Autor Tema: Del poder judicial...  (Leído 196405 veces)

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2500 en: 17 de Enero de 2020, 05:59:01 am »

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2501 en: 17 de Enero de 2020, 11:29:28 am »

Jerónimo Cano, el juez 'heavy' que lleva los casos más llamativos de Teruel


El magistrado dirige ahora la investigación por la mayor red de chantaje sexual desmantelada en el país.

ACTUALIZADO 14/01/20 A LAS 17:51MARÍA ÁNGELES MORENO
El juez Jerónimo Cano, se dirige al Palacio de Justicia de Teruel en octubre de 2014, cuando instruía el caso por presuntas irregularidades económicas en el Consejo del Jamón.
El juez Jerónimo Cano, se dirige al Palacio de Justicia de Teruel en octubre de 2014, cuando instruía el caso por presuntas irregularidades económicas en el Consejo del Jamón. Jorge Escudero
El juez Jerónimo Cano de Lasala llegó al Juzgado de Instrucción número tres de Teruel en 2013. Nacido en Zaragoza, no pasó desapercibida su atípica imagen, cercana al look ‘heavy’ y alejada totalmente de los formalismos en vestuario que rigen en el mundo judicial. Es hijo del magistrado, ya fallecido, Antonio Cano Mata, a quien el Ayuntamiento de Zaragoza dedicó en 2012 una calle del barrio de Delicias al considerarlo uno de los jueces más ilustres de Aragón del siglo XX.


Pronto su nombre apareció en los medios de comunicación al hacerse cargo de la investigación para averiguar si hubo una mala gestión de los fondos públicos -los acusados quedaron absueltos- por parte del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel. Poco después, llevó el caso ‘Fharmakon’, en torno a una supuesta exportación ilegal de medicamentos, haciendo pasar por los juzgados de Teruel a decenas de boticarios de todo el país para declarar.


Su juzgado es uno de los que más carga de trabajo llevan, al acumular las secciones de violencia de género y mercantil. Poco amigo de atender a los medios de comunicación, está, sin embargo, muy bien valorado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que le han condecorado por su trabajo en Teruel al menos en dos ocasiones. Así, Jerónimo Cano fue distinguido en 2015 con la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco.

Imposición al juez Jerónimo Cano de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco en la celebración del Día de la Policía en 2015 en Teruel.
Imposición al juez Jerónimo Cano de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco en la celebración del Día de la Policía en 2015 en Teruel. Jorge Escudero/Heraldo
Ahora dirige la instrucción para esclarecer todo lo ocurrido en torno a una red de chantaje sexual, probablemente la mayor desmantelada en el país hasta la fecha, que extorsionaba a las personas que contactaban con la web pasión.com. El hecho de que las víctimas, que podrían llegar a 4.000, procedan de diversas provincias españolas le llevó a solicitar la inhibición de su juzgado en favor de la Audiencia Nacional, sin embargo, esta desestimó la petición. Ahora, el juzgado de Instrucción número tres de Teruel ha pedido al Tribunal Supremo que dirima esta cuestión de competencia planteada por el juez Cano.

MÁS INFORMACIÓN
Jeronimo Cano, juez de instruccion de la sala numero 3 del juzgado de Teruel, a su salida de los juzgados.
El juez de Teruel del caso de la red de chantaje sexual pide que la Audiencia Nacional se haga cargo de la causa
Palacio de los Monterde
La trama que extorsionó a usuarios de una web de citas se destapó en Sarrión
Dos agentes registran la vivienda de uno de los detenenidos.
La Guardia Civil eleva a 40 el número de víctimas de la red de extorsión de Teruel
El jugador del Levante detenido, al subir al furgón que le condujo a la prisión provincial tras declarar en el juzgado.
Siete detenidos en Teruel, entre ellos un jugador del Levante, por extorsión a usuarios de webs de contactos
Edificio de los Juzgados de Teruel.
Detenidas siete personas en Teruel por delitos de extorsión y amenazas

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2502 en: 18 de Enero de 2020, 06:48:15 am »
La pregunta creo que se responde por si misma, de los 19 votos, 12 sies y 7 noes, y los 7 noes corresponden a los magistrados propuestos por el PP.


Los siete vocales del Consejo que han votado en contra son Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, José Antonio Ballesteros, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Noya y Gerardo Martínez Tristán. Todos ellos pertenecen al bloque conservador, esto es, elegidos vocales del CGPJ a propuesta del Partido Popular.
https://www.eldiario.es/politica/Dolores-Delgado-CGPJ_0_985502170.html


¿Podemos fiarnos de la imparcialidad de la justicia española?

18/01/20access_time 1:03
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Las críticas del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a la actuación de la justicia española ante el ‘procés’ han provocado el primer encontronazo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo PSOE-Podemos. Pero el sistema de gobierno de los jueces hace dudar a muchos ciudadanos: ¿Es imparcial la justicia, o está influida por los partidos políticos?

El órgano de gobierno de los jueces difundió una declaración en la que pide “responsabilidad institucional” después de que Iglesias dijera el martes que la prueba de que la “judicialización” del ‘procés’ en Cataluña fue un error es que “muchos tribunales europeos” han “quitado la razón” a jueces españoles, y que eso ha supuesto una “humillación” para España. El Gobierno respondió al CGPJ, sin citar a Iglesias, reivindicando la “libertad de expresión” y reclamando la renovación de la cúpula del gobierno de los jueces.

En el sistema constitucional español, el conocido como “gobierno de los jueces” lo ejerce el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que entre otras funciones debe velar por la garantía de los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

El actual CGPJ, presidido por Carlos Lesmes y cuyo mandato expiró en diciembre de 2018, ha pasado por cuatro Gobiernos: los dos presididos por Mariano Rajoy y los dos de Pedro Sánchez.

El de esta semana no es el primer choque que se produce, pero nunca había llegado tan pronto, apenas 48 horas después de que tomara posesión el nuevo Ejecutivo. Fuentes del CGPJ han justificado la decisión de suscribir una declaración institucional en el hecho de que haya sido un vicepresidente del Gobierno (el vicepresidente segundo) el que, en su segundo día en el cargo, criticara la actuación de la justicia española en el proceso independentista. “Muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación”, señaló Iglesias el pasado martes en una entrevista en Antena 3 con Vicente Vallés.

La rápida reacción del Poder Judicial, suscrita por unanimidad por los ocho miembros de la comisión permanente (el principal órgano de decisión del CGPJ), hace prever una relación tensa entre ambas instituciones, muy alejadas ideológicamente (la composición actual del Consejo responde al tablero político de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta).

El choque se produce, además, en pleno debate sobre la necesidad de renovar el órgano presidido por Lesmes, que se mantiene en funciones desde hace más de un año. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha marcado esta renovación como una prioridad, pero esta requiere de la participación del PP (hace falta una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado) y el partido de Pablo Casado ha dicho por ahora que no hay posibilidad de acuerdo.
La elección de los miembros del CGPJ

“La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”: así proclama la Constitución Española la independencia del poder judicial y la separación de poderes que se supone en cualquier democracia desde Montesquieu.

En el apartado dos y tres del artículo 122 de la Constitución de 1978 se hace referencia a la forma de elección de los miembros que componen el CGPJ. Dicen lo siguiente:

-- “2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.

-- “3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

En la actualidad los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial -aparte de su presidente- son elegidos directamente por el Congreso y el Senado. Esta forma de selección hacen pensar a una parte de la sociedad que la justicia está ligada con el poder político.

Esto viene a suponer que el presidente del Consejo General del Poder Judicial y ocho de sus vocales, de forma inalterable serán elegidos por el Parlamento, porque así lo indica la Constitución.
Al final los partidos eligen a todo el CGPJ

Donde reside la polémica actual entre los diversos partidos políticos es en la forma de elección de los doces magistrados restantes. Según los artículos a los que se hace referencia; la manera de seleccionar a estos vocales dependerá de lo establecido en la Ley Orgánica, esta sí se puede cambiar.

La ley del 1 de julio de 1985 es la que está en vigor, y por la que se rigen los doce miembros de CGPJ. Está establece que estos magistrados también sean elegidos por el Congreso y el Senado, al igual que los ocho restantes. Las Cortes Generales deben elegir entre una lista de 36 candidatos propuestos por asociaciones de jueces o por jueces no asociados.

Por tanto, serán los partidos políticos presentes en las Cámaras quienes elijan a los miembros que forman parte del poder judicial. Eso lleva a algunos críticos a denunciar que por ello no son independientes del poder político en su nombramiento, aunque deban serlo en sus funciones según establece la ley.

La importancia del CGPJ es que su vez tiene potestad para decidir los nombramientos clave en el sistema judicial español. Decide quiénes ocupan los cargos de presidente del Tribunal Supremo; de dos de los miembros del Tribunal Constitucional; de los presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo; de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas; y del Magistrado del Supremo que concede las autorizaciones para realizar las actividades de los espías del Centro Nacional de Inteligencia que afectan a los derechos fundamentales.
¿Influencia política?

Confidencial Digital ha consultado a algunos expertos para conocer su opinión sobre si la justicia en España es independiente e imparcial, o si por el contrario esta dependencia en sus nombramientos condiciona sus actuaciones.

Algunos consideran que nuestros jueces pueden sentirse influenciados y presionados por los políticos, la economía y los medios de comunicación pero luego siempre toman una decisión jurídica. A la hora de decidir son, por tanto, imparciales.

Otros creen que los actuales miembros del CGPJ sí están politizados porque son elegidos por los partidos políticos, aunque prefieren confiar en la profesionalidad de las personas, de cada juez concreto.
Un cambio de Ley Orgánica sin tocar la Constitución

Más allá de la forma de elegir a los miembros del CGPJ, los expertos consideran que es imposible manejar a un tribunal y añaden que cuando un tribunal toma una decisión contraria a una parte de la sociedad, estos creen que los oponentes le han condicionado en su decisión. Pero nunca se han dado argumentos que los justifiquen.

Con todo, es importante resaltar que la imparcialidad de los magistrados depende de la profesionalidad de los mismos. Pero el hecho de ser elegidos en su totalidad por el poder legislativo condiciona políticamente al órgano judicial.

Puesto que la elección de ocho miembros no se puede alterar (son elegidos por el Congreso y el Senado según dicta la Constitución), el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la elección de los otros doce miembros para que pasen a ser elegidos por el propio colectivo de jueces, y no por los partidos políticos, podría suponer un cambio sustancial en acabar con cualquier sombra de sospecha sobre la dependencia -y no independencia- que pudiera tener la justicia en España.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2503 en: 19 de Enero de 2020, 08:01:44 am »

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2504 en: 20 de Enero de 2020, 06:51:01 am »

Las asociaciones de jueces unificarán sus reclamaciones al Gobierno

Las cuatro agrupaciones se reunirán en los próximos días. Preocupa la propuesta del Ejecutivo de cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial
Fecha
20/01/20access_time 1:03


La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente (FJI), la asociación Juezas y Jueces para la Democracia(JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se reunirán en los próximos días para concretar y unificar una lista de reivindicaciones que harán al nuevo Ejecutivo. Algunos magistrados reconocen sentirse “muy preocupados” porque el Gobierno quiera cambiar el acceso a la carrera judicial, puesto que creen que es una estrategia para politizar la justicia.

Muchas de las reivindicaciones son comunes y las vienen arrastrando de Gobiernos anteriores. Por ejemplo, la devolución del 9% del salario que se les congeló en los años de la crisis, la mejora de las condiciones de los abogados del turno de oficio o la digitalización de la justicia.

“La situación no es buena y los políticos lo saben, lo que pasa que para nosotros nunca hay dinero”, asegura Concepción Rodríguez, presidenta del FJI. “Cuando se lleva a cabo un plan de digitalización no cuentan con los jueces”, dice.

La reunión se hará efectiva en los próximos días y, más tarde, la intención es reunirse también con las tres principales asociaciones de fiscales: la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). “Juntarnos y empezar un plan de acción”, explica Rodríguez.
 
Sistema de acceso a la carrera judicial

El pacto firmado por el PSOE y UP contempla un punto en el que se propone modificar el sistema de acceso a la abogacía: “modernizaremos el sistema de acceso a la carrera judicial. Para ellos, nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de la carrera única judicial y fiscal, previendo mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes”.

Esto ha provocado que varias asociaciones de jueces y fiscales emitan varios comunicados expresando sus temores porque temen que sea una maniobra para politizar la justicia. “Estamos convencidos de que la propuesta de reforma no intenta mejorar el sistema de acceso a la carrera judicial, sino de controlarlo desde la base”, reza el comunicado del FJI.

“Manifestamos nuestra rotunda disconformidad al entender que el actual sistema de acceso por oposición es el mejor de los posibles al ser el más objetivo y estar alejado de toda politización”, expresan desde la Asociación de Fiscales.  “Es una línea roja por la que no vamos a pasar”, explican fuentes judiciales a ECD.

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2506 en: 20 de Enero de 2020, 18:33:20 pm »
Garzón indigna a los fiscales progresistas al situar al ministerio público en el “entramado del Gobierno”

https://elpais.com/politica/2020/01/20/actualidad/1579512648_132446.html

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Re:Del poder judicial...
« Respuesta #2507 en: 28 de Enero de 2020, 06:24:20 am »

NO HAY UN INVENTARIO SEIS AÑOS DESPUÉS
La Audiencia Nacional busca 69 kilos de joyas incautadas por la Policía del caso Oro Direct

El juez Ismael Moreno libra un oficio a la Brigada Provincial de Valencia para que identifique y ubique 11 millones en metales preciosos decomisados en 2014 de los que no hay inventario

Autor
Víctor Romero. Valencia

27/01/2020 17:56

El Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional libró el pasado 17 de diciembre un oficio a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia para que busque y localice metales preciosos por valor de más de 11 millones de euros incautados a la empresa Oro Direct, intervenida en febrero de 2014 en el marco de una operación por un presunto caso de blanqueo de capitales ligado a decenas de empresas de compraventa de oro, con presencia en 12 provincias españolas. La providencia del magistrado Ismael Moreno se produce seis años después del inicio de la instrucción y revela la ausencia de un inventario y una valoración del contenido de las sacas, que incluían lingotes y monedas de oro y todo tipo de joyas que terminaron repartidos entre la sede del Banco de España en Valencia y la Jefatura de Policía de esta misma ciudad. En concreto, el juez quiere saber cuál ha sido el destino de bolsas con 69 kilos de joyas decomisadas a Oro Direct.

La valoración de todos esos metales preciosos es importante al efecto de la responsabilidad civil que pudiera derivarse de esta causa. Aunque la investigación nació como una operación contra un entramado de empresas presuntamente conectadas para falsificar facturas y ocultar el origen de las joyas y piezas de oro, finalmente quedó dividida en un docena de piezas con distintos actores, distintas responsabilidades e imputación de delitos. Varias empresas están siendo investigadas en la parte baja e intermedia de la cadena de valor de la comercialización del oro. En la cumbre de esta pirámide, se encontraba la empresa valenciana Oro Direct, un mayorista que contaba con red propia de tiendas minorista, pero que básicamente basaba su negocio en la compra de metales a terceros para fundirlos y revenderlos a su vez al gigante suizo del oro Argor Heraeus y al Banco Nacional de Austria.

Seis años después de iniciarse la instrucción, no hay un inventario actualizado y una tasación de todos los metales preciosos incautados a Oro Direct

De la pieza relativa a Oro Direct se han caído los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, y actualmente la Fiscalía imputa delitos de fraude fiscal y, subsidiariamente, falsedad documental. La acusación se sustenta en informes periciales de la Agencia Tributaria que cuestionan los márgenes con los que trabajaba la empresa de metales y hablan de manipulación de precios en las facturas. Según Hacienda, Oro Direct declaraba un beneficio de entre el 1% y el 3%, cuando debería haber declarado entre el 16% y el 19%. Por esta razón, y por declaraciones de IVA presuntamente irregulares con empresas clientes también investigadas, imputa delito fiscal y reclama 14,6 millones de euros.

Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
Sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

La posición de la Agencia Tributaria ha sido cuestionada por la defensa y por actores personados en el procedimiento. Como consecuencia de la intervención judicial, Oro Direct, una empresa que llegó a facturar 1.000 millones de euros, entró en concurso de acreedores y ha sido llevada a liquidación. La defensa aportó a la causa un informe pericial de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) que describe cómo la compañía fijaba los precios y los márgenes y se relacionaba con sus proveedores en línea con el resto de grandes mayoristas. Además, ha incorporado informes de Ernst & Young en el mismo sentido, una declaración testifical de Bernhard Schnellmann, director comercial de Argos Heraeus, y dos 'due dilligences' de Deloitte solicitadas por el fondo estadounidense JZ International que sirvieron para valorar la operación de compra del 55% de las participaciones algo más de un año antes de la intervención judicial. Estos informes contradicen la posición de la Agencia Tributaria y fijan el margen medio de las empresas mayoristas del sector, que trabajan por volumen, en un rango de entre el 1% y el 3%, el que presentaba Oro Direct.

El oro borra el pico 'pos Irán' y Wall Street sigue insistiendo en los máximos
Cotizalia
Tras el discurso a la nación de Trump de ayer, el río termina de volver definitivamente a su cauce. El petróleo también ha corregido el pico del viernes pasado, cotizando este jueves plano

Cómo se resuelvan esas dos posiciones será clave para determinar la culpabilidad en caso de apertura de juicio oral. Gran parte de la responsabilidad económica en caso de condena se cubrirá con el oro y las joyas incautadas en el procedimiento. Si hubiera absolución, deberían reintegrarse a la masa del concurso de Oro Direct, principalmente las piezas que fueron decomisadas en las dependencias de la propia compañía, con un secretario judicial delante. Esta es la razón de la necesidad de que exista un inventario y una valoración de los lotes, algo que no ha ocurrido aún seis años después. De hecho, durante los primeros meses de instrucción, se abrieron sacas del material incautado que fueron expuestas por si se encontraban piezas denunciadas por robos.

La defensa, que estima que al precio actual del oro lo incautado podría elevarse a 11 millones de euros, ha presentado recursos en los que sostiene que se ha quebrado gravemente la cadena de custodia y está insistiendo para tratar de dilucidar dónde está —y en qué condiciones el material— que se llevaron los investigadores en presencia del secretario judicial.

Hasta ahora, los peritos judiciales de joyas designados por el juez de la Audiencia Nacional han inventariado lingotes, granalla, recortes y láminas de oro que están depositados en la sede del Banco de España en Valencia, pero no han incluido una tasación y valoración económica de los mismos. Tampoco han comprobado e inventariado el contenido de seis bolsas de monedas de oro que también tuvieron como destino en teoría el Banco de España y cuyo contenido podría superar el medio millón de euros. La última providencia dictada por el juez pide a la Policía Judicial que determine la ubicación y contenido del material incautado que fue a parar a la Jefatura Superior de Policía de Valencia el 7 de abril de 2014. Se trata de 69 kilos de joyas de oro que no fueron consignados en las dependencias del supervisor bancario y cuyo valor puede alcanzar los dos millones de euros.