar la disgregación del núcleo familiar al emitirse desde el centro una denuncia falsa de maltrato contra uno de mis hijos", explica el afectado en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico. Una situación que también fue denunciada por activistas de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) que acudieron al centro tras conocer el caso y, tras una visita, constataron las quejas de las familias.

"Amedrentados constantemente"

No obstante, tras ese caso se esconden días y días de, aseguran las familias, "humillaciones" y "tratos vejatorios". Y comienzan nada más llegar. Las personas que ingresan en el centro lo hacen por un periodo de un año, un plazo de tiempo que se puede acortar o extender, según las necesidades individuales de cada cual, explica en conversación telefónica Carmen Creanga, coordinadora del Programa de Intervención Sociocomunitaria de Accem. Pero, según informan las familias, nada más llegar al albergue el personal del mismo comienza a instarles a buscar una alternativa habitacional rápidamente para permanecer allí el menor tiempo posible. Y eso es una constante. Están, lamentan, "amedrentados constantemente".

Además, "se desatiende la situación particular de las familias", critican. "Según recoge el decálogo de la entidad gestora con los derechos y deberes de las usuarias, la persona usuaria tendrá derecho a un programa de intervención individual definido y realizado con la participación y con el conocimiento del propio beneficiario. Una obligación que la entidad incumple sistemáticamente", añaden. Pero es que, además, en el centro "se generan desigualdades en el trato, habiendo algunas personas usuarias que gozan de privilegios y otras que son discriminadas y obligadas a cumplir tareas denigrantes. Por ejemplo, las tareas de limpieza y cuidados del espacio suelen recaer sistemáticamente sobre las mismas usuarias, librando a otras personas de desarrollar ese tipo de tareas como premio a su silencio y falta de quejas". Quien no guarda silencio y reclama, en cambio, llega a ser amenazado con la expulsión del centro. "Pueden hacer un informe asegurando que alguien no cumple con las normas de convivencia y, de este modo, esa persona puede verse obligada a salir del centro", explica María.

De lo que se quejan es, fundamentalmente, del trato. Las familias, que duermen en habitaciones construidas a base de contenedores, reciben comida que, según aseguran, en muchas ocasiones no está en buen estado. Las instalaciones tampoco son las más adecuadas y, además, no reciben un buen trato por parte del personal. "Se nos niega el derecho a recibir información, a participar conscientemente de las actividades del centro y se nos priva en algunas ocasiones de algunas herramientas para poder desarrollar de manera autónoma nuestras vidas".

Por ello, reclaman "soluciones definitivas" para, dicen, "garantizar una vivienda digna y adecuada a las familias que habitan el centro". "También exigimos a la entidad gestora mejoras en el trato humano", añaden.

El centro guarda silencio

infoLibre se puso en contacto con la delegación de Accem en el centro de Valdelatas tras conocer  las quejas de las personas que saben lo que ocurre dentro del albergue. Pero se negaron a responder a las preguntas de este periódico. Remitieron directamente al Ayuntamiento de Madrid, desde donde admitieron que "en ocasiones se producen algunas quejas sobre circunstancias concretas". "Como en cualquier otro sitio", puntualizaron. Y añadieron, además, que si existen quejas, estas tienen que ser presentadas en el "área correspondiente" para que "los técnicos del Ayuntamiento" den respuesta.

"En alguna ocasión se han presentado quejas, como en cualquier servicio", dicen. Y cuando eso ocurre, actúan. "Se estudia cada queja en concreto y se da respuesta por parte de los servicios municipales", explican las mismas fuentes. No obstante, insisten en que "desde el Ayuntamiento se considera que desde Accem se realiza un trabajo estupendo".

Desde Accem, no obstante, Creanga admite que se recibió una hoja de reclamaciones. "Hay un sistema de calidad que está implementado y hay hojas de reclamaciones que se facilitan para poder trasladar las quejas", explica. En cualquier caso, la ONG explica que en 2018 se atendió a 154 familias y un total de 525 personas y que, hasta este momento, no se había recibido ningún escrito similar. Pero las familias denuncian que, precisamente, conseguir una de estas hojas ha sido uno de los mayores problemas a los que han tenido que enfrentarse.

Creanga explica que Accem, además de este centro, que tiene plazas para 22 familias, gestiona el de San Roque, donde pueden convivir hasta 30. "Las familias que llegan son inmigrantes en situación de vulnerabilidad social", explica. "Cuando ingresan en el recurso porque hay plazas libres se hace una entrevista social y se realiza con ellos un plan de intervención consensuado. Se acuerdan unos objetivos para trabajar durante el periodo de estancia en el centro", añade. Una vez salen de allí, el objetivo es que consigan un piso en comunidad pero, en caso de dificultad, Creanga asegura que la organización puede seguir ayudando con el pago del alquiler.


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« Respuesta #3433 en: 19 de Junio de 2019, 19:45:20 pm »

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« Respuesta #3434 en: 19 de Junio de 2019, 20:29:41 pm »
El año que viene no se juega . . .

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« Respuesta #3435 en: 20 de Junio de 2019, 16:24:31 pm »

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« Respuesta #3436 en: 20 de Junio de 2019, 19:47:30 pm »
Estos tienen los días contados . . .

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3437 en: 26 de Junio de 2019, 06:17:32 am »

España atrae a 643.037 inmigrantes en 2018, su cifra más alta en la última década

El dato supone un 20,8% más que en 2017 y supera al récord registrado en 2008, cuando comenzó la serie de la Estadística de Migraciones del INE. El saldo migratorio positivo compensa el saldo vegetativo negativo y España aumenta su población a 46.934.632 habitantes

Marina Alías


Publicado25.6.2019 - 12:15

En 2018 llegaron a España 643.037 inmigrantes, un 20,8% más que en 2017. Según datos publicados este martes por el INE, la cifra supera el récord de 599.074 registrado diez años atrás, cuando comenzó la serie de Estadística de Migraciones.

Por el contrario, 309.365 personas abandonaron el país con destino al extranjero el año pasado, un 16,1% menos que en 2017. Se trata del dato más bajo desde 2008, cuando se marcharon 288.432. Por ello, el saldo migratorio de España con el exterior fue positivo en 333.672 personas durante el año 2018, el valor más elevado de la última década. Esto compensó el saldo vegetativo negativo del año pasado y supuso un aumento de población.

    La población residente en España aumentó en 276.186 personas durante el año 2018 y se situó en 46.934.632 habitantes a 1 de enero de 2019

La población residente en España aumentó en 276.186 personas durante el año 2018 y se situó en 46.934.632 habitantes a 1 de enero de 2019, su crecimiento más elevado desde 2008. Fue fruto de un saldo vegetativo negativo de 56.262 personas -367.374 nacimientos, frente a 423.636 defunciones-, compensado por el saldo migratorio positivo de 333.672 personas.
559.309 extranjeros, 83.728 españoles

De los inmigrantes procedentes del extranjero, 559.309 tenían nacionalidad extranjera y 83.728 eran españoles. En cuanto a la emigración, 229.112 salidas fueron protagonizadas por extranjeros y 80.253por españoles. De estas últimas, 50.306 habían nacido en España.

El saldo migratorio de la población con nacionalidad extranjera fue de 330.197 personas durante 2018. Este saldo, que viene siendo positivo y creciente desde 2015, fue resultado de una inmigración de 559.309 personas y una emigración de 229.112. El número de inmigrantes extranjeros alcanza su valor más alto desde 2008, mientras que el de emigrantes es el más bajo.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes extranjeros fueron la marroquí (con 60.926 llegadas a España), la colombiana (53.247) y la venezolana (46.825). Por su parte, las nacionalidades de emigrantes más numerosas fueron la rumana (38.087 salidas), la marroquí (20.296) y la británica (19.536). Estas tres fueron, además, las mayoritarias entre la población extranjera residente.
No es inmigración de retorno

El saldo migratorio de los españoles con el exterior pasó a ser positivo en 2018 por primera vez desde 2008. En concreto, fue de 3.475 entradas netas procedentes del exterior. Este saldo fue consecuencia de una inmigración procedente del extranjero de 83.728 personas y de una emigración al exterior de 80.253.

    La llegada de españoles no consiste fundamentalmente en una inmigración de retorno, sino de personas con nacionalidad española no nacidas en España

La llegada de españoles no consiste fundamentalmente en una inmigración de retorno, sino de personas con nacionalidad española no nacidas en España, ya que solo 31.438 personas de las 83.728 que inmigraron habían nacido en España.

Así, la población de nacionalidad española que llegó a España en 2018 procedía, principalmente, de Venezuela (18.132 personas), Ecuador (6.399) y Reino Unido (5.465). Por su parte, los mayores receptores de emigrantes españoles fueron Reino Unido (16.294 personas), Francia (9.779) y Estados Unidos de América (8.406).

De las 309.365 personas que abandonaron el país en 2018, un 17,8% siempre habían residido en España. El resto (82,2%) habían inmigrado en algún momento anterior. En el caso de los españoles, el 56,7% siempre había residido en España, mientras que entre los extranjeros el porcentaje fue del 4,2%.

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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3438 en: 26 de Junio de 2019, 17:28:30 pm »
Van a investigar cabezas de p...a, todos son responsables, unos por acción y los más por omisión.

Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria


Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de las muertes de inmigrantes en Libia y en el Mediterráneo
   
Migrantes se agarran a unos flotadores antes de ser rescatados en el Mediterráneo en enero de 2018.
Migrantes se agarran a unos flotadores antes de ser rescatados en el Mediterráneo en enero de 2018. PICTURE ALLIANCEGETTY
ANA CARBAJOSA  ISABEL FERRER  LUCÍA ABELLÁN
Berlín / La Haya / Madrid  3 JUN 2019 - 16:26 CEST
La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.


A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya —a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos—, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional]. Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

MÁS INFORMACIÓN
 Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria
Libia: fragmentos de un Estado fallido
Libia no es segura para los migrantes
Una política migratoria a la espera de medidas a largo plazo
Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. Fuentes de Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a la detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.


Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada Operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.

Para que la denuncia prospere, la Fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.


El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. “Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia. Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.

En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.

“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.

Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros —y que han sido documentados con imágenes— quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.

En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones, en particular Frontex (la agencia europea de fronteras), diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.

Asesinatos, violaciones y torturas
Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de Derecho Internacional de la Universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.

Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales, duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.

Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.

Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”. Preguntada en general por un posible proceso contra la Unión, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade.


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Re:Inmigrantes e integracion
« Respuesta #3439 en: 26 de Junio de 2019, 17:46:29 pm »
Tres cuestiones, una, todos los flujos migratorios, de una forma u otra, tienen que estar regulados, por lo tanto, no se pueden abrir las fronteras, dos, todos los recursos son limitados, incluidos los destinados al Estado del Bienestar y a las políticas migratorias y tres, no se puede llenar una barca de goma de migrantes, darles gasolina para llegar a aguas internacionales o a las naciones de países de Europa y después llamar a Salvamento Marítimo o a diferentes ONG's para que salgan a buscarlos, porque si no los encuentran, desaparecen o fallecen, quiénes son responsables?, Los países a los que pretenden llegar o quiénes han organizado este sistema de llegada basado en llenar gomas de migrantes y llamar a emergencias?

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