Unas 225.000 personas residentes en España son inmigrantes con discapacidad
Está editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración y realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
24 marz 09.
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, ha presentado hoy el estudio Las personas inmigrantes con discapacidad en España. Realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y editado por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), el trabajo constituye un primer acercamiento a la situación de este colectivo, que supone aproximadamente el 5% de la población inmigrante y que se estima ronda las 225.000 personas
.El trabajo, coordinado por Agustín Huete García y Eduardo Díaz Velázquez, ha seguido una metodología basada en técnicas de investigación social tanto cualitativas, como cuantitativas y analiza el nivel de integración de los inmigrantes con discapacidad y las variables que influyen en dicha integración, a la vez que realiza una reflexión sobre la discriminación que existe hacia este colectivo.
ALTO GRADO DE INTEGRACIÓNUna de las primeras conclusiones a las que llega el estudio, el primero de estas características que se realiza en España, es que las personas inmigrantes con discapacidad reconocen elevados niveles de integración en nuestro país; aunque la integración real está relacionada con la edad, el nivel de estudios y el ámbito territorial y residencia del individuo.Otro de los temas que se ponen de manifiesto en el trabajo, es que el número de inmigrantes que contrae la discapacidad en el trayecto migratorio, aunque cualitativamente relevante por la trascendencia social del fenómeno, es escaso; de hecho, de los que tienen situación legal y certificado de discapacidad, más de dos tercios se encontraban en situación de discapacidad con antelación a su emigración.Y es que es una realidad que aunque la discapacidad no es en sí misma la principal causa que explica el proceso migratorio, los datos obtenidos demuestran que, aunque con dificultades, los inmigrantes con discapacidad encuentran una mejor atención especializada por discapacidad en España respecto a sus países de origen.Por último, el estudio recoge una serie de recomendaciones como prestar una atención especializada a las personas que adquieren una discapacidad durante el proceso migratorio, realizar registros encaminados a cuantificar la población inmigrante con discapacidad o mejorar los sistemas de evaluación y análisis de las actuaciones realizada en la atención a este colectivo.
Hay que tener en cuenta que los datos los calculan sobre la población regularizada (que según el Ministerio asciende a 4,5 millones). Aunque, según el INE, los censados son unos 5,6 millones. Aparte de este 1,1 millón ilegal, habrá más que no están censados. Casos como éstos demuestran a las claras que no venían a España a pagarnos las pensiones, pues algunos de ellos venían de hecho a recibir una mejor atención médica (yo a eso lo llamo "turismo sanitario", y al parecer los abueletes británicos no son los únicos que lo practican) o incluso a cobrar ellos mismos una pensión por incapacidad, una vez regularizados. Casos como el desgarrador de la chica iraní quemada con ácido (por un supuesto "admirador") son terribles, pero considero que los 400 € que recibe de pensión por parte de la Generalitat le deberían ser abonados por su país, entre otras cosas porque los hechos sucedieron allí.
