Autor Tema: Va de militares  (Leído 387768 veces)

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3740 en: 19 de Enero de 2022, 08:50:47 am »

Petición a Defensa para que suspenda a la asociación ‘Militares con Futuro’ e investigue sus vínculos con ‘Ciudadanos de Uniforme’


‘Tercios Viejos Españoles’ reclama al ministerio que lleve a los tribunales a los responsables del canal de denuncias anónimas sobre las Fuerzas Armadas, por delitos de insultos, coacciones, amenazas e injurias

FECHA
19/01/22access_time 1:04

Aurelio Ruiz Enebral 

El Ministerio de Defensa está comprobando en estos días el número de socios que acredita cada una de las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas. Si alcanzan un porcentaje determinado sobre los miembros de las Fuerzas Armadas (por escalas o en total), consiguen representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.


A ese órgano en el que las asociaciones profesionales negocian aspectos laborales con los mandos del ministerio y de los ejércitos podrían acceder por primera vez algunas de las nuevas asociaciones, inscritas en el registro entre finales de 2020 y este 2021: ‘Tercios Viejos Españoles’, ‘MilitarES’ y ‘Militares con Futuro’.

En ese contexto, al Ministerio de Defensa ha llegado una solicitud para que suspenda la actividad de una de ellas, ‘Militares con Futuro’. La solicitud la ha registrado ‘Tercios Viejos Españoles’.

Esta asociación profesional ya había hecho una petición similar hace meses, y ahora la ha reiterado, para intentar que el departamento que dirige Margarita Robles no sólo paralice la actividad de ‘Militares con Futuro’, sino que además investigue e incluso lleve ante la justicia a sus impulsores.

Denuncias “falsas” y “contra la disciplina”
‘Tercios Viejos Españoles’ señala en su escrito a Defensa que desde que apareció en agosto de 2018, ‘Ciudadanos de Uniforme’, el canal de Telegram que difunde denuncias anónimas sobre supuestas irregularidades y abusos de poder en las Fuerzas Armadas, realiza “denuncias anónimas y públicas contra personas concretas, identificándolas o señalándolas de forma que resultaban fácilmente identificables”.


Según la asociación ‘Tercios Viejos Españoles’, “esas acusaciones, en muchos casos falsas y siempre con grave quebranto del honor y la disciplina, lo eran con frecuencia en razón del pensamiento o de las creencias religiosas, conculcando así la libertad de cualquier ciudadano español consagrada en el artículo 16 de nuestra Constitución”.

Informe sobre la conexión
Pero, además, en la primera denuncia citaron la noticia de Confidencial Digital en la que se reveló que un informe de inteligencia vinculaba a ‘Militares con Futuro’, una asociación ya registrada ante el Ministerio de Defensa, con el canal ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Dicha vinculación se estableció a raíz de la avalancha de extranjeros que entraron en Ceuta desde Marruecos a mediados de mayo. Tras esos incidentes, la Fiscalía anunció una investigación sobre la actuación de los militares del Ejército de Tierra que fueron desplegados en la frontera.

Tanto ‘Ciudadanos de Uniforme’, ‘Militares con Futuro’, como el secretario general de esta asociación, el cabo Marco Domínguez, reaccionaron al anuncio de la investigación judicial animando a los militares a exigir asesoramiento legal antes de intervenir en situaciones de ese tipo.

 


Eso llevó a que en las Fuerzas Armadas se alertara de un posible e incipiente movimiento de subversión, que tendría por objeto fomentar que los militares de Ceuta, o de otro lugar, se negaran a obedecer las órdenes de sus mandos si eran movilizados para frenar avalanchas humanas en las fronteras.

Pruebas “indisimuladas”
Desde ‘Tercios Viejos Españoles’ citaron la noticia de ECD en su primera solicitud al Ministerio de Defensa. Ahora insisten en su petición de que el ministerio investigue los vínculos entre ‘Militares con Futuro’ y ‘Ciudadanos de Uniforme’, al considerar que estas informaciones se han ido confirmando “pues constantemente aparecen en el canal de Telegram, de forma grosera e indisimulada, pruebas de los vínculos entre ambas organizaciones”.

La asociación ‘Tercios Viejos Españoles’ adjunta a su petición nuevos ejemplos, tomados entre el 1 de diciembre y el 3 de enero, que a su juicio demuestran la relación entre la asociación ‘Militares con Futuro’ y el canal de Telegram ‘Ciudadanos de Uniforme’, en principio anónimo.

Insultos, coacciones, amenazas e injurias
La solicitud plantea a Defensa que “impulse las acciones pertinentes para desenmascarar dicha colusión”, y que una vez que verifique la conexión, “exija ante los organismos jurídicos competentes las presuntas responsabilidades de la cúpula directiva de ‘Militares con Futuro’”.

Desde ‘Tercios Viejos Españoles’ apuntan que los responsables de ‘Ciudadanos de Uniforme’ podrían ser investigados por delitos de insultos, coacciones, amenazas e injurias vertidas contra personal militar en su canal de Telegram.

Suspensión cautelar como asociación
Pero además, “dada la gravedad de los hechos, contrarios a la disciplina y moral militar y carentes del más mínimo respeto hacia los compañeros de profesión”, ‘Tercios Viejos Españoles’ solicita que el Ministerio de Defensa inste la suspensión cautelar de toda actividad asociativa de ‘Militares con Futuro’.

Al comunicar a sus socios la iniciativa emprendida ante el Ministerio de Defensa, ‘Tercios Viejos Españoles’ apunta otra idea: que el canal ‘Ciudadanos de Uniforme’ y la asociación ‘Militares con Futuro’ “no son sino parte de una plataforma política y mediática de gran poder” que a su vez atacará a ‘Tercios Viejos Españoles’.

Hay que señalar que ‘Tercios Viejos Españoles’ ya coordinó algunas querellas contra ‘Ciudadanos de Uniforme’, por parte de oficiales que se habían visto señalados en el canal de Telegram por haber cometido supuestas irregularidades o por abusar de su autoridad con los subordinados en distintas unidades militares.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3741 en: 20 de Enero de 2022, 08:02:37 am »

Marejada por las viviendas de los tenientes generales: “Pagan sólo 180 euros y a los soldados mileuristas no nos dejan vivir ahí”


Los militares temporales de Tropa y Marinería no pueden optar a los alojamientos para familias y sólo pueden ocupar una habitación en una residencia logística
FECHA
20/01/22access_time 1:02


A.R.E.
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) está revisando el uso de las viviendas que pone a disposición de los miembros de las Fuerzas Armadas para que residan en distintas bases militares ubicadas por toda España.

En el marco de ese proceso de revisión, Confidencial Digital reveló hace unos días que este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa ha abierto expedientes de desahucio a varios oficiales generales, incluidos tenientes generales.

Estos oficiales generales siguen teniendo adjudicadas viviendas en bases como Rota (de la Armada, en Cádiz) y San Javier (del Ejército del Aire, en Murcia), pese a que llevan años, hasta casi una década, sin estar allí destinados. Muchos de estos generales están ahora destinados en Madrid, en puestos destacados en la estructura militar.

Estos oficiales generales pueden ahora presentar alegaciones ante el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, para defender su derecho a esas viviendas en Rota o San Javier pese a no estar destinados allí. Algunos incluso han contactado con el general de Brigada que dirige el INVIED, y hasta con el JEMAD y con la Secretaría de Estado de Defensa, para intentar evitar ser desalojados de las viviendas.

Confidencial Digital ha podido saber que la noticia ha provocado la indignación entre militares temporales de la Escala de Tropa y Marinería, es decir, el grueso de la base de las Fuerzas Armadas, que están destinados en bases como la de Rota y San Javier y que no pueden acceder a las viviendas como las que mantienen estos oficiales generales que ya no están allí destinados.


“Militares de carrera”
“Generales que rondan los 2.000 euros al mes de sueldo pueden vivir en un chalet por 180 euros al mes, y a los soldados que no llegamos a los 1.000 euros no se nos permite optar a esas viviendas en las bases militares”.

Es la queja que comparten militares de Tropa y Marinería de estas bases en las que existen viviendas para oficiales generales, oficiales y suboficiales.

En la página web del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se especifican los requisitos para optar a la adjudicación de una vivienda militar. Ahí se indica que “pueden ser beneficiarios los militares de carrera de las Fuerzas Armadas”, y que “no podrán ser beneficiarios los militares que sean, o hayan sido, beneficiarios de otras medidas de apoyo del Ministerio de Defensa o sus organismos (ayudas para adquisición de vivienda en propiedad, compra de viviendas militares, etc.)”.

Los militares de carrera son aquellos que mantienen una relación de servicios profesionales de carácter permanente, según la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. Esa categoría incluye a los suboficiales, a los oficiales y a los oficiales generales. Por tanto, quedan excluidos de la posibilidad de solicitar una vivienda del INVIED más de la mitad de los miembros de las Fuerzas Armadas, que de los 131.762 efectivos con que cuenta, se divide en 78.237 soldados y cabos, 26.721 suboficiales y 26.804 oficiales (y oficiales generales).

 


Además, se especifica que los militares de carrera deben estar en activo para disfrutar de esas viviendas, o si acaso, en la reserva pero con destino. Es decir, un militar en la reserva sin destino tampoco debería poder disfrutar de ellas.

Sólo habitaciones para Tropa y Marinería
Las fuentes consultadas por ECD muestran su enfado porque algunos oficiales generales cuenten con vivienda adjudicada en las bases, sin estar allí destinados, mientras los militares de Tropa y Marinería ni pueden optar a ellas.

Consideran que es una discriminación que además queda más patente por el aspecto económico.

Como se ha indicado, los soldados y cabos no pueden optar a vivir en estas viviendas de las bases. Sólo se les ofrece la posibilidad de residir en una habitación de las residencias o alojamientos logísticos militares, que están ubicados dentro o fuera de los cuarteles. Para residir en estas residencias hay que pagar unos 30 euros al mes.

Pero se trata, subrayan, de habitaciones: sólo puede vivir allí un militar, pero no su familia. Por tanto, los militares de Tropa y Marinería que tienen pareja y/o hijos tienen que buscarse vivienda en los municipios cercanos a sus cuarteles, y comprar o alquilar una casa.

En el caso de Rota, por ejemplo, muchos de los militares de la Armada destinados en la base naval viven en el municipio de Rota, o en El Puerto de Santa María, también pegado a la base. Allí los alquileres de una vivienda para una familia estándar pueden rondar entre 600 y 700 euros al mes, cuando el sueldo de un militar de la Escala de Tropa y Marinería ronda los 900 ó 1.000 euros. Critican que no reciben ayudas para el pago del alquiler.

Chalets unifamiliares
Por el contrario, denuncian los militares consultados, se da la circunstancia de que un almirante o un general, con un sueldo mucho más alto, puede disfrutar de una vivienda unifamiliar en una base como Rota o San Javier pagando al mes alrededor de 180 euros.

En el caso de Rota, por ejemplo, existen unos bloques de viviendas de dos pisos en los que residen suboficiales, y aparte hay zonas de chalets unifamiliares, adosados, en los que se alojan oficiales y oficiales generales con sus familias.

Ya no son habitaciones para una persona, sino viviendas más amplias, en las que sí puede vivir una familia.

El canon mensual varía según la bases, conforme a unas tablas diseñadas por el INVIED con criterios como el municipio en el que se encuentra el cuartel y la vivienda.

Militares críticos con esta situación aseguran que en ese canon se incluyen también algunos de los suministros mensuales básicos de cualquier vivienda, algo que de nuevo consideran un privilegio para suboficiales, oficiales y oficiales generales.

Incluso señalan que algunas reformas y cambios de mobiliario corren a cuenta de Defensa.

Posibles usos irregulares
Entre los militares de Tropa y Marinería también critican lo que consideran que son usos irregulares de algunas de estas viviendas. Hablan de ex mujeres de oficiales que siguen residiendo en las viviendas una vez que los militares, de los que se han separado, ya se han trasladado a otros destinos; un coronel que dejó la vivienda a su yerno, también militar; y, también, oficiales que son destinados a otro punto de España pero siguen teniendo adjudicada la vivienda.

El Real Decreto 1080/2017, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, regula en su artículo 31 la pérdida de derecho de uso de las viviendas.

Uno de los motivos es el “cambio de destino cuando implique cambio de localidad o área geográfica o cuando la vivienda esté vinculada al citado destino”, aunque se contemplan ciertas excepciones.

También se pierde el derecho de uso de la vivienda por pase a retiro del titular, o por fallecimiento. Pese a ello, algunas voces denuncian que hay militares retirados residiendo en algunas de estas viviendas, así como viudas de militares.

Sobre esto último cabe señalar que las viviendas militares adjudicadas con anterioridad al 11 de julio de 1999 pueden ser utilizadas por los beneficiarios con carácter vitalicio. Si moría el titular, podían quedarse el cónyuge, los hijos si tenían una discapacidad, “demás hijos del titular, salvo que el fallecimiento de éste se haya producido con posterioridad al 11 de julio de 1999, en cuyo caso podrán mantener el derecho de uso dos años o hasta la fecha en que alcancen la edad 25 años, si ésta fuese posterior”, y ascendientes del titular de primer grado.

Algunas de estas situaciones irregulares podrían ser las que recogió el Tribunal de Cuentas en su informe de 2017 de fiscalización de la actividad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

Dicho informe reflejó que se habían constatado casos en los que no se justificaba la ocupación según los requisitos legales. Pese a ello, no se habían tomado medidas y continuaban las ocupaciones irregulares de esas viviendas.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3742 en: 03 de Febrero de 2022, 08:22:55 am »

El Supremo confirma la sanción a una soldado expedientada por promocionar entre sus compañeros un vídeo porno


El tribunal avala la sanción del JEME, al considerar que cometió una ofensa a los valores militares durante un ejercicio de artillería
FECHA
03/02/22access_time 1:04

Aurelio Ruiz Enebral 

Una soldado pierde la batalla que había iniciado para anular la sanción que el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) le impuso por “el incumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”.

Los hechos por los que esta soldado fue sancionada por vía disciplinaria hacían referencia a unos vídeos de carácter pornográfico, que la militar habría promocionado entre sus compañeros de una unidad de Artillería y de los que durante este proceso ha habido discusión sobre si ella misma era o no protagonista.

El diario Público reveló en septiembre de 2019 que el JEME había confirmado la sanción económica de pérdida de doce días de sueldo, al considerar que durante su jornada de trabajo había animado a sus compañeros a entrar en un portal de vídeos porno para ver un vídeo en el que ella aparecía.

Confidencial Digital ha podido consultar ahora la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, que resuelve el recurso de casación contencioso contencioso-disciplinario militar interpuesto por esta soldado del Ejército de Tierra.

El fallo del Supremo ha sido desestimatorio: confirma la sanción de doce días de pérdida de haberes, como autora de una falta grave prevista en el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

A esta militar le abrieron expediente por falta grave en 2018. El teniente general jefe del Mando de Personal le impuso la sanción por resolución de 19 de junio de 2019. La afectada presentó un recurso de alzada, que el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME) desestimó por resolución de 5 de septiembre de 2019.

La soldado inició entonces la batalla judicial. Interpuso un recurso contencioso-disciplinario militar ordinario ante el Tribunal Militar Central. Este órgano dictó sentencia el 24 de marzo de 2021: desestimó el recurso, al considerar que los hechos probados encajaban en el tipo disciplinario aplicado.

Tras ese revés judicial, la soldado acudió al Supremo, que tampoco ha estimado su recurso.

Conversación en un TOA

Los hechos declarados probados por el Tribunal Militar Central difieren ligeramente de los hechos probados de las resoluciones disciplinarias del Ejército de Tierra.

Según el Tribunal Militar Central, el suceso tuvo lugar el 6 de febrero de 2018 en un campo de maniobras, durante un ejercicio de instrucción continuada de una batería de artillería del Ejército de Tierra.

La soldado en cuestión se incorporó a un vehículo Transporte Oruga Acorazado (TOA) M-113, para apoyar a una sección de topografía de esa batería. Se encontraban en el TOA una sargento, un cabo y otros tres soldados.

Vídeos suyos en una web pornográfica

Durante un descanso, los militares se encontraban charlando de temas ajenos al servicio cuando la soldado “comentó a los presentes la existencia de vídeos suyos en una web no identificada de carácter pornográfico, de la que en su propio teléfono móvil mostró la página de inicio a todos salvo a la sargento, a quien inicialmente hizo el gesto de mostrársela, desistiendo finalmente de ello”.

En un primer momento, la soldado no mostró los vídeos, sino que se limitó “a decir que quien quisiera verlos entrara en aquella web, si bien ante la curiosidad de alguno de los presentes y tras una inicial resistencia sí les exhibió algunas fotografías de contenido sexualmente explícito”.

Parte a un teniente y a una capitán

Cuando llegaron unas piezas de artillería necesarias para el ejercicio, acabó el descanso y la conversación. Pero la sargento que había escuchado todo dio parte al teniente jefe de la sección a la que pertenecía la soldado.


Uno o dos días después, esta misma sargento comentó lo sucedido en presencia de una capitán, quien a su vez se lo comunicó a una teniente coronel, la jefa del grupo de artillería.


Esta última teniente coronel “emitió el informe que dio lugar inicialmente a la práctica de una información previa y, posteriormente, a la incoación del expediente disciplinario en el que se impuso a la Soldado la sanción ahora impugnada”.

Ese es el relato de hechos que el Tribunal Militar Central declaró probados en su sentencia. El análisis de esos hechos le llevó a considerar que la soldado, efectivamente, cometió una falta grave de “incumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”, según el artículo 7.13 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Pidió un examen físico

La soldado denunció ante el Tribunal Supremo que se había vulnerado su derecho a la defensa, porque en el proceso no se habían admitido sus peticiones para realizar determinadas pruebas.

Por ejemplo, consideró imprescindible practicar una prueba sobre la identidad, autoría y beneficio económico de los vídeos pornográficos incorporados al expediente. Así que solicitó que se remitiera oficio a la mercantil MG Freesites LTD, responsable del portal web Pornhub; que se le realizase un examen físico a ella misma, ya que aseguraba que ella no era la persona que aparecía en los vídeos, y lo podía demostrar por ciertas marcas, cicatrices, tatuajes…; que testificaran la teniente coronel jefa del servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Central de la Defensa de Zaragoza; y que un comandante y un capitán aportaran una testifical informática.

El Tribunal Militar Central denegó por dos veces la petición de realizar esas pruebas, por entender que era irrelevante para el proceso que la persona de los vídeos fuese o no la expedientada: el reproche disciplinario se limitaba al haber hecho el ofrecimiento de los vídeos.

Defendió que no aparecía en los vídeos

Una de las líneas de defensa de la soldado era, precisamente, tratar de demostrar que ella no aparecía en esos vídeos pornográficos. Pero el Supremo señala que el Tribunal Militar Central, en su sentencia, ya había recogido que “limitados los hechos objeto de enjuiciamiento disciplinario a los sucedidos en el TOA, no habiendo sido posible a la Administración demandada identificar a la hoy demandante con la protagonista de los vídeos unidos a las actuaciones disciplinarias, cualquier mención a dichos vídeos en el relato de hechos probados resulta por completo improcedente”.

Es decir, que “la Administración en ningún momento se ha pronunciado acerca de identidad de la protagonista de los vídeos, limitándose a recoger las opiniones de una parte de los testigos”. De hecho, “se ha eliminado de los hechos probados lo relativo a la identidad, autoría y beneficio económico de los vídeos pornográficos incorporados al expediente disciplinario”.

Rumores previos

Los militares que fueron testigos de la conversación declararon de forma divergente, aunque en general estuvieron de acuerdo en afirmar que la soldado había explicado que ella había grabado unos vídeos eróticos, que se podían ver en una página web que enseñó en su teléfono móvil, pero había que pagar para acceder a ellos.

No se pusieron de acuerdo sobre si les animó o no a acceder a la página y a pagar por los vídeos, y no todos dijeron haber visto la web en el teléfono de la soldado, ni unas fotografías que enseñó posteriormente. Algunos se mostraron incómodos con la conversación, pero también hubo quienes le pidieron ver algún vídeo o foto.

La soldado también quiso defenderse argumentando que la persona que aparecía en los vídeos -que ella decía que no era- no llevaba distintivos de uso militar. También destacó que los hechos no trascendieron en su unidad más allá de una capitán, si bien cabe señalar que en los hechos probados se menciona a una teniente coronel.

Además, en las declaraciones de los testigos se reveló que antes de este episodio, en el cuartel había rumores de que esta soldado se dedicaba a hacer vídeos pornográficos. Hay que añadir que la soldado en su día denunció que un general, dos tenientes coroneles y una capitán habían montado el escándalo para perjudicarla. Un juez militar les imputó.

“Intrusión inaceptable”

Sin determinar si aparecía o no en los vídeos, el Tribunal Militar Central estudió si el comportamiento de la soldado con el resto de militares del vehículo TOA “vulneró los principios de integridad, responsabilidad, ejemplaridad y honradez que, como servidora pública, el código deontológico le exige respetar”.

La soldado había defendido que ella no había cometido ninguna infracción del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas: negaba los hechos, pero aún si fueran ciertos, a su juicio no constituirían una ofensa a los valores militares puesto que grabar un vídeo pornográfico, en su vida privada, “no es una actividad prohibida ni ilícita” y además “no existe vinculación alguna entre la actividad y las Fuerzas Armadas”.

Para el Tribunal Militar Central, “sacar a colación, en un entorno de personas con las que no se tiene una particular relación de confianza, la existencia de vídeos pornográficos propios de una web cuya página de inicio se muestra en la pantalla del teléfono móvil y exhibir fotografías de contenido sexualmente explícito”, sea militar o no el servidor público que protagoniza tal conducta, “constituye objetivamente una intrusión inaceptable en las vidas de otros servidores públicos”.

Añadió el tribunal que “la naturaleza objetivamente ofensiva conforme a las convenciones sociales del comportamiento descrito” conlleva que “la reprochabilidad permanecería inafectada en atención a la intolerabilidad de tal conducta desde el punto de vista del interés público y, más concretamente, del citado principio de ejemplaridad que debe presidir las relaciones de los servidores públicos, sean militares o no, con sus compañeros y superiores”.

“Ofensa a los valores militares”

El Supremo comparte el criterio del Tribunal Militar Central. Admiten los magistrados de la Sala Quinta, de lo Militar, que “el participar en vídeos de carácter pornográfico es una actividad, como así lo denomina la recurrente, que, por supuesto no está relacionada con las funciones de las Fuerzas Armadas, ni es ilícita ni prohibida -salvo que se trate de menores- y aunque puede suscitar reproche social, puede formar parte de la intimidad o vida privada de la persona que la realiza”.

Pero a continuación añade que “no obstante cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, esa actividad es desarrollada por un miembro de las Fuerzas Armadas y se proyecta al ámbito militar y se comparte e incluso se promociona durante la prestación del servicio, con otros miembros de las fuerzas armadas con los que únicamente se mantiene una relación meramente profesional, constituye una ofensa a los valores militares, al ser totalmente contraria a los principios y reglas que, tal y como ha quedado expuesto, deben presidir el comportamiento de los militares”.


Recuerda el Supremo que los militares “deben hacer un uso razonable, ético y responsable de sus dispositivos móviles privados en horas y espacios de trabajo”, y además “en todo caso deben promover el ejemplo personal y abstenerse de toda conducta o acción que infrinja las normas de comportamiento que le es exigible como integrante de las Fuerzas Armadas, y, por tanto, es evidente que la conducta observada por la ahora recurrente en el TOA, en modo alguno se acomodó a los referidos principio y reglas y, en consecuencia, es constitutiva de la infracción disciplinaria por la que ha sido sancionada”.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3743 en: 09 de Febrero de 2022, 07:55:41 am »


Apartan por "apariencia de imparcialidad" a la juez de la tragedia de Hoyo de Manzanares


El Tribunal Militar Territorial Primero admite la recusación presentada por uno de los militares heridos en la explosión de la mina, en el transcurso de unas maniobras

El entonces príncipe Felipe, en el funeral por los muertos en la tragedia de Hoyo de ManzanaresEl entonces príncipe Felipe, en el funeral por los muertos en la tragedia de Hoyo de Manzanares
 

GONZALO ARALUCE
perfilEmailTwitterPUBLICADO 09/02/2022 04:45

Lo pidió uno de los heridos en la tragedia militar de Hoyo de Manzanares y la Justicia lo ha admitido: la juez que instruye la causa ha sido apartada por su "apariencia de imparcialidad" tras insistir en la imputación del oficial de las Fuerzas Armadas, en contra del criterio del Tribunal Militar Territorial Primero. Uno de los tres ponentes, no obstante, presenta un voto particular "parcialmente discrepante". La decisión de retirar a la juez constituye un nuevo tropiezo en una causa que se prolonga desde hace 11 años. Pasa el tiempo y aún no hay una respuesta clara sobre los motivos que propiciaron el suceso, que se saldó con la muerte de cinco militares y provocó heridas de diversa consideración en otros tres efectivos.

Diez años de una tragedia militar sin justicia: "Las minas estaban caducadas"
El 24 de febrero de 2011 estalló una mina en el transcurso de un ejercicio relacionado con la desactivación de explosivos, que alcanzó de pleno a los militares del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina que se preparaban para irse de misión al Líbano. Cinco perdieron la vida y tres resultaron malheridos. Desde entonces se desarrolla un complejo proceso judicial marcado por los archivos y las reaperturas del caso. Por medio, informes periciales sobre el estado de las minas y análisis sobre las circunstancias del suceso.

El teniente retirado José Manuel Candón sobrevivió a la explosión, pero se vio abocado a un sinfín de intervenciones quirúrgicas, lastrando secuelas físicas de por vida. Su lucha por su propia recuperación se desarrolla de forma paralela al proceso judicial, en el que consta como testigo y perjudicado. En varias ocasiones ha insistido en que los términos del suceso aún están por esclarecer y que se deberían depurar responsabilidades por las muertes de sus compañeros y las heridas en el resto de efectivos.

El procesamiento del militar

Pero todo dio un vuelco en febrero de 2021. El teniente Candón presentó un escrito en el que alertaba de “parálisis procedimental” y de “dilaciones” en la instrucción, toda vez que consideraba que en los últimos tres años -desde que se reabrió el caso- no se habían registrado avances significativos. A los pocos días, se le notificó un auto al teniente de Infantería de Marina en el que la juez le comunicaba su procesamiento en la causa, como presunto responsable en los hechos. “De acusación y perjudicado a procesado en el mismo acto”, refirió el abogado del militar.

El procesamiento, no obstante, tuvo poco recorrido. El Tribunal Militar Territorial Primero lo revocó a principios de mayo, pero la juez insistió en la ‘imputación’ y le citó a declarar. El mismo tribunal rechazaría la decisión y dictó sobreseimiento del sumario. Esa insistencia de la juez es clave para entender por qué ahora se le ha apartado de la causa.

Como contó Vozpópuli, el teniente Candón recusó a la juez. O lo que es lo mismo, pidió que se le apartara del caso. Alegaba varios motivos. Primero, la supuesta “pasividad” y “excesiva dilación” de la magistrada en el caso. También denunciaba que la juez parecía “haber dado cobertura a hechos y personas con clara y directa incidencia en los hechos”, lo que habría frenado una correcta investigación. Y, por último, apuntaba la “sospecha manifiesta” de que la magistrada tuviera algún tipo de “interés personal en la causa”, al presentar una “enemistad manifiesta” contra el teniente Candón tras la insistencia en su procesamiento.

La juez togado se defendió. Consideró que la recusación basada en “conjeturas” abría las puertas para apartar de “manera espuria” a cualquier juez que no fuese del agrado de una de las partes implicados en una causa. Defendía su actuación y aseveraba que había seguido todos los procesos correspondientes para imputar al militar, al mismo tiempo que rechazaba la “implicación de la cadena de mando” en la tragedia de Hoyo de Manzanares. Descartaba cualquier “enemistad manifiesta” contra el oficial de las Fuerzas Armadas y rechazaba toda afirmación relacionada con una “instrucción tendenciosa para favorecer al mando”.

La decisión del Tribunal
Atendiendo a esos hechos, el sumario del Tribunal Militar Territorial Primero aborda los “reiterados procesamientos” del teniente Candón y considera que el segundo fue “indebido” y “dictado sin base alguna en indicios de criminalidad”. Pese a no poder advertir una “enemistad manifiesta”, la sala concluye que el militar puede albergar “razonablemente” un “sentimiento de animadversión” de la juez contra él, basado en una decisión “jurídicamente inexplicable e injustificada”.

El tribunal discurre por sentencias en casos que considera similares, dictadas por el Tribunal Constitucional, o en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que demuestra la complejidad de la decisión de la sala. Todo ello para llegar a la conclusión definitiva: “Existen motivos para apreciar que la apariencia de imparcialidad de la juez instructor ha quedado cuestionada con razón suficiente”. Una base que sirve para apartar a la magistrada… y buscar a un nuevo juez para el caso. Para esto último no existe un plazo determinado.

Pero hay más. El tribunal pide a la fiscalía que valore las acusaciones "sumamente graves" del militar Candón sobre la magistrada, que alcanzan la "trascendencia jurídico penal", y que se pronuncie sobre la posibilidad de imputar a la juez un delito de prevaricación.

De los tres magistrados del Tribunal Militar Territorial Primero que firman la diligencia, uno presenta un voto particular discrepante. A su juicio, se debería desestimar la solicitud de recusación y mantener a la juez instructora, al considerar que la solicitud de apartarla no está debidamente fundamentada.

Es el último episodio de un extenso proceso judicial. El próximo día 24 se cumplirán once años de la tragedia de Hoyo de Manzanares y aún no hay una sentencia firme sobre los hechos que convulsionaron a las Fuerzas Armadas, marcados por la explosión de una mina y la muerte de cinco militares en el transcurso de unas maniobras.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3744 en: 21 de Febrero de 2022, 08:04:33 am »

Archivada la investigación sobre la muerte de un soldado en el Cuartel General del Ejército por la que fueron investigados dos coroneles


El Juzgado Togado Militar Central nº 1 cierra la causa al no apreciar delito alguno. Una juez togado vio en varios oficiales indicios de imprudencia con resultado mortal
Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nº 1 del Ejército de Tierra (Foto: Jesús de los Reyes / Ejército de Tierra).
photo_cameraRegimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nº 1 del Ejército de Tierra (Foto: Jesús de los Reyes / Ejército de Tierra).
FECHA
21/02/22access_time 1:02

Aurelio Ruiz Enebral 
La justicia militar da carpetazo a la investigación sobre la muerte de un soldado del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1, que en febrero de 2020 cayó desplomado y falleció en el Cuartel General del Ejército, en Madrid, mientras realizaba un ejercicio de instrucción de la Sección de Seguridad.

Este fallecimiento se produjo meses después de que se sucedieran varias muertes de militares durante marchas y ejercicios de esfuerzo físico, lo que condujo al Ministerio de Defensa a ordenar la suspensión de esas marchas para revisar los procedimientos.

En el caso del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1, se conoció posteriormente que el soldado fallecido, Jorge López Resa, sufría ciertos problemas de corazón que habían llevado a que fuera calificado como “apto para el servicio con limitaciones” (APL) y destinado a un puesto en el que no tuviera que realizar esfuerzos físicos intensos.

Engrilletado, defensa contra cuchillo...
Según los hechos recogidos en un auto reciente del Juzgado Togado Militar Central nº 1, el soldado participó en ejercicios de “luxaciones y proyecciones” de una persona que constituyera una amenaza. También ejecutó un ejercicio de defensa contra cuchillo, y varios de engrilletado.

Tras calentar con abdominales y flexiones para una práctica de entrada de un sujeto agresivo, se dio la orden de “reducir silueta”, es decir, agacharse. En ese momento, el soldado dijo que le dolían los riñones, y en vez de agacharse se apoyó en una escalera. Poco después hincó rodilla y se desplomó sobre el tatami.

De inmediato sus compañeros le practicaron ejercicios de reanimación cardiopulmonar y le aplicaron tres descargas con un desfibrilador. El soldado reaccionó momentáneamente. Cuando llegaron los servicios de emergencias de Madrid, el Summa, le aplicaron una cuarta descarga, pero no pudieron más que certificar su muerte.

La autopsia reveló que el fallecido mostraba un edema pulmonar y que la posible causa de la muerte fue un “shock cardiogénico”. También mostró que padecía una hipertrofia cardíaca, que a su vez “puede ser causa de arritmia ventricular y muerte súbita”, y podía tener un origen “hipertensivo o asociado al ejercicio”.

Indicios de criminalidad
El mismo día del fallecimiento, el Juzgado Togado Militar Territorial número 11 abrió diligencias previas tras recibir el aviso de que un soldado se había desplomado en el tatami del gimnasio del Cuartel General del Ejército, ubicado en el Palacio de Buenavista, en Madrid.

El Juzgado Togado Militar Territorial número 11, que dirige la comandante auditor Patricia Moncada, apreció que al soldado se le había encuadrado en la Unidad de Apoyo y Seguridad del regimiento, y concretamente en la Compañía de Seguridad, lo que exigía esfuerzos físicos intensos que el soldado no debía realizar: guardias de seguridad en el Cuartel General del Ejército que podrían resultar en persecuciones, reducciones de posibles allanadores, bipedestraciones prolongadas.

En vez de colocarle en un puesto que supusiera tareas burocráticas, se le mandó a esa Compañía de Seguridad. Como ya reveló hace meses el diario El País, la juez militar consideró que la cadena de mando, los superiores del soldado, no tomó medidas para evitar ese posible encuadramiento indebido.

Dos coroneles, un comandante...
De ahí que concluyera que había indicios de criminalidad contra dos coroneles jefes del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1, el comandante jefe de la Unidad de Apoyo y Seguridad, dos capitanes que mandaron la Compañía de Seguridad, y el brigada jefe de la Sección de Seguridad Interior, investigados en la causa.

Concretamente, apreció que “los hechos objeto de investigación pudieran ser aparentemente constitutivos de un delito militar previsto y penado en el artículo77.1 del Código Penal Militar, visto el presunto incumplimiento negligente de obligaciones profesionales, en este caso atinentes al deber de todo mando de velar por la protección y seguridad de un subordinado, y la presunta concurrencia del nexo causal entre causa y resultado […], pues, parece que no prestando servicios en puestos que no requirieran ejercicios intensos, se evitaría un resultado fatal por motivo del padecimiento de corazón que sufría el soldado”.

Ese artículo del Código Penal Militar castiga con “las penas privativas de libertad respectivamente señaladas en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas en un quinto, en sus límites mínimo y máximo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21 de este Código”, a aquel militar “que, por imprudencia grave y durante la ejecución de un acto de servicio de armas, causare la muerte o lesiones constitutivas de delito”.

Una muerte “evitable”
Para la juez togado, “presuntamente, sería previsible que si el anterior [el soldado] realizaba ejercicio físico intenso, podía sufrir lesiones e incluso la muerte, siendo evitables estos resultados si se impedía que se diera esa situación encuadrándole en puestos que no lo exigieran; lo que parece que era obligación de toda la cadena de mando llevar a cabo visto el art. 15 d) de la LPRL y art. 57 de las RROO para las FAS, lo que no hicieron, llevando a que el soldado realizara ejercicio físico intenso en su puesto de trabajo, lo que habría causado, presuntamente, su fallecimiento”.

La titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 11 elevó el sumario al Tribunal Militar Central. La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar establece que la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central conocerá de los procedimientos que se instruyan por delitos, cuando los inculpados, o el más caracterizado, sean militares con empleo igual o superior a Comandante o Capitán de Corbeta.

Habiendo entre los investigados dos coroneles y un teniente coronel (antes comandante), el caso debía ser estudiado por el Tribunal Militar Central.

Juzgado Togado Militar Central nº 1
La misma ley antes citada establece que “en la sede del Tribunal Militar Central existirán dos o más Juzgados Togados Militares Centrales con competencia en todo el territorio nacional”, y que se encargan de “la instrucción de los procedimientos penales militares cuyo conocimiento corresponda al Tribunal Militar Central”.

Por ello, el caso llegó al Juzgado Togado Militar Central nº 1. En las diligencias previas estaba personada la viuda del soldado fallecido, como acusación particular.

El abogado del Estado que defendía a los militares investigados solicitó el sobreseimiento definitivo o subsidiariamente el provisional, al entender que no se podía constatar la causa del fallecimiento del soldado, y que además ninguno de los investigados había cometido infracción alguna en materia de riesgos laborales.

El fiscal jurídico militar pidió el archivo de la causa, argumentando que no hubo delito en la muerte del soldado, y que ni los coroneles ni el resto de los investigados tuvieron ninguna responsabilidad en el fallecimiento.

“Absoluta falta de relación” con la muerte
Confidencial Digital ha podido saber que el coronel auditor Álvaro Lafita, juez sustituto en del Juzgado Togado Militar Central nº 1 acordó en un auto fechado el pasado 10 de febrero “el archivo de las actuaciones” de las diligencias previas respecto a los investigados, “al no ser los hechos constitutivos de delito”.

El juez togado deja por escrito la “absoluta falta de relación” de los militares investigados con los hechos de la muerte del soldado del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1.

Principalmente, descarta cualquier delito al considerar que al soldado, declarado “apto con limitaciones” por una miocardiopatía dilatada idiopática, se le excluyó de carreras continuas y marchas para que no hiciera esfuerzos físicos intensos.

Pero no considera que supusiera “esfuerzos físicos intensos” el ejercicio de instrucción que estaba realizando el soldado cuando se encontró mal, se desplomó y posteriormente falleció.

La viuda ha recurrido
El abogado de la viuda del soldado fallecido interpuso un recurso de subsanación y complementación, con varias precisiones al auto de archivo. El coronel auditor sustituto del Juzgado Togado Militar Central sustituto nº 1 denegó la subsanación o complemento, al entender que no había error u omisión manifiesta.

Por ello, la acusación particular que ejerce la viuda va a interponer un recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, para pedir que reabra el caso en el que llegaron a declarar como investigados dos coroneles, un teniente coronel, dos capitanes y un brigada del Ejército de Tierra.

Cabe señalar que meses después del fallecimiento, en octubre de 2020, la ministra de Defensa acordó declarar que la muerte del soldado se había producido en acto de servicio. El asesor jurídico general de la Defensa había propuesto esta consideración, tras estudiar el informe de la Junta Médico Pericial Superior de la Sanidad Militar.

En ese informe se recogía que “la cardiopatía isquémica es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio y una de las manifestaciones puede ser la muerte súbita con ocasión de un síndrome coronario agudo, como pudo ocurrir en el caso del soldado” muerto en el Cuartel General del Ejército, “si bien no consta ningún dato clínico, ni informe de autopsia”.

“En cuanto a la relación con el servicio”, señaló la junta, “y dado que el fallecimiento parece haberse producido en horario estrictamente laboral, es posible que los factores precipitantes del fallecimiento del soldado estuvieran relacionados con las vicisitudes del servicio, aunque dada la ausencia de datos clínicos no puede asegurarse esta posibilidad”.

La familia critica el “corporativismo”
Fuentes cercanas a la familia del soldado fallecido en febrero de 2020 consideran la resolución de archivo de las diligencias previas como “una injusticia”.

Denuncian que al soldado se le dio un destino nada apropiado cuando, tras reconocerle como “apto con limitaciones”, con nivel APL4, perdió su destino en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 71, en la base de El Copero (Sevilla), y fue enviado al Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey” nº 1, en Madrid, para realizar labores de vigilancia y seguridad.

Su argumentación para recurrir y tratar de que se juzgue a los superiores del soldado es que se le hizo pasar unos ejercicios de instrucción continuada de los que estaba exonerado por su grado de limitación. Pese a ello, y pese a haber estar de guardia por la noche, denuncian que el superior directo le conminó a realizar el ejercicio en el que terminó desplomándose y falleciendo, tras quejarse del dolor en los riñones.

Reclaman que se juzgue el fallecimiento del soldado, pero también se analice cómo se trata a los militares que tienen reconocida la condición de “apto con limitaciones”. Alertan también de que el “corporativismo militar” puede tratar de evitar que se juzgue a dos coroneles por unos hechos que podrían suponer una tacha en su hoja de servicios y cuestionar sus posibles ascensos a general de Brigada.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3745 en: 24 de Febrero de 2022, 09:43:56 am »
Eurodiputados piden a la UE investigar al capitán neonazi que es jefe de Inteligencia de los cazabombarderos españoles en Ucrania


Tras 11 meses esperando respuesta del secretario general de la Alianza Atlántica, parlamentarios de The Left en la subcomisión de Defensa de la Eurocámara acaban de emplazar a la Comisión Europea para que tome medidas "sobre la presencia de altos cargos con ideología neonazi y/o de extrema derecha en el seno de la OTAN".
     
Foto de julio de 2014 en la Academia General del Aire: de izda. a dcha., los cabos primeros Díaz Pérez y Veiga Gutiérrez; el capitán Antonio Meroño haciendo el saludo de las SS (juramento de lealtad a Hitler que sustituye al brazo alzado para evitar ser i
Foto de julio de 2014 en la Academia General del Aire: de izda. a dcha., los cabos primeros Díaz Pérez y Veiga Gutiérrez; el capitán Antonio Meroño haciendo el saludo de las SS (juramento de lealtad a Hitler que sustituye al brazo alzado para evitar ser identificados), y su amigo neonazi 'M.M.’. — Público

MADRID23/02/2022 21:20CARLOS ENRIQUE BAYO@TABLEROGLOBAL
Después de que Público revelase que el capitán Antonio Meroño Giménez, de ideología nazi y admirador de Hitler, ostenta la jefatura de Inteligencia del Ala 14 (la unidad de cazabombarderos con la que España participa ahora en el despliegue de la OTAN en Ucrania), los eurodiputados en la Subcomisión de Seguridad y Defensa de la Eurocámara del grupo de La Izquierda Europea pidieron explicaciones al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y al presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, Mariscal Jefe del Aire Sir Stuart Peach. Era el 18 de marzo de 2021.

Casi un año después, esos eurodiputados que expresaron "la preocupación que supone que personas con ideología neonazi y fascista puedan integrar niveles de seguridad tan sensibles en estructuras de la OTAN" como las que ejerce Meroño en la base aérea de Los Llanos (Albacete), han optado por dirigirse directamente a la Comisión Europea, en vista del silencio administrativo con el que les han respondido los más altos mandos de la Alianza. En una "pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita" dirigida al máximo organismo de dirección de la UE, amparándose en el artículo 138 del Reglamento interno del Parlamento Europeo y a la que ha tenido acceso Público, plantean lo siguiente:

Thank you for watching

Escrito de los eurodiputados del grupo 'The Left'.
Escrito de los eurodiputados del grupo The Left. — Público
Antonio Meroño Jiménez, de ideología abiertamente neonazi, fue ascendido a Jefe del Ala 14 de la OTAN en la base aérea de Albacete, ejerciendo actualmente una Jefatura del Negociado de Inteligencia.

Foto de julio de 2014 en la Academia General del Aire: de izda. a dcha., los cabos primeros Díaz Pérez y Veiga Gutiérrez; el capitán Meroño haciendo el saludo de las SS (que sustituye al brazo alzado para evitar ser identificados), y su amigo neonazi 'Men
Un grupo neonazi de Murcia cuenta con un capitán del Aire y un sargento de Marina que instruyen a cadetes para ser oficiales
CARLOS ENRIQUE BAYO
El 18 de marzo de 2021 varios eurodiputados de la Subcomisión de Seguridad y Defensa de The Left, enviamos una carta dirigida a Jens Stoltenberg, Secretario general de la OTAN, mostrando nuestra preocupación tras conocer los detalles de la investigación iniciada en España sobre la presencia de militares neonazis o personas de ideología fascista en activo en las filas del Ejército.

Sin embargo, no recibimos respuesta.

1 ¿Tiene la comisión constancia de que existan altos cargos de ideología neonazi en la OTAN?
2 ¿Qué medidas piensa tomar la UE al respecto?
3 ¿Tiene previsto la Comisión pedir una investigación interna sobre la presencia de altos cargos con ideología neonazi y/o de extrema derecha en el seno de la OTAN?

El capitán Meroño (haciendo el signo de las SS) con miembros del grupo neonazi Lo Nuestro (detrás, de izq. a der.): Pedro Santiago Escobar Honrubia, 'Meneses Menesito', 'Giorgio' Sánchez, 'Toni Cartagena' y Jorge 'Poyato', en 2018.
El capitán neonazi que instruyó a cadetes del Ejército del Aire es jefe de Inteligencia de la mejor unidad de aviones de combate
CARLOS ENRIQUE BAYO
Tal como planteaban esos eurodiputados en su carta inicial, que también adelantó Público, "en España, un informe entregado al Ministerio de Defensa por el grupo de militares 'Ciudadanos de Uniforme', alertaba de la presencia de neonazis en el Ejército español". Y en ese dossier eran "de especial gravedad las revelaciones que hacen sobre un oficial del Ejército del Aire", el capitán Meroño, que "ha sido durante años instructor de decenas de militares españoles y, lo que es más grave aún, en la actualidad maneja documentación e información clasificada. Todo ello en la sede actual de la TLP (Tactical Leadership Programme), escuela perteneciente a la OTAN" donde se entrena a los mejores pilotos de combate de la Alianza, los Top Gun de Europa.

Si esto no fuera motivo de alarma, este oficial, como jefe del Núcleo S-2 (Información), tiene entre sus funciones decisiones sobre la seguridad del personal y de las instalaciones. Llegando a poder tramitar las Habilitaciones Personales de Seguridad (HPS) que autorizan a militares a acceder a las instalaciones de la OTAN.

Por todo lo expuesto, quiero transmitirle la preocupación que supone que personas con ideología neonazi y fascista puedan integrar niveles de seguridad tan sensibles en estructuras de la OTAN. Algo que choca frontalmente con los compromisos de la Declaración de cooperación entre UE-OTAN de 20183 o la Resolución del Parlamento Europeo 2017/2276.

De igual manera, les solicito que inicien una investigación sobre la presencia de este oficial u otros militares de reconocida ideología neonazi en estructuras de su competencia. Asimismo, les insto a que se pongan en contacto con el Ministerio de Defensa de España para que resuelvan esta situación de forma urgente y tomen en consideración las investigaciones sobre neonazis en el Ejército de España.

La carta estaba firmada por Manu Pineda, Clare Daly y Mick Wallace, todos ellos diputados del Parlamento Europeo en el grupo The Left y miembros de la Subcomisión de Seguridad y Defensa.

La alarma de estos eurodiputados se despertó cuando descubrieron el puesto que ocupa el capitán Meroño, de ideología abiertamente neonazi y no sólo aficionado a la parafernalia hitleriana (como la Cruz de Hierro auténtica que adquirió en una subasta) sino también adepto a salir en fotos haciendo públicamente el gesto de los tres dedos con el que los miembros de las SS hacían su juramento de lealtad al Führer. Tal como se puede observar en la foto que encabeza este artículo, Meroño incluso efectuaba ese gesto (con el que se oculta el saludo del brazo alzado, actualmente prohibido en Alemania) con su uniforme de gala, en un acto oficial castrense y junto a otros militares también camaradas neonazis.

Jefe de la Policía Militar, instructor de cadetes y Jefe de Inteligencia

A pesar de que esa ideología neonazi (que el Ministerio de Defensa niega conocer entre militares en activo) era notoria y conocido por sus mandos y compañeros, Meroño ha ido ascendiendo en el Ejército: primero fue jefe de la Policía Militar, después instructor y jefe de escuadrilla en la Academia Militar del Aire, donde fue durante varios años profesor de futuros oficiales, y cientos de cadetes fueron sometidos a sus enseñanzas, y recibió, de manos de un general de División en junio de 2017, la medalla al mérito aeronáutico.

Después, fue nombrado jefe de Negociado de Inteligencia de la unidad de caza y ataque Ala 14 (dotada con aviones Eurofighter Typhoon, C.16 en nomenclatura militar), la mejor unidad de cazabombarderos de la Fuerza Aérea, situada en la base aérea de Los Llanos y que ha participado en la misión de la OTAN de Policía Aérea del Báltico, en su destacamento en Lituania (Vilkas), en la base aérea de Siauliai, y que ahora forma parte del despliegue de la aviación aliada en Ucrania, en plena escalada de tensión bélica con Rusia.

Como jefe del Núcleo S-2 (Información) del Ala 14, Meroño es quien toma las decisiones sobre la seguridad del personal y de las instalaciones, y tramita las Habilitaciones Personales de Seguridad (HPS) que autorizan a militares a acceder a las instalaciones de la OTAN. Asimismo, cuenta con acceso privilegiado a todas las informaciones confidenciales operativas de la Alianza Atlántica.

La militancia ultraderechista de Meroño queda patente en su costumbre de lucir camisetas con emblemas nazis (como las de Krasny Bor, batalla de la División Azul, o de las cifras 14:88 que aluden al líder del Ku Klux Klan y al saludo ¡Heil Hitler!) y en su estrecha amistad con el dirigente neonazi Pedro Santiago Escobar Honrubia, condenado por pertenencia a la multinacional del racismo Hammerskin, ilegalizada en España.

El 13 de enero de 2020, el capitán Meroño incluso participó en una manifestación (cuyas fotos fueron publicadas en el Facebook de Escobar Honrubia), con pancartas del grupo neonazi "Lo Nuestro", uno de los más fanáticos y peligrosos núcleos ultraderechistas de Cartagena (Murcia).

Más recientemente, en febrero de este año, los dos detenidos e imputados en el ataque e incendio a la sede de Podemos en Cartagena (cometido en abril de 2020) fueron vinculados con "Lo Nuestro" por los investigadores de la Brigada Provincial de Información, y en los interrogatorios uno de ellos admitió tener amistad con el capitán Meroño porque se lo presentó el otro acusado de ese acto terrorista.

Actualmente, si, en atención a la instancia de los eurodiputados a la Comisión Europea, la UE solicitase a España información sobre la posible presencia de militares ultras en el Ala 14 de la Fuerza Aérea, el oficial que la proporcionaría sería, precisamente, el capitán Meroño.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3746 en: 26 de Febrero de 2022, 10:02:01 am »

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
« Última modificación: 01 de Marzo de 2022, 07:56:34 am por 47ronin »

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3748 en: 01 de Marzo de 2022, 07:56:12 am »

Desaparecen las fotos publicadas en el Instagram del Estado Mayor de la Defensa hackeado


Ocho imágenes de una mujer en ropa interior han permanecido durante horas en el perfil oficial
Cuenta del Estado Mayor de la Defensa en Instagram.

FECHA
28/02/22access_time 12:22
A.R.E.
El supuesto ciberataque que ha sufrido la cuenta oficial del Estado Mayor de la Defensa en Instagram empieza a revertirse. Las fotos de una mujer joven en ropa interior, que se han publicado a primera hora de esta mañana, ya han desaparecido.

A primera hora de la mañana ha empezado a circular en distintos foros militares un pantallazo del perfil oficial del Estado Mayor de la Defensa en Instagram (@emad_mde), en el que se veía que la foto de perfil y las últimas ocho imágenes de la cuenta eran de una mujer joven, varias de ellas en ropa interior.

De inmediato, han saltado las alertas por un posible hackeo de un perfil oficial, y verificado, del Estado Mayor de la Defensa, el organismo responsable de la dirección de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas que encabeza el JEMAD.

Que este posible ciberataque se haya producido cuando España, con sus socios de la OTAN, han aplicado sanciones contra Rusia por invadir Ucrania ha provocado de inmediato especulaciones sobre una hipotética acción de guerra cibernética, impulsada por hackers rusos.

En todo caso, la intrusión ha durado varias horas, durante las que no pocos militares han comentado en tono de burla la vulnerabilidad del Estado Mayor de la Defensa. En la estructura del EMAD se encuentra precisamente el Mando Conjunto del Ciberespacio, encargado de frenar y reaccionar ante posibles ciberataques.

Las fotografías publicadas durante esta brecha de seguridad ya han sido borradas. De hecho, han desaparecido incluso algunas otras publicaciones, las dos últimas que había publicado el Estado Mayor de la Defensa sobre actividades de unidades de las Fuerzas Armadas.

A las 12:30 lo que no se había recuperado es la foto de perfil. Sí había sido borrada la imagen de esa mujer joven, pero no se había colocado aún la foto de perfil anterior, la del escudo del Estado Mayor de la Defensa.

 

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3749 en: 04 de Marzo de 2022, 08:15:32 am »

Arrestos, electrodos y espionaje: una exmilitar lleva a juicio a su capitán por acoso laboral


La excabo Teresa Franco denuncia que fue atormentada por su capitán durante cuatro años y se sintió juzgada durante la investigación del caso: "En la evaluación psicológica me llenaron la cabeza de cables con un gorro para conocer mi grado de subordinación al mando"


Teresa Franco, sobre su acoso en el Ejército: "La gente me rechazaba. Los de mi graduación sabían que si se acercaban a mi se la cargaban" Blanca Pérez de Tudela
Elisa M. Almagro

3 de marzo de 2022 22:32h

Actualizado el 04/03/2022 05:30h
0

La cabo y concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco, volverá a revivir en escasos días los cuatro años de acoso que sufrió en el Ejército. Lo hará frente al Tribunal Militar Territorial Primero de Madrid, que ha fijado para el próximo 8 de marzo una vista oral por la denuncia penal que interpuso en 2014, en la que acusa a uno de sus superiores de faltas de respeto, vejaciones y trato discriminatorio. "Es raro. Me siento muy bien porque hemos llegado muy lejos y tengo esperanzas en que se haga justicia, pero a veces me pregunto si tanto sufrimiento merece la pena, aunque cuando empecé este proceso sabía que no me iba a arrepentir nunca", cuenta Franco.

La cúpula militar espió la actividad en redes de la cabo crítica con el machismo en el Ejército para intentar su expulsión
La cúpula militar espió la actividad en redes de la cabo crítica con el machismo en el Ejército para intentar su expulsión

SABER MÁS
La exmilitar denuncia que utilizaron el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas –el manual de conducta sancionador militar– para "machacarla". En 2014 la arrestaron seis veces. En total, estuvo 33 días encerrada. "La libertad es un derecho que la gente no sabe lo gordo que es". La cabo no podía ver a su familia: "No puedes moverte ni decidir qué quieres hacer ese día; cada vez que iba al trabajo no sabía si me iban a encerrar en una habitación".


Tras el primer arresto, la militar pensaba que todo se trataba de una venganza puntual de su superior, al que se le abrió una denuncia interna por decirle que debía cumplir el horario "o le daría una patada en la seta". Pero a la sucesión de arrestos se juntó el aislamiento del resto de la tropa, que perdió el contacto con ella por temor a represalias: "A uno de mis compañeros le dijeron que tuviera cuidado con quién se tomaba el café". Sus superiores negaban el acoso o formaban parte de él, y la llevaban a situaciones límite. Mientras sufría el acoso denunciado, llegó a sufrir un aborto espontáneo.

Considera, además, que fue castigada por pertenecer a una asociación en defensa de los derechos laborales militares dentro del Ejército, una alternativa a la que se recurre por ser el sindicalismo ilegal en las Fuerzas Armadas. Teresa era secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) algo que, en su opinión, era "impensable" para su capitán: "No solo le había puesto una denuncia interna sino que encima era mujer y pertenecía a una asociación como secretaria de Igualdad. Creo que él no soportaba eso, el acoso que sufrí estaba fundamentado por el machismo", resume.

"En uno de los arrestos me acusaron de mentir, recuerda. Teresa repartía información asociacionista a sus compañeros, que debía colgarse también en un tablón de anuncios. Un folleto apareció en una de las garitas, lo que su superior consideró "inadecuado" y acusó a la cabo de haberlo dejado allí "de mala fe". "Llamó a toda la escuadra para interrogarles. Hubo compañeros que incluso le dijeron que podían haberlo dejado ellos en un descuido. Nunca se supo de dónde salió el folleto, pero al final me comí cuatro días de arresto con sus cuatro noches".

La intención de algunos de mis superiores era que yo me diera de baja de las Fuerzas Armadas

Teresa Franco
En la bases militares, con la acumulación de detenciones se abren faltas graves que se traducen en el encarcelamiento disciplinario en torno a un mes. Sus abogados lograron paralizar dos faltas graves, aunque Teresa confiesa que vivía con temor a que la enviasen a prisión. "La intención de algunos de mis superiores era que yo me diera de baja de las Fuerzas Armadas", reflexiona. "Cuando me arrestaban lo sacaban en prensa. Nunca había visto que publicasen algo así, siempre supe que mi capitán estaba detrás".

"Nunca sé decir cuándo empezó el acoso, son una cadena de pequeñas cosas que se van haciendo más grandes, hasta que dices basta". En 2010, Teresa fue a reclamar su asignación a un horario que no le correspondía. Cuando fue a presentar la queja se encontró en una habitación con cuatro de sus superiores: "Me dirigí al que por aquel entonces era mi teniente y le expresé mis quejas sobre el cuadrante de servicio, y me dijo que o lo hacía o me daba una patada en la seta. La situación fue muy tensa, yo consideré que eso era una falta de respeto que no se podía consentir". Tras este episodio, presentó una denuncia interna que no prosperó porque el resto de sus superiores negaron los hechos, y que supuso el comienzo de su calvario.

Durante los ocho años que el caso de Teresa ha estado en los tribunales, han intentado archivarlo en tres ocasiones, sin éxito. La cabo confiesa haberse sentido "juzgada" durante la investigación del caso: cuatro años después de interponer la denuncia penal la obligaron a pasar por una evaluación psicológica: "Me hicieron analíticas de orina, de sangre, un electroencefalograma... Fue surrealista ir a un hospital de Madrid a que me llenasen la cabeza de cables con un gorro y me sentasen en una tumbona para conocer mi grado de subordinación al mando. Me sentí impotente, lloré todo el camino a la capital", recuerda.


La excabo del Ejército del Aire Teresa Franco, concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Murcia en una foto de archivo.
"Un tsunami que te arrastra"
"Cuando me quedé embarazada en 2012 me atormentaban", denuncia Teresa. A la cabo le asignaron funciones de oficinista en una garita que hacía las veces de almacén de armas: "No era una oficina, trabaja en una en una silla rígida de plástico, y prohibieron a mis compañeros pasar tiempo conmigo, por lo que cada vez que estaba yo tenían que salirse", relata. Teresa asegura que intentó alertar de su situación a la encargada de riesgos laborales, una protesta que cayó en saco roto: "Allí la gente me rechazaba. Los de mi graduación sabían que si se acercaban a mí se la cargaban y mis superiores solo habían oído de mí que era una problemática".

Pese a que en la base eran conocedores de que Teresa era gestante y que estaba realizando trabajos de oficina, se negaban a ponerle el mismo horario que sus compañeros de garita: "Pedí a uno de mis superiores que se reflejase esa negativa por escrito. Empezó a gritarme que me pusiera firme. Somos militares, pero cuando llevas varios años en tu unidad nunca te tratan así. Llevaba la boina en la mano, no sabía donde ponerla, estaba tan nerviosa que no encontraba el bolsillo. Mi superior no paraba de repetirme que me pusiera firme. El corazón parecía que me iba a estallar. Solo recuerdo que salí de allí fatal".

Esa misma tarde, Teresa tenía cita con la ginecóloga: "Al feto se le paró el corazón, yo había tenido un embarazo sin complicaciones. No puedo evitar pensar que se lo cargó él, que el Señor me perdone pero siento que puede estar relacionado". "Igual que cuando hay un tsunami te arrastra, a un feto le pasa lo mismo: todo lo que pasa a la madre le afecta a él, eso me han dicho pediatras amigos míos. No me merecía aquello, es de ser muy cobardes que te traten así estando embarazada, no eres tu sola", denuncia.

"Empoderada y con la denuncia penal"
Tras denunciar, a Teresa se le concedió una baja durante un año, lo que le brindó la oportunidad de elegir un destino diferente al municipio murciano de Alcantarilla. Sus opciones eran Zaragoza, Sevilla, Canarias, Mallorca y Madrid. Preguntó si podía trabajar en cualquier otra base de Murcia, pero no era posible. Así que volvió a Alcantarilla "empoderada y con la denuncia penal". "Mis compañeros, cuando vieron que le planté cara a mi capitán, que estaba denunciado y no había podido conmigo volvieron a hablarme. Ya no me dejaban de lado".

Teresa aclara que el apoyo de sus compañeros no frenó el acoso: "Mi capitán empezó a sentirse más pequeño". Asegura que, para disimular el acoso hacia ella, tanto él como sus compañeros de alto rango decidieron amedrentar a toda la escuadra. "Les salió mal, esta vez la tropa entendía por qué estaba pasando el acoso. Protestaban por escrito, exigían sus derechos, me avisaban si mi capitán venía. Lo recuerdo con mucha emoción, los que me ayudaron y no me dejaron sola son los valientes de verdad", reflexiona.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Los superiores llevaban a toda la cuadrilla al límite: "Teníamos un horario que no nos permitía dormir. Varios de mis compañeros tuvieron accidentes de coche durante este tiempo". La cabo asegura que la escuadra llegó a realizar guardias de 24 horas cada tres días con tres horas de descanso, cuando lo habitual hasta era trabajar durante siete días y descansar otros siete, o hacer guardias de 24 con cinco días libres y más horas de descanso. "Durante los días libres teníamos que tener el teléfono en activo porque te llamaban para mil cosas, y les decían abiertamente a mis compañeros que todo esto era por mí".

Espionaje a sus redes sociales
Sus superiores intentaron expulsarla en 2018, cuatro años después de la interposición de la denuncia penal, elaborando un informe al que tuvo acceso elDiario.es que acreditase su "insuficiencia de facultades profesionales", un procedimiento poco común que reduce la capacidad del militar de defenderse, puesto que no contempla la posibilidad de asistencia de un abogado.

En el expediente contra Teresa figuraban las múltiples denuncias que había realizado contra el "machismo imperante" dentro del Ejército en redes sociales, apariciones de la cabo en programas de televisión y su actividad asociativa como secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

Esos informes siguen la actividad en redes de Franco y analizan sus comentarios en base a información relativa a su vida profesional: "Respecto al año 2017, se hace constar que tras mantener una conversación con sus mandos en la que se le explicaron las consecuencias de sus incomparecencias a instrucción, ésta decidió acudir y superó el período de instrucción y no sufrió ninguna restricción en la realización de servicios. No obstante, los comentarios en redes sociales sobre horarios y periodos de instrucción no cesaron". El escrito fue archivado por el Ministerio de Defensa después de ser elevado al Congreso de los diputados. Finalmente ha sido bajo el mando de Margarita Robles cuando se ha archivado definitivamente.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3750 en: 07 de Marzo de 2022, 07:58:35 am »

Estupor entre militares por las armas enviadas a Ucrania: “Las Ameli se retiraron del Ejército porque fallaban mucho”


“No disparaban muy bien a ráfagas, se encasquillaban y se calentaban”. Fueron sustituidas en 2012. Reino Unido devolvió 600 unidades tras probarlas

FECHA
07/03/22access_time 1:04
Aurelio Ruiz Enebral 
“Pensaba que íbamos con Ucrania, al ver que enviamos las Ameli, sé que vamos con Rusia”. No se trata de un chiste, ni de un comentario aislado, sino de una opinión que resume la reacción de un buen número de miembros de las Fuerzas Armadas al leer las noticias sobre las armas que España ha aprobado enviar a Ucrania para apoyar la resistencia frente a la invasión rusa.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, dio en una entrevista concedida a Antena 3 algunos detalles del envío de armas ofensivas que Pedro Sánchez había anunciado esa misma mañana en el pleno del Congreso de los Diputados.

Robles reveló que se iba a entregar a Ucrania 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos de fusiles y de ametralladoras, y también ametralladoras ligeras.

Aunque oficialmente no se han confirmado los modelos concretos, extraoficialmente se da por hecho que los lanzagranadas son C-90 y Alcotán 100, de uso en el Ejército de Tierra y en la Infantería de Marina.

También se ha apuntado el modelo de ametralladoras ligeras que se estarían cediendo a las fuerzas ucranianas: la Ameli. La mención de esa ametralladora ha provocado un aluvión de comentarios, entre jocosos, abochornados e indignados, entre muchos militares, desde soldados veteranos hasta generales.

Retiradas por lo mucho que fallaban
“Que les hemos colado las Ameli, qué par de cojones”. El mensaje va a acompañado de una foto del telediario de La 1 de TVE con foto del armamento que España ha decidido a Ucrania.

Confidencial Digital ha podido saber que ese comentario se ha viralizado y circula en numerosos grupos de WhatsApp y chats que comparten militares, principalmente del Ejército de Tierra. Y han sido muchos los que han secundado ese análisis.

Fuentes militares bien situadas confirman a ECD que las ametralladoras Ameli fueron retiradas del servicio hace unos años, por los problemas que dieron mientras se usaron. Cuentan sus propias experiencias, cuando estaban al mando de unidades que tenían la Ameli como arma de dotación.

El problema es que estas ametralladoras “fallaban mucho”. Se terminaron retirando cuando llegaron las AML MG4 de Heckler & Koch. Estas últimas continúan en servicio en el Ejército de Tierra.

Sustituidas en 2012
En la web de Tierra aún se puede consultar una nota de marzo de 2012 en la que se contaba que “en el último trimestre de 2012, la Sección de Armamento y Sistemas de Artillería (SASAR), de la Dirección de Sistemas de Armas (DISAR), culminará el proceso de adquisición de la ametralladora ligera MG-4E, diseño de la empresa alemana Heckler & Koch (H&K)”.

En esa noticia se informaba de que “la llegada de la MG-4E desplazará a la Ameli -de la que se adquirieron muy pocas unidades-, aunque no significará el abandono de la MG-42/58 (en sus versiones 1A1, 3 y 3S)”.

Materiales débiles
El proceso de incorporación de la MG4 comenzó en torno a 2008. El asunto se comentó por esas fechas en distintos foros militares, donde se celebró que por fin se fuera a adquirir una ametralladora ligera que fuera a sustituir la Ameli:

-- “Lo que tendrían que hacer con la MG4 es usarlas para quitar a las Ameli del mapa”, “Las Ameli ya las chutaron porque salieron malillas (por no decir algo peor)”...

Un análisis más extenso señalaba que “la AMELI, desde su puesta en servicio, ha resultado ser problemática (sobre todo, poco fiable) con respecto a sus modelos de preserie. El desempeño de múltiples misiones en el extranjero por parte de las FF.AA. españolas, sobre todo en zonas de guerra, cuestionó la operatividad de dicha ametralladora ligera. Finalmente, la situación —ya insostenible— ha obligado a tomar cartas en el asunto”.

Algunos militares apuntaban entonces que “el problema consiste en los materiales del cuerpo de la Ameli, eran materiales de composición débil, y tenía problemas de ráfaga sostenida y otros muchos, los británicos se llevaron algunas para probarlas”.

Reino Unido devolvió 600
Mandos del Ejército de Tierra confirman estos problemas, y añaden un dato: “Reino Unido compró 600” unidades de esta ametralladora, “y las devolvió al poco”, sin pagarlas.

La Ameli fue diseñada por el Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, CETME, el instituto de investigación armamentística que puso en marcha la dictadura de Franco para superar el aislamiento internacional a España tras la Segunda Guerrra Mundial.

La página de Wikipedia sobre la ametralladora CETME Ameli recoge los problemas que tuvo este modelo:

-- “El Ejército Británico adquirió seiscientas unidades para el Special Air Service, el Special Boat Service y las tropas paracaidistas después de los buenos si no excelentes resultados que dieron sus prototipos, superando las prestaciones de la FN Minimi y la H&K-33E, pero terminó devolviendo los ejemplares de serie antes de que pasara el plazo de evaluación por los deficientes resultados y fallos de funcionamiento, así como por su escasa fiabilidad tras las condiciones de combate de un asalto anfibio o desembarco (barro, arena, agua, etc), fiasco achacado a la poca calidad de los materiales empleados en un intento por reducir costos (su precio era la mitad que el de la Heckler & Koch HK21 alemana)”.

-- “En España tan sólo entraron en servicio unas 300 unidades, la mayoría destinadas a la Brigada Paracaidista y unidades de élite del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, así como la Infantería de Marina, la cual introdujo modificaciones menores tales como añadir refuerzos y soldaduras adicionales para tratar de paliar sus problemas de funcionamiento”.

Con este relato coinciden páginas especializadas en armamento, como El Blog de Tiro Táctico: “Fue un gran diseño, que fracasó por su deficiente calidad en los materiales y la fabricación”.

En otra página, "Armas de fuego", se destaca que por su diseño apuntaba a ser "la mejor ametralladora existente en el mercado en aquellos años (si el SAS quería adquirirlas sería por algo)”, pero la realidad fue muy distinta: “El mal resultado de la ametralladora AMELI, ya fabricada en serie, se debió a la poca calidad de los materiales empleados en un intento por reducir costes (su precio era la mitad que el de la Heckler & Koch HK21 alemana), así nos fue”.

Se atascaba y encasquillaba
ECD ha consultado también con militares que tienen experiencia directa del uso de la Ameli, y que no guardan buen recuerdo de este modelo. “Ameli, ametralladora española ligera, lo único cierto es que era española; de ametralladora no disparaba muy bien a ráfagas (como tiene que tirar) y de ligera tenía más bien poco”, describe un militar.

Destaca también que se calentaba y se encasquillaba de forma habitual. A eso se añadía el óxido que se formaba con el tiempo, y los problemas que daba en los primeros disparos si se le había metido óxido, barro, arena o agua, lo que podía ser especialmente problemático en unidades de Infantería de Marina, que la utilizaban en ejercicios de desembarco anfibio en playas.

“Les reventó el cartucho en la cara”
En los últimos días se han multiplicado los comentarios críticos y sarcásticos sobre el envío de Ameli a Ucrania. No se trata sólo de mensajes de tuiteros críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez: en grupos y foros de miembros de las Fuerzas Armadas se repiten estos días las opiniones contra estas ametralladoras:

-- Hay militares que relatan que a compañeros de unidad “les reventó el cartucho en la recámara y casi pierden la vista”.

-- “Los que hemos sido tiradores de Ameli sabemos que es la única ametralladora del mundo de repetición. De 100 cartuchos: dispara 50 y los otros 50 intactos expulsados (se los puedes dar al binomio). ¡Les encantará!”.

-- “Das diez tiros y se encasquillan, el material con el que están fabricadas es penoso”.

-- “La Ameli nos la compraron los SAS británicos y las devolvieron”.

-- “Lo que no quiso UK ni nosotros mismos se manda a Ucrania, chatarra proclive a la interrupción constante, disfrazada de ayuda”.

-- “Se han sacado mierda de las armerías”.

-- “Ya daba interrupciones estando nueva, pues ahora... munición que CETME no ha vuelto a fabricar”.

-- “Así se las quitan de encima. Te deshaces de ellas y te convences de que estás ayudando”.

-- “Lo bueno es que si esos suministros los capturan los rusos tampoco les van a valer”.

-- “Eso más que enviarles ayuda es enviarles una indirecta”.

-- “Está claro que vamos con los rusos”.

En foros, redes sociales y comentarios de medios se repiten estos días las críticas. Hay quienes, con ironía, piden a los ucranianos que no usen las Ameli, sino que las vendan como piezas de coleccionista para comprar armas mejores.

Otros detallan los problemas que tuvieron: se encasquillaban al disparar, se atascaban si les entraba agua o barro, y tenían muy poca precisión si no era a corta distancia. Incluso se rompían en algunos saltos paracaidistas. De ahí que fracasara cualquier opción de exportarla a otros países.

Rebuscando en los polvorines
El mismo día que Sánchez anunció el giro del Gobierno a favor de enviar armas ofensivas, El País reveló que las Fuerzas Armadas estaban “rebuscando en sus polvorines” armamento para ser enviado a Ucrania.

Ese armamento salió desde la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Han volado hasta países limítrofes con Ucrania -se apunta que Polonia- en aviones A400M del Ala 31 Ejército del Aire, que tienen su base principal en Zaragoza.

El hecho de que aviones con base en Zaragoza volaran hasta Albacete para recoger las armas también ha suscitado comentarios. Los primeros envíos de material defensivo (chalecos antibala, cascos, equipos médicos...) partieron desde Torrejón de Ardoz.

Hay quien apuntaba que podía ser una forma de exhibir el compromiso de España con Ucrania ante militares extranjeros que se encuentran en la base de Los Llanos para participar en la edición del Tactical Leadership Programme (TLP), un curso para pilotos de aviones de combate.

Otros señalan otra posible explicación: las armas donadas a Ucrania podrían estar almacenadas en el polvorín que el Ejército de Tierra tiene en Chinchilla (provincia de Albacete), a 20 kilómetros de la base de Los Llanos.

Los CETME L para los kurdos
No es la primera vez que el envío de armas españolas a un conflicto armado provoca cierta polémica entre los militares. Confidencial Digital ya contó un episodio parecido en 2014, con motivo de la guerra en Siria.

En esas fechas, la OTAN estudiaba armar a las milicias kurdas que se enfrentaban a la vez al régimen de Bachar Al Assad y a los yihadistas del Daesh y otros grupos islamistas radicales.

Desde España se ofreció el envío de 25.000 fusiles, del modelo CETME L. La idea provocó entonces, como ahora las Ameli, el estupor de muchos militares: esos fusiles se habían retirado por balas atascadas, problemas de puntería y otros fallos.

Por eso se encontraban miles de unidades, algunas sin estrenar, en polvorines y almacenes militares de toda España.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3751 en: 09 de Marzo de 2022, 07:56:38 am »

Expulsado del Ejército un soldado tras imponérsele una orden de alejamiento hacia otra militar


Fue condenado penalmente por un delito leve cometido contra una mujer, también destinada en una unidad de Tierra. Tenía prohibido el uso de armas de fuego

FECHA
09/03/22access_time 1:02

A.R.E.
La justicia avala la decisión del Ejército de Tierra de resolver el compromiso, o lo que es lo mismo, expulsar a un soldado que había sido condenado por un delito leve contra una mujer, otra soldado del Ejército.

En una sentencia consultada por Confidencial Digital, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso que el soldado presentó contra la resolución del Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), de 2 de marzo de 21, por la que se acuerda la resolución del compromiso del soldado por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 10.2, según lo dispuesto en el último párrafo de la Ley 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería.

Los militares de Tropa y Marinería firman unos compromisos temporales con su ejército, y más adelante un compromiso de larga duración. Este compromiso puede ser resuelto, es decir, el ejército en cuestión puede echar a un militar, entre otros motivos, “por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y la pena impuesta, [...] previa tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado”.

Orden de alejamiento hacia otra soldado

La sentencia del TSJ de Extremadura no especifica los hechos ni el tipo penal, pero sí recoge que el origen de la expulsión es que el soldado fue condenado, por sentencia judicial, por un delito leve.

Aunque no lo cita expresamente, todo apunta a que se trata de un delito relacionado con la violencia de género contra una mujer. Y es que como penas accesorias se le impusieron la prohibición de portar armas durante ocho meses, y el “deber de alejarse de la víctima”.

Resulta que la víctima, y eso sí lo detalla esta sentencia, también era soldado.

En el expediente administrativo en el Ejército de Tierra, y ahora en la sentencia del TSJ de Extremadura, se tuvo en cuenta que “la sentencia obedece a un delito leve pero respecto de los que merecen en la actualidad de mayor reproche social”, lo que puede conectar con esa posibilidad de que se trate de un caso de maltrato hacia la pareja o cualquier otro relacionado con la violencia de género.

Además, se consideró que ese delito “puede ser el origen de otros más graves”.

Otro punto a tener en cuenta fue que la pena de alejamiento respecto de la víctima afecta “a la organización del Ejército”, debido a que el soldado condenado no podía estar cerca de otra soldado profesional en concreto.

Un tirador que no podía portar armas

A ello se añade que también se le había impuesto la pena de no poder portar armas durante ocho meses. El soldado era tirador en la unidad del Ejército de Tierra en la que estaba encuadrado.

La prohibición de acercarse a la otra soldado, la víctima, y el veto a portar armas “determina una grave quiebra en la organización de los ejércitos salvo que no se cumpla la sentencia debidamente, lo que también es un principio muy importante en la organización del Estado”, concluyeron los magistrados.

Autolesiones, drogas y llamadas a mandos
En este caso, el soldado expulsado acumuló más argumentos en su contra. “Se une, además, las autolesiones, el consumo de drogas, molestar indebidamente a los mandos y las bajas, lo que determina que la facultad discrecional haya sido correctamente valorada y no nos encontremos, en absoluto, ante una desviación de poder”, se puede leer en la sentencia que confirma su expulsión.

Fue después de conocerse la sentencia por delito leve contra esa mujer militar cuando el soldado se autolesionó, y también cuando dio positivo dos veces, en junio y en noviembre de 2020, por consumo de drogas.

Además, tras la sentencia acumuló 150 días de baja, cuando en los 14 años anteriores en el Ejército de Tierra sólo había acumulado 400 días de baja.

A eso se le añaden las llamadas telefónicas a sus jefes, molestando a esos mandos, y provocando una pérdida de confianza de éstos hacia él, por lo que la conclusión final del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura fue que el soldado mantuvo “una conducta inapropiada, con relación a la que debe ser la de un militar profesional”.

Por ello fallaron desestimar el recurso del soldado y confirmar la decisión del Ejército de Tierra de resolver el compromiso y expulsarlo.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3752 en: 11 de Marzo de 2022, 07:39:33 am »

Defensa 'recompensa' al acosador de la capitana del Ejército Lourdes Cebollero con un puesto docente remunerado


El coronel F. A.F., que fue cesado por la propia ministra Margarita Robles al considerar su actuación contra Cebollero una "barbaridad", accede ahora a un puesto temporal concedido precisamente por el Ministerio por libre designación.
     


La capitana Lourdes Cebollero en una imagen de archivo. — Cedida / PÚBLICO
MADRID09/03/2022 18:20 ACTUALIZADO: 10/03/2022 07:18PABLO ROMERO
Justo en la semana del 8M, asistimos al nombramiento de un coronel -cuyo acoso provocó la expulsión del Ejército de su víctima, la capitana Lourdes Cebollero- como profesor secretario en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) en Zaragoza. Este alto mando, actualmente en la reserva, estará en comisión de servicio en ese puesto al menos durante seis meses, cobrando 540,68 euros al mes. Comienza a trabajar en su puesto el próximo 19 de marzo, según el Boletín Oficial de la Defensa.

De este modo, el Ministerio que encabeza Margarita Robles 'repesca' al coronel F. A. F. en una resolución (431/03803/22) firmada por su Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce. Robles contradice así su postura pública, que llevó en su día a destituir a este militar por unos hechos que la propia ministra consideró como "bárbaros"


El coronel era delegado de Defensa en Aragón cuando fue denunciado por Lourdes Cebollero. "No puede ser que hoy se le compense con un cargo, aunque sea temporal, como secretario de un Centro Universitario de la Defensa para formar a futuros oficiales de las Fuerzas Armadas", comenta con estupor Cebollero en una conversación con Público. "Me parece muy grave, porque no puede ser que se les dé prebendas a los acosadores".

"Acoso", recuerda la capitana, "es tomar represalias contra la denunciante, que es lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad, y este señor, entiendo yo, es un acosador, ya que lo que hizo fue imputarme ilegalmente; si la ministra Margarita Robles lo cesó fue por algo", apunta.

El Coronel F.A.F., hoy nombrado profesor-secretario del CUD, desobedeció expresamente la orden de su predecesor. Por resolución de 27 de febrero de 2018, Alejo de la Torre negó expresamente el acceso del Coronel y de su secretario general a la denuncia de género de la capitana Cebollero. A pesar de ello, y desoyendo lo notificado, ambos mandos militares, como ya tenían íntegramente la denuncia que les filtró el investigador Coronel P D-S M, la utilizaron para denunciar penalmente a la oficial.

"Un coronel que desobedece la orden de su superior no puede merecer del puesto que se le da"
"Un coronel que desobedece la orden de su superior, del subsecretario de Defensa, no puede ser merecedor de seguir ocupando un puesto de la entidad que ahora se le da", reclama Cebollero, que Añade: "No puede ser ejemplo para futuros oficiales de las Fuerzas Armadas; si éste es un ejemplo de los valores que van a imperar en las Fuerzas Armadas, algunos estamos mejor fuera". "Espero que la Sra. Robles se pronuncie", asevera la capitana.

PABLO ROMERO

Margarita Robles y sus promesas

El 18 de febrero de 2019 Cebollero fue convocada al Ministerio por requerimiento de la propia Robles, en una reunión con la directora de personal de las FFAA, Adoración Mateos. "Allí me dicen que han decretado el cese de los autores del acoso que aparecían en la denuncia al amparo del llamado 'Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas'", explica la capitana, que añade: "Yo les digo que no había visto publicado el cese de coronel F. A. F. y me dijeron que sí, pese a que tiene que estar razonado y publicado".

La ministra Robles llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando
Efectivamente, la propia ministra reconoció en su día que la situación de Lourdes Cebollero era "una barbaridad" y prometió arreglarlo. Robles también llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando.

"Es vergonzoso y vergonzante que este coronel, cuyo cese Robles me aseguró a la cara, entre como profesor-secretario en la Academia General Militar", exclama Cebollero, e insiste: "¿Qué ejemplo se está dando a los futuros oficiales con un coronel cesado por los motivos que sabe la Ministra y ahora es nombrado secretario profesor?".

Imagen antigua del cabo primero de Infantería de Marina Javier Muñoz, muerto en unas prácticas con minas caducadas en 2011.
Defensa reclama 5.000 euros a una de las viudas del accidente de las minas caducadas de 2011

"Si esta es la política de igualdad de la ministra, que salga y lo diga", afirma, "porque este caso demuestra que contar la verdad conduce a que la mujer que denuncia se encuentre de pronto expulsada de las Fuerzas Armadas".

Acoso, olvido, recompensa

La historia de Lourdes Cebollero se puede calificar de paradigmático por mostrar las consecuencias de la desprotección total de los denunciantes en el seno de los Ejércitos. Cuando fue expulsada como "inadaptada a la vida militar" contaba 28 años de intachable carrera en las Fuerzas Armadas, acreditada incluso para tramitar material clasificado.

Ella se atrevió a denunciar en 2017 a altos cargos militares bajo el supuesto amparo del mencionado Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual. A pesar de que los hechos denunciados quedaron probados como ciertos por Auto del Juzgado Togado Militar Nº32, como informó Público en su momento, terminó siendo ella la investigada por delitos de injurias, calumnias y deslealtad por denuncia falsa.

Fotomontaje de la Guardia Civil con la imagen de la sargento primero del Seprona María Serrano. P.
Denunciantes de corrupción o abusos, impotentes frente a la Justicia militar
P. ROMERO
Los mencionados hechos probados indican que el coronel F. A. F, delegado de Defensa en Aragón, y el teniente coronel R. F. S. eran los responsables de autorizar a los hombres a que accedieran a cualquier hora del día a los vestuarios femeninos de la unidad para dejar allí sus bicicletas particulares para no tener que subir unas escaleras.

Cebollero vio cómo, además, el instructor de su denuncia, el mencionado teniente coronel el Coronel P. D-S. M., se saltó la obligada confidencialidad y filtro el contenido de la misma a cada uno de los denunciados, identificando a la denunciante y entregándoles además su número de teléfono particular, dos días antes de iniciar su investigación y tomarles declaración.

Encima, el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, también trató de defender a los acusados de acoso al negar el carácter "confidencial" de la denuncia de Cebollero. Que se filtrase incluso el teléfono de la denunciante a los denunciados fue, para De la Torre, algo realizado "por descuido" y restó toda relevancia al hecho.

Mientras se acumulan los indicios de prevaricación y de violación, entre otras normas, de la Ley Orgánica de Igualdad, ahora uno de los supuestos acosadores --cesado y en la reserva-- es recompensado con un puesto como profesor-secretario en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza. Un puesto cuyo nombramiento depende directamente del Ministerio.

Desconectado Ragnar

  • Experto I
  • **
  • Mensajes: 3981
Re: Va de militares
« Respuesta #3753 en: 11 de Marzo de 2022, 10:04:05 am »
Esa izquierda defensora de la mujer...


Defensa 'recompensa' al acosador de la capitana del Ejército Lourdes Cebollero con un puesto docente remunerado


El coronel F. A.F., que fue cesado por la propia ministra Margarita Robles al considerar su actuación contra Cebollero una "barbaridad", accede ahora a un puesto temporal concedido precisamente por el Ministerio por libre designación.
     


La capitana Lourdes Cebollero en una imagen de archivo. — Cedida / PÚBLICO
MADRID09/03/2022 18:20 ACTUALIZADO: 10/03/2022 07:18PABLO ROMERO
Justo en la semana del 8M, asistimos al nombramiento de un coronel -cuyo acoso provocó la expulsión del Ejército de su víctima, la capitana Lourdes Cebollero- como profesor secretario en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) en Zaragoza. Este alto mando, actualmente en la reserva, estará en comisión de servicio en ese puesto al menos durante seis meses, cobrando 540,68 euros al mes. Comienza a trabajar en su puesto el próximo 19 de marzo, según el Boletín Oficial de la Defensa.

De este modo, el Ministerio que encabeza Margarita Robles 'repesca' al coronel F. A. F. en una resolución (431/03803/22) firmada por su Subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce. Robles contradice así su postura pública, que llevó en su día a destituir a este militar por unos hechos que la propia ministra consideró como "bárbaros"


El coronel era delegado de Defensa en Aragón cuando fue denunciado por Lourdes Cebollero. "No puede ser que hoy se le compense con un cargo, aunque sea temporal, como secretario de un Centro Universitario de la Defensa para formar a futuros oficiales de las Fuerzas Armadas", comenta con estupor Cebollero en una conversación con Público. "Me parece muy grave, porque no puede ser que se les dé prebendas a los acosadores".

"Acoso", recuerda la capitana, "es tomar represalias contra la denunciante, que es lo que dice la Ley Orgánica de Igualdad, y este señor, entiendo yo, es un acosador, ya que lo que hizo fue imputarme ilegalmente; si la ministra Margarita Robles lo cesó fue por algo", apunta.

El Coronel F.A.F., hoy nombrado profesor-secretario del CUD, desobedeció expresamente la orden de su predecesor. Por resolución de 27 de febrero de 2018, Alejo de la Torre negó expresamente el acceso del Coronel y de su secretario general a la denuncia de género de la capitana Cebollero. A pesar de ello, y desoyendo lo notificado, ambos mandos militares, como ya tenían íntegramente la denuncia que les filtró el investigador Coronel P D-S M, la utilizaron para denunciar penalmente a la oficial.

"Un coronel que desobedece la orden de su superior no puede merecer del puesto que se le da"
"Un coronel que desobedece la orden de su superior, del subsecretario de Defensa, no puede ser merecedor de seguir ocupando un puesto de la entidad que ahora se le da", reclama Cebollero, que Añade: "No puede ser ejemplo para futuros oficiales de las Fuerzas Armadas; si éste es un ejemplo de los valores que van a imperar en las Fuerzas Armadas, algunos estamos mejor fuera". "Espero que la Sra. Robles se pronuncie", asevera la capitana.

PABLO ROMERO

Margarita Robles y sus promesas

El 18 de febrero de 2019 Cebollero fue convocada al Ministerio por requerimiento de la propia Robles, en una reunión con la directora de personal de las FFAA, Adoración Mateos. "Allí me dicen que han decretado el cese de los autores del acoso que aparecían en la denuncia al amparo del llamado 'Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas'", explica la capitana, que añade: "Yo les digo que no había visto publicado el cese de coronel F. A. F. y me dijeron que sí, pese a que tiene que estar razonado y publicado".

La ministra Robles llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando
Efectivamente, la propia ministra reconoció en su día que la situación de Lourdes Cebollero era "una barbaridad" y prometió arreglarlo. Robles también llegó a afirmar que la capitana "cumplió con su deber" y la animó a seguir denunciando.

"Es vergonzoso y vergonzante que este coronel, cuyo cese Robles me aseguró a la cara, entre como profesor-secretario en la Academia General Militar", exclama Cebollero, e insiste: "¿Qué ejemplo se está dando a los futuros oficiales con un coronel cesado por los motivos que sabe la Ministra y ahora es nombrado secretario profesor?".

Imagen antigua del cabo primero de Infantería de Marina Javier Muñoz, muerto en unas prácticas con minas caducadas en 2011.
Defensa reclama 5.000 euros a una de las viudas del accidente de las minas caducadas de 2011

"Si esta es la política de igualdad de la ministra, que salga y lo diga", afirma, "porque este caso demuestra que contar la verdad conduce a que la mujer que denuncia se encuentre de pronto expulsada de las Fuerzas Armadas".

Acoso, olvido, recompensa

La historia de Lourdes Cebollero se puede calificar de paradigmático por mostrar las consecuencias de la desprotección total de los denunciantes en el seno de los Ejércitos. Cuando fue expulsada como "inadaptada a la vida militar" contaba 28 años de intachable carrera en las Fuerzas Armadas, acreditada incluso para tramitar material clasificado.

Ella se atrevió a denunciar en 2017 a altos cargos militares bajo el supuesto amparo del mencionado Protocolo de Actuación Frente al Acoso sexual. A pesar de que los hechos denunciados quedaron probados como ciertos por Auto del Juzgado Togado Militar Nº32, como informó Público en su momento, terminó siendo ella la investigada por delitos de injurias, calumnias y deslealtad por denuncia falsa.

Fotomontaje de la Guardia Civil con la imagen de la sargento primero del Seprona María Serrano. P.
Denunciantes de corrupción o abusos, impotentes frente a la Justicia militar
P. ROMERO
Los mencionados hechos probados indican que el coronel F. A. F, delegado de Defensa en Aragón, y el teniente coronel R. F. S. eran los responsables de autorizar a los hombres a que accedieran a cualquier hora del día a los vestuarios femeninos de la unidad para dejar allí sus bicicletas particulares para no tener que subir unas escaleras.

Cebollero vio cómo, además, el instructor de su denuncia, el mencionado teniente coronel el Coronel P. D-S. M., se saltó la obligada confidencialidad y filtro el contenido de la misma a cada uno de los denunciados, identificando a la denunciante y entregándoles además su número de teléfono particular, dos días antes de iniciar su investigación y tomarles declaración.

Encima, el entonces subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, también trató de defender a los acusados de acoso al negar el carácter "confidencial" de la denuncia de Cebollero. Que se filtrase incluso el teléfono de la denunciante a los denunciados fue, para De la Torre, algo realizado "por descuido" y restó toda relevancia al hecho.

Mientras se acumulan los indicios de prevaricación y de violación, entre otras normas, de la Ley Orgánica de Igualdad, ahora uno de los supuestos acosadores --cesado y en la reserva-- es recompensado con un puesto como profesor-secretario en el Centro Universitario de la Defensa en Zaragoza. Un puesto cuyo nombramiento depende directamente del Ministerio.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3754 en: 12 de Marzo de 2022, 18:23:05 pm »


Un suboficial recurre a los tribunales para frenar el desahucio de su vivienda militar


Defensa le ha notificado la resolución del contrato por haber sido trasladado de destino, aunque su familia continúa viviendo en esa casa y él reside en ella los fines de semana


A.R.E.11 DE MARZO DE 2022 (01:02 H.)
militares ministerio de defensa invied bases militares
El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa no sólo inspecciona usos irregulares de casas en bases militares adjudicadas a tenientes generales, otros oficiales generales y oficiales de las Fuerzas Armadas.


Algunos expedientes a militares de estos empleos se están tramitando, como se ha ido contando en estas páginas en los últimos meses.


Confidencial Digital ha podido conocer también el caso concreto de un militar, pero de la Escala de Suboficiales, que ya ha llegado a la vía judicial por este asunto. Durante la fase administrativa no pudo convencer al INVIED de que ocupa una vivienda militar cumpliendo todos los requisitos, así que ahora va a intentar paralizar en los tribunales el desalojo de la vivienda.


Destinado en otra ciudad
Se trata de un suboficial que desde hace varias décadas ocupa la misma vivienda, en una base militar ubicada en la península. Hace ocho años, este militar fue trasladado de destino, a un acuartelamiento ubicado en otro punto de España.

El suboficial comenzó entonces a viajar semanalmente a su puesto de destino, pero mantuvo a su familia en la vivienda militar que tenía en esa primera base. Cada fin de semana viaja desde su actual destino a esta base, y pasa allí unos días con su familia, en esta casa que le adjudicaron hace muchos años.

El INVIED le informó en 2021 que se había iniciado un procedimiento de desahucio. El motivo principal que se alegó en su caso para iniciar los trámites fue que ya no estaba destinado en esa base, y por lo tanto había perdido el derecho al disfrute de la vivienda.


La Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas regula los motivos de pérdida del derecho de uso de las viviendas militares no enajenables.


Una de las causas por las que cesa el derecho de uso de las viviendas militares que se declaren expresamente como no enajenables es el “cambio de destino cuando implique cambio de localidad o área geográfica o, según lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 de esta Ley, cuando la vivienda esté vinculada al citado destino”.


Recurso judicial
Este suboficial presentó, durante la tramitación del expediente, distinta documentación para acreditar que sigue siendo la vivienda familiar: certificados de empadronamiento de su familia, justificantes de vacunación en ese municipio...

Además, aportó los billetes de los medios de transporte que utiliza para trasladarse fin de semana desde la localidad donde está destinado ahora, hasta la base donde reside su familia y tiene esa vivienda adjudicada.

Incluso presentó el justificante que le hicieron en su unidad para poder viajar durante los cierres perimetrales por la pandemia del coronavirus.

Nada de ello le sirvió. En fechas recientes, el INVIED le ha comunicado la resolución por la que se resuelve el contrato de adjudicación de la vivienda, que le da un mes para desalojar.

De inmediato, a través de un abogado ha presentado un recurso contencioso-administrativo, ante un juzgado, para evitar ser desahuciado. El recurso incluye la solicitud de medida cautelar de que se paralice provisionalmente el desahucio, hasta que se resuelva el fondo del recurso.

Expedientes a tenientes generales
Este es el mismo procedimiento que se está siguiendo con algunos oficiales generales, incluidos tenientes generales, que tienen viviendas militares adjudicadas en bases como Rota (de la Armada) y San Javier (del Ejército del Aire).

En estos casos, muchos de estos altos mandos se encuentran destinados fuera de esas bases, por ejemplo en puestos de la estructura central del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa o de los ejércitos y la Armada, en Madrid. Hasta ahora mantienen el disfrute de viviendas en otras bases en las que estuvieron destinados, pero el INVIED plantea desahuciarlos.

Los expedientes de desahucio se han disparado en los últimos meses, dentro de un plan del INVIED por intensificar las inspecciones y las investigaciones en aquellas viviendas con las que se podría estar haciendo un uso indebido, es decir, que las ocupan personas que, según la normativa, ya no tienen derecho a hacerlo.

El malestar se ha extendido tanto entre los afectados, que se sienten perseguidos sin motivo, como entre muchos soldados y cabos de la Escala de Tropa y Marinería, que denuncian que no pueden optar a arrendar una de estas viviendas, por las que se paga un canon que suele ser más barato que un alquiler en algún municipio cercano a la base o cuartel en el que están destinados.

Los militares de Tropa y Marinería sólo pueden residir en residencias y alojamientos logísticos. Pero allí se adjudican habitaciones, no viviendas como tal, y por tanto no pueden vivir en ellas los soldados y cabos que tienen familia.

Denuncias de irregularidades
Las quejas son extendidas. Tanto quienes se ven incursos en proceso de desahucio, como otros militares, señalan que las situaciones irregulares son muy habituales en todas las bases y cuarteles con este tipo de viviendas.

Algunos suboficiales denuncian que otros oficiales destinados en una ciudad distinta a donde tiene la vivienda, no les expedientan para desalojarles.

También hay quien apunta que esta oleada de expedientes no está afectado a militares en la reserva o retirados que siguen viviendo en estas casas situadas en bases y acuartelamientos, sino sólo a quienes precisamente siguen en activo. Incluso afirman que algunos de esos militares, sobre todo oficiales, viven en otros lugares y sólo usan las viviendas de las bases como lugar de vacaciones.

Además, aseguran que hay casos de hijos de militares fallecidos que mantienen el disfrute de la vivienda adjudicada a su padre, sin tener una discapacidad que es la única excepción que actualmente se permite para que ese derecho se herede.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3755 en: 15 de Marzo de 2022, 07:29:20 am »

A gritos en el Juzgado Togado Militar nº 11 por la actuación de la juez en un caso de abuso sexual


La abogada defensora de un sargento 1º se enfrentó a la comandante Patricia Moncada durante la toma de declaraciones de testigos, al entender que estaba condicionando los testimonios
FECHA
15/03/22access_time 1:03

A.R.E.

Las relaciones entre los jueces y los abogados suelen estar marcadas por los formalismos y actitudes que remarcan el respeto que deben mantener ambas partes, incluso cuando chocan frontalmente en algún proceso judicial.

Por eso llamó tanto la atención lo sucedido este lunes 14 de marzo en el Acuartelamiento Gobierno Militar, de Madrid, situado en el Paseo de la Reina Cristina. Allí se encuentran el Tribunal Militar Territorial Primero y los juzgados togados militares territoriales nº 11 y 12.

Confidencial Digital ha podido saber que el incidente en cuestión se convirtió en objeto de comentarios entre todo el personal allí destinado. El estupor y la sorpresa se extendió entre los militares y otros funcionarios que trabajan en el edificio, donde se habló del asunto durante todo el día.

Sucedió durante unas declaraciones de testigos ante la juez togado militar territorial nº 11, la comandante auditor Patricia Moncada. En un momento dado, la secretaria relator del Juzgado Togado Militar Territorial nº 11 fue llamada de urgencia para que acudiera a la sala en la que la juez estaba tomando declaración a unos testigos.

La función del secretario relator, en la justicia militar, consiste en “ordenar e impulsar los procedimientos judiciales”, y también ejercer la fe pública judicial. Precisamente para dar fe de lo que estaba pasando en la sala fue llamada a toda prisa esta secretaria relator.

La escena por la que había sido llamada la secretaria relator tenía como protagonistas a la juez togado y a la abogada defensora de un sargento 1º del Ejército de Tierra.

La juez Moncada estaba tomando declaración a varios testigos, civiles y militares, en el marco de la investigación que se sigue contra un sargento 1º, al que cuatro mujeres soldado acusan de haber abusado sexualmente de ellas mientras estudiaban en el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) nº 1 de Cáceres.

Según ha podido escuchar ECD, el enfrentamiento se ha originado al considerar la abogada defensora del sargento 1º que la juez estaba condicionando en exceso a los testigos a la hora de declarar. Entendía que las preguntas y repreguntas de la comandante auditor coaccionaban la libre declaración de los testigos, y protestó por ello.

Ahí se desató un rifirrafe que en el que fueron subiendo el tono y el volumen de las palabras de la juez y la abogada. Esta última incluso llegó a levantarse de su silla, en sus protestas por el cariz que estaba tomando la toma de declaración.

El incidente circuló de inmediato en el edificio, y provocó un gran estupor entre los militares que trabajan allí. No están nada acostumbrados a que se produzcan enfrentamientos verbales con un juez militar, que no sólo es juez, sino además un oficial de alto rango -en este caso, comandante-, lo que conlleva de deber de respeto que otros militares de empleo inferior deben guardar

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3756 en: 16 de Marzo de 2022, 07:13:27 am »

‘Ciudadanos de Uniforme’ alienta una huelga de militares ante la resistencia de Defensa a una nueva subida de sueldos


Margarita Robles ha comunicado a las asociaciones que de momento no hay presupuesto para continuar con la mejora salarial que comenzó en 2021


FECHA
16/03/22access_time 1:04
Aurelio Ruiz Enebral 
“¿Es hora de organizar una huelga?”. La propuesta puede parecer normal en casi cualquier ámbito profesional, entre trabajadores descontentos que quieran presionar a su empresa para conseguir determinadas mejoras laborales.

Menos habitual y más problemático es que esa idea se lance en un grupo controlado por y dirigido a militares, que legalmente tienen prohibido el derecho de huelga. Pero es lo que ocurrió el pasado 10 de marzo en ‘Ciudadanos de Uniforme’, un canal de Telegram que suele publicar denuncias anónimas de irregularidades en las Fuerzas Armadas y de abusos de los mandos militares.

El canal publicó ese día una encuesta. Comenzaba planteando un escenario que se podría dar en los próximos meses: “El BCE dejará de comprar activos a partir del 3º trimestre. Habrá recortes, nuestros salarios seguramente estarán congelados otra vez”.

A continuación, ‘Ciudadanos de Uniforme’ lanzaba la pregunta: “¿Es hora de organizar una huelga = ponerse enfermos un mismo día?”. No se precisaba que esa huelga se realizaría en las Fuerzas Armadas, ya que el canal en sí está controlado por militares, y va dirigido a militares de los ejércitos, la Armada, los Cuerpos Comunes, la UME...

Las opciones de respuesta eran dos: “Sí, ganamos la mitad que un policía”, o “No”. El sondeo precisaba que era una “encuesta anónima”.

Este martes 15 de marzo a mediodía la encuesta sumaba ya 1.478 votos: ganaba, con un 76%, la opción a favor de organizar una huelga en las Fuerzas Armadas, frente al 24% en contra.

El canal de ‘Ciudadanos de Uniforme’ tiene más de 10.000 seguidores, por lo que sólo uno de cada diez decidieron contestar a la encuesta sobre la huelga.


Encuesta de Ciudadanos de Uniforme sobre una huelga en las Fuerzas Armadas.

La huelga, prohibida para los militares

¿Pueden los militares hacer huelga? La Constitución establece en su artículo 28 que la ley puede limitar el ejercicio del derecho a sindicarse libremente “a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar”.

En la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas queda más claramente definido: “El militar no podrá ejercer el derecho de sindicación y, en consecuencia, no podrá fundar ni afiliarse a sindicatos ni realizar actividades sindicales”.

Como consecuencia de ello, la misma ley señala que “los miembros de las Fuerzas Armadas no podrán recurrir a los medios propios de la acción sindical, entendida como negociación colectiva, adopción de medidas de conflicto colectivo y ejercicio del derecho de huelga. Tampoco podrán realizar acciones sustitutivas o similares a este derecho, ni aquellas otras concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de las unidades de las Fuerzas Armadas”.

Esto segundo es lo precisamente se sugiere en la encuesta de ‘Ciudadanos de Uniforme’: si no es posible convocar una huelga, se fomentaría “ponerse enfermos un mismo día” entre quienes secundaran esa posible acción de protesta.

Es una idea que ya se ha utilizado en cuerpos policiales, que si bien sí tienen derecho a la sindicación, también tienen prohibido declararse en huelga.

La ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas también avisa a las asociaciones profesionales de que de su ámbito de actuación quedan excluidos “el llamamiento al ejercicio del derecho de huelga, las acciones sustitutivas de la misma, la negociación colectiva y la adopción de medidas de conflicto colectivo”.

Señalados por subversión incipiente
En este caso no es una asociación profesional la que alienta una huelga, sino un colectivo celoso del anonimato, si bien algunos informes dan por hecho los vínculos entre ‘Ciudadanos de Uniforme’ y ‘Militares con Futuro’, que sí está inscrita en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa.

‘Militares con Futuro’ aspira abiertamente a conseguir la libertad sindical en las Fuerzas Armadas, si bien por el momento actúa como asociación profesional. También han aparecido movimientos como “Sindicalismo Militar Español”, que como principios fundamentales proclama que “los sindicatos son necesarios en unas fuerzas armadas del siglo XXI” y que “no habrá democracia plena hasta que el sindicalismo militar sea legal, y normal”.

Hay que recordar que ‘Ciudadanos de Uniforme’ y ‘Militares con Futuro’ ya fueron señalados como origen de un incipiente movimiento subversivo, coincidiendo con la avalancha de personas que entraron en Ceuta de forma ilegal en mayo de 2021.

Ante esa avalancha, el Ejército de Tierra movilizó a militares para tratar de frenar la entrada ilegal de extranjeros. Cuando la Fiscalía anunció que llamaría a declarar como testigos a los soldados desplegados, ‘Ciudadanos de Uniforme’ y ‘Militares con Futuro’ publicaron mensajes en los que animaban a los militares a exigir asesoramiento jurídico antes de participar en misiones de ese tipo.

Esta estrategia se identificó como un intento de fomentar que los soldados rompieran la disciplina y dejaran de obedecer a su cadena de mando.

La convocatoria y el seguimiento de una huelga entre los militares podría considerarse un episodio análogo a este.

Falta grave o delito
La Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas considera como falta grave “promover o participar en acciones de negociación colectiva o en huelgas, así como en otras acciones concertadas que tengan por finalidad alterar el normal funcionamiento de las Fuerzas Armadas o sus unidades, publicitarlas, o inducir o invitar a otros militares a que las lleven a cabo”.

Incluso podría contemplarse como delito militar. La Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar incluye un título sobre “Delitos contra la disciplina”.

Entre ellos está la desobediencia: “El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la pena de seis meses a seis años de prisión”.

Pero mayores penas aún tiene la sedición militar, según el artículo 38 del Código Penal Militar: “Los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, se negaren a obedecer o no cumplieren las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de dos a quince años de prisión cuando se trate de los que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición, del cabecilla que se ponga al frente o, en todo caso, si se trata de suboficiales o militares de categoría superior, y con la pena de uno a diez años de prisión cuando se trate de los meros ejecutores. Se impondrá, además, la pena de pérdida de empleo”.

Se complica una nueva subida salarial
¿Por qué en este momento ha planteado ‘Ciudadanos de Uniforme’ la opción de que se congele el sueldo de los militares?

Confidencial Digital ha podido saber que en recientes contactos con las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, Margarita Robles ha admitido que en este momento no hay posibilidad de subir los sueldos de los militares.

La ministra de Defensa, y también la subsecretaria Amparo Valcarce, realizaron recientemente una ronda de contactos telefónica, al menos con los responsables de las cinco asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

Hay que recordar que el pasado mes de diciembre cuatro de las cinco asociaciones se levantaron de la reunión del Consejo de Personal, con la ministra, al constatar lo que para ellos eran falta de avances en el compromiso del Ministerio de Defensa por subir los salarios de los militares.

Una vez que se ha configurado el nuevo Coperfas para este 2022, con las mismas asociaciones -ninguna de las nuevas ha acreditado el número de socios requerido-, este órgano se podría reunir de nuevo.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que por ahora no hay prevista ninguna reunión del consejo, donde se sientan los representantes de las asociaciones profesionales de militares, junto a cargos del ministerio y altos mandos de los ejércitos y de la Armada.

Preguntas sobre los salarios
La ronda de contactos que llevó a cabo la ministra Robles tenía por objeto avanzar algunos cambios que Defensa plantea introducir en la regulación de las asociaciones profesionales.

Pero durante esas conversaciones varios presidentes de las asociaciones aprovecharon para plantearle de nuevo su exigencia de que se mejoren los sueldos de los militares. Ya en diciembre denunciaron que Robles no quería recibirles para hablar de ese asunto, después de que la Comisión de Trabajo sobre Retribuciones que creó el ministerio apenas haya avanzado.

La respuesta que recibieron quienes preguntaron a la ministra por las retribuciones fue, según le cuentan a ECD, “decepcionante”. La ministra se defendió diciendo que ya se había hecho un gran esfuerzo en elevar los salarios, sobre todo en los empleos más bajos, la Escala de Tropa y Marinería.

Margarita Robles admitió que ahora mismo no puede prometer una subida salarial. La causa principal es que el Ministerio de Hacienda le negaría los fondos para ello, ya que los presupuestos son muy ajustados, y la crisis económica está empeorando las previsiones de crecimiento y de recaudación por impuestos.

“Dejó claro que no hay dinero para subir los sueldos”, resumen fuentes de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas.

Mejoras en 2021
En 2021 entraron en vigor varios cambios que el Ministerio de Defensa aprobó en 2020 para elevar los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas. Además de aplicarles el aumento salarial del 0,9% que aprobó para todos los empleados públicos, y tomó otras medidas específicas.

El ministerio incrementó el nivel mínimo del complemento de empleo del soldado para fijarlo en el nivel 14, es decir, el mínimo del funcionario público, y elevó las cuantías de los trece primeros tipos del componente singular del complemento específico asignados a los puestos que pueden ser ocupados por el personal militar.

Además, revistó el componente general del complemento específico, “incrementando las cuantías del componente general a todos los empleos”, y también eliminó la pérdida retributiva del personal en reserva a partir de los 63 años.

Estas medidas fueron tachadas de insuficientes por todas las asociaciones profesionales de militares, y varias volvieron a manifestarse a lo largo del año pasado para presionar de nuevo a favor de unas retribuciones “justas”.

Sin embargo, no se aprobaron mejoras salariales para las Fuerzas Armadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022.


Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3757 en: 18 de Marzo de 2022, 07:49:43 am »

Admitido a trámite el recurso contra el archivo de la investigación por la muerte de un soldado en el Cuartel General del Ejército


El Tribunal Militar Central estudia la apelación de la familia del fallecido. Una juez togado vio indicios de delito en la actuación de dos coroneles, un comandante y dos capitanes

FECHA
18/03/22access_time 1:02

Aurelio Ruiz Enebral 
Los familiares de un soldado que falleció en febrero de 2020 en el Cuartel General del Ejército, durante unas prácticas de engrilletado y reducción de personas armadas, han llevado el caso ante el Tribunal Militar Central.

En estas páginas se contó hace unas semanas que el Juzgado Togado Militar Central nº 1 había archivado la investigación judicial que se abrió por esta muerte, en principio producida por un “shock cardiogénico” después de que el soldado hiciera esfuerzos físicos en esas prácticas.

El soldado Jorge López Resa sufría ciertos problemas de corazón que habían llevado a que fuera calificado como “apto para el servicio con limitaciones” (APL) y destinado a un puesto en el que no tuviera que realizar esfuerzos físicos intensos.

El Juzgado Togado Militar Territorial número 11, que dirige la comandante auditor Patricia Moncada, instruyó la investigación inicial sobre esta muerte. Llegó a considerar que varios superiores del soldado, que pertenecía al Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1 del Ejército de Tierra, podían haber cometido un delito militar de imprudencia grave durante la ejecución de un acto de servicio de armas que cause la muerte o lesiones.

La juez togado vio indicios de este delito en la actuación de dos coroneles jefes del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1, el comandante jefe de la Unidad de Apoyo y Seguridad, dos capitanes que mandaron la Compañía de Seguridad, y el brigada jefe de la Sección de Seguridad Interior.

Así lo consideró, por haber encuadrado al soldado en la Unidad de Apoyo y Seguridad del regimiento, y concretamente en la Compañía de Seguridad, lo que exigía esfuerzos físicos intensos que el soldado no debía realizar, en vez de colocarle en un puesto que supusiera tareas burocrática.

Al apreciar indicios de delito en dos coroneles y en un teniente coronel (que aún era comandante en el momento de la muerte del soldado), la juez elevó el caso al Juzgado Togado Militar Central nº 1.

El juez sustituto de este juzgado, el coronel auditor Álvaro Lafita decidió archivar las diligencias previas, al entender que los hechos no eran constitutivos de delito, y que los militares señalados no tuvieron ninguna relación con la muerte del soldado del Regimiento “Inmemorial del Rey” nº 1.

Confidencial Digital ha podido saber que los familiares del soldado fallecido presentaron un recurso de apelación contra el archivo de la causa. No estaban de acuerdo con que se cerrara el caso sin investigar más a fondo a los superiores del fallecido.

Así que presentaron un recurso de apelación en el que solicitaron la revocación del auto de archivo y en consecuencia la continuación del procedimiento, ya como sumario.

El recurso fue interpuesto en plazo y forma, y por auto de 1 de marzo, fue admitido a trámite. El juez togado sustituto ordenó formar pieza separada del recurso de apelación interpuesto.

El secretario relator del Tribunal Militar Central ha dado ya un paso más. Siguiendo el turno de ponencias establecido por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, ha nombrado ponente para resolver este recurso de apelación.

El designado es el general consejero togado Rafael Eduardo Matamoros. Formará sala con el general auditor Alfredo Fernández Benito y con el coronel auditor Gonzalo Melón Muñoz, auditor presidente del Tribunal Militar Territorial Cuarto, de La Coruña.

Por tanto, será otro juez, un general consejero togado (el equivalente a general de División en el Cuerpo Jurídico Militar), el que analice el recurso de apelación y decida, junto al general auditor y al coronel auditor, si revoca el archivo de las diligencias y, por tanto, ordena reabrir la investigación sobre la muerte del soldado Jorge López Resa en el Cuartel General del Ejército en febrero de 2020, o si por el contrario confirma el cierre de la causa.

Esta diligencia se ha comunicado tanto a los recurrentes, los familiares del soldado fallecido, como a la Abogacía del Estado, defensora de los dos coroneles, el teniente coronel, los dos capitanes y el brigada que fueron señalados por la comandante auditor del Juzgado Togado Militar Territorial número 11.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3758 en: 18 de Marzo de 2022, 08:13:55 am »

Sancionado un teniente coronel por acosar a una subordinada con mensajes, contactos físicos y faltas de respeto


El Tribunal Militar Central confirma la suspensión de seis meses de empleo a un superior por acoso sexual y profesional, así como atentar contra la “intimidad y dignidad” de la denunciante

Laura Galaup

17 de marzo de 2022 22:45h

Actualizado el 18/03/2022 05:30h

La Justicia militar ha confirmado la suspensión de empleo de seis meses a un teniente coronel por realizar “actos” que “impliquen [tanto] acoso sexual” como “profesional” hacia una subordinada de su unidad. El Tribunal Militar Central da por probados los hechos que provocaron la incoación de un expediente disciplinario por cometer una falta muy grave, según la sentencia a la que ha accedido elDiario.es.

Entre las actuaciones destacadas, incluyen conversaciones de WhatsApp y relatan “una serie de actuaciones” que “atentaban” contra la “intimidad y dignidad” de la denunciante, como faltas de respeto o intentos de controlar a la militar fuera de su horario laboral. El sancionado, un teniente coronel que ostentaba el cargo de jefe de unidad en el campo de maniobras y tiro de Parga (Lugo), llegó a ponerse en contacto con un agente de la Guardia Civil y el director del colegio de los hijos de la denunciante para obtener información sobre ella.


Los hechos relatados en la sentencia arrancan con una conversación por WhatsApp. A la una de la tarde del 5 de mayo de 2017 la denunciante recibió el siguiente mensaje de un contacto identificado por la soldado como “su superior” y  con una fotografía de perfil “de una persona que parece ser el teniente coronel”: “Tgdt' (acrónimo que es utilizado en las redes sociales para decir, 'tengo ganas de ti')”. Siete horas después, recibió otro: “Perdóname”. “Xk?”, contestó la denunciante. “No sabes lo que quieren decir las siglas?', y al responder la soldado 'Ah, lo que me mandó al mediodía??', le contestó el teniente coronel con una afirmación ('yes') ante lo que la soldado le escribió: 'No la verdad pensé que se había colado', respondiéndole su superior con un 'Jajajaja no'. 'A conciencia', insistiendo la soldado en que pensaba que se había equivocado al enviar el mensaje”, según recoge textualmente la sentencia emitida el 28 de septiembre por el tribunal castrense y recurrida ante el Supremo por la defensa del militar sancionado.

En el escrito judicial, el tribunal castrense continúa exponiendo que “en esa relación de afecto excesiva” del teniente coronel hacia su subordinada se produjeron “contactos físicos cuando se encontraban solos, cogiéndole del brazo, tocándole el pelo, la nuca, o la espalda del brazo, dejando de manifiesto la soldado su incomodidad con dicho acercamiento físico”, recogen los hechos probados del fallo, en el que los togados militares también detallan que el superior “realizó manifestaciones sobre” el “físico” de su subordinada. El tribunal pone algún ejemplo más, como “comentarios acerca de que tenía que recuperar unos kilos” porque “le sentaban bien” o sobre “su debilidad hacia las 'rubias”, teniendo en cuenta que “la soldado estaba teñida de rubio”.

A finales de 2018 la “relación fuera de lo profesional cesó” y, desde ese momento el jefe de la unidad “comenzó a realizar una serie de actuaciones” hacia la soldado que “atentaban a su intimidad y dignidad, e influían tanto en su vida privada como en la profesional afectando a su conducta y comportamiento”.

Ataques personales

Hasta ese momento el sancionado había apoyado profesionalmente a la denunciante. En 2017 la colocó “al frente” de una sección. Además, para “facilitar” su “situación personal” le había concedido una “medida de conciliación”, “que no había aplicado hasta ese momento al resto de personal de la unidad”. Esa decisión consistía en que la soldado se podía incorporar a su puesto laboral “sobre las 09:30 horas, después de que ésta dejase a sus hijos en el autobús para ir al colegio”. El teniente coronel también intermedió cuando la denunciada le contó que “se sentía acosada por un brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo, que era cuñado de su ex pareja”. En ese momento, el sancionado “habló personalmente con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil para ver qué se podía hacer para evitar dicha situación”.

“El cambio de actitud del superior derivó en ataques personales y problemas laborales para la denunciante. Tras ser trasladada a un centro médico por sufrir un un bajón de azúcar” y “un desvanecimiento”, el teniente coronel se desplazó a casa de la soldado y –delante de “personas ajenas a la institución militar”– “le dijo que estaba loca, que lo que tenía era un trastorno alimentario que no le dejaba ver la realidad, y que se había inventado lo del bajón de azúcar”. Posteriormente, el teniente coronel también optó por poner fin a las medidas de conciliación que había concedido a su subordinada.

El tribunal militar también relata un episodio en el que el jefe de la unidad trató de obtener información sobre ella, teniendo en cuenta que una patrulla de la Guardia Civil acudía con “frecuencia” a casa de la denunciante. La labor del Instituto Armado se enmarcaba en actuaciones de “seguimiento” que mantenían porque esta mujer había demandado en 2017 “por malos tratos” a su expareja. En este contexto, el sancionado llamó a un comandante de la Guardia Civil y le indicó que “como jefe de la soldado tenía que estar al tanto de todo lo que pudiera afectarle, exigiendo que se le informase cada vez que fueran a su casa porque era su soldado”. Una actuación que el agente consideró “excesiva” y que puso en conocimiento de la denunciante.

“Es mi soldado”

El control que el teniente coronel quiso hacer de los movimientos de la denunciante fuera de su horario laboral continuó. El último hecho que relata la sentencia sucedió en mayo de 2019. Todo se produjo a raíz de un incidente en una excursión de un colegio cuando “una niña se encontró indispuesta al pasar” frente a “la casa de la soldado”. La denunciante les ofreció ayuda y el director no la consideró necesaria. A pesar del ofrecimiento de la denunciante, el teniente coronel y un brigada –“ambos vestidos de uniforme”–  se presentaron en el colegio y el sancionado requirió al director que le contase qué había sucedido en esa salida extraescolar.

Ante la sorpresa del docente, el militar insistió en su requerimiento: “El objeto de su visita era recabar información sobre el comportamiento que una soldado bajo su mando, madre de dos alumnos matriculados en ese CEIP [Colegio de Educación Infantil y Primaria], en lo relativo a una presunta falta de prestación de auxilio a la altura de su domicilio particular, a una alumna que había tenido dificultades para acabar el recorrido”. A pesar de la falta de respuesta del responsable del centro, que mostró “su contrariedad” por lo que se le solicitaba, el militar continuó: “El teniente coronel le dijo al director que 'es mi soldado', 'los soldados somos soldados las veinticuatro horas del día”.

Tras estos hechos, la soldado “solicitó conducto reglamentario para hablar” con un coronel. El denunciado se enteró de esta petición y reunió a su subordinada, sin que ella “le dijera al teniente coronel los motivos por los que quería hablar” con uno de sus superiores. Finalmente, ya en junio de 2019 fue “examinada” por un gabinete psicológico militar, “en aplicación del protocolo frente al acoso”. En esa entrevista, la denunciante expuso “que desde 2017, y debido al acoso sexual percibido padecía insomnio, sueño intermitente y no reparador, –siempre según la sentencia consultada– que se sentía cansada, que constantemente le invadían pensamientos sobre posibles represalias sobre ella o su pareja, sobre todo que le pudiera repercutir negativamente en su permanencia como militar profesional”.

Ante los hechos expuestos por la soldado, el psicólogo castrense “recomendó tomar medidas laborales que conllevasen un distanciamiento” con el sancionado. Asimismo, señaló que entre el teniente coronel y la soldado “había existido una especial relación de cordialidad”, en la que “muy probablemente la toma de conciencia de sus correspondientes roles hubiera estado envuelta en una espesa confusión”.

Con todo, ese mismo mes la soldado “presentó ante sus superiores [una] denuncia por acoso profesional” –contra el teniente coronel–, “o como consecuencia, de un previo acoso sexual”. El expediente interno concluyó con la imposición de una falta muy grave contemplada en el epígrafe de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas que sanciona aquellos actos que “impliquen acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional”.

El sancionado “niega los hechos imputados”

Según recoge la sentencia del Tribunal Militar Central, el sancionado “niega los hechos imputados”. Además, asegura que la soldado perdió su confianza por “atribuirse méritos que no le correspondía y cogerse días libres sin su autorización”. Su abogada, la letrada Eva María Añón, asegura que su cliente “se quedó sin destino a los dos o tres meses de que se iniciase” el procedimiento interno. Por su parte, desde el Ministerio de Defensa no aportan información sobre el asunto al enmarcarse en “un proceso judicial en curso”.

El Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar sobre la sanción confirmada en marzo de 2020 por la ministra de Defensa. La Sala de lo Militar ha admitido a trámite el recurso de Añón, en el que defiende que el “tribunal sentenciador realiza una construcción de los hechos y una fundamentación que resulta incompleta, ilógica y arbitraria o absurda en las conclusiones”. Y donde también sostiene que el mensaje “tgdt” recibido por la soldado era “erróneo” por el “mal hábito” del teniente coronel “de usar el móvil mientras conducía”.

Desconectado 47ronin

  • Administrador
  • Tyranosaurius Rex
  • ****
  • Mensajes: 222546
Re: Va de militares
« Respuesta #3759 en: 27 de Marzo de 2022, 08:43:47 am »

Oficiales de las Fuerzas Armadas rechazan que se permitan las charlas de asociaciones militares en los cuarteles


Aprofas se opone al proyecto del Ministerio de Defensa para potenciar la actividad de los representantes asociativos más allá del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas
FECHA
26/03/22access_time 15:06

Aurelio Ruiz Enebral 

El Ministerio de Defensa continúa adelante con su plan para modificar la regulación de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, y concederles tanto subvenciones, como mayores créditos de tiempo para los representantes, y mayor margen de actuación en cuarteles.

Confidencial Digital ya publicó hace una semana que Margarita Robles y otros responsables del ministerio habían informado de esos planes a las asociaciones profesionales presentes en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

La posibilidad de, por primera vez, conceder ayudas económicas públicas a estas asociaciones, por el hecho de tener presencia en el Consejo de Personal, provocó el rechazo de algunas (Asociación Profesional de Oficiales de Carrera, Aprofas) y el aplauso de otras, como la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

El ministerio detalla el plan

Precisamente el pasado martes 22 de marzo se celebró la primera reunión del año 2022 del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. A la cita, que presidió la subsecretaria Amparo Valcarce, se negaron a acudir tres asociaciones -las de tropa UMT y ATME, y la de suboficiales Asfaspro- ante la resistencia de Defensa a comprometerse en mejoras salariales para los militares.

Al pleno sí asistieron los representantes de AUME y de Aprofas. Desde esta segunda asociación, que agrupa a oficiales de las Fuerzas Armadas, explican que el secretario general técnico del Ministerio de Defensa informó en la reunión que tienen previsto remitir a las asociaciones el borrador del real decreto que actualizaría el reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en la línea de las novedades ya adelantadas.

Este cargo del ministerio (general consejero togado Emilio Fernández-Piñeyro Hernández) detalló que la norma tiene por objeto introducir varios cambios en la actividad de las asociaciones.

Aumentará los créditos de tiempo que se concede a los representantes de las asociaciones profesionales presentes en el consejo, “para el ejercicio de sus cometidos en la preparación de los temas”.

Además, se autorizará el uso por parte de las asociaciones de locales dentro de las unidades, centros y organismos (UCO) de las Fuerzas Armadas, algo que hasta ahora se limitaba a las delegaciones y subdelegaciones de Defensa. También se garantizará la existencia de tablones informativos dentro de las unidades, para que las asociaciones puedan colgar sus notas informativas, carteles y propaganda.

Por último, uno de los cambios más llamativos es que se va a “normalizar la existencia de subvenciones para las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas”.

Rechazo de la asociación de oficiales

Estas propuestas no tuvieron buena acogida en la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas. Desde Aprofas afirman que “las asociaciones profesionales tienen su lugar en el ámbito que marca la ley, que es el Coperfas, donde se encuentra con las máximas autoridades con responsabilidad en las materias sobre las que tienen competencia”.

Por contra, consideran que “medidas como la de realización de conferencias o reuniones en las unidades de la Fuerza o del Apoyo a la Fuerza por parte de las asociaciones, deben estar especialmente excluidas”.

Subrayan que “la misión principal de las Fuerzas Armadas es estar dispuestas para la defensa militar de España, la preparación para la guerra”, y para ello “es esencial que las unidades de la Fuerza y Apoyo a la Fuerza, se dediquen exclusivamente a la preparación y ejecución de las misiones que el Gobierno de la nación les encomiende”.

Añaden que el espíritu de la institución militar hace que las Fuerzas Armadas sean muy diferentes a muchas otras administraciones.

También se oponen a la ampliación de los créditos de tiempo, es decir, el permiso que se concede a los representantes de las asociaciones profesionales: “Los créditos de tiempo que se conceden a los representantes deben quedar limitados, como mucho, a los que ya se conceden en la actualidad, ya que se aprecia que son más que suficientes para que las asociaciones puedan hacer su labor”.

De hecho, verían la ampliación de estos créditos como “un error gravísimo”, que tendría efectos negativos como “la enemistad manifiesta que surgiría en las unidades contra los representantes que emplearan créditos de tiempo, esquivando maniobras, ejercicios o guardias”.

Como ya se adelantó en ECD, esta asociación de oficiales de carrera rechaza de plano la concesión de subvenciones para las asociaciones de las Fuerzas Armadas. Asegura que la ley lo contempla, pero “en ningún caso obliga a la administración a conceder las subvenciones y, por tanto, el Ministerio no ha incumplido ninguna ley en todo el tiempo en el que no ha concedido ninguna subvención a las asociaciones profesionales”.

Su reflexión es que “tras diez años de funcionamiento de las asociaciones profesionales dentro de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Personal”, ha quedado demostrado que no son necesarias para garantizar su funcionamiento.

A su juicio, “lo que realmente necesitan los miembros de las Fuerzas Armadas son unas mejores retribuciones, y la definición clara y real por parte de los Ejércitos y de la Armada de unos perfiles de carrera para todas las escalas, que permitan el desarrollo profesional de sus integrantes”.